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Herencias

Luis Rubio

El gobierno enfrenta desafíos inenarrables en los más diversos ámbitos, para los cuales no tiene soluciones razonables y viables. La inseguridad,  la pobreza y la falta de crecimiento, por mencionar sólo algunos, son problemas nodales que el país enfrenta desde hace décadas ‑si no es que siglos‑ y que difícilmente cederán con las estrategias que se están adoptando. Sin embargo, hay un ámbito en el cual el legado del gobierno anterior es particularmente grave porque restringe la capacidad de acción del presidente López Obrador, pero, sobre todo, porque constituye una verdadera vergüenza para un gobierno que, con toda su arrogancia, se auto tildaba de ortodoxo: las finanzas públicas.

La administración anterior incrementó la deuda pública en casi diez puntos porcentuales respecto del PIB, a pesar de haber impulsado una de las reformas fiscales más recaudatorias (y perniciosas para el crecimiento) en décadas. Adicionalmente, endeudó a Pemex con más de 45 billones de dólares, colocando a la empresa en virtual quiebra. No sólo eso: el crecimiento de la deuda fue esencialmente en instrumentos en moneda extranjera, lo incrementó la vulnerabilidad del país, misma que explica la extrema depreciación que experimentó el peso durante esos años.

Aunque en el último tercio de ese sexenio hubo un dedicado esfuerzo a corregir los excesos de endeudamiento y desarrollar un programa financiero aceptable para los tenedores de bonos de “nuestra” petrolera, la herencia para el gobierno actual fue tóxica. Algunas muestras de ello son la crisis financiera del ISSSTE que compromete su funcionamiento, las altas tasas de interés vigentes y los costos del servicio de la deuda y, sobre todo, el enorme riesgo que representan las finanzas de Pemex para el gobierno y el país en general.

Esta no es la primera vez que un gobierno hereda una situación financiera precaria y hasta peligrosa. Baste recordar la que Echeverría dejó al país, la que le heredó López Portillo a Miguel de la Madrid o la que Salinas dejó a Zedillo. Las dos primeras fueron producto de errores de párvulos en la conducción económica, motivados por prejuicios ideológicos y pretensiones políticas que implicaron el abandono de los criterios de desarrollo de las décadas anteriores. La última por el manejo de la deuda en un momento de alta volatilidad política. La paradoja de esto es que el gobierno actual recibió un panorama financiero de fragilidad, pero parece decidido a empeorarlo.

La situación actual es precaria por lo elevado de la deuda pública, la virtual bancarrota de Pemex y las enormes presiones de gasto que el propio gobierno se está generando. En contraste con los setenta y ochenta, hoy el país goza de amplias reservas internacionales y de la credibilidad que por décadas se gestó entre los agentes de los mercados financieros, lo que le permite obtener financiamiento del exterior con relativa facilidad, aunque esa credibilidad se ha venido erosionado por el desorden que priva en el gobierno, así como las dudas sobre los proyectos que impulsa el presidente. El riesgo de perder la confianza de los mercados internacionales –por asuntos internos o por la incertidumbre relativa al TLC- son riesgos que no se pueden soslayar, pues su impacto interno sería devastador.

El contraste más fundamental con aquellas administraciones es mucho más trascendente: tanto en 1976 como en 1982 y 1994, los herederos de aquellas crisis se abocaron modernizar la economía, enfocándose a promover la inversión, atraer capitales y resolver los problemas tanto financieros como estructurales que padecía el país. El gobierno actual está aferrado en hacer lo contrario: retornar a megaproyectos de inversión pública con dudosas tasas de retorno (como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya) y al crecimiento de subsidios orientados a afianzar clientelas políticas, en lugar de sentar las bases para el crecimiento de la economía en el largo plazo. Nada simboliza mejor las contradicciones del actual gobierno que la cancelación del proyecto más susceptible de generar crecimiento económico y mejorar la competitividad como lo era el nuevo aeropuerto de la ciudad de México, en favor de dos elefantes blancos.

Si a todo esto se agrega el crecimiento exponencial del costo de las pensiones que va a experimentar el gobierno en los próximos años (algo que es sabido desde hace décadas, producto de la mayor longevidad de la población), y el similar crecimiento de los programas clientelares que ha diseñado el gobierno actual, el problema fiscal no podrá más que exacerbarse. A ello habrá que adicionar el proyecto de fusionar a los diversos componentes del sistema de salud, con el riesgo de reproducir, entre los médicos y el resto del personal del sector, el fenómeno sindical que atosiga a la educación.

En una palabra, la problemática fiscal existente se agudizará, lo que anticipa riesgos que esta administración acabará enfrentando y que, aunque no fueron causados por el gobierno actual, son enormes y extremadamente delicados. La pésima gestión hacendaria de la administración anterior ya hizo posible el triunfo del hoy presidente López Obrador y podría acabar siendo una herencia envenenada.

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19 mayo 2019

 

Desencuentro

Luis Rubio

No es de sorprender la existencia de tensiones entre las necesidades de la economía para poder progresar y las demandas que impone la población a través de los mecanismos democráticos. Para atraer inversiones y crear condiciones para el progreso, los gobiernos tienen que contenerse en materia presupuestal y evitar distorsiones como las que producen subsidios, restricciones al comercio y otras medidas discrecionales. Por su parte, la ciudadanía, a través de su voto, demanda soluciones, mejores condiciones de vida y seguridad para su propio desarrollo y bienestar. Si el gobierno actúa bien, no hay razón para que ambos factores resulten contradictorios, al menos si se le da suficiente tiempo para cuajar a lo primero. Sin embargo, en la era de las comunicaciones instantáneas y las expectativas desbordadas, los votantes quieren satisfactores inmediatos.

La tensión entre ambos fenómenos -la política gubernamental y los requerimientos de la población- es algo inevitable en la sociedad humana, pero se ha exacerbado en la era de la información, produciendo nuevas fuentes de conflicto.

En la segunda mitad del siglo XX, dominó la noción de que la democracia liberal era el patrón contra el cual todas las naciones tenían que medirse, lo que llevo a que las dictaduras y dictablandas del mundo adoptaran medidas de apariencia democrática, como elecciones, que en realidad no eran muy democráticas pero cumplían con la formalidad. Todo esto cambió en la última década tanto por la crisis financiera de 2008 como por el mero hecho de que China haya logrado un avance económico excepcional sin siquiera pretender ser una democracia. Hoy hemos llegado al momento en que innumerables gobiernos dictatoriales, autoritarios o, al menos, no democráticos, se sienten legitimados y no perciben necesidad alguna de justificar su mano dura o no democrática.

En Democracia y Prosperidad, Iversen y Soskice argumentan que la democracia y el capitalismo no sólo son compatibles, sino que una es inviable sin la existencia del otro. Su planteamiento se fundamenta en tres elementos: primero, se requiere un gobierno que funcione y que establezca y haga cumplir las reglas para la interacción social y económica; es decir, el mercado y el Estado son dos componentes cruciales del desarrollo. En segundo lugar, la educación es central al desarrollo y más en sociedades avanzadas porque en la medida en que se eleva la complejidad social, tecnológica y económica, la población siempre demanda la existencia de un gobierno competente y sólo una población altamente educada puede aspirar al desarrollo en la era digital. De esta forma, tercero, el desarrollo requiere habilidades particulares que usualmente se multiplican a través de redes y comunidades y, por lo tanto, tiene una naturaleza geográfica. Esto último explica porqué se han concentrado empresas electrónicas en Jalisco, automotrices en el Bajío, de aviación en Querétaro o la antigua industria zapatera en Guanajuato.

Detrás del planteamiento de estos autores reside la tesis de que la democracia funciona y es estable en la medida en que el gobierno, y los partidos políticos, son capaces de satisfacer a las clases medias, elemento crucial tanto del crecimiento económico como de la estabilidad política. La clave de todo esto consiste en un principio elemental: cuando un gobierno es democrático, tiene que proveer a la población y a las empresas las condiciones que les permitan ser exitosas y en eso radica la esencia de la democracia, en responderle de manera efectiva a la ciudadanía.

¿Será aplicable esta tesis a la realidad mexicana actual? Por un lado, la popularidad del presidente sugeriría que el elevado reconocimiento de que goza es independiente del desempeño económico. Sin embargo, si uno observa las encuestas, el electorado distingue nítidamente entre su respeto al presidente y su apoyo a las medidas y decisiones que éste está tomando. Mientras que el apoyo a la persona rebasa el 60%, la aprobación a sus medidas fluctúa entre el 20% y el 40%. Es decir, la mayoría de la población no coincide con la forma en que gobierna, pero aprueba masivamente a la persona del presidente. Por otro lado, la población que aprueba al presidente no es homogénea: hay una cohorte que lleva lustros apoyándolo y que le concede toda la latitud que requiera, pero hay otros grupos que son más volátiles y que esperan soluciones prontas y expeditas. El común denominador es que todo mundo espera respuestas, pero algunos tienen más paciencia que otros.

La mexicana todavía es, en muchos sentidos, una sociedad industrial, y en las sociedades industriales, dicen los autores, los trabajadores con habilidades y los que no las tienen (producto de las fallas del sistema educativo) son interdependientes; sin embargo, en la medida en que la economía avanza hacia la digitalización, esa interdependencia desaparece y es ahí donde surgen las crisis políticas y los abusos de grupos de interés.

Los autores afirman que el populismo surge cuando sectores importantes de la sociedad dejan de verse representados por el sistema político. Esto explica el triunfo de AMLO el año pasado; también constituye un reto para responderle a esa población a tiempo y de manera exitosa.

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12 May. 2019

 

 

Costos ¿y beneficios?

 Luis Rubio

El presidente avanza con celeridad en todos los frentes. En el ámbito económico, ha neutralizado, desmantelado o disminuido a prácticamente todas las entidades diseñadas para regular inversiones y el funcionamiento de mercados, incluyendo la electricidad, los hidrocarburos, así como los consejos de administración de las empresas “productivas” del estado y los bancos de desarrollo. Aún antes de iniciar el sexenio, ya había cancelado el nuevo aeropuerto de la ciudad de México y anunciado la construcción de proyectos de dudosa viabilidad económica, como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Cada una de estas acciones tiene implicaciones para el presupuesto gubernamental y para la credibilidad del gobierno en su conducción económica y, sin embargo, no ha tenido costo aparente. El presidente, de facto, ha desafiado a los mercados financieros y a la ortodoxia económica sin que sus decisiones manifiesten consecuencia negativa alguna en las variables más evidentes, comenzando por el tipo de cambio. La pregunta es por qué.

 

Cuenta la leyenda urbana que cuando el hoy presidente se aprestaba a anunciar la cancelación del aeropuerto, sus principales asesores le advirtieron sobre las posibles consecuencias de su decisión, siendo la primera una depreciación del tipo de cambio. El presidente siguió adelante con el anuncio y no pasó absolutamente nada. Por el contrario, el peso se apreció después del anuncio lo que, según la rumorología, desacreditó a sus asesores y afianzó la convicción del presidente de que sus decisiones son aceptadas como necesarias y producto de consideraciones morales y políticas sensibles y razonables.

 

Pero las decisiones de presidente López Obrador han sido todo menos sensibles y razonables. Peor aún, su proyecto para la concentración del poder avanza sin pausa, barriendo no sólo con los endebles contrapesos que se fueron construyendo a lo largo de las últimas décadas, sino que incluso amenaza con seguir por la misma senda respecto a la Suprema Corte de Justicia. El afán por reconstruir una presidencia todopoderosa prosigue incólume.

 

Envalentonado, su gabinete adopta posturas y determinaciones que afectan contratos y prácticas que son comunes en todo el mundo, como ejemplifican los relativos al suministro de gas a la CFE, los cuales estipulan que la empresa debe pagar por el gas, lo utilice o no. Esta práctica (encumbrada en los contratos respectivos) es la forma en que los inversionistas privados que pagaron por la construcción de los gasoductos recuperan su inversión. Es decir, no tiene nada de excepcional y es clave para el suministro de electricidad.

 

El punto de fondo es que el gobierno ha estado modificando las estructuras institucionales, cambiando contratos o amenazando con su alteración y creando un entorno sumamente incierto para nuevas inversiones. ¿Quién querría arriesgar su capital cuando las reglas del juego son susceptibles de alteración en cualquier instante? Los inversionistas requieren certeza de que los modos de proceder de las autoridades son anticipables y confiables, pues nadie invertiría en un entorno impredecible.

 

Sin embargo, a pesar de que la incertidumbre crece y comienza a aparecer su prima hermana, la desconfianza, nada parece afectar al entorno de aparente calma y estabilidad, especialmente el tipo de cambio.

 

Esto no tiene precedente. En las décadas pasadas, cada que un gobierno apenas mencionaba cualquier cambio en las reglas del juego, el efecto se manifestaba de manera inmediata en el valor del peso frente al dólar; nada de eso ha ocurrido en estos meses. La razón de ello es muy simple: la estabilidad no proviene, como cree el presidente, de su propio actuar y honestidad, sino de los agentes financieros del exterior, que siguen comprando bonos del gobierno mexicano.

 

Lo hacen bajo dos premisas: primero, por el diferencial de tasas de interés que están pagando los bonos mexicanos, que al ser superior a 5%, los hace muy atractivos. Segundo, esas inversiones siguen las señales de las agencias calificadoras, quienes han mantenido el grado de inversión para el papel mexicano. Nadie sabe cuánto tiempo seguirá siendo cierto esto último pero, mientras esto no cambie, los inversionistas de portafolio mantendrán su interés por estos instrumentos. Es decir -paradoja para una administración que se dice nacionalista-, la estabilidad del gobierno se ha tornado absolutamente dependiente de los mercados financieros.

 

En 1992, George Soros le propinó una profunda humillación al gobierno británico, luego de especular contra su moneda. El acto fue descomunal: el Reino Unido sucumbió ante el ataque de un actor privado cuando presidía a la entonces llamada Comunidad Europea y tuvo que abandonar el ERM, el mecanismo europeo de coordinación monetaria, con la cola entre las patas. Paul Lepercq, un agudo comentarista, escribió entonces que el asunto había sido tan dramático que, de haber ocurrido un siglo antes, el financiero habría sido decapitado.

 

Los mercados financieros no se guían por consideraciones morales: sólo aprovechan oportunidades de arbitraje. Tan pronto las realidades internas y externas se empaten -lo que inexorablemente ocurrirá- vendrán los platos rotos y las cuentas por cobrar.

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 05 May. 2019

 

Damnificados

Luis Rubio

Cuando Don Quijote descubre los molinos de viento, le dice a su escudero “La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta, o pocos más, desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer; que ésta es buena guerra… ¿Qué gigantes? dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves –respondió su amo– de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas. Mire vuestra merced –respondió Sancho– que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino.” Acto seguido, procedió a arremeter, gritando “Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete.”

La “cuarta transformación” avanza de la misma manera, con prisa y sin pausa, dejando damnificados por doquier. Como con el Quijote, el avance no es terso ni libre de conflictos, aunque no hay duda que crear conflictos para confrontar es parte del plan. Pero en la medida en que se apilan los damnificados también crecen las fuentes de enojo, rezago económico y eventual oposición.

La lista de damnificados es creciente e impactante: con la cancelación de las estancias infantiles, los niños que están siendo privados de un lugar para pasar el día de manera segura y creativa mientras sus madres trabajan, al igual que las propias madres que no pueden ir a trabajar, afectando el sustento familiar. Los exportadores de aguacate que ven su producto deteriorarse por la lentitud con que operan las aduanas estadounidenses sin que el gobierno mexicano haga nada al respecto. Los residentes de las regiones fronterizas que ven llegar a decenas de miles de migrantes centroamericanos sin que haya infraestructura para alojarlos u oportunidades para emplearlos. Los despedidos del gobierno que, sin deberla ni temerla, quedaron en la calle sin indemnización ni oportunidades alternativas. Quienes han visto sus sueldos diezmarse, perdiendo derechos adquiridos por decisión mañanera. Las mujeres que sufren de violencia familiar y ya no tienen refugios seguros a los cuales dirigirse. Los recién nacidos que no tendrán la oportunidad de asegurar una vida exitosa, sin defectos de nacimiento que son corregibles, gracias a la terminación del tamiz neonatal. Las organizaciones de la sociedad civil que, cumpliendo funciones legítimas, son atacadas y socavadas. La ciudadanía que deja de contar con medios de protección por la desaparición de contrapesos clave para el funcionamiento de la economía -en materia de energía, hidrocarburos, competencia, educación- y ahora con la potencial pérdida de una Suprema Corte independiente del poder ejecutivo. Los concesionarios en materia de energía que, cumpliendo sus compromisos, se encuentran amenazados. Los niños que no contarán con la oportunidad de una mejor educación, todo por servir a sindicatos abusivos cuyo interés nada tiene que ver con la educación misma y menos en la era digital. La caída del consumo, que afecta a los más pobres. El atentado contra el crecimiento económico por la eliminación de fuentes de certidumbre e inversión. Los ex funcionarios -en su mayoría profesionales responsables y probos- damnificados en sus personas y reputación, que sufren consecuencias que el presidente no puede llegar a concebir o relacionar.

Los damnificados se multiplican y son muchos más de los que el propio presidente imagina, muchos de ellos -de hecho, la abrumadora mayoría- parte de su base política natural. Quienes más sufren por la multiplicación de ataques son precisamente a quienes les urge una mayor tasa de crecimiento y los beneficios que de ello se derivan en la forma de ingresos y empleos. El presidente está absolutamente comprometido con lograr una mayor tasa de crecimiento económico pero, como dice un viejo chiste irlandés, no hay forma de llegar de aquí hacia allá por el camino adoptado.

No hay forma de llegar atacando, minando, destruyendo y creando daños a cada paso. Como proyecto político, el ataque es una forma de avanzar, pero no así como proyecto económico en esta era de la historia del mundo. El crecimiento se finca en la inversión y ésta depende de la disposición del inversionista a asumir el riesgo de que su proyecto resulte exitoso; que haya mercado para sus productos; que no haya barreras nuevas al crecimiento de su empresa; que las fronteras no sean un obstáculo a la exportación de sus bienes o a la importación de sus insumos; que la burocracia no invente impedimentos a su avance y que los empleados, funcionarios y dueños de la entidad no sean injustamente atacados y vilipendiados. No es casualidad que literalmente todos los gobiernos del mundo se dedican a atraer, con recursos y estrategias cuidadosamente articuladas, nuevas inversiones y empresas. Las excepciones, como Corea del Norte y Venezuela en la actualidad, lo dicen todo.

La lista de damnificados y los valores y contrapesos que se erosionan o eliminan día a día atentan contra la viabilidad de la economía y del país en general. Por ahí no vamos a llegar.

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https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=155516&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=155516

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1571069.damnificados.html

 

28 Abr. 2019

 

 

Acabar con el orden violento

 Luis Rubio

La solución, dice Rachel Kleinfeld, radica en re-civilizar a la sociedad y al sistema político. La violencia tiene explicaciones muy claras y distintivas en cada situación específica que pueden ser revertidas si se enfoca el problema correctamente. La autora* afirma que es posible restaurar el orden y la paz si se conjunta un liderazgo dispuesto a enfrentar el problema que produce la “violencia del privilegio” con una clase media -organizada a través de la sociedad civil- capaz de movilizarse para obligar al gobierno a actuar.

La violencia acaba destruyendo civilizaciones o transformándolas.  Esta comienza por la debilidad estructural de un gobierno o por la complicidad que existe entre sus integrantes con las organizaciones criminales que, dice la autora, es lo común. Típicamente, la criminalidad involucra a los gobernantes, los seduce y corrompe, al grado de los hacerlos cómplices, con lo que se cierra el círculo. Una vez que el gobierno es parte del orden criminal, toda la estructura de policías, ministerios públicos y jueces acaba debilitándose porque ya es parte del problema y no puede ser parte de la solución.

En el corazón del argumento aparece el concepto de la “violencia del privilegio,” que la autora emplea para identificar la violencia que surge del orden establecido dedicado a preservar lo existente, típicamente en sociedades muy polarizadas y desiguales. Las autoridades pueden acabar siendo cómplices porque quieren beneficiarse directamente o porque responden a grandes intereses comprometidos con el statu quo. En la práctica, la diferencia es pequeña porque, una vez que se da la complicidad, comienza la violencia y el aparato gubernamental deja de tener capacidad para proteger a la ciudadanía.

Lo más interesante del libro, al menos para nuestra experiencia, es que hace una distinción muy clara entre gobiernos que han sido rebasados por la criminalidad y aquellos en que la autoridad se ha sumado al crimen organizado. Aunque lo segundo puede llevar a lo primero, existen experiencias, como en Afganistán, en que fuerzas criminales muy poderosas pueden imponer su ley. Para la autora no hay duda alguna que, en el caso de Honduras y México, se trata del segundo caso: las autoridades fueron corrompidas o se corrompieron por el crimen organizado y eso llevó a que todo el aparato dedicado a la protección de la ciudadanía y a la procuración de justicia se colapsara.

Una vez que eso ocurre, las opciones no son muchas ni muy difíciles de dilucidar. Para comenzar, dice Kleinfeld, una vez que las autoridades son cómplices, el deterioro ocurre en todos los ámbitos, aunque no parezcan vinculados entre sí porque bajan los estándares de comportamiento en todo. Por ejemplo, personas que antes se comportaban de manera impecable, ahora no ven mal robarse algo en el supermercado; los inspectores de la luz se convierten en virtuales extorsionadores, no muy distintos a los que cobran derecho de piso; el discurso político adquiere una agresividad que nunca antes había existido. Cuando la civilización se deteriora, la única posibilidad reside en reconstruirla, pero eso sólo puede ocurrir cuando se conjunta un nuevo gobierno dispuesto a romper las redes de complicidad e impunidad con una sociedad que se lo demanda.

El texto casi parece un script: llega un nuevo gobierno y se encuentra con un aparato gubernamental extenuado, incapaz y hecho pedazos porque las autoridades salientes se dedicaron a disfrutar las mieles en asociación con el crimen, en lugar de combatirlo. El nuevo gobierno no tiene más opción que hacer arreglos y acuerdos con los criminales para evitar un súbito crecimiento de la violencia. Es en ese momento que se define el futuro: el nuevo gobierno tiene dos posibilidades; por un lado, puede aceptar el nuevo statu quo (un pacto) como un fin en sí mismo y seguir como si nada ocurrió. La alternativa sería utilizar esa tregua para ganar tiempo y utilizarlo para construir nueva capacidad policiaca, judicial y de ministerios públicos. La mayoría de los gobiernos se atora en los acuerdos y el resultado acaba siendo más violencia.

La diferencia entre un resultado benigno y el otro es la sociedad civil. Cuando la sociedad le exige al gobierno que actúe y lo vigila y exhibe sus debilidades, el gobierno preserva la brújula de lo que la autora llama “re-civilización.” Cuando la sociedad no presiona o no tiene capacidad de hacerlo, el gobierno inexorablemente se amilana y cede todo.

El nuevo gobierno tiene que decidir si quiere resolver el problema o meramente ser el dueño: no es lo mismo. “El problema de la mafia, dijo el fiscal italiano antimafia Paolo Borsellino, reside en hacer que el Estado funcione.” ¿Podrá el gobierno de AMLO restaurar la paz y la seguridad? Su apuesta es que sí, a través del ejército. La evidencia que arroja este libro es que eso no va a funcionar: sólo la conjunción de sociedad y gobierno lo puede lograr.

Leoluca Orlando, el alcalde de Palermo lo dijo con claridad: La lucha contra la Mafia fue como un carrito de dos ruedas: policías y cultura. Una sola rueda lleva a que el carrito dé vueltas; Sólo las dos ruedas juntas pueden hacerlo funcionar.

 

*A Savage Order, Pantheon, 2018

 

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21 Abr. 2019

Restricciones

 Luis Rubio

 

La hipótesis más socorrida sobre las causas del resultado electoral del año pasado se refiere al hartazgo de la población, la evidente corrupción del gobierno del momento y, sobre todo, los pobres resultados de décadas de reformas en términos de ingresos, pobreza y equidad. Todo eso sin duda es válido, pero no explica el cambio tan extraordinario que mostró el electorado entre enero y julio de 2018, en que las preferencias electorales por el hoy presidente pasaron del 30% al 53%. Parte de la explicación yace sin duda en la forma de conducirse de las otras dos candidaturas y, especialmente, del presidente Peña Nieto en el camino, pero me parece evidente que un alto porcentaje del electorado simplemente decidió que la promesa de “más de lo mismo” no mejoraría la economía del país.

La propuesta de AMLO de alterar el camino resultó atractiva para más de la mitad del electorado y, desde el día siguiente de la elección, se ha dedicado a implementar su visión con decisiones muchas veces controvertidas y costosas. El resultado a la fecha, apenas unos meses en el gobierno, no es encomiable: en lugar de un proyecto, la evidencia muestra que el presidente y su complicada -y extraordinariamente diversa- coalición tienen más obsesiones, ocurrencias y agendas encontradas que un plan estructurado y encaminado a construir una plataforma para el desarrollo.

Desde hace años, AMLO ha sido muy claro en su convicción de que el país erró el camino a partir del inicio de las reformas en los ochenta: su planteamiento central es que el gobierno debe ser el rector del proceso económico, es decir, conductor del desarrollo porque el “neoliberalismo” no ha hecho sino producir pobreza y una creciente desigualdad.

Evidentemente, las reformas no han resuelto los problemas del país, pero una evaluación integral del fenómeno que hemos vivido en los años en que México se incorporó a los circuitos comerciales, tecnológicos y financieros del mundo requiere entender el contexto internacional en que todo esto se daba, pues el fenómeno es, en términos generales, global en naturaleza.

Tres libros intentan explicar qué ocurrió y por qué. Cada uno tiene su propio objetivo y sesgo, pero el conjunto arroja una película muy interesante. Charles Dumas* ofrece un análisis esencialmente técnico sobre lo que ocurrió en las décadas en que se aceleró el comercio mundial y se alteró la forma de producir en el mundo (concentrando la producción de partes y componentes para elevar la calidad de los bienes y disminuir su costo), pero sobre todo la incorporación de India y China, especialmente ésta última, al proceso industrial. Visto desde nuestra óptica, China le “robó” a México el mercado de exportaciones que el TLC prometía; sin China compitiendo por la producción industrial que se retiraba de EUA, los pasados treinta años habrían sido muy distintos.

Robert Kuttner** aporta un diagnóstico muy coherente con la visión de AMLO: el mundo funcionaba bien cuando los sindicatos eran poderosos y tenían capacidad de defender los intereses de sus agremiados, el Estado de bienestar satisfacía los intereses de la población antes que la de los capitalistas, la economía estaba enfocada hacia el mercado interno y no había flujos financieros de corto plazo cruzando las fronteras. Aunque se refiere a EUA (y mezcla a Europa en el camino), el argumento de Kuttner -más político que económico- es casi indistinguible de la visión que AMLO ha esbozado en sus libros y discursos. Como AMLO, la visión de Kuttner es nostálgica: dice que no hay salidas fáciles pero que lo existente no es bueno y que hay que recuperar las anclas de desarrollo del pasado.

Barry Eichengreen*** estudia la evolución y devenir de los movimientos populistas a lo largo del tiempo tanto en EUA como en Europa. Con una visión analítica, este autor observa que, detrás del enojo y desconcierto ciudadano en la democracia, se encuentra una combinación de incertidumbre económica, gobiernos incapaces de responder ante las demandas y necesidades de la población y las amenazas a la integridad de la identidad de la ciudadanía. Su argumento es lúcido tanto en las causas como en las consecuencias: concluye que la solución “técnica” no es difícil de dilucidar, pero que los gobiernos en general no tienen la capacidad política o visión para hacerlo, en tanto que los gobiernos populistas no ven la necesidad de atender las causas del fenómeno.

Donde hay una coincidencia absoluta entre AMLO y estos autores es en cuanto a la impopularidad del rescate bancario en México y EUA, respectivamente. Para AMLO, el rescate bancario fue una catapulta en su visión política y en su perspectiva de lo que está mal en el país. Otra coincidencia es la relativa a la migración: para los estadounidenses de Trump, la migración constituye una amenaza a su identidad; para AMLO, la migración representa un fracaso de la política económica mexicana.

Eichengreen concluye diciendo que los gobiernos no convencionales típicamente son indiferentes a las restricciones que imponen los mercados, la disponibilidad de mano de obra o las necesidades de la inversión privada. Eso mismo probablemente acabe siendo el mayor desafío de AMLO en los años por venir.

*Populism and Economics. **Can Democracy Survive Global Capitalism? ***The Populist Temptation

 

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14 Abr. 2019

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Antes de que cante un ganso

Luis Rubio

Al inicio de este siglo, Rusia se encontraba ante una encrucijada. El fin de la guerra fría había abierto ingentes oportunidades, pero su proceso de transición -de una economía controlada, centralizada y sin propiedad privada a una de mercado- había sido desastroso. En lugar de que se dispersara la propiedad entre millones de familias y potenciales empresarios, las enormes industrias soviéticas habían sido tomadas por un grupo de plutócratas que vendían los recursos públicos, comenzando por el petróleo, como si fuesen propios. Para 1998 las contradicciones del proceso de privatización y ajuste habían resultado incontenibles, provocando una de esas crisis financieras que los mexicanos habíamos conocido. La resaca llevó al poder a quien hasta la fecha sigue siendo el mandamás, Vladimir Putin, quien, con enorme habilidad, reconcentró el poder y sometió a los llamados oligarcas.

Armado de un nuevo plan y del control centralizado del poder, Putin reorganizó la economía y restableció la estabilidad económica, ganándose con ello el apoyo popular. Siguieron grandes cambios, ideas y proyectos para reactivar la economía y transformar la base productiva, intentando alejarla de su (casi) única fuente de riqueza, el petróleo.

Años después, quien fuera su primer ministro, Viktor Chermomyrdin, evaluó lo logrado: “Esperábamos lo mejor pero las cosas resultaron como siempre.” ¿Acabará igual la “cuarta transformación”?

El punto de partida para el gobierno de AMLO es que todo lo que se hizo de los ochenta para acá está mal. Todo es corrupto, nada sirve y quienes lo condujeron son unos traidores. Los nombres varían, pero la tonada es la misma: el país estaba mejor cuando estaba peor. Un cartel fuera de un restaurante lo resume de manera impecable e implacable: “Estamos peor, pero estamos mejor porque antes estábamos bien, pero era mentira; no como ahora que estamos mal, pero es verdad.”

El gran plan del gobierno es fácil de discernir: concentrar el poder, echar para atrás todas las reformas -hasta lo posible- que se avanzaron a partir de 1982 y, con ello recrear el nirvana que existía en los setenta para, quizá, que el presidente se pueda reelegir. No es un plan complicado, aunque el manejo político con que se conduce lo aparente. El objetivo es claro y avanza paso a paso. Las tácticas van modificándose, pero el proyecto medular es consecuente.

Lo relevante es que una amplia porción de la población está convencida que el proyecto vale la pena y que el presidente lo está conduciendo sin conflictos de intereses y sin miramiento. El que la economía vaya de bajada, el consumo se esté estancando (o disminuyendo) y las finanzas públicas puedan experimentar problemas en el futuro mediato a nadie parece importar. La mayoría de la población está hipnotizada, creyendo que es posible lograr lo que uno quiere sin tener que trabajar o construirlo. El presidente está convencido que con sólo desearlo se consumará. Si algo camina mal, todo se resuelve -o ataja- con el ungüento de más transferencias a clientelas y la identificación de culpables en calidad de chivos expiatorios.

Dado que los causantes del desastre que evidencia la pujanza de la clase media (y de un país que, con todos sus defectos, avanzaba), son aquellos que tuvieron alguna participación en la función pública en los últimos treinta años, la cantera de potenciales conservadores, fifis y traidores es literalmente infinita. Si a eso se agregan todas las empresas -y sus empleados- que son cada vez más productivas y exitosas, el potencial para identificar a los causantes de ese desastre nacional del que tan orgullosos estamos tantos (y que es el sustento de la economía), es doblemente infinito.

No cabe ni la menor duda que el país padece de muchos males y que la suma de un cambio tecnológico incontenible con una economía global (casi) totalmente integrada hace muy difícil resolver todos los problemas de un tajo. Igual de cierto es que la solución no radica -no es posible- a través de la concentración del poder o la revitalización del cadáver de Pemex, pues el problema radica en el rechazo al futuro que se manifiesta en la incapacidad del gobierno -de este y todos los anteriores desde hace medio siglo- para llevar a cabo una reforma educativa que privilegie el aprendizaje en la era digital sobre el chantaje sindical. El proyecto político es transparente, pero la diferencia entre los sesenta y el presente es que la economía está abierta y eso altera todas las premisas.

Dice un querido amigo que “México jamás será un país civilizado y desarrollado, por lo menos, no en los próximos 100 años” porque en lugar de construir un consenso que permita decisiones con amplio apoyo, “el gobierno privilegia la discordia y la polarización, armas estratégicas en su arsenal de destrucción del presente. Lo que si seremos en breve -en menos de lo que canta un ganso- es un país menos civilizado, menos desarrollado, más salvaje, más injusto, más polarizado, con más encono y menos deseable…” Al día de hoy, más del 70% de la ciudadanía le da a AMLO el beneficio de la duda. La experiencia del último medio siglo es menos generosa: cuando se rompen los equilibrios fiscales, políticos y de la civilización, las crisis no tardan en llegar.

 

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Luis Rubio

07 Abr. 2019

Los nuevos dueños

Luis Rubio

Nada como mostrar los verdaderos colores de un gobierno y en panavisión. Cuando uno de los miembros emblemáticos de la coalición del presidente López Obrador amenaza a la ciudadanía con sanciones, resulta claro que el gobierno no está para gobernar o, en el viejo sentido del término, para “servir” a la población, sino para usarla y abusarla.

En un tweet atribuido a un integrante de Morena, el presunto diputado amenaza a la ciudadanía: “Estoy por formular una ley que prohíba y sancione a los civiles por insultar a los Diputados Federales. Estén atentos.” Sin el menor rubor, el personaje modifica la función del congreso, dándole superioridad sobre la ciudadanía. Según el artículo 39 constitucional, “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo,” lo que implica que el diputado propone limitar la libertad de expresión de la ciudadanía porque le estorban sus comentarios o críticas. El abuso es parte inherente del sistema político mexicano, pero pocas veces se dan joyas tan excelsas como ésta, porque deletrean, en blanco y negro, su verdadera naturaleza.

Para los mexicanos esto no es sorprendente: el gobierno nunca ha funcionado para los ciudadanos, al grado en que más de un presidente ha empleado el recurso retórico de que los funcionarios “están para servir y no para servirse,” reconociendo el fenómeno. Sin embargo, la solución al debate público y a la crítica a la que recurre el diputado no tiene desperdicio; aclara, sin rodeos, la concepción reinante que tiene del mundo, del gobierno y de la población: no se concibe como representante de la ciudadanía (la que mantiene al personaje), sino como beneficiario del sistema político.

El problema no es particularmente mexicano en naturaleza; aunque la teoría de la democracia dice que el poder legislativo representa a la ciudadanía y que el ejecutivo gobierna para ésta, la práctica universal es más simple: los gobiernos gobiernan y, como decía Churchill, también los burócratas, que son parte de la estructura del propio ejecutivo. El estadista británico afirmaba que en lugar de servidores civiles (el concepto anglosajón del servidor público), lo que en realidad existe son dueños incivilizados, que no le rinden cuentas a nadie. La ciudadanía no es una de sus preocupaciones centrales, razón por la cual el gobierno se ha abocado a cercenar o anular todo vehículo de representación popular y todos los mecanismos que, en las últimas décadas, se construyeron para acotar las facultades de presidentes con demasiadas ansias de poder y burócratas ensimismados, todo ello para asegurar que se avancen los objetivos para los cuales se aprobaron determinadas leyes y procedimientos, como es el caso de los asuntos electorales, energéticos, de competencia y de transparencia.

La mexicana está lejos de ser una democracia consolidada que le responde a la ciudadanía, pero tampoco es una democracia enclenque. Los propios senadores así lo entendieron hace algunas semanas cuando, en la discusión sobre la guardia nacional, aceptaron que era indispensable incluir en el debate, y en el contenido final de la iniciativa, las posturas y preocupaciones de innumerables organizaciones ciudadanas que representan ideas, víctimas, análisis y experiencias que el gobierno (ningún gobierno) puede jamás tener porque no está, ni puede estar, en todas partes. Lo que ha sufrido una madre que perdió a un hijo en las guerras de las drogas o lo que ha estudiado un especialista a lo largo de las décadas, son insumos inexorables e invaluables para el avance de una sociedad y sería muy torpe un gobierno que decide ignorarlos.

Una paradoja peculiar del gobierno actual radica en el extraordinario contraste que existe entre la enorme popularidad y legitimidad del presidente y su necesidad imperiosa por descalificar y desacreditar toda instancia de crítica, contrapeso u oposición. En franca discordancia con la vieja tradición mexicana de que “lo que resiste apoya,” en las inolvidables palabras de Jesús Reyes Heroles, el presidente López Obrador está empeñado en eliminar todo apoyo y toda resistencia. La historia de las últimas décadas sugiere que el mejor camino es exactamente el opuesto: las cosas que permanecen de un legado presidencial son precisamente aquellas que, en su momento, gozaron de amplio apoyo social, partidista y legislativo, pues eso crea cimientos que se tornan permanentes. Las cosas que le están costando trabajo desmantelar a AMLO son aquellas que resultaron de amplias consultas y apoyos, algo que no debería sorprender a nadie.  Luego del actuar del senado en el asunto de la guardia nacional es más probable que esa ley adquiera permanencia, en contraste con las iniciativas de AMLO que han sido impuestas como si se tratara de una embestida de los bárbaros del sureste.

El desprecio por la ciudadanía que muestra el dilecto político no es algo novedoso; muchos presidentes fueron víctimas de críticas y chistes porque esos son los únicos recursos con que cuenta la ciudadanía para influir en el devenir gubernamental. Lo que el diputado no reconoce es que los ciudadanos tienen un gran activo a su favor y saben una cosa que a los políticos encumbrados se les olvida con facilidad: no hay mal que dure seis años, ni pueblo que los aguante.

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31 Mar. 2019

Referéndum ¿para qué?

Luis Rubio

El objetivo de Andrés Manuel López Obrador con su propuesta de referéndum es eliminar los mecanismos de representación existentes -el legislativo- de la toma de decisiones. En su visión, el “pueblo” debe ratificar sus decisiones, previamente tomadas, porque así mantiene, y eleva, su control sobre la vida política y la ciudadanía. La “revocación de mandato,” parte del mismo esquema, afianza la visión: el objetivo es el control, no la participación ciudadana. Los legisladores, comenzando por los de Morena, deben entender que su papel en esta materia es representar al electorado y actuar como contrapeso.

El asunto es muy simple: ¿quién puede creer que los ciudadanos van a votar a favor de que les aumenten los impuestos o en contra de que se meta a la cárcel al violador de la niña en ciudad Juárez? Ambas son decisiones que corresponden a la autoridad -legislativa y judicial respectivamente- cuando las circunstancias lo exijan. Someter ese tipo de decisiones al “pueblo” no es más que una argucia para evitar la responsabilidad o, más frecuentemente, para imponer las preferencias de quien somete la decisión a consulta, a sabiendas que la población realmente está evaluando al presidente porque no tiene capacidad o interés de analizar las alternativas e implicaciones de su decisión.

El referéndum es un instrumento que se utiliza con regularidad en algunas naciones y su experiencia es ilustrativa. En Suiza, nación con un enclenque gobierno central, cada año se somete una infinidad de decisiones al voto popular. Los ciudadanos leen los materiales y los analizan y discuten con seriedad. Los asuntos se presentan con meses de antelación y las posturas a favor y en contra son públicas y sus proponentes no sólo respetan a sus contrarios, sino que se asumen como proponentes, no como enemigos.

El caso del estado de California en Estados Unidos es muy distinto. Ahí las consultas cobraron popularidad cuando un grupo de ciudadanos propuso el establecimiento de límites a los impuestos prediales, lo que abrió la caja de Pandora. Una medida tan popular como esa fue inmediatamente aceptada por los votantes, lo que trajo dos consecuencias: por un lado, disminuyó drásticamente la recaudación fiscal, afectando la provisión de servicios municipales; por el otro, inició una avalancha de consultas que, típicamente, son decididas no por lo sustantivo del tema sino por el carisma del proponente o los intereses de los medios.

Yo no tengo objeción alguna a bajar los impuestos o a que se revisen leyes y decisiones; lo que me parece peligroso es el procedimiento que le es inherente al referéndum porque se trata de un engaño. Tanto en el estado de California como en México, los ciudadanos carecen de la disposición de los suizos a evaluar con detenimiento cada decisión y a discutirla con conocimiento de causa. La experiencia de la nación europea tiene que entenderse en su contexto: el gobierno nacional es extraordinariamente débil, los ciclos presidenciales duran dos años y la participación ciudadana no es sólo comprometida, sino trascendental. Ahí no se utiliza al referéndum como un medio (sesgado) para decidir la continuación de un aeropuerto sin información contextual que, además, ya está siendo construido.

Las experiencias de Suiza y California ilustran lo delicado -y peligroso- de la implantación de un mecanismo de decisión como lo es el referéndum. Los propios británicos todavía no salen de su pasmo por la forma en que se decidió su salida de Europa: aquel referéndum acabó siendo una ruleta rusa. Más al punto, aunque siempre hay posturas encontradas, lo que hemos podido observar desde el primero de julio pasado es que el mecanismo de consulta se entiende como un instrumento de manipulación y legitimación y no como un medio de desarrollo de la ciudadanía, mejoramiento de la democracia o elevación de la calidad de vida. En estas condiciones, el referéndum acaba siendo un mecanismo de control y no de participación. Peor, los plebiscitos dividen y lo que México necesita es sumar.

La idea del plebiscito o referéndum es buena y saludable: se parte del supuesto que los ciudadanos, como beneficiarios o paganos del resultado de las decisiones públicas, deben tener mayor participación en los procesos de decisión de las cosas que los podrían llegar a afectar. La experiencia es muy distinta: estos mecanismos acaban en manos de políticos y medios de comunicación que tienen enorme capacidad de manipular a la opinión pública para legitimar decisiones previamente tomadas. Con esa lógica, un referéndum en México llevaría a la perpetuación del presidente en el gobierno, que es, a final de cuentas, la idea de la revocación de mandato: que nunca se revoque.

La democracia mexicana es por demás joven y precaria, además de que, como país, no hemos roto con el viejo sistema político fundamentado en el control y la manipulación. Adoptar el referéndum como mecanismo oficial no harían sino consolidar, por la puerta de atrás, al régimen autoritario postrevolucionario. Los legisladores tienen que reconocer que ellos mismos serían los primeros perdedores de semejante legislación, pues desaparecerían como poder relevante. A nadie le conviene el poder en manos de una sola persona.

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China y México hacia adelante

Luis Rubio

La crisis de 2008 fue un parteaguas para China. Hasta ese momento, la gran nación asiática había experimentado una acelerada transición del socialismo maoísta hacia la liberalización encabezada por Deng Xiaoping, que arrojó más de treinta años de tasas anuales de crecimiento superiores al 10%. La lectura occidental fue que, tarde o temprano, China convergería con el resto del mundo no sólo en niveles de desarrollo económico, sino en apertura política. Independientemente de las dinámicas políticas internas, lo que hoy parece claro es que en 2008 se definió una nueva senda, mucho menos aperturista en lo económico, más autoritaria en lo político y mucho más asertiva en el plano internacional.

La nueva dirección que China está adoptando va muy de la mano con la retracción estadounidense en el plano internacional, lo que arroja un escenario de enorme trascendencia para México. Por las pasadas décadas, China, potencia emergente que actúa con absoluta determinación geopolítica, ha esquivado a México; si bien ha habido algunas instalaciones industriales (la mayoría maquiladoras) y al menos dos proyectos de infraestructura, ambos fallidos, la presencia china en México es mínima, sobre todo cuando se compara con otras naciones del sur del continente o en África. China siempre ha reconocido la localización geográfica y los vínculos económicos que caracterizan a México, razón por la cual se había mantenido relativamente al margen.

Dos circunstancias han alterado esta historia: por un lado, la nueva tónica estadounidense bajo la administración Trump ha reabierto la discusión dentro de México sobre la elevada concentración de los vínculos económicos con EUA. En adición a esto, acciones proteccionistas como la relativa al acero pero, sobre todo, la permanente amenaza de cancelar el TLC, exigen una revisión de las prioridades nacionales. Aunque no tengo duda que la lógica de integración industrial seguirá dominando las decisiones empresariales y ésta, a su vez, persistirá como el principal motor de crecimiento de la economía en general, los mexicanos debemos revisar la constelación de posibilidades viendo hacia el futuro.

Por su parte, la nueva asertividad china tiene sigue una racionalidad implacable: aprovechar la debilidad estadounidense para establecer nuevas realidades geopolíticas. Si uno observa la forma en que ha ido construyendo islas artificiales a lo largo del mar del sur de China, al grado de formalizarlas como una nueva provincia, su actuar no deja duda de la claridad de visión, y continuidad de la misma, lo que se refuerza con la nueva tónica interna de un liderazgo unipersonal “permanente.” La decisión de Xi Jinping de obviar elecciones regulares dice todo sobre sus objetivos tanto políticos como internacionales: aunque entraña la evidente complejidad de la sucesión (que tiende a ser el eslabón débil porque no es predecible, como le pasó a Mubarak en Egipto y ahora a Putin en Rusia), permite una continuidad de mando y de visión que ningún otro país puede lograr.

México ha tenido una larga relación con China: desde el establecimiento de relaciones en 1972, la relación política ha sido profunda, pero no así la económica. Ciertamente, México importa decenas de billones de dólares de aquella nación (más otros por vía de contrabando), pero exporta relativamente poco. Lo mismo es cierto de la balanza de capitales: hay varias empresas mexicanas con presencia en el gigante asiático y chinas en México pero el conjunto es relativamente modesto.

En el último año, México ha ido revisando sus relaciones internacionales, parte por diseño y parte por la forma en que se han presentado las cosas. La mayor sorpresa viene no de China, sino de Brasil, nación que desde hace décadas ha visto a México con recelo y como competidor; sin embargo, en los últimos tiempos, Brasil ha buscado profundizar sus vínculos económicos y políticos. Aunque las dos naciones -Brasil y México- han adoptado estrategias radicalmente distintas en las últimas décadas -Brasil tiene un fuerte sesgo proteccionista, México ha adoptado una acusada estrategia liberalizadora- la racionalidad de llevar a cabo mayores intercambios y de desarrollar una mayor cooperación en el plano político es evidente.

La pregunta es qué es posible y deseable con China. Por un lado, México está firmemente anclado en la región norteamericana -especialmente en la vertebración industrial, pero también en la lógica político estratégica- y eso establece un límite absoluto a cualquier intercambio, además de que obliga a una concepción triangular -México, EUA y China- en la relación. Por otro lado, dentro de ese marco, hay muchas oportunidades para profundizar la relación y desarrollar nuevas formas de interactuar, en un plano tanto político como económico.

Lo que ciertamente no tiene sentido de realidad es la noción de una “carta china” en la relación con EUA. China jamás aceptará ser tratada como una ficha de cambio, pero su proyecto de potencia obliga a México a definir sus propias prioridades y establecer marcos de posibilidad tanto en la relación con Estados Unidos como con China. No hay forma de salir de ese triángulo, pero sí de ampliarlo cada vez más.

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17 Mar. 2019