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¿Cambio de régimen?

Luis Rubio

El gobierno y sus acólitos afirman que con su elección se dio un cambio de régimen, lo que explica (y justifica) todas las tropelías, excesos y problemas que hoy caracterizan a la economía y a la sociedad. De acuerdo con esta tesis, el actuar de la administración se deriva de un cambio en las reglas del juego, reflejando a la nueva coalición gobernante. Por consiguiente, lo que tiene lugar en el acontecer nacional es una nueva realidad política con lo que eso implica en términos de decisiones, criterios y acciones.

Me parece que hay tres elementos que deben ser analizados para evaluar lo que de hecho ha acontecido: en primer término, determinar si, en efecto, se ha dado un cambio de régimen; en segundo lugar, analizar qué es lo que ha hecho el gobierno en la práctica y qué implica esto; finalmente, evaluar el resultado.

Nadie como Leonardo Morlino,* el decano de los estudiosos de cambios de régimen, para determinar cuándo tiene lugar un cambió así: “hay un cambio de régimen cuando, en adición al colapso de las características clave del autoritarismo, todos los componentes de la definición minimalista de democracia son instalados.” Para determinar si estos se han completado, Morlino emplea un conjunto de mediciones que incluyen: si el gabinete cuenta con funcionarios de un partido o representa una coalición; si el ejecutivo domina al legislativo; si las relaciones entre las instituciones gubernamentales se vinculan de manera plural o corporativista con los diversos grupos de interés de la sociedad; y el grado de centralización del poder.

Por supuesto, no existe una medida específica o única que determine si un sistema político es democrático o autoritario o cuándo se ha dado un cambio de régimen que afiance la democracia. Se trata de elementos cualitativos que se apoyan en mediciones cuantitativas, pero el punto de fondo es uno que, con el perdón de Morlino, se puede evaluar de acuerdo a una vieja medida: en las dictaduras los políticos se burlan de los ciudadanos, en tanto que en las democracias, son los ciudadanos los que se ríen de los políticos. El problema de estas mediciones –cómicas o analíticas- es que no nos ayudan mucho porque el sistema político mexicano tradicional era tan poderoso que aguantaba la burla sin ser una democracia.

En términos prácticos, el régimen post revolucionario experimentó diversas adecuaciones a lo largo del siglo XX, concluyendo con la incorporación de un sistema electoral profesional y ciudadanizado que permitió la alternancia de partidos en el poder. Esas alternancias crearon amplios espacios para la libertad de expresión y la competencia política, pero no modificaron la esencia del régimen, todavía hoy con Morena dominado por una clase política con acceso a privilegios y beneficios que son ajenos a los del conjunto de la población.

Lo que sin duda cambió con el gobierno del presidente López Obrador es la composición de la coalición política que lo sustenta, de la cual se deriva una manera distinta de hacer política y de decidir la asignación de presupuestos y prioridades. Ese cambio ha sido muy pronunciado, sobre todo porque ha venido acompañado de la eliminación (real o virtual) de instituciones que se habían constituido para (supuestamente) acotar el poder de la presidencia. Sin embargo, si uno analiza el ejercicio cotidiano del poder que caracteriza a la actual administración, éste no es muy distinto al de sus predecesores: aunque no se menciona el término, el uso de las otrora denominadas facultades “meta constitucionales” de la presidencia es cotidiano (de hecho, mucho mayor al pasado reciente); la exigencia de lealtades por encima de cualquier otro valor es ubicua; la discrecionalidad (y, por lo tanto, arbitrariedad) en el actuar gubernamental es superior a cualquier cosa vista desde los ochenta; y la construcción de clientelas con dinero público es clave, al igual que la impunidad absoluta para los cercanos a la administración.

Si por cambio de régimen se entiende no la definición de Morlino sino la recreación de las formas gubernamentales de hace medio siglo, los mexicanos estamos experimentando es una regresión en materia democrática en un país donde la democracia nunca cuajó más allá de lo electoral (por fundamental que eso sea). El ejercicio unipersonal del poder no constituye un nuevo régimen, sino la recreación del viejo que, en realidad, nunca se fue. Se trata, a final de cuentas, de la misma gata pero revolcada.

El problema del intento por recrear el viejo sistema político no radica en su inviabilidad (como se puede observar en los pésimos resultados económicos y de salud, por citar dos obvios), sino en su incompatibilidad con el siglo XXI. El viejo sistema funcionó porque empataba con un momento del mundo en que los gobiernos eran todopoderosos; en el mundo digital del siglo XXI dominan los mercados, la integración de líneas de producción y las decisiones de individuos. A uno puede gustarle o disgustarle esto, pero el choque entre estos dos factores –el nuevo-viejo sistema político y la forma de funcionar de la economía en el siglo XXI- explica cabalmente el estancamiento que hoy vivimos. Y no hay razones para anticipar que esto mejore después de la crisis sanitaria actual.

*Changes for Democracy: Actors, Structures, Processes

 

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Luis Rubio
en REFORMA

05 Abr. 2020

Un mundo desconocido

 

Luis Rubio

Tres expresiones resumen el desencuentro que caracteriza a la economía del país en la actualidad y que explican la parálisis (estancamiento con fuerte propensión a recesión), falta de progreso y pésimos prospectos. La retórica presidencial podrá disfrazar la problemática con frases rimbombantes como “este no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen,” “cuarta transformación” o “primero los pobres” cuando, en realidad, lo que está ocurriendo es un rápido deterioro.

Algunas de las frases que se han tornado en prototípicas del gobierno son reveladoras de su visión del mundo, pero especialmente de lo aferradas a un tiempo específico: “Abrazos, no balazos” y “Yo tengo otros datos” reflejan una forma de hacer política y encarar problemáticas clave, pero ninguna es tan indicativa como la que ha expresado numerosas veces a lo largo del tiempo: que “la economía debe subordinarse a la política.” No conozco, ni he observado a político alguno en el mundo, que no desee esto último: hasta hace no muchas décadas, los gobiernos efectivamente controlaban y administraban las principales variables que hacen funcionar a la economía, pero eso desapareció en el último tercio del siglo pasado no por voluntad de alguien en particular, sino por el cambio tecnológico y de las comunicaciones que sobrecogió al mundo. No es casualidad que, a partir de ese hecho, virtualmente no hay país en el mundo –incluyendo a Cuba, Corea del norte y Vietnam- que no se haya volcado a la atracción de la inversión y lo hayan hecho no por gusto sino porque no hay de otra.

Yo veo tres temas clave que explican la parálisis que estamos viviendo en materia económica que se derivan de lo anterior. Primero, la naturaleza del mundo económico en el siglo XXI y por qué choca con la estrategia gubernamental; segundo, la importancia de las formas y, sobre todo, de la confianza; y, tercero, la cloaca que destapó el propio presidente.

En cuanto al mundo económico, la realidad del siglo XXI no guarda semejanza con la de mediados del siglo XX en que el gobierno mantenía cerrada y protegida a la economía. En esa era, el gobierno efectivamente subordinaba las decisiones económicas a las políticas, pero eso desapareció por la forma en que evolucionaron las formas de producir en el mundo (la llamada globalización y las cadenas de suministro) y, sobre todo, por la ubicuidad y disponibilidad de información fuera del control gubernamental. Una vez que se liberalizó el mundo de la economía, ésta dejó de estar bajo control de los gobiernos y no hay retorno, excepto si se está dispuesto a generar una depresión.

De lo anterior se deriva otro cambio fundamental en las relaciones políticas en torno a la economía: a partir del momento en que desaparecieron los controles en materia de inversión, exportación e importación los gobiernos no tuvieron mayor alternativa que la de dedicarse a convencer a sus poblaciones y a las comunidades de inversionistas, empresarios y financieros, tanto nacionales como extranjeros, de la bondad de sus proyectos. Una vez que el mundo se convirtió en el espacio de acción económica, todos los gobiernos compiten por la misma inversión y la única forma de captarla es creando condiciones que le sean atractivas y con fuentes de certidumbre que les generen confianza. La decisión de ahorrar e invertir pasó de los gobiernos a los ciudadanos e inversionistas y no hay nada en este mundo, y menos la pretensión de un “cambio de régimen,” que lo vaya a cambiar. Exactamente lo mismo se debe decir del equivalente político para el INE, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte.

Finalmente, el presidente abrió una cloaca de la que todavía no se da cuenta pero que afecta radicalmente el momento actual. Por muchos años, un gobierno tras otro fue construyendo mecanismos institucionales diseñados para conferirle certidumbre a los agentes económicos y a la sociedad en general. Así nacieron las instituciones autónomas, cada una persiguiendo un objetivo específico (acceso a la información (INAI); regulación en el mercado energético (CRE, CNH); protección de los derechos ciudadanos (CNDH); certeza para los procesos electorales y regulación de los partidos políticos (INE, Tribunal Electoral); y resolución de disputas entre poderes públicos (Suprema Corte).

Hoy sabemos, en retrospectiva, que la vigencia y trascendencia de estas instituciones se debió no a la legitimidad de que gozaban, sino al respeto que sucesivos presidentes y administraciones les dispensaron. La facilidad con que el presidente las neutralizó o eliminó ilustra su debilidad intrínseca. Lo que el presidente no reconoce es que, al implícitamente declarar “el rey está desnudo,” eliminó fuentes clave de certidumbre para la ciudadanía y para los inversionistas y ahorradores. Una vez expuesta, esa cloaca se ha convertido en caja de Pandora.

El problema ahora es recobrar la efímera confianza que esas entidades generaban, una tarea de por sí compleja, pero imposible para un gobierno cuya razón de ser es la de negar que ese problema existe o es uno válido. La crisis de crecimiento y la forma en que el coronavirus probablemente la agudizará, le obligará a actuar. La gran pregunta es si actuará de manera constructiva o autoritaria.

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en REFORMA

29 Mar. 2020

Similitudes y diferencias

Luis Rubio

“La historia de México, dice una conocida analista, es, ante todo, la historia de la personalización del poder -de la concentración de todos los instrumentos y palancas del poder y de los recursos- en las manos de un líder que se posiciona por encima de la sociedad, del resto de los liderazgos y de sus gobiernos. Salir de la etapa post PRI requería de un líder que pudiese actuar como un ariete para destruir al viejo orden. Esa persona tenía que ser un político excepcional y carismático, con el valor para romper con el pasado y forzar a la clase política y a las autoridades estatales a abandonar el pasado. Esa persona requería ser una personalidad fuerte y contar con la habilidad para liderar. Sin embargo, la conformación de un sistema fundamentado en rivalidad y competencia política requiere otro tipo de personalidad y liderazgo, uno preparado para ‘abdicar del trono’ y transferir al menos parte de su poder ejecutivo hacia otras instituciones.”

Aun cuando la nueva sociedad y las nuevas instituciones -continúa el análisis- comenzaron a emerger, la presidencia jugó bajo las viejas reglas. Si el principio fundamental de la democracia electoral consiste en que “las reglas son claras pero el resultado incierto,” la élite mexicana estaba resuelta en que las reglas debían ser inciertas y para garantizar un resultado favorable para sí misma. En lugar de prever para un régimen alternativo y la alternancia en el poder, la élite enfatizó de manera sistemática la continuidad. La afirmación de Samuel Huntington en el sentido que dos ciclos electorales bastaban para que un país se convirtiera en democracia demostró no ser aplicable a México, donde la regularidad de los procesos electorales, incluyendo a dos gobiernos emanados del PAN, se convirtieron en una mera cortina de humo para la regresión que tuvo lugar en materia de liberalización política.

La sociedad probó ser demasiado inexperimentada para desarrollarse de manera independiente en una pujante sociedad civil. Los nuevos ocupantes de la presidencia llegaron al gobierno en una ola de entusiasmo democrático, pero ellos no sólo no tenían la intención de avanzar el desarrollo de los derechos civiles y las libertades, sino que sistemáticamente obstruyeron el proceso, dándole la espalda a las fuerzas democráticas que hicieron posible su llegada al poder.

Los tecnócratas asumieron que la introducción de una economía de mercado sería suficiente, ignorando la necesidad de crear nuevas instituciones y la crucial importancia de subordinar al Estado al reino de la ley. Como resultado, confirmaron la conclusión de Adam Przeworski en el sentido que sin instituciones liberales fuertes y estables, es insostenible una economía liberal. De hecho, en ausencia de instituciones independientes y Estado de derecho, las reformas económicas se tornan en factores desestabilizadores que impulsan a la clase dirigente hacia el autoritarismo para defender sus intereses y su propiedad.

Dado su origen e ignorancia de cualquier cosa distinta al viejo sistema político, ¿podrá el nuevo líder y esa élite comportarse de una manera distinta? Los gobiernos reformadores no anticiparon las consecuencias de sus acciones, pues sacudieron los cimientos del statu quo sin tener idea de las implicaciones de su actuar. De haber podido prever el futuro, no cabe duda que habrían tenido dudas.

En realidad, los líderes del mundo exterior cometieron un doble error: primero, al confiar en los reformadores nacionales, creyendo que ellos garantizaban una transición pacífica y exitosa; y, segundo, al enfatizar las reformas económicas e ignorando la relevancia de los cambios políticos que se requerían.

¿Presente o futuro de México? ¿O será su pasado reciente? El análisis es revelador y parece impecable. Sin embargo, nada de éste es sobre México, aunque parezca escrito recientemente y por un experto conocedor de nuestra realidad. De hecho, se trata de Lilia Shevtsova, estudiosa rusa, hablando de la fallida transición en su propio país* en un libro sobre los primeros lustros de la Rusia postsoviética. Lo único que hice fue escoger algunos fragmentos y poner México donde decía Rusia y “un líder” o “presidente” donde la autora escribió el nombre de alguno de sus gobernantes.

Es significativo que las semejanzas -y también las diferencias- de un proceso de cambio político y económico tan profundo como el que ha caracterizado a ambas sociedades refleja la complejidad del reto que asumieron los reformadores de las dos naciones sin comprender, a ciencia cierta, las dificultades que se tendrían que enfrentar y, sobre todo, las fuerzas que estaban desatando.

Lo que es claro es que ambas naciones tuvieron que romper con el pasado porque el statu quo ante era insostenible e inviable. Es decir, ni en la URSS ni en México se comenzaron las reformas por razones ideológicas, sino como resultado de la parálisis y la sucesión de crisis que cada una de ellas había vivido. El resultado fue, como dice el título del libro, una transición extraviada que, aunque avanzó, no llegó al puerto prometido. El nuevo statu quo es incierto y no se caracteriza por una economía liberal y competitiva, caracterizada por el desarrollo, la estabilidad y la democracia.

 

*Lost in Transition

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Conflicto e instituciones

Luis Rubio

La gran pregunta es cómo vamos a salir de ésta. Al margen de la popularidad del presidente, todos los indicadores van en dirección equivocada: la economía está estancada, no crece el empleo, el gobierno sigue amasando instrumentos legales y fiscales para perseguir a la ciudadanía y no hay un solo rubro -desde la seguridad  hasta la niñez pasando por la salud- en que el gobierno pueda exhibir mejoría alguna.

El conflicto se ha vuelto la razón de ser de nuestra realidad política porque ahí se resumen las expectativas, resentimientos, envidias y aspiraciones de la sociedad mexicana. Algunos ven bien al gobierno, otros lo reprueban; algunos confían en que las cosas mejores, otros están seguros que la única posibilidad será de empeoramiento. Independientemente de filias, fobias o preferencias, la retórica contradictoria de las declaraciones cotidianas no contribuye a crear un futuro al que toda la ciudadanía se pueda sumar.

Una clara mayoría de quienes votaron lo hicieron por el hoy presidente López Obrador. No me cabe ni la menor duda que muchos de los enojos y quejas que animaron ese voto son absolutamente legítimos porque, a pesar de los avances, nunca se consolidó una economía competitiva, de amplio calado al que tuvieran acceso todos los mexicanos. El voto del hastío reflejó un choque entre la realidad percibida con décadas de retórica que sobrevendió el futuro, pero entregó pobres resultados.

Si uno enfoca esta situación como un problema que requiere una solución, lo evidente es que al país le urgen nuevas instituciones, vocablo que ha adquirido mal nombre en las mañaneras del gobierno actual, pero no por ello menos trascendente. El problema es que, en el entorno actual, es casi imposible construir instituciones que satisfagan su condición sine qua non de éxito: que cuenten con un amplio apoyo y reconocimiento. El entorno de conflicto y polarización hace sumamente difícil que se creen y consoliden instituciones nuevas: en el momento actual, el país vive dos grandes corrientes en sentido contrario: aquellos que quieren romper con el statu quo a cualquier costo y aquellos que demandan certidumbre que sólo puede derivarse de instituciones sólidas y no controvertidas. Más allá del lado en que uno se encuentre en esta antinomia, lo cierto es que es imposible lograr estabilidad y predictibilidad en una sociedad que no cuenta con instituciones creíbles para la mayoría de sus ciudadanos.

El entorno está tan viciado que cualquier cosa que propone el gobierno acaba siendo concebida como un abuso por una parte de la población y como una obviedad por la otra. Lo contrario también es cierto: la mayoría morenista reprueba en automático, y se apresta a desmantelar, todo lo que existía antes de su advenimiento, aun cuando muchas de las mejores cosas que hoy existen -y que, sin duda, su base aprecia- son producto de las reformas de las décadas pasadas.

Los avances de las últimas décadas no son pocos ni pequeños: libertad de expresión; elecciones libres; un sistema de salud quizá primitivo, pero infinitamente superior a la locura en que ha incurrido el actual gobierno; acceso a innumerables bienes y servicios de primera a precios infinitamente inferiores (eliminando la inflación) a lo que antes existía. Al mismo tiempo, es evidente que hay infinidad de cosas, tanto en las condiciones de vida cotidiana como en el funcionamiento del sistema gubernamental, que son inaceptables, malas, corruptas y sumamente ineficientes. No tengo duda que, pronto, vamos a encontrarnos con que los integrantes de Morena, ahora en distintos niveles de gobierno, se encontrarán sumidos en problemas de corrupción tal como le ocurrió a los panistas cuando ellos eran los puritanos del momento. El problema no es de personas o partidos, por más que la presidencia los purifique, sino de estructuras e incentivos. Esa es la razón por la que el país no saldrá adelante a menos que se adopte una nueva estructura legal e institucional que goce de amplia –de hecho- universal legitimidad.

El pleito respecto al INE nació desde 1996 y se reforzó en 2006 porque el PRD, muchos de cuyos integrantes hoy están en Morena, no participó de manera decidida y, de hecho, fue excluido del proceso, por buenas o malas razones. La legitimidad no se logró porque no hubo el necesario consenso, al menos una vez, respecto a esta institución crucial.

Hay un fenómeno adicional: mucho de la vida pública consiste en negociar y una negociación seria no puede ser conducida en público. Se creó el mito de la transparencia, que obviamente es necesaria, pero no todo tiene que ser transparente. En el congreso o en la Suprema Corte, por ejemplo, la transparencia es indispensable pero no en las discusiones y negociaciones entre los actores, pues es ahí, como decía Bismark respecto a las salchichas, donde se construye el futuro. Lo público acaba siendo un mero show y el espectáculo no conduce a un buen gobierno.

El conflicto sólo se puede terminar con una negociación que conduzca a la legitimidad. La pregunta es si el gobierno está en el negocio de promover y profundizar el conflicto o en construir legitimidad. La marcha de las mujeres de hoy será un buen barómetro del status de esta disyuntiva.

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08 Mar. 2020

Pandemia

 

Luis Rubio

 

El señor de la casa amenazó a su esposa de una manera tajante, quizá insoportable: me traes a una niña como “regalo” o violo a nuestras hijas. La mamá respondió trayéndole a una niña. El dilema tal vez fue existencial, pero la mujer cumplió, condenando con ello a una niña inocente. Lo que sigue todos lo sabemos: la niña se llamaba Fátima.

La verdadera pandemia que sobrecoge a México no es el coronavirus, sino la impunidad y en ningún asunto es ésta mayor que la que aqueja a las niñas, a los niños y a las mujeres. La rampante impunidad ha hecho posible no sólo que la violencia se apropie de la vida de la sociedad mexicana sino, todavía peor, que ya a nadie le parezca algo extraño.

¿En qué país se tolera la violencia como la que aqueja a la sociedad mexicana sin que pase nada? ¿En qué país es posible que lo que es intolerable se haya tornado cotidiano sin que nadie diga, o pueda decir, nada? ¿En qué país el gobierno se siente agraviado porque la sociedad proteste por los feminicidios y los infanticidios, es decir, por la impunidad? ¿En qué país se desacredita a quien llama la atención sobre crímenes que no deberían existir? ¿En qué país el partido gobernante y sus acólitos acusan a las víctimas de su propia desidia? ¿En qué clase de país se niega un derecho por demás elemental, el de la indignación? Esto sólo puede ocurrir en un país que ha perdido todo vector de civilidad y civilización.

La revolución de la información, lo que distingue al siglo XXI, ha transformado toda la actividad pública, pero especialmente las relaciones entre gobierno y sociedad porque les ha dado instrumentos nuevos que antes nunca eran asequibles. La ubicuidad de la información obliga a todos -ciudadanos y gobiernos- a actuar de manera distinta: la sociedad está informada, se comunica y actúa, todo eso sin la mediación gubernamental, que era el sello del siglo XX. El gobierno tiene igual capacidad, sobre todo la oportunidad, de transmitir mensajes casi personalizados, pero ahora enfrenta el reto no sólo de comunicar, sino sobre todo de convencer. El otrora monopolio de la información altera las relaciones entre todos los actores de una sociedad pero el gobierno mexicano se victimiza y se niega a adecuarse a la nueva realidad.

En este siglo XXI, las crisis son momentos clave de transformación o quiebre. Transformación cuando se alinean los gobernantes y la sociedad para construir una nueva constelación. Quiebre cuando cada uno de esos componentes jala para su lado, en ocasiones confrontándose. En el México de hoy, el gobierno se confronta, por diseño, de manera sistemática y no concibe que pueda existir una sociedad funcionando de manera armónica. Esa visión le impide comprender el reto que los feminicidios le han colocado en el portón de Palacio.

En el siglo XXI, un gobierno serio y realista encabezaría el movimiento en contra de los feminicidios e infanticidios, los convertiría en una causa común para transformar al país. En la 4T, donde todo tiene que ser distinto, el gobierno se hace la víctima y descalifica a todo aquel que osa plantear una manera distinta de pensar o actuar, comenzando por la primera dama, quien tuvo que retractarse.

En el México del siglo XXI, las víctimas son culpables; quienes denuncian atracos, violaciones, homicidios y otros males sociales (de cuya terminación el responsable es evidentemente es el gobierno, todo gobierno) son conservadores; y quienes disienten de la verdad oficial son traidores, o sea, neoliberales. El sólo hecho de que siga habiendo la pretensión de una verdad oficial delata lo absurdo -lo a histórico- de la visión decimonónica en el corazón de la era de la información. De regreso al autoritarismo del siglo XX.

El feminicidio es un mal creado y tolerado por la sociedad mexicana porque ha perdido la brújula de lo que es aceptable y de lo que es intolerable. El sólo hecho que a un padre de familia se le ocurra exigir un “regalo” en la forma de una niña y amenace a su propia familia es evidencia incontrovertible de la destrucción de la esencia de la civilidad.

Sólo para poner las cosas en perspectiva: si el mal en cuestión fuese el coronavirus, ya habríamos desparecido del mapa por esta absoluta incapacidad de organizarnos y actuar en concierto para responder ante los retos que nos presenta la realidad cotidiana. Una epidemia que no se contiene se torna en pandemia y las pandemias -igual en asuntos de salud que de política- acaban con las sociedades y con sus gobernantes.

Es por eso que el feminicidio y el infanticidio no sólo deben ser denunciados, sino que deben ser asumidos para revisar los dogmas sobre la forma de conducir los asuntos públicos para que desaparezcan de una vez por todas. Esa falta de brújula moral –en el gobierno y en la sociedad- que permite distinguir lo que es -y debiera ser- aceptable e intolerable, o si un prefiere, diferenciar al bien del mal, nos ha llevado a ver con naturalidad lo que no es natural, lo que no puede ser tolerado.

Al gobierno, esta “maldita realidad” le ha caído en las manos y no ha sabido responder. En lugar de obligarlo a asumir su responsabilidad, su reacción ha sido fantasmagórica: cómo se atreve la maldita realidad a sabotear a la 4T.

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Los costos de no hacer

Luis Rubio

Cuenta el anecdotario que el presidente Adolfo Ruiz Cortines tenía un escritorio completamente limpio, con la excepción de dos charolas: la primera decía “problemas que se resuelven solos” y la segunda “problemas que se resuelven con el tiempo.” Esa filosofía de la política permitió mantener la paz a lo largo del tiempo, pero no evitó el colapso. Como tantos momentos de nuestra historia -y la del mundo-, las cosas funcionan hasta que dejan de hacerlo.

El porfiriato funcionó por algún tiempo, pero luego se colapsó; el desarrollo estabilizador le dio al país algunas décadas de acelerado crecimiento hasta que sus limitaciones inherentes lo acabaron por hacer inviable. Las diversas republicas francesas vieron similar suerte, tal y como le ocurrió a la era de las reformas en las últimas décadas en México. Todos y cada uno de estos ejemplos comenzó con grandes expectativas pero acabó agotado, en buena medida por la complacencia que generó.

Se lanza una gran iniciativa, se hace lo necesario para que funcione con efectividad pero, unos años después, se agota y nadie hace nada para corregir sus errores, insuficiencias o malas consecuencias. El proceso que comenzó con bombo y platillo rinde beneficios decrecientes hasta que se colapsa: así ocurrió entre los cuarenta y el inicio de los ochenta del siglo pasado. En lugar de resolver los problemas, adecuar el modelo, introducir nuevos elementos y componentes, allanar el camino hacia adelante, nuestra historia ha sido la de evitar decisiones difíciles, preservar intereses depredadores, proteger grupos políticamente favoritos y, en una palabra, cuidar al statu quo. El efecto no debería sorprender a nadie: resultados insuficientes o incompletos, expectativas insatisfechas y, al final de cuentas, el colapso en la forma de un rechazo electoral al proyecto reformador.

Si algo es claro del proceso reformador de los ochenta a la fecha esto es que las reformas no fueron suficientemente ambiciosas o, al menos, que no se arroparon con el empuje integral que requerían para ser exitosas. Se pretendió que era posible liberalizar las importaciones de bienes, pero no hacer lo mismo con los servicios, lo que dejó a los industriales enfrentando competencia de alta calidad sin acceso a créditos, seguros y servicios diversos (comunicaciones, infraestructura) similares a los que caracterizaban a los productores de otros países. Se pretendió que era posible transformar la educación y dotar a los niños mexicanos con las herramientas y oportunidades que requerirían en el futuro para competir con sus pares japoneses, franceses o brasileños, sin modificar el control caciquil que caracteriza a los sindicatos magisteriales. Se pretendió que se podía someter a la competencia a unos pero proteger a otros. En condiciones como estas, es imposible esperar el éxito de un proyecto.

Cada una de las decisiones de obstaculizar las reformas puede ser explicada analíticamente en términos de los actores y correlaciones de fuerzas particulares en cada coyuntura, circunstancia que no es excepcional ni exclusiva de México, pero también es evidente que hubo una enorme complacencia en todos los ámbitos del poder político, económico y sindical. En contraste con países que no tuvieron mayor alternativa que seguir trabajando para hacer posible una mejoría sustancial en los niveles de vida de la población, en México la migración a Estados Unidos y el TLC permitieron que todo mundo se durmiera en sus laureles: la migración disminuyó la presión social y el TLC creó un estado de excepción que atrajo a la inversión. En lugar de extender ese espacio para que se generalizara y la excepción fuese lo que no funcionaba, lo que hubiera requerido afectar diversos intereses cercanos al “sistema,” todos los actores clave sucumbieron a la competencia y crearon el entorno que hizo, en retrospectiva, inevitable el hartazgo y su consecuente rechazo popular al statu quo.

Es afortunado que el país goce del privilegio de contar con una población cada vez más pudiente fuera de México que sostiene a una enorme parte de la ciudadanía, sobre todo en zonas rurales, a través de sus remesas. También lo es que las exportaciones permitan mantener la estabilidad de la balanza de pagos y contribuyan decisivamente al crecimiento de vastas regiones del país. Sin embargo, se trata de excepciones y, dado el contexto norteamericano actual, situaciones por demás precarias. Como sus predecesores, el gobierno de AMLO se beneficia de estos elementos pero no puede confiarse de ellos, pues ambos están en la mira de Trump.

Cualquiera que acabe siendo el camino que adopte el presidente en materia de desarrollo, hay dos circunstancias que no podrá evitar: por un lado, tiene que procurar una tasa elevada de crecimiento: la noción de que se puede lograr el desarrollo sin crecimiento es mera fantasía. Por su parte, el crecimiento requiere inversión privada, la cual solo se consumará cuando se acabe la incertidumbre que produce el propio gobierno. Por otro lado, la única forma de lograr un crecimiento susceptible de avanzar hacia el desarrollo es con un esquema incluyente que promueva la movilidad social, algo natural en el siglo XX pero casi inexistente en la actualidad.

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23 Feb. 2020

Construir el futuro

Luis Rubio

El futuro se construye, sea esto de manera consciente o no. El presidente, a fuer de sus acciones, decisiones y retórica, le va dando forma, quiéralo o no. A casi un año y medio de iniciada la administración del presidente López Obrador, hay dos cosas muy definidas: primero, que su objetivo es cambiar el futuro que venía construyéndose a lo largo de las cuatro o cinco décadas previas. Y, segundo, que tiene una serie de ideas muy claras y muy fijas respecto al futuro que pretende construir y que son incompatibles con el siglo XXI. Y ahí reside el problema.

La visión del presidente surge de una era muy distinta a la actual. El país comenzó a cambiar -eso que él demoniza como “neoliberalismo”- porque la estrategia de desarrollo a partir de la substitución de importaciones en una economía cerrada y protegida había dado de sí. En estas décadas el mundo cambió debido a las comunicaciones, la ubicuidad de la información y, sobre todo, las realidades que esos elementos crearon a nivel global: la internacionalización de la producción, las amenazas derivadas del ambiente y de potenciales pandemias; las reglas impuestas por los importadores; la explotación de la información -big data- por parte de los monstruos tecnológicos; y la magnificación de las expectativas de una población cada vez más conocedora del mundo. Reconstruir un pasado idílico en este contexto es simplemente imposible.

A pesar de la obviedad de nuestra circunstancia como país inserto en el contexto global, la tradición mexicana de reinventar al gobierno cada seis años sigue tan vigente como siempre. En lo que se distingue el gobierno actual es en la enormidad de su ambición: no sólo quiere reinventar al gobierno, sino que quiere recrear al país. Los pasos que ha venido dando en esa dirección son reveladores: ha ido haciendo polvo de todas las estructuras y organismos institucionales que se construyeron para conferirle certidumbre a la población en sus diversos aspectos. Las comisiones de derechos humanos para proteger al ciudadano del actuar del Estado y las comisiones reguladoras en materia de energía, comunicaciones y competencia para darle certeza a los actores en la economía.

El resultado de su actuar es doble: por un lado, ha concentrado cada vez más poder; por el otro, ha creado un elevadísimo grado de incertidumbre. La brecha entre la popularidad del presidente como persona y la de su gobierno -de alrededor de 40%- ilustra el fenómeno: la ciudadanía confía en el presidente pero no comulga con el actuar de su gobierno ni con sus políticas. Estamos por ver si el INE, una institución mucho más trascendente y conocida por el ciudadano común y corriente, sufre un ataque similar. La pregunta obvia es: ¿en qué momento aparece la gota que derrama el vaso y derriba la popularidad presidencial?

De hecho, la facilidad con que desmanteló el entramado institucional revela la falta de arraigo de esas instituciones y la ausencia de credibilidad respecto a su importancia para la vida cotidiana. Al mismo tiempo, exhibe la enorme debilidad del propio gobierno porque ningún país aguanta los bandazos entre administraciones que son característicos de nuestro sistema político, y menos en la era en que el bienestar de prácticamente todos los mexicanos depende de las cadenas de suministro tan enraizadas que cruzan las tres naciones del subcontinente. La contradicción entre los objetivos del presidente y los requerimientos para el progreso es más que flagrante.

El presidente claramente quiere atraer la inversión privada, pero no está dispuesto a aceptar que, en el siglo XXI, su única posibilidad de lograrlo radica en crear condiciones propicias para que ésta fluya de su propio libre albedrío. Hace décadas que quedó atrás la posibilidad de forzar a la gente -humilde o encumbrada- a ahorrar o invertir sin su venia. La inversión va a fluir sólo en la medida en que desaparezca la incertidumbre que proviene del propio gobierno y sus huestes.

El punto de partida para el grupo en el poder reside en su creencia que la democracia se inauguró en México en 2018. Por lo tanto, todo lo que existió antes debe ser erradicado, y, al mismo tiempo, que la legitimidad con que cuenta el gobierno  le permite hacer lo que le plazca no sólo con el pasado, sino incluso con el futuro. Ese tipo de arrogancia ya ha sumido a más de un gobierno en nuestro pasado reciente y no hay razón para pensar que será distinto con el actual. Su alternativa radica en convocar a la construcción de un futuro común, algo que es claramente contrario a su naturaleza y estrategia pero que, a la larga, reconocerá como su única posibilidad de éxito.

La democracia, dice David Runciman,* vive en el momento pero muestra sus fortalezas en el curso del tiempo. Este desempate crea confusión e incertidumbre que, si no es atendido, crece, dañando tanto a la democracia como a la economía. La pregunta es si el ánimo es de crear o de destruir porque nuestro entorno es perfectamente claro y las opciones reales mucho más. Es en este sentido que vale la pena pensar en la advertencia de la historiadora Mary Renault: “Solo hay un tipo de choque peor que el totalmente inesperado: el esperado para el cual uno se ha rehusado a prepararse”

 

*The Confidence Trap

 

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16 Feb. 2020

No hay vuelta atrás

Luis Rubio

No hay vuelta atrás

Luis Rubio

El pasado ya no va a retornar: México y el mundo cambiaron, cada uno a su ritmo y circunstancia, por lo que lo único certero es que estamos ante un futuro distinto. El viejo “orden” se acabó; nos encontramos ante un quiebre histórico de enormes proporciones y mientras más tardemos en asimilar esta premisa fundamental, peor será ese futuro.

La propensión humana más natural es la de aferrarse a lo existente o, más comúnmente, a lo conocido. La imagen más clara en este sentido es la de los interminables esfuerzos que hacemos todos, todos los días, para intentar que el genio vuelva a meterse a su lámpara mágica. En lugar de lidiar con las nuevas realidades, soñamos con regresar a lo que había: que los ataques de septiembre 11 nunca hubieran ocurrido, que el candidato X (ponga el de su preferencia, no faltan) hubiera perdido. Es como querer meter la pasta de dientes de vuelta al tubo: no se puede. Lo único certero es que el pasado ya no existe; la gran pregunta es qué sigue.

Sumido en el conflicto por la independencia de la India, le preguntaron a Mahatma Gandhi qué pensaba de la civilización europea: su respuesta fue “sería una gran idea.” Alcanzar la civilización implicaría lograr un nuevo estadio de estabilidad, crecimiento y civilidad, tres grandes ausentes en nuestra realidad actual. Parece claro que el camino por el que vamos no permitirá que se materialice ninguno de estos elementos, por lo que la respuesta de Gandhi es sumamente pertinente para el México de hoy. La civilización se construye, no se da fortuitamente.

Es importante reconocer que la encrucijada en la que nos encontramos no es producto de la casualidad, ni es resultado, al menos en su origen, del gobierno actual. Ese mérito lo tiene una sucesión de varios gobiernos que realizaron cambios y reformas sin reparar en el conjunto que estaban construyendo, particularmente en el ámbito político: en una palabra, no construyeron la capacidad gubernamental para lidiar con las fuerzas sociales, económicas y políticas que estaban desatando. Pero sí hubo un gobierno que no sólo perdió el camino, sino que nunca lo encontró: nunca entendió por qué llegó al poder, para qué llegó al poder o cuál era su “misión.”

Las reformas comenzaron en 1983 porque no había de otra: los gobiernos de los setenta habían quebrado al país. Uno puede coincidir o no con la vertiente que cobraron esas reformas, pero no había ninguna alternativa a la urgencia de reestructurar al gobierno y estabilizar la economía. Los siguientes gobiernos le imprimieron su sesgo al proceso, unos con mayor visión y capacidad que otros; algunos con claridad de rumbo y otros con total incomprensión del reto.

Pero sin duda fue el gobierno de Peña Nieto el que nunca entendió, primero, por qué el electorado le dio una nueva oportunidad al PRI y, segundo, el enorme potencial que tenía en sus manos. En lugar de construir un “nuevo Estado”, el proyecto se limitó a avanzar algunas reformas (no desdeñables como veremos cuando se atore el carro en el futuro mediato) mientras se consumaba el robo del siglo. Sin el gobierno de Peña el México de hoy sería muy distinto.

Nadie puede culpar a AMLO de las causas de su victoria. La contundencia con la que ganó constituye una condena reprobatoria que no deja dudas del mensaje: el electorado se sintió traicionado por el gobierno saliente y se volcó de lleno hacia la única opción que ofrecía algo distinto. Y eso distinto es lo que hoy construye un orden diferente mirando hacia el futuro: no es solo otro gobierno, es otra manera de ver y entender al mundo.

En el planeta se debate mucho sobre el fin del orden mundial construido después de concluida la segunda guerra mundial. La razón, al igual que al interior del país, es que hay nuevos actores, nuevas realidades de poder y nuevas reglas del juego. Nos encontramos en la etapa de las “vencidas” en la que el nuevo grupo en el poder va intentando imponerse en las diversas instancias e instituciones políticas, económicas, electorales y sociales. Poco a poco, van apareciendo nuevos criterios y valores, lo que afecta – para bien o para mal- la forma en que se asciende al poder, los derechos efectivos de la ciudadanía, la forma en que se conduce la economía y la manera en que se procuran los controles sociales.

Un nuevo orden no necesariamente implica menor pobreza, mayor igualdad o mejor situación económica. Solo implica reglas nuevas que responden a los grupos en el poder. Como en el mundo, nos encontramos en un momento de cambio en el que todo está en ciernes, susceptible de ser alterado, por lo que lo que hoy vemos puede no perdurar, todo lo cual crea un entorno de inexorable incertidumbre.

El presidente se ha abocado a intentar darle certidumbre a los diversos intereses sociales de que su concepción del viejo México es viable y el mensaje, guste o no, ha sido captado por muchos actores clave de todos los ámbitos -políticos, empresarios, líderes sindicales-, todos ellos buscando acomodarse. Se trata, sin embargo, de un escenario engañoso, de una calma chicha antes de que las fuerzas, intereses y valores del nuevo grupo gobernante hagan suyo el escenario político e impongan su ley. En una palabra, un nuevo orden que no por nuevo será benigno.

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en REFORMA

09 Feb. 2020

Sistema de gobierno

Luis Rubio

¿Por qué perdió eficacia el gobierno mexicano? Lo que lo distinguió a lo largo de casi todo el siglo XX fue su estabilidad y efectividad, en franco contraste con la mayoría de las naciones del hemisferio. México se caracterizaba, como repetidamente afirma el presidente, por su estabilidad, orden y crecimiento económico. Todo eso se acabó y no hay un diagnóstico compartido sobre las causas de la debilidad actual del gobierno, pero tengo certeza que el intento centralizador actual no logrará su objetivo de restaurar su antigua eficacia.

El corazón del problema yace en un sistema de gobierno obsoleto que no funciona desde hace casi medio siglo y, más importante, que no va a funcionar por más que el gobierno intente reconstruir sus desvencijadas estructuras. México adquirió un sistema federal de gobierno porque lo copió de la constitución estadounidense, pero sus circunstancias no eran similares. No es casualidad que las dos etapas de mayor crecimiento económico –y de sus beneficios en la forma de movilidad social y creación de empleos- fueron el porfiriato y la etapa priista postrevolucionaria. El común denominador fue la centralización del poder, es decir, la violación flagrante de la estructura constitucional. A pesar de las caravanas retóricas que se le hacen al federalismo, el país no cuenta con un sistema de gobierno compatible con una organización política federal.

Antes del porfiriato y desde el fin de los setenta, el gobierno mexicano ha sido ineficaz. Antes porque no existía una estructura institucional, hoy porque la que existe ya no funciona. Muchos mexicanos vivientes todavía recuerdan (algunos con nostalgia) la estabilidad y crecimiento económico que hizo posible el “desarrollo estabilizador,” estrategia que llegó a su fin porque los factores que lo hicieron exitoso desaparecieron.

En lugar de una gradual liberalización que permitiera un ajuste de la industria nacional a la competencia, a partir de 1970 se cerró más la economía, se favoreció a grupos nacionales que no tenían preocupación por elevar sus niveles de productividad o satisfacer al consumidor y se elevó el gasto público (y la deuda) de manera inusitada. Todo eso provocó el colapso de las finanzas gubernamentales en 1982, obligando a un ajuste brutal cuando ya no había alternativa alguna.

La apertura política fue más atropellada porque fue reactiva e iba a contracorriente de los intereses más poderosos. La reforma electoral más importante, la de 1996, creó las condiciones para una competencia equitativa, pero no modificó la forma en que se gobernaba al país. El sistema de gobierno, que se había estructurado desde los treinta, quedó esencialmente igual. Por ejemplo, en lugar de liberalizar al sistema electoral, se incorporó al segundo y tercer partidos (a la sazón PAN y PRD) en el sistema de privilegios del PRI. O sea, se amplió el sistema existente, suponiendo que los problemas que eso arrojaba se resolverían solos, lo que obviamente no ocurrió.

En lugar de transformar al sistema de gobierno para que se pudiera lidiar con las condiciones y desafíos del siglo XXI, se preservó su estructura y objetivos, lo que lo dejó totalmente incapaz de funcionar en un entorno radicalmente cambiado. La apertura de la economía implicó que el gobierno dejó de controlar al sector privado y a los sindicatos de empresas. Las reformas políticas arrojaron vicios que se magnifican sistemáticamente: descontrol de los gobernadores; ausencia de instituciones para la seguridad; servicios mediocres; poderes fácticos que hacen de las suyas; y una población que, legítimamente, reprueba al orden existente.

Las reformas, en los ámbitos político y económico, eran necesarias, pero no se desarrolló una estrategia que anticipara sus consecuencias en términos de gobernabilidad, estabilidad, seguridad y eficacia. Como diría Fukuyama, se democratizó antes de construir un gobierno funcional. Lo que hoy estamos observando es un intento por reconstruir lo que antes –hace medio siglo- funcionaba, cuando lo que se requiere es construir un sistema de gobierno para el siglo XXI.

El punto nodal es que el gobierno federal es cada vez menos poderoso (así se centralicen toda clase de funciones) frente a una sociedad cada vez más grande, demandante y diversa y una economía que reclama condiciones de estabilidad para poder ser exitosa. El truco porfirista y priista de centralizar el poder no va a arrojar el resultado que el presidente desea porque no es compatible con las circunstancias de la era de la ubicuidad de la información y de feroz competencia internacional.

El gobierno mexicano requiere incrementar sus capacidades y eso entraña un cambio de concepción: construir mecanismos que permitan desempeñar sus funciones desde el municipio hasta la federación, con procedimientos que hagan posible la rendición de cuentas, a la vez que incrementan, de manera sistemática, sus capacidades para cumplir con sus funciones, desde las más elementales como la seguridad, hasta las vitales para erradicar la pobreza como la educación y la infraestructura.

México requiere una revolución en su sistema de gobierno; mientras eso no ocurra, gobiernos vendrán y se irán, pero el desarrollo y la paz seguirán siendo ilusorios.

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en REFORMA

02 Feb. 2020