Luis Rubio
Las encuestas sugieren que el PRI va a acabar con una mayoría absoluta (ya incluída la cláusula de sobre-representación) en la Cámara de Diputados o que, en el más extremo de los escenarios, tendría una mayoría relativa muy cercana al 50%. Estas cifras chocan con las expectativas de muchos observadores y comentaristas, quienes suponen que el PRI ha ganado históricamente por fraude en el uso de los recursos públicos o directamente en el manejo electoral. Sin embargo, más allá del posible choque de expectativas que este contraste entrañe, la pregunta importante en esta etapa previa a las elecciones es menos quién pudiese ganar que si ese triunfo haría o podría hacer alguna diferencia.
Hay dos planos en los que es posible evaluar los efectos potenciales que podrían tener los diversos escenarios legislativos que resultaran de los próximos comicios federales. El primer plano se refiere a los dos posibles escenarios electorales: gana el PRI o no gana el PRI. En primer término se encuentra el escenario que en este momento parece más probable que ocurra: que el PRI gane la mayoría, aunque sea relativa. En segundo término estaría la posibilidad de que alguno de los partidos de oposición, presumiblemente el PAN, lograra colarse por encima del PRI con una mayoría, previsiblemente relativa. El segundo escenario evidentemente entrañaría cambios muy significativos para la política nacional, pero aun el primero podría venir acompañado de sorpresas, sobre todo a la luz del contraste que existe entre la política económica gubernalmental y la plataforma electoral del PRI, que es sumamente crítica de ésta.
En principio, sería de esperarse que, bajo un escenario de triunfo del PRI, la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo se mantuviera dentro de los cánones tradicionales. El mismo partido controlaría las dos instancias de gobierno lo que, de entrada, evitaría el tipo de confrontaciones y diferencias que normalmente ocurren en casos de gobiernos «divididos» como ocurre actualmente en Estados Unidos y ocurrió dos veces en la última década en Francia. El hecho de que el PRI estuviera, como ha estado siempre, de los dos lados de la mesa haría mucho más fácil la labor gubernamental y favorecería que el «torcido de brazos» que con frecuencia tiene lugar en el poder legislativo (como cuando se incrementó el IVA en 50% en 1995) fuese tan natural y expedito como siempre.
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Luis Rubio
Las encuestas sugieren que el PRI va a acabar con una mayoría absoluta (ya incluída la cláusula de sobre-representación) en la Cámara de Diputados o que, en el más extremo de los escenarios, tendría una mayoría relativa muy cercana al 50%. Estas cifras chocan con las expectativas de muchos observadores y comentaristas, quienes suponen que el PRI ha ganado históricamente por fraude en el uso de los recursos públicos o directamente en el manejo electoral. Sin embargo, más allá del posible choque de expectativas que este contraste entrañe, la pregunta importante en esta etapa previa a las elecciones es menos quién pudiese ganar que si ese triunfo haría o podría hacer alguna diferencia.
Hay dos planos en los que es posible evaluar los efectos potenciales que podrían tener los diversos escenarios legislativos que resultaran de los próximos comicios federales. El primer plano se refiere a los dos posibles escenarios electorales: gana el PRI o no gana el PRI. En primer término se encuentra el escenario que en este momento parece más probable que ocurra: que el PRI gane la mayoría, aunque sea relativa. En segundo término estaría la posibilidad de que alguno de los partidos de oposición, presumiblemente el PAN, lograra colarse por encima del PRI con una mayoría, previsiblemente relativa. El segundo escenario evidentemente entrañaría cambios muy significativos para la política nacional, pero aun el primero podría venir acompañado de sorpresas, sobre todo a la luz del contraste que existe entre la política económica gubernalmental y la plataforma electoral del PRI, que es sumamente crítica de ésta.
En principio, sería de esperarse que, bajo un escenario de triunfo del PRI, la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo se mantuviera dentro de los cánones tradicionales. El mismo partido controlaría las dos instancias de gobierno lo que, de entrada, evitaría el tipo de confrontaciones y diferencias que normalmente ocurren en casos de gobiernos «divididos» como ocurre actualmente en Estados Unidos y ocurrió dos veces en la última década en Francia. El hecho de que el PRI estuviera, como ha estado siempre, de los dos lados de la mesa haría mucho más fácil la labor gubernamental y favorecería que el «torcido de brazos» que con frecuencia tiene lugar en el poder legislativo (como cuando se incrementó el IVA en 50% en 1995) fuese tan natural y expedito como siempre.
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Un escenario con mayoría de la oposición, aunque ésta fuese relativa (o sea, menor al 50%) o incluso un escenario bajo el cual el PRI fuese mayoritario pero sin contar con una mayoría absoluta constituitía una pesadilla para un gobierno que, históricamente, ha estado acostumbrado a imponer sus preferencias sobre el poder legislativo. En lugar de exigir, el gobierno tendría que convencer; en lugar de demandar, tendría que negociar; en lugar de torcer brazos, el gobierno tendría que aceptar las prioridades de la oposición para que ésta acepte las del gobierno. Aunque sin duda éste sería un escenario extraordinariamente complejo y difícil de adminsitrar, tendría la ventaja de comenzar a sentar las bases para evitar los abusos y excesos que han caracterizado al sistema político por décadas.
Pero hay otro plano que no es menos importante de ser considerado. La razón por la cual es importante plantear la pregunta de qué pasaría si cambia la composición del congreso es que hasta hace muy poco el congreso funcionaba como una secretaría más, a cargo de la ratificación de las decisiones presidenciales. Ya hoy en día el congreso ha venido cobrando -o haciendo intentos por tomar- una mayor independencia respecto al Ejecutivo. Esa tendencia promete acentuarse independientemente de quien gane los comicios, pero indudablemente se profundizaría mucho más de ganar la oposición (o aun si ninguno de los partidos rebasa el 50%). Es decir, el hecho de que el poder legislativo esté cobrando importancia tiene que ver con la creciente independencia que le confiere la realidad política actual. México está excepcionalmente mal preparado para esta contingencia.
La historia de países con gobiernos «divididos» no es grata en casi ningún país. Las experiencias latinoamericanas son particularmente malas, como ilustran los casos de Brasil, el Chile de Allende, Perú, etcétera. Quizá el temperamento latino haga difícil la negociación entre las distintas instancias de gobierno, razón por la cual los países de la región suelen tener gobiernos con un acentuado presidencialismo. Pero también es posible que el problema no radique en el temperamento, sino en las estructuras institucionales. España y Portugal demuestran que es posible la convivencia entre partidos distintos, como ilustra el actual gobierno de Aznar. Lo que importa es que existan mecanismos institucionales que establezcan reglas del juego claras para todos y que permitan evitar una parálisis presupuestal si no llegan a ponerse de acuerdo las partes y que faciliten la solución del problema de los vetos, que no está prevista en nuestra legislación. Sería útil acelerar el paso en esta materia par evitar descalabros innecesarios en caso de que el PRI no logre la victoria en el legislativo que el gobierno tanto desea.
No es posible minimizar la complejidad de un escenario en el que ningún partido lograra una mayoría absoluta, sobre todo cuando la agenda gubernamental ofrece tan poca latitud de negociación y cuando nos encontramos en una coyuntura tan frágil como para llevar a cabo todavía más cambios económicos o de cualquier otro tipo. Sin embargo, tampoco es razonable minimizar el impacto que la actual crisis -y su manejo- ha tenido sobre la población. Si el resultado de la próxima elección es un congreso sin mayoría priísta será porque los mexicanos habrían llegado a la conclusión de que son preferibles los entuertos y negociaciones altisonantes que las consecuencias de un gobierno con rienda suelta.