Luis Rubio

La estrategia orientada a elevar el ahorro interno se fundamenta en buena medida en las afores. El esquema gubernamental parte del supuesto de que el ahorro que se concentre en estas instituciones va a crecer de una manera exponencial, lo que pemitirá, por una parte, contar con fondos disponibles para la inversión de largo plazo. Por la otra, se presume que esos fondos disminuirán la necesidad de inversión del exterior, lo que haría desaparecer las condiciones que han dado origen a las crisis cambiarias de las últimas décadas. Es decir, el gobierno tiene elevadísimas esperanzas en las afores. Lo que no es obvio es que la población las entienda o que el propio gobierno esté haciendo todo lo necesario para que se cumplan sus expectativas.

Hasta ahora la mayor parte de la discusión -y fuente de desconfianza- respecto a las afores se refiere a sus enormes costos de entrada. La población de por sí no entiende qué o para qué son las afores, circunstancia que seguramente explica el hecho de que menos del 20% haya elegido alguna. Cuando recibe información sobre las mismas, ésta se refiere únicamente -y en casi todos los casos- a los costos de acceso. Es difícil entender la razón por la cual se espera que una persona pague hasta 25% de su aportación por el solo hecho de que se e administren. Si el debate se centrara en los beneficios de largo plazo, cosa que nadie ha logrado articular en público con mayor éxito, se podría observar que el costo de entrada se vuelve cada vez menos importante. Ya que se trata de fondos de largo plazo que los trabajadores van acumulando a lo largo de sus vidas, lo que importa es el rendimiento de los mismos a lo largo de los años. Según las proyecciones, esos rendimientos se tornan exponenciales a partir de la segunda década.

Para el gobierno las afores son sumamente importantes, básicamente porque van a generar recursos para la inversión de largo plazo. Ya que los dueños de los recursos -los trabajadores- no los pueden utilizar sino hasta que se retiran, presumiblemente varias décadas después, esos fondos se pueden emplear para proyectos de inversión con plazos de maduración que se miden en décadas y no en meses o semanas. De haberse financiado las carreteras concesionadas con fondos de este tipo, el costo e se encuentra en diversas instituciones bancarias, en realidad lo administra el Banco de México. Esos fondos del SAR, que prometían multiplicarse como los panes, en realidad han servido para financiar al gobierno a muy bajo costo, lo que ha implicado que los trabajadores no se beneficien en nada de que sus empleadores hayan hecho sacrificio y medio por ellos. Este precedente no sólo ha desanimado a mucha gente respecto a las promesas que en la actualidad realizan las empresas que se proponen adminsitrar los fondos de pensiones, las afores, sino que ha impedido que la población se vuelque en apoyo a las mismas. Desde el punto de vista de la población, las afores pueden prometer mil cosas, pero a la larga pueden no ser más que una promesa, como el SAR, o un robo, como el INFONAVIT.

El tema del INFONAVIT es fundamental. Esa institución recaba el 5% de los salarios, o sea casi el doble de lo que van a recibir las afores y, luego de casi cinco lustros de existir, tiene muy poco que mostrar como resultados. El porcentaje de mexicanos que se ha hecho de una casa es ínfimo, el precio que se cobró por esas viviendas ha sido tan por debajo de sus costo , que se creó una casta de privilegiados que recibierno casa, a cambio de millones de mexicanos que, por esa razón, jamás la tendrán. Todo esto sin contar la corrupción que históricamente ha invadido a esa oficina burocrática. En lugar de incorporar los fondos del INFONAVIT al sistema de pensiones, como presumiblemente se hará con los fondos del SAR, el gobierno ha aceptado el chantaje de los sindicatos. Con ello ha reducido el beneficio potencial del nuevo sistema de ahorro a menos de la mitad de lo que podría ser.

El problema se complica todavía más por el hecho de que un porcentaje mínimo de personas se han registrado con las afores. Es perfectamente posible que, de aquí al final de junio, se registrarán muchas más personas con alguna afore. Sin embargo, el hecho de que menos del veinte por ciento lo haya hecho sugiere que hay problemas. Uno de éstos es sin duda la incredulidad que existe en la actualidad en torno a todo lo que toca o promueve el gobierno. Buenas razones hay para esa situación, pero eso no resuelve el problema. Según la ley, los fondos de las personas que no se registren ante alguna afore van a acabar en una cuenta concentradora en las arcas del Banco de México. Si el precedente del SAR es ilustrativo, esto indica que esos fondos van a ser escrupulosamente guardados, pero también que sus rendimientos -y, por lo tanto, sus beneficios- van a ser irrisorios. Al ritmo al que vamos, si la mitad de los fondos de pensión se quedan en esa cuenta concentradora y los fondos del INFONAVIT se siguen empleando como hasta la fecha, todo el proyecto de las afores podría rendir menos de la cuartaparte del beneficio que el gobierno buscaba y había prometido. Aterrador escenario.

Finalmente, todavía está por verse el juego que haga la burocracia respecto a las afores una vez que éstas comiencen a operar en pleno. Según la ley, los fondos que adminstren las afores sólo podrán invertirse en valores gubernamentales a lo largo de los primeros tres años de su existencia. Este requerimiento suena razonable, toda vez que tanto las afores mismas como el gobierno,a través de la CONSAR, tendrán que aprender el negocio, desarrollar un sistema efectivo de supervisión y control (para que no pase lo que con los bancos) y crear un sistema apropiado de salvaguardas. Más adelante, sin embargo, el problema va a arreciar. En la medida en que crezcan los fondos administrados por las afores, será necesario encontrar proyectos o valores en los cuales las afores puedan invertir. En teoría, a partir del cuarto año, las afores podrán invertir en valores de empresas y, eventualmente, en cualquier otro proyecto que reuna las características apropiadas para el objetivo de las mismas. En ese momento, la burocracia va a tener que tomar decisiones y riesgos que normalmente rehuye. Será entonces cuando sabremos si las afores fueron la salvación del país o una expoliación más.

Luis Rubio

El gran problema del actual gobierno no reside en lo que hace, sino en que nadie sabe a donde quiere ir. El resultado es confusión permanente para la mayoría de la población y una oportunidad tras otra para que alguien, quien sea, arme un escándalo. Razones para armar borlote no faltan, pues el país está lleno de problemas y de personas, partidos y grupos interesados en explotarlas para llevar agua a su molino. En su esencia, el problema no es lo que haga o deje de hacer el gobierno, sino que, ante la ausencia de claridad en el rumbo, cualquier oportunidad se convierte en un punto de contención. Es decir, ante la ausencia de una percepción de rumbo, todos los temas se vuelven estratégicos y, por lo tanto, sujetos de conflicto.

Por donde uno le busque, este gobierno no parece dejar de meterse en dificultades. Antes eran los deudores y más recientemente fue la certificación del gobierno estadounidense.. Un día es la economía, el siguiente son las drogas . Por fin pasan unos cuantos días de calma electoral para terminar con un incendio político por la presencia del presidente en un acto partidista. La mayor parte de los puntos de contención y momentos de conflicto no son particularmente relevantes o trascendentes. Todo mundo sabe que, po ejemplo, el presidente tiene todo el derecho de presentarse en la convención del PRI en que van a ser ratificadas las candidaturas de sus contingentes y a animar a todos y cada uno de los agracidados. Es igualmente evidente que no hubo nada de ilegal en el hecho de que, luego de dos años de negociaciones, el PRI decidiera aprobar la reforma electoral por sí mismo, rompiendo el consenso que se había alcanzado entre los tres principales partidos y que había hecho posible la unanimidad en las reformas constitucionales previas.

El hecho de que haya habido una súbita erupción política en ambas instancias nada tiene que ver con la legalidad misma que, en cualquier caso, jamás ha sido un tema de particular importancia en el sistema político en su conjunto. En ambos ejemplos lo que estuvo de por medio no fue la legalidad sino el simbolismo.

Con la decisión del PRI de abandonar el consenso que hasta ese momento había caracterizado a las negociaciones y acciones legislativas en materia elecoral se perdió el simbolismo de un acuerdo unánime al cual todo mundo pudiese referirse en el futuro para mantener el proceso caminando. Si uno revisa el Pacto de la Moncloa en España, acuerdo que dió forma a la transición política de ese país, lo evidente y trascendente no fue el que todos estuviesen absolutamente de acuerdo en el contenido, sino en que todos reconocieran el valor del simbolismo. Lo importante era crear un hecho político que sirviera de mojonera cuando se entrara en problemas, como eventualmente ocurrió. Cuando la intentona de golpe, la incipiente democracia española tenía un punto de referencia común al que todos se podían referir. El gobierno actual en México y su partido no hicieron nada ilegal, pero sí fueron incapaces de comprender la importancia del compromiso para todas las partes que representa el símbolo de la unanimidad.

5óquienes lucra del escándalo.reside en e de hacer el gobierno, sino en la falta de que se percibe en sus acciones -y en el rumbo adoptado en general- lo que propicia que ano de súbita erupción política en ambao ilegalidad de los mismos. Este tematodo caso, lo relevante en poco tuvo que ver con y todo con oque hubiera tenido de compromisoel de no tenga la menor idea de a dóllegary, de manera inevitablel escándalo porque nadie sabe cuáo sabe sus objetivos o derroterossu ausencia provoca que se diseñó para que sufre en su persona o propiedades.

este es  es el tema de fondo. Las oportunidades parecen presentarse literalmente cada minuto. Se presentan porque no hay un sentido de dirección que la sociedad mexicana comparta. En ese contexto, cualquier momento, cualquier tema, cualquier altibajo es una oportunidad sensacional para elevar la temperatura política. La culpa de esto es del gobierno. Por supuesto que el gobierno no causa todos los problemas ni es responsable de todo lo que va bien o mal en la economía o en la política. De lo que sí es responsable es de que el mexicano común y corriente no tenga la menor idea de a donde quiere ir. Los especialistas pueden seguir los discursos gubernamentales y analizar la legislación que es enviada al congreso. Pero el restante 99.9% de los mexicanos sólo ve la nota amarilla (e, inevitablemente, la nota roja) en el periódico de, literamente, cada mañana. Para todos esos mexicanos la característica de este gobierno son los bandazos y la falta de rumbo.

La ironía del momento actual es que este es quizá el gobierno que más claridad tiene respecto a sus objetivos y acciones de nuestra historia reciente. Tiene pocos programas y unos cuantos objetivos muy claros y muy específicos. Lo que no tiene es capacidad de comunicación y liderazgo. El que cuente con claridad de rumbo le permite avanzar. El que nadie entienda cuál es ese rumbo le lleva a enfrentar un conflicto tras otro. No hay tema malo para armar escándalo porque nadie sabe cual es el tema bueno. Ese no es un problema del que arma escándalo, sino del que no lo puede comunicar.

La comunicación es por lo menos tan importante como los objetivos, pues sin ésta pasa lo que vemos de manera cotidiana: el gobierno concibe algún programa y éste es rechazado por todos los grupos de interés antes de que haya tenido siquiera la oportunidad de presentarse en público. Un buen ejemplo de ello fue el programa para luchar contra la pobreza. Se trataba de un intento innovador de atacar el problema más serio y profundo que enfrenta el país. El enfoque podía ser bueno o malo, viable o no. Pero, ante la incapacidad gubernamental de presentarlo, comunicarlo efectivamente y defenderlo, los interesados en que el programa fracasara no tuvieron más que ponerle una etiqueta capciosa -pobremático- para socavarle toda posible credibilidad. A pesar de los enormes recursos potenciales de que dispone el gobierno, los que supieron comunicar su mensaje fueron los interesados en su fracaso.

Cuando no hay objetivo claro y definido que convenza a la población, cualquier coyuntura se torna en un punto de contención estratégica. La oposición a los programas gubernamentales es multifacética, pues éstos afectan a un sinnúmero de intereses en toda la sociedad. Cada uno de esos intereses va a hacer lo posible por desarticular el programa o la parte del programa del gobierno que le afecta; en conjunto, todos esos intereses han venido destruyendo uno a uno la mayoría de los programas del gobierno. Cada uno de esos intereses ha logrado convertir en estratégica la más simple e irrelevante coyuntura. El gobierno ha sido excepcionalmente incompetente en resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía en la vida cotidiana, como es la inseguriad. Pero, al final del día, es quizá su incapacidad de comunicar sus objetivos y de convencer a la población de su bondad, lo que ha provocado los desafíos a su legitimidad y, por lo tanto, el clima de incredulidad e incertidumbre en que vivimos.

Luis Rubio

Las encuestas sugieren que el PRI va a acabar con una mayoría absoluta (ya incluída la cláusula de sobre-representación) en la Cámara de Diputados o que, en el más extremo de los escenarios, tendría una mayoría relativa muy cercana al 50%. Estas cifras chocan con las expectativas de muchos observadores y comentaristas, quienes suponen que el PRI ha ganado históricamente por fraude en el uso de los recursos públicos o directamente en el manejo electoral. Sin embargo, más allá del posible choque de expectativas que este contraste entrañe, la pregunta importante en esta etapa previa a las elecciones es menos quién pudiese ganar que si ese triunfo haría o podría hacer alguna diferencia.

Hay dos planos en los que es posible evaluar los efectos potenciales que podrían tener los diversos escenarios legislativos que resultaran de los próximos comicios federales. El primer plano se refiere a los dos posibles escenarios electorales: gana el PRI o no gana el PRI. En primer término se encuentra el escenario que en este momento parece más probable que ocurra: que el PRI gane la mayoría, aunque sea relativa. En segundo término estaría la posibilidad de que alguno de los partidos de oposición, presumiblemente el PAN, lograra colarse por encima del PRI con una mayoría, previsiblemente relativa. El segundo escenario evidentemente entrañaría cambios muy significativos para la política nacional, pero aun el primero podría venir acompañado de sorpresas, sobre todo a la luz del contraste que existe entre la política económica gubernalmental y la plataforma electoral del PRI, que es sumamente crítica de ésta.

En principio, sería de esperarse que, bajo un escenario de triunfo del PRI, la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo se mantuviera dentro de los cánones tradicionales. El mismo partido controlaría las dos instancias de gobierno lo que, de entrada, evitaría el tipo de confrontaciones y diferencias que normalmente ocurren en casos de gobiernos «divididos» como ocurre actualmente en Estados Unidos y ocurrió dos veces en la última década en Francia. El hecho de que el PRI estuviera, como ha estado siempre, de los dos lados de la mesa haría mucho más fácil la labor gubernamental y favorecería que el «torcido de brazos» que con frecuencia tiene lugar en el poder legislativo (como cuando se incrementó el IVA en 50% en 1995) fuese tan natural y expedito como siempre.

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Luis Rubio

Las encuestas sugieren que el PRI va a acabar con una mayoría absoluta (ya incluída la cláusula de sobre-representación) en la Cámara de Diputados o que, en el más extremo de los escenarios, tendría una mayoría relativa muy cercana al 50%. Estas cifras chocan con las expectativas de muchos observadores y comentaristas, quienes suponen que el PRI ha ganado históricamente por fraude en el uso de los recursos públicos o directamente en el manejo electoral. Sin embargo, más allá del posible choque de expectativas que este contraste entrañe, la pregunta importante en esta etapa previa a las elecciones es menos quién pudiese ganar que si ese triunfo haría o podría hacer alguna diferencia.

Hay dos planos en los que es posible evaluar los efectos potenciales que podrían tener los diversos escenarios legislativos que resultaran de los próximos comicios federales. El primer plano se refiere a los dos posibles escenarios electorales: gana el PRI o no gana el PRI. En primer término se encuentra el escenario que en este momento parece más probable que ocurra: que el PRI gane la mayoría, aunque sea relativa. En segundo término estaría la posibilidad de que alguno de los partidos de oposición, presumiblemente el PAN, lograra colarse por encima del PRI con una mayoría, previsiblemente relativa. El segundo escenario evidentemente entrañaría cambios muy significativos para la política nacional, pero aun el primero podría venir acompañado de sorpresas, sobre todo a la luz del contraste que existe entre la política económica gubernalmental y la plataforma electoral del PRI, que es sumamente crítica de ésta.

En principio, sería de esperarse que, bajo un escenario de triunfo del PRI, la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo se mantuviera dentro de los cánones tradicionales. El mismo partido controlaría las dos instancias de gobierno lo que, de entrada, evitaría el tipo de confrontaciones y diferencias que normalmente ocurren en casos de gobiernos «divididos» como ocurre actualmente en Estados Unidos y ocurrió dos veces en la última década en Francia. El hecho de que el PRI estuviera, como ha estado siempre, de los dos lados de la mesa haría mucho más fácil la labor gubernamental y favorecería que el «torcido de brazos» que con frecuencia tiene lugar en el poder legislativo (como cuando se incrementó el IVA en 50% en 1995) fuese tan natural y expedito como siempre.

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Un escenario con mayoría de la oposición, aunque ésta fuese relativa (o sea, menor al 50%) o incluso un escenario bajo el cual el PRI fuese mayoritario pero sin contar con una mayoría absoluta constituitía una pesadilla para un gobierno que, históricamente, ha estado acostumbrado a imponer sus preferencias sobre el poder legislativo. En lugar de exigir, el gobierno tendría que convencer; en lugar de demandar, tendría que negociar; en lugar de torcer brazos, el gobierno tendría que aceptar las prioridades de la oposición para que ésta acepte las del gobierno. Aunque sin duda éste sería un escenario extraordinariamente complejo y difícil de adminsitrar, tendría la ventaja de comenzar a sentar las bases para evitar los abusos y excesos que han caracterizado al sistema político por décadas.

Pero hay otro plano que no es menos importante de ser considerado. La razón por la cual es importante plantear la pregunta de qué pasaría si cambia la composición del congreso es que hasta hace muy poco el congreso funcionaba como una secretaría más, a cargo de la ratificación de las decisiones presidenciales. Ya hoy en día el congreso ha venido cobrando -o haciendo intentos por tomar- una mayor independencia respecto al Ejecutivo. Esa tendencia promete acentuarse independientemente de quien gane los comicios, pero indudablemente se profundizaría mucho más de ganar la oposición (o aun si ninguno de los partidos rebasa el 50%). Es decir, el hecho de que el poder legislativo esté cobrando importancia tiene que ver con la creciente independencia que le confiere la realidad política actual. México está excepcionalmente mal preparado para esta contingencia.

La historia de países con gobiernos «divididos» no es grata en casi ningún país. Las experiencias latinoamericanas son particularmente malas, como ilustran los casos de Brasil, el Chile de Allende, Perú, etcétera. Quizá el temperamento latino haga difícil la negociación entre las distintas instancias de gobierno, razón por la cual los países de la región suelen tener gobiernos con un acentuado presidencialismo. Pero también es posible que el problema no radique en el temperamento, sino en las estructuras institucionales. España y Portugal demuestran que es posible la convivencia entre partidos distintos, como ilustra el actual gobierno de Aznar. Lo que importa es que existan mecanismos institucionales que establezcan reglas del juego claras para todos y que permitan evitar una parálisis presupuestal si no llegan a ponerse de acuerdo las partes y que faciliten la solución del problema de los vetos, que no está prevista en nuestra legislación. Sería útil acelerar el paso en esta materia par evitar descalabros innecesarios en caso de que el PRI no logre la victoria en el legislativo que el gobierno tanto desea.

No es posible minimizar la complejidad de un escenario en el que ningún partido lograra una mayoría absoluta, sobre todo cuando la agenda gubernamental ofrece tan poca latitud de negociación y cuando nos encontramos en una coyuntura tan frágil como para llevar a cabo todavía más cambios económicos o de cualquier otro tipo. Sin embargo, tampoco es razonable minimizar el impacto que la actual crisis -y su manejo- ha tenido sobre la población. Si el resultado de la próxima elección es un congreso sin mayoría priísta será porque los mexicanos habrían llegado a la conclusión de que son preferibles los entuertos y negociaciones altisonantes que las consecuencias de un gobierno con rienda suelta.

 Luis Rubio

 Tres años llenos de convulsiones están por llegar a su fin. Las elecciones de agosto de 1994 marcaron el inicio de una nueva era en el país, abriendo una verdadera caja de Pandora. Meses después concluía un sexenio lleno de cambios y promesas de transformación que, a final de cuentas, no pudieron ser íntegramente cumplidas.  Hubo avances fundamentales, pero que no llegaron a cuajar. Más bien, con el fin de 1994 se vino al suelo la noción de que la construcción de un país moderno se puede llevar a cabo desde arriba. A partir de entonces, por casi tres años, los mexicanos hemos tenido que enfrentar la dura realidad de tener que construir los cimientos del futuro sin planos.

Estos tres años han sido por demás complejos. Se iniciaron con el choque entre las promesas gubernamentales de cambio político y la dura realidad económica. En el momento en que fueron planteados, los objetivos políticos de acotamiento constitucional del poder presidencial y de construcción por consenso de una nueva estructura institucional eran no sólo encomiables, sino alcanzables. También parecía viable la noción de que la industria se iría ajustando a las condiciones impuestas tanto por el conjunto de factores negativos que las crisis de los setenta y ochenta habían producido, -inflación, sobreendeudamiento, etc.-, como por las reformas de la segunda mitad de los ochenta y primera de los noventa: desregulación, privatizaciones y apertura a las importaciones. Los resultados electorales de agosto de 1994 confirmaban que la población podía no estar plenamente  satisfecha con los resultados, pero veía un rayo de luz en el horizonte.

La devaluación de diciembre de 1994 acabó por dar al traste con todos esos conceptos. La reforma política pasó a segundo plano, toda vez que la apremiante situación económica desvieló las prioridades gubernamentales. Por su parte, la economía mostró, como nunca antes, su división en dos grupos: uno que súbitamente comenzó a evidenciar la fortaleza intrínseca de una buena parte de la industria mexicana, que no perdió el tiempo en los ochenta y tempranos noventa, sino que se dedicó a volverse competitiva; y el otro, en el que se encuentra el resto de la industria nacional, que nunca se percató de qué tanto había cambiado el país en ese periodo y que ahora está pagando el enorme precio de su rezago.

Habiendo perdido la posibilidad de llevar a cabo una reforma trascendental de la política mexicana como era su propósito inicial y sumido en el drama de una complejísima y costosísima restructuración de las finanzas públicas, el gobierno optó por lograr lo posible. Así lo hizo en el tema de la reforma política. Luego de dos años de intermitentes e interminables negociaciones entre el gobierno y los partidos políticos. Se conformó en paquete legislativo conteniendo importantes avances en materia electoral. En el camino quedaron abandonados los sueños de una reforma política integral (que habría abarcado, según la agenda acordada, desde el federalismo hasta los medios de comunicación y desde los temas electorales hasta la libertad de expresión). Para fines de 1996 se había concluido, aunque con raspones en el cierre, la reforma electoral. Quizá más importante, mientras esos últimos detalles cobraban forma, el gobierno enfrentó, más allá de rumores, los primeros llamados de atención a su propia capacidad de gobernar hasta el fin de su mandato de la XVII Asamblea del PRI y luego en las elecciones municipales en los estados de México y Coahuila.

Ambas circunstancias marcarían la redefinición en el estilo y formas de gobernar que el propio gobierno hizo de sí mismo. Para el aniversario del PRI a principios de marzo, el presidente había asumido el papel histórico de líder y había logrado forjar los apoyos necesarios para poder gobernar sin limitaciones. Más importante, los priístas acabaron por ver en el presidente a la figura que les haría salir adelante de su crisis existencial. El arte de lo posible, como dicen los políticos, había llevado al reconocimiento, por ambas partes, de los límites que imponía la situación del país. La gran interrogante es si estas redefiniciones habrán de alterar la naturaleza del gobierno o la realidad cotidiana de los mexicanos.

Estas preguntas no son irrelevantes. El estruendoso fin del sexenio pasado; la falta de capacidad de la economía para crear puestos de trabajo en la medida de la oferta laboral y la realidad, buena y mala, de la industria mexicana, demuestran que las transformaciones que el país tiene que experimentar no van a venir de la sagrada providencia ni serán producto de algún milagro, incluidos los gubernamentales. Estas tendrán que provenir del trabajo y esfuerzo de cada uno de los habitantes del país y de los cambios conceptuales (y, por lo tanto, legales) que los hagan posibles. Las empresas que están prosperando no lograron su éxito actual cruzadas de brazos; más bien, han tenido que trabajar arduamente para convertirse en verdaderos portentos de productividad y capacidad competitiva. Lo mismo tendrá que ocurrir con todas las demás empresas y con todos los demás mexicanos en todos los ámbitos (lo que seguramente sólo será posible si es que se resuelve el problema educativo y la falta de capacitación). Por ello es pertinente dilucidar si el acercamiento entre el gobierno y el partido va a venir acompañado de un nuevo intento de emprender, desde arriba, otra transformación de todo lo que hay en el país.

La pregunta es relevante porque quizá el mayor mal que enfrenta el país es el que se deriva del hecho que éste se intenta reinventar cada seis años. En lugar de lograr continuidad en los programas gubernamentales, cada gobierno acaba cambiando las reglas del juego y, en general, la esencia de la vida económica, política y social. Cada redefinición arroja perdedores y ganadores, resentidos y agraciados. En su conjunto, las redefiniciones acaban paralizando al país porque nadie sabe a qué atenerse, porque lo que era válido súbitamente deja de serlo y porque los intentos persistentes por proteger a algunos acaban por descarrilar a la mayoría. Aunque este problema es general para toda la vida nacional, en la economía es particularmente notorio: la mayor parte de las empresas que se encuentran en problemas lo están precisamente por haber vivido protegidas y subsidiadas, sin la necesidad de atender a  las señales del mercado o de  ajustarse a la cambiante realidad.  En otras palabras, sobrevivieron sin la necesidad de esforzarse.

Por tres años, el gobierno ha tenido que lidiar con la mayor crisis del México moderno. La complejidad de los problemas que se enfrentaron alteraron la manera de funcionar del gobierno y su relación con la sociedad. Por primera vez en nuestra historia reciente, ha sido la sociedad -en todos sus ámbitos- la que ha tenido que encarar y resolver sus problemas. Aunque el gobierno ha ido respondiendo con un programa aquí y un plan allá, la realidad tangible es que la iniciativa fue pasando poco a poco a los empresarios, a los endeudados, a los partidos políticos. Si uno ve el mundo a nuestro alrededor, nos percatamos de que, como país, súbitamente llegamos a lo que en el mundo en general ha sido la historia cotidiana del siglo XX. Quizá hubiese sido mejor llegar sin crisis de por medio, pero el hecho es que la crisis de 1994 nos ha obligado a actuar más allá de lo que el gobierno puede alcanzar. Por ello, si la reciente redefinición gubernamental va a entrañar un intento por retornar a las decisiones de arriba hacia abajo y a los intentos de imponer un estilo temporal (de antaño) de administrar la economía, entonces estos tres años de convulsiones no habrán servido para nada. Si, por el contrario, la redefinición gubernamental no es más que una necesaria reconciliación o acercamiento entre el gobierno y su partido para poder ejercer sus funciones y llevar a cabo sus programas, bienvenida sea.

www.cidac.org

Luis Rubio

El ahorro interno es la prioridad económica del gobierno federal. A partir de la devaluación de 1994, el gobierno decidió que sólo con una elevada tasa de ahorro interno se podría evitar la recurrencia de las crisis cambiarias. Este diagnóstico le llevó a utilizar dos caminos complementarios para lograr tal objetivo. Por un lado, elevó los impuestos, particularmente el IVA, como mecanismo de ahorro forzoso. Por otra parte, modificó la estructura y operación del sistema de retiro, cesantía y vejez que antes administraba el IMSS. Las llamadas Afores son empresas privadas que en lo sucesivo van a administrar los fondos para el retiro. Ahora que estamos siendo bombardeados por la publicidad de dichas instituciones, es pertinente reconocer que junto con el resto de la población actualmente afiliada al IMSS, estamos en peligro de ser esquilmados una vez más como ha sucedido con el fondo de pensiones del IMSS y con el despojo vía INFONAVIT.

La creación de las llamadas Afores, administradoras de fondos para el retiro, es un intento por asegurar que el ahorro interno se incremente en forma significativa. Las Afores vienen a substituir al IMSS como la fuente fundamental de recursos para cuando los trabajadores de hoy lleguen a ser pensionados. En el pasado, las empresas, los empleados y trabajadores hacían aportaciones al IMSS para ir constituyendo un fondo colectivo, mismo que, en teoría, el IMSS invertía a fin de aumentar el valor del fondo y contar con los recursos necesarios para hacer frente a su obligación con los trabajadores. En la realidad, el IMSS se dedicó a dispendiar ese dinero en la construcción de suntuosos hospitales, teatros, unidades habitacionales, etc. y, sobre todo, en el subsidio al creciente costo de los servicios médicos del propio Seguro Social. Es decir, en lugar de mantener separadas las cuentas de seguro médicas de las cuentas de pensiones, el IMSS las sumó y acabó utilizándolas a su antojo. Esto hizo posible que los gastos médicos, los sueldos, las prestaciones del personal y demás crecieran muy por encima de la inflación. Desde la perspectiva de los mexicanos que aportaron sus ahorros al IMSS para garantizar un retiro digno, lo que sus sucesivas administraciones hicieron fue nada menos que un robo.

El sistema de pensiones plenamente financiadas fue adoptado por Chile en los setenta con enorme éxito. A diferencia del sistema globalizador de solidaridad intergeneracional que regía en el IMSS, las Afores van a ir recibiendo los pagos por parte de patrones y empleados a lo largo del tiempo y lo van a depositar en cuentas individuales a nombre de cada titular. De esta manera, el total de ahorro que acumule cada persona va a depender de las aportaciones que realice a lo largo del tiempo. La persona sabrá con precisión cuánto lleva ahorrado, lo que le permitirá contar con esos fondos de una manera confiable. En Chile, y más recientemente en Argentina, esos sistemas han logrado verdaderos milagros no sólo porque ahora las personas que cuentan con pesos constantes y sonantes en lugar de vagas promesas, sino también porque el ahorro interno de ambas naciones ha crecido en forma dramática. La idea es excelente.

Sin embargo, las bondades del esquema desmerecen cuando se analizan comparativamente las comisiones que las distintas Afores cobran. El abuso parece caracterizar a casi todas. Con dos excepciones, todas las Afores cobran un monto verdaderamente estrafalario cada vez que una persona hace una aportación: van a cobrar entre 13.8% y 27.23% de cada aportación. Es decir, de cada peso que uno aporte, las Afores descontarán su comisión por adelantado y depositarán un neto entre 72 y 86 centavos. El resto, pagado por anticipado, es el costo para el ahorrador por el privilegio de gozar de sus servicios. En otras palabras, una comisión del 1.7% equivale a aproximadamente 26% de la contribución (ahorro) que un empleado efectúa para su retiro. Algunas Afores van todavía más lejos, cobrando, además, una comisión sobre saldos. En otras palabras, este es un negocio redondo para los que se dediquen a administrar estos fondos.

Los bancos y empresas que han sido autorizados para constituir Afores argumentan que el costo de administrarlas es muy elevado porque las inversiones que se tienen que realizar son enormes. Ciertamente, si se quiere evitar caer en el marasmo de corrupción y burocratismo que ha sido el IMSS, es necesario asegurar que existan sistemas de cómputo y toda clase de controles dentro de las administradoras de fondos. En Chile y en Argentina los costos iniciales fueron semejantes. De hecho, si uno realiza proyecciones a quince años, las diferencias en resultados entre unas y otras Afores disminuyen. Algunas de las más agresivas en cobros acaban con resultados semejantes, e incluso superiores, a las que cobran menos. El que en algunos años unas y otras se equilibren ha llevado a que autoridades y administradoras de fondos se muestren muy complacidas.

A pesar de lo anterior, el que los resultados esperados en quince años resulten menos desfavorables de lo que aparecen a primera vista no puede ser razón de regocijo. En realidad hay dos temas complementarios clave que no están siendo analizados. Uno es el de las prácticas monopólicas implícitas en lo que están haciendo las Afores. El otro es la disposición de la autoridad regulatoria, el CONSAR que, en la práctica, lleva a una total ausencia de competencia efectiva en el mercado de pensiones. Las mayoría de las Afores están encantadas buscando clientes en forma colectiva, persiguiendo a líderes sindicales y cabezas de empresas con muchos empleados para lograr una afiliación a la vieja usanza corporativista. Es decir, a pesar de que las Afores son un intento de acabar con la tradición de violación sistemática de los derechos individuales que el corporativismo mexicano entrañaba, nada ha impedido que en la práctica se busque preservarlo por otras vías.

El segundo tema es crucial, pues hace posible que funcione el primero. Si bien hemos podido escuchar y observar numerosísimos anuncios y propuestas de cada una de las Afores, lo que es sorprendente es que no haya un solo anuncio comparativo. No hay una sola Afore que explique porqué es mejor que otra o porqué va a ser más rentable. Ante esto, pregunté en la CONSAR y me encontré con la explicación más obtusa que he escuchado: ¡está prohibido hacer publicidad comparativa! No vaya a ser que los consumidores se den cuenta de lo que los están robando. Difícil encontrar mejor explicación para la incredulidad.

Lo irónico de todo esto es que es difícil imaginar que hasta el más corrupto de los políticos o burócratas del pasado hubiese podido concebir un mecanismo para quedarse con una proporción de hasta el 27% de los fondos que recibían instituciones como el IMSS y el INFONAVIT (institución que, por cierto, seguirá bajo las reglas antiguas de expoliación del ahorro). A menos que se abra la competencia en la información, el nuevo sistema de pensiones va a ser mejor que lo que había antes, pero mucho menos bueno, para el país y para los futuros pensionados, de lo que podría haber sido.

Luis Rubio

La economía mexicana se ha dividido en dos grandes campos que reflejan fielmente nuestra realidad social. Efectivamente, la mexicana es una sociedad en la que hoy coexisten una serie de sectores o, quizá más propiamente, grupos de empresas sumamente productivas y exitosas, con una enorme proporción de la sociedad que vive de actividades económicas altamente improductivas con muy pobres prospectos de mejoría. Nuestro reto, como país, tendrá que ser, necesariamente, el disminuir esta brecha que ahora no hace sino profundizarse minuto a minuto.

Entre el fin de los sesenta y el fin de los ochenta, la economía mexicana pasó de un rápido crecimiento económico a un virtual estancamiento. En parte esto fue resultado del desastroso manejo económico en los setenta, que no hizo sino profundizar los rezagos y los vicios que ya de por sí caracterizaban a la economía mexicana. Pero en esta tendencia a la recesión también influyó -y de manera decisiva- el hecho de que el mundo en que vivíamos cambió en forma dramática, sin que nosotros hiciéramos prácticamente nada por adecuarnos a las nuevas realidades.

En los ochenta se inició el primer intento, tímido en un primer momento, por reconocer lo obvio: o cambiábamos o el país acabaría en un círculo vicioso de recesión y deterioro acelerado en los niveles de vida, sobre todo por la combinación de un excesivo crecimiento demográfico, y un virtual estancamiento de la economía. En los setenta estos problemas se fueron profundizando, hasta que acabamos en una serie de círculos viciosos al inicio de los ochenta. La economía no crecía mayor cosa, la mayoría de los empresarios no hacían nada por ajustarse a los cambios que experimentaba el país y el mundo, la educación se estancaba e incluso retrocedía en calidad y relevancia y la burocracia perfeccionaba sus métodos de obstrucción.

Para el inicio de los noventa ya existían millares de empresas que se habían transformado cabalmente o que estaba en franco proceso de lograrlo. Son esas empresas las que hoy exportan, las que crecen y las que tienen perspectivas sumamente promisorias, a pesar de la terrible contracción de los últimos meses. Según algunos cálculos no muy precisos, éstas representaban entre el sesenta y el ochenta por ciento de la actividad industrial.

En forma paralela al cambio gradual que se fue dando a lo largo de los ochenta en todas esas empresas, la mayoría de las otras se dedicó a no hacer nada. Su mercado decrecía poco a poco, pero muy pocas de hecho quebraban o cerraban. Esas empresas seguían produciendo y lograban sobrevivir -esa es la palabra correcta-, independientemente de que sus productos fuesen competitivos o no. Para fines prácticos, esto último creo la ilusión de que el masivo ajuste que la economía mexicana requería podría llevarse a cabo sin excesivos costos, medidos en términos de desempleo o quiebra de empresas.

Nunca sabremos si la apuesta por una transición suave era razonable o realista. La crisis de 1995 nos llevó a la cruda realidad de un país que no se ajustó a la nueva situación económica. Sea por desidia, por falta de visión o de información o por incapacidad, el hecho es que una porción nada despreciable de las empresas industriales simplemente ha sido incapaz de ajustarse, lo que está llevando a números impresionantes de empresas a la quiebra o, simplemente a cerrar. Si bien esas empresas probablemente no representan más del veinte o treinta por ciento de la producción industrial, sí constituyen el setenta u ochenta por ciento del total de las empresas y, por lo tanto, una muy significativa proporción del empleo industrial. Esto explica el hecho de que haya contrastes tan tajantes en el desempeño de unas empresas respecto a otras, así como la existencia de una realidad -y un debate- tan polarizada en el momento actual. La evidencia habla por si misma: Mientras que las exportaciones crecieron casi 21% en 1996, las ventas al menudeo disminuyeron en casi 2% respecto a 1995, el peor año de la historia moderna.

En este contexto tiene razón el gobierno cuando anuncia tasas de crecimiento muy atractivas, particularmente frente a la terrible contracción que se experimentó en 1995. Sin embargo, por real que sea ese crecimiento, su efecto sobre la mayoría de la población va a ser muy limitado. Independientemente de los efectos políticos que pudiese tener el contraste entre la expectativa de mejoría y la cruda realidad de estancamiento que un enorme número de mexicanos no va a poder eludir en los próximos meses y años, el hecho es que la recuperación de la economía va a ser muy sesgada y, por lo tanto, insuficiente para beneficiar a todos los mexicanos.

La pregunta es qué se puede hacer al respecto. Si uno revisa las propuestas de partidos políticos, economistas y organizaciones empresariales diversas, concluye que hay básicamente tres contrapropuestas a la política gubernamental. Una argumenta por un mayor gasto público como vehículo de estímulo económico para acelerar la recuperación. Otra argumenta que es necesario volver a proteger a la industria para con ello favorecer el renacimiento de las empresas que se han venido muriendo. La tercer propuesta sugiere que la solución reside en una modificación drástica en la manera en que el gobierno administra la economía, pues entre sus planteamientos se encuentran disminuciones en los impuestos, eliminación de regulaciones, privatización masiva, etcétera. Todas la contrapropuestas a la política gubernamental tienen su dosis ideológica así como de intereses concretos que se beneficiarían de adoptarse cada una de ellas, pero no por ello dejan de ser respetables.

El problema es que muchas de esas contrapropuestas no reconocen la realidad. La política gubernamental puede ser acertada o no, bien ejecutada o no, pero al menos tiene la enorme virtud de reconocer la realidad del mundo en que vivimos. Quienes proponen proteger a la industria o incrementar sensiblemente el gasto público no hacen otra cosa más que pretender que la parte menos productiva y más anticuada de la industria mexicana es la que nos va a sacar adelante, algo que es simplemente imposible. Lo que nos urgen son nuevas empresas, más inversión y una gran capacidad empresarial. El gobierno tiene que crear las condiciones para que eso sea posible. Pero sólo los empresarios pueden hacerlo realidad.

Luis Rubio

La revolución en la creación de riqueza que Don Xiaoping desató en China no tiene paralelo en la historia moderna del mundo. En sólo quince años, Deng desató innumerables fuerzas y recursos que habían estado reprimidos por décadas de ortodoxia maoista, logrando con ello una tasa de crecimiento promedio del 9% anual. Cerca de doscientos millones de chinos dejaron atrás la pobreza, en tanto que la población rural, tres cuartas partes del total, vio triplicar sus ingresos reales. Lo que hizo Deng no es muy distinto de lo que sucesivos gobiernos hicieron en México más o menos en el mismo periodo. Los resultados no podrían ser más diferentes.

Como en México, cuando Deng asumió el mando político en China, la norma era una economía autárquica, el reino de la burocracia y un desprecio absoluto por los mercados como mecanismo para la asignación de recursos. Hoy en día sobrevive una infinidad de empresas gubernamentales (la mayoría en manos de ciudades o de comunas y no del gobierno central), todas ellas involucradas en inversiones y coinversiones, típicamente con empresarios del exterior. Nadie sabe cuánto ganan o pierden estas empresas, pero son el componente principal del déficit fiscal del país y el principal impedimento a su incorporación en la Organización Mundial del Comercio. A pesar de ello, por más de una década, China ha sido el destino del mayor volumen de inversión extranjera en el mundo. Un pujante sector privado ha surgido y crecido, literalmente de la nada. Difícil imaginar una transformación más profunda, sobre todo si uno reconoce que el punto de partida era un país autocrático que perseguía fervientemente la mediocridad y la pobreza como mecanismos de control político para mantener la estabilidad en vez de procurarla y a la vez generar riqueza.

Si bien ninguna de las descripciones, análisis o biografías que existen sobre Deng, particularmente ahora que han proliferado con su muerte, lo pinta como un conocedor de la economía de mercado o como un creyente en sus instrumentos, la innovación que Deng aportó al desarrollo de China fue la de permitir que floreciera la economía a través de las decisiones individuales de millones de personas. Abandonó la pretensión de que l Deng se dedicó a empujar, convencer y promover a todos los ahorradores e inversionistas de la necesidad de acelerar el crecimiento de la economía. Ejerciendo un inusitado liderazgo, logró que se reactivaran proyectos de construcción, que los mercados bursátiles experimentaran una súbita recuperación y que los políticos y funcionarios del partido vieran en el desarrollo económico una oportunidad para su propio éxito. La economía retornó al crecimiento en un abrir y cerrar de ojos, logrando tasas de crecimiento promedio de más de doce por ciento entre 1992 y 1996. La suma de incentivos claros, un liderazgo promotor y una absoluta certidumbre para ahorradores e inversionistas no sólo sacó a China del hoyo en que se había metido, sino que generó una revitalización económica sin precedentes.

Lo irónico de la economía china, -en cuyo proceso de cambio reciente existen enormes paralelos con México- es que si bien se han llevado a cabo muchas reformas, lo que aun no se ha reformado todavía es abrumador. Para comenzar, el dogma prevaleciente sigue siendo que no existe conexión alguna entre la liberalización y el crecimiento de la economía y la gestación de demandas ciudadanas y políticas. El gobierno chino mantiene la noción de que el crecimiento en los ingresos de las personas, la movilidad de los trabajadores, la televisión y, en general, los cambios en el modo de vida de la población que la transformación económica ha traído consigo, no tienen relevancia política alguna. Para Deng, como para nuestros gobiernos recientes, las reformas económicas fueron vistas como un mecanismo para afianzar al sistema político tradicional; su objetivo (y esperanza) era el de mantener el status quo político a pesar de los cambios en la economía. Es decir, la reforma económica era vista como un soporte del sistema político autocrático.

En el ámbito económico, lo impactante de China es lo poco que se ha reformado y lo mucho que esas reformas han permitido lograr. El sistema financiero y bancario chino es totalmente inadecuado para responder a la demanda de crédito. Las empresas paraestatales siguen arrojando pérdidas y sus responsables no se avergüenzan en lo más mínimo al demandar ayudas, subsidios y todo tipo de prebendas. Millones de empresas se encuentran estancadas y paralizadas porque no hay una ley idónea para lidiar con quiebras que a la vez que permita cerrar a las empresas inviables, libere y, de hecho, desinmovilice activos que podrían ser extraordinariamente productivos en manos de otros empresarios. Lo impresionante es que todas estas abrumadoras semejanzas con México no han impedido que la economía china crezca y crezca, aparentemente sin límites.

La diferencia crucial con México no parece residir en ninguna de las virtudes del manejo económico, pues éste no parece ser particularmente virtuoso en ninguna de las dos naciones. Tampoco parece haber una diferencia medular en el régimen de propiedad pues, si algo, en China ese tema es todavía más confuso que en nuestro país. La corrupción de muchos funcionarios gubernamentales y del sector privado así como de empresarios, el nepotismo y la propensión de la burocracia a meter sus manos en todas las cosas tampoco parecen mostrar diferencias notables. En China también existen muchos renegados que preferirían retornar al mundo idílico de la utopía burocrática. Igual que en México, las reforma económicas, por incompletas e insuficientes que hayan sido, han alterado el orden político, minado la autoridad el partido gubernamental y han descentralizado la vida política, económica y social. En suma, lo que ha pasado en China a lo largo de las últimas dos décadas no parece ser extraordinariamente distinto a lo que ha ocurrido en México. Y, sin embargo, el ingreso per cápita de los chinos ha venido ascendiendo de una manera espectacular en tanto que el nuestro continua descendiendo.

La explicación de esta diferencia en resultados, a la luz de la semejanza en el proceso de reforma, parece residir en la certidumbre de que han gozado los chinos. Por dos décadas, el gobierno chinoa burocracia central sabia -y podía decidir en consencuencia- lo que era bueno para todos y cada uno de los cientos de millones de chinos y, con ello, hizo posible una impresionante revolución.

En el corazón de esa revolución se encuentra un principio muy pragmático que resultó crucial en el éxito económico de Deng. Para el sucesor de Mao, la esencia del desarrollo no se encontraba en lo que hiciera el gobierno, sino en el marco de referencia que se creara para los actores en la economía. Para Deng la existencia de incentivos específicos y bien definidos, así como de responsabilidades prestablecidas, era mucho más efectiva para generar el desarrollo de la economía que cualquier acción gubernamental o cualquier plan de desarrollo.

A pesar de lo anterior, Deng demostró en 1992 que comprendía que el gobierno tenía un papel central que jugar en el desarrollo económico. Cuando el ala conservadora del Partido Comunista intentó echar para atrás las reformas económicas luego de la masacre de Tiananmen en 1989, se ha esforzado por mantener la credibilidad en sus políticas. Si bien ha habido altibajos en el camino y varios momentos de ajuste económico orientados a bajar la inflación (otra semejanza), lo que se ha mantenido constante es la búsqueda sistemática de un entorno de certidumbre. Lo anterior incluso a pesar que el chino es un sistema político todavía más encerrado y menos público que el nuestro: la politiquería china no ha impedido que se mantenga la certidumbre ni se ha traducido en cambios permanentes en el actuar del gobierno. Aunque la política económica ha cambiado para adecuarse a las circunstancias, las reglas del juego han permanecido inalteradas. Los chinos saben a qué atenerse, están seguros de que el gobierno va a mantener el curso de la actividad económica y no tienen que dedicar horas y horas a entender la nueva regulación fiscal o la circular que altera la esencia de su actividad. Esa certidumbre, la mezcla de constancia en el actuar gubernamental y liderazgo claro en el proceso económico, parecen ser las diferencias cruciales con México.

Luis Rubio

La economía no va a ninguna parte. Las empresas se han dividido en dos grandes grupos: las que son ultra competitivas que exportan y son rentables y las que han estado protegidas, no son nada competitivas y están orientadas al mercado interno. Detrás de estos dos grupos se encuentran millares de empresas medianas y pequeñas que emplean al 70% de la fuerza de trabajo. En la medida en que las empresas exitosas se diversifican y se enfilan más hacia el exterior, todas las demás comienzan a ver un horizonte lleno de nubarrones. Las dificultades que se anticipan se hacen todavía más grandes debido a la enorme pila de deudas que agobian a la industria en general. El sistema bancario experimenta pérdidas crecientes y la posibilidad de que algunas de las principales instituciones lleguen a quebrar. El gobierno se empeña en promover una r pida desregulación de la actividad económica, lo que anuncia una competencia todavía mayor, importaciones crecientes y una sensible caida en las utilidades. El desempleo es una posibilidad real que antes era simplemente inimaginable. El gobierno todo poderoso de antes simplemente se niega a proseguir con mecanisos de protección, subsidios y otras ayudas al sector privado.

(Suena conocido? Si bien la descripción parece directamente venida de las declaraciones cotidianas de alguno de nuestros dilectos líderes empresariales, en realidad se trata del análisis que realizó la revista Business Week en su edición de enero 27 de este año respecto a Japón. La economía japonesa es la segunda más grande del mundo y los japoneses son sin duda uno de los pueblos más ricos de la tierra. A pesar de lo anterior, la economía japonesa experimenta el mismo tipo de presiones que se pueden observar en México. La japonesa es una economía que lleva varios años en recesión, donde los únicos que han logrado salir adelante son los que están vinculados con las exportaciones de un tipo u otro. En la medida en que el número de perdedores en este proceso aumenta, las encuestas revelan un país lleno de gente preocupada por su futuro, ansiosa respecto a la posibilidad de perder su empleo y deseosa de cambiar lo necesario para salir adelante.

Si bien la economía japonesa es una de las más exitosas de la historia bajo cualquier rasero que se quiera emplear, en realidad ha sido una economía dual. El gobierno japonés se dedicó por décadas a promover exportaciones y a hacer todo lo necesario para que los exportadores triunfaran, en tanto que protegió a su mercado interno con la excusa de que de esa manera se aseguraba un desarrollo equilibrado. Como todoa sabemos, las exportaciones probaron ser una fuente de riqueza casi inagotable, lo que permitió preservar ese esquema por mucho tiempo. Hasta que dejó de funcionar.

Los paralelos entre ambas economías, toda proporción guardada, son en realidad asombrosos. En ambos casos nos encontramos con un sector empresarial francamente dividido. Por una parte están los que saben lo que están haciendo, aquéllos que comprenden que ya no se puede producir exclusivamente para el mercado interno, sino que ven al mundo en su conjunto como su espacio de acción, pues es ahí donde están sus competidores y sus proveedores, asi como las tecnologías que pueden o deben emplear. Por otro lado están las empresas y los empresarios que nacieron y crecieron al amparo de la protección gubernamental y que no reconocen o comprenden la enormidad del cambio que ha sobrecogido al mundo. Los primeros se dedican a producir, a desarrollar nuevos productos y mercados y a buscar la manera de emprender nuevas inversiones en donde éstas pudiesen ser más rentables y seguras. Los segundos se la viven lamentando lo que ya no existe, reclamando el regreso de la protección gubernamental y siguen embotados en un círculo vicioso de reclamaciones y demadas con los bancos.

Como en México, el problema en Japón no es solo industrial. La ineficiencia en los servicios es enorme, la competencia creciente y las utilidades con frecuencia no existen. En Japón los perdedores son mucho más numerosos que los ganadores y se concentran, típicamente, en sectores e industrias que, por protección gubernamental o porque las tecnologías disponibles no favorecían la competencia, se fueron rezagando. En ese trance se encuetran las aerolíneas, las empresas de seguros, buena parte de la industria metal mecánica, los bancos y todo el comercio. La desregulación de la economía ha generado una enorme competencia que est dislocando a toda la actividad productiva orientada hacia el mercado interno. De hecho, toda la estructura del famoso keiretsu -la estructura de vínculos accionarios, productivos y de proveedores que se conformó después de la Segunda Guerra Mundial y que favoreció el espectacular crecimiento de Japón-, se est viniendo abajo.

A pesar de las circunstancias, el gobierno japonés no sólo no cede ante el reclamo empresarial, sino que est empeñado en seguir adelante en su proyecto de desregulación. Ni la marea de números rojos, las cuantiosas pérdidas, las quiebras y el creciente desempleo han logrado modificar el actuar gubernamental. La razón de ello, como en México, es que ni el gobierno de all ni el de ac controlan lo que ocurre en el resto del mundo. La economía japonesa, como la mexicana en los ochenta y ahora, entró en recesión antes de que se iniciaran los proyectos respectivos de reforma económica. Fue la recesión la que hizo inevitable la reforma y no al revés.

La manera en que se conduce un proceso de reforma es clave para acelarar el proceso de cambio y, sobre todo, para lograr el objetivo, que no puede ser otro más que el de elevar los niveles de vida de la población. En algunos países ese proceso de reforma ha sufrido altibajos e inconsistencias producto de las circunstancias, de los cambios de gobiernos y de la convicción de los gobernantes. El tiempo dirá si la reforma que actualmente caracteriza a Japón o la que se llevó a cabo en México en los años pasados traer los resultados deseados, aunque no tengo duda que hay mucho que se podría hacer para acelerar ese proceso. Pero lo que es un hecho es que no somos el único país que experimenta este proceso d e cambio. Obviamente no es consuelo ver que otros van por el mismo camino que nosotros, pero permite colocar en su justa dimensión la complejidad del tiempo que nos tocó vivir.

Luis Rubio

La peor perspectiva no es que gane un partido u otro en los próximos comicios federales y locales, sino que sigamos con una faccionalización extrema de la política mexicana. La contienda electoral en la que, a estas alturas, están involucrados mucho más los líderes de los partidos políticos que los potenciales candidatos de cada uno de los partidos, ha adquirido una dinámica que no puede más que perjudicar a todos. Todavía estamos a tiempo de asegurar que, cualquiera que sea el resultado de las elecciones de julio, el país comience a fortalecer y desarrollar sus nuevas instituciones.

En los últimos dos o tres meses los ciudadanos nos hemos visto bombardeados por una áspera retórica emanada de los líderes de los partidos políticos. En su estilo propio, cada uno de ellos ha adoptado posturas que parecen poco conducentes a lograr lo que ellos mismos aseguran buscar: un país de instituciones que funcione y sea justo. Si bien es lógico que cada partido abogue por sus fortalezas y fustigue a sus contrincantes en todos los frentes posibles, la retórica ha rebasado un umbral tras otro de civilidad. ¡Y eso que las campañas ni siquiera han comenzado!

Los partidos y los políticos tienen una natural inclinación a exagerar sus posturas, tanto en lo positivo (ellos mismos) como en lo negativo (sus contrincantes). En algunas contiendas electorales -en todo el mundo- esa retórica con frecuencia se torna sucia, grosera y denigrante de sus contendientes. Lo que normalmente no ocurre, incluso en las contiendas más competidas, en los países con larga tradición democrática es que unos partidos descalifiquen a otros. Es decir, la democracia en su faceta electoral no siempre es limpia y respetuosa -de hecho, casi siempre es lo contrario-, pero parte de una premisa central: que todos los partidos tienen igual derecho a participar en la contienda y a ser ganadores. Esta premisa es central porque permite que el debate se refiera a las cualidades de los candidatos, a sus posturas respecto a temas específicos y a sus propuestas de solución de los diversos problemas que la localidad o el país enfrentan.

El ejemplo de la retórica exacerbada a lo largo de los pasados dos meses invita a reflexionar sobre las posibles consecuencias de los diversos resulados electorales, sobre todo a nivel federal en la Cámara de Diputados. La tendencia, iniciada por el PRI pero gustosamente seguida por los demás partidos, ha sido hacia la descalificación a ultranza de los contrincantes: para el PRI la oposición es fascista o totalitaria, en tanto que para los partidos de oposición la democracia solo vendrá el día que desaparezca el PRI. Esto ha llevado al extremo de que, por primera vez, sean los partidos de oposición quienes propongan la firma de un «pacto de civilidad» para evitar conflictos postelectorales. En el pasado, luego de las disputadas elecciones de 1988, fue el PRI el que siempre persiguió sumar a los partidos de oposición -y particularmente al PRD- en la firma de pactos semejantes con el objeto de legitimar los resultados electorales y favorecer la tranquilidad del país en general.

Es irónico que sea el propio PRI el que ahora se oponga a seguir el curso que con tanto ahínco había promovido en el pasado. En última instancia, el renovado impulso de los priístas en su pre-campaña viene acompañado de la legítima preocupación de los líderes del partido y del propio gobierno de que un triunfo de la oposición en el congreso pudiera descarrilar las prioridades gubernamentales. La preocupación es plenamente justificada, pues a ningún gobierno en el mundo le atrae la perspectiva de tener que negociar o diluir sus prioridades y preferencias. La interrogante es si la táctica que los priístas están siguiendo es la más idónea y compatible con con sus propios objetivos.

Evidentemente el mejor escenario posible para el PRI es ganar el congreso y, con ello, asegurar que sus prioridades persistan. Ese escenario sería válido incluso si el PRI acaba con una mayoría relativa y no absoluta, es decir, menor al 50%. Esta parece ser la apuesta del PRI y del gobierno. El problema es qué ocurre si no se materializa ese escenario y alguno de los partidos de oposición acaba con una mayoría, sea ésta relativa o absoluta. En una democracia establecida e institucionalizada no ocurriría nada catastrófico: el partido en el gobierno y el partido en el congreso hablarían, negociarían y buscarían llegar a acuerdos que permitieran que ambos salieran airosos, aun cuando cada uno hubiese tenido que ceder algunas de sus preferencias. En nuestro caso, tanto la ausencia de mecanismos establecidos para lidiar con una situación como ésta, así como la tendencia a la descalificación indiscriminada crea un ambiente poco propicio para que se pudiese dar, en caso de que así resulten las elecciones, una transferencia ordenada, normal y libre de complicaciones en el congreso.

La postura del PRI y del gobierno es comprensible, pero no por ello libre de riesgos. De ganar el PRI la mayoría del congreso, el gobierno lograría un doble triunfo. Pero de perder, la derrota sería mayúscula. El triunfo sería doble porque la población habría refrendado sus prioridades y porque tendría cancha libre para seguir adelante. La derrota sería mayúscula porque se estaría jugando el todo por el todo.

¿No sería mejor aprobar la legislación pertinente ahorita para evitar esa posibilidad? Un acuerdo legislativo de esta naturaleza involucraría temas como el de vetos y sobreseimiento de los mismos, resolución de diferencias entre legislaciones aprobadas en las dos Cámaras, definición de que ocurre si no se logra un acuerdo en temas como el presupuestal y así sucesivamente. Ninguno de estos temas es novedoso: de hecho, los propios partidos han venido haciendo propuestas, muchas de ellas sumamente sensatas al respecto. Un acuerdo de esta naturaleza permitiría afianzar un proceso gradual de cambio en el país, sobre el lomo de los casi tres años que llevó la negociación electoral que finamente permitirá que todo mundo quede satisfecho en los próximos comicios.

Lo imperativo hoy es crear un entorno de certidumbre para la población, para los partidos políticos y para el gobierno a fin de que nadie tenga incentivos apra rebelarse o para vengarse de alguien a partir de los resultados electorales. Es decir, el entorno de un país normal y no de excepción. Como personas, cada una tiene sus preferencias e ideología, todas ellas absolutamente respetables. Si triunfa el partido de nuestra preferencia, maravilloso. Pero, como sopciedad, lo importante es que nadie sufra dramáticamente porque otro triunfe. Eso es precisamente lo que hay que asegurar ahorita, antes de que el asunto sea de triunfos o derrotas absolutas, en las que,a final de cuentas, todo mundo acaba perdiendo.

Luis Rubio

Por cincuenta años ha sido una fuente de riqueza inagotable. Ahora existe una profunda preocupación de que esa condición pueda desaparecer. Unos piensan que el futuro será una mera extensión del pasado; otros aseguran que las premisas que han hecho posible la acumulación de riqueza van a quedar tan alteradas que la erosión del ritmo de inversión será incontenible. El debate sobre el futuro de Hong Kong arroja lecciones importantes para todos los países por el hecho de que, en el fondo, lo que ahí se disputa no es distinto de lo que nos afecta a los demás.

Los temas a debate en Hong Kong en la actualidad tocan la esencia de la discusión sobre los factores que generan o impiden el crecimiento económico. Hong Kong ha sido una colonia inglesa que ha experimentado tasas de crecimiento impresionantes tanto por su nivel -arriba de 8% en promedio- como por el hecho de que ese ritmo haya sido sostenido por un largo período -más de cuarenta años. Los ingleses que han gobernado la isla y sus territorios instauraron un sistema de gobierno que combinó acciones directas -como la construcción de vivienda popular- con una total libertad de acción económica. La combinación de acción gubernamental en áreas críticas de la infraestructura y de la vivienda popular con libertad de operación para las fuerzas del mercado ha generado resultados tan asombrosos como el que el producto per cápita del habitante de Hong Kong sea superior a los veinte mil dólares, diez veces mayor que el del mexicano promedio.

Hong Kong está integrado por dos zonas que constituyen la colonia inglesa y una más, los llamados Nuevos Territorios, que fueron arrendados de China hace casi cien años. A principios de los ochenta, elecomendó eliminar diversas leyes, regulaciones e instituciones que, a su parecer, contradicen la Ley Básica de Hong Kong. Todo mundo en Hong Kong anticipa que las recomendaciones del panel serán aprobadas por el gobierno chino sin mayor discusión.

El tema de disputa es particularmente serio. Una vez acordada la transferencia de Hong Kong a la soberanía china, el gobierno inglés tomó dos cursos de acción que el gobierno chino considera inaceptables. Por una parte se dedicó a codificar los derechos ciudadanos de la población de Hong Kong. Todos esos derechos -como libertad de expresión y circulación, propiedad y representación- existían en la colonia desde antaño, pero no estaban codificados, por lo que el gobierno chino los considera contradictorios con la Ley Básica. En adición a lo anterior, Inglaterra promovió la creación de una Asamblea Legislativa, con una porción de sus miembros elegidos por voto directo, lo que probablemente contraviene tanto la letra como el espíritu de los acuerdos iniciales.

La Asamblea Legislativa (Legco) ha probado ser sumamente popular y virtualmente todas las curules electas por votación han sido ganadas por la oposición al gobierno chino. Esto ha puesto al gobierno chino ante la difícil tesitura de tener que enfrentar a una población muy poco activa en términos políticos, pero sumamente consciente de sus libertades y derechos ciudadanos, con instrumentos e instituciones casi medievales. Es como si Atenas hubiese sido súbitamente invadida por hordas bárbaras que carecieran de la más mínima sensibilidad de lo que la hace funcionar.

Por su parte, el gobierno chino se encuentra ante la necesidad de tomar posesión de la colonia y de ejercer el gobierno, sin afectar el desarrollo económico de Hong Kong o el potencial productivo de su población. Para los chinos el dilema es muy complejo, pues tienen la doble dificultad de demostrar que son los nuevos dueños y, a la vez, no cambiar absolutamente nada. Pero la verdadera dificultad para el gobierno chino no reside en su voluntad, sino en la probable falta de sensibilidad para comprender o captar las sutilezas que hacen funcionar tan exitosamente a la antigua colonia británica. Es como si un gigante súbitamente se ve ante la necesidad de practicar una intervención quirúrgica en un conejo cuya anatomía desconoce. Todo indica que las intenciones del gobierno chino son las de preservar a Hong Kong como lo que es: una economía extraordinariamente productiva. El problema reside en si tendrá la capacidad de lograr ese objetivo. Como con nuestro gobierno, el problema no es de intenciones, sino de su torpeza al actuar.

El dilema chino es perceptible tanto en las cosas grandes, como en las más pequeñas. Igual se proponen eliminar provisiones legales, que se discute la posibilidad de imponer un impuesto sobre ventas. Su dilema es cómo tomar posesión de la gallina que pone los huevos de oro sin que se les vaya a morir. Su problema es que están acostumbrados a imponer su voluntad sin tomar en cuenta las preferencias, opiniones o sensibilidades de la población. Prefiere el control y la manipulación a las reglas claras y transparentes. Hace algunos años, Deng Xiaoping afirmaba en una entrevista que la población de Hong Kong «no debía hacerse demasiadas ilusiones poco realistas» (Wide Angle, febrero, 1991). La gran interrogante es si tal afirmación denotaba la intención de una embestida que pudiera alterar la esencia de Hong Kong o si sólo se trataba de una mera cortina de humo diseñada para hacer sentir el cambio de dueño.

El gobierno chino enfrenta un dilema reminicente del que cotidianamente obliga a los demás gobiernos del mundo a tomar decisiones en materia de desarrollo económico. Los economistas no han logrado arribar a un consenso definitivo sobre qué es lo que produce el crecimiento económico. Es decir, no hay suficiente conocimiento entre los estudiosos de la economía sobre la mezcla óptima de los factores económicos, políticos y legales que en una circunstancia y tiempo determinados hacen posible el crecimiento. Si hubiera s gobierno inglés se vio ante la necesidad de actuar sobre el tema de Hong Kong, anticipando que en 1998 terminaría el plazo de arrendamiento de los Nuevos Territorios. Inglaterra realizó diversos estudios de factibilidad para definir sus opciones. Uno de esos estudios calculó la posibilidad de abandonar esos territorios y construir suficiente vivienda en la zona colonial para transferir a toda la población de los Nuevos Territorios a los territorios que Inglaterra poseía a perpetuidad. Eventualmente se llegó a la conclusión de que el costo de semejante intento sería prohibitivo y, más importante, que la relación con China era vital para el éxito económico de Hong Kong.

A partir de esas conclusiones, China e Inglaterra negociaron un acuerdo por medio del cual Hong Kong en su conjunto pasaría a ser parte integral de China, a cambio de que este país respetara la forma de vida y las reglas de funcionamiento contenidos en la Ley Básica que incorporó el acuerdo final, por los siguientes cincuenta años. Los acuerdos desataron debates, controversias y crisis cambiarias, pero eventualmente fueron aceptados como una realidad ineludible.

Ahora que se acerca la fecha crucial -el primero de Julio de este año- en que Hong Kong será transferido a China, los ánimos difícilmente podían estar más caldeados. China ha venido nombrando a los funcionarios que habrán de gobernar a lo que ahora se llamará zona administrativa especial dentro de China. Al mismo tiempo, un panel nombrado por el gobierno chino recientemente remejante consenso y circunstancias políticas propicias para ello, economías como la mexicana hace décadas que estarían logrando tasas de crecimiento semejantes a las de Hong Kong.

Hong Kong ha logrado tasas de crecimiento semejantes o superiores a las de Singapur, a pesar de que su tasa de ahorro es menor. Aparentemente, la eficiencia del mercado en Hong Kong compensa una menor tasa de ahorro y una mayor intervención burocrática del gobierno de Singapur. De la misma manera, las extraordinarias libertades económicas y políticas de que gozan los habitantes de Hong Kong claramente son una condición sine que non para el crecimiento económico de esa colonia, pero no es obvio que ésta sea una condición indispensable para el crecimiento en general pues de otra manera no sería posible explicar el crecimiento de Singapur o las espectaculares tasas de crecimiento que han experimentado algunas de las provincias chinas a lo largo de los últimos años. Sin embargo, lo que sí se ha encontrado como común denominador en todos los países exitosos es la certidumbre que ofrecen a sus agentes económicos.

Lo que parece haber caracterizado a Hong Kong por décadas es la continuidad en las reglas del juego, un servicio civil profesional y eficiente, la existencia de un estado de derecho y de mecanismos legales absolutamente confiables para la resolución de disputas, así como un entorno propicio para que las personas desarrollen al máximo su potencialidad económica. El gobierno chino tiene ahora frente a sí la dificilísima tarea de tener que actuar con pies de plomo, cuando su propensión, como la del nuestro, es la de ser un chivo en cristalería.