Conflicto inevitable

Nadie puede culpar a los mexicanos de estar crecientemente preocupados por el devenir del país.  La multiplicación de luces rojas tiende a acelerarse y a causar toda clase de dislocaciones. Las tensiones se incrementan en Chiapas, el Fobaproa se torna explosivo, la relación oficial con Estados Unidos se vuelve cada vez más conflictiva, la inseguridad pública crece sin cesar y la tensión social comienza a desbordarse.  La función de los políticos en ésta -y todas- las circunstancias debería ser la de ofrecer un liderazgo convincente y certero. Sin embargo, la retórica política -desde el presidente hasta el último de los políticos- tiende a ir precisamente en la dirección contraria. La retórica está exacerbada, los políticos polarizan y la política se radicaliza, al menos en su versión retórica. En privado los políticos hablan de soluciones y arreglos pero en público elevan el nivel de conflicto cada vez que abren la boca. ¿Saben nuestros políticos a dónde nos quieren llevar?

 

Todos y cada uno de los conflictos y dificultades que enfrentamos evidentemente tienen solución.  Hay temas complicados, como el de Chiapas, y temas costosos, como el de Fobaproa, pero no hay razón alguna por la cual los problemas que enfrenta el país no puedan ser enfrentados y resueltos. Técnicamente no es imposible encontrar maneras de reducir el costo económico del Fobaproa, por ejemplo, con lo cual se podría reducir también el costo político de su aprobación. A pesar de su mayor complejidad, exactamente lo mismo se puede decir acerca de Chiapas. Los ánimos en y respecto a ese estado están por demás caldeados, lo que impide comenzar a resolver el conflicto, pero no hay razón objetiva para suponer que una solución es imposible. Chiapas ha dejado de ser un conflicto para convertirse en la excusa de todos y de todo, cada cual con su agenda particular.  Sin embargo, si uno sigue el discurso político, cualquier salida a estos problemas aparece como imposible.  La retórica de los políticos polariza, impide y hace cada vez más costosa la solución de los problemas. Quizá esto sea inevitable porque todo mundo parece identificar su interés con la polarización más extrema posible.  Ya que en el 2000 se concentran todas las expectativas partidistas y políticas, es imperativo identificar qué es lo que conduce a esa radicalización del lenguaje, para disminuirla o atenuarla.  Una definición clara respecto a las reglas del juego para esa contienda y acuerdos específicos en torno a la continuidad de lo esencial en lo político y en lo económico permitirían atenuar la radicalización política actual.

 

El lenguaje de los políticos es importante porque establece los patrones de comportamiento de la población, sobre todo en el contexto de una sociedad enojada, atemorizada, convencida de que su situación es injusta y en la que no existen parámetros absolutos (como serían la legalidad o el orden legal). Cuando un político dice cosas extremas hace pensar a todos los ciudadanos que se vale tomar posturas o acciones igualmente extremas.  Cuando un político condona o con su lenguaje legitima la violencia, le da pie a esos grupos, ya de por sí altamente motivados (y con frecuencia movilizados), a tomar las armas y a emprender acciones violentas.  El lenguaje tiene consecuencias.

 

Pero el otro lado de la moneda no es menos importante.  La población está enojada, ve con gran duda e incertidumbre el futuro y se siente atemorizada por la violencia y criminalidad.  El hecho de que la economía familiar en regiones muy amplias del país no haya mejorado en los últimos años no ayuda en nada.  La polarización social, la desigualdad económica -que no es nueva, pero ciertamente no ha disminuido- y la criminalidad son todos ingredientes de la tensión social que caracteriza a la sociedad y que se manifiesta de distintas maneras: desde los actos violentos que se observaron luego de los partidos de futbol hace algunas semanas, hasta el apoyo explícito o implícito que reciben personas o grupos que retan la legalidad, como es el caso del Barzón o de delincuentes convictos como Isidoro Rodríguez «el divino».  Todo parece indicar que la población está tan enojada y molesta que cualquier comportamiento contrario a la autoridad (incluso al concepto mismo de autoridad) es inmediatamente validado y aceptado como legítimo.

 

Estas realidades llevan años cobrando forma. Ninguna de ellas es particularmente nueva ni su manifestación actual casual. Pero la problemática no es igual en todo el país.  No es lo mismo, por ejemplo, el centro que el norte geográfico del país. Mientras que el primero se estanca -si no es que retrocede- en términos económicos y de distribución del ingreso, el segundo experimenta un crecimiento industrial que tiene pocos precedentes en el mundo, al grado en que muchos de los estados de la región gozan de pleno empleo.  No es casual, en este contexto, que existan diferencias muy agudas en el comportamiento de la población en distintas partes del país.

 

El país está atravesando por un proceso de cambio político sumamente agudo y profundo.  El gradual desmoronamiento del viejo sistema político ha liberado la competencia partidista, ha permitido una creciente libertad de expresión y el surgimiento de todo tipo de liderazgos, pero también ha venido acompañado del crecimiento de la criminalidad y la violencia.  Es decir, los viejos controles políticos desaparecieron justo cuando la economía sufría una de sus peores crisis, provocando el desencanto y empobrecimiento generalizado en la población.  Ambas cosas -la liberalización política y la debacle económica- generaron una crisis de  liderazgo que ahora se manifiesta en la forma de una retórica radical y polarizante, y un entorno político altamente volátil.

 

El caso más ilustrativo de los riesgos de la volatilidad política que caracteriza al país en la actualidad no tiene que buscarse en la era precolombina.  En 1994, la suma de violencia, polarización, lenguaje radical y falta absoluta de comprensión de la gravedad del momento político llevó al país a la orilla de un abismo.  El año comenzó con el levantamiento zapatista y de ahí no paró hasta la devaluación de diciembre.  En el camino pudimos observar a un negociador de la paz manejando su propia agenda, a un secretario de gobernación amenazando la estabilidad política del país y a un subprocurador acusando de corrupción a todos los mexicanos en un acto que probó ser un mero reflejo de sus propias culpas.  Fue poco lo que nos faltó para dar el salto al abismo. Lo mínimo que podríamos hacer en este momento es no repetir semejante faena. Pero todo parece indicar lo contrario.

 

Justo en el momento en que el país requiere un claro liderazgo, un fuerte sentido de dirección y una mayor responsabilidad por parte de los partidos y los políticos, la polarización y el lenguaje radical parecen ser la norma, en lugar de la excepción. Los políticos exacerban el discurso y luego se sorprenden de las respuestas violentas de la población. Lo urgente es reconocer la complejidad de los tiempos, la dificultad del momento y los extraordinarios riesgos que el país está corriendo, como resultado del lenguaje político y de la falta de acción en problemas centrales que nos afectan. Claramente, los políticos perciben fuertes incentivos para comportarse como lo hacen.  Con suerte algunos de ellos tendrán la capacidad para invitar a la concordia y a la civilidad antes que la violencia a la que han incitado los rebase o, con mucha fortuna, antes de que los electores les muestren la puerta de salida.

Más allá del Fobaproa

Nada impide que otros Fobaproas, en cualquier ámbito de la vida nacional, se puedan presentar en el futuro. El problema expuesto por el Fobaproa en el momento actual es un reflejo fiel de la enorme complejidad de la actividad financiera combinada con un conjunto de leyes y reglamentos asombrosamente, casi perversamente inadecuados a la realidad del México de hoy, de la falta de transparencia en la gestión pública y de la excesiva (¿absoluta?) discrecionalidad con que actúan las autoridades. Esta problemática no es privativa de la actividad bancaria; es cotidiana en los ámbitos político, social y económico en general, y constituye un obstáculo grave al desarrollo del país. Por otra parte, la apertura política y económica que también caracteriza a México en la actualidad, requiere necesariamente de leyes y regulaciones funcionales para que exista una convivencia pacífica, algo que hoy no está garantizado. Es tiempo de convertir el aprendizaje que nos dejó el desastre del Fobaproa en algo positivo para el futuro del país.

 

Nadie puede menospreciar el enorme peso que implicará para muchas generaciones el fondo creado para proteger el ahorro depositado en los bancos. Las cifras hablan por sí mismas, pero sólo cuentan una parte de la historia. Las cifras multimillonarias (en dólares) que se están discutiendo en la actualidad con relación al Fobaproa reflejan un salvamento mal concebido, mal llevado a cabo y, finalmente, malogrado, de las instituciones bancarias, pero no alcanzan ni siquiera a otear el enorme costo de oportunidad asociado al colapso de la banca a partir de su privatización, la devaluación y el mal llamado salvamento.

 

Para comenzar, pocas veces en la historia del país y del mundo se ha visto una destrucción tan grande de valor como el que experimentaron los bancos y sus accionistas en los últimos tres años. Con excepción de los pillos que amasaron fortunas saqueando a sus bancos, la gran mayoría de los accionistas ha sufrido pérdidas colosales. Inevitablemente, esas pérdidas tendrán profundas repercusiones en el dinamismo de la inversión productiva en los próximos años, toda vez que quienes fueron y son accionistas de los bancos -desde los pequeños hasta los más grandes- representan a una buena parte del empresariado del país.

 

Pero más allá de las pérdidas económicas de los bancos y sus accionistas, el mayor costo del que Fobaproa es la simple punta de iceberg no es estrictamente monetario. El costo debe medirse en términos de la disposición que exista en el futuro a realizar inversiones, sean éstas de mexicanos o de extranjeros. A final de cuentas, el problema del Fobaproa evidencia tres fenómenos que son ubicuos en nuestra realidad.

 

El primero es la inadecuación y complejidad de las leyes y lo costoso que resulta hacerlas cumplir, si acaso se puede.  El caso del anatocismo muestra la falta de transparencia en las reglas del juego entre bancos y acreditados: igual un contrato entre las partes puede considerarse de naturaleza civil que mercantil, con consecuencias completamente distintas para unos y otros. La Ley de Quiebras vigente ilustra otro ángulo de lo mismo: una empresa que se acoge a la suspensión de pagos, independientemente de que su situación lo amerite, por ejemplo, deja de causar intereses por el sólo hecho de haberse amparado bajo esta disposición legal. En una época inflacionaria como ésta, el costo de dicha suspensión de pagos, necesaria o supuesta, es enorme para el banco y, como hemos visto en el caso del Fobaproa, para la sociedad. Un último ejemplo de esto es la enorme dificultad que existe, en la práctica, para que se adjudiquen las garantías que supuestamente respaldaban los créditos que se encuentran en el Fobaproa. Es decir, una empresa puede garantizar un crédito con alguna propiedad pero el banco tiene enormes dificultades para hacerla efectiva en caso de incumplimiento por parte del acreditado. Estos tres problemas jurídicos-judiciales dan cuenta de una enorme porción de los créditos que, pudiendo haber sido pagados, dejaron de serlo porque la ley es ambigua, contradictoria y obsoleta,  o bien, porque el aparato judicial es ineficaz.

 

Un segundo fenómeno de nuestra realidad regulatoria y legislativa es el de la extraordinaria discrecionalidad de las autoridades. Esta atribución de nuestra burocracia es tan vieja como el país, pero es particularmente grave en una época en la que sociedad y economía adquieren la complejidad que hoy tienen las mexicanas. La enorme latitud de acción y decisión que un sinnúmero de leyes le otorgan a las autoridades hacen, paradójicamente,  irrelevantes a las propias leyes. Un ejemplo extremo de lo anterior, una verdadera joya de nuestra realidad, lo ofrecía la ley relativa a la inversión extranjera que fue aprobada en 1973: en esa ley se establecían los términos y porcentajes máximos permitidos de inversión extranjera en empresas mexicanas, por sector de actividad económica. Cada uno de los artículos de la ley definía atribuciones y responsabilidades y precisaba la relación que debía existir entre empresarios nacionales y extranjeros. Independientemente de la bondad de la ley, sus cláusulas eran apropiadas a los objetivos de la legislación y su naturaleza procesal guardaba similitud con leyes en otros países. Hasta aquí todo iba bien. El problema radicaba en una cláusula adicional al final en la que se le otorgaba al gobierno todas las facultades para hacer caso omiso del resto del clausulado. Es decir, la ley que con tanta precisión detallaba porcentajes y sectores económicos, también le permitía a la autoridad decidir lo que le viniera en gana. La discrecionalidad en la autoridad es necesaria en algunas condiciones, pues es ello lo que permite que un gobierno tenga un nivel de flexibilidad compatible con sus responsabilidades. La discrecionalidad excesiva se convierte en arbitrariedad lo que causa incertidumbre y, por lo tanto, impide que se realicen inversiones de largo plazo. Esta es sin duda una de las principales razones por las cuales la mayoría de la inversión que se materializa en el país, de mexicanos y de extranjeros, tiene como horizonte máximo el de un sexenio. Nuestra legislación induce la visión de corto plazo y  la consecuente búsqueda de utilidades rápidas, a cualquier precio.

 

Finalmente, el tercer fenómeno que entraña enormes costos (de todo tipo) para el desarrollo del país es el que está implícito en los conflictos de interés que genera la excesiva discrecionalidad con que cuenta la burocracia mexicana combinada con atribuciones contradictorias o traslapadas, que son la regla más que la excepción en nuestro país. Es decir, la burocracia no sólo cuenta con enormes atribuciones, sino que, además, con frecuencia también tiene autoridad en áreas que deberían ser independientes. Una vez más, el problema bancario de los últimos años ejemplifica generosamente el problema. Cuando los bancos fueron privatizados, la entidad encargada de hacerlo (la Secretaría de Hacienda) también tenía amplias facultades discrecionales en la determinación de las regulaciones que gobernarían a la banca. Es decir, los vendedores tuvieron la capacidad de manipular el marco regulatorio para elevar el precio de los bancos dramáticamente.  Esto, como lo vemos ahora,  con nefastas consecuencias.  Los conflictos de intereses no fueron ajenos a la Comisión Nacional Bancaria que, una vez en medio de la crisis, se encontró con que tenía dos funciones y responsabilidades contradictorias: una como reguladora y supervisora de los bancos, y la otra como salvadora de los mismos. Lo que le exigía una función impedía la consecución de la otra, y viceversa.

 

La suma de estas tres características de nuestra realidad político-económica se traduce en una obscuridad absoluta a plena luz del día.  La discrecionalidad de las autoridades, lo ambiguo de las leyes, la existencia de leyes contradictorias entre sí y los conflictos de objetivos e intereses en la burocracia hacen posible (y natural) procesos de toma de decisiones carentes de toda transparencia. Esto es lo que caracterizó la privatización de los bancos y el Fobaproa y es lo que predomina en el sinnúmero de procesos y decisiones que tienen lugar en el país en forma cotidiana.  Si el debate en torno al Fobaproa sirve para generar la transparencia en la gestión pública, los diputados le habrán hecho un gran servicio al país.

 

El problema del Fobaproa es notorio por la visibilidad que le confiere albergar a un monstruo de más de sesenta mil millones de dólares. Pero no es una excepción en nuestra historia. Todas nuestras leyes son confusas, contradictorias, con frecuencia inadecuadas y prácticamente siempre generadoras de extraordinarias facultades discrecionales y arbitrarias para la burocracia. Mientras no comencemos a resolver estas situaciones, nada impedirá que se repita un Fobaproa en el futuro, o que se dejen de materializar miles de inversiones potenciales que generarían riqueza y empleos en el país. Aquí tienen nuestros legisladores una oportunidad excepcional de comenzar a sentar las bases para un verdadero cambio político en el país: para hacer una diferencia en la vida de los mexicanos y no solo en la vida partidista y legislativa.  Ojalá tengan la visión y, sobre todo, la grandeza para lograrlo.

FIN DE ARTICULO

Fobaproa Hay salida

Nos guste o no, ya estamos metidos hasta el cuello en el Fobaproa. El revuelo político que ha desatado la iniciativa presidencial de formalizar el pasivo del Fobaproa en deuda pública tiene una razón natural de ser: los políticos y sus partidos quieren evitar pagar un enorme precio electoral por una situación que, equivocada o acertadamente,  es percibida  por la población como la evidencia más contundente de la corrupción gubernamental y bancaria de los últimos años. Pero existe un tema mucho más serio que el anterior y es que el Fobaproa, en su estado actual, parece ser un barril sin fondo. Quizá la solución al problema político se encuentre, al menos parcialmente, en la solución al problema financiero y no al revés.

 

Es evidente, en retrospectiva, que la respuesta gubernamental al problema bancario no sólo fue errada, sino también desastrosa. Inmediatamente después de la crisis desatada por la devaluación, el gobierno reconoció que tenía que enfrentar un serio problema bancario, aunque no tenía idea de sus dimensiones.  El gobierno sabía bien que tenía un muy grave problema bancario por la simple razón de que éste conocía, por haberlas creado, las razones de su fragilidad. Al privatizar los bancos con el único criterio de maximizar el ingreso fiscal, el gobierno cometió -o permitió- toda clase de torpezas: desde compras de bancos financiadas con crédito (en lugar de capital fresco), hasta su entrega a personas deshonestas. En cualquier caso, muchos de los bancos ya evidenciaban problemas serios de insuficiencia de capital y prácticamente todos experimentaban un crecimiento astronómico de la cartera mala y vencida desde finales de 1993.

 

La adquisición de la cartera bancaria mala por parte del Fobaproa fue una manera torpe de darle algo de oxígeno a los bancos que lo que realmente requerían era capital. La solución fue torpe por dos razones: por una parte, una vez que el Fobaproa adquiría la cartera, los bancos se desentendían, para efectos prácticos, de su problemática y administración. Es decir, una vez transferida la cartera al Fobaproa, el banco ya no tenía interés o incentivo real para administrar la cartera, ni para tratar de cobrarla en forma regular o de renegociarla para que el deudor siguiera pagando. Una vez en manos del Fobaproa, la cartera mala de los bancos pasó a un limbo en el que permaneció por mucho tiempo sin que nadie se ocupara de ella. Esto ocurrió con cartera de créditos otorgados a personas jóvenes y viejas, sensatas e insensatas, honestas y deshonestas: una vez en el Fobaproa, la cartera entraba en estado de hibernación y punto. Este hecho, más que cualquier otra cosa, explica el crecimiento exponencial del problema del Fobaproa.

 

La otra razón por la cual la solución fue torpe es porque creó un monstruo costosísimo, que ahora los mexicanos vamos a tener que pagar con nuestros impuestos, y a costa de otros programas de gasto gubernamental, sin que eso garantice que los bancos vayan a poder funcionar en el futuro. Es decir, el hecho de que el Fobaproa haya adquirido una parte enorme de la cartera dudosa o mala de los bancos no ha resuelto el problema de insuficiencia de capital de los bancos, ni asegura que el costo del Fobaproa vaya a dejar de crecer. Se trata del peor de los mundos posibles.

 

 

El debate político sobre Fobaproa parece tener dos dinámicas claramente diferenciadas. Por un lado, tiene una vertiente electoral y electorera. La otra es una vertiente demagógica y hasta pornográfica. La parte electoral es muy simple: tanto los perredistas como los panistas, pero sobre todo estos últimos, temen aprobar una legislación que, como el aumento del IVA en 1995, pruebe ser un factor de furia entre los votantes. Ningún político quiere votar ahora en favor de una iniciativa que pueda costarle la próxima elección. Al mismo tiempo, en su vertiente demagógica, ambos partidos opositores del PRI creen que en el Fobaproa hay los elementos suficientes para desvestir al gobierno y, como dice el dicho popular, para «colgarle el muerto»  al PRI en la próxima elección. La buena noticia es que, finalmente, los votantes son ya un factor indispensable en los cálculos electorales de los partidos, algo nuevo en nuestra realidad política. La mala noticia es que nadie está pensando en la solución al problema del Fobaproa, sino en cómo aprovecharlo o, cuando menos, en cómo evitar salir golpeado del proceso.

 

Para el PRD, culpar al PRI del Fobaproa y votar en contra de la legislación en la materia no entraña problema alguno, pues ese partido no percibe razón o necesidad alguna de ser concebido como un partido capaz de gobernar y hacerse responsable de los asuntos de Estado, entre los cuales el Fobaproa es prominente. Es decir, el hecho de que el PRD repruebe, por razones políticas o ideológicas, el manejo que se ha hecho del Fobaproa no lo eximiría, en caso de llegar a gobernar al país algún día, de enfrentarlo como problema. Esa manera de (no) gobernar es precisamente lo que le está costando el apoyo popular al gobierno perredista de la ciudad de México. Hasta en México el escapismo tiene límites.

 

El problema para el PAN es muy distinto. El PAN no sólo comprende el dilema inherente al Fobaproa, sino que reconoce que la iniciativa presidencial tiene que ser aprobada. Es decir, los miembros del PAN tienen una visión del Estado de la cual, al menos hasta la fecha, el PRD no da evidencia alguna. El dilema para el PAN es el de encontrar la fórmula que le permita a sus diputados aprobar una iniciativa que no tiene remedio (porque el problema ya está ahí y no va a desaparecer por muchos buenos deseos que pudiésemos tener los mexicanos), sin pagar un brutal precio electoral. Hasta este momento, la avenida que el contingente panista en la Cámara de Diputados ha identificado para realizar este salto triple es la de desacreditar al gobierno, acusarlo de corrupto por el manejo del Fobaproa y demandar la realización de auditorías para cubrirse la retaguardia.  Los panistas parecen confiar en que, una vez evidenciada la mugre en el Fobaproa, puedan lograr la maravilla de culpar al gobierno, aprobar la legislación (y con ello verse como partido capaz de gobernar) y no perder el favor electoral de los votantes.

 

Yo me pregunto si, en lugar de este malabarismo panista y perredista, no sería mejor (y más fácil) buscar soluciones al problema financiero del Fobaproa que, además, tuvieran la virtud de ser políticamente atractivas. Específicamente, hay dos vertientes que ningún partido, ni el propio gobierno, están explotando y que nos podrían hacer mucho bien a todos los mexicanos. La primera vertiente es la de intentar contener el rápido crecimiento del Fobaproa, si no es que reducir su tamaño en los próximos años, reiniciando las subastas que se empezaron -y suspendieron- en 1996. Una parte importante de la cartera comercial podría subastarse y, con ello, disminuir el tamaño del Fobaproa, reducir su crecimiento y su costo financiero y, sobre todo, dar una salida productiva a todo ese mar de recursos desperdiciado por pésimas decisiones de las autoridades financieras y bancarias en los últimos años. Lo importante es reducir el tamaño del Fobaproa, literalmente a cuaquier precio, con tal de inducir la reactivación de la cartera y de la planta productiva involucrada. Pero el procedimiento de venta debe ser impecable e impoluto: al mejor precio, aunque éste sea bajo, utilizando un mecanismo público de subasta absolutamente transparente que nadie pueda impugnar.

 

Un segundo camino, complementario al anterior, sería el de ofrecer condiciones inmejorables para regularizar a todas las familias rezagadas en sus pagos, a todas aquellas que abandonaron sus casas por no poder pagar y a las que viven en permanente incertidumbre por no estar al día en sus pagos.  De esta manera, los deudores -familias y personas- pueden regularizar su situación y obtener el beneficio del descuento que produzcan las subastas.  Es decir, las empresas especializadas que adquirieran las deudas hipodecarias y personales (como de tarjetas de crédito) tendrían la obligación de liberar a todas aquellas personas que se presentaran a pagarlas en un plazo perentorio y con un sobreprecio prestablecido. Por ejemplo, si la empresa adquirió la deuda en veinte centavos (de cada peso de deuda), la persona endeudada podría comprarla en veinticinco centavos y con ello quedar totalmente liberada.  El beneficio político de resolver esa problemática para centerares de miles de familias es más que evidente.

 

Al igual que con la cartera comercial y empresarial, el sólo hecho de sacar el paquete de deudas hipotecarias del Fobaproa tendría el enorme beneficio de reducir el tamaño de ese enorme fondo. Además, el subsidio implícito en la reactivación de la cartera se vería más que compensado por la recuperación de la dinámica banco-cliente que es indispensable para el desarrollo económico. Es decir, se comenzaría la reconstrucción de la cultura del pago, tan minada en los últimos años. Quizá tan importante como eso sería el que los políticos encontrarían una manera de salir del hoyo en que el Fobaproa los ha metido sin crear un caos ni arriesgarse a la furia del electorado.

Fin de artículo

El baile del Fobaproa

Fobaproa es un tema políticamente explosivo, pero prácticamente nadie sabe por qué. Sin embargo, descifrar ese porqué es crucial, pues la asignación de culpas y responsabilidades es siempre un deporte fácil en nuestro ambiente político, pero no siempre justo, certero, o incluso provechoso. El tema es explosivo por sus dimensiones -sesenta y cinco mil millones de dólares- pero también porque los partidos y los políticos sospechan (o temen) que el fondo diseñado para proteger el ahorro bancario esconde la corrupción del siglo. Sin embargo, todo parece indicar que la corrupción no es, ni remotamente, el tema medular del Fobaproa.

 

El origen, la gestación y erupción del Fobaproa no son producto de la casualidad. Son producto de la ineficiencia, incompetencia y sucesión de errores de visión y operación por parte de las autoridades financieras a lo largo de las últimas dos décadas, más que de la corrupción, entendida ésta como el saqueo del erario público, aunque desde luego también de eso ha habido en este funesto drama que afectará a todos los mexicanos.  El problema actual del Fobaproa es el resultado fatal, casi inevitable, de una sucesión de decisiones gubernamentales que generaron incentivos extraordinariamente destructivos para la economía del país y que deben ser analizados y discutidos en esa perspectiva. De por medio se encuentra no sólo la deuda pública, sino el futuro de los bancos, corazón de la economía del país.

 

Los problemas de la banca comenzaron en los setenta. Hasta ese entonces, los bancos se habían distinguido por cumplir su función esencial: captar el ahorro del público y otorgar crédito a las empresas para que éstas, a su vez, invirtieran, crecieran y generaran riqueza y empleos. Esa ecuación cambió en los setenta, cuando toda la actividad económica sufrió una aguda politización. Producto de esa politización fue el creciente déficit público que desplazó al sector privado del financiamiento otorgado por la banca. Así, los banqueros dejaron de financiar la actividad productiva para financiar un galopante -e improductivo- gasto gubernamental. Para 1982 el modelo económico promovido por dos sucesivas administraciones había quebrado. El último acto de politización de la actividad económica fue la estatización de los bancos.

 

La estatización de la banca hizo imposible el desarrollo de los bancos. Estos rápidamente se incorporaron a la lógica del sector público, perdiendo en el camino a sus mejores y más capacitados elementos. Algo semejante ocurrió con la Comisión Nacional Bancaria, la agresiva y temida entidad reguladora, que poco a poco fue perdiendo relevancia, fuerza política y capacidad de supervisión. Para cuando se decidió reprivatizar los bancos, éstos se habían rezagado dramáticamente y la Comisión Nacional Bancaria no estaba preparada para supervisar entidades bancarias en la era de la  globalización.

 

La manera en que se privatizaron los bancos explica en buena medida, aunque no en su totalidad, el problema actual del Fobaproa. Había muchas maneras en que, al menos en teoría, los bancos pudieron haber sido privatizados. Nuestra historia de corrupción y la necesidad de encontrar un mecanismo que fuese transparente explican el curso de acción que se siguió. El Comité de Desincorporación Bancaria optó por subastar los bancos, pretendiendo con ello conferirle transparencia al proceso de privatización. Aún así, siguieron existiendo márgenes para afectar el desarrollo del proceso, pues la valuación de una institución no se da en abstracto, sino que resulta del entorno regulatorio en que ésta va a operar. La burocracia podía hacer que los bancos valieran más o menos, según el entorno regulatorio que decidiera a su libre albedrío. El comité responsable de la desincorporación de los bancos se abocó a crear las condiciones para que los bancos se valuaran lo más caro posible. El objetivo primario  no fue el de crear instituciones financieras sólidas y viables para el futuro del país, sino el de incrementar la recaudación fiscal. Maximizar el precio para evitar críticas, como si mucho dinero fuese garantía de éxito.

 

Para maximizar el precio se hicieron cosas escalofriantes: primero que nada, se cerró la entrada a nuevas instituciones del exterior, para no generar competencia a los bancos privatizados; segundo, en la práctica, se permitieron compras apalancadas, es decir, se permitió que se compraran bancos a crédito, lo que implicaba que, en la realidad, no existiera capital en muchos de ellos (lo que no sólo era ilegal, sino atentatorio de toda práctica bancaria saludable). Tercero, en la práctica, se alentaron las compras apalancadas y se facilitaron fondos para esas adquisiciones -casi siempre de manera politizada- por medio de los bancos de desarrollo; y cuarto, se inventaron criterios contables ad hoc (es decir, contrarios a los prevalecientes en el resto del mundo) para elevar el valor de los activos de las instituciones. Es decir, para ponerlo directo y simple, se infló el valor de los bancos y se descapitalizó al sistema financiero en su conjunto.

 

 

Los nuevos banqueros tuvieron que enfrentar realidades inéditas. Primero, la mayoría de los nuevos banqueros eran personas probas, pero muy pocos de ellos eran banqueros. Luego resultó que al Comité de Desincorporación se le escaparon varias personas no sólo de dudosa reputación, sino francamente deshonestas, entre los nuevos propietarios de la banca. A estos dos factores es importante adicionar un tercero: por el enorme ajuste fiscal que había tenido lugar a lo largo de los ochenta, los nuevos banqueros se encontraron con enormes cantidades de fondos prestables tan pronto les fueron entregadas las llaves. Para terminar, la nueva banca estaría supervisada por una Comisión Nacional Bancaria enclenque, que había perdido a su mejor gente, que se había anquilosado y que no tenía instrumentos para supervisar o incluso comprender las sofisticadas operaciones de la banca moderna.

 

Los nuevos banqueros necesitaban prestar mucho a tasas muy altas para poder recuperar los extraordinarios precios que habían pagado por los bancos y, en algunos casos, para pagar los bancos que habían comprado con saliva. Además, las decisiones de crédito las tomaban personas sin experiencia que, con frecuencia, otorgaban créditos a los peores sujetos de riesgo. Fueron estas debilidades, mucho más que la deshonestidad de algunos de los nuevos banqueros, las que dan cuenta del enorme volumen de cartera en problemas que ahora pertenece al Fobaproa.

 

La devaluación de diciembre de 1994 no podía haber tenido lugar en un momento más vulnerable. Con la devaluación de diciembre se dispararon las tasas de interés, lo que tuvo el efecto inmediato de hacer impagables muchos de los créditos otorgados por los bancos. Las autoridades se encontraron con un escenario que se deterioraba rápidamente. Tenían que actuar con celeridad para evitar la descapitalización de los bancos. Sin embargo, con un par de excepciones, lo único que lograron las autoridades fueron «compromisos» de capitalización por parte de los accionistas, compromisos que no se materializaron. Todas sus acciones fueron tardías e insuficientes, lo que promovió la generalización de la cultura del no pago.

 

En vez de capitalizar a los bancos y de subsidiar a los deudores como hubiera sido deseable, las autoridades iniciaron un proceso que nunca pudo concluirse. Se comenzó por comprar cartera sin ton ni son. El procedimiento para la adquisición de cartera fue aleatorio: en algunos casos se firmaron convenios para compartir el riesgo entre el banco y el Fobaproa y en otros no. Las prisas y la más absoluta discrecionalidad y reserva en los criterios aplicados hacían imposible saber lo que Fobaproa estaba comprando.

 

Los errores de las autoridades financieras se fueron acumulando y sus funcionarios, cada vez más preocupados de las posibles implicaciones de sus propios errores, se dedicaron a encubrirlos. En lugar de enfrentar los problemas de origen, la práctica cotidiana fue la de intentar tapar los agujeros, tratar de corregir las faltas anteriores con decisiones cada vez más atrevidas. Lo que resultó fue un cúmulo de errores que en la actualidad despierta toda clase de sospechas, la abrumadora mayoría de las cuales no es justificada.

 

No cabe ni la menor duda de que hay muchos abusos en el manejo del Fobaproa. Desafortunadamente, esos se derivan de los incentivos que creó el mal llamado «rescate» bancario. Cuando todos los incentivos promovían la deshonestidad, mucha gente entró por la puerta grande y se sirvió sin recato. Independientemente de los fraudes hechos y derechos -como los de Carlos Cabal, Angel Rodríguez y Jorge Lankenau-, en  el camino se adquirieron créditos de personas pudientes y cartera de los propios banqueros. Pero si uno analiza los montos involucrados, la corrupción fue, en todo caso, el menor de los temas. De los sesenta y cinco mil millones de dólares en el Fobaproa, los tres fraudes de banqueros suman cuatro mil doscientos millones de dólares (800 de Carlos Cabal, 400 de Angel Rodríguez y 3000 de Jorge Lankenau), cifra enorme en términos absolutos pero solo el 6% del total. Todo el resto es producto de deudas que nadie paga pero que nos cuestan a todos.

 

Ciertamente hubo arbitrariedades y favoritismos pero, en esencia, el problema del Fobaproa es uno de apilación de estupideces y su encubrimiento, circunstancias que hicieron fácil la vida de los muchos vivales que se beneficiaron del Fobaproa. Esto ocurrió básicamente por la arrogancia y falta de responsabilidad de las autoridades bancarias y hacendarias que crearon el entorno propicio para el abuso y no mucho más. Aunque hoy la supervisión bancaria es substancialmente mejor, el costo de no haberla tenido a tiempo es ciertamente imponente.

FIN DE ARTICULO

La primaria del PRI

Los temas educativos parecen dominar el debate dentro del PRI, sobre todo ahora que varios estados aprobaron exitosamente la primaria. No es para menos. Después de toda una vida (larga vida) fundamentada en el dedazo en materia de selección de candidatos, las elecciones primarias en cinco estados en los últimos meses resultaron ser tan exitosas que ahora le han creado un enorme dilema al PRI. El camino inaugurado en Chihuahua hace unos cuantos meses obliga al PRI a definir su estrategia para la nominación de candidato a la presidencia en el año 2000. Por donde le busquen los priístas, su dilema es complicadísimo -si no es que ominoso.

 

Hoy en Chihuahua y Zacatecas los priístas tendrán una primera oportunidad de evaluar la efectividad de dos vías alternas para elegir a sus candidatos.  En Chihuahua a través de una elección primaria abierta emergió un candidato con gran credibilidad. En Zacatecas la historia fue distinta: un cacique le impidió al que parecía candidato natural del PRI llegar a la candidatura e impuso su voluntad  El frustrado aspirante acabó en el PRD, partido por el que hoy compite. Lo que pase hoy en Chihuahua y Zacatecas va a arrojar importantes lecciones para el PRI, pero este partido corre el riesgo de ignorar las relevantes. Lo que está de por medio para el PRI son menos las gubernaturas que se disputan el día de hoy que su capacidad de adecuarse a las nuevas realidades nacionales y, con ello, tener una oportunidad real de ganar en el 2000.

 

 

La historia del PRI es la historia del dedazo. Por lo menos desde Alvaro Obregón, la selección de candidatos había sido decisión del centro, en específico del presidente de la República y, por consecuencia, del partido. El mecanismo tenía la enorme virtud de concentrar el poder, crear un sistema infalible de lealtades y facilitar la toma de decisiones. También tenía el enorme defecto de magnificar las torpezas, generalizar las crisis y preservar y acumular los errores que cometían los gobernantes. Un presidente visionario y competente facilitaba y promovía el desarrollo con mucha mayor facilidad que sus semejantes en otros países. Pero lo contrario también era cierto: un presidente incompetente -y vaya que si los hemos tenido- convertía cada una de sus decisiones en una crisis inmediata o futura, en ocasiones con consecuencias nefastas décadas después de dejar el poder. Ningún mexicano -priísta o no- puede, en su sano juicio, lamentar el fin de la era del dedazo.

 

El fin del dedazo tiene implicaciones para los mexicanos en lo general y para el PRI en lo particular. Para los mexicanos implica la posibilidad de hacer realidad la promesa -nunca consumada- de Plutarco Elías Calles de crear un país de instituciones. Implica la construcción de nuevas instituciones, la descentralización del poder, la competencia entre distintas instancias y niveles de gobierno y la creación de mecanismos (aunque, al menos en un principio, de carácter informal) para poder exigir que los gobernantes rindan cuentas a la población sobre sus actos. El fin de la era del dedazo entraña el fin de la era de los gobernantes iluminados, pero también exige nuevas respuestas y acciones en torno a problemas fundamentales -como el de la inseguridad pública- que, en buena medida, son producto del fin del poder absoluto y centralizado. Es decir, la desaparición del dedazo como mecanismo de selección de candidatos -y por tanto, como mecanismo de control- abre la puerta, como ya hemos visto en los últimos tres años, al desarrollo político y democrático del país, pero también exige acciones inéditas en frentes clave hasta ahora desconocidos en nuestra historia.

 

Para el PRI la desaparición del dedazo implica un problema radicalmente distinto. El PRI se desarrolló al amparo del dedazo en gran medida porque eso resolvía el problema tanto de la disputa por el poder como el de la ingobernabilidad que había producido la lucha revolucionaria a principios del siglo. A cambio de su lealtad y disciplina los priístas lograban acceso a infinidad de privilegios y beneficios. Por su parte, la disciplina y la lealtad al presidente hicieron posible, primero, pacificar al país y, eventualmente, hacerlo gobernable. A pesar de los vicios asociados al esquema, la paz social de que gozó el país por décadas fue notoria, sobre todo si se compara con el desarrollo político de otros países del continente. Como atestiguan los últimos veinticinco años, el mecanismo eventualmente perdió efectividad y comenzó a ser disfuncional y a convertirse en una fuente permanente (y magnificadora) de crisis.

 

Las elecciones primarias que se practicaron en varios estados de la República en los últimos meses parecen haberle dado al PRI la receta para romper con su anquilosada y disfuncional estructura del pasado. El fin del dedazo abre la oportunidad para que el PRI deje de ser un sistema de control político, para convertirse en un auténtico partido político. De un plumazo, el nuevo método de selección de candidatos altera todos los incentivos tradicionales de los priístas, creando una nueva estructura institucional. De formalizarse el mecanismo de selección de candidatos por medio de primarias abiertas a la ciudadanía en general, los priístas experimentarían cambios dramáticos. Algunos de ellos muestran la trascendencia de la transformación: en lugar de ver al gobernante como el dueño de sus vidas y almas, por ejemplo, los priístas tendrían que atender las demandas, necesidades y reclamos de los votantes como factor decisivo para su nominación. De igual manera, en lugar de hacer cola en la oficina de un funcionario de quinto nivel en el gobierno central, un gobernador tendría que lidiar con los factores locales de poder, ya no teniendo posibilidad de culpar al gobierno federal de sus faltas o insuficiencias. Puesto en otros términos, un cambio aparentemente pequeño implica una transformación trascendental para el país.

 

Pero la desaparición del dedazo también crea un nuevo dilema para el PRI y los priístas. El mundo del pasado era fácil para los priístas, en buena medida porque nadie, excepto el presidente, respondía de lo que ocurría. El mundo feliz del PRI consistía en mantener el poder y la distribución de beneficios y privilegios sin más responsabilidad que la de la disciplina y lealtad. Con el fin del dedazo, esa responsabilidad antes difusa, ahora va a recaer directamente en el PRI y sus miembros. A partir de ahora serán ellos quienes, con sus acciones, decidan el devenir del partido y, por su importancia, el del país. La pregunta inmediata  que tienen que enfrentar es cómo organizar la elección primaria para la selección del candidato presidencial.

 

Las opciones teóricas no son muy difíciles de imaginar, pero cada una de ellas tiene consecuencias fundamentales. Los priístas podrían optar por un esquema totalmente abierto, como el ensayado en Chihuahua y otros estados para la nominación de su candidato a la gubernatura, o podrían irse al otro extremo: una nominación totalmente cerrada, pero sin consigna. Es decir, que el Consejo Político Nacional -los líderes del partido- escojan directamente. También podrían estructurar una opción intermedia. De entrada es evidente que, a menos que los priístas quieran destruir el avance logrado, tienen que excluir la opción de dejar al liderazgo del partido la selección del próximo candidato. Pero no es obvio cuál es la alternativa.

 

Una elección totalmente abierta -es decir, una en la que cualquier mexicano puede votar- implicaría crear, virtualmente, un sistema de dos vueltas para la elección presidencial. Como todos los mexicanos podrían votar, unos votarían por su candidato preferido, en tanto que otros -sobre todo los miembros de otros partidos- votarían para cancelar las candidaturas de los precandidatos que más posibilidades le ofrecerían al PRI de ganar (y, por consecuencia, al PAN o al PRD de perder). Este argumento ha llevado a que muchos priístas propongan acotar el número de votantes potenciales en una elección primaria. Su planteamiento no es malo ni fácilmente desechable, pues pretenden limitar el voto a aquellas personas que son o han sido militantes del PRI. Este planteamiento tiene una lógica impecable, pero también esconde intereses particulares.

 

El universo de electores que decidirá la identidad del próximo candidato del PRI tendrá que ser producto de una negociación interna. En esta negociación cada posible contendiente tratará de avanzar aquella fórmula que, según sus cálculos, le dé mayores posibilidades de ganar. Unos saben que sólo podrían lograr la nominación en una elección dentro del Consejo Político Nacional (o sea, entre los líderes del propio partido), en tanto que otros sólo tienen oportunidad frente al público amplio. En términos generales, y también simplistas, aunque pueda haber excepciones, mientras más dinosáurico sea un candidato, menos probable sería su elección en una primaria abierta, y viceversa. Naturalmente, quienes reprueban los cambios económicos y políticos de los últimos años prefieren una elección lo más cerrada posible. La paradoja es que, mientras más cerrada la elección, menos cambiará el PRI. Y mientras menos cambie el PRI, menor será el desarrollo político del país. Es mucho más que un candidato lo que está de por medio en la manera en que el PRI elija a su próximo candidato.

Fin de artículo.

FOBAPROA O LAS CONSECUENCIAS DE LA INEPTITUD

Luis Rubio
NEXOS
julio 1, 1998

La tormenta política y mediática en torno al Fobaproa se ha centrado en la supuesta corrupción del mecanismo de rescate bancario. Pero como el autor lo demuestra aquí, la bancarrota del rescate se debe a causas mucho más profundas, añejas y preocupantes: «El manejo del sistema bancario mexicano, desde su estatización en 1982 hasta el Fobaproa, refleja incompetencia, falta de experiencia en la interacción de la teoría con la realidad, insensibilidad social, desinterés total por la opinión pública y una enorme arrogancia, pero no necesariamente la magnitud de corrupción que muchos políticos temen (o anticipan) encontrar».

En arca abierta, el justo peca.

Dicho popular

Fobaproa es una bomba de tiempo, pero prácticamente nadie sabe por qué. Sin embargo, descifrar ese porqué es crucial, pues la asignación de culpas y responsabilidades es siempre un deporte fácil en nuestro ambiente político, pero no siempre justo, certero, o incluso provechoso. El origen, la gestación y erupción del Fobaproa no son producto de la casualidad. Son producto de la ineficiencia, incompetencia y sucesión de errores de visión y operación por parte de las autoridades financieras a lo largo de las últimas dos décadas, más que de la corrupción, entendida ésta como el saqueo del erario público, aunque desde luego también de eso ha habido en este funesto drama que afectará a todos los mexicanos. El problema actual del Fobaproa es el resultado fatal, casi inevitable, de una sucesión de decisiones gubernamentales que generaron incentivos extraordinariamente destructivos para la economía del país y que deben ser analizados y discutidos en esa perspectiva. De por medio se encuentra no sólo la deuda pública, sino el futuro de los bancos, corazón de la economía del país.

Es más, los errores de las autoridades financieras se fueron acumulando y sus funcionarios, cada vez más preocupados de las posibles implicaciones de sus propios errores, se dedicaron a encubrirlos. En lugar de enfrentar los problemas de origen, la práctica cotidiana fue la de intentar tapar los agujeros, tratar de corregir las faltas anteriores con decisiones cada vez más atrevidas. Lo que resultó fue un cúmulo de errores que en la actualidad despierta toda clase de sospechas, la abrumadora mayoría de las cuales no se justifica. El manejo del sistema bancario mexicano, desde su estatización en 1982 hasta el Fobaproa, refleja incompetencia, falta de experiencia en la interacción de la teoría con la realidad, insensibilidad social, desinterés total por la opinión pública y una enorme arrogancia, pero no necesariamente la magnitud de corrupción que muchos políticos temen (o anticipan) encontrar.

Este ensayo busca identificar y analizar la sucesión de decisiones que se fueron tomando a lo largo de tres lustros en materia bancaria. Las piezas del rompecabezas son muchas, pero las etapas son muy claras. La primera parte, a modo de introducción, analiza el principio del problema: el cambio del sistema bancario de instrumento financiero del sector privado a vehículo financiero del gobierno. La segunda observa la naturaleza de la administración de los bancos a lo largo de los años en que ésta estuvo bajo el control gubernamental, a partir de su estatización en 1982. La tercera analiza los ominosos criterios que caracterizaron la privatización de los bancos. Finalmente, la última parte describe la bancarrota y el salvamento. La suma de estas partes arroja la historia poco digna de un sistema financiero que ha sufrido todos los embates posibles, sin que se le diera una oportunidad razonable de salir adelante por sí mismo.

La ingeniería política penetra a la banca mexicana en 1970

Los bancos mexicanos llevaban dos o tres décadas de cumplir la función básica que se espera de todo sistema financiero. Captaban recursos del público y otorgaban crédito a un sector industrial que experimentaba tasas de crecimiento con frecuencia superiores al 15% anual. La situación nacional no era perfecta, pero los actores económicos manifestaban un convencido optimismo respecto al futuro. No era para menos. La economía del país llevaba décadas de crecimiento excepcional y la abrumadora mayoría de la población que demandaba empleo lo obtenía con relativa facilidad. El sistema financiero era sólido, la supervisión bancaria agresiva y nada tolerante. En suma, la estructura económica del país operaba en forma razonable y balanceada.

Aunque parece cuento de hadas, ése era el México de los sesenta. Un país que había logrado vencer la violencia postrevolucionaria y, por lo menos desde los años cuarenta, había registrado las más altas tasas de crecimiento económico de la región. Aunque el debate económico en esos años ya anticipaba dificultades en el financiamiento de la balanza de pagos y se caracterizaba por la discusión sobre la necesidad de promover el crecimiento de las exportaciones, el país gozaba de una tranquilidad excepcional en el ámbito económico. El movimiento estudiantil vino a poner en jaque al gobierno, toda vez que reveló una faceta menos exitosa del desarrollo nacional en el ámbito político. En retrospectiva, es evidente que la cadena de circunstancias que generó ese movimiento acabó por asestar un golpe brutal a todo el esquema político y económico que había caracterizado a los años del llamado «desarrollo estabilizador».

Con la llegada al gobierno de Luis Echeverría en 1970, el país experimentó la alteración total de todos los marcos de referencia que habían permitido décadas de paz, crecimiento y estabilidad. El nuevo gobierno introdujo cambios que modificarían no sólo el esquema político y económico del desarrollo estabilizador, sino la naturaleza del funcionamiento mismo del país. Se politizaron los criterios de la administración económica, artificialmente —por la vía legislativa— se limitó el crecimiento de la inversión privada, se incrementó drásticamente la participación del gobierno en la economía y se sujetó el desarrollo del país a los criterios de una burocracia que no tenía ni la menor idea de lo que hacía funcionar a la economía real.

El cambio en la administración económica fue dramático. En lo que toca al sistema financiero, tema de este ensayo, los nuevos criterios de administración económica trajeron consigo dos cambios fundamentales. El primero fue que aumentó en forma inusitada el gasto público. El segundo fue que, poco a poco, los bancos dejaron de financiar al sector privado para convertirse en la tesorería del sector público. Peor aún, el crecimiento del gasto público fue de tal magnitud que muy pronto fue insuficiente el crédito disponible en los bancos, lo que llevó al gobierno a endeudarse en el exterior y a financiar su gasto con emisión primaria, es decir, con inflación. Además, en ese periodo, las tasas de interés fueron frecuentemente negativas, razón por la cual cayó la captación bancaria. De esta manera, una economía caracterizada por tasas de inflación irrisorias, con frecuencia inferiores a las de las grandes economías del mundo, comenzó a experimentar aumentos extraordinarios de precios y una dislocación total del sistema financiero. Los bancos habían dejado de cumplir su función social —la de financiar el desarrollo productivo— y se habían convertido en meros apéndices del financiamiento del déficit gubernamental.

Para 1982 el modelo económico promovido e instrumentado a partir de 1970 había quebrado. La inflación, el sobreendeudamiento y la ruptura entre el sector público y el sector privado habían acabado por destrozar al sistema financiero, habían generado una crisis de balanza de pagos y habían llevado a la pérdida de cientos de miles de empleos. Los resultados de doce años de experimentos económicos habían sido tan desoladores, que dejaban pocas dudas sobre lo falaz de las grandes ideas de los gobiernos de 1970 a 1982 sobre cómo elevar las tasas de crecimiento y generar más riqueza y empleos. El gobierno acabó expropiando a los bancos, en un último acto de politización de la actividad económica, declarándolos culpables del desastre financiero causado desde lo que se ha dado por llamar la «Presidencia Imperial».

Los bancos expropiados

Una vez expropiados, los bancos rápidamente se incorporaron a la lógica del sector público mexicano. Los bancos dejaron de ser unidades autónomas y fueron sometidos a criterios de uniformidad que poco a poco eliminaron las diferencias que en el pasado los habían caracterizado a unos y a otros: en enfoque a sectores industriales específicos, a tipos de empresas, a nichos de mercado, etcétera. Se aumenta el encaje legal, es decir, la porción de los depósitos que los bancos tienen que depositar en el banco central, lo que reduce todavía más los fondos prestables para el sector privado. Ante la falta de recursos prestables, los bancos dejan de otorgar créditos, lo que les lleva a convertirse en simples ventanillas de captación de recursos para financiar el creciente déficit gubernamental en detrimento de lo que deberían ser sus funciones bancarias. A ello se suma el hecho de que se congelaron los sueldos de los banqueros, los que, en un ambiente de elevada inflación, rápidamente se igualaron con los del resto del sector público. Naturalmente, eso llevó a que se perdiera a los mejores y más capacitados elementos dentro de los bancos, que ya no encontraban en su actividad un reto profesional, ni oportunidades de desarrollo personal y ni siquiera la posibilidad de mantener el nivel de vida de sus familias. El poquísimo crédito disponible era típicamente utilizado para otorgar toda clase de favores políticos, lo que acabó por destruir la capacidad de análisis y otorgamiento de crédito dentro de los bancos.

Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria, responsable de la supervisión bancaria, sufrió un proceso semejante al de los bancos. Habiendo sido una entidad agresiva y temida por los banqueros en los sesenta, poco a poco fue perdiendo su capacidad de supervisión de los bancos. Dado que la banca se administraba con criterios políticos, la Comisión Nacional Bancaria perdió, en buena medida, su razón de ser: la institución simplemente carecía de la fuerza política para atreverse a criticar las «órdenes superiores» en relación a la conducción de la gestión bancaria. Además, en términos de la jerarquía política, el presidente de la CNB tenía un nivel claramente inferior al de los directores de algunas de las instituciones a las que supuestamente debía supervisar. Por ello, al igual que los bancos, perdió a casi la totalidad de su personal clave y, además, se congeló en el tiempo.

Mientras que los bancos fuera de México evolucionaban en forma acelerada —y, en ocasiones, quebraban— en el mundo bancario mexicano nada se movía. No había banqueros preocupados por las tendencias de los bancos en el mundo en general —y, si los había, no podían hacer mucho al respecto—, ni las autoridades se preparaban para enfrentar las convulsiones que ya para entonces comenzaban a manifestarse en las instituciones bancarias alrededor del mundo.

Mientras las autoridades responsables, los bancos y los supervisores dormían plácidamente, el gobierno trabajaba ferozmente para corregir el rumbo de las finanzas públicas. Luego de doce años de lujuria financiera, el déficit fiscal llegó a ser del 18% del PIB en 1982, la deuda pública acumulada llegó a más de ochenta mil millones de dólares (cuando en 1970 era de poco más de tres mil millones de dólares), y las finanzas públicas estaban deshechas. A lo largo de la década de los ochenta, el gobierno se abocó esencialmente a intentar estabilizar la economía, a controlar el gasto público y a introducir algún grado de orden en las finanzas públicas en general. Para finales de la década, los resultados eran francamente favorables. Tanto así que el gobierno prácticamente ya no requería utilizar la captación incremental de los bancos. En potencia nos encontrábamos en el umbral de una nueva era bancaria.

La arrogancia de la privatización

Una vez decidida la cuestión política inherente a la reprivatización de los bancos, comenzaron a aflorar los dilemas naturales de un proyecto de esa envergadura. De por medio estaba no sólo el hecho de transferir los bancos al sector privado, un tema de enorme complejidad en sí mismo, sino, sobre todo, los criterios que debían regir el proceso. Los funcionarios responsables de llevar a cabo la decisión de privatizar estaban conscientes de la realidad de los bancos mexicanos luego de casi una década en las garras de la burocracia. Sabían que los bancos requerían de enormes inversiones para convertirse en vehículos capaces de financiar el desarrollo del país. Pero también sabían que la sociedad encontraría inaceptable un proceso de venta que pudiera ser percibido como carente de transparencia. Por otro lado, como funcionarios responsables de las finanzas públicas, veían en las privatizaciones la posibilidad de recaudar enormes cantidades de dinero, con lo que podrían amortizar parte de la deuda interna del gobierno. En suma, los funcionarios responsables enfrentaban intereses y objetivos cruzados y en conflicto con la decisión de cómo privatizar.

Además, las decisiones y consideraciones en materia de privatización bancaria no podían ser ajenas a la historia del país, ni se podía pretender que se tomaban en un vacío. De esta manera, las opciones reales se acotaban muy rápidamente. Si en lugar de México esta decisión hubiera tenido lugar en un país como Singapur, las restricciones habrían sido muy distintas. La confianza que la población de ese país asiático le tiene a su gobierno es legendaria, producto de la ausencia casi total de corrupción y, sobre todo, de décadas de incrementos constantes en los niveles de vida. De haberse tratado de Singapur, la privatización de la banca podría haberse llevado a cabo de una manera muy distinta, esencialmente discrecional. Por ejemplo, los bancos se habrían valuado a la luz de los requerimientos de inversión que tenían para poder fortalecerlos y convertirlos en lo que deben ser: las piezas estratégicas de la economía. Eso habría exigido que los oferentes presentaran no sólo un sobre con su oferta en pesos y centavos, sino un programa de desarrollo estratégico de la institución y un compromiso debidamente garantizado de inversión de largo plazo. El compromiso de inversión habría determinado al ganador. Es decir, un gobierno como el de Singapur seguramente habría podido tomar una decisión razonable y muy racional, contando no sólo con la certeza de que ésta era producto de un análisis concienzudo, sino de que así exactamente lo habría de percibir la población. No siendo ése el caso de México, el comité de privatización no tenía la menor intención de verse sujeto a críticas de corrupción, por lo que la opción de tomar decisiones discrecionales en el proceso de venta, independientemente de cualquier otra consideración, quedaba fuera de la jugada.

Descartado el mecanismo discrecional de asignación de los bancos, quedaba sólo un camino, al menos en términos conceptuales. Este era el de la transparencia, definida ésta por un sólo factor: el del precio. El oferente con la postura más alta se llevaría la institución y punto.

Aun así, había muchas maneras de afectar el desarrollo del proceso, pues la valuación de una institución no se da en abstracto, sino que resulta del entorno regulatorio en que el banco va a operar. Fue precisamente ahí donde ganó la arrogancia de las autoridades sobre el análisis. Aunque parezca increíble, las condiciones regulatorias en que operarían los bancos en el futuro serían producto exclusivo de las decisiones de las mismas autoridades que eran responsables de la privatización. De esta manera, la burocracia podía hacer que los bancos valieran más o menos, según el entorno regulatorio que decidiera a su libre albedrío. Podía, por ejemplo, autorizar reglas contables y criterios de valuación de la cartera para aumentar o disminuir a conveniencia el valor de las instituciones y, todavía peor, tenía la autoridad discrecional más absoluta para el manejo de los «ajustes de auditoría» después de adquirida una institución. En otras palabras, el precio nominal pagado podía disminuir después de adquirido un banco.

Al final de cuentas fueron las consideraciones personales y de corto plazo, en lugar de una visión amplia sobre la función clave de los bancos en una economía, las que determinaron los criterios a seguirse. El comité responsable de la desincorporación de los bancos no reconoció la función crucial de los bancos en la economía, y se abocó a crear las condiciones para que los bancos se valuaran lo más caro posible. El objetivo primario ya no fue el de crear instituciones financieras sólidas y viables para el futuro del país, sino el de incrementar la recaudación fiscal. Un error llevó a otro y éste a otros más. Aunque el procedimiento práctico empleado para privatizar —la entrega de sobres en un viernes para anunciar el nombre de los ganadores hasta el domingo— se prestaba a corruptelas, detrás de la debacle en que acabó el proceso de privatización yacen errores y más errores: la corrupción y los abusos fueron la excepción, que no la regla en la abrumadora mayoría de los casos.

La maximización del precio de venta de los bancos se convirtió en dogma dentro de la Secretaría de Hacienda. Todo se valía y todo se podía hacer con tal de elevar el precio. Maximizar el precio para evitar críticas, como si mucho dinero fuese una garantía de éxito. Pero la combinación de pavor a ser criticadas lastimando su imagen y el dogma de recaudar lo más posible para el fisco no permitió a las autoridades ver hacia los lados. De esa arrogante posición de partida siguieron decisiones que todavía hoy, siete u ocho años después, siguen causando problemas y costos aún incalculables.

Para maximizar el precio se hicieron cosas escalofriantes: primero que nada, se cerró la entrada a nuevas instituciones del exterior, para no generar competencia a los bancos mexicanos; segundo, en la práctica, se permitieron compras apalancadas, es decir, se permitió que se compraran bancos a crédito, lo que implicaba que, en la realidad, no existiera capital en muchos de ellos (esto no sólo era ilegal, sino atentatorio de toda práctica bancaria saludable). Tercero, en la práctica, se alentaron las compras apalancadas y se facilitaron fondos para esas adquisiciones —casi siempre de manera politizada— por medio de los bancos de desarrollo; y cuarto, se inventaron criterios contables ad hoc (es decir, contrarios a los prevalecientes en el resto del mundo) para elevar el valor de los activos de las instituciones. Es decir, para ponerlo directo y simple, se infló el valor de los bancos y se descapitalizó al sistema financiero en su conjunto.

Los nuevos bancos privados

Los nuevos banqueros, que compraron los bancos a partir de premisas equivocadas, tuvieron que enfrentar realidades inéditas. Para comenzar, el éxito en la política macroeconómica de los años inmediatamente anteriores a la privatización había reducido drásticamente las necesidades de financiamiento del gobierno federal, lo que permitió que se redujera —y eventualmente desapareciera— el encaje legal, que son los fondos que los bancos tienen que depositar en el Banco de México. Es decir, los nuevos banqueros se encontraron con enormes cantidades de fondos prestables tan pronto les fueron entregadas las llaves. En adición a lo anterior, muchos de los nuevos banqueros eran personas probas, pero muy pocos de ellos eran banqueros: se trataba de empresarios muy exitosos que habían hecho su dinero en otras actividades, algunas financieras y otras industriales, pero prácticamente ninguno tenía experiencia propiamente bancaria. Luego resultó que al Comité de Desincorporación se le escaparon varias personas no sólo de dudosa reputación, sino francamente deshonestas, entre los nuevos propietarios de la banca. Para terminar, la nueva banca estaría supervisada por una Comisión Nacional Bancaria enclenque, que había perdido a su mejor gente, que se había anquilosado y que no tenía instrumentos para supervisar o incluso comprender las sofisticadas operaciones de la banca moderna. La suma de estos cuatro factores no sólo resultó explosiva, sino extraordinariamente costosa para el país. Fueron esos factores, así como los incentivos implícitos que había creado la privatización, mucho más que la deshonestidad de algunos de los nuevos banqueros, los que dan cuenta del enorme volumen de cartera en problemas que ahora pertenece al Fobaproa.

En el corazón del problema bancario actual se encuentra, pues, una privatización fundamentada en criterios errados, mal hecha y operada por personas inexpertas, en ocasiones incompetentes y en algunos casos deshonestas y carentes de todo sentido ético. La evidencia de esta afirmación se encuentra en el hecho indisputable de que de los dieciocho bancos que se privatizaron sólo quedan tres vivos, en tanto que dos están siendo apuntalados por la autoridad para no desmoronarse. En todo caso, todas las instituciones sufrieron las consecuencias de una o varias de las siguientes circunstancias: personal inadecuado, ignorante, incompetente y corrupto; desaparición súbita del encaje legal; exceso de fondos prestables que tenían que ser colocados de alguna manera; carencia de banqueros (consecuencia directa de la estatización y de años de burocratización de la banca), y la ausencia total de capacidad de supervisión, aunada a una regulación laxa, orientada a optimizar el precio de venta de las instituciones. El resultado final no es producto de la casualidad.

En suma, por tres años el crédito creció en forma brutal, a tasas desmesuradas. Las expectativas económicas de la población mejoraban sistemáticamente, la gente estaba dispuesta a asumir compromisos financieros de largo plazo y los bancos tenían dinero al por mayor. Además, los nuevos banqueros necesitaban prestar mucho a tasas altas para poder recuperar los extraordinarios precios que habían pagado por las instituciones bancarias y, en algunos casos, para pagar los bancos que habían comprado con saliva, con plena anuencia —si no es que connivencia— de las autoridades. Por si lo anterior no fuera poco, las decisiones de crédito en los bancos las tomaban personas sin experiencia que con frecuencia otorgaban préstamos a los peores sujetos de crédito, que eran casi los únicos dispuestos a pagar las tasas exorbitantes de interés que prevalecían. La burbuja creció desmesuradamente, como lo muestra el crecimiento constante y sistemático, pero no siempre reconocido, de la cartera vencida y de la cartera mala en general.

Fue en ese ambiente donde se institucionalizaron los siniestros autopréstamos entre los banqueros. Para los banqueros deshonestos todas las señales parecían decir lo mismo: «ahí está la caja, así que sírvete». Es ahí donde hacen su agosto supuestos banqueros como Carlos Cabal, Angel Rodríguez «el divino», y Jorge Lankenau. Peor aún, mientras que los dos primeros se fugaron desde el primer momento, el tercero siguió haciendo de las suyas por tres largos años a ciencia, paciencia y conciencia de las autoridades. El «pecado de origen» cometido en la privatización de los bancos, los garrafales errores de los vendedores y la absoluta falta de supervisión, comenzó a traducirse en quiebras fraudulentas y en un acelerado proceso de deterioro financiero del sistema de pagos.

El fatídico diciembre de 1994

El llamado «error de diciembre» no podía haber tenido lugar en un momento más endeble para la banca mexicana. Ya para entonces dos neobanqueros habían terminado de saquear a sus instituciones y la cartera mala se apilaba sin cesar. Con la devaluación de diciembre se dispararon las tasas de interés, lo que tuvo el efecto inmediato de hacer impagables muchos de los créditos otorgados por los bancos. La cartera dudosa pasó a ser irrecuperable y buena parte de la cartera normal pasó a ser mala. Sólo una mínima parte de la cartera de los bancos se mantiene vigente en la actualidad. De esta forma, si bien hubo casos evidentes de fraude en el manejo de los bancos y del crédito, la mayoría de los quebrantos fue producto de los incentivos perversos que creó la manera de privatizar a los bancos y la estocada final que produjo la devaluación y sus secuelas. Pero en ese momento el problema financiero todavía era manejable.

En el torbellino que produjo la devaluación, y ante la falta de sistemas de reporte y de control confiables, resultaba imposible comenzar a cuantificar el problema de cada institución. El sistema de contabilidad de cada banco era distinto y los criterios contables que se habían aplicado variaban de una institución a la otra. (Tan grave era el problema de la contabilidad, que una de las condiciones que exigieron el FMI y el gobierno norteamericano para otorgar el préstamo que requería el gobierno luego de la devaluación, fue el que los bancos mexicanos adoptaran el sistema contable norteamericano, utilizado en todo el mundo, conocido como US GAAP por sus siglas en inglés.) En esas circunstancias no era posible saber, a ciencia cierta, el estado de la cartera y del sistema en general. Con el criterio burocrático más primitivo —el de ignorar la realidad pero suponer lo mejor—, las autoridades trabajaron sobre la premisa de que el problema era manejable. En el camino se perdieron días, semanas y meses cruciales que acabaron siendo fatídicos. Para cuando las autoridades comenzaron a otear las dimensiones verdaderas del problema, ya habían tomado decisiones que terminaron de magnificarlo.

La bancarrota del salvamento

Además de la falta de información y capacidad analítica por parte de la Comisión Bancaria, las autoridades enfrentaban una multiplicidad de conflictos de interés. A final de cuentas, los neobanqueros habían sido, a una misma vez, víctimas y cómplices del proceso de privatización. El gobierno tenía que actuar, pero tanto su arrogancia como los pecados de los errores pasados limitaban sus opciones.

México no es el primer país que sufre por una crisis bancaria. Sólo en la década de los ochenta varios países europeos, además de Estados Unidos, habían pasado por bancarrotas bancarias y existían experiencias documentadas que permitían aprender de los errores de otros. Nada de ese acervo fue empleado. Subidos en su macho, las autoridades optaron por un camino por demás dudoso: el de la discrecionalidad. Además, en el summum de la arrogancia, ni siquiera repararon en las consecuencias públicas, sociales y políticas de sus acciones.

En otros países, por ejemplo, los bancos intervenidos por el gobierno, luego de una bancarrota, experimentan dos cambios inmediatos: primero un cambio de nombre y segundo un cambio en el consejo de administración. Estos cambios simbólicos tienen el efecto de mostrar a la población el fin de una era y el comienzo de otra. En México, a pesar de que la mayoría de los accionistas de los bancos perdieron todo o gran parte de su capital, pocos lo saben, pues no ha habido cambio alguno, ni de fachada.

Ya en el terreno de las decisiones pragmáticas, las autoridades tenían que actuar en dos frentes: uno era el de la deficiencia de capital de los bancos y el otro el de la insolvencia de los deudores. Por el lado de la falta de capital de los bancos lo que procedía era inyectarles capital de inmediato para evitar que quebraran. El capital podía provenir de fuentes privadas o de fuentes públicas, pero en ambos casos implicaba diluir a los accionistas existentes, lo cual las autoridades no estaban dispuestas a hacer, al menos no en el inicio, cuando quizá todavía era tiempo de evitar construir el «hoyo negro» en que eventualmente se convirtió el Fobaproa. Pero la ausencia o insuficiencia de capital era real y tenía que ser atendida. Es en ese contexto que se inventan las compras de cartera dudosa. En teoría, el Fobaproa compraba la cartera contra aumentos de capital por parte de los accionistas. En la práctica sólo un puñado de instituciones realizaron verdaderos aumentos de capital. En todos los demás casos las autoridades regulatorias aceptaron «compromisos» de capitalización, de los cuales casi ninguno se materializó. Con la conciencia sucia, los propios reguladores no tenían autoridad moral para exigir a los neobanqueros que cumplieran con su parte del rescate. Para entender la compra de carteras como la efectuó el Fobaproa, imaginemos que una empresa cualquiera está a punto de cerrar y, para mantener la fuente de trabajo, el gobierno decide, en vez de capitalizarla (y con ello mantenerla operando), comprar los artículos que produce dicha empresa a un valor infinitamente superior al del mercado. No puede caber duda que el efecto colateral de ese salvamento se traduce en un beneficio directo a los accionistas. Más errores.

Para actuar por el lado de la insolvencia de los deudores (sobre todo los hipotecarios y los pequeños empresarios) había dos caminos: uno era el de subsidiar directamente a los deudores y el otro consistía en presionarlos para que de alguna manera —sólo concebible en la mente de reguladores sin experiencia— pagaran y en forma milagrosa se salvara al sistema de pagos. De los créditos en problemas, la gran mayoría (en términos absolutos) era de personas físicas que habían pedido prestado para adquirir casas o coches, o para financiar algún negocio. Aunque seguramente también del lado de los deudores había personas deshonestas y de mala fe, la mayoría pidió un crédito bajo el supuesto de que podría realizar sus pagos en forma normal. Sin embargo, la devaluación, el aumento en las tasas de interés y la recesión que esto produjo, hizo imposible que los deudores siguieran pagando. Lo que era urgente en ese momento era estimular la cultura del pago y mantener funcionando al sistema de pagos. En otras palabras, se requería de un sistema de subsidios diferenciados que hicieran pagables los créditos. Por ejemplo, cinco pesos de subsidio por cada peso de pago en el caso de vivienda de interés social; tres pesos de subsidio por cada peso de pago en el caso de vivienda media; dos pesos de subsidio por cada peso de pago en el caso de empresas medianas y así sucesivamente. Mientras que el costo del Fobaproa asciende a sesenta y cinco mil millones de dólares, los subsidios, insuficientes y extemporáneos, que fueron asignados a los deudores, alcanzaron la suma de seis mil cuatrocientos millones de dólares, es decir, poco menos del 10%.

Lo esencial era mantener vigente la cultura del pago cuando los sueldos de la población endeudada se habían congelado y sus deudas se multiplicaban. El tiempo de actuar era central, pues una vez que se acumulaban las deudas por la capitalización de intereses, éstas se hacían impagables. Peor aún, una vez que se hacía imposible pagar, que se perdía el sentido de obligación de pagar o que se ponía en duda la moralidad del pago, todo el sistema podía colapsarse. Muchos de quienes tenían con qué pagar encontraron una manera ideal para dejar de hacerlo. Los incentivos provistos generaron toda clase de personas deshonestas. Cuando eso ocurrió comenzaron a nacer los movimientos políticos y politizados de deudores, lidereados por el llamado Barzón. Las autoridades, por sus errores y por su incapacidad de comprender el torbellino que estaban desatando, habían creado el caldo de cultivo propicio para destruir la relación deudor-acreedor, base de cualquier sistema financiero.

El baile del Fobaproa

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro originalmente había sido creado como un seguro mutualista al que contribuían los bancos para garantizar la solvencia del sistema y, con ella, el ahorro depositado en el mismo. Los fondos originales del Fobaproa provenían de los propios bancos, que pagaban una prima relacionada con sus montos de captación. Para cuando estalló la crisis a raíz de la devaluación de 1994, las autoridades parecen haber estimado que el problema bancario sumaba una cantidad de entre seis y ocho mil millones de dólares que, aunque superior a los recursos acumulados en el Fondo, fue considerada como manejable. Pero la acumulación de errores en decisiones subsecuentes llevó a que el problema se multiplicara de una manera desenfrenada, hasta alcanzar dimensiones insospechadas, inmanejables y, lo más sorprendente de todo, que no se hicieron públicas.

En vez de capitalizar a los bancos y de subsidiar a los deudores como hubiera sido deseable, las autoridades iniciaron un proceso que nunca pudo concluirse. Se comenzó por comprar cartera sin ton ni son. Un crédito a la misma persona o empresa fue adquirido a dos bancos diferentes a precios distintos, porque el precio de adquisición aceptado por el Fobaproa fue el que determinó unilateralmente, vía su autocalificación de cartera, cada una de las instituciones beneficiadas. Este absurdo evidenció otro problema fundamental: la Comisión Nacional Bancaria se encontró con que tenía dos funciones distintas, contradictorias entre sí. Por una parte era responsable de la supervisión y regulación de los bancos y, como resultado de la crisis y de las decisiones tomadas, se tornó en la entidad responsable de salvarlos. De esta manera, lo que había hecho mal en su función supervisora (y que se evidenciaba en el hecho de que se aplicaban criterios contables y de calificación de cartera distintos en cada banco), lo tenía que encubrir en su función de salvadora de los bancos. Los conflictos de interés inherentes en esta dicotomía todavía hoy no están resueltos.

Este tema es particularmente importante. Por ejemplo, un crédito sindicado, en el que habían participado varios bancos, podía estar respaldado con reservas equivalentes al 60% del valor del crédito en Banamex, mientras que Confía había reservado sólo el 5%. Estas diferencias se derivaban tanto de la seriedad y responsabilidad de los propios banqueros como de la falta de uniformidad en los criterios de calificación de las carteras, producto de la falta de regulación y supervisión de la Comisión Bancaria. El Fobaproa acabó comprando la cartera de un mismo cliente al precio que cada banco determinó.

De hecho, la manera de operar fue todavía más inocente. El Fobaproa no tenía más que un par de decenas de empleados, con poca experiencia y de bajo nivel, lo que le impedía auditar la cartera —o incluso siquiera recopilar en forma sistemática— la documentación que recibía. El banco enviaba una carta con la lista de créditos que transfería al Fobaproa y el monto de las reservas que al efecto había establecido. A cambio de lo cual recibía un «super Cete», es decir, un certificado de adeudo que emitía el Fobaproa (avalado por el Banco de México) y que en esencia se diferenciaba de los Cetes normales en que los «super Cetes» tienen un plazo de diez años y solamente pagan los intereses capitalizados al vencimiento. El procedimiento para la adquisición de cartera fue aleatorio: en algunos casos se firmaron convenios para compartir el riesgo entre el banco y el Fobaproa y en otros no. Las prisas y la más absoluta discrecionalidad y reserva en los criterios aplicados hacían imposible saber lo que Fobaproa aún comprando. Expertos señalan que todavía hoy en día el personal del Fobaproa aún no sabe, a ciencia cierta, qué es lo que hay en esa cartera.

La bola de nieve comenzó con unas cuantas compras de cartera bien intencionadas, pero pésimamente conceptualizadas y mal ejecutadas. La idea era evitar un problema aquí o tapar un agujero por allá. En la medida en que se multiplicaban los errores, la bola crecía, hasta llegar a los más de sesenta y cinco mil millones de dólares al día de hoy. A unos banqueros se les trató con deferencia, a otros poco faltó para meterlos a la cárcel. En algunos casos el Fobaproa se comprometió a comprar dos pesos de cartera por cada peso que los accionistas se comprometieran a aportar de capital. En otros casos el Fobaproa pagó tres pesos y en otros más cuatro pesos. El mayor subsidio fue para los bancos que en el proceso acabaron siendo adquiridos por instituciones extranjeras. En el colmo de las paradojas, y con la excepción de Serfín, los bancos que siguen siendo controlados por accionistas mexicanos son de los que menos apoyos han obtenido del Fobaproa.

Inmerso en el hoyo en que ya había caído el Fobaproa, la única opción lógica era comenzar a vender la cartera que estaba en sus entrañas. Lo conducente era deshacerse de la cartera lo antes posible, al mejor precio posible, pero hacerlo rápido para evitar que siguiera creciendo la bola de nieve, aun si eso implicaba rematarla. Pero los temores a la crítica y la aparente necesidad de encubrir los errores previos que hubieran quedado al descubierto cuando se rematara la cartera acabó por cancelar también esa salida. De hecho, en 1996 se creó una entidad nueva llamada «Valuación y Venta de Activos», a la que se responsabilizó de vender la cartera de Fobaproa. Sus funcionarios, deseando hacer transparente el proceso, seleccionaron lo mejor de la cartera y la ofertaron en una primera licitación. La mejor postura por esa cartera en la subasta fue de menos de cincuenta centavos por cada peso de valor nominal, aun cuando el importe subastado fue muy modesto.

Ante el precio recibido por la mejor cartera del Fobaproa, las autoridades se apanicaron, despidieron a funcionarios probos y honestos y decidieron no continuar con el proceso de subastas. Con ello devaluaron todavía más la cartera del Fobaproa. El resultado es que hoy tenemos un pasivo de más de sesenta y cinco mil millones de dólares, que cuesta treinta millones de dólares diarios, o diez mil ochocientos millones de dólares anuales, sólo por concepto de intereses.

Si uno le sigue el rastro a todo el proceso de salvamento bancario lo que predomina no es la corrupción. Lejos de ello. Lo abrumador es la sucesión de tonterías, errores y decisiones aleatorias. Nunca hubo un plan. Este hecho produjo todos los incentivos para que los deudores no pagaran y para que los bancos no se dedicaran a cobrar. En resumen, para que todo mundo buscara el subsidio y no la responsabilidad.

La manera en que se enfrentó el problema bancario creó un caldo de cultivo propicio para que aparecieran toda clase de vivales. El río estaba revuelto, a nadie se le castigaba por no pagar, el gobierno fomentaba la cultura del no pago y la pésima legislación en la materia hacía sumamente difícil que los bancos cobraran los créditos a quienes sí podían (y no querían) pagar. En adición a la compra indiscriminada y no auditada de cartera, el Código Mercantil es totalmente inadecuado para el mundo moderno y la Ley de Quiebras no cumple su propósito. Los seres humanos respondemos a los incentivos que se presentan en el ambiente, y los incentivos estaban dados para que, ante la impunidad, surgieran nuevos delincuentes de la noche a la mañana. Algunos que podían pagar dejaron de hacerlo, calculando que nada pasaría. Algunos banqueros aprovecharon para hacer sus propios negocios, transfiriendo al Fobaproa todas las pérdidas, incluso las que nada tenían que ver con la crisis. Los vivales y los abusivos sin duda fueron muchos y deben ser castigados ejemplarmente.

La razón por la cual no se ha castigado a estos vivales y abusivos nada tiene que ver con negligencia de los banqueros o las autoridades, pues hay una infinidad de juicios abiertos. Son los tribunales que, además de saturados, tienen que resolver casos en función de leyes obsoletas, contradictorias y con enorme margen de discrecionalidad. Para colmar el plato, una vez que la cartera entraba en Fobaproa, se abandonaban los juicios fortaleciendo el clima de impunidad para los deudores. A diferencia de los bancos, mucho más restringidos que el gobierno en su capacidad para hacer pagar a un deudor abusivo, el gobierno tiene múltiples mecanismos para castigar la impunidad en esta materia; sin embargo, miembros distinguidos del «club Fobaproa» siguen recibiendo concesiones gubernamentales. Pero no todos son vivales ni abusivos. Millones de personas honestas, que no podían pagar sus hipotecas, abandonaron sus casas antes de ser morosos o abusivos; su salida quizá no fue impecable en términos jurídicos, pero su ética es ejemplar.

No cabe ni la menor duda de que hay muchos abusos en el manejo del Fobaproa. Desafortunadamente, esos se derivan de los incentivos que creó el mal llamado «rescate» bancario. Cuando todos los incentivos promovían la deshonestidad, mucha gente entró por la puerta grande y se sirvió sin recato. Independientemente de los fraudes hechos y derechos —como los de Carlos Cabal, Angel Rodríguez y Jorge Lankenau—, en el camino se adquirieron créditos de personas pudientes y cartera de los propios banqueros. Pero si uno analiza los montos involucrados, lo que hubo no fue tanto corrupción sino el lamentable aprovechamiento que muchos hicieron cuando las puertas de las arcas públicas se quedaron abiertas al saqueo. La corrupción fue, en todo caso, el menor de los temas. De los sesenta y cinco mil millones de dólares en el Fobaproa, los tres fraudes de banqueros suman cuatro mil doscientos millones de dólares (800 de Carlos Cabal, 400 de Angel Rodríguez y 3,000 de Jorge Lankenau), cifra enorme en términos absolutos pero sólo el 6% del total.

Ciertamente hubo tratamiento diferenciado y favoritismos pero, en esencia, el problema del Fobaproa es uno de apilación de estupideces y su encubrimiento, circunstancias que hicieron fácil la vida de los muchos vivales que se beneficiaron del Fobaproa. Esto ocurrió básicamente por la arrogancia y falta de responsabilidad de las autoridades bancarias y hacendarías que crearon el entorno propicio para el abuso y no mucho más. Aunque hoy la supervisión bancaria es sustancialmente mejor, el costo de no haberla tenido a tiempo es ciertamente imponente.

¿Es estratégica la banca?

En un sistema político competitivo y en un momento tan ríspido de la política nacional, no es imposible que alguien acabe pagando en lo personal por la desastrosa historia de la banca mexicana en los últimos años. Pero independientemente de cómo concluya este capítulo, el problema de la banca no está resuelto. Los bancos cayeron en el precipicio en que ahora están por la sucesión de decisiones, regulaciones e incentivos que produjo el gobierno a lo largo de los años. Algunos gobiernos, en los setentas, vieron a los bancos como una vaca lechera, en tanto que otros simplemente se dedicaron a hacer ingeniería financiera con ellos. El resultado es que no tenemos un sistema bancario capaz de financiar el desarrollo de la actividad productiva. Lo urgente es la modernización y el fortalecimiento del sistema financiero mexicano. Lo que no es obvio es que sea posible articular el consenso político para lograrlo.

En los próximos meses tendrán que venir decisiones fundamentales tanto en el asunto inmediato de convertir en deuda pública los pasivos que están en el Fobaproa como en el tema más fundamental de consolidar al sistema financiero. Lo fácil será comenzar cacerías de brujas, tratando de asignar culpas a aquellas instancias o personas que más beneficios electorales puedan derivar a los partidos políticos. Hagan lo que hagan, es crucial que reconozcan el hecho de que los bancos son el corazón de todas las economías. Sin bancos una economía no puede funcionar. Para nadie es secreto que la banca mexicana no está funcionando, que no está cumpliendo su cometido: el de captar ahorro y canalizarlo en forma de crédito a la actividad productiva. Sin bancos no hay empresarios y sin empresarios no hay empleadores que creen empleos. Así de simple es el dilema que enfrenta la economía del país. Pero en la actualidad, los grandes ausentes en la economía nacional son precisamente los bancos. Puesto en otros términos, el debate político sobre el Fobaproa no está aislado del devenir económico del país.

Al igual que el país en esta coyuntura tan difícil de nuestra historia, la banca tiene futuro sólo en la medida en que se hagan las cosas correctas en los próximos meses, periodo durante el cual se habrán de definir elementos esenciales de la arquitectura del sistema financiero. El gobierno federal ha enviado varias iniciativas de ley al Congreso, todas ellas atacando diversos ángulos del sistema financiero, unos relacionados con el Fobaproa, otros con la Comisión Nacional Bancaria, con el Banco de México y con la participación de extranjeros en las instituciones bancarias más grandes del sistema. Todas y cada una de las iniciativas busca apuntalar a partes del sistema o tapar hoyos que han ido quedando en el camino. Aunque mucho de ello es necesario e impostergable, las iniciativas no resuelven varios de los problemas esenciales que dieron origen a la situación actual. Por ejemplo, no se eliminan las fuentes de conflictos de interés en la supervisión bancaria. Mucho más grave, ninguna de las iniciativas orienta a los bancos a cumplir con su función medular de intermediación, ni favorece la especialización de las instituciones. Estos temas no son triviales: son la diferencia entre un sistema financiero que favorece el desarrollo y florecimiento de empresas medianas y pequeñas y uno que las desahucia.

La banca, en todos los países, es un sector evidentemente estratégico. Sin bancos no hay actividad económica ni mayor capacidad de crecimiento. En este sentido, no cabe la menor duda de que la banca es estratégica y debe ser desarrollada al máximo. Pero el concepto de estratégico en el pasado llevó precisamente a lo contrario. Algo que se catalogaba de estratégico era inmediatamente protegido, aislado y, por lo tanto, subdesarrollado. Eso es lo que hizo el gobierno con la banca a partir de 1970, con trágicas consecuencias.

La miopía con la que se ha regulado a la banca es patente en un hecho muy simple y doloroso en la actualidad: la única parte de la economía que crece, se desarrolla y funciona es aquella que tiene acceso al financiamiento externo. Las empresas pequeñas, medianas o de reciente creación —el futuro del empleo, la riqueza y el desarrollo de las potencialidades empresariales de los mexicanos— han quedado totalmente marginadas porque no existen los bancos que las puedan financiar para crecer. Ese potencial se materializará sólo en la medida en que existan bancos —y un sistema financiero en general— capaz de darle salida a través de crédito, servicios, capital, etcétera.

Precisamente por ser estratégica, la banca requiere todos los kilos, todos los recursos y toda la flexibilidad. Exactamente lo contrario de lo que ha habido. El sector público tiene que ejercer una agresiva y profesional supervisión, fundamentada en una regulación moderna y única, no contradictoria, compatible no sólo con los acuerdos internacionales que ha contraído el país, sino con las cambiantes tendencias de la banca en el mundo. Es decir, la regulación debe partir del reconocimiento de la realidad y no de las teorías abstractas —o de la sinrazón— de los burócratas en lo individual que, como muestra esta historia, ya le costaron decenas de miles de millones de dólares al país. Sólo en un entorno así podrá florecer la banca. Si los propietarios de los bancos son franceses, chinos o americanos es irrelevante. Lo crucial es que los bancos cumplan su función económica, algo que no han hecho desde hace varios lustros.  n

Luis Rubio. Politólogo, es director de CIDAC. Su ultimo libro es La democracia verdadera.

Es urgente resolver el Fobaproa

La banca mexicana corre el riesgo de morir de inanición. Este es un problema central de la discusión sobre el Fobaproa en el momento actual y nadie parece estar prestándole atención. El debate cotidiano sobre el Fobaproa se ha orientado, lógicamente, hacia los extraordinarios costos del fondo que se constituyó para proteger el ahorro depositado en los bancos, así como a la búsqueda insaciable de los “malos” y los culpables. Es evidente que las causas del problema actual del  Fobaproa tienen que ser plenamente identificadas de tal suerte que tanto las preocupaciones, dudas y sospechas de los diputados, así como las de la población, queden plenamente despejadas. Pero el debate político no debe soslayar un factor crucial que parece haberse perdido en el proceso: el del número creciente de bancos que muy pronto va a comenzar a enfrentar problemas de liquidez. Sin una solución al problema bancario, la economía mexicana no tiene viabilidad.

 

El conflicto político desatado por la iniciativa presidencial de reconocer los pasivos del Fobaproa como deuda pública ha empañado un problema mucho más inmediato que amenaza el crecimiento de la economía mexicana. El debate sobre el Fobaproa ha tomado un curso evidentemente distinto al que pretendía el gobierno. El gobierno, en un desplante de responsabilidad, pero también de ingenuidad, envió al Congreso una iniciativa de ley encaminada a formalizar los pasivos contingentes que actualmente se encuentran contabilizados en Foabaproa como deuda pública. En estricto sentido, la iniciativa gubernamental no buscaba otra cosa que la de hacer transparente el pasivo incurrido por el Fobaproa puesto que hoy ya goza del aval gubernamental, razón por la cual es, para todo fin práctico, deuda pública.

 

Pero en esta época, en la que lo único que parece ser importante en la política mexicana es la lucha descarada, violenta y sin límites por el poder, era absolutamente inevitable que un tema tan candente como el del Fobaproa no acabara siendo parte de esa lucha política que todo lo consume y pervierte. Falta ver si de ese debate se puede generar un final positivo: un reconocimiento generalizado sobre la necesidad imperiosa de  hacer de la transparencia una práctica cotidiana en todos los procesos de decisión en el país, pero ese es otro tema.

 

En el tema del Fobaproa, el gobierno simplemente envió su iniciativa al Congreso, confiando que luego de un breve debate se aprobaría sin más. Pero el contenido de la iniciativa y sus implicaciones potenciales resultaron ser demasiado graves como para que fuesen aprobadas sin una discusión de esencia, además de que eran demasiado apetecibles, como para que el PRD perdiera la oportunidad de acribillar al gobierno en el camino. Fobaproa inauguró una nueva faceta en la lucha política nacional, toda vez que le dio la oportunidad al PRD de definir la agenda pública. El PRD, siempre listo, se ha abocado a desacreditar al gobierno y  al PRI, así como a elevar el costo político de que el PAN participe en la aprobación de la iniciativa. La ingenuidad e inocencia del gobierno ganó sobre su sentido de responsabilidad.

 

El debate relativo a los pasivos del Fobaproa va a tomar su curso y no parece haber nada ni nadie que vaya a poder impedirlo. Detrás del debate hay un hecho real y una infinidad de especulaciones, esperanzas, sospechas y temores. El hecho real es que el Fobaproa representa un pasivo contingente de sesenta y cinco mil millones de dólares garantizado por el gobierno federal. En castellano simple, lo anterior quiere decir que se trata de deuda pública (aunque formalmente no haya sido reconocida como tal) por un máximo de ese monto (pues, en teoría, algo de los activos podría ser vendido y recuperado). Todo el resto es un hoyo negro que produce especulaciones, sospechas y temores. Dado que el PRD ha tomado el control de la agenda política, lo que ha predominado en el debate son las sospechas y las acusaciones. Lo que haya de verdad en esas sospechas evidentemente debe hacerse público. Pero hay otros ángulos que no sólo son importantes, sino urgentes.

 

El debate hasta el momento se ha centrado en las causas del problema del Fobaproa y en sus implicaciones, sobre todo para el gasto público. Pero hay otro ángulo que debe ser incorporado en la discusión: el de los bancos mismos. Al margen de las causas originales que llevaron al problema bancario actual, el Fobaproa está constituido por cartera que los bancos le vendieron a ese fondo con el objeto de fortalecerse (y, de hecho, evitar una capitalización inmediata). La venta de cartera, mucha de ella mala, le permitió a los bancos hacerse de un activo, el llamado Cete especial o «Super Cete»; con éste, la cartera que el banco transfirió al Fobaproa quedó  plenamente garantizada y respaldada por el gobierno. Pero los «Super Cetes» tienen dos características muy significativa que, en los próximos meses, van a comenzar a causar problemas: a diferencia de los Cetes normales (Certificados de la Tesorería), que cualquier persona puede comprar, los “Super Cetes” originalmente emitidos por el Fobaproa no pagan intereses mensuales o trimestrales, sino que los acumulan para pagarlos íntegramente al vencimiento que, en el caso de esos instrumentos, es de diez años.

 

La compra de cartera que realizó el Fobaproa salvó a los bancos en el momento inmediato porque garantizó el ahorro del público. Aunque el Fobaproa resolvió sólo parcialmente el problema de insuficiencia de capital de los bancos (de hecho, la gran mayoría de los accionistas de los bancos perdieron todo o gran parte de su capital), no resolvió el de su viabilidad. La razón de esto es muy simple: mientras que un crédito normal supone pagos mensuales al banco, el Cete original del Fobaproa implica una garantía, pero nada de ingresos sino hasta el fin del décimo año. Para el banco, la falta de ingresos por concepto de esa cartera implica que puede no tener los recursos suficientes para pagar los intereses que causan los depósitos de sus clientes, los sueldos de sus empleados, las rentas de sus sucursales, etcétera. Algunos bancos tienen una proporción enorme de sus activos en el Fobaproa, lo que implica que no tienen -o no van a tener en el futuro mediato- la liquidez suficiente para poder afrontar sus obligaciones. Algunos bancos han observado un deterioro tan grande en su balance en estos años por la falta de pago de sus acreditados -por la suma de la cartera mala, la cartera en disputa, la cartera de muy baja productividad y la cartera del Fobaproa- que confrontan ya problemas agudos de liquidez, los que podrían rápidamente convertirse en problemas de solvencia. Algunos bancos tienen gastos en intereses, rentas y demás que son superiores a sus ingresos por concepto de pagos por créditos vigentes.

 

El tema es todo menos que esotérico. La salud de los bancos y del sistema financiero en general es una condición indispensable para el desarrollo de la economía. Un conjunto de bancos débiles, disfuncionales y estructuralmente  incapaces de financiar el crecimiento constituye no sólo una desventaja brutal frente a nuestros competidores, sino un riesgo fenomenal para la estabilidad de la economía. No hay la menor duda de que uno de los principales elementos que empujaron a la economía al despeñadero de 1995 fue precisamente la debilidad de los bancos, situación que no se ha resuelto.

 

La conversión de los activos del Fobaproa en deuda pública tendría el efecto de transformar los Cetes “especiales” en Cetes normales. Esto implicaría que los bancos súbitamente recibirían ingresos (intereses) por al menos parte de la cartera que hoy representan los títulos emitidos por el Fobaproa (de los cuales una porción ya está pagando intereses mensuales a los bancos en peor situación de liquidez, de acuerdo a lo aprobado en el presupuesto del Gobierno Federal de 1998). En muchos casos, ese sólo hecho les restauraría la liquidez que requieren para no entrar en una situación de insolvencia.

 

Algunos bancos todavía hoy tienen problemas tan serios que ni eso resolvería su situación, razón por la cual tienen que ser capitalizados por nuevos accionistas -mexicanos o extranjeros. En estas condiciones, es vital que se resuelva el problema del Fobaproa lo antes posible, pues sin ello algunos de los pocos bancos reprivatizados que quedan en manos de los accionistas que originalmente los adquirieron podrían entrar en una crisis de liquidez. Hay que recordar que la mayoría de las crisis financieras comienzan con problemas de liquidez que muy rápido acaban transformándose en problemas de insolvencia. Los diputados tienen que avanzar la causa de la transparencia en el país; pero también tienen  la obligación de atender los problemas mundanos inmediatos que rápidamente podrían hacer irrelevante cualquier avance en otros ámbitos.

Fin de artículo

La imagen de México en Estados Unidos

El verdadero problema de la llamada Operación Casablanca es menos la demostrada invasión de la soberanía de México que el deteriorado estado de la relación con Estados Unidos que la citada operación revela. México se ha convertido en el chico malo de la política interna de Estados Unidos y todo asunto que tenga algo que ver con México ha pasado a ser fair game (sujeto legítimo de ataque) de la politiquería norteamericana. Es decir, México y todo lo relacionado con el país son hoy en día parte del debate norteamericano para fines que nos son absolutamente ajenos y, en muchísimos casos, que nada tienen que ver con nosotros. Cualquier cosa que está mal en el mundo y que pueda llegar a afectar a algún estadounidense es culpa de los mexicanos. Esto ha convertido a México en un vector de la competencia electoral de ese país. Casablanca es menos un tema sobre México que sobre el uso que se le da a México en la competencia política interna de Estados Unidos. Así de bajo hemos caído.

 

En la medida en que aparece mayor información y se conocen más detalles sobre la naturaleza del operativo llamado Casablanca, se va conformando una imagen de abuso, explotación y uso vil de México en la política estadounidense. En principio, el operativo policiaco se llevó a cabo a espaldas no sólo del gobierno mexicano, sino también de una buena parte del propio gobierno de Estados Unidos. En términos generales, las corporaciones policiacas involucradas querían hacer su trabajo y probar su permanente argumento de que hay corrupción generalizada en México, evidenciada ésta, para fines del operativo, en el lavado de dinero. Las policías norteamericanas realizaron el operativo en forma secreta para poder presentarle a los políticos un hecho consumado que no pudieran soslayar. En la lógica de esos policías, de  haberle planteado la operación a los políticos con anticipación, algunos de ellos la habrían impedido.

 

El operativo consistió en el tendido de una celada a un número de funcionarios bancarios de bajo nivel, de quienes se esperaba hicieran movimientos de dinero que, en términos penales, equivalieran al lavado de dinero. La noción de ganar un porcentaje significativo de montos muy grandes de dinero, aparentemente sin correr ningún riesgo, resultó suficientemente atractiva para muchos de estos funcionarios, quienes con eso cayeron en la trampa. Innumerables personas en el mundo entero, habrían hecho lo mismo, al precio adecuado. El  procedimiento, sin duda reprobable, es un componente legalmente sancionado de la estrategia de persecusión criminal de las policías de nuestros vecinos del norte. Mientras no se haya violado ninguna ley mexicana -sobre lo cual es contradictoria la información que aparece en la prensa- el operativo y la motivación pueden ser despreciables, pero nada más.

 

Pero la información, los detalles y el análisis que ha venido surgiendo más recientemente sobre el momento en que se decidió lanzar el operativo y el contenido del mismo, muestran una faceta mucho más preocupante para México. La decisión de lanzar el operativo fue tomada en mayo de 1995, justamente cuando el presidente Clinton se saltaba al Senado de su país para otorgar el préstamo de trece mil millones de dólares que, en consultas directas con senadores clave, le habían indicado que se negarían a aprobar. Clinton utilizó fondos que no estaban sujetos a aprobación legislativa, con lo cual pudo evitar el rechazo a su iniciativa en la Cámara de Senadores. Todo parece indicar que la furia que el procedimiento desató en el Senado fue, en última instancia, lo que motivó la puesta en marcha del operativo que luego adquirió el nombre de Casablanca. Incluso, sin que haya existido ningún ánimo conspiratorio, es posible que algunos senadores de ese país hayan sugerido o inducido la realización del operativo como reivindicación a sus críticas por corrupción al gobierno mexicano, motivados por un ánimo de venganza contra su propio presidente por habérselos saltado.

 

El operativo mismo tiene características muy peculiares que sugieren, si no es que demuestran, su verdadera naturaleza y objetivo. En términos económicos, el operativo fue todo menos significativo. En un negocio de lavado de dinero estimado en las decenas, si no es que centenas, de miles de millones de dólares, el Operativo Casablanca demostró que, después de tres años de intentos, fue posible «lavar» poco más de cien millones de dólares. Aunque la cifra es, en sí misma, muy grande, resulta obviamente irrisoria frente a los billones de dólares que caracterizan a esa actividad. Es decir, aunque el operativo demostró la propensión de algunos individuos a corromperse bajo ciertas condiciones, está lejos de demostrar que en el lavado de dinero en México alcanza las cifras espectaculares que los propios norteamericanos estiman.

 

Mucho más importante que los montos involucrados, el operativo no descubrió o evidenció la existencia de redes de lavado de dinero organizadas y constituidas. Todo lo contrario, el operativo consistió precisamente en la constitución de una nueva red de lavado de dinero que nada tenía que ver con las que efectivamente utilizan los narcotraficantes. Es decir, el operativo nada tenía que ver con las redes de narcotráfico o de lavado que supuestamente existen, sino con la construcción de un artificio diseñado para demostrar que es posible lavar dinero en el sistema fianciero mexicano. El operativo ni siquiera pretendía demostrar que existen esas redes en México o, mucho menos, en descubrirlas. Su único objetivo era político. Puesto en blanco y negro, el operativo fue concebido, diseñado, organizado e instrumentado con el propósito expreso de evidenciar y avergonzar al gobierno mexicano y a México. Nada más.

 

Mientras que nuestros políticos y diplomáticos se rasgan las vestiduras y protestan por el operativo mismo, ninguno parece haberse puesto a reparar y meditar sobre lo que es verdaderamente importante: el hecho de que nos hayamos convertido en el hazmerreir del sistema político norteamericano. Este es el tema importante. De haber llegado a ser un país soberano y vital en la concepción del norteamericano común y corriente, hemos pasado a ser, en la opinión pública de ese país, la pobre excusa de todas sus dificultades, la causa de la contaminación, el mejor ejemplo de la corrupción institucionalizada y de la falta de respeto a los derechos humanos, y así sucesivamente. México ya no es un país, sino un símbolo: la equivalencia de lo malo, lo corrupto y lo que no se debe imitar. El operativo Casablanca no es más que un síntoma del deterioro que, como país, hemos experimentado en la opinión pública norteamericana. De la misma forma en que los panistas y perredistas explotaron, durante la campaña electoral de 1997, el voto con que en 1995 el PRI había aprobado el aumento de la tasa del IVA, con el objeto de desacreditarlo, los candidatos norteamericanos, de ambos partidos, utilizan a México para desacreditarse mutuamente.

 

Como están las cosas, sería dignificante que el problema se limitara a los temas policiacos y de migración que el gobierno mexicano le recrimina al norteamericano. Sería precioso que el problema fuese realmente de soberanía. Desafortunadamente se trata de un problema político fundamental. El problema no es de dignidad ni de vulneración de nuestra soberanía, aunque ésta pudiese haber sido afectada, sino del espectáculo que, como país, le hemos estado dando al mundo en los últimos años. Nuestras contradicciones, la evidencia de corrupción, la incapacidad de ponernos de acuerdo, las agendas políticas cruzadas, la ineptitud generalizada de la gestión gubernamental y la dinámica    -en ocasiones perversa- pero casi siempre disruptiva y vengativa, de la brutal lucha por el poder, parecen haber hecho legítima la destrucción de todo. Casablanca demuestra las consecuencias de los excesos. Para algunos la lucha por el poder justifica todos los medios. Nada de eso lo puede justificar el país.

 

Fin de artículo.

En este río revuelto nadie gana

Desacuerdos sobre temas fundamentales parecen caracterizar el entorno político en la actualidad y nadie se preocupa por lo que es esencial para los mexicanos. Los diputados disputan las iniciativas económicas del gobierno con argumentos políticos; el gobierno no hace política para avanzar sus propuestas. Algunos funcionarios de administraciones pasadas fustigan al gobierno y lo acusan de ser «más papista que el papa»; otros lo aplauden y proponen mejores maneras de avanzar las causas gubernamentales, confiando poder obtener el último hueso de su carrera.

 

La ausencia de instituciones, acuerdos y consensos sobre temas esenciales ha hecho que el país dependa de la buena voluntad de quienes pretenden gobernarlo. Algunos seguramente pueden ofrecer gobiernos sensatos y moderados, pero el entorno es más que propicio para populistas y demagogos de toda estirpe.  De esta manera, el país avanza, con prisa y sin pausa, hacia la que promete ser la contienda electoral más importante de nuestros tiempos, pero lo hace sin los mínimos consensos necesarios entre los actores políticos para asegurar un proceso tranquilo, pacífico, transparente y civilizado. De no construirse estos consensos, el camino quedará completamente abierto a las soluciones fáciles y autoritarias de las derechas e izquierdas por igual.

 

Independientemente de las disputas permanentes que acompañan al término, es indudable que el país experimenta una profunda transición política. Los cambios para la población en general son inmensos y sumamente profundos. Hoy en día las elecciones se han convertido en el mecanismo casi indisputado de acceso al poder. Es más que evidente que los gobernantes, en todos los niveles y de todos los partidos, ya no pueden imponer su voluntad sin que haya consecuencias. Nunca en nuestra historia había habido tantas renuncias de funcionarios de segundo y tercer nivel como ocurre en la actualidad en forma casi cotidiana. Aunque los mexicanos tengamos muy pocos mecanismos para obligar a los gobernantes  a desempeñar bien su función, a no abusar de sus puestos y a responder ante el electorado de sus actos y de sus fallas, el hecho es que ya no son totalmente impunes. Hasta los más vituperados políticos priístas de la vieja guardia se desdoblan por adquirir credenciales democráticas. En este sentido, es absurda la noción de que no hay cambios políticos. Estos existen y son reales en todo el país. Lo que no parece cambiar es la naturaleza de la política misma.

 

En retrospectiva, todo parece indicar que la serie de reformas electorales que se ha venido dando en los últimos años, hasta su culminación en 1997, prácticamente ha eliminado el pecado mayor de la política mexicana, el fraude electoral. Las reformas constitucionales en materia electoral fueron aprobadas unánimemente por todos los partidos lo que ha resuelto el problema del acceso al poder al gobierno a nivel federal y en casi todos los estados. El avance en este frente ha sido enorme.

 

Pero la legislación electoral no resolvió todos los problemas pendientes y, como ocurre en estas situaciones, creó otros nuevos. La ley electoral consagró los derechos y privilegios de los tres grandes partidos actuales y, aunque dejó la puerta abierta para la formación de nuevos partidos, no resolvió los problemas esenciales de la competencia política. Las elecciones primarias que los priístas están teniendo ahora muestran palpablemente las limitaciones que todavía expermienta la estructura política del país, en este caso en materia de financiamiento de campañas. Aunque este tema particular, incumbe a la operación interna de los partidos, refleja los problemas generales que todavía están por resolverse. Si los candidatos, sobre todo en estados grandes y populosos, no cuentan con fondos para competir, la competencia se torna sumamente injusta (y, obviamente, anti-democrática). Es decir, si para ganar en una elección primaria un candidato tiene que vender su alma al diablo (o al narco), de nada sirve que existan candados posteriores al financiamiento de campañas para elecciones generales. Por encima de lo anterior se encuentra el enorme problema de la creciente fragmentación del sistema político: se ha erosionado la disciplina de partido, los diputados no se sienten responsables ante sus electores y no se ha desarrollado ni siquiera una mínima capacidad para articular coaliciones (excepto negativas), como muestra el desempeño del Congreso a lo largo de los últimos meses o el circo que vivió el estado de Morelos a raíz de la renuncia del gobernador. La legislación electoral resolvió lo más primitivo de la política (el acceso al poder). Pero nada se ha hecho para hacer gobernable al país.

 

La creciente descentralización que caracteriza al país, un desarrollo muy positivo sobre todo por las tendencias centralistas del pasado, está teniendo lugar en el peor momento posible, porque no hay nada que premie o incentive la unidad nacional. Los mexicanos acabamos dependiendo de la voluntad o capacidad de gobernantes en lo individual para crear mejores posibilidades y oportunidades de desarrollo futuro. Un buen gobernador hace maravillas, en tanto que uno malo acaba siendo el protector de mafias que secuestran a los ciudadanos. Con razón o sin ella, algunos gobernadores han llegado al cinismo de burlarse del congreso y, con él, de todo el país, sin reconocer que al tratar de demeritar al poder legislativo erosionan las muy endebles anclas que existen en la actualidad para comenzar a construir una estructura institucional mínimamente sólida. No es obvio en la actualidad qué es lo que va a mantener unido al país dada la creciente desigualdad económica y regional que lo caracteriza.

 

Las quejas y críticas implícitas en las campañas del PAN y del PRD cuando contendían por curules en el Congreso en 1997, no se han traducido en una fuerza política positiva para la construcción de un nuevo sistema político. De hecho, lo contrario ha ocurrido. Han florecido los conflictos internos de cada partido y se ha afianzado el ánimo de venganza. Los legisladores se niegan a legislar, incluso sobre las cosas esenciales del gobierno interno de la Cámara de Diputados. Quizá más importante, los políticos no reconocen que son los pequeños acuerdos, los modestos avances, los que con frecuencia hacen la diferencia. Dos ejemplos son particularmente elocuentes. Hace poco menos de un año, el PAN y el PRD se unieron para impedir que el PRI tomara control de la Cámara. Hoy en día es rara la ocasión en la que el PRD no fustigue al PAN cuando este último no vota de acuerdo a la voluntad del líder legislativo del PRD. En lugar de encontrar espacios para construir estilos distintos a los que tradicionalmente desarrolló el PRI, las prácticas priístas en el PAN, pero sobre todo en el PRD, son cotidianas. Otro ejemplo, quizá más significativo es el de la aprobación del presupuesto a finales de 1997. En esa ocasión fue la responsabilidad del PAN, actuando con visión de Estado, la que salvó al país de una situación inédita. Sin embargo, en lugar de un reconocimiento por parte del PRI o del gobierno, los panistas se han llevado una refriega cada vez que algún aspecto de ese presupuesto es criticado. Es decir, todo lo bueno fue del PRI y todo lo malo fue del PAN. Con ese antecedente, habrá que poner veladoras para que el proceso de aprobación del presupuesto de 1999 no naufrague.

 

Justo cuando nos enfilamos hacia las elecciones del año 2000, la política experimenta una implosión. La realidad cotidiana de los mexicanos es una de cambios constantes. Uno pensaría que entre la creciente inseguridad pública y la incompetencia de los diversos niveles de gobierno, los mexicanos tendríamos suficiente. Pero la realidad es que los partidos están en crisis, cada uno por sus propias razones y ninguno parece estar avanzando hacia la consolidación de los acuerdos mínimos que hagan posible una evolución tranquila y pacífica de la política -y de todo lo demás- en beneficio de la población. Desde el pedestal en que se encuentran algunos líderes políticos es fácil despotricar contra todo lo que ha sido la historia del PRI (siendo que algunos de los que más despotrican fueron actores centrales de ese partido), pero desde la perspectiva de la población lo que cuenta es un avance gradual y sostenido hacia un mejor nivel de vida y una mayor capacidad para influir en su propio devenir. No hay nada en el horizonte que sugiera que los políticos que hacen grandes discursos sobre la democracia mexicana estén conscientes de que lo esencial no son sus discursos, sino el clima de paz y tranquilidad que los mexicanos requieren para vivir tranquilos y prosperar.

 

El mexicano prototípico ha vivido de crisis en crisis a lo largo de toda su vida. Lo que más desea es un proceso de desarrollo económico constante. Detesta las promesas de los políticos porque sabe bien lo que esas promesas (y discursos) valen. Pero la política mexicana en la actualidad está operando en otro vector: en realidad, prácticamente todas las disputas políticas se refieren a la crisis de 1994, tema sobre el cual no hay el menor consenso, ni dentro del gobierno. La ironía de esto no es pequeña.  Para mediados de 1994 había un consenso casi total entre los mexicanos respecto a temas muy básicos: apertura de la economía, equilibrio fiscal y macroeconómico, bajos niveles de inflación, etcétera. A partir de la crisis, todos los temas parecen ser politizables, hasta los que no le ofrecen beneficio alguno a nadie. El río está revuelto, pero no parece haber pescadores competentes.

Fin de artículo.

Prensa y democracia

Luis Rubio

El país atraviesa por una profunda transición política que ha trastocado todas sus actividades e instituciones. Las viejas estructuras políticas cambian y se transforman; algunas adquieren o pierden relevancia súbitamente, en tanto que otras se desmoronan. La prensa no es excepción. Cercada y frecuentemente dominada por un sistema político omnipresente, la prensa mexicana creció desarrollando mecanismos de defensa o de adaptación de la más diversa índole. En algunos casos fue parte integral del juego de la corrupción, en tanto que en otros hizo lo imposible por mantener su independencia. Los cambios políticos han creado una nueva realidad para unos y para otros.

Los recientes avances hacia la democracia abren oportunidades excepcionales para la libertad de expresión y, por consiguiente, para el desarrollo de la prensa en el país. Pero el fin del viejo sistema político no garantiza, por sí solo, el surgimiento o fortalecimiento de una prensa de calidad. Los últimos años han sido testigos del surgimiento de nuevos canales de televisión, nuevos diarios, nuevas revistas de opinión, nuevos programas de radio. Muchos de los medios ya establecidos se han transformado, probando las aguas de una libertad hasta ahora desconocida para muchos. La experiencia arroja una muestra de las enormes posibilidades que promete una prensa liberada de las restricciones políticas de antaño.

Pero muchos de los nuevos experimentos evidencian la otra cara de la moneda. Muchos de los viejos vicios han acompañado la transformación que experimentan los medios. Son realmente pocos los medios que han hecho esfuerzos honestos, persistentes y comprometidos por construir una prensa analítica, independiente y de alta calidad. Demasiados son los que todavía se dedican a promover en forma acrítica sus preferencias ideológicas o políticas, cuando no sus intereses más personales, presentando los temas de debate en términos absolutos o promoviendo hipótesis y especulaciones conspiratorias a cada paso como si se tratase de noticias fidedignas.

El cambio de realidad política nos obliga a todos a ajustarnos. En cuanto a los medios de comunicación, los ajustes requeridos afectan a sus tres componentes: el gobierno, las empresas de comunicación, incluyendo a sus periodistas y comunicadores, y la ciudadanía que, en un entorno democrático, es la razón de ser tanto del gobierno como de los medios. Una era de transición entraña ajustes y desajustes en los tres ámbitos. Aunque hay esfuerzos extraordinarios y encomiables tanto en el gobierno como en los medios y en la sociedad por romper con la era de la corrupción, la subordinación al gobierno y el uso vil de los medios para fines políticos particulares, nadie puede albergar dudas de que se trata de excepciones y desafortunadamente no de la realidad general.

Por lo que toca al gobierno, persisten las prácticas de cohecho e intimidación en muchas de sus entidades. Algunos niveles y oficinas de gobierno han hecho esfuerzos loables por cambiar esas despreciables prácticas, pero no la generalidad. Mucho más importante es la resistencia de infinidad de instituciones y funcionarios gubernamentales a comprender la naturaleza de los medios en una sociedad democrática. En términos generales, en el gobierno todavía domina la noción de que éste no está para informar y presentar sus puntos de vista con el objeto de convencer a la ciudadanía -a través de los medios- de la bondad de sus objetivos o programas, sino para transmitir e imponer decisiones previamente tomadas. Pero lo que funcionaba en una sociedad cerrada y protegida ya no opera en la actualidad. Y lo mas importante, la voz gubernamental compite con numerosas y diversas fuentes de información y opiniones, en abierta competencia por el establecimiento de la agenda del debate nacional. Y para agregar mayor complejidad a las nuevas realidades, es frecuente que la agenda doméstica sea definida, en los propios medios mexicanos, por emisores internacionales ocupados en temas y asuntos nacionales, o que involucran a México.

En este contexto ya no hay verdades absolutas, ni atención garantizada a las emisiones del gobierno, ni coartadas aislacionistas capaces de excluir el libre flujo de la información mundial, independientemente de cómo se intente disfrazar. En el mundo de hoy, la credibilidad es un bien sujeto a permanente competencia, dentro y fuera de nuestras fronteras. Por naturaleza, su vigencia es efímera: se gana o se pierde todos los días.

Los medios de comunicación han pasado de ser meros instrumentos del gobierno e intereses políticos, a disfrutar de una libertad hasta hace poco conocida sólo en algunos lugares o medios excepcionales. El cambio no ha sido exitoso en todos los casos. Al contrario, una enorme asimetría en la actualización de métodos, actitudes y conductas de empresarios y operadores de la información parece, por un lado, mostrar un panorama alentador a la vista de los renovados márgenes de libertad alcanzados por los medios. Pero, por el otro, resulta mas bien desalentador el paisaje en el que esa libertad ampliada no se ha visto correspondida con más altos grados de rigor profesional ni de un saneamiento de conductas capaz de perfilar la dignificación generalizada en su relación con las diversas fuentes del poder.

Algunos temas que se discuten como naturales y lógicos cuando se habla del tema electoral, como el del financiamiento de partidos y campañas, por ejemplo, son tabú en el caso de los medios. Sin embargo, temas como el de la propiedad de los medios, la competencia entre ellos, el acceso a la información, los subsidios y la publicidad gubernamentales, los derechos y responsabilidades de los periodistas, la seguridad física de quienes viven de esta actividad y los niveles de su remuneración, tienen que ser enfrentados. No se trata de interrogantes meramente académicas, sino de la esencia de la democracia. La democracia se nutre y, de hecho, depende, de que los ciudadanos puedan normar su criterio y realizar juicios informados sobre los temas centrales de su vida y la del país. Los ciudadanos requieren información, análisis y opiniones, en ese orden, para poder decidir por sí mismos y, sobre todo, para poder discernir su propio interés en un ambiente crecientemente complejo. Sin medios profesionales dedicados a satisfacer las necesidades de información de la ciudadanía, la democracia acaba siendo una imposibilidad.

Dentro y fuera del gobierno, las voces justificadoras del inmovilismo -y de las peores tradiciones de los medios, en sus relaciones con los poderes- llevan varias décadas reduciendo su respuesta a las más elementales propuestas de discusión del tema, a una frase por demás ilustradora de la cultura de la ilegalidad que cubre todavía tan vastas zonas de nuestra sociedad: es preferible -dicen más o menos estas voces- la impunidad ante todo exceso en la gestión de los órganos informativos que el riesgo de caer en la arbitrariedad al tratar de ajustar sus actividades a las normas propias de un estado de derecho moderno. Sólo que la sociedad y la economía del país requieren hoy una relación con los medios, y de éstos con los poderes, que ofrezca más opciones que las de la impunidad de unos o la arbitariedad de otros, o, lo que ha sido más frecuente y afrentoso en el úlimo medio siglo, los arreglos y complicidades entre operadores de unos y otros en un círculo vicioso impunidad-complicidad que ha vulnerado por años el papel de la información en la empresa de consolidar en México una sociedad democrática.

El centro de gravedad en una democracia es el ciudadano. El propósito integral de los medios de comunicación debería ser el de proveerle a ese ciudadano información (es decir, los hechos), análisis, opiniones, investigaciones y fuentes de entretenimiento. Este listado que parece tan obvio es todo menos transparente en nuestra realidad cotidiana. Nuestra historia ha hecho sumamente difícil distinguir entre los componentes de la actividad periodística. Las gacetillas se mezclan con las opiniones de los periodistas hasta el punto de hacer imposible discernir los hechos de toda la maraña de intereses que yace detrás de lo que aparece como información. Si a esto agregamos los enormes rezagos que existen en la educación en el país y la patente desigualdad en la capacidad de acceso a la información que caracteriza a los mexicanos, es evidente que es monumental el reto que enfrentamos como sociedad.

Aunque es en un entorno de seguridad jurídica plena y en el sistema educativo en que debe recaer la responsabilidad de largo plazo de desarrollar ciudadanos con la capacidad de ser libres y responsables, sólo los medios de comunicación pueden llenar las ausencias actuales para contribuir al desarrollo de la ciudadanía. Estas carencias, producto de una sociedad desigual, con altos niveles de pobreza y bajos de educación, nos obligan a enfrentar dilemas inexorables: ¿cómo pueden los ciudadanos demandar de los medios lo que no conocen o saben que existe? ¿qué los puede preparar para discernir entre hechos, opiniones, investigaciones y análisis? En el corto plazo, la única respuesta posible a este tipo de dilemas es que sólo la propia responsabilidad de los medios puede hacer una diferencia.

Pero nuestra experiencia reciente demuestra que esta avenida está llena de baches. La creciente libertad de expresión no ha tenido lugar en una época de bonanza económica y de mejoría substancial en los niveles de vida de los mexicanos en general o los periodistas en lo particular. De hecho, lo único que ha cambiado en nuestra realidad es que la libertad de expresión está ahí, aunque sin duda todavía acotada por la violencia que sufre un enorme número de periodistas. Lo que no ha cambiado es el entorno dentro del cual funcionan los medios y los periodistas. Es decir, a pesar de la mayor libertad de expresión de que gozan los medios, los incentivos que existen en la actualidad siguen propiciando la corrupción, el chantaje y la desinformación.

La mayoría de los gobiernos del mundo sin duda preferiría controlar a los medios que cultivarlos. Pero la mayoría de los gobiernos de países democráticos ha acabado por aceptar y respetar el papel que los medios juegan y deben jugar en la democracia. Nuestra democracia todavía es demasiado joven como para pretender que la libertad de prensa es un proceso acabado y consolidado. Pero eso no quita que nos encontramos en un momento en el que los medios viven una realidad nueva, pero sus estructuras institucionales, económicas y financieras con gran frecuencia siguen ancladas en el viejo sistema político. Una democracia no puede prosperar en ausencia de medios de comunicación independientes y objetivos que vean a los ciudadanos -y no al gobierno- como su razón de ser y su objetivo último de existir. Esta realidad no contribuye a los objetivos gubernamentales ni conduce a la democracia. Lo que tenemos, en una palabra, es una secuencia de círculos viciosos que se retroalimentan. Alguien tiene que ser el primero en romper sus vasos comunicantes.