Luis Rubio
El país enfrenta cada vez más conflictos políticos de creciente complejidad, con una impresionante diversidad de intereses, origen geográfico y objetivos. Todos y cada uno de estos conflictos caen en las manos del gobierno, cuyas respuestas, soluciones -y cuasi soluciones- típicamente generan las semillas del siguiente conflicto. Hemos caído en un círculo viciosos cada vez más peligroso esencialmente porque el marco de referencia que se emplea para la solución de los conflictos es el del viejo sistema político, mismo que ya no tiene relevancia alguna.
Los conflictos se multiplican a diario. Un día son los maestros, el otro es el contrato colectivo con los electricistas. Un día más es el conflicto de Huejotzingo y tres días después es el nuevo agravio en Chiapas. No importa por donde se le busque, el gobierno está empantanado en un mar de conflictos que no puede resolver. La razón de esto no es que falten personas capaces en el gobierno, fortaleza política potencial o, como dicen los políticos, margen de maniobra, sino que el gobierno sigue operando bajo premisas que hace mucho dejaron de ser válidas.
Cada vez que estalla un nuevo o renovado problema, la respuesta gubernamental es predecible. Lo primero que se busca es canalizar a los demandantes a través de las instancias corporativas apropiadas. Si el conflicto es con los maestros, por ejemplo, el vehículo legitimado por el sistema es el sindicato oficial, en este caso el SNTE. Cuando esa instancia no es aceptable para los demandantes o cuando ya ha sido rebasada como ocurre cada vez con más frecuencia (i.e. Huejotzingo, la Coordinadora de Maestros, las manifestaciones en el DF), el gobierno primero intenta evadir el problema, luego agotar a los demandantes para más tarde culpar a unos u otros del conflicto. Al final del proceso, en todos y cada uno de los conflictos de los últimos años, el gobierno ha acabado cediendo tanto o más de lo que inicialmente le exigían los agraviados.
Pero no sólo ha cedido todo y más, sino que en prácticamente todos los casos ha sentado el precedente para el siguiente conflicto. Quizá quienes concibieron la primera concertacesión honestamente pensaron que estaban resolviendo inteligentemente y para bien un importante conflicto político. La realidad es que lo único que lograron fue abrir la caja de Pandora. Una vez que se recurrió a medidas no institucionales para resolver un conflicto, todos los demás acabaron siendo sujetos de igual tipo de respuestas. Veinte o treinta concertacesiones después, todavía no tenemos ningún indicio de mayor estabilidad política, de menor inseguridad ciudadana o de mayor avance democrático. La ausencia de una estrategia compatible con la realidad actual acaba desnudando al gobierno, cuyo único recurso es ceder todo y más de lo que se le demandaba. Si esta política avanzara la estabilidad del país o el proceso democrático, debería ser bienvenida. En la realidad, sin embargo, lo único que avanza es la descomposición política del país.
La causa de esta nueva realidad no reside necesariamente en la incapacidad gubernamental, en la mayor militancia de los grupos, sindicatos o partidos demandantes o en la mayor o menor eficacia de las viejas estructuras políticas, sino en que el sistema político y la realidad mexicanas han cambiado dramáticamente. Lo único que no ha cambiado es la lógica gubernamental y el marco de referencia bajo el cual actúa. Puesto en otros términos, el gobierno parte del supuesto de que el viejo sistema sigue operando, en tanto que todos los demás mexicanos sabemos que ese esquema está lleno de agujeros que lo hacen totalmente inoperante. Con muy pocas excepciones, ya no existen -o ya no funcionan- las estructuras corporativas de antaño, ni el gobierno goza de la legitimidad que antes tuvo. Por su parte, la población y, en particular, los grupos y partidos organizados, son cada vez más militantes y conscientes, cuentan con amplia legitimidad entre sus bases y tienen gran capacidad de comunicación dentro y fuera del país. Estas dos tendencia van claramente en dirección a un enfrentamiento. Si el gobierno no cambia su marco de referencia, su único recurso disponible va a acabar siendo la represión.
Lo que se requiere es un nuevo diseño político para el futuro, un nuevo marco de referencia que parta del reconocimiento de la realidad tal y como es en la actualidad y no de como ésta fue en el pasado o de lo que le hubiera gustado a algunos grupos políticos que fuese. Un nuevo diseño de sistema político dotaría al gobierno de una amplia capacidad para orientar el proceso de cambio político, así como de los instrumentos necesarios para que se pueda dar un proceso consensual de transformación política a nivel nacional.
Para apreciar los cambios que han tenido lugar en el país bastaría comparar algunas de las fuentes de poder en el pasado con las del presente. Hace décadas el poder surgía principalmente del control de personas o grupos (el corporativismo), de la producción y distribución de bienes en general y del control de la información. Los grupos poderosos del pasado eran aquellos que se localizaban en torno a esas fuentes de poder, como las confederaciones sindicales, los grandes empresarios y políticos, y el gobierno que controlaba los mecanismos que hacían posible el funcionamiento de unos y de otros (a través de toda clase de permisos, subsidios, controles diversos y favores), así como del control casi absoluto sobre la información.
En la actualidad todo esto ha cambiado porque el balance del poder se ha movido en forma dramática al lado contrario. Hoy el poder surge cada vez más de la información y de la comunicación. La información determina en la actualidad tanto el poder como con la riqueza; pero, a diferencia del pasado, ambos están dispersos y plenamente disponibles para todos, ya no solo para el gobierno, por más que lo siga intentando y pretendiendo. Hoy en día el conocimiento y la información -sobre la cual el gobierno ha perdido el control- son más importantes que las propias máquinas de producción. En la actualidad, la economía global, que tanto critican los demandantes consuetudinarios, ha derruido a las estructuras corporativas sindicales y, en general, a prácticamente todos los pilares del viejo sistema político, ha minado el poder de los caciques y ha liberado fuerzas y mecanismos insospechados. Hoy en día una organización no gubernamental puede tener tanta información, tanta capacidad de comunicación y, con gran frecuencia, más credibilidad, que el propio gobierno. El gobierno se está volviendo un actor más en un mundo donde interactúan toda clase de intereses, sobre los cuales ejerce cada vez menos influencia y, mucho menos, control.
En su actuar, el gobierno sigue empeñado en preservar el viejo sistema político. A menos de que ese sea su fútil objetivo, debería estar dedicado a construir una estructura institucional que favorezca y promueva el cambio político y la estabilidad. En estas nuevas circunstancias se requiere un diseño político casi diametralmente opuesto al que dio origen al PRI, que sigue siendo el que, en la práctica, anima al gobierno. El nuevo diseño buscaría objetivos como los siguientes: a) maximizar la descentralización política -muchos actores muy diversificados-; b) favorecer la aparición de nuevos sindicatos y organizaciones gremiales y empresariales que sean representativas; c) institucionalizar el conflicto -generando mecanismos judiciales efectivos para dirimir conflictos y disputas en forma imparcial-; d) incrementar la responsabilidad ciudadana -fortaleciendo actores independientes que le den solidez al nuevo sistema-, e) fortalecer a todas las instancias judiciales -haciéndolas efectivamente independientes del gobierno-; f) abrir el acceso directo de los ciudadanos a los tribunales -para terminar con el monopolio que ejerce el ministerio público-; g) consagrar los derechos ciudadanos básicos por encima de cualquier cosa, h) promover una ley de agravios a fin de ampliar la responsabilidad civil de quienes afectan los intereses de terceros; i) recurrir a tribunales y a otros mecanismos institucionales -como elecciones- para dirimir las controversias, evitando con ello la creciente incertidumbre e inestabilidad que generan los arreglos extra-institucionales y las concertacesiones famosas; y j) acordar procedimientos -no objetivos- con todos los partidos políticos para la actividad política, a fin de disminuir los conflictos y despolitizar su solución.
Un nuevo diseño no va a ser fácil y, obviamente, no va a ser aceptado o aceptable para todos los intereses dentro del gobierno o los que ahí son representados. Pero, como van las cosas, o se cambia el diseño o el gobierno se prepara para empuñar el garrote.