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La imposible legalidad

Luis Rubio

La ley lo dice, por lo tanto tiene que ser verdad. Cicerón hubiera dicho: Lex dixit, verita est. Bajo ese rasero, si la ley lo prohíbe, no existe: no hay secuestros, no hay robos, no hay homicidios, no hay violencia intrafamiliar, porque todo eso está prohibido por ley.

Al menos eso es lo que nos dicen nuestros legisladores de manera recurrente; los anuncios que emergen del congreso son siempre iguales: “nosotros ya legislamos, por lo tanto el problema ya desapareció.” Excepto que, todos lo sabemos, nada cambió, excepto lo que se publica en el Diario Oficial: miles de páginas de nueva legislación que no cambia nada en la realidad: siguen los secuestros y los robos y la corrupción. Lo único que falta es que a alguien se le ocurra decretar la felicidad. Con eso nuestros problemas serían historia.

Los políticos, máxime cuando son candidatos, se desviven en prometer que resolverán todos los problemas: unos porque ellos son la personificación del bien, otros porque traerán la legalidad a la vida cotidiana. Para quienes viven en el mundo terrenal, ese en el que los problemas no se resuelven por sí solos ni con más leyes y regulaciones inútiles, las promesas de legalidad son vagas, reiteradas y falsas.

La legalidad se ha convertido en un mito retórico: todos la prometen, pero nadie la define. Para nuestros “gobernantes” leguleyos, si está en la ley, es legal y, por lo tanto, vivimos en un Estado de derecho, lo que ha llevado a la práctica de modificar la ley para que lo que el gobierno quiera se pueda hacer. Lo que todos esos políticos no entienden -igual los de barriada que los que se sienten superiores- es que la esencia de la legalidad radica en que el gobernante no pueda cambiar la ley a su antojo. Es decir, la legalidad es imposible mientras alguien tenga, por sí mismo, el poder para modificarla.

El reino de la ley consiste en tres cosas muy simples: primero, que los ciudadanos tengan sus derechos (legales, políticos y de propiedad) perfectamente definidos; segundo, que todos los ciudadanos conozcan la ley de antemano; y, tercero, que los responsables de hacer cumplir la ley lo hagan de manera apegada a los derechos ciudadanos. Es decir, la legalidad implica que ambas partes -la ciudadanía y el gobierno- viven en un mundo de reglas claras, conocidas y predecibles que no pueden ser modificadas de manera voluntaria o caprichuda, sino siguiendo un procedimiento en el que prevalecen pesos y contrapesos efectivos cuya característica medular sea el respeto a los derechos de la ciudadanía.

Esta definición, aunque sea escueta, establece la esencia de la plataforma de reglas que norman el comportamiento de una sociedad. Cuando existe ese marco y éste se respeta y hace cumplir, existe el Estado de derecho. Cuando las reglas son desconocidas, cambiantes o ignorantes de los derechos ciudadanos, la legalidad es inexistente.

Es en este contexto que debe analizarse la problemática que encara el Estado de derecho en el país. La propensión natural de nuestros políticos y abogados (y, más recientemente, de la OECD) es a proponer más leyes en lugar de atender el problema de fondo. Ese problema de fondo es muy simple y en este radica el dilema: la legalidad en México no existe porque quienes ostentan el poder político tienen –de facto- la capacidad de ignorar la ley, violarla, modificarla a su antojo o aplicarla, o no, cuando quieran. Es decir, el problema de la legalidad en México reside en el enorme poder que concentra  el gobierno –y, crecientemente, una persona- y que le permite mantenerse distante e inmune respecto a la población.

Hay dos componentes del “Estado de chueco” que prevalece en el país, como lo llamó Gabriel Zaid: uno es la enorme, excesiva, latitud y discrecionalidad -que acaba siendo arbitraria- que le otorgan todas las leyes y regulaciones a nuestros funcionarios, desde el policía de crucero hasta el presidente de la República. Los funcionarios en México pueden decidir quién vive y quien muere (o quien tiene que pagar una mordida) porque la ley les otorga esa facultad. Esto no es algo que ocurrió por error: es la forma en que se nutre y preserva el sistema político, la forma en que se pagan los moches, la corrupción y la impunidad.

La única forma de construir un régimen de legalidad es quitándole el poder tan desmedido que tiene nuestra clase política y eso sólo puede ocurrir por voluntad propia –o por un liderazgo efectivo que reconoce que aquí reside una de las fuentes esenciales de la corrupción y la impunidad- o por una revolución. No hay otra posibilidad.

A riesgo de repetir un ejemplo que es imbatible, el gobierno de los 80-90 entendió que la ausencia de Estado de derecho hacía imposible atraer inversión privada, sin la cual el crecimiento económico es imposible. Así, la razón de ser del TLC norteamericano es precisamente esa: un espacio de legalidad en el que hay reglas claras y conocidas y una autoridad que las hace valer. Ese régimen se adoptó porque el gobierno de entonces estuvo dispuesto a aceptar reglas “duras” a cambio de la inversión.

Si queremos un régimen de legalidad, tendremos que hacer lo mismo para todo el país, para toda la población, para todos los ciudadanos. Esa es la revolución que le falta a México.

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15 Sep. 2019

La eterna rueda

 
Luis Rubio 

A la memoria de Rodolfo Tuirán

Cambió el gobierno y cambiaron las percepciones de la ciudadanía, pero lo que no ha cambiado es esa propensión tan mexicana a destruir todo lo existente para construir algo totalmente nuevo sin aprovechar ni lo bueno del pasado ni las lecciones de los errores que antes se cometieron. Cada presidente se siente señalado por un ser superior para construir sus propios errores y cometer sus propias pifias.

Por encima de todo, nuestro sistema lleva a que todo se conciba en términos políticos y no en función del desarrollo: lo importante es ganar el poder e ignorar las necesidades y demandas ciudadanas. Por eso se reinventa la rueda cada seis años, se prometen soluciones sin realizar un diagnóstico del problema a ser resuelto y se abandonan programas que sí funcionan porque los nuevos que llegan –cada seis años- quieren imponer sus prejuicios en lugar de construir sobre lo existente, por el mero prurito de cambiar.

El punto es obvio: no existe continuidad ni el menor interés por aprender las lecciones del pasado para mejorar el futuro. ¿Cómo, en este contexto, será posible progresar?

La incongruencia entre el discurso y los resultados es patente y todo mundo la ve. Llega un nuevo gobernante –a cualquier nivel- y lo primero que hace es correr a todos los que saben para traer a sus propios expertos. Por supuesto que los nuevos no saben nada, pero sí saben una cosa: que lo que existe, lo que se hizo en el pasado, está mal. Esta tradición tan mexicana ocurre cada seis años, sin distingo de personas o ideologías.

Llega el nuevo equipo lleno de bríos y certezas que sabe nada excepto que el equipo saliente es incompetente e ignorante (y, ahora, corrupto), razón por la cual no es necesario consultarlos o aprender  de ellos. En ese primer recambio se pierde la poca experiencia y memoria histórica que existe, lo que explica los resultados tan patéticos que ocurren cuando se trata de entidades cruciales -como seguridad pública, la procuraduría, gobernación y hacienda. En lugar de continuidad, el nuevo equipo comienza por empujar la piedra montaña arriba que, como en el Sísifo de la mitología griega, nunca llega a la cima. Para cuando los funcionarios aprendieron, es tiempo de que llegue el nuevo equipo a empujar la piedra una vez más.

Desde luego, hay muchas cosas que deben cambiar en el país, pero hay muchas otras que funcionaban razonablemente bien. La indisposición de nuestro sistema de gobierno para diferenciar entre estas dos contrastantes realidades explica, al menos en alguna medida, la necedad de abandonar lo que sí funciona en lugar de concentrar los esfuerzos de un nuevo gobierno en los asuntos que efectivamente requieren una concepción radicalmente nueva.

El resultado, observable en un sexenio tras otro, es que nunca llegan a fructificar los programas existentes o a mostrar su potencial para resolver los problemas que se pretendía atacar. De hecho, en la gran mayoría de los casos, los programas que se adoptan responden más a prejuicios, preconcepciones y visiones ideológicas que a diagnósticos consolidados sobre la naturaleza del problema específico.

Por ejemplo, hoy en día se importa gas muy barato de EUA porque en ese país hay una gran sobreproducción, pero esa circunstancia va a cambiar tan pronto entren en funcionamiento las terminales de licuefacción que se están construyendo en aquel país. Lo racional sería dedicar los muy escasos recursos de Pemex a desarrollar pozos de gas en lugar de construir una nueva refinería, cuando hay varias otras operando muy por debajo de su capacidad y, además, el mercado de gasolina del mundo es mucho más estable y predecible que el del gas. La construcción de una refinería nueva responde a una visión ideológica, no a un diagnóstico de las circunstancias que caracterizan al mercado energético o a su potencial evolución.

Lo impactante de México es que el país progrese a pesar de la propensión gubernamental a reinventar la rueda cada seis años. Lo que no es tan impactante o difícil de dilucidar es la razón por la cual problemas ancestrales como la pobreza y el rezago cada vez mayor que experimenta el sur del país persisten. El país avanza a pesar del gobierno y, al mismo tiempo, el gobierno hace muy difícil que el conjunto del país salga de los círculos viciosos que resultan de la falta de continuidad de los programas y políticas públicas. Esto me recuerda una famosa frase de Betrand Russell: “el problema en este mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas.” Si cambiamos novatos por estúpidos y experimentados por inteligentes, ahí está una buena parte de la explicación de nuestro perenne subdesarrollo.

En México hay muchas cosas que deben cambiar para asegurar una convivencia pacífica y sin violencia, para reducir la pobreza y crear oportunidades para el surgimiento y desarrollo de millones de nuevas empresas y para darle la oportunidad a la niñez de hoy de ser exitosa cuando llegue a la edad adulta y se incorpore en un mercado laboral que va a ser dramáticamente distinto al de cuando se concibieron los programas educativos de hoy. Si vamos a reinventar la rueda, es en estos ámbitos en que debería hacerse, pues es ahí donde yace el futuro del país.

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Es el miedo…

Luis Rubio

La estrategia presidencial ha sido muy clara: concentrar y consolidar su poder. Su expectativa es que, al recrear el esquema de la presidencia fuerte de hace medio siglo, la economía automáticamente responderá. La realidad ha probado ser muy distinta: la inversión privada se ha contraído y la economía se ha desacelerado, con alta probabilidad de entrar en recesión. Para contrarrestar esta tendencia, el gobierno ha promovido mensajes por parte de empresarios cercanos, incitando la reactivación de la inversión. El objetivo es loable, pero inconsistente con el entorno en que ocurre.

El ingrediente nodal para lograr el crecimiento de la economía es la inversión privada. Así lo entiende el gobierno y por eso su activismo promocional; lo que estas iniciativas no reconocen, es que no hay inversión porque, al atemorizar al inversionista, impiden que ésta se materialice. El problema no radica en la lógica del empresario -obvia y absolutamente predecible- sino en el ímpetu gubernamental por hacerla imposible al aterrorizar a los potenciales inversionistas.

En el último año, el gobierno se ha dedicado a destruir todos los elementos que hacen posible y atractiva la inversión, comenzando por el que es central para el empresario: la certidumbre. La retahíla de atentados contra la certidumbre comenzó con la cancelación del nuevo aeropuerto de la ciudad de México y prosiguió con la andanada de persecuciones sin orden judicial, el anuncio cotidiano de nuevas investigaciones y la aprobación de la ley de extinción de dominio, que hace vulnerable a cualquier persona y la somete enteramente a la discrecionalidad burocrática y política de quien es el mandamás del momento. Es decir, el gobierno se ha dedicado a erradicar toda fuente de certidumbre y a atemorizar precisamente a aquellos de quienes depende que crezca la economía y se avance en la lucha contra la pobreza, dos de las promeses del presidente.

Por si esto fuera poco, no hay mañanera en la que no se ataque a una fuente de certidumbre: un día es la Comisión de Derechos Humanos, otro algún periodista, seguido de descalificaciones a algún empresario. O sea, hay una creación sistemática de miedo. En adición a lo anterior, el desmantelamiento, intimidación o debilitamiento de todas las instancias de contrapeso al poder ejecutivo -desde los órganos llamados autónomos, cada uno relevante en su ámbito de competencia, hasta la Suprema Corte y el Banco de México- constituyen afrentas a la certidumbre.

Lo interesante es la lógica de la andanada, pues replica una era pasada, a la vez que contradice las afirmaciones que, desde hace más de una década, han caracterizado al hoy presidente. Mientras que AMLO prometió erradicar la corrupción y privilegiar la justicia, su actuar ha ido en sentido contrario: el lugar de construir una amplia y ambiciosa estrategia para eliminar las causas de la corrupción a través del fortalecimiento del sistema de justica, el gobierno ha optado por reproducir la forma exitosa en que actuó el presidente Salinas. Nada malo en ello, excepto que tiene lugar en un contexto muy distinto, tanto por el proyecto presidencial como por la naturaleza de la economía mundial tres décadas después.

Salinas procuró la consolidación de su poder para emprender una transformación económica profunda. Independientemente del resultado, su actuar le abrió espacios para confrontar sindicatos, empresarios y líderes políticos y con ello ganar amplia credibilidad entre la población. El punto clave es que, detrás de la estrategia de consolidación del poder radicaba una estrategia de desarrollo económico compatible con el momento del mundo del momento. Nada de esto es cierto en el caso del gobierno de López Obrador.

En este contexto, es inconcebible que crezca la inversión privada, por más que se intenten ejercicios de promoción, invitaciones, presiones o renegociaciones escuálidas. En el mundo globalizado del siglo XXI la inversión no tiene domicilio: se mueve en un instante hacia donde hay oportunidades y, sobre todo, donde hay claridad de rumbo y certidumbre. Lo que atrae a la inversión es la creación de condiciones para que ésta florezca y pueda rendir frutos atractivos. La estrategia gubernamental ha ido en el sentido exactamente opuesto.

La historia, dijo Marx, se repite primero como una tragedia y después como una farsa. Más allá de la extraña ironía de copiar la estrategia que siguió Salinas, el enemigo más mencionado por AMLO, el embate emprendido por el gobierno actual tiene una lógica política impecable, pero choca contra la pared porque adolece de una estrategia de desarrollo que todo mundo -comenzando por los inversionistas- pueda entender.

Salinas actuaba en el contexto del viejo sistema político: impuso su marca con la detención de la Quina y otros personajes públicos, logrando con ello credibilidad como un presidente capaz y dispuesto a romper con la oposición a su proyecto. Treinta años después, el gobierno carece de un proyecto de construcción de un futuro novedoso y tiene lugar en un contexto político radicalmente distinto: ahora esa misma estrategia suena más a venganza, lo opuesto a la necesaria certidumbre porque genera temor. En un contexto así, no hay forma de atraer la inversión privada.

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https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1614565.es-el-miedo.html

 

01 Sep. 2019

Otro país

Luis Rubio

La frontera México-Estados Unidos es un mundo peculiar: parte mexicano, parte americano y, a la vez, distinto a ambos. Sobre todo, es absolutamente diferente a lo que imaginan los políticos en Washington o la Ciudad de México. La frontera ha ido adquiriendo su propio carácter por sus circunstancias particulares: el desdén de sus gobiernos centrales, la distancia a las capitales respectivas y, sobre todo, la dependencia mutua que cada punto de la frontera ha desarrollado. El Paso no podría existir sin Ciudad Juárez y ambas viven en medio de un desierto inhóspito que las atrae en lugar de repelerlas. El reto, y la oportunidad, para México no radica en volver a aislar la zona fronteriza (que es lo que se está haciendo) sino en integrarla con el país a la vez que el país se integre con la propia frontera.

En un libro señero, La Frontera, Weisman y Dusard describen las muchas fronteras que caracterizan a la línea que une (y separa) a las dos naciones: cada región tiene sus características, pero el conjunto guarda semejanzas que se derivan de la interacción permanente -y la interdependencia- que surgen de una convivencia cada vez más profunda. Ese libro, de hace casi tres décadas, era un mero atisbo a lo que  habría de venir. El libro describe, e ilustra con fotografías, la cambiante geografía natural, pero también la forma en que interactuaban a diario las comunidades en ambos lados de la línea fronteriza, con todos los problemas y tensiones que son parte inherente al panorama.

De publicar una secuela hoy, estos autores seguramente describirían dos nuevas realidades: primero, el incremento descomunal de la interacción fronteriza, sobre todo producto de la integración creciente entre las dos economías, las cadenas de suministro que alimentan a la industria automotriz, química, electrónica, de aviación y tantas otras que son el pan de cada día de nuestra economía y que han llevado a un ascenso dramático en el número de camiones, carros de ferrocarril y personas que cruzan en ambos sentidos de manera cotidiana. Por otra parte, la descripción seguramente incluiría el deterioro que ha experimentado la región como resultado de la cada vez mayor actividad criminal, los interminables flujos migratorios que ahora se han hacinado del lado mexicano y las tensiones y conflictos que todo esto entraña.

A pesar de estos males, la región es cada vez más un “país” en sí mismo, una región en que conviven comunidades de ambos lados y que tienen características en su vida cotidiana que son radicalmente distintas a las del resto del país. No es casualidad que siempre que se realizan cambios fiscales o regulatorios (como el IVA o sobre el lavado de dinero) se crean excepciones para la zona fronteriza porque no habría otra forma de funcionar ahí. Innumerables mexicanos van a la escuela en el país del norte, o viven “del otro lado” y cruzan la frontera de manera cotidiana. Trabajadores mexicanos van al lado estadounidense todos los días, en tanto que empresarios americanos vienen a trabajar al lado mexicano.

Algunos estados fronterizos han formalizado diversos esquemas de cooperación para facilitar los intercambios, otros simplemente se dedican a ello. Quizá no hay mejor ejemplo que el caso de la frontera de Sonora y Arizona con su comisión bilateral. Para el estado de Texas, México es su mayor socio comercial, superior en volumen y valor al de todo el resto de sus intercambios con toda la unión americana y sus gobernadores, igual republicanos que demócratas, se dedican a hacer funcionar la relación. El propio gobierno federal estadounidense ha ido inventando mecanismos para facilitar la vida fronteriza y atenuar la creciente complejidad burocrática que caracterizan sus programas de seguridad, a través de programas como el Sentry, cuyo propósito es hacer expedito el cruce de vehículos previamente registrados.

Para México, la frontera siempre ha sido un desafío. El instinto histórico ha sido el de distanciarnos de los americanos, tolerar las inevitables peculiaridades que requieren quienes viven en esa región y olvidarse del asunto. Fue con ese fin que, a mediados del siglo pasado, se creó la zona libre y, luego, se propició el establecimiento de maquiladoras, pero siempre restringidas a esa región. Es decir, se quería aislar a la zona fronteriza como si se tratara de una cuarentena por razones de salud: que no se contagiara el resto del país.

Esa perspectiva ya no es sostenible ni tiene sentido. Desde los ochenta, la frontera se convirtió en el factor clave de la interacción entre las dos economías y el punto de encuentro de México con su principal motor económico. Desde luego, no hay razón alguna para limitarse a un sólo motor, pero es imposible, y sería suicida, pretender disminuir o eliminar los elementos y mecanismos que hacen funcionar a la región.

En una palabra, en lugar de volver a aislar a esa zona del resto del país a través de la recreación de la zona libre, el gobierno debería integrarla de manera cabal con el resto del país y, al mismo tiempo, integrar al país con esa zona. Este no es un juego de palabras: la única manera de poder prosperar es simplificando, descentralizando y desburocratizando, característica inherente a esa región.

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Otro país

 

Luis Rubio

25 Ago. 2019

Mientras tanto…

Luis Rubio

 

18 Ago. 2019

Falsas premisas

Luis Rubio
A la memoria de Manuel Medina Mora

Las calles están limpias, el turismo ha crecido de manera explosiva, los comerciantes parecen felices y los hoteles están llenos. Oaxaca parece finalmente haber roto con sus impedimentos históricos y disfruta de un nuevo momento de paz y crecimiento. Si sólo fuera tan fácil. Lo único que ha cambiado es que los gobiernos federal y estatal le han concedido todo a la Coordinadora de Maestros, la famosa CNTE, con lo que desaparecieron los bloqueos: los (supuestos) maestros le concedieron a la ciudadanía la gracia de vivir de manera normal, al menos hasta que comience la nueva ronda de demandas, amenazas y extorsiones. Todo lo cual impide el crecimiento.

La discusión respecto al crecimiento económico es permanente y se ameniza con discursos políticos que no atienden las causas del fenómeno  y que se exacerban cuando la tasa de crecimiento es menor. Pero el problema de fondo nunca acaba por resolverse. En el curso de las décadas se han emprendido diversas estrategias para enfrentar esta ausencia y se ha avanzado en algunos planos, pero ni siquiera se ha llegado a un consenso sobre la causa última de una tasa promedio tan baja, al grado en que, en lugar de buscar elevarla, se festina el que no haya recesión.

El primer gran problema para llegar a un diagnóstico que todo mundo comparta es lo que ocurrió en los setenta, pues ahí yace el corazón de la disputa política. En esa década, la economía creció cerca del 8% anual y ese es el recuerdo que los críticos de las reformas posteriores guardan en su memoria y por lo cual siempre proponen retornar a esa era. Ahora, con AMLO, sienten que llegó el momento de recuperar ese momento idílico.

Hay dos problemas con ese recuerdo: uno es que es falso y el otro que es irrepetible. Lo falso radica en que no se puede aislar el periodo en que efectivamente hubo un alto ritmo de crecimiento de las consecuencias que siguieron, pues la gasolina que impulsó ese crecimiento fue la combinación de una deuda externa creciente, la expectativa de ascensos permanentes en el precio del petróleo y un gasto público exacerbado. Si uno toma no sólo los setenta sino los setenta y los ochenta juntos, la fotografía acaba siendo muy distinta: en los ochenta se tuvo que pagar el exceso de los setenta en la forma de una recesión permanente y niveles extremos de inflación. Esa era es irrepetible porque fue un momento único en que se conjuntaron circunstancias excepcionales que acabaron arrojando un patético crecimiento promedio y cada vez mayor conflictividad social.

En segundo lugar, el problema no radica en la falta de crecimiento, sino en la falta de crecimiento generalizado: cuando uno se apersona en Querétaro o Aguascalientes, resulta de inmediato evidente que eso de bajo crecimiento es ridículo; lo contrario es cierto en Oaxaca o Guerrero. Entonces, el problema no es que el crecimiento sea bajo, sino que algo diferencia a los estados del norte de los del sur.

En tercer lugar, la propensión permanente a modificar las reglas del juego en un país en que el presidente (o la autoridad en general) tiene un poder desmedido, crea un entorno de desconfianza interminable. Esa fue la razón por la cual se procuró el TLC norteamericano: para crear un espacio en que las reglas fuesen permanentes y confiables y es buena parte de la razón por la cual el norte crece con celeridad.

Santiago Levy lleva años argumentando que la economía informal es la gran lacra del país porque impide que las empresas crezcan y se desarrollen y ha propuesto una serie de medidas para disminuir la carga fiscal y facilitar su formalización. El planteamiento tiene sentido, toda vez que si uno compara la recaudación fiscal de quienes se encuentran en la economía formal respecto al PIB, la carga impositiva no es muy distinta a la del mundo desarrollado: el problema claramente se encuentra en la enorme dimensión de la economía informal y los mecanismos que la promueven.

El ejemplo de Oaxaca sugiere otra explicación (adicional) al problema del crecimiento. Luis de la Calle lo resume con toda elocuencia: “La prevalencia de la extorsión en el país se ha convertido en uno de los principales frenos al crecimiento de las micro y pequeñas empresas, muchas de las cuales se ven obligadas a no crecer y a permanecer en la informalidad, donde la extorsión tiende a ser centralizada y conocida. Esto implica que no tienen un incentivo para invertir, crecer, explorar nuevos mercados y productos, expandirse fuera de sus mercados locales y menos para contratar un número creciente de empleados… Más aún, las probabilidades de extorsión aumentan con el éxito de las pequeñas empresas.”

La realidad es que no es muy difícil dilucidar la causa del estancamiento económico, pero estamos encarrilándonos, una vez más, en la dirección equivocada. El gobierno actual está exacerbando la incertidumbre para la inversión en un momento en que el TLC está en la tablita y cree que con un gran estímulo fiscal todo va a cambiar. Sería mejor que ataque las causas de la extorsión y la informalidad porque ahí yace el corazón del problema estructural que impide el crecimiento. También ayudaría fortalecer, en lugar de destruir, a las instituciones que generan confianza, pero eso ya sería mucho pedir.

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Luis Rubio

11 Ago. 2019

Perspectivas y retrospectivas

Luis Rubio

Sobre lo único que no hay disputa es que el presidente está avanzando aceleradamente hacia una creciente concentración del poder. Cada paso que da y cada decisión que toma tiende a eliminar competencia, disminuir o neutralizar contrapesos y cancelar todas las fuentes de independencia que puede. El objetivo manifiesto es controlar para resolver los problemas que el país ha venido experimentando con presidencias débiles que fueron incapaces de restablecer el orden y promover el crecimiento de la economía. En una palabra, recrear los sesenta.

Décadas de observar el funcionamiento del sistema político me han llevado a dos conclusiones sobre sus pilares fundamentales y, por ende, sobre la viabilidad del proyecto de concentración de poder.

En primer lugar, no cabe ni la menor duda que en toda la era independiente del país sólo ha habido dos periodos en que la economía creció con celeridad y la sociedad vivió años de paz y estabilidad. El primero fue el del porfiriato que, después de décadas de conflictos y levantamientos, el gobierno fundamentó un orden que permitió atraer inversiones, construir ferrocarriles y darle un fuerte impulso a la economía. El segundo periodo fue el de la etapa postrevolucionaria, especialmente los años del desarrollo estabilizador, en que la economía creció de manera inusitada, el país experimentó una rápida urbanización y el crecimiento de la clase media. El común denominador fue un gobierno fuerte que no permitía disidencia e imponía orden. No es difícil identificar en esos logros un poderoso imán para la imaginación de un gobernante que sueña con lograr la tercera era de paz y estabilidad.

El problema de mirar nostálgicamente hacia el pasado es que permite aislar los logros de los fracasos o los avances de sus consecuencias. El porfiriato se colapsó por razones biológicas porque todo dependía de un individuo que empujaba y controlaba, negociaba y gobernaba, pero que inexorablemente tenía un fin. Incluso sin revolución, el porfiriato vivía contradicciones que difícilmente hubieran sobrevivido al caudillo. El fin del PRI duro fue producto no de la falta de institucionalidad sino de su cerrazón y autoritarismo, que negaba cualquier flexibilidad para ajustar el modelo cuando sus soportes comenzaron a hacer agua, a la vez que cegaba a sus líderes respecto al desarrollo de la sociedad, producto, irónicamente, del éxito de su gestión. Al igual que el porfiriato, la naturaleza del sistema le impedía transformarse y no hay razón para pensar que una nueva era de férreo control presidencial vaya a ser distinta. Los problemas que hoy experimentan los priistas en su intento por recrearse se derivan de lo mismo.

En segundo lugar, tenemos una profunda propensión a desperdiciar oportunidades, quizá por el bajo calado de la democracia mexicana y sus profundos sesgos autoritarios. Aunque se resolvió (casi) el problema de acceso al poder, estamos lejos de haber construido el andamiaje institucional que le dé protección a la ciudadanía, arraigue de manera profunda la participación ciudadana en una sociedad tan dispersa y desigual y obligue a la autoridad a ser transparente y rinda cuentas efectivas de sus actos. El mero hecho que el presidente pueda barrer con los incipientes contrapesos sin costo alguno lo dice todo.

Pero el problema de fondo es que el poder, por vasto que sea, no garantiza un resultado benigno. En los ochenta y noventa, gracias al maridaje del PRI y la presidencia y al autoritarismo que le era inherente, con una presidencia infinitamente más poderosa a la que siguió, el gobierno fue incapaz de llevar a cabo el cambio integral que su propio proyecto proponía. Se hicieron reformas incompletas, muchas veces a modo, que se tradujeron en una gran desazón, por la cual ahora estamos pagando el costo. Un ejemplo lo dice todo: para la privatización de Telmex hubo dos proyectos de título de concesión, uno que valía cuatro veces más que el otro; el primero garantizaba el fin inmediato del monopolio y la apertura a la competencia, en tanto que el segundo preservaba el monopolio. El crecimiento económico requería lo primero; el interés hacendario aseguró lo segundo. Nada es gratuito.

Al inicio de este siglo, Fox volvió a desperdiciar la enorme oportunidad que su elección había creado. A la dilución del poder presidencial se sumó la incompetencia y frivolidad del personaje, quien hasta la fecha no ha podido comprender su responsabilidad histórica. ¿La tercera -o 4T- será la vencida?

El problema trasciende las características de las personas porque refleja una debilidad estructural de la política mexicana que no se resuelve con la reconstrucción de la presidencia imperial.

AMLO goza de un enorme apoyo popular, mayor al de Fox en su momento, pero igualmente volátil. Si algo enseña la historia nacional es que los grandes estadistas que hoy así se reconocen lo fueron por haber trascendido las escaramuzas del momento y construido una nueva plataforma de realidad. Ninguno de ellos -Juárez, Madero, Cárdenas- sabía de antemano que sería estadista: simplemente construyeron un nuevo futuro. Todo lo cual muestra la futilidad de intentar recrear un pasado irrepetible, cuando lo que se requiere es un nuevo futuro.

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Perspectivas y retrospectivas

 

 

Luis Rubio

04 Ago. 2019

El legado de un banquero libre y ecléctico

Luis Rubio

Don Agustín Legorreta Chauvet fue un hombre de Estado. Rasgo raro en un líder empresarial –en su caso, banquero–, tuvo siempre claridad sobre la importancia de privilegiar a México y a sus instituciones por encima de todo. Bisnieto del primer Agustín Legorreta que encabezó el entonces llamado Banco Nacional de México, Agustín Legorreta Chauvet se formó en Francia y lideró a Banamex hasta su expropiación en 1982. Su principal legado en el banco fue su institucionalización y modernización, acorde con la liberalización financiera que comenzó a experimentar el país y el mundo desde el inicio de los años 80. Creó la banca internacional y enfocó al banco hacia el futuro, convirtiéndolo en la institución financiera por excelencia.

Como banquero, Legorreta participó en la industrialización de México y fue protagonista en el empleo de capital semilla para el desarrollo de una gran diversidad de empresas. Como líder empresarial fue presidente del Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México y promovió innumerables iniciativas educativas, todas ellas orientadas a fortalecer la actividad empresarial en México y a contribuir al acelerado desarrollo del país. Hombre optimista por naturaleza, defendió la estrategia de desarrollo del país, cultivó relaciones alrededor del mundo y creó instituciones dedicadas al financiamiento del país en Londres, Nueva York y Asia. La expropiación de los bancos en 1982 truncó su carrera profesional pero no lo derrotó como líder empresarial.

Ecléctico y libre de dogmas tradicionales, fue igual presidente de la Asociación de Banqueros y del Consejo Coordinador Empresarial, pero también miembro fundador del Partido Democracia Social, encabezado por Gilberto Rincón Gallardo, y candidato a senador por esa organización política.

Al final de los 70 comenzó a preocuparse por los riesgos financieros en que incurría el país con una deuda externa creciente, gasto público desbordado y un gobierno sin derrotero. Su respuesta no fue la de abstraerse de la realidad sino, típico de él, buscó una forma de contribuir al restablecimiento del orden financiero con miras hacia el futuro. En 1980 promovió la creación del Instituto de Banca y Finanzas como un medio para avanzar la educación de los más altos ejecutivos del sector financiero público, privado, industrial y bancario, a fin de generar comunicación y entendimiento entre sus múltiples participantes. La inspiración venía de su experiencia en la Escuela Nacional de Administración de París, la institución que por décadas había permitido no sólo la más alta calidad de educación financiera en Francia, sino también la construcción de generaciones de expertos financieros dedicados al desarrollo de su país en los más diversos ámbitos de la economía.

El llamado Ibafin nació en 1980 bajo los auspicios de Banamex y comenzó operaciones en 1981, teniendo un impacto muy rápido sobre el desarrollo del sector. La institución duró poco debido a la expropiación de los bancos en 1982, pero Agustín Legorreta no se dio por vencido y, con los recursos que ahí habían quedado, apoyó la creación del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC), como una institución independiente con un consejo representativo del México de la época, con líderes políticos, académicos, empresariales y sindicales en su seno.

CIDAC se desarrolló como un think tank independiente por casi cuatro décadas, hasta que se fusionó con México Evalúa, aportándole a esta institución sus recursos para continuar el legado que Legorreta, con apoyo de los antiguos integrantes de aquella entidad bancaria, había iniciado.

Un día, cuando el proceso de fusión CIDAC-México Evalúa comenzaba a cobrar forma, don Agustín se enteró de que algo ocurría en la institución que había promovido y, decidido como era, de inmediato se apersonó en las instalaciones de la institución. Tan pronto supo que la directora de la institución sería Edna Jaime, esbozó la cálida sonrisa que le caracterizaba y dijo: “Con esto el legado queda completo.”

 

https://www.mexicoevalua.org/2019/07/30/legado-banquero-libre-eclectico/

 

El dilema de 2019

Luis Rubio

El electorado mexicano le quitó la máscara a la narrativa dominante y al establishment y eligió al candidato que prometía cambiar los vectores de la política y la economía del país. Desde la elección, pero particularmente desde el 1ero de septiembre en que el Congreso entró en funciones, los contingentes morenistas y sus aliados se han comportado más como una fuerza de choque que quiere alterar el orden establecido sin que medien procedimientos formales o negociaciones, que como un grupo parlamentario institucional. La lógica detrás de este modo de proceder responde a la concepción de que llegaron al poder independientemente de las elecciones: en lugar de haber ganado, se les reconoció su triunfo. Es decir, hay un enorme ánimo revanchista, un encono soterrado en muchos de los actores clave de la coalición de Morena. La gran pregunta para el futuro es si López Obrador secundará esta concepción o si asumirá la presidencia como un estadista responsable ante la totalidad del electorado.

El contraste entre los dos escenarios es evidentemente radical. En el primer caso estaríamos hablando de un gobierno que viene no sólo a gobernar a su modo, sino a cambiar el orden establecido y las instituciones que lo sostienen de una manera integral y drástica, incluso violenta. Es decir, la vieja idea revolucionaria que procura el fin de un régimen y el comienzo de otro sin que medie un proceso institucional. De manera alternativa, López Obrador podría apegarse a todos los reglamentos institucionales para dar cabida a su agenda de cambio sumando al resto de la población, como ocurrió en la España post-Franco. Un camino así tiene la virtud de hacer más permanentes los cambios a los que se llegue.

España ilustra el contraste entre estos dos modos de proceder. Al momento en que muere Francisco Franco, el pueblo español quería un nuevo régimen. Para los políticos, la interrogante era cómo dar ese paso: una posibilidad era romper con el régimen franquista, entrando en un entorno de absoluta incertidumbre; la alternativa era aceptar el régimen institucional vigente, así fuese detestado por la mayoría de las fuerzas y partidos políticos, mientras se construía un nuevo andamiaje legal e institucional. En este sentido, los pactos de La Moncloa no acordaron “el qué” sino “el cómo”. El tema en la agenda en aquel momento era relativo a precios y salarios, asuntos cruciales, pero de menor trascendencia política. La trascendencia de aquella reunión en particular tuvo que ver precisamente con lo que en México no hemos logrado: acuerdos de procedimiento.

De manera similar, López Obrador tiene que definir si va por el camino institucional como hizo Adolfo Suárez, lo que lo elevó al nivel de un estadista trascendental, o por el camino de la imposición radical, clásica de un proyecto radical o revolucionario.

No me cabe duda de que López Obrador muy pronto se encontrará con que muchos de sus planteamientos son inviables o extraordinariamente destructivos y, por lo tanto, contraproducentes respecto a su propia visión para el futuro del país. Su decisión respecto al aeropuerto de la ciudad de México sirve de ventana para observar los potenciales costos de realizar acciones que tienen más ángulos relevantes de los que podría parecer a primera vista. En este caso, el aeropuerto tiene no sólo unos cuantos contratistas de por medio –para los cuales López Obrador aseguró que habría compensación- sino miles de tenedores de bonos en los mercados financieros internacionales, proveedores nacionales y extranjeros y toda clase de actores clave para el proyecto. Al cerrar la puerta, López Obrador envió la señal de que nunca se apegará a las reglas existentes y que, por lo tanto, ninguna inversión goza de certidumbre. El costo inmediato se pudo ver en acciones por parte de las calificadoras de crédito y el tipo de cambio, pero el costo potencialmente incontenible vendrá después: cuando los inversionistas potenciales incorporen en su proceso de decisión sobre si invertir un cálculo respecto al riesgo de perder su inversión por la forma de proceder del gobierno. En contraste con contratistas y constructores, los empresarios e inversionistas tienen, por necesidad, que ver un horizonte de más largo plazo.

El punto de todo esto es que López Obrador tiene una decisión fundamental que tomar respecto a la forma en que actuará como presidente: será un activista social o un estadista. Si es lo primero, la decisión sobre el aeropuerto ya marca una pauta; si es lo segundo, todavía es tiempo de establecer un nuevo patrón de comportamiento, como ha ocurrido en instancias como la de la CONAGO. Me parece claro que, para él, un cambio en este sentido sería sumamente difícil por su profunda y arraigada convicción de que todo lo realizado a partir de los ochenta fue errado, y porque es un factor importante para las bases que lo han apoyado frente a viento y marea, las cuales por eso frecuentemente corean que “es un honor estar con López Obrador”. También me queda claro que le es mucho más importante lograr sus objetivos que apegarse a dogmas contraproducentes.

Fragmento del libro Fuera Máscaras: el fin del mundo de fantasía, que se puede descargar en:

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/mi_190625_unmasked_spanish_v2.pdf

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Luis Rubio

28 Jul. 2019

Aguas turbulentas

Luis Rubio

Cuando el barco Andrea Gail zarpa del puerto de Gloucester en un acto desesperado por lograr la última gran pesca de la temporada, su capitán y tripulación no tenían ni la menor idea de lo que les esperaba en lo que acabó siendo conocido como la “Tormenta Perfecta”: todos los factores que podían salir mal se conjuntaron para producir un desastre de dimensiones inconmensurables. Algo así podría estarse cocinando en la relación México-Estados Unidos: quizá nadie lo esté buscando o deseando pero, poco a poco, se van acumulando elementos que, de no atenderse, podrían producir el tipo de choque que desde hace más de tres décadas parecía haberse eliminado del panorama.

Por casi un siglo, la relación entre las dos naciones vecinas varió entre violento a conflictivo a distante. La invasión norteamericana de 1846 cimbró a México, provocando una reacción nacionalista a la que algunos historiadores atribuyen el verdadero nacimiento de la mexicanidad. Las dos naciones experimentaron altibajos durante el periodo revolucionario, con crisis eventuales por la amenaza de no reconocimiento de un nuevo presidente mexicano, con todo lo que eso implicaba. Los gobiernos postrevolucionarios mantuvieron una relación distante, a la vez que promovían la unidad nacional empleando a la pérdida del territorio como instrumentos de cohesión interna. Todo esto era factible porque México tenía su mirada puesta al interior del país y sus lazos con el exterior eran importantes pero esencialmente simbólicos.

Las crisis financieras de los setenta y ochenta obligaron a replantear la política económica y eso conllevó a una redefinición de la relación con EUA. México comenzó a exportar cada vez más bienes al mercado norteamericano, lo que provocó conflictos comerciales: desde acusaciones de dumping hasta boicots al atún. Por primera vez desde la guerra de independencia, México comenzó a ver a su vecino como una fuente potencial de solución a sus problemas económicos. De la misma manera, Estados Unidos enfrentaba problemas cuya solución requería de la cooperación del gobierno mexicano. La interacción bilateral crecía, pero los problemas -viejos y nuevos (desde el cierre de los cruces fronterizos de Nixon hasta la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena)- se multiplicaban. Ambas naciones acabaron por reconocer la necesidad de establecer mecanismos para una relación funcional.

Al final de los ochenta, Bush y Salinas acordaron un conjunto de principios, explícitos e implícitos, para el buen funcionamiento de la relación y para la solución –o, al menos, manejo- de los problemas que son inherentes a una interacción tan compleja, amplia y disímbola, además de asimétrica, como la de estos dos países. El corazón de ese acuerdo radicó en un principio seminal: aislar los problemas y lidiar con cada uno de ellos por separado. El objetivo era que, al no vincular o mezclar asuntos distintos, se le pudiera dar cauce y viabilidad a lo fundamental y cotidiano.

La mezcla de asuntos no vinculados (como drogas y comercio) producía crisis constantes y ánimos exacerbados. Al acordar la compartimentalización, los dos gobiernos se comprometían a atender cada asunto en su justa dimensión, evitando que las cosas más explosivas para la política interna –como la migración para EUA o las armas para México- impidieran el funcionamiento de las que se han tornado naturales, no conflictivas e inherentes a la vida entre dos vecinos, como el comercio fronterizo. El acuerdo de Houston en 1988 permitió darle celeridad a la relación bilateral y eventualmente llevó al TLC. Un gobierno tras otro desde entonces –de ambos lados- se apegó al principio establecido porque reconoció el valor de no contaminar asuntos y, sobre todo, el riesgo de hacerlo porque siempre se entendió que una buena relación era de interés mutuo.

Al romper la esencia de aquel entendido –por vincular migración con comercio-, Trump ha puesto en entredicho los cimientos de la relación bilateral. Ya no es sólo el hecho de atacar a México y a los mexicanos de manera retórica, sino de amenazar la viabilidad del principal motor de la economía mexicana (las exportaciones) y poner al gobierno de AMLO contra la pared en un asunto, el migratorio, que es particularmente sensible para su base política y su legitimidad.

A la fecha, el gobierno mexicano ha respondido de dos formas: por un lado, desde antes, había anunciado su decisión de revisar el esquema de cooperación en materia de seguridad (el llamado Plan Mérida); por el otro, ha aceptado, a regañadientes, los términos de las exigencias de Trump en cuanto a la migración centroamericana. Las dos vertientes son contradictorias y, tarde o temprano, generarán chispas.

Hasta ahora, la discusión dentro de EUA ha ignorado el provecho que ese país deriva de la cooperación de parte del gobierno mexicano en diversos asuntos de su interés y que constituyeron el incentivo para que ellos activamente promovieran el acuerdo de Houston hace treinta años. El riesgo ahora es que su actuar presione de tal forma a un gobierno que, de por sí, preferiría regresar a un distanciamiento, que acabe destruyendo lo que ha funcionado con eficacia por tanto tiempo, para beneficio de las dos naciones.

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