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Vicios a la Argentina

 

 Luis Rubio

Vicios a la Argentina

Luis Rubio

El riesgo de que México adquiera el vicio argentino de quedarse permanentemente atorado en un limbo de desempeño económico mediocre –peor al vivido en años recientes- con altibajos recurrentes y propensión a experimentar frecuentes crisis financieras es real y se eleva incrementa con las políticas que ha adoptado el gobierno actual. Las coincidencias comienzan a ser demasiadas para no ver el peligro que su consolidación podría implicar para el país y las generaciones de jóvenes que renovaron su esperanza con AMLO.

Tanto el peronismo como el morenismo son movimientos incluyentes, caracterizados por una enorme diversidad de adeptos y seguidores, pero con un elemento en común que es la férrea lealtad al jefe: todo se vale mientras esa lealtad sea inquebrantable. AMLO está substituyendo las pocas instituciones que existían en el país por estructuras personales de lealtad y sumisión, dos recetas para segura inestabilidad en el futuro. En lugar de consolidar los pocos avances institucionales que se habían logrado, se está avanzando hacia un proyecto donde las reglas que nos rigen son la voluntad de una sola persona, tal como sucedió en los años del kirchnerismo.

En segundo lugar, la estrategia de subsidio y generación de clientelas, que sigue el mismo patrón de subordinación, pero a una escala masiva, inexorablemente viene acompañado de la creación de nuevos derechos que, en el tiempo, se tornan difíciles, si no es que imposibles de revertir. La crisis fiscal argentina no es producto de la casualidad, sino de derechos adquiridos que luego se tornan en obligaciones que el gobierno tiene que sufragar con recursos cada vez más escasos. México ya de por sí avanza hacia una sociedad con un mayor número de adultos pensionados y menos nuevos jóvenes incorporándose a la fuerza de trabajo, a lo que ahora se sumará el costo de las huestes clientelares de AMLO.

En tercer lugar, las políticas adoptadas por los dos gobiernos de los Kirchner en Argentina sugieren el tipo de riesgos que la estrategia del nuevo gobierno mexicano va a endilgarle al país: la centralización de todos los programas sociales en la oficina presidencial. Los Kirchner hicieron algo muy similar con sus programas “bandera”: Asignación Universal por Hijo, Ingreso Social con Trabajo, Ellas Hacen, Plan Más y Mejor Trabajo, Prestación por Desempleo, El Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (Fines), Argentina Trabaja y Emprendedores de nuestra tierra.

México ya había pasado por programas (y fracasos) clientelares como los anteriores, pero desde los noventa logró una cierta institucionalización de la política social, que ahora ha sido desmantelada a una velocidad que asombra. Peor, sorprende que ni los beneficiarios de programas como Prospera ni lo que queda de la oposición hayan levantado siquiera un dedo. En Argentina esos programas permitieron apabullar electoralmente a la oposición mientras duro la bonanza fiscal. La pregunta obligada es si AMLO navegará con esa facilidad de aquí a las elecciones de 2021 o si enfrentará al menos algo de resistencia. La pregunta ciudadana es obvia: si la población no defiende sus logros, no los merece.

Existen otras coincidencias que deberían preocupar por su efecto sobre la competencia política y en el menguado ambiente de negocios. Por ejemplo, el Programa de Jóvenes Construyendo El Futuro, un esquema muy similar al utilizado por el Kirchnerismo para atraer jóvenes al movimiento de La Cámpora, organización dedicada a movilizar jóvenes desocupados y con pocas alternativas en el mercado laboral. Este tipo de programas están diseñados para generar dependencia respecto al gobierno, mermando el desarrollo de una fuerza de trabajo guiada por criterios de mérito y productividad, cada vez más importantes en la era de la economía digital. Un ejército de jóvenes permanentemente movilizados sirve para fines electorales pero destruye el futuro económico de un país.

Cuando el presidente dice que su objetivo es subordinar las decisiones económicas a las políticas, ahora consolidado con la renuncia del secretario de Hacienda, ratifica que está dispuesto a ir contra las fuerzas más poderosas de nuestra era: los mercados financieros. Cuando Bill Clinton contendió por la presidencia, su principal asesor político, James Carville, de golpe entendió que el mundo había cambiado: “yo solía pensar que, si hubiera reencarnación, quisiera retornar como el presidente o el Papa… Ahora quisiera regresar como un operador de los mercados de bonos. Esos intimidan a cualquiera.” AMLO también cree que seguimos en los ochenta…

El ejemplo argentino es por demás sugerente porque es el tipo de programa que AMLO y sus seguidores ven como deseables. La desaparición de (casi) toda capacidad técnica en el gobierno permite implementar programas costosos sin medir consecuencia alguna, además de que provee incentivos para adoptar políticas cuyo efecto de mediano y largo plazos siempre acaba siendo devastador, como controles de precios, la nacionalización de fondos de pensiones y el empleo de herramientas como encaje legal y cajones de inversión a bancos. Algunos morenistas salivan por este tipo de mecanismos. No tienen idea de la destrucción que implican.

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14 Jul. 2019

Ya son gobierno

Luis Rubio

Todos los gobiernos culpan a sus predecesores de los males que encuentran o con los que no pueden lidiar. En esto no hay novedad alguna: el problema no es mío, sino de mi predecesor. En lo que AMLO es excepcional es en culpar no a un gobierno, sino a toda una generación -tres décadas de gobernantes y funcionarios- de todo lo que no le gusta. Su problema hoy es que, luego de una prolongada campaña por derruir lo existente, ahora él es quien está a cargo y, por más que culpe a otros, suya es la responsabilidad.

A los candidatos se les mide por sus promesas e intenciones; los gobernantes son responsables por los resultados. AMLO prometió cambiar la realidad y ahora se encuentra ante el dilema que inevitablemente presentan los asuntos cotidianos: desde la inseguridad hasta el crecimiento económico. Su victoria electoral se debió a que enfocó su campaña hacia las cosas que molestaban al electorado -como la corrupción, la incompetencia, la violencia y el desigual desempeño económico- asuntos todos ellos que atosigaron a sus predecesores y que, evidentemente, no resolvieron. Ahora AMLO, que ya es gobierno, no tiene excusa: el balón está en su cancha.

La era que nos ha tocado vivir agrega un nivel adicional de complejidad por la inexorable tensión que existe entre las decisiones del electorado y los instrumentos al alcance de un gobierno para actuar en el mundo real, particularmente en materia económica. Los votantes respondieron a las promesas del candidato y esperan que éste les cumpla, pero cumplir en la era de la globalización es sumamente intrincado porque requieren el apoyo de la población en su conjunto.

Por naturaleza, los candidatos prometen el cielo y las estrellas: unos lo hacen con retórica estridente, otros con promesas irreductibles; algunos más atacan a sus predecesores haciéndole creer al electorado que todo es materia de voluntad y convicción. Pero, al final del día, todos acaban enfrentando el mismo desafío: en la era digital ningún gobierno controla todas las variables y procesos que afectan al desempeño de la economía porque el mundo está interconectado, la tecnología avanza a la velocidad del sonido y le da acceso a toda la población a fuentes de información que rebasan la capacidad del gobernante de controlarla. Peor, por más que un gobernante amase fuentes de control, centralice el poder y se imponga sobre los diversos intereses y factores de poder de su sociedad, nada le garantiza resultados económicos favorables que son, a final de cuentas, la medida más inmediata de éxito o fracaso para la ciudadanía.

El dilema es real y no se limita a México: cómo compatibilizar el legítimo reclamo de la población de ver resueltos los problemas que la aquejan y que fueron las razones por las que votaron por un determinado candidato frente a un mundo globalizado, integrado e interdependiente en el que las decisiones no responden a la lógica de la política interna. Esto último resulta del hecho que la inversión es, como dirían los abogados, fungible: puede ir a cualquier parte del mundo y da igual si quien decide vive en Tingüindín, Shanghái o Nueva York.

Hay gobernantes que administran el dilema y se adaptan para avanzar lo más posible, en tanto que otros se apegan obstinadamente a sus posiciones, cueste lo que cueste. Mientras mayor la obstinación, peores los resultados porque prometer es fácil, pero lograr soluciones y satisfacer a los votantes es difícil. Este fenómeno se magnifica cuando el presidente crea y multiplica el número de enemigos cada mañana.

El estilo de gobernar de AMLO no es conducente a una mejoría. El tiempo para actuar de manera estridente, generando conflicto y confrontación, culminó el primero de julio de 2018 por la simple razón de que las campañas requieren mezquindad, pero el ejercicio del gobierno requiere actuar equitativamente para todos, pues sólo con la colaboración de todos es posible salir adelante. Sin embargo, AMLO está dedicado a sistemáticamente incrementar (y atemorizar) a quienes entran en su lista de culpables y adversarios; desacreditar a los miembros de su gabinete e ignorar a sus propios asesores, además de explotar resentimientos y frustraciones, sin construir nada que pudiese llegar a satisfacer las demandas, reclamos o necesidades de la población.

Lo evidente es que sólo con acciones susceptibles de resolver los problemas existentes sería posible responderle a su base con resultados. No está haciendo nada de eso.

Lo que le importa al electorado -igual al suyo que al fifi- es el resultado de la gestión cotidiana del gobierno; como ilustra la gradual disminución en los números de la popularidad del presidente, una cosa es la elección y otra muy distinta es el ejercicio del poder. Su disyuntiva es seguir empleando el púlpito para atacar a los que tilda de “adversarios” o construir con todos para lograr resultados.

Para ganar una elección es necesario atacar, pero para ejercer el poder es indispensable generosidad y competencia. Refiriéndose a Alan Greenspan, el banquero central al que se culpó de la crisis de 2008, un político de su país resumió el dilema de manera contundente, aplicable hoy a AMLO: “si te atribuyen el sol, no puedes quejarte cuando te culpen por la lluvia.”

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07 Jul. 2019

Preferencias y posibilidades

Luis Rubio

En su autobiografía, la antropóloga afroamericana, Zora Neale Hurston, escribe que “ya no tiene sentido, con pocas excepciones, preguntarle a la gente qué piensa pues, en lugar de ello, lo que va a escuchar de regreso es lo que desean.” Así estamos hoy en día en México: avanzando preferencias y deseos en lugar de construir oportunidades y posibilidades.

El asunto no es de preferencias, sino de las políticas que podrían llevar a lograr tasas mucho más elevadas de crecimiento y desarrollo con equidad. La concentración de poder no es buena ni mala en sí misma porque igual puede llevar a la creación de condiciones propicias para un desarrollo más equilibrado que a una nueva hecatombe política o económica.

Para comenzar, el crecimiento depende de la inversión y ésta no está creciendo. El problema no comenzó ahora, sino desde 2016 cuando, en su campaña, el hoy presidente Trump amenazó la permanencia del TLC norteamericano. Esa amenaza era -y sigue siendo- mucho más grave de lo que generalmente se aprecia, porque el factor medular de la inversión privada en el país a lo largo de las últimas tres décadas ha sido ese tratado, al crear un marco de certidumbre política, legal y regulatoria para la inversión.

Un gobierno puede ser duro o suave en su forma de conducirse, pero no puede obligar a la población a ahorrar, consumir o invertir. Esas acciones ocurren cuando una persona lo decide voluntariamente en el contexto económico y político en que se encuentra. El  contexto determina la propensión del ciudadano -en su calidad de ahorrador, empresario, inversionista o consumidor- a contribuir al desarrollo y eso depende enteramente de los factores que afiancen su confianza en el futuro. Esto es exactamente igual para una familia considerando la adquisición de un refrigerador, para un trabajador que contempla la compra de una bicicleta para ir más rápido a su trabajo o para un megaproyecto industrial. La razón por la que el TLC fue tan importante no radica en su contenido técnico, sino en la certidumbre política que entrañaba.

Un segundo componente de la inversión es el gasto público. Parte de la razón por la que la economía mexicana crece tan poco, especialmente en el sur del país, es la falta de inversión pública, sobre todo en infraestructura. Una empresa no se puede instalar donde no hay carreteras, vías férreas, puertos y servicios confiables (como electricidad, agua y drenaje y, obviamente, seguridad) en condiciones adecuadas. Además de los obstáculos políticos y sindicales que plagan al sur del país, se encuentra una infraestructura sumamente vieja, inadecuada e insuficiente. Sucesivos gobiernos han optado por gasto público corriente, recortando el gasto de inversión, con lo que han condenado al país a bajas tasas de crecimiento. El gobierno actual sigue la misma estrategia: aunque está cambiando los rubros de gasto (reduce los salarios y programas para construir clientelas), la ausencia de inversión pública es la misma. El resultado no será distinto y podría ser peor.

La inversión privada podría substituir a la pública en muchas instancias, pero aún esas posibilidades han sido truncadas, como ilustra el caso del aeropuerto de la ciudad de México. Esa obra prometía ser un polo de atracción de otras inversiones y servicios, creando nuevas fuentes de crecimiento y empleo. Lo relevante es que su cancelación, además del mensaje que envía, va a ser costosa por lo que hay que pagar a cambio de nada, a la vez que constituye un exorbitante costo de oportunidad: es equivalente a toda la infraestructura que no se construye en el sur del país.  Todavía peor sería dispendiar billones de dólares en una refinería que no se requiere, que no crea riqueza o empleos y que no contribuye a atraer inversión privada: es una pifia de incalculables consecuencias. Es, sobre todo, un pésimo uso de recursos escasos y, como dicen los economistas, sin efecto multiplicador.

Al inicio de los ochenta, el país entró en una crisis de deuda que sometió a la economía, y a la sociedad, a más de una década de inestabilidad, inflación e incertidumbre. La deuda abrumaba cualquier proyecto u oportunidad porque impedía cualquier acción o inversión. Todo estaba paralizado y cualquier circunstancia empeoraba el panorama, como ocurrió con el sismo de 1985. Al final, la salida se encontró en la construcción de instituciones que se convirtieron en fuentes de confianza y estabilidad, como los organismos autónomos -de competencia, el IFE, los de energía y telecomunicaciones- hasta llegar al TLC. Cada uno de estos elementos -unos mejor estructurados, otros más costosos, pero todos orientados en la misma dirección- acabaron construyendo estabilidad política y dándole viabilidad a la inversión y, con ello, crecimiento a algunas regiones del país.

Las carencias son evidentes, pero no se puede avanzar ignorando los factores que hacen, o harían, posible el crecimiento. Es evidente que se requieren muchos ajustes y correcciones, para lo cual el gobierno actual cuenta con una legitimidad que, todo indica, va a desperdiciar, una vez más. Peor, destruir los factores que han favorecido la estabilidad y la inversión es autodestructivo y, a final de cuentas, suicida.

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Luis Rubio

30 Jun. 2019

¿Argentina en el horizonte?

Luis Rubio

Argentina comenzó el siglo XX con el PIB per cápita más alto de América Latina, muy similar al de Estados Unidos en aquel momento; un siglo después, la nación sudamericana se encuentra en el lugar 53. Como dice un amigo argentino, “quien diga que las cosas no se pueden poner peor, no conoce Argentina,” nación que parece haberse dedicado a minar sus posibilidades de desarrollo de una manera sistemática, década tras década. Hay muchas hipótesis sobre las causas del declive, pero una evidente ha sido la polarización que, desde el gobierno de Juan Domingo Perón, se convirtió en norma y, en buena medida, esencia de su permanente confrontación política. Me pregunto si México no corre el riesgo de caer en un círculo vicioso similar.

Perón fue un genio de la comunicación, a la que empleó como medio para incitar a la población a confrontarse, expresar sus resentimientos y procurar enemigos del pueblo. La existencia de una verdad única que explica la historia y la realidad cotidiana le permitió al caudillo sudamericano polarizar a la sociedad y construir una base de apoyo profunda y duradera. Sin embargo, la consecuencia de su estrategia fue la polarización permanente de su sociedad y, en lo económico, su empobrecimiento sistemático. Argentina tiene todo para ser una de las naciones más ricas del orbe -una sociedad europea trasplantada a una de las regiones con más recursos naturales del mundo-, pero ha tenido la desdicha de vivir en permanente conflicto. Tres cuartos de siglo desde Perón, Argentina sigue siendo una nación de altibajos constantes.

El gran riesgo de la estrategia de López Obrador radica en su potencial por convertir a México en un país permanentemente perdedor. Tengo certeza que ese no es su propósito ni su visión; al revés, su punto de partida es que México erró en el camino en las últimas décadas y que hay que corregir el rumbo para poder construir un nuevo y mejor futuro. En esto, su visión no podría ser más distinta a la que siguió Chávez; sin embargo, su estrategia de confrontación, que es parte esencial de su visión política, entraña el riesgo de paralizar al país y revertir las cosas que sí funcionan, un esquema más parecido a la Argentina post Perón que a cualquier cosa que Chávez haya intentado.

AMLO cree en la confrontación como estrategia en una era radicalmente distinta a la de Perón. Héctor Aguilar Camín lo describe así: “No negocia, pelea, pero para negociar en sus términos. No tiene aversión sino atracción por el conflicto, pero para pactar después… Se nutre del enfrentamiento, para atraer adhesiones y pactos. Pero tiene una voz propia, inconfundible, que crea realidades políticas… Es, por naturaleza, un político de la protesta y de la confrontación…”

Una estrategia similar llevó a Argentina a una era de crisis que ya lleva más de medio siglo, con la enorme diferencia que la economía de aquella nación a la mitad del siglo XX era cerrada y no existía el entorno de globalización que hoy caracteriza al mundo. Las economías cerradas latinoamericanas de mediados del siglo pasado, dedicadas esencialmente a la substitución de importaciones, tenían características tanto económicas como políticas que les conferían enorme latitud de acción a sus gobiernos.

Para comenzar, se trataba de esquemas económicos que procuraban minimizar los intercambios comerciales con el resto del mundo y, por lo general, rechazaban a la inversión extranjera o la limitaban a ciertos sectores. En segundo lugar, no existían comunicaciones instantáneas como las que hoy son prototípicas. Los empresarios podían producir bienes caros y malos y el consumidor no tenía alternativa alguna para satisfacer sus necesidades. En ese contexto, los políticos podían imponer leyes y regulaciones como les venía en gana, a sabiendas que ningún componente de la sociedad tenía opciones. El gobierno mandaba y con eso determinaba el bienestar o malestar de la población.

La realidad de hoy es exactamente la opuesta. Hoy el consumidor tiene opciones infinitas, los precios de los bienes más esenciales han disminuido en términos reales, sin inflación; las empresas tienen que competir con sus pares en el interior del país y con los del resto del mundo; y el gobierno, si quiere lograr elevadas tasas de crecimiento, tiene que dedicarse a atraer inversión tanto del interior como del exterior. Una estrategia de confrontación en este entorno crea incertidumbre y lleva a la alienación del inversionista y, por lo tanto, a la recesión de la economía.

La característica nodal de las naciones que crecen y tienen éxito es la cohesión social y el consenso, lo que les permite atacar los males que nos aquejan, como la pobreza, el estancamiento económico y la violencia. Por donde uno le busque, lo que sobresale en naciones como Chile, Colombia, España, Taiwán o Singapur es una claridad de miras hacia el futuro. Sus políticos se desviven por proyectar una nación exitosa y buscan el apoyo decidido de la ciudadanía.

La estrategia de confrontación entraña el enorme riesgo de dejar un legado de resentimiento, polarización, desasosiego y crisis, décadas después de que concluya el presente sexenio, un escenario que ni el presidente ni mexicano alguno podrían ver con beneplácito.

Falta de brújula

Luis Rubio

En uno de los episodios finales de Los Simpsons, el soporífero y aturdido octogenario abuelo es reclutado como esquirol para romper una huelga en una planta nuclear. Su táctica: aturdir, si no es que arrullar, a los huelguistas contándoles historias que no tienen pies ni cabeza para agobiarlos, agotarlos y, finalmente, vencerlos. Así parecen los gobernadores priistas frente a AMLO: abrumados, perdidos y derrotados.

Si algo resulta evidente de observar la manera de funcionar tanto de la política como de los negocios en el mundo a lo largo del tiempo es que sobreviven quienes tienen claro el rumbo, entienden el contexto y no se pierden entre los árboles. Quienes comprenden el bosque tienen la oportunidad de vencer hasta al más poderoso o al más incompetente porque la alternativa, dejarse llevar por la corriente, lleva siempre a la quiebra o a la desaparición.

Esto que es tan obvio parece eludir a los gobernadores priistas que van ciegamente al desfiladero que con tanta habilidad les ha marcado el flautista de Hamelin, hoy residente en el Palacio Nacional.

El PRI es la cantera más importante de política y políticos en el país. Prácticamente no hay persona de poder en México que no haya surgido de sus filas o se haya formado en su escuela de política. Por décadas, fue el vehículo -por demás exitoso- para la construcción del país en la etapa postrevolucionaria y lo hizo con los instrumentos y métodos de la época: la lealtad y la corrupción fueron características no sólo prototípicas sino inherentes y fundacionales. Su éxito también fue la fuente de su creciente erosión, porque todo sirve hasta que se agota.

En 2000 la ciudadanía optó por otro partido y el PRI se encontró, por primera vez en su historia, en la orfandad. En los siguientes doce años los priistas jugaron un papel fundamental como oposición responsable y, de hecho, hicieron posible la preservación de la estabilidad del país; sin embargo, no emplearon ese tiempo para transformarse. En 2012 regresaron al poder con la bandera del “nuevo” PRI, que de nuevo sólo tenía la flagrancia de la corrupción y la arrogancia del poder, incompatible con la era de las redes sociales. En lugar de responder a las demandas del siglo XXI, su “transformación” fue hacia atrás, hacia sus orígenes. El juicio de la ciudadanía en 2018 lo dice todo.

Ahora los priistas tienen dos opciones muy simples y claras: intentar reconstruirse o sucumbir ante el canto de las sirenas lopezobradoristas. No tiene de otra: aceptar el camino (o la trampa) que AMLO le ha tendido a los gobernadores (seguramente a cambio de presupuestos) para sumarse a la “gran transformación” que enarbola el presidente en la forma de la 4T, o volver a picar piedra con la esperanza (porque no hay mucho más) de construir un nuevo partido, compatible y visionario para las realidades nacionales y mundiales de esta era tan convulsa y compleja que nos ha tocado vivir.

Es fácil entender por qué resulta tan atractivo el llamado presidencial; primero que nada, porque constituye una salida cómoda: para qué construir algo nuevo si se puede vivir con generosidad en el corto plazo. En segundo lugar, la salida cómoda no implica confrontación y sí resuelve el problema de la operación cotidiana. Si así hubieran pensado los Elías Calles o los Cárdenas, México probablemente habría acabado como las frágiles economías y sociedades de muchas naciones latinoamericanas.

En lugar de debatir la reconstrucción institucional del país, a la cual un PRI transformado podría aportar tanto, los priistas están sumidos en un pleito de lavanderas sobre el número de militantes que, todo indica, no pueden certificar frente al INE y que seguramente los sumiría en un interminable conflicto postelectoral que, además de hacer el ridículo, justificaría el escarnio y desprecio de que goza el instituto entre buena parte del electorado. Por eso es tan trascendente el método que decidan para elegir a su próximo dirigente.

El método importa por tres razones: primero, porque debe lograr al menos un objetivo de manera contundente: que no haya disputa sobre al resultado. Hoy hay certeza de que una elección no certificada por el INE llevaría a una disputa, que podría surgir tanto de la probable manipulación de los votos como de la vulnerabilidad de un padrón no confiable, potencialmente sancionable por el INE. En segundo lugar, lo que el PRI -y México- requieren es un partido que construya institucionalidad y se constituya en un contendiente creíble para el futuro. Un partido subordinado al presidente difícilmente cumpliría ese cometido y eso es lo que los gobernadores están promoviendo. Finalmente, un método indisputable le conferiría legitimidad a un partido que, por su historia y capacidad, podría ser gobernante en el futuro pero que, por donde va, avanza directo a su desaparición.

La elección del 2 de junio mostró al PAN como el gran ganador (o al que menos mal le fue) porque ha articulado una postura congruente que lo ha convertido en el bastión de la oposición. Los priistas tienen mucho que aprender de lo que la ciudadanía está observando y cómo está se está comportando. Como diría el cantante Jimmy Dean, “no se puede mandar al viento, pero sí se pueden ajustar las velas.”

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16 Jun. 2019

La política exterior es interior

Luis Rubio

La carta que envió el presidente López Obrador al presidente Trump puede tener muchas lecturas, pero una gran certeza: es un documento concebido desde y para fines de la política interna y, en esos términos, ha sido un gran éxito. En adición al apoyo popular que, desde el comienzo, ha sido masivo, ahora puede jactarse de contar con la simpatía, si no es que con el reconocimiento, de buena parte de la sociedad -empresarios, comentaristas y críticos- que no estaban con él. El éxito es notable. Captando la nueva tónica, un comentarista afirmó que “Trump logró convertir a AMLO de líder en Jefe de Estado”. El apoyo es innegable; la pregunta es si eso resuelve el problema.

El contexto es fundamental: en los de facto diez meses en que AMLO ha gobernado, la característica central ha sido de confrontación en un país sumamente dividido. La estrategia de ataque que ha empleado el presidente le ha rendido frutos, pero ha sido sostenible sólo porque los mercados financieros internacionales, en contraste con otras eras de la política y economía del país, han sido indiferentes a las discusiones internas. Mientras las exportaciones fluyan, el diferencial de tasas de interés se mantenga y las calificadoras ignoren sus propias admoniciones respecto a la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, los inversionistas de portafolio no verán razón alguna para cambiar su estrategia, muy rentable hasta la fecha. La reciente acción por parte de Trump podría cambiar esa ecuación, como ilustró el cambio de calificación.

En “Cien años de soledad”, Gabriel García Márquez crea personajes que habitan mundos paralelos que, aunque se ven, nunca se acercan. El famoso realismo mágico que describe el escritor colombiano no parece muy distante de los sucesos de los últimos días. Trump -otro personaje de un realismo igualmente hechicero- logró combinar dos obsesiones de una manera catastrófica para México. Su prejuicio de que los déficits comerciales son malos y dañinos para la economía es bien conocido, pero ahora lo combinó con el asunto de los flujos migratorios, quizá el elemento más trascendente en su estrategia electoral de 2016. Es evidente que, para Trump, el más reciente amago constituye el cimiento perfecto para lanzar su campaña para la reelección. Cada lado con su propio realismo mágico.

Cualquiera que sea el devenir de largo plazo del asunto arancelario o de la campaña, el impacto sobre México puede ser descomunal. La verdadera asimetría en la relación no radica en el poder de cada uno de los gobiernos, sino en el desproporcionado impacto que cualquier medida de allá tiene sobre México: mientras que una decisión del gobierno mexicano no es más que un pequeño murmuro para los estadounidenses, casi cualquier acción del gobierno estadounidense entraña consecuencias desmedidas sobre nuestro país. La pura amenaza de los aranceles provocó una devaluación de más de 3%, patrón que ha sido no sólo histórico, sino especialmente característico del actuar de Trump desde su campaña presidencial hace tres años.

El problema de la más reciente táctica de Trump para México es que ataca, de un golpe, los tres elementos clave de la estabilidad del país. Primero, con su amenaza de imponer aranceles crecientes, se ponen en entredicho las exportaciones; segundo, la inestabilidad cambiaria que la misma medida ha generado reduce el atractivo que el diferencial de tasas ofrecía hasta ahora; y, tercero, la presión sobre las agencias calificadoras seguirá aumentando, toda vez que dos de los vectores clave en sus consideraciones -los proyectos de infraestructura que consideran imposibles de financiarse y las exportaciones que garantizan el flujo de dólares- ahora juegan en sentido contrario. Y lo peor es que no hay mucho que el gobierno mexicano pueda hacer para cambiar la realidad migratoria en el corto plazo.

Al mismo tiempo, todos los mexicanos sabemos que el gobierno mexicano lleva décadas prometiendo acciones y respuestas a los flujos migratorios y no ha hecho nada al respecto. Como nunca hubo consecuencias a la inacción, en México siempre se pretendió que esto no era más que un juego de espejos, situación que cambió desde la campaña del hoy presidente de EUA. El extremo ha sido el otorgamiento de visas de trabajo y tránsito del gobierno actual, creando un incentivo que contribuyó a desatar el súbito y enorme crecimiento en esos flujos. En el peor momento: con Trump.

El momento es propicio para un reencauzamiento de la política interna. El presidente ha logrado generar, en buena medida gracias a Trump, una tregua en política interna, lo que confirma su propio dicho, así sea a la inversa, de que la mejor política interior es una buena política exterior, recurso frecuente en décadas pasadas. La oportunidad está en sus manos: el presidente tiene el sartén por el mango y podría emplearlo para empecinarse en una estrategia divisiva y cierta de provocar a las calificadoras, o para sumar a toda la población y convertirse en el factor transformador que el país necesita y con el que él ha soñado. La oportunidad es única y extraordinaria y, con suerte, podría contribuir a evitar que se consumen las peores consecuencias de la conflagración que entraña el actuar de Trump y la estrategia del gobierno de AMLO a la fecha.

 

 

09 Jun. 2019

 

Capacidad de gobierno

Luis Rubio

 No hay problema más grande en el país que el desempate entre las capacidades del gobierno (federal, estatal y municipal) y los requerimientos que le impone -al propio gobierno- la urgencia de lograr el desarrollo. Gracias a la diferencia entre las capacidades reales del gobierno (cada vez menores) y la demanda por seguridad, servicios y respuestas, el país ha sido incapaz de avanzar a un ritmo sensiblemente mayor. Tenemos un sistema de gobierno muy incompetente que no sirve para hacer posible el crecimiento de la economía, que no atrae inversión y que no resuelve los problemas que afectan a la población y desincentivan al desarrollo en general.

El problema no es exclusivamente mexicano, aunque aquí haya adquirido dimensiones excepcionales. El cambio tecnológico, las fuerzas desatadas por la liberalización económica, las brutales presiones y el poder que acompañan al narco y, en general, al crimen organizado, son todos factores que han deteriorado la capacidad de gobierno en innumerables naciones. En México, el problema se agrava por la forma en que se constituyó el sistema de gobierno a partir del fin de la Revolución, una entidad menos dedicada a atender las necesidades del desarrollo que a preservar la paz y a responder a las demandas de los beneficiarios del statu quo que surgió de la propia gesta. El colapso de los gobiernos priistas en el 2000 no vino acompañado de la construcción de una estructura idónea para un país que se había venido transformando aunque solo parcialmente: se fue el autoritarismo pero no llegó un mejor gobierno.

Muchos países han pasado por procesos complejos de transformación pero pocos se han transformado, lo que hace tanto más notables a los que sí han logrado un cambio profundo en sus estructuras sociales, económicas y gubernamentales. En nuestro hemisferio, muchos países han pasado por procesos traumáticos de cambio, pero sólo Chile puede decir que se ha transformado, aunque Colombia poco a poco se le va acercando.

Estudiando a la India, es notable lo que ha avanzado, tanto como la enormidad de lo que le falta por hacer. Más que una elevada tasa de crecimiento o las decenas de millones de indios que van saliendo de la pobreza para integrarse al mundo moderno, lo extraordinario de la India es la transformación (gradual) de sus capacidades como gobierno, en buena medida gracias al uso de la tecnología. En lugar de intentar copiar la forma en que otras naciones han procurado acelerar el paso del crecimiento económico, India ha optado por un proceso muy distinto, cuyo devenir todavía está por decidirse.

El uso de la tecnología ha sido un elemento especialmente interesante. Hace algunos años se realizó el registro biométrico de toda la población, un proceso nada sencillo en una nación tan grande, con una población rural mayoritaria y con más de mil trescientos millones de ciudadanos. Una vez construido el censo, el país súbitamente pudo contar con un mecanismo que permite identificar a la totalidad de la población y localizarla geográficamente. De ahí siguió la creación de un “sistema unificado de pagos” que tiene la virtud de permitir que una persona le haga un pago a otra o a una empresa con el uso del número emanado de la base biométrica y su respectiva contraseña. Esto que parece pequeño ha permitido eliminar burocratismos e intermediarios (con sus comisiones), para facilitar la integración de un solo mercado nacional, algo que parecía imposible hace sólo una década.

El sistema de pagos ha permitido la inclusión de la totalidad de la población al sistema financiero casi de un plumazo. De la misma forma, se ha hecho posible la provisión de servicios de salud y educación (proceso que apenas comienza) en los lugares más recónditos. La red de comunicaciones inalámbricas (con más de mil millones de teléfonos celulares registrados) contribuye a la modernización de los intercambios de bienes y la introducción de un programa dedicado a la mejoría de las habilidades de toda la población adulta favorece el crecimiento de la productividad. El punto es que la calidad del gobierno ha ido mejorando en buena medida porque el gobierno dejó de estar simplemente sentado ahí para dedicarse expresamente a crear condiciones para el crecimiento económico.

Quienquiera que haya visitado la India sabe bien que se trata de una nación sumamente pobre, con un ingreso per cápita que es sólo una fracción del mexicano y con enormes carencias, además de los ingentes problemas derivados de su extraordinaria complejidad étnica, religiosa, política y lingüística. Sin embargo, lo notable es el entusiasmo de la población por avanzar, mejorar y entrar en un nuevo estadio del desarrollo: los indios se han imaginado un futuro exitoso y están decididos a construirlo. Todo ello ha sido posible en buena medida por la claridad de propósito de sus gobiernos recientes, que han enfocado los recursos existentes a crear condiciones para el crecimiento. Mero sentido común.

Los problemas de India en la actualidad son los que ha producido un proceso sumamente disruptivo de cambio institucional y económico, mucho de ello producto del crecimiento acelerado a lo largo de varios lustros. Ojalá algún día lleguemos a tener ese problema.

 

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02 Jun. 2019

Otras herencias

Luis Rubio

 

Miedos, intereses, inercias y una gran miopía impidieron que el país llevara a cabo una transformación integral en las pasadas cuatro décadas. Se emprendieron reformas de diversa índole, algunas más profundas que otras, pero siempre de manera parcial; siempre hubo limitaciones y poderosos intereses que sesgaron los procesos de reforma en aras de preservar cotos de caza, negocios particulares y oportunidades de corrupción. Aun así, hubo muchas reformas exitosas en el ámbito económico, pero se dejó prácticamente intacto al sistema político, lo que dejó un sinnúmero de espacios en los que interactuaban -más bien chocaban- los procesos de reforma económica con las realidades del poder y de los políticos.

Andrés Manuel López Obrador afirma repetidamente que en los pasados 36 años no se avanzó nada, que todo fue malo. Sus afirmaciones son factualmente erradas, toda vez que la evidencia es abrumadora en sentido contrario: quienquiera que haya cruzado por el Bajío en los últimos años podrá apreciar la espectacular transformación que han experimentado estados como Querétaro y Aguascalientes y, de ahí, toda la región hacia el norte y buena parte del noroeste del país. Si uno observa el comportamiento de las exportaciones, México se ha convertido en una verdadera potencia mundial. En una palabra, la transformación es real como pueden atestiguar decenas de millones de mexicanos.

Pero AMLO tiene absoluta razón en que el cambio y progreso que se ha dado ha sido sumamente desigual al no beneficiar de la misma forma a la totalidad de la población. Quienquiera que haya visitado Oaxaca, Chiapas o Guerrero sabe bien que ahí el progreso ha sido mucho más limitado, que las formas de vida, control social y político de antaño siguen prevaleciendo y que la vida cotidiana para la mayoría de la población no ha cambiado mayormente en décadas si no es que en siglos. Al mismo tiempo, AMLO debería estar contento de que así fuera, pues, de otra forma, jamás habría sido electo.

El punto es muy claro: los mexicanos estamos pagando el costo de la reticencia a reformar al país de manera integral, de tal suerte que toda la población, de todas las regiones, tuviera la misma oportunidad de entrar de lleno al mundo del crecimiento y la productividad. Eso ha venido ocurriendo en naciones como Chile y Colombia, para no hablar de varias naciones asiáticas y europeas, donde las reformas fueron integrales, sin miramiento y sin el prurito de preservar espacios para la depredación por parte de intereses particulares a través de negocios y oportunidades de corrupción.

En la contienda interna del PRI que está teniendo lugar en estos días se puede observar este fenómeno de manera nítida: dos corrientes encontradas, una que mira hacia el futuro, otra que quiere preservar el estancamiento del pasado, porque ello beneficia a grupos retardatarios. Lo que se aprecia en el PRI no es más que un microcosmos del país en su conjunto: los que quieren ir hacia adelante vs los que quieren volver, preservar o recrear un pasado idílico que de bueno no tuvo (casi) nada para la ciudadanía común y corriente.

Además de hacer posible el triunfo de un proyecto reaccionario y retardatario, el país padece las consecuencias de la inacción reformadora en los más diversos ámbitos. Primero que nada, en la pobreza que persiste a pesar de tanta reforma, pero que es explicable: baste ver la poca infraestructura que se construyó en las pasadas décadas en el sur del país, sin la cual es inconcebible atraer inversión productiva, a lo que se suma el devenir educativo de la región, que habla por sí mismo. Segundo, las enormes dificultades que enfrentan personas y empresas, sobre todo pequeñas y medianas, para elevar su productividad, sin lo cual jamás podrán prosperar. Y, tercero, y más trascendente porque revela la principal lacra del país, el mundo de extorsión que caracteriza todo lo que pasa, en todos los ámbitos y que constituye un verdadero modus vivendi para la burocracia, los policías, los partidos políticos, la justicia y los gobiernos y del que no se salvan ni las empresas grandes o los poderosos, aunque tengan mejores medios para enfrentarlo.

Estos asuntos no son excepcionales en el mundo y han sido ampliamente estudiados desde Montesquieu hasta los teóricos de la modernización del siglo XX. Para prosperar es indispensable un sistema de gobierno que cree condiciones para el progreso y la transición de un viejo statu quo a una nueva realidad es siempre escabrosa y compleja, dejando innumerables espacios de desajuste en el camino, como podría ser la violencia en la actualidad.

Para verdaderamente lograr un crecimiento integral y equilibrado, el país requiere completar esa transformación que quedó trunca en las últimas décadas. El presidente podrá perseverar en su proceso de retracción hacia el pasado (lo que no augura nada bueno) o aprovechar su extraordinaria circunstancia -de legitimidad y capacidad política- para construir y arraigar una nueva estructura política abierta y democrática en conjunto con un sistema de gobierno transformado, compatible con las realidades del siglo XXI y susceptible de promover la prosperidad de toda la población. La pregunta sigue siendo: hacia adelante o hacia atrás.

 

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26 May. 2019

 

Herencias

Luis Rubio

El gobierno enfrenta desafíos inenarrables en los más diversos ámbitos, para los cuales no tiene soluciones razonables y viables. La inseguridad,  la pobreza y la falta de crecimiento, por mencionar sólo algunos, son problemas nodales que el país enfrenta desde hace décadas ‑si no es que siglos‑ y que difícilmente cederán con las estrategias que se están adoptando. Sin embargo, hay un ámbito en el cual el legado del gobierno anterior es particularmente grave porque restringe la capacidad de acción del presidente López Obrador, pero, sobre todo, porque constituye una verdadera vergüenza para un gobierno que, con toda su arrogancia, se auto tildaba de ortodoxo: las finanzas públicas.

La administración anterior incrementó la deuda pública en casi diez puntos porcentuales respecto del PIB, a pesar de haber impulsado una de las reformas fiscales más recaudatorias (y perniciosas para el crecimiento) en décadas. Adicionalmente, endeudó a Pemex con más de 45 billones de dólares, colocando a la empresa en virtual quiebra. No sólo eso: el crecimiento de la deuda fue esencialmente en instrumentos en moneda extranjera, lo incrementó la vulnerabilidad del país, misma que explica la extrema depreciación que experimentó el peso durante esos años.

Aunque en el último tercio de ese sexenio hubo un dedicado esfuerzo a corregir los excesos de endeudamiento y desarrollar un programa financiero aceptable para los tenedores de bonos de “nuestra” petrolera, la herencia para el gobierno actual fue tóxica. Algunas muestras de ello son la crisis financiera del ISSSTE que compromete su funcionamiento, las altas tasas de interés vigentes y los costos del servicio de la deuda y, sobre todo, el enorme riesgo que representan las finanzas de Pemex para el gobierno y el país en general.

Esta no es la primera vez que un gobierno hereda una situación financiera precaria y hasta peligrosa. Baste recordar la que Echeverría dejó al país, la que le heredó López Portillo a Miguel de la Madrid o la que Salinas dejó a Zedillo. Las dos primeras fueron producto de errores de párvulos en la conducción económica, motivados por prejuicios ideológicos y pretensiones políticas que implicaron el abandono de los criterios de desarrollo de las décadas anteriores. La última por el manejo de la deuda en un momento de alta volatilidad política. La paradoja de esto es que el gobierno actual recibió un panorama financiero de fragilidad, pero parece decidido a empeorarlo.

La situación actual es precaria por lo elevado de la deuda pública, la virtual bancarrota de Pemex y las enormes presiones de gasto que el propio gobierno se está generando. En contraste con los setenta y ochenta, hoy el país goza de amplias reservas internacionales y de la credibilidad que por décadas se gestó entre los agentes de los mercados financieros, lo que le permite obtener financiamiento del exterior con relativa facilidad, aunque esa credibilidad se ha venido erosionado por el desorden que priva en el gobierno, así como las dudas sobre los proyectos que impulsa el presidente. El riesgo de perder la confianza de los mercados internacionales –por asuntos internos o por la incertidumbre relativa al TLC- son riesgos que no se pueden soslayar, pues su impacto interno sería devastador.

El contraste más fundamental con aquellas administraciones es mucho más trascendente: tanto en 1976 como en 1982 y 1994, los herederos de aquellas crisis se abocaron modernizar la economía, enfocándose a promover la inversión, atraer capitales y resolver los problemas tanto financieros como estructurales que padecía el país. El gobierno actual está aferrado en hacer lo contrario: retornar a megaproyectos de inversión pública con dudosas tasas de retorno (como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya) y al crecimiento de subsidios orientados a afianzar clientelas políticas, en lugar de sentar las bases para el crecimiento de la economía en el largo plazo. Nada simboliza mejor las contradicciones del actual gobierno que la cancelación del proyecto más susceptible de generar crecimiento económico y mejorar la competitividad como lo era el nuevo aeropuerto de la ciudad de México, en favor de dos elefantes blancos.

Si a todo esto se agrega el crecimiento exponencial del costo de las pensiones que va a experimentar el gobierno en los próximos años (algo que es sabido desde hace décadas, producto de la mayor longevidad de la población), y el similar crecimiento de los programas clientelares que ha diseñado el gobierno actual, el problema fiscal no podrá más que exacerbarse. A ello habrá que adicionar el proyecto de fusionar a los diversos componentes del sistema de salud, con el riesgo de reproducir, entre los médicos y el resto del personal del sector, el fenómeno sindical que atosiga a la educación.

En una palabra, la problemática fiscal existente se agudizará, lo que anticipa riesgos que esta administración acabará enfrentando y que, aunque no fueron causados por el gobierno actual, son enormes y extremadamente delicados. La pésima gestión hacendaria de la administración anterior ya hizo posible el triunfo del hoy presidente López Obrador y podría acabar siendo una herencia envenenada.

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19 mayo 2019

 

Desencuentro

Luis Rubio

No es de sorprender la existencia de tensiones entre las necesidades de la economía para poder progresar y las demandas que impone la población a través de los mecanismos democráticos. Para atraer inversiones y crear condiciones para el progreso, los gobiernos tienen que contenerse en materia presupuestal y evitar distorsiones como las que producen subsidios, restricciones al comercio y otras medidas discrecionales. Por su parte, la ciudadanía, a través de su voto, demanda soluciones, mejores condiciones de vida y seguridad para su propio desarrollo y bienestar. Si el gobierno actúa bien, no hay razón para que ambos factores resulten contradictorios, al menos si se le da suficiente tiempo para cuajar a lo primero. Sin embargo, en la era de las comunicaciones instantáneas y las expectativas desbordadas, los votantes quieren satisfactores inmediatos.

La tensión entre ambos fenómenos -la política gubernamental y los requerimientos de la población- es algo inevitable en la sociedad humana, pero se ha exacerbado en la era de la información, produciendo nuevas fuentes de conflicto.

En la segunda mitad del siglo XX, dominó la noción de que la democracia liberal era el patrón contra el cual todas las naciones tenían que medirse, lo que llevo a que las dictaduras y dictablandas del mundo adoptaran medidas de apariencia democrática, como elecciones, que en realidad no eran muy democráticas pero cumplían con la formalidad. Todo esto cambió en la última década tanto por la crisis financiera de 2008 como por el mero hecho de que China haya logrado un avance económico excepcional sin siquiera pretender ser una democracia. Hoy hemos llegado al momento en que innumerables gobiernos dictatoriales, autoritarios o, al menos, no democráticos, se sienten legitimados y no perciben necesidad alguna de justificar su mano dura o no democrática.

En Democracia y Prosperidad, Iversen y Soskice argumentan que la democracia y el capitalismo no sólo son compatibles, sino que una es inviable sin la existencia del otro. Su planteamiento se fundamenta en tres elementos: primero, se requiere un gobierno que funcione y que establezca y haga cumplir las reglas para la interacción social y económica; es decir, el mercado y el Estado son dos componentes cruciales del desarrollo. En segundo lugar, la educación es central al desarrollo y más en sociedades avanzadas porque en la medida en que se eleva la complejidad social, tecnológica y económica, la población siempre demanda la existencia de un gobierno competente y sólo una población altamente educada puede aspirar al desarrollo en la era digital. De esta forma, tercero, el desarrollo requiere habilidades particulares que usualmente se multiplican a través de redes y comunidades y, por lo tanto, tiene una naturaleza geográfica. Esto último explica porqué se han concentrado empresas electrónicas en Jalisco, automotrices en el Bajío, de aviación en Querétaro o la antigua industria zapatera en Guanajuato.

Detrás del planteamiento de estos autores reside la tesis de que la democracia funciona y es estable en la medida en que el gobierno, y los partidos políticos, son capaces de satisfacer a las clases medias, elemento crucial tanto del crecimiento económico como de la estabilidad política. La clave de todo esto consiste en un principio elemental: cuando un gobierno es democrático, tiene que proveer a la población y a las empresas las condiciones que les permitan ser exitosas y en eso radica la esencia de la democracia, en responderle de manera efectiva a la ciudadanía.

¿Será aplicable esta tesis a la realidad mexicana actual? Por un lado, la popularidad del presidente sugeriría que el elevado reconocimiento de que goza es independiente del desempeño económico. Sin embargo, si uno observa las encuestas, el electorado distingue nítidamente entre su respeto al presidente y su apoyo a las medidas y decisiones que éste está tomando. Mientras que el apoyo a la persona rebasa el 60%, la aprobación a sus medidas fluctúa entre el 20% y el 40%. Es decir, la mayoría de la población no coincide con la forma en que gobierna, pero aprueba masivamente a la persona del presidente. Por otro lado, la población que aprueba al presidente no es homogénea: hay una cohorte que lleva lustros apoyándolo y que le concede toda la latitud que requiera, pero hay otros grupos que son más volátiles y que esperan soluciones prontas y expeditas. El común denominador es que todo mundo espera respuestas, pero algunos tienen más paciencia que otros.

La mexicana todavía es, en muchos sentidos, una sociedad industrial, y en las sociedades industriales, dicen los autores, los trabajadores con habilidades y los que no las tienen (producto de las fallas del sistema educativo) son interdependientes; sin embargo, en la medida en que la economía avanza hacia la digitalización, esa interdependencia desaparece y es ahí donde surgen las crisis políticas y los abusos de grupos de interés.

Los autores afirman que el populismo surge cuando sectores importantes de la sociedad dejan de verse representados por el sistema político. Esto explica el triunfo de AMLO el año pasado; también constituye un reto para responderle a esa población a tiempo y de manera exitosa.

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12 May. 2019