Luis Rubio

En México pasan mil cosas, pero nadie parece ser culpable o responsable de nada. Los asesinos de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu dicen que son víctimas de otros. La economía se encuentra saliendo de una de sus peores depresiones en la historia y, sin embargo, nadie es culpable de ello. Las policías son víctimas de los defensores de los derechos humanos. Nadie es responsable de nada, ni de sus propios actos; la culpa siempre es de alguien más.

En las últimas décadas la realidad del país ha cambiado drásticamente. Hace años, las fortunas de todos los mexicanos dependían de la voluntad presidencial. Bastaba una decisión de «alto nivel» para que una persona se hiciera rica o que otra acabara en la cárcel por años, ambas sin justificación alguna. La arbitrariedad era flagrante, pero en cierta forma predecible: el mundo se medía en lo que algún crítico llamó el «sistema métrico sexenal», lo que implicaba que a las personas -con frecuencia desde el más humilde campesino hasta el político más encumbrado- les iba según fuesen sus relaciones o vínculos con los poderosos de cada régimen.

El otro lado de la moneda del sistema métrico sexenal es que el gobierno trataba a todos los mexicanos en forma paternalista, obligando a que nadie fuese responsable de nada. Nada era transparente y nadie era culpable de nada, excepto el presidente. En la medida en que el éxito del país, de la economía y de la sociedad en general depende cada vez más del conjunto de acciones individuales, ya no es posible pretender no ser responsables de nuestros actos. El éxito se logra cada vez más a nivel individual, otra de las razones por las cuales se viene desmoronando el viejo sistema autoritario.

A pesar de la arbitrariedad y autoritarismo con que funcionaba el sistema político, existía un elevado grado de certidumbre, aunque siempre limitado al sexenio en turno. Los empresarios invertían con un horizonte de seis años como máximo, en tanto que los políticos que no eran de los favoritos en un momento dado apostaban al siguiente sexenio. Todo mundo parecía conocer su papel en el mundo de la política mexicana. La impunidad era igual de flagrante que hoy, pero la colectividad parecía aceptarla por la existencia de esa certidumbre garantizada por la cabeza del gobierno en turno. Una vez que desapareció la certidumbre, la impunidad se ha vuelto intolerable.

La etapa de crisis que comenzó con el levantamiento de Chiapas a principios de 1994 abrió una profunda brecha. Súbitamente nos encontramos con que en el país nadie asume su responsabilidad. Los zapatistas culparon a todos los mexicanos -con énfasis en algunos cuantos, desde luego- de todos los males del momento y de la historia, pero nadie se puso el saco. Hubo un momento de contrición colectiva que culminó con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, luego de lo cual entramos en una etapa en la que todos aparecemos como víctimas, justamente en el momento en que lo que urge son emprendedores que se hagan responsables del desarrollo del país, en su acepción más amplia. Los ejemplos que uno podría reunir son virtualmente infinitos, pero hay unos cuantos que permiten ilustrar las dimensiones del cambio que ha experimentado la realidad política y social del país.

Un primer ejemplo es el de Daniel Aguilar Treviño, asesino confeso de José Francisco Ruiz Massieu, quien fue detenido en el lugar de los hechos y que fue ampliamente fotografiado en el momento en que realizó los disparos. Nadie puede dudar, como muchos dudan en el caso de Aburto, que se trata del asesino. El propio Aguilar Treviño dice «yo fui engañado», por lo que uno debe suponer que ni mató ni quería matar a Ruiz Massieu. Se trata de una víctima.

Involucrado con el mismo proceso penal está la víctima máxima que ha aparecido en tiempos recientes en el país: Mario Ruiz Massieu. Este señor que ahora se dedica a dar cátedra sobre comportamiento político, es el mismo que, con su famoso discurso de «Yo acuso», logró dar la primera puntilla al despeñadero del peso frente al dólar en noviembre de 1994 y, con ello, a la depresión de 1995. No es posible dejar a un lado al que fuera Secretario de Gobernación en 1994 que no vió problema alguno en virtualmente secuestrar al país a través de una amenaza de renuncia justo antes de las elecciones del año más violento de nuestra historia reciente. Dos víctimas más.

Los priístas no se quedan atrás. Ahora afirman que contribuyeron a que su candidato llegara a la presidencia, pero que no están en el poder. Eso les lleva a pretender que se pueden divorciar de la administración -y de la realidad del país. Es otro grupo de víctimas que dicen no tener nada que ver con nuestra realidad actual ni con nuestro pasado. No son responsables ni culpables de nada.

Los zapatistas se escudan en la selva. Algunos de sus miembros, como Elorriaga y Entzin, fueron procesados y encontrados culpables. El proceso fue irregular por el hecho de que existía una ley de amnistía vigente, razón por la cual, como se debía, finalmente fueron puestos en libertad. Sin embargo, el hecho de que hayan sido liberados no implica que sean inocentes de los cargos que se les imputaban. Simplemente existía una ley que los eximía del proceso. Para fines de opinión pública son igualmente miembros distinguidos de nuestra nueva industria de las víctimas.

El PAN, paladín de la democracia, se aferra a la democracia cuando avanza en el terreno electoral y se desiste de ella cuando así conviene a sus intereses. Es igualmente capaz de lanzar la campaña más vigorosa y agresiva para conquistar una gubernatura o una presidencia municipal, que para amenazar la civilidad de los procesos políticos. Ahí está Guanajuato como ejemplo de lo primero y Huejotzingo de lo segundo. Lo importante, en el mejor estilo priísta, es ganar. Fuera de ello, son víctimas de los abusos de los demás.

Como país de víctimas nadie es culpable de nada. Mucho más importante, nadie es responsable de nada. Todos merecemos todo y nadie tiene obligación alguna. Lo irónico es que las únicas víctimas verdaderas son las que no se oyen ni tienen acceso a los medios de comunicación: los desempleados, los pobres, los robados, aquellos cuyos derechos humanos son violados en forma cotidiana y sistemática, las familias que han perdido a alguno de sus miembros por la criminalidad.

Luis Rubio

Quienes conocen la enorme complejidad social, política y administrativa del Distrito Federal plantean, con buenos argumentos, que el Distrito Federal es una unidad indivisible. Es decir, que no se puede municipalizar porque existen toda clase de servicios que atraviesan de una delegación a la otra. La noción de crear entidades políticamente indpendientes a partir de las actuales delegaciones, dicen, es absurda e improcedente. La realidad es que lo único improcedente son los intereses creados que se aferran a un esquema adminsitrativo y político que no funciona.

La razón por la cual es difícil dividir al Distrito Federal en entidades que políticamente constituyan algo semejante a un municipio es bastante obvia. A diferencia de un municipio semi urbano donde es relativamente fácil deslindar el principio de un servicio y el final de otro, en la ciudad de México, como en todas las grandes ciudades del país y del mundo, los servicios cruzan de una delegación a otra sin que nadie le de mayor importancia al hecho. Es decir, la grandes avenidas, el drenaje, los sistemas de agua, el Metro son todos servicios imposibles de municipalizarse por el hecho simple de que no se pueden partir en unidades adminsitrativas independientes. Lo mismo no se puede decir de la basura, de las policías o de otros servicios que no son fijos y que son reorganizables de acuerdo a la estructura político-adminsitrativa que se pudiese adoptar.

La lógica de quienes proponen dividir al Distrito Federal en entidades políticas distintas con autoridades electas poco tiene que ver con los servicios que a todas luces son y deben ser metropolitanos. nadie en su sano juicio propondría que el drenaje profundo sea administrado por las delegaciones por las que atraviesa. Sin embargo, sí hay una lógica impecable en quienes argumentan que la ciudadanía reclama una mayor cercanía al gobierno que más directamente afecta sus intereses. Para un habitante del ajusco que tiene problemas de limpia o de alcantarillado el sistema de delegaciones que actualmente existe es sumamente burocrático y, mucho más importante, no tiene ningún incentivo para servir a las necesidades de la población. Su lógica es la del sistema político, que incentiva a que los burócratas vean para arriba en expectativa de una promoción futura, en lugar de atender las necesidades, reclamos y demandas de la ciudadanía. Quienes proponen la elección de los delegados pretenden, al menos en parte, invertir la lógica burocrática para que sea la ciudadanía la que decida el destino de los que se dicen, pero no son, servidores públicos.

Esta noción de municipalizar al Distrito Federal se ha encontrado con promotores y detractores muy peculiares, lo cual seguramente indica que su lógica es la del poder y no la de la ciudadanía. El principal promotor de la idea es el PRD, en tanto que la oposición surge principalmente del propio Departamento del Distrito Federal, así como del PRI y del PAN. La lógica partidista es muy fácil: el PRD sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar la gubernatura del Distrito Federal, por lo que razonablemnte ambiciona el gobierno de las dos o tres delegaciones que cree que efectivamente podría ganar. Por su parte, tanto el PAN como el PRI siguen la lógica del que está en el poder (o cree que lo estará), por lo que se opone a cualquier disminución de ese coto de poder. Puesto en otras palabras, a ninguno de los partidos les preocupa la ciudadanía o la noción de que el gobierno debe responder ante ésta y ante nadie más. Valiente democracia.

La oposición de los funcionarios del Distrito Federal es más explicable, pero de todas maneras enigmática. Explicable porque lo único que han vivido es el status quo, lo cual les lleva a ser naturalmente conservadores. Además, es muy razonable que les dé dolores de cabeza la idea de tener que negociar la creación de cada calle nueva con una infinidad de líderes políticos a los que la eficiencia adminsitrativa les importa un comino. En este sentido, es muy lógico que los funcionarios del DDF prefierieran que las cosas se queden como están.

Pero su postura no deja de ser enigmática y, en más de un sentido, contradictoria. Su visión del Distrito Federal es curiosamente parcial. Cuando hablan de servicios indivisibles y de grandes proyectos de desarrollo (de los cuales de todas formas no ha habido muchos en los últimos años como lo evidencia el creciente tránsito en la ciudad…), se refieren a una ciudad imaginaria que no corresponde a la ciudad que todos los capitalinos conocemos. Es decir, su ciudad comienza y termina en los límites del Estado de México. Aunque muchas grandes avenidas y sitemas de transporte crucen de una entidad política a la otra, los burócratas de la ciudad distinguen nítidamente entre una y la otra, cosa que no conciben hacer en el caso de las delegaciones.

Para los habitantes de la ciudad sería mucho más lógico que existiesen autoridades metropolitanas supraestatales para los temas que son competencia de ambas entidades federativas, como transporte, drenaje, agua y policías. En el caso de la policía es particularmente risible la concepción de que resolviendo el problema de las policías del Distrito Federal se va a resolver el problema de la seguridad pública, cuando la criminalidad, cualquiera que sea su origen, no respeta la frontera del DF con el Estado de México. Los problemas metropolitanos no se pueden aislar por el hecho de tratarse de dos entidades federativas distintas.

Por ello, al margen de las formas de gobierno que se lleguen a adoptar en el Distrito Federal, desde la perspectiva ciudadana lo lógico y lo racional sería comenzar a ver a la ciudad como el conjunto que es y no como el artificio que los burócratas han creado en sus mentes. Pero eso sería relevante sólo si la ciudadanía fuese la razón de ser del gobierno, de lo cual no hay evidencia alguna.

Luis Rubio

La porquería de la corrupción que ha venido apareciendo en los periódicos en las últimas semanas y meses parece no tener límite algu

Luis Rubio

En lugar de dedicarse a encontrar formas de crear riqueza, que es lo que entraña la palabra empresario, una buena parte del sector privado mexicano prefiere dedicarse a la antigua y ya tradicional industria de la petición. Que el gobierno diga, que el gobierno haga, que el gobierno baje impuestos; casi casi, que el gobierno nos haga ricos. Muchos de los reclamos que por la inacción gubernamental hacen los líderes empresariales pueden ser razonables, pero siempre y cuando vengan acompañados con el desempeño cabal de su función: la creación de riqueza.

En las últimas décadas, el sector privado se ha dividido en dos: los que son empresarios y los que no lo son, pero que confundieron su capacidad de gestión ante la burocracia con vocación empresarial. Típicamente, los que sí son empresarios, con muchas excepciones notables, están prosperando y creciendo, aun en la adversidad del momento actual. Los que no lo son, típicamente se dedican a quejarse y a pedir que alguien más les resuelva sus problemas. Son dos caras de la realidad actual. Nuestro problema es que sólo vamos a salir adelante cuando todos en el sector privado sean verdaderos empresarios.

La historia del sector privado mexicano explica mucho de la realidad empresarial actual. Antes de que comenzaran los planes de desarrollo industrial en los cuarenta y cincuenta, una parte importante de la planta industrial del país ya se había desarrollado fuera de la ciudad de México. Muchas de las empresas y de los empresarios más exitosos en la actualidad son precisamente aquéllos que se forjaron al amparo de sus habilidades y capacidad, siempre con una visión de desarrollo industrial de largo plazo. El ejemplo patente, si bien no único, de este tipo de desarrollo se encuentra en Nuevo León. Ahí los empresarios surgieron por voluntad propia y, aunque naturalmente aprovecharon todos los planes e incentivos (y, en ocasiones, también los vicios) gubernamentales, su impulso era el de la creación de riqueza por medio de la industria.

Pero la historia de la mayor parte de las empresas en el país, en términos absolutos, siguió una lógica distinta. Buena parte de las empresas, sobre todo las industriales, surgieron al amparo de incentivos gubernamentales, cuyo cometido era precisamente ese, promover la creación de empresas, desarrollar una planta industrial moderna y generar empleo. Los objetivos eran encomiables, desde cualquier perspectiva; los medios que se emplearon para lograrlo resultaron ser extraordinariamente costosos.

Como tantas otras cosas en nuestra historia reciente, en la estrategia de desarrollo industrial se mezclaron objetivos económicos de desarrollo con objetivos políticos de control que en su momento persiguieron diversos gobiernos. La combinación resultó explosiva. Por el lado económico, los gobiernos de la postguerra se dedicaron a diseñar toda clase de mecanismos orientados a promover la creación de empresas; entre ellos sobresalían la protección respecto a las importaciones, el diseño de incentivos fiscales y una amplia variedad de apoyos directos e indirectos. Como decía yo antes, el objetivo era encomiable, pero los costos resultaron ser muy elevados. Sin duda, la política industrial de la época permitió el desarrollo de un sinnúmero de empresas que, de otra manera, seguramente no se habrían logrado. Por otra parte, muchas de esas empresas resultaron viables no porque sus empresarios tuviesen excepcionales habilidades o porque produjesen bienes a buen precio o de buena calidad, sino porque no tenían competencia alguna y porque los incentivos gubernamentales con frecuencia eran tan generosos que hacían atractiva cualquier inversión.

Independientemente de las trágicas consecuencias sobre toda la economía nacional de la devaluación de 1994 y su pésimo manejo, muchos de los problemas de la planta industrial del país en los últimos años nada tienen que ver con las importaciones, sino con la total incapacidad de muchos empresarios de reconocer que los tiempos en que su viabilidad estaba asegurada por el gobierno (y, por lo tanto, por nuestros impuestos), ya pasaron y ya no son posibles. Con razón, muchos empresarios se quejan de que las importaciones mermaron su mercado, cuando no acabaron con él. La alternativa que proponían en los años pasados era la de cerrar el mercado, posponer la apertura de la economía o, en el mejor de los casos gradualizarla en un plazo que variaría entre muy largo y nunca. En la actualidad, sus argumentos han cambiado, pero el tema sigue siendo el mismo: ahora quieren que el gobierno (es decir, quienes pagan impuestos) les compense sus pérdidas o las ganancias que no lograron en los últimos años. Para ello reclaman disminuciones en los impuestos, quitas en sus créditos, apoyos fiscales y algo difuso -que cada uno de los llamados líderes empresariales define de distinta manera- llamado «política industrial».

Por el lado político, los gobiernos priístas de antaño buscaban el control de la población y una buena manera de controlar a los empresarios era haciéndolos dependientes del propio gobierno. Esto explica la manera en que se aplicó la política industrial de la postguerra: las autoridades concedían beneficios y favores de todo tipo a los empresarios que se comportaban dentro de las normas políticas del momento. El resultado fue que una enorme proporción de los empresarios tuvo más incentivos a estar cerca del gobierno, llevarse bien con los burócratas y compartir sus utilidades con quien fuese necesario, que en dedicarse a mejorar sus productos, disminuir sus costos o servir al consumidor. Para los políticos y burócratas el beneficio era tanto económico (corrupción), como político (control). Para el país ese fue el antecedente del desbarajuste industrial que ahora tenemos.

La situación actual es la de un sector privado dividido entre los que están viendo al futuro y los que se aferran a un esquema que hace dos décadas dejó de ser operante. Una gran parte del problema de cartera vencida de los bancos se tiene con empresas que a pesar de no ser viables en el contexto de una economía moderna y abierta, fueron beneficiados con créditos que no hicieron otra cosa más que sostenerlas unos años más, a pesar de su inviabilidad. Estos constituyen pérdidas casi inevitables. Por otra parte, hay un nuevo y creciente número de empresarios que está demostrando, en la práctica, que muchas de las limitaciones e impedimentos que ven los empresarios quejosos son problemas reales, pero ni son insalvables ni son asfixiantes. Quizá lo más importante del momento actual es precisamente que está creciendo un nuevo núcleo de empresarios que tienen más interés en crear riqueza que en perder su tiempo lidiando con las cámaras industriales, con sus líderes o con la industria de la petición que no fabrica nada pero hace mucho ruido.

Muchas de las empresas que bien pueden ser el ancla del futuro se encuentran atoradas por problemas del pasado. El problema del crédito y de las carteras vencidas es serio, pero tiene solución. El gobierno bien podría abandonar sus esfuerzos de premiar a los quejosos y dedicarse, con seriedad, a propiciar una ley de quiebras que permita revitalizar al sector industrial sin cargo al erario. De la misma manera, el gobierno podría abocarse a erradicar todos los impedimentos y estorbos que le hacen difícil -y, a veces, imposible- la vida a los únicos que crean riqueza en esta sociedad: los que de verdad producen y que, desafortunadamente, son menos de los que necesita el país.

Luis Rubio

La economía mexicana comienza a experimentar una recuperación significativa, pero que no va a mejorar los niveles de empleo y de vida de la mayoría de los mexicanos en el mediano plazo. Ahora que el presidente Zedillo ha convocado a que se hagan propuestas concretas de lo que podría hacerse para lograr que la economía logre su cometido más rápidamente, quisiera aportar algunas ideas.

La economía mexicana atraviesa una etapa muy difícil. Por una parte, hay un sector de la economía que está creciendo a una velocidad imponente. Por otro lado, el resto de la economía experimenta una contracción sin precedentes. Lo mismo le ocurre a la economía argentina y algo exactamente igual le pasó a la economía chilena desde finales de los setenta hasta la mitad de los ochenta. Muchas de las empresas que fueron viables en otras épocas ya no lo son; muchas empresas que hoy están en problemas podrían ser viables si sus empresarios tuviesen mayor claridad de lo que tienen que hacer.

Muchas más empresas serían posibles -nuevas y viejas- si existiera un marco económico y regulatorio más propicio a la inversión. Este es el punto medular. Virtualmente todos los países del mundo han adoptado un modelo de política económica semejante al nuestro. Eso implica que todos compiten contra todos por la inversión productiva. Los países que ofrezcan mejores oportunidades y condiciones más atractivas a la inversión son las que van a ver que ésta se materialice y, obviamente, sólo nuevas inversiones van a hacer posible que se reemplace la planta productiva que ya no es viable y sostenible.

En lo personal no tengo la menor duda que las líneas generales del modelo económico vigente son las únicas que pueden sacar al país adelante. Sin embargo, tampoco tengo la menor duda que el modelo puede ser extraordinariamente enriquecido de tal suerte que se acelere el proceso de recuperación y, sobre todo, que se liberalicen las fuerzas y recursos de los mexicanos que hagan posible el que el crecimiento que se logre dar sea mucho más amplio y mucho más generalizado de lo que parece ser posible en la actualidad. Lo que sigue, pues, son propuestas que buscan fortalecer y no cambiar al modelo económico. Divido estas propuestas en tres rubros. El de energía eléctrica. En lugar de definir proyectos específicos, convocar a la proposición de opciones de producción y suministro de energía sin agenda prestablecida.

d) Desmontar el entuerto que se creó en el caso del gas donde la empresa productora, reguladora y propietaria de todos los gasoductos existentes es la competidora de cualquier nuevo inversionista. Es decir, separar la función regulatoria y de producción del gas del resto del proceso y privatizar los gasoductos existentes para que desaparezcan los conflcitos de interés actuales.

II. Facilitar la operación de las empresas existentes y nuevas de tal suerte que se dediquen a producir en lugar de perder el tiempo negociando con la burocracia gubernamental y bancaria.

a) Simplificar el régimen fiscal al punto en que las obligaciones de los contribuyentes, tanto empresariales como individuales, puedan ser satisfechas llenando una sola página que no requiera más información que los ingresos y los gastos.

b) Liberalizar al sector financiero modificando las regulaciones vigentes de tal forma que se privilegie la competencia entre las instituciones y se haga posible el desarrollo de una banca que se vaya especializando en los diversos segmentos del mercado y tipos y tamaños de empresas. Eliminar toda restricción a las instituciones financieras del exterior. Con todo esto se buscaría favorecer al usuario del crédito así como la canalización de recursos a las empresas que hoy no son sujeto de crédito por su tamaño.

c) Constituir un mecanismo de supervisión efectivo de la operación de los bancos a fin de evitar crisis futuras y eliminar la garantía de los depósitos por parte del gobierno federal, para que los que pagamos impuestos no seamos responsables de los errores de los banqueros.

d) Desarrollar una ley de quiebras que permita acelerar la restructuración de empresas en problemas crediticios de tal forma que los activos utilizables retornen a la producción lo antes posible. De esta forma se podría evitar que muchas empresas desaparezcan por falta de alternativas, a la vez que se podrían generar nuevas oportunidades de inversión que hoy son inimaginables.

III. La recuperación de la economía sólos será posible en la medida en que se lleven a cabo modificaciones fundamentales en la manera en que funciona el gobierno en la actualidad. Si bien son muchas las áreas en los diversos niveles de gobierno impiden que funcione la economía, hay por lo menos algunas modificaciones que podrían cambiar de golpe las opciones económicas del futuro mediato.

a) Modificar las reformas llevadas a cabo en materia del poder judicial en diciembre de 1994 a efecto de que todas las leyes vigentes puedan ser sujetas de revisión constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia. De ser esto posible sería factible eliminar innumerables leyes contradictorias a la Constitución, que impiden que fluya la inversión privada hacia diversos sectores de la economía y podría llevar a reducir las facultades inconstitucionales que en el presente tiene, por ley, el gobierno y la burocracia en todos los ámbitos. Con esto se favorecería el avance del estado de derecho y la credibilidad de la institución judicial.

b) Iniciar una cruzada orientada a que todas las regulaciones que rigen sobre la economía entre los niveles de gobierno federal, estatral y municipal sean consistentes y favorezcan el desarrollo de las empresas.

c) Consagrar y ampliar los derechos ciudadanos como superiores a cualquier otro principio en la Constitución.

Cada una de estas sugerencias contribuiría tanto a abrir oportunidades para que se multiplique la inversión privada, como para que existan garantías efectivas a quienes se dediquen a esa actividad. El objetivo sería el de abandonar de una vez por todas la pretensión de guiar o limitar el crecimiento económico para promover al máximo el potencial empresarial de los mexicanos, comenzando por los más modestos y humildes. Si no lo hacemos, seguiremos con una recuperación limitada que no generará beneficios para la mayoría.

Estamos en un mundo en el que todos los paíprimero se refiere a la atracción de nueva inversión. El segundo a facilitar el que las empresas realicen su actividad una vez que están en operación, tanto las nuevas como las viejas. Finalmente, la tercera se refiere a las acciones complementarias que serían indispensables para que las dos primeras sean exitosas.

I. Hacer de México un paraiso para la inversión tanto nacional como extranjera. Para lograr este cometido sería necesario:

a) crear un régimen de inversión que le otorgue condiciones regulatorias y legales idénticas a la inversión nacional y a la extranjera. Es decir, eliminar todas las fuentes de discriminación que en la actualidad subsisten.

b) emprender con seriedad y determinación la privatización de las empresas petroquímicas y los ferrocarriles. Si es necesario llevar a cabo cambios legislativos, proponerlos, abogar por ellos y convencer de su necesidad. Pero dejar de dar tumbos y seguir adelante.

c) Modificar la forma en que se convoca a concurso para la inversión o concesión en materiases competimos por los mismos recursos. O aceptamos que sólo el que va más rápido va a atraer esos recursos, tanto nacionales como del exterior, o seguiremos con una recesión de largo plazo para la mayoría de los mexicanos.

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c) Instituir un mecanismo judicial de indemnización económica por los daños y perjuicios que causa en su actuar el Estado.dgubernamental que afectara a varias generaciones de mexicanos

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Luis Rubio

Opiniones e intentos por avanzar una causa privada los hay por doquier. Sin embargo, para que éstos se conviertan en rumores se requiere de un caldo de cultivo propicio que los disemine como fuego en un campo lleno de leña seca. En lugar de iniciar cacerías de brujas que no hacen sino confundir y desviar la atención del problema, deberíamos concentrarnos en analizar qué es lo que hace posible que los rumores más absurdos -como el de la renuncia del presidente- nazcan, crezcan y se esparzan con enorme facilidad.

Los rumores los puede iniciar quien sea. Pueden ser amigos o enemigos del gobierno; personas con objetivos ulteriores o estrategas políticos intentando modificar el balance de poder del momento. Habrá alguien que, a través de un rumor, intente alterar algún indicador económico para con ello hacer un negocio extraordinario de compra-venta de acciones, bonos, pesos o lo que sea. Las razones para intentar iniciar un rumor son tantas como personas existen en el planeta. Unos lo harán como estrategia; otros como deporte. En este sentido, es absolutamente irrelevante de donde vengan los rumores o su objetivo ulterior.

Lo importante de un rumor es el hecho de que éste pegue, que sea creído y que adquiera tonos de realidad. Es decir, lo que importa no es la opinión o idea que se transforma en rumor, sino el hecho de que la población haga suya esa idea al diseminarla y creerla como válida, al existir un ambiente propicio para que circulen los rumores. En este sentido, la manera de acabar con un rumor no es iniciando una cacería de brujas o lanzando acusaciones a diestra y siniestra, sino atendiendo a las circunstancias que hacen posible que se propaguen los rumores.

Históricamente, los rumores surgen cuando hay inseguridad. En algunas ocasiones, como en 1982, esto fue producto de la percepción de una actitud expropiatoria generalizada por parte del gobierno. La población temía por la seguridad de sus patrimonios individuales o familiares, en un contexto político y legal donde no existían salvaguardas reales y efectivas a los derechos individuales. Los rumores en aquella época llevaron a que se vaciaran las cajas de seguridad de los bancos, a que se compraran dólares, a que se adquirieran bienes como mecanismo de protección frente a la inflación y así sucesivamente. Aquellos rumores terminaron cuando concluyó ese gobierno y el nuevo de Miguel de la Madrid logró, con su actuar cotidiano, que se restableciera la tranquilidad patrimonial. Aunque no se adoptaron medidas legislativas que garantizaran los derechos individuales, en la práctica se acabó con los temores. Quizá por la ausencia de cambios legislativos aquel trauma modificó los patrones de comportamiento económico de un enorme número de mexicanos, desde los más modestos hasta los más encumbrados. Pero, al menos, se acabó con el caldo de cultivo propicio para esos temores y los consecuentes rumores.

La naturaleza de los rumores actuales es muy distinta. Nadie parece albergar mayores temores sobre su patrimonio: los mexicanos hoy parecen tener una tranquilidad sobre los medios y límites que el gobierno tiene frente a sí en materia económica. Si en los terriblemente difíciles momentos de finales de 1994 y principios de 1995 el gobierno no llegó a extremo alguno -como sí lo hizo, en condiciones mucho menos extremas, en 1982-, es evidente que las probabilidades de que lo haga ahora son ínfimas. Si uno observa la naturaleza de los rumores que se propagan y los que no se diseminan, es evidente que la población discrimina entre unos y otros con gran naturalidad.

En el momento actual el caldo de cultivo que hace propicia la diseminación de rumores tiene que ver con un cambio muy importante en la estrategia política gubernamental, misma que no es conocida, ni mucho menos comprendida por la población, por lo que no ha logrado avanzar en su objetivo. El rumor actual sobre la posible renuncia del presidente, tiene que ver con lo que se percibe es una ausencia de dirección en la conducción del país.

Lo irónico del momento actual es que el gobierno se ha dedicado a construir una plataforma para lo único que, a la larga, puede conferirle certidumbre de largo plazo a la población, mientras que en el corto plazo lo que impera es la incertidumbre. Al menos formalmente, el gobierno se ha abocado a fortalecer los procesos de decisión en el país a través de acciones como las reformas en materia del poder judicial que, en unos cuantos meses, han fortalecido la credibilidad de la Suprema Corte y han favorecido el que se diriman algunos importantes conflictos a través de ese medio, en lugar de recurrir a negociaciones no transparentes, confrontaciones abiertas o inclusive a la violencia. Lo mismo ha hecho en materia del ahorro, donde ha creado mecanismos institucionales para disminuir la propensión al mal uso del ahorro interno y, por lo tanto, a fortalecerlo en el largo plazo. El mero hecho de que el presidente haya optado, voluntariamente, por no emplear en forma sistemática los poderes metaconstitucionales que caracterizaron a sus predecesores revela un profundo compromiso con los procesos de toma de decisiones en la sociedad. En la medida en que todos los mexicanos reconozcan la existencia de esos procesos y los vean como mecanismos válidos y efectivos para la resolución de sus problemas, la circulación de rumores desaparecerá.

El problema es que los mexicanos estamos acostumbrados a ver resultados y no procesos. El viejo sistema político enfatizaba resultados, pues los procesos no eran transparentes y dependían de la voluntad del ejecutivo. Eso hacía que todo mundo le demandara favores, permisos y soluciones al presidente, quien empleaba esos mecanismos para elevar su popularidad y hacer más efectivo (y personal) su control sobre el país. Eso ha llevado a toda clase de distorsiones tanto en la realidad como en los conceptos. Para muchos autollamados demócratas, por ejemplo, la única manera en la que el país accederá a la democracia es con la derrota o desaparición del PRI. Para un demócrata verdadero, sin embargo, lo único importante es que quien gane lo haga con absoluto respeto a los procesos que establezca la ley. Por ello las leyes, en este caso las electorales, son tan importantes.

Todo lo anterior no cambia el hecho de que existe una gran inseguridad y una profunda incertidumbre sobre el futuro. A los mexicanos parece preocuparles la falta de claridad de la dirección que, en materia política y en general, perciben en el gobierno. El gobierno, quizá, tiene claridad de dirección, pero el problema es que ésta no es percibida por la población. El resultado es un ambiente propicio para los rumores.

Más allá de las fallas en la estrategia gubernamental, nuestra compleja realidad política actual se ha convertido, en sí misma, en un medio propicio para los rumores. Hemos pasado de un sistema político cuya característica principal era la predictibilidad a un entorno de enorme inseguridad. A los mexicanos podía gustarnos o no la naturaleza del sistema político, pero todos sabíamos a qué le tirábamos. Hoy en día hemos pasado de esa predictibilidad autoritaria a una total incertidumbre. La percepción generalizada es que cualquier cosa puede ocurrir, lo que hace posible que se propaguen rumores tan extremos como el de la renuncia del presidente.

Nadie puede modificar el hecho de que el país se encuentra en una nueva etapa de su vida política, una en la cual ya no existe la certidumbre autoritaria, pero tampoco existe la sana incertidumbre democrática, que se caracteriza por la existencia de leyes, reglas del juego e instituciones suficientemente fuertes como para asegurar que la vida cotidiana no se modificaría en forma substancial alguna en caso de que se diera una alternancia de partidos políticos en el poder. Lo que existe es una generalizada incertidumbre sobre el futuro del país. Nada más propicio para toda clase de rumores.

La estrategia gubernamental, por visionaria que sea, no es conocida o comprendida por la población lo que no ayuda en nada a aclarar el turbio ambiente político. Además, esa estrategia no ha sido siempre consistente. Aunque el gobierno promueve los procesos, en la práctica ha confundido estos con los resultados. Huejotzingo, el acuerdo de compartir los ingresos del puente de ciudad Juárez con el municipio que lo alberga y su manejo de la Coordinadora de Maestros, son tres ejemplos de abandono de su propio énfasis en los procesos con el fin de lograr resultados inmediatos. Sólo un respeto irrestricto a los procesos, que les confiera legitimidad, va a eliminar el medio que hace posible que los rumores se expandan y va a lograr la aparentemente inasible credibilidad.

Luis Rubio

La nueva mitología económica afirma que primero tiene que haber un elevado nivel de ahorro interno para que la economía pueda crecer con gran rapidez. Válida o falsa, esa es la premisa que anima al nuevo proyecto económico que persigue el actual gobierno. La evidencia empírica de esta relación de causalidad parece ser bastante endeble. Pero, más importante, es posible que se estén perdiendo esfuerzos y tiempo intentando elevar el ahorro, cuando las causas fundamentales que impiden el crecimiento de la economía se encuentran en otra parte.

Lo que es certero es que un gran número de los países cuyas economías crecen a tasas superiores al siete u ocho por ciento cuentan con abundante ahorro interno. Eso, sin embargo, no confirma la premisa del actual gobierno en el sentido de que el ahorro es primero y el crecimiento después. Por una parte, un buen número de los países que están creciendo aceleradamente, como Filipinas, no cuentan con niveles elevados de ahorro interno. Por la otra, el hecho de que muchos de los países que experimentan un rápido crecimiento cuenten con elevados niveles de ahorro interno, no hace sino confirmar la correlación ahorro/crecimiento; sin embargo, no nos dice si el ahorro es causa del crecimiento o si se trata de una consecuencia. Según muchos economistas, cuando una economía experimenta elevadas tasas de crecimiento se crea un círculo virtuoso, donde el crecimiento mismo fomenta niveles elevados de ahorro y de inversión.

En realidad, el esfuerzo del gobierno está enfocado más a tratar de tapar el agujero que causó las crisis pasadas que a resolver el problema del crecimiento. La lógica ha sido muy sensata, pero no necesariamente correcta. Según muchos de los economistas gubernamentales, cuyas ideas han quedado plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo, las crisis por las que ha atravesado la economía mexicana desde el inicio de los setenta han sido consecuencia de la excesiva dependencia en el ahorro del exterior; cada vez que ese ahorro falló, argumentan, las crisis se han hecho inevitables. El argumento es plausible, pero también es una buena justificación de los errores de política económica que se cometieron en cada uno de esos casos. Sobre todo, obscurece el problema del crecimiento.

Más allá de las crisis cambiarias de las últimas décadas, no es evidente que de contar con elevadas tasas de ahorro, el país hubiera alcanzado niveles muy rápidos de crecimiento económico. La economía mexicana lleva cinco lustros de virtual estancamiento en términos per cápita: desde finales de los sesenta, la tasa de crecimiento promedio, en términos per cápita, no llega al uno por ciento, y eso que hubo tres o cuatro años de crecimientos muy elevados debido a la efímera riqueza del petróleo. Es decir, al igual que las economías de los países antes socialistas, donde las tasas de inversión de capital eran impactantes, la disponibilidad de ahorro no garantizó tasas de crecimiento elevadas. ¿Será posible que el problema del crecimiento en México se encuentre en factores distintos a los del ahorro?

Por vía de mientras, el gobierno se ha dedicado a modificar los patrones de ahorro en el país. Para ello envió dos iniciativas de ley al Congreso, una enfocada a cambiar los patrones de gasto del IMSS y la otra destinada a crear un sistema de pensiones plenamente financiado. En cuanto a las pensiones, la nueva legislación modifica substancialmente la estructura y uso del ahorro que produce la sociedad mexicana. Por su parte, la ley que ahora gobierna al IMSS no exige que esa institución controle su gasto, cuyo ritmo de crecimiento es aterrador. Por ello, los subsidios que el gobierno va a tener que desembolsar son tan grandes, que lo que ahorre y deje de gastar en otras áreas, ahora lo va a tener que emplear para pagar el costo de una de las entidades más corruptas y con mayor descontrol presupuestal del sector público.

No obstante lo anterior, por el lado de las pensiones sí hay un cambio muy significativo. Si bien el ahorro total probablemente no va a elevarse como porcentaje del PIB (pues lo único que la ley hace es cambiar a los destinatarios de los fondos que antes administraban el IMSS y el INFONAVIT), lo que sí va a experimentar una revolución total es la disponibilidad de ahorro de largo plazo para financiar al sector privado. Todavía está por verse qué es lo que estará permitido que hagan las Administradoras de Fondos para el Retiro, en qué podrán invertir y en qué no, pero es de esperarse que se abra una gran oportunidad para financiar proyectos importantes de desarrollo para el país, que antes eran simplemente imposibles. Baste imaginar que ahora será posible financiar proyectos de larga maduración, como presas o carreteras, con un horizonte de tiempo razonable para amortizar sus enormes costos.

Las iniciativas gubernamentales van a modificar tanto la disponibilidad de fondos como la manera en que estos se empleen, algo de enorme importancia. Pero no hay ninguna evidencia de que esas iniciativas vayan a promover el crecimiento de la economía. La política gubernamental está orientada a evitar crisis cambiarias, algo obviamente relevante en sí mismo. Pero ¿estará igualmente orientada a resolver los problemas que han impedido el crecimiento de la economía? ¿Le alcanzarán los tiempos sociales y políticos para lograr sus propósitos?

No hay -no puede haber- la menor duda de que la economía mexicana enfrenta problemas fundamentales de orden estructural, pero quizá no son los más aparentemente obvios. Un ejemplo de ello es la educación: ciertamente ésta es del vigésimo mundo. Sin embargo, si uno observa al enorme número de mexicanos de los orígenes más pobres que, luego de emigrar, casi siempre en forma ilegal, se convierten en empresarios -algunos modestos y otros impresionantemente exitosos- en Canadá y Estados Unidos, es obvio que, por mala que sea, la educación es suficiente para permitir que esas personas prosperen. La pregunta no es si pueden prosperar, sino ¿por qué prosperan allá y no acá? Resulta claro que toda la estructura regulatoria, fiscal, burocrática y legal está concebida y operada para cancelar oportunidades y no para facilitarlas. La suma de una estructura económica que limita o impide la competencia -y, por lo tanto, la aparición de nuevos competidores-, con un gobierno que mata toda iniciativa, tal vez sea un poco más importante que la falta de ahorro interno.

Nuestro problema no es de recursos, de ahorro o de inversión, sino de la manera en que éstos se emplean y de las condicionantes tan abusivas que impiden que prospere la actividad económica. El empresario prototípico se las vive lidiando con la burocracia -la gubernamental y la bancaria- en lugar de dedicarse a mejorar sus productos, desarrollar nuevas maneras de hacerlos, encontrar nuevos clientes o agenciarse alguna manera de exportar a través de alguien más. El tiempo dedicado a preparar los impuestos y, luego, a defenderse del alud de citatorios es dantesco. Las maniobras a que algunos empresarios recurren para no emplear más gente y, con ello, no contraer mayores obligaciones laborales, serían risibles si no fuera por la tragedia que eso representa.

La realidad es que, mucho más allá del bajo nivel de ahorro interno, se encuentra el mundo real de la parálisis económica. Mucha de esa parálisis es culpa de los propios empresarios que no han sabido adaptarse a la nueva realidad económica nacional y mundial, pero la mayoría es resultado del abuso gubernamental, de la falta de un sistema cambiario definido y definitivo, del excesivo número de regulaciones, de su constante cambio e interpretaciones diversas, de las contradicciones entre éstas y, por encima de todo, de la total indefensión en que se encuentran las empresas cuando se presenta un inspector todo poderoso o un citatorio enviado para ver si pega. Los empresarios responden a los estímulos del medio ambiente; cuando éstos les sugieren cautela, como ahora, lo último que van a hacer es comprometer más recursos, emplear más gente o procurar nuevas fuentes de inversión. Si esas circunstancias cambian, todo indica que pueden convertirse en los campeones de la inversión y, por lo tanto, del ahorro.

Mayores niveles de ahorro interno no le hacen daño a nadie. Pero no van a resolver nuestro problema de crecimiento económico. Lo que es más, el ahorro va a crecer, como lo ha hecho en el pasado, en cuanto logremos entrar en el círculo virtuoso del crecimiento económico y éste se traduzca en un mayor ahorro y una mayor inversión. La clave no está en el ahorro, sino en todos los impedimentos que tienen amarrada a la economía mexicana, tanto los que se han manifestado en esta coyuntura como los que llevan décadas causando severas disfunciones. La clave no reside en evitar a priori la próxima crisis cambiaria, sino en asegurar que, por la vía del crecimiento acelerado, ésta simplemente no llegue a darse.

Luis Rubio

El país enfrenta cada vez más conflictos políticos de creciente complejidad, con una impresionante diversidad de intereses, origen geográfico y objetivos. Todos y cada uno de estos conflictos caen en las manos del gobierno, cuyas respuestas, soluciones -y cuasi soluciones- típicamente generan las semillas del siguiente conflicto. Hemos caído en un círculo viciosos cada vez más peligroso esencialmente porque el marco de referencia que se emplea para la solución de los conflictos es el del viejo sistema político, mismo que ya no tiene relevancia alguna.

Los conflictos se multiplican a diario. Un día son los maestros, el otro es el contrato colectivo con los electricistas. Un día más es el conflicto de Huejotzingo y tres días después es el nuevo agravio en Chiapas. No importa por donde se le busque, el gobierno está empantanado en un mar de conflictos que no puede resolver. La razón de esto no es que falten personas capaces en el gobierno, fortaleza política potencial o, como dicen los políticos, margen de maniobra, sino que el gobierno sigue operando bajo premisas que hace mucho dejaron de ser válidas.

Cada vez que estalla un nuevo o renovado problema, la respuesta gubernamental es predecible. Lo primero que se busca es canalizar a los demandantes a través de las instancias corporativas apropiadas. Si el conflicto es con los maestros, por ejemplo, el vehículo legitimado por el sistema es el sindicato oficial, en este caso el SNTE. Cuando esa instancia no es aceptable para los demandantes o cuando ya ha sido rebasada como ocurre cada vez con más frecuencia (i.e. Huejotzingo, la Coordinadora de Maestros, las manifestaciones en el DF), el gobierno primero intenta evadir el problema, luego agotar a los demandantes para más tarde culpar a unos u otros del conflicto. Al final del proceso, en todos y cada uno de los conflictos de los últimos años, el gobierno ha acabado cediendo tanto o más de lo que inicialmente le exigían los agraviados.

Pero no sólo ha cedido todo y más, sino que en prácticamente todos los casos ha sentado el precedente para el siguiente conflicto. Quizá quienes concibieron la primera concertacesión honestamente pensaron que estaban resolviendo inteligentemente y para bien un importante conflicto político. La realidad es que lo único que lograron fue abrir la caja de Pandora. Una vez que se recurrió a medidas no institucionales para resolver un conflicto, todos los demás acabaron siendo sujetos de igual tipo de respuestas. Veinte o treinta concertacesiones después, todavía no tenemos ningún indicio de mayor estabilidad política, de menor inseguridad ciudadana o de mayor avance democrático. La ausencia de una estrategia compatible con la realidad actual acaba desnudando al gobierno, cuyo único recurso es ceder todo y más de lo que se le demandaba. Si esta política avanzara la estabilidad del país o el proceso democrático, debería ser bienvenida. En la realidad, sin embargo, lo único que avanza es la descomposición política del país.

La causa de esta nueva realidad no reside necesariamente en la incapacidad gubernamental, en la mayor militancia de los grupos, sindicatos o partidos demandantes o en la mayor o menor eficacia de las viejas estructuras políticas, sino en que el sistema político y la realidad mexicanas han cambiado dramáticamente. Lo único que no ha cambiado es la lógica gubernamental y el marco de referencia bajo el cual actúa. Puesto en otros términos, el gobierno parte del supuesto de que el viejo sistema sigue operando, en tanto que todos los demás mexicanos sabemos que ese esquema está lleno de agujeros que lo hacen totalmente inoperante. Con muy pocas excepciones, ya no existen -o ya no funcionan- las estructuras corporativas de antaño, ni el gobierno goza de la legitimidad que antes tuvo. Por su parte, la población y, en particular, los grupos y partidos organizados, son cada vez más militantes y conscientes, cuentan con amplia legitimidad entre sus bases y tienen gran capacidad de comunicación dentro y fuera del país. Estas dos tendencia van claramente en dirección a un enfrentamiento. Si el gobierno no cambia su marco de referencia, su único recurso disponible va a acabar siendo la represión.

Lo que se requiere es un nuevo diseño político para el futuro, un nuevo marco de referencia que parta del reconocimiento de la realidad tal y como es en la actualidad y no de como ésta fue en el pasado o de lo que le hubiera gustado a algunos grupos políticos que fuese. Un nuevo diseño de sistema político dotaría al gobierno de una amplia capacidad para orientar el proceso de cambio político, así como de los instrumentos necesarios para que se pueda dar un proceso consensual de transformación política a nivel nacional.

Para apreciar los cambios que han tenido lugar en el país bastaría comparar algunas de las fuentes de poder en el pasado con las del presente. Hace décadas el poder surgía principalmente del control de personas o grupos (el corporativismo), de la producción y distribución de bienes en general y del control de la información. Los grupos poderosos del pasado eran aquellos que se localizaban en torno a esas fuentes de poder, como las confederaciones sindicales, los grandes empresarios y políticos, y el gobierno que controlaba los mecanismos que hacían posible el funcionamiento de unos y de otros (a través de toda clase de permisos, subsidios, controles diversos y favores), así como del control casi absoluto sobre la información.

En la actualidad todo esto ha cambiado porque el balance del poder se ha movido en forma dramática al lado contrario. Hoy el poder surge cada vez más de la información y de la comunicación. La información determina en la actualidad tanto el poder como con la riqueza; pero, a diferencia del pasado, ambos están dispersos y plenamente disponibles para todos, ya no solo para el gobierno, por más que lo siga intentando y pretendiendo. Hoy en día el conocimiento y la información -sobre la cual el gobierno ha perdido el control- son más importantes que las propias máquinas de producción. En la actualidad, la economía global, que tanto critican los demandantes consuetudinarios, ha derruido a las estructuras corporativas sindicales y, en general, a prácticamente todos los pilares del viejo sistema político, ha minado el poder de los caciques y ha liberado fuerzas y mecanismos insospechados. Hoy en día una organización no gubernamental puede tener tanta información, tanta capacidad de comunicación y, con gran frecuencia, más credibilidad, que el propio gobierno. El gobierno se está volviendo un actor más en un mundo donde interactúan toda clase de intereses, sobre los cuales ejerce cada vez menos influencia y, mucho menos, control.

En su actuar, el gobierno sigue empeñado en preservar el viejo sistema político. A menos de que ese sea su fútil objetivo, debería estar dedicado a construir una estructura institucional que favorezca y promueva el cambio político y la estabilidad. En estas nuevas circunstancias se requiere un diseño político casi diametralmente opuesto al que dio origen al PRI, que sigue siendo el que, en la práctica, anima al gobierno. El nuevo diseño buscaría objetivos como los siguientes: a) maximizar la descentralización política -muchos actores muy diversificados-; b) favorecer la aparición de nuevos sindicatos y organizaciones gremiales y empresariales que sean representativas; c) institucionalizar el conflicto -generando mecanismos judiciales efectivos para dirimir conflictos y disputas en forma imparcial-; d) incrementar la responsabilidad ciudadana -fortaleciendo actores independientes que le den solidez al nuevo sistema-, e) fortalecer a todas las instancias judiciales -haciéndolas efectivamente independientes del gobierno-; f) abrir el acceso directo de los ciudadanos a los tribunales -para terminar con el monopolio que ejerce el ministerio público-; g) consagrar los derechos ciudadanos básicos por encima de cualquier cosa, h) promover una ley de agravios a fin de ampliar la responsabilidad civil de quienes afectan los intereses de terceros; i) recurrir a tribunales y a otros mecanismos institucionales -como elecciones- para dirimir las controversias, evitando con ello la creciente incertidumbre e inestabilidad que generan los arreglos extra-institucionales y las concertacesiones famosas; y j) acordar procedimientos -no objetivos- con todos los partidos políticos para la actividad política, a fin de disminuir los conflictos y despolitizar su solución.

Un nuevo diseño no va a ser fácil y, obviamente, no va a ser aceptado o aceptable para todos los intereses dentro del gobierno o los que ahí son representados. Pero, como van las cosas, o se cambia el diseño o el gobierno se prepara para empuñar el garrote.

Luis Rubio

La diputa por la sucesión dentro del PRD es mucho más que un concurso de personalidades. Como en todas las campañas políticas, las personalidades juegan un papel importante para los electores. Sin embargo, también hay substancia y contenido en el debate interno del partido. Algunos candidatos han adoptado posturas modradas, en tanto que otros han tomadolas posturas más radicales posibles. Yo me pregunto si un apersona puede hacer mayor diferencia en el devenir político del país.

En la competencia por la sucesión dentro del PRD se conjugan dos procesos: uno es el relativo a si el partido será capaz de convertirse en una fueza política proactiva y constructiva y, por lo tanto, influyente en la conformación de un nuevo sistema político para el futuro. El otro proceso tiene que ver con la capacidad y visión que logre su liderazgo y sus bases para definir una líne política única que sirva de derrotero para el partido en su conjunto. Desde su nacimiento, el PRD ha sufrido de un liderazgo dividido que le ha impedido definir esa visión de una manera coherente.

De hecho, la corta historia del PRD ha sido una de radicalismo y división interna. Nació en buena medida como resultado del impulso generado por la disputada elección de 1988 y su primer instinto fue el de desafiar y subvertir la legitimidad del gobierno surgido de esa elección en forma sistemática. Pero el PRD es mucho más que una agrupación de acelerados dirigidos por líderes mesiánicos incapaces de construir estructuras e instituciones orientadas a contribuir al desarrollo del país. La otra cara del partido ha sido la de negociaciones con otros partidos, con el gobierno y con las facciones internas. Muchas de estas negociaciones, sin embargo, han tenido lugar por debajo de la mesa. Ahí yace el mayor dilema del partido: nadie puede dudar que la competencia entre sus propios líderes debilita al partido y le resta capacidad de acción. Sus estructuras formales -el presidente del partido, el secretario generaly las secretarías funcionales- con frecuencia son rebasadas por su candidato permanente. Lo que unos avanzan, el otro con frecuencia obliga a retroceder.

¿Puede, en este contexto, hacer alguna diferencia quién preside al partido? Las convocatorias que han presentado cada uno de los candidatos a la presidencia del partido son muy sugerentes. Unos se han colocado en las posiciones más radicales, en tanto que otros han hecho alarde de su moderación. Ciertamente, la capacidad de unos o de otros por conducir el devenir del partido va a depender no sólo de su propia habilidad perosnal, sino también del contexto nacional. el PAN, por ejemplo, tendió a radicalizarse a lo largo de los ochenta, toda vez que no obtenía ningún beneficio de moderarse. Cuando resultó evidente que el gobierno respetaría la voluntad popular expresada en las urnas -es decir, cuando apareció una Baja California en le horizonte-

Si alguien pudiera lograr eso en el PRD (y, en toda honestidad, en el PRI), el país serí aotro. Por lo que toca al PRD, un triunfo de Amalia García representaría un cambio fundamental en el desarrollo de ese partido. Con Amalia terminaría la era de los priístas en el PRD y comenzaría la era de la construcción interna por parte de los contingentes más propiametne de izquierda, más preocupados con el desarrollo institucional que con el protagonismo individual. Qué tanto pueda una persona cambiar a un partido es una pregunta que solo la historia podrá responder. Pero no tengo la menor duda que si un apersona puede imprimirle un aire de vitalidad, modernidad, visión yd eterminación al PRD, esa es Amalia García.

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Luis Rubio

La realidad cotidiana y la legalidad son, en nuestro país, dos mundos aparte. Uno es el modelo de sociedad que los legisladores han querido conformar para el país a través de una abundantísima e inútil (pero casi siempre interesada) emisión de todo tipo de leyes, en tanto que otra es la manera en que la realidad orilla a la población a comportarse. La ley se aplica cuando así conviene a la autoridad en lugar de ser el punto de referencia para la interacción política, social y económica en la sociedad. El presidente Zedillo propuso, desde su discurso inaugural, crear un país de leyes en el que se lograra precisamente eso: convertir a las leyes en el punto de acuerdo social, favoreciendo con ello la institucionalización de la vida política, así como la creación de condiciones para un desarrollo económico ilimitado. A año y medio de iniciado el sexenio, todavía no se vislumbra que estemos en camino de alcanzar ese objetivo. ¿Será posible avanzar hacia la legalidad?

Las contradicciones entre la realidad y la infinidad de leyes y reglamentos que existen en el país es ancestral. Si uno sigue el inteligente análisis que publicó Héctor Aguilar Camín en el Nexos de mayo, los avatares de la legalidad son tan viejos como la vida independiente del país. Durante el siglo XIX dos escuelas político-filosóficas lucharon por imponer su visión de la legalidad. Una argumentaba que había que adaptar la legalidad a la realidad cotidiana, en tanto que la otra, que fué la que ganó el pleito, sostenía que había que reformar a la sociedad para dar sustento social a una república federal y democrática. El efecto práctico del resultado de esta disputa, dice Aguilar Camín, es que la ley no se puede aplicar más que excepcionalmente. Para aplicarla habría que meter a la cárcel a todos los mexicanos que viven en la economía informal; desalojar a toda la población que vive en terrenos invadidos; perseguir a todos los campesinos que siembran amapola o mariguana; cesar las negociaciones en Chiapas y meter a la cárcel a todos los alzados; y, en general, «encarcelar, reprimir, multar o perseguir a una cantidad imposible de mexicanos».

Esta breve reseña de la historia y problemática de la legalidad explica qué es lo que ha llevado a que un gobierno tras otro ac pública. Una posible solución al problema podría ser la de volver al origen: cambiar todo el marco legal para que éste empate con la realidad. La otra sería partir del reconocimiento de que la sociedad mexicana de hoy ya no es la sociedad atrasada de hace siglo y medio y, por lo tanto, que es posible diseñar una estrategia de avance hacia la legalidad.

Dada la realidad de ilegalidad que vive el país en prácticamente todos sus ámbitos, la noción genérica de «aplicar la ley» probablemente corresponde al reino de la utopía, por el simple hecho de que habría que encarcelar o procesar a una enorme porción de la población. Si uno plantea el tema como legalidad o nada, vamos a acabar con lo que tenemos: la aplicación discrecional de la ley, en ocasiones producto del interés político o burocrático y, en otras, de las presiones de uno u otro grupo social o político. Sin embargo, nuestro principal problema hoy no es que México no sea un «país de leyes (que no lo es), sino que las acciones y decisiones gubernamentales cotidianas nos alejan cada vez más de la posibilidad de lograr que lo sea. Es decir, el hecho de que el gobierno negocie las leyes en cada esquina es menos malo a que las negocie sin una estrategia orientada a que eventualmente las leyes dejen de tener que ser negociadas y que se conviertan en superiores a cualquier mexicano. En este sentido, quizá haya otra manera en que se podría plantear el mismo objetivo: ¿cómo avanzar en dirección a la conformación de un país de leyes?

Lo que ha fallado en la búsqueda gubernamental de lograr la legalidad no ha sido el planteamiento del objetivo en sí mismo, sino su estrategia de acción. A la fecha, lo que se ha hecho ha girado en torno a la premisa de que la ilegalidad se generaba en el actuar del ejecutivo; de ahí que, si el ejecutivo cumpliera íntegramente los preceptos constitucionales, la legalidad comenzaría a reinar. Si alguna vez pudo haber sido válida esa premisa (quizá cuando el gobierno era todo poderoso y existía un consenso social claramente mayoritario sobre los objetivos nacionales), las circunstancias actuales la han invalidado. El problema no es de voluntades, sino de estructuras políticas y de la manera en que actúa el propio gobierno. Para que la legalidad exista, el gobierno tiene que allanar el camino y no meramente pretender que ésta solita va a consagrarse.

Por el lado político tenemos dos realidades que no pueden ignorarse. Una es el hecho de que se ha multiplicado el número de actores que participa en el proceso político. Más importante, no se trata de actores novatos, sino de jugadores racionales, que reaccionan a los incentivos que el gobierno ofrece. Si el gobierno es dado a las decisiones discrecionales, los sindicatos, los grupos políticos, así como las fuerzas y partidos de oposición van a presionarlo en todos los frentes para que resuelva conflictos en su beneficio. El PAN se ha convertido en el más exitoso de esos jugadores: ha perseguido sus objetivos igual por la legalita que por la legalona. A los panistas cualquier camino les parece aceptable con tal de alcanzar sus objetivos. Pero culpar al PAN de esas acciones es perder de vista que los incentivos para que así actúe un partido o un grupo político, son resultado de lo que hace o deja de hacer el gobierno. Es decir, el PAN ha convertido en virtud los errores actuales y pasados de la estrategia (o, más correctamente, de la falta de estrategia) gubernamental.

En otras palabras, el componente medular de una estrategia diseñada para avanzar la legalidad debe residir en la creación de incentivos para que los conflictos no se resuelvan de manera discrecional, sino dentro de la ley (cambiándola cuando eso sea lo apropiado). En ambos casos se va a cambiar la correlación de fuerzas políticas pero, si es a través de la ley, ésta comenzaría a adquirir importancia. En lugar de componendas, arreglos turbios y concertacesiones en conflictos postelectorales, por ejemplo, se podría crear una figura jurídica que permita una nueva elección en la que desaparezca todo vestigio de discrecionalidad. Huejoaben negociando la ley en lugar de aplicarla. La ley termina siendo un espacio sujeto al toma y daca y no el reino de la definición precisa de los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Como en el siglo pasado, estamos ante la tesitura de una nueva definición. Por muchos años, la fortaleza del sistema político y su enorme capacidad de imposición hacían casi irrelevantes a la leyes; los gobiernos pretendían que actuaban dentro de la ley, aunque todo mundo sabía que se trataba de un mera justificación formal a sus actos. Las leyes «no escritas» siempre tuvieron primacía sobre las que estaban plasmadas en el papel.

La situación ha cambiado. Por un lado, ya no existe ese gobierno omnipotente. Por el otro, el gobierno actual ha intentado encontrarle la cuadratura al círculo de la legalidad y, a pesar de las contradicciones que ha venido enfrentando en el intento de «crear un país de leyes», no ha cejado en su propósito de lograrlo. Ambas circunstancias han vuelto a traer el tema de la legalidad a la discusióntzingo sería hoy un caso de menor vergüenza colectiva de haberse seguido este camino.

Además de que se ha multiplicado el número de actores políticos, existe otra realidad que la actual «estrategia de legalidad» ha ignorado: la existencia de estructuras de poder caciquil y burocrático. Estas concentraciones de poder son hechos reales que no pueden ser ignorados y que existen al margen y por encima de la ley. Constituyen virtuales gobiernos dentro del gobierno, con gran capacidad para neutralizar, si no es que contradecir, al ejecutivo. En varios de los estados cuyos gobiernos han sido ganados por partidos de oposición, por ejemplo, el hecho de que se haya transferido la función de gobernar no ha implicado que se haya transferido el poder de gobernar. Por ello, un necesario segundo componente de una estrategia de legalidad tendría que consistir en el desmantelamiento de esas concentraciones de poder. El gobierno tendría que imponer su autoridad sobre esos poderes ilegales, ya sea por la fuerza, por incentivos idóneos para ese propósito o por ambas. Avanzar hacia la legalidad implicaría un mucho mayor activismo gubernamental y no una sana distancia respecto a la realidad.

Quizá el mayor daño que se le pueda hacer a cualquier posibilidad de avanzar en torno a la legalidad reside en la arbitrariedad. Cuando el gobierno decide con un criterio en un lugar y con otro criterio en otro lugar, lo único que se puede concluir es que la contraparte en cada decisión fue quien impuso los términos del arreglo. En la actualidad, la iniciativa la tienen los interlocutores del gobierno porque han visto que el deseo de crear un país de leyes no ha sido otra cosa, en la práctica, que una sucesión de decisiones discrecionales que varían según el tamaño del problema. De ahí que, si el gobierno alineara sus incentivos y actuara consistentemente en torno a la legalidad, poco a poco comenzaría a forzar a todo el resto de la sociedad a adecuarse al marco legal. Eso no comenzaría a ocurrir de la noche a la mañana, pero al menos tendría alguna probabilidad de éxito.