Luis Rubio

La pregunta es si la democracia ha ido demasiado lejos. Luego de años de liberalización política, crecen las quejas sobre el desempeño de los procedimientos democráticos, con frecuencia se exacerban las tensiones entre los distintos poderes públicos y no se toman muchas decisiones que son urgentes y necesarias o, cuando sí se actúa, como en estos días, se toman decisiones excesivas, torpes y que ponen en riesgo la estabilidad política. La democracia resulta ser un sistema de organización política que decepciona a muchos y deja insatisfechos a otros. Lo fácil es criticarla, atacarla, despreciarla y hasta desecharla, pero la verdad es que no conocemos mejor sistema para la toma de decisiones en una sociedad. La clave de su éxito reside en la constitución de mecanismos idóneos que hagan posible su funcionamiento efectivo, algo que ciertamente no existe en el México de hoy.

Los problemas de la democracia no son privativos de México. Prácticamente no hay país del mundo que reniegue de la democracia (o, al menos, que no le hagan todo tipo de caravanas) pero, al mismo tiempo, es rara la nación que no disputa algunos de sus procedimientos. Es interesante hacer notar que hasta los dictadores más recalcitrantes adoptan formas democráticas, como las elecciones, independientemente de que sus sistemas políticos sean todo menos democráticos. Pero también es evidente que la existencia de procedimientos electorales debidamente organizados (y hay pocos en el mundo como el nuestro en este sentido) es insuficiente para asegurar que la democracia funcione de manera eficiente.

Los enojos con el funcionamiento del gobierno actual han dado brío y fuerza a los detractores de la democracia. Muchos políticos y líderes partidistas lanzan implacables ataques no a la ineptitud de un gobierno o a una estructura institucional poco idónea para el desarrollo del país, sino a la democracia en su conjunto. Ignorantes de la famosa frase de Miguel de Cervantes de que ningún tiempo pasado fue mejor, muchos políticos idealizan el pasado y fustigan lo que hoy existe. En lugar de corregir y reparar los males de la estructura institucional actual, algunos políticos tratan de retornar a algo que ya no es posible. Sólo para ilustrar el absurdo frecuentado por muchos detractores de la realidad actual, baste decir que una mayoría de priístas desearía retornar al viejo sistema pero, eso sí, sin su componente central, el presidencialismo.

La realidad es que hay pocas razones para estar satisfechos con el desempeño de la democracia mexicana, pero también es cierto que mucho de lo que hoy existe constituye avances singulares hacia un mejor sistema de organización política y social. Lo que falta es darle forma integral. Es ahí donde el proceso de toma de decisiones en la sociedad mexicana ha fallado estrepitosamente. La combinación de un sistema político diseñado para funcionar dentro del contexto de un presidencialismo fuerte junto a la ausencia de ese mismo elemento, producto del nuevo régimen electoral, ha arrojado resultados poco encomiables y procesos de decisión sumamente deficientes. La pregunta es cómo corregir y resolver la problemática actual.

Fareed Zakaria, un académico norteamericano, publicó hace unos meses un libro que se aboca precisamente a estos temas. El texto, intitulado El futuro de la libertad: la democracia no liberal en casa y en el resto del mundo, analiza los problemas de la democracia moderna. Según Zakaria, la democracia, para funcionar y cumplir su cometido, tiene que desarrollarse en un entorno propicio en el que existan instituciones fuertes que garanticen los derechos individuales. Su visión, un tanto pesimista, es que la democracia ha tendido a minar el crecimiento de la libertad individual y que su adopción demasiado rápida y sin que existan las condiciones idóneas para su desarrollo, puede acabar arrojando resultados despreciables, como el de una democracia no liberal. Uno de sus ejemplos favoritos es el de Rusia porque explica la prisa con la que se pasó de un sistema autoritario a uno democrático hizo imposible el desarrollo de las instituciones liberales que son indispensables para el funcionamiento de la democracia, lo que trajo como resultado inestabilidad y una democracia no liberal, algo que para Zakaria es una contradicción de términos.

Zakaria dedica su análisis a tres grandes temas: la relación entre la democracia y la libertad, el crecimiento económico y la democracia y, particularmente, las instituciones que hacen posible su funcionamiento. Respecto al primero, la historia es por demás evidente: desde Atenas, la democracia y la libertad no siempre han ido de la mano; baste recordar que las primeras democracias se caracterizaban por la esclavitud, institución que sobrevivió hasta hace poco más de un siglo. De la misma manera, pero en sentido contrario, en el siglo XIX los ciudadanos de algunas sociedades, sobre todo las anglosajonas, gozaban de enormes libertades, pero poca democracia. Fue sólo en los últimos dos siglos en que la búsqueda de la libertad y, sobre todo, de medios para institucionalizarla, llevaron a la conformación de la democracia moderna.

Sin embargo, quizá lo mejor del análisis de Zakaria reside en su argumentación sobre los factores que hacen de esta forma de organización política un sistema de gobierno funcional. Desde esta perspectiva, el éxito de la democracia no reside en la organización eficiente y confiable de elecciones, por más que ello sea una condición necesaria y, de hecho, indispensable, sino en la existencia de instituciones que hagan posible el ejercicio de la función gubernamental. Lo mejor de Zakaria es precisamente su insistencia que la democracia no es un concepto etéreo, sino una forma de gobierno que tiene por propósito la toma de decisiones. En la medida en que es posible tomar decisiones de una manera legítima, la democracia cumplió su cometido.

El problema de las democracias no consolidadas es que, típicamente, se quedan a la mitad del camino. Adoptan ciertas formas o componentes de la democracia (las elecciones, por ejemplo), pero se olvidan de todo lo demás, cuando es eso lo que hace posible que se logre un sistema de gobierno eficiente. Cuando se idealiza la democracia como concepto y se ignora lo crucial, que se trata de una forma de gobierno, se corre el riesgo de fracasar en la economía, en la organización política y, por lo tanto, en la consecución de la legitimidad.

Lo medular de la democracia reside en la existencia de mecanismos que obligan a todo mundo a jugar el papel que les corresponde. Es decir, una democracia funciona cuando los incentivos de cada uno de sus actores están alineados con los objetivos que se persiguen. Dado que esos objetivos son, generalmente, la construcción de un sistema político representativo, el desarrollo de un sistema de toma de decisiones eficiente y una mejora económica sostenida y sistemática, los incentivos de los políticos y funcionarios tienen que estar perfectamente orientados a su consecución. En la medida en que así ocurra, el gobierno logrará su legitimidad. Planteado de esta manera, la democracia no es legítima por la manera en que se eligen sus gobernantes, sino por la manera en que éstos funcionan, rinden cuentas y cumplen con los objetivos de la sociedad.

La consecución de los objetivos de la sociedad no siempre depende de instituciones democráticas. Los bancos centrales y las cortes supremas, por ejemplo, son dos instituciones clave de las sociedades democráticas y, sin embargo, lo usual es que sean entidades autónomas, no sujetas al escrutinio democrático. Lo que es más, según Zakaria, en la medida en que se intenta someter a ese tipo de escrutinio a entidades como éstas, se corre el riesgo de que pierdan su funcionalidad. La clave reside en que los estatutos que norman a ese tipo de entidades cuenten con mecanismos y contrapesos que produzcan incentivos adecuados para que cumplan con sus objetivos. Es en este contexto que Zakaria afirma que el sistema de gobierno occidental se caracteriza menos por la existencia de plebiscitos masivos que por jueces imparciales. Es decir, por mecanismos institucionales que garantizan la existencia de condiciones propicias para el desarrollo político, social y económico, más allá de las habilidades o miras del gobierno en turno.

Muchos gobiernos pueden adoptar formas democráticas y, de hecho, Zakaria muestra contundentemente cómo muchas de las democracias más recientes han sido producto de autócratas liberalizadores, lo cual no garantiza su éxito. Muchos gobernantes han asumido que el adoptar algunos elementos típicos de las democracias se traducirá en sistemas funcionales de gobierno y economías crecientes. Además de constituir una lectura poco informada de lo que hace funcionar a una democracia, esta manera de proceder ilustra la incomprensión que con frecuencia circunda a la democracia: dado que ésta consiste, antes que nada, en un sistema de pesos y contrapesos, es decir, de límites al poder, si un individuo, así sea un autócrata, intenta decretar la democracia, entonces lo que resultará será algo distinto a lo buscado. Para Zakaria la clave del éxito de una democracia reside en la existencia de un estado de derecho (rule of law) y de una moneda sana y saludable. La combinación simultánea de estos dos aspectos resulta infalible y comprueba la existencia de pesos y contrapesos. Un gobierno puede imponer muchas cosas, pero no la legitimidad del sistema; ésta se gana en el tiempo cuando la evidencia le demuestra a la ciudadanía que hay un gobierno efectivo y, al mismo tiempo, que existen límites al poder gubernamental.

Quizá la lección más valiosa que arroja este libro se refiere a la secuencia de circunstancias necesarias para que un país logre construir una democracia funcional y efectiva. Para Zakaría, el fin último de una democracia consolidada tiene que ser el orden con libertad. La combinación de estas dos fuerzas produce, a la larga, un gobierno legítimo, prosperidad y una democracia liberal. Una vez logrado lo anterior, todo el resto acaba acomodándose por sí mismo. Capaz que podríamos empezar a avanzar en esta dirección.

El pasado

Vicente Fox nunca se definió frente al PRI y frente al pasado, pero sí desató fuerzas descontroladas y semi autónomas para lidiar con ambos que pueden acabar destruyendo el pequeño avance democrático que representó su elección. O peor.

Luis Rubio

Los bancos, al igual que el gobierno, las empresas y las organizaciones ciudadanas de cualquier ámbito, son una parte orgánica de la sociedad. Su crecimiento y desarrollo corren en paralelo con el devenir de la sociedad y su capacidad de ofrecer servicios y oportunidades de crédito depende enteramente del desarrollo de la propia sociedad. Es decir, aunque toda la sociedad mexicana –ciudadanos, políticos, empresarios, consumidores y partidos políticos- demanda a las instituciones bancarias ampliar el crédito, la evolución de los bancos y sus posibilidades de satisfacer dicha demanda están estrechamente vinculadas al desarrollo y transformación de la sociedad. Y las últimas décadas han creado un ambiente social extraordinariamente hostil para el desarrollo de los servicios bancarios, especialmente el del crédito. Para nadie debería ser sorpresa que el crédito no crezca.

El crédito bancario, sobre todo a las empresas, se encuentra estancado; en contraste, las estadísticas muestran que el crédito al consumo sigue creciendo. Muchos críticos en la prensa y en diversas tribunas políticas, acusan a los bancos de depredar del erario público a través del Fobaproa, además de incumplir con la “función social” y primordial de las instituciones bancarias, que es la del crédito. Los críticos tienen razón al afirmar que los bancos no han ampliado el otorgamiento de crédito de manera paralela y proporcional a la demanda, pero a la vez ignoran la naturaleza de la función bancaria.

Los bancos son, ante todo, intermediarios. Como la palabra indica, su responsabilidad es doble: por un lado, al recibir el depósito de una persona física o moral, el banco adquiere un pasivo, es decir, una obligación de cuidar ese dinero y devolverlo al vencimiento del depósito con el interés que se haya pactado; por el otro, el banco coloca ese dinero con usuarios de crédito que ofrecen una razonable certidumbre de que lo emplearán de manera productiva y, al final del tiempo acordado, lo devolverán con un pago de intereses por concepto de uso. Con ello, el banco cierra el círculo. Si todo funciona como debe ser, el círculo anterior permite que el acreditado realice un negocio (construya una fábrica, compre una máquina o adquiera una casa o un coche), el ahorrador obtenga un retorno por su ahorro y el banquero gane una utilidad por guardar el dinero, evaluar el riesgo del crédito y recuperar el crédito mismo. Pero el México de hoy no es un lugar normal donde operar.

Hasta los setenta, el círculo ahorro-crédito funcionaba de manera normal y natural. Los ahorradores se sentían confiados de dejar su dinero en el banco y los acreditados se sentían obligados a pagar el crédito. Lo que es más, había una fuerte sanción social para quien incumplía con los bancos, que crecían y se desarrollaban en paralelo con el crecimiento de la economía pues existía una comunión de objetivos en todos los ámbitos. La estructura institucional daba cobertura al desarrollo de los negocios y la cultura social sancionaba esas relaciones. Todo mundo salía ganando.

Digo que la estructura institucional funcionaba, pero uno no debe dejarse llevar por las apariencias. Estamos hablando de la era de Ernesto P. Uruchurtu en la jefatura del entonces llamado Departamento del DF, época en la que el país se mantenía en orden no porque el gobierno respetara formas y procedimientos, sino porque empleaba mecanismos extra institucionales (es decir, arbitrarios) para asegurar que no hubiera delincuencia, ni comercio informal en las calles. Cualquier violación a las normas se castigaba sin miramiento, en un escenario donde las autoridades judiciales no eran autónomas. Las medidas funcionaban independientemente de que fueran legales o decentes y gozaban del reconocimiento social.

Por lo que toca a los bancos, el exitoso funcionamiento de la economía había creado una cultura de repudio a quienes no cumplían con sus compromisos y ser una persona señalada por “transa” constituía el peor de los insultos. En ese ambiente, los bancos no discutían garantías o procedimientos judiciales, sino la fortaleza intrínseca del negocio demandante de crédito. Si la empresa prometía o si el demandante de crédito satisfacía los criterios convencionales de honorabilidad, el banco otorgaba el crédito y punto.

Las cosas cambiaron en algún momento de los setenta y, en particular, con la expropiación bancaria en 1982. En lugar de que las arbitrariedades institucionalizadas de antaño evolucionaran hacia el desarrollo de un sistema judicial eficiente y la consolidación de la legalidad como la norma de interacción social, el país comenzó a experimentar justo lo contrario. De la arbitrariedad institucionalizada y funcional pasamos a la descomposición del gobierno, de las normas de convivencia social y, eventualmente, de la sociedad misma, problemas todos que hoy nos amenazan. Del país en que la transa era reprobable, pasamos a otro que se resume con el dicho “el que no transa no avanza”.

En el sistema bancario, a partir del 82, las obligaciones comenzaron a ser relativas. Con la toma de los bancos por parte de burócratas y políticos, en el contexto de una galopante inflación, todas las normas, sociales y bancarias, comenzaron a erosionarse. En lugar de criterios bancarios esencialmente objetivos (paga o no paga, cumple o no cumple), el “nuevo sistema bancario” comenzó a operar bajo normas y criterios esencialmente políticos: primero se procedió a premiar intereses políticos (amistades, sindicatos, etc.); luego, ya en manos de políticos, la opción para no ser acusado de duro, consistió en no molestar a nadie. Pronto aparecieron los vivales que encontraron que no había sanción para el no cumplimiento de los compromisos.

En un tema tan fundamental para el crecimiento económico como el crédito, de las consideraciones financieras que hicieron posible un desarrollo tan exitoso de los cincuenta a los setenta, pasamos al control político y burocrático de esas decisiones y, con ello, a la inauguración de una nueva cultura social al respecto. El punto más alto de ese declive se alcanzó durante los noventa, cuando lo común fue la cultura del no pago. Una persona adquiría un crédito para luego sentirse desobligada a pagarlo. La percepción era que si el costo de los intereses subía, uno tenía razón para incumplir. La sociedad en pleno acabó por despreciar a quienes actuaban de acuerdo a sus compromisos y a la ley que, por lo demás, parecía premiar a quien no pagaba. Los bancos, que ciertamente no son hermanas de la caridad, pero que tampoco están en este mundo para serlo, se encontraron con que para poder cobrar se tenían que echar encima a toda la sociedad. La desaparición del crédito fue una respuesta inevitable y lógica a esta realidad.

Pero no sólo la sociedad condonó a quienes incumplían: también el poder judicial se sumó a la corriente. Los ministerios públicos rechazaban demandas para el pago de créditos, los jueces se oponían a decidir en favor del acreedor, incluso en los casos más flagrantes y cuando la evidencia era incontrovertible. En los pocos casos en que un juez dictaminó favorablemente al  banco, el actuario responsable de hacer valer el fallo usualmente lo rehuía.

La lógica social y el comportamiento de las diversas instancias del poder judicial son perfectamente explicables. Si uno adopta una perspectiva sociológica, es fácil entender el resentimiento social, la dislocación motivada por la crisis y la  inflación, la dificultad para pagar cargos elevados de intereses y, en general, los aprietos sufridos por cualquier familia de clase media urbana para atender las múltiples demandas que ejercen hijos, padres y hermanos para obtener los satisfactores mínimos necesarios. El comportamiento de la sociedad es comprensible, pero eso no disculpa su proceder. Al rechazar la prioridad que la sociedad de antaño le deba al cumplimiento de las obligaciones adquiridas y, peor, al tener al poder judicial como cómplice, la sociedad mexicana y sus gobiernos minaron el campo en el que opera el sistema financiero.

A partir de ese momento, la sociedad mexicana dejó de discutir en términos de obligaciones y contratos, para entrar en el terreno pantanoso de lo que es justo. Se abandonó la discusión de lo que es legal para adentrarse en un concepto anodino de justicia, siempre otorgándole a éste una importancia superior. De esta forma, pasamos de instituciones débiles a partir de las cuales el gobierno actuaba de manera arbitraria, a instituciones débiles en las que el gobierno simplemente se convierte en parte del problema por su inacción.  La justicia se valora de manera indefinida y muy por encima de la ley, que es lo único que, en teoría al menos, nos iguala a todos. Puesto en otros términos, en el curso de los ochenta y noventa, la sociedad mexicana abandonó una institucionalidad sostenida con acciones arbitrarias pero, en lugar de proceder a fortalecer la institucionalidad por medio de la legalidad y la construcción de un poder judicial fuerte y autónomo, pasó a una institucionalidad igual de débil pero disfuncional. En el camino perdimos la oportunidad de construir una sociedad moderna fundamentada en la igualdad ante la ley y la justicia.

Al romperse el lazo entre justicia y legalidad, la función bancaria entró en un terreno por demás resbaloso. La evaluación del crédito ya no podía depender de la existencia de buenos proyectos (que, desafortunadamente hay muy pocos), sino del carácter de las personas. El concepto de justicia pasó a depender de las creencias personales, la capacidad de manipulación partidista y las actitudes grupales, y no de la letra de la ley y la imparcialidad de un juez. En ese mundo, la función bancaria no puede prosperar, mucho menos cuando desde el gobierno se sanciona el incumplimiento. Nadie debe sorprenderse de la escasez del crédito cuando las garantías no son abrumadoras.

Fobaproa

El arreglo sobre Fobaproa concebido e impulsado por la SHCP cierra un triste capítulo de la historia bancaria del país, capítulo que se distinguió por lo peor de la administración gubernamental al propiciar comportamientos irresponsables y abusivos por parte de algunos banqueros, la burocracia y muchos acreditados. Se trata de un hito, pero tan sólo de una condición necesaria, más no suficiente, para consolidar una plataforma de crecimiento económico sostenido. Todos deberíamos aplaudirlo.

www.cidac.org

Luis Rubio

El debate en materia económica está tan viciado en nuestro país que es imposible avanzar una agenda de desarrollo. Independientemente de la postura que cada persona tenga sobre los temas que se discuten, los problemas del país son reales y no van a desaparecer como resultado del escándalo de la semana o por el mero hecho de que uno apoye o se oponga a las iniciativas de ley o proyectos de reforma que se encuentran en manos de los miembros del poder legislativo. La divergencia de posturas refleja una mezcla de incertidumbre, preocupación, añoranza por los buenos tiempos y desesperanza por la realidad objetiva. No importa el enfoque que uno tome, el hecho tangible es que el país está atorado y no va a salir de su situación a menos de que exista una idea clara, un sentido de dirección, que logre amalgamar voluntades en todo el espectro político.

Aunque a los mexicanos nos gusta percibirnos como un caso único y excepcional, la verdad es que los problemas económicos y el reto del desarrollo son comunes a muchas naciones. México no es el único país que comparte frontera con una potencia económica, ni tampoco es el único con contrastes tan acusados entre la pobreza y la riqueza. Así mismo, no somos excepcionales en nuestra incapacidad para adoptar un proyecto consistente y viable de desarrollo; si así fuera, seríamos la única nación con problemas en el mundo. Tal vez nuestra única, y paradójica, excepcionalidad radica en la absurda y casi permanente propensión a observar e imitar los desastres. En lugar de ver a Francia o a Japón, a Irlanda o a Chile, nos encanta ver a Cuba y Haití, a Venezuela y Brasil.

La realidad es que nuestros problemas económicos no son fuera de lo común. Existe una gama amplia de ejemplos sobre cómo han enfrentando muchos países, unos con éxito y otros sin fortuna, cada uno de los temas materia de controversia política en nuestro país. Más allá de los intereses concretos que defienden una postura determinada en temas como el eléctrico o el fiscal, nuestro problema es que solemos inclinarnos siempre por los ejemplos errados. Sólo por citar un caso, en lugar de analizar las causas del fracaso del modelo de desregulación del sistema eléctrico en Brasil o en el estado norteamericano de California una exigencia obvia para cualquier proceso legislativo serio-, nuestros políticos derivan conclusiones automáticas que nada tienen que ver con el problema que nos concierne. Por supuesto, si se adoptan esquemas de desregulación como los de California y Brasil, es altamente probable que reproduzcamos el fracaso y enfrentemos problemas de abasto o de distribución eléctrica. Pero precisamente por eso los problemas se analizan y discuten a la luz de esos ejemplos: para evitar repetir problemas que ya se conocen de antemano. Esto que parece bastante elemental está ausente en el debate político mexicano.

Si analizamos el tema más amplio del desarrollo, hay ejemplos verdaderamente atractivos de naciones que lograron romper con décadas o siglos de decadencia y salieron airosos de lo que parecía un ocaso inevitable. Aunque casos como el de España son particularmente atractivos como modelo para nosotros, tanto por razones culturales como históricas, la verdad es que España ha seguido un proceso de desarrollo que poco se asemeja a nuestra realidad. En honor a la verdad, España emprendió el camino al desarrollo desde lo sesenta, si bien fue en los ochenta, con gobiernos visionarios y en el contexto de la Unión Europea, que pudo despegar y transformarse para siempre. España es un extraordinario ejemplo de lo que se puede y debe lograr, pero no tan fácil de imitar por las peculiaridades que le son propias. Más parecido es el caso de Irlanda, nación que por décadas o siglos fue pobre y cuya ciudadanía no veía mayor porvenir hasta que se instrumentaron políticas consistentes y de largo alcance. Hoy es la principal estrella del firmamento europeo.

Mucha gente atribuye el éxito irlandés a los fondos de cohesión que la entonces Comunidad Europea transfirió para facilitar su ingreso a ella. Sin duda, esos fondos fueron útiles, pero no hicieron la diferencia pues, si así fuera, Grecia, Portugal o el sur de Italia habrían registrado el mismo desarrollo que Irlanda, algo que simplemente no ha ocurrido. La transformación de Irlanda se puede apreciar a través de un indicador muy preciso: hasta los ochenta, Irlanda mantuvo un ingreso per cápita de aproximadamente 60% de la media europea; hoy en día está por encima de esa media y experimenta el ritmo de crecimiento económico consistentemente más elevado de toda la Comunidad. De manera similar a México, Irlanda era un país que exportaba a su población pobre porque no le ofrecía opciones para su desarrollo. Hoy es una nación cuya economía crece a tasas casi asiáticas y que no sólo retiene a su población, sino que atrae migrantes de otras latitudes. En lugar de concentrarnos en tanta controversia bizantina, bien haríamos en estudiar con detenimiento el ejemplo irlandés para replicar su espectacular éxito.

Aunque se pueden enumerar los factores que hicieron posible la transformación irlandesa, el meollo de su éxito residió no en la política fiscal o la laboral, la de inversiones o de gasto público, aun cuando en cada una de éstas existen excepcionales lecciones para nosotros, sino en el amplio compromiso político que las sustentó. Aquí radica la fuente del éxito irlandés, de la misma manera que el origen de nuestro caos permanente parece ser la infinita capacidad para evadir nuestros problemas.

Mientras que los irlandeses se pusieron de acuerdo en que el objetivo era alcanzar los niveles de desarrollo de los países más exitosos de la Unión Europea, nosotros parecemos incapaces de definir siquiera eso. A diferencia de ellos, que tenían perfecta claridad de lo que se proponían lograr, nosotros no sólo somos incapaces de definir un modelo concreto que nos parezca atractivo, sino que nos empeñamos en impedir que cualesquiera cobre forma cabal. Peor, la ceguera político-ideológica impide una discusión seria, analítica de los temas serios que el país enfrenta. Todos parecen apostar al retorno de un sistema proto priísta en el que el presidente podía decidir cualquier cosa porque tenía control del poder legislativo, a pesar de que semejante escenario es virtualmente imposible en la actualidad.

Lo anterior no impide que las pasiones e intereses personales dominen el panorama: un político cree que la participación privada en la electricidad es equivalente a traición a la patria, situación que paraliza al país en la materia. Otro está convencido de que la situación presente es producto de las reformas de los ochenta y noventa, lo que le lleva a repudiar cualquier reforma, así fuera para corregir los errores del pasado. Un empresario se empeña en que el gobierno gaste más de lo que recauda porque así prosperarán sus negocios particulares, haciendo caso omiso de las crisis económicas que han sido el pan de cada día de nuestra historia reciente y dificultando la necesaria reforma fiscal. En ausencia de un compromiso claro respecto al futuro del país, la discusión nacional mira hacia el pasado. Y la tragedia del pasado es que los políticos e intereses particulares tienen tantas cuentas que saldar entre sí, que es imposible salir adelante.

La esencia del desarrollo comienza con el trazo de un rumbo claro, así como de la convicción y capacidad para articularlo. Por supuesto, sólo una combinación óptima de políticas públicas puede hacer posible la consecución de ese proyecto, pero sin proyecto y convicción, las líneas individuales y específicas de cualquier estrategia económica acaban siendo no más que medios de contención para evitar una crisis. El ejemplo fiscal es por demás ilustrativo: si hubiera un rumbo claro y la convicción de hacerlo realidad, la política fiscal podría ser mucho más activa de lo que es en la actualidad; dada la ausencia de rumbo y la incertidumbre generalizada, la política fiscal necesariamente tiene que ser el muro de contención en que se ha convertido. De romper con el principio de estabilidad fiscal que hoy existe en el contexto de incertidumbre actual, el país caería en una crisis de inmediato.

Más allá de la claridad y convicción de rumbo, ambos factores políticos, Irlanda se transformó gracias a la existencia de una combinación de políticas públicas claras y consistentes. En primer lugar, al igual que nosotros, los irlandeses sufrieron de inestabilidad económica e inflación y no fue sino hasta que se llevó a cabo una aguda corrección fiscal (bajando tasas de impuestos y recortando gastos) que logró estabilidad y una base sostenible para el crecimiento de la economía en general. En segundo término, el gobierno irlandés privilegió a la educación como tema prioritario y rompió con toda clase de intereses para conseguirlo. Al liberalizar la legislación laboral hizo posible, irónicamente, que se contratara a mucha más gente, pues el proteccionismo anterior hacia los trabajadores era tan grande que nadie quería contratarlos. Visto con atención, el caso irlandés no es particularmente excepcional: las políticas instrumentadas son bastante obvias y han probado su éxito en tantas latitudes que son ahora de sentido común. Lo mismo debería ocurrir en México.

A diferencia de nuestro país, Irlanda apalancó su transformación en su ingreso a la Unión Europea. El gobierno aprovechó entonces la oportunidad para unir a toda la población en torno a un proyecto claro y consistente de desarrollo que se empeñó en llevarlo a cabo. En contraste, nosotros vimos al TLC como un objetivo en sí mismo, en lugar de concebirlo como el instrumento que es. En su calidad de objetivo, permitió imprimir un marco legal y de operación al comercio e inversión en la zona, y sus resultados están a la vista. Sin embargo, a diferencia de Irlanda, ninguno de los gobiernos subsecuentes al TLC tuvo la capacidad de visión para convertirlo en un instrumento para el desarrollo del país. Los irlandeses muestran lo que la claridad de rumbo y la consistencia en las políticas públicas pueden lograr, pero siempre y cuando se adopte un rumbo lógico. Para nosotros esto debería ser más que evidente. La pregunta es quién será capaz de hacerlo realidad.

Luis Rubio

Uno no puede hacer un omelet -decía Lenin- sin romper unos cuantos huevos. La marcha de la semana pasada rompió muchos paradigmas y muchos más prejuicios. La sociedad mexicana se hizo presente y demandó soluciones, acciones concretas, ante autoridades que viven en el autismo promovido por nuestra peculiar democracia no representativa. Contra los prejuicios, la marcha fue imponente en número lo mismo que en su composición social. El balón está ahora en la cancha de los políticos y funcionarios, quienes, vergonzosamente, se empeñan en comportarse como candidatos, cuando son los únicos responsables de actuar.

El mensaje de la ciudadanía fue tan claro que es imposible ignorarlo. Más allá de la reacción política que emane de los partidos, los políticos en lo individual y los funcionarios encargados de la seguridad, la respuesta gubernamental no será nada fácil. Por clara y precisa que sea la demanda ciudadana, no existen recetas automáticas que resuelvan el problema de fondo, ni necesariamente son éstas las que están siendo discutidas dentro del poder legislativo o en las oficinas de las entidades responsables de la seguridad en los gobiernos locales y federal. En este sentido, el riesgo de la marcha de la semana pasada es precisamente que el mensaje se pierda, que se diluya en el marasmo de absurdas disputas entre los políticos del momento y que el punto de fondo, la criminalidad, siga impune.

La expresión ciudadana del pasado domingo abrió varios frentes críticos. Por una parte, acabó con la noción de una sociedad apática e incapaz de adoptar los papeles de una ciudadanía moderna. Se derrumbó el paradigma entronizado por la entrevista Díaz-Creelman en 1908, cuando el entonces presidente afirmó que los mexicanos no estaban listos para la democracia. No fue otro el paradigma de los regímenes priísta a lo largo de más de siete décadas y no otro sigue siendo para la mayoría de los políticos de hoy.

En segundo lugar, la manifestación evidenció la incompetencia de las autoridades y su incontenible verborrea. La población se niega a ser vista como una masa imbécil, como pretendió el procurador del Distrito Federal en los días previos a la marcha. En actitudes que recordaban al vocero de Saddam Hussein, el procurador del DF no sólo se mostró ciego a la realidad, sino que pretendió tomarle el pelo a la población. Si alguien recibió un jitomatazo directo en la cara el domingo pasado, fue precisamente el responsable de la (in)justicia en la ciudad de México.

Finalmente, el problema para los gobernantes es cómo responder. Algunos volverán a sus aposentos, pretendiendo que no pasó nada; otros intentarán desesperadamente dar respuesta mediática que atice el furor ciudadano. Ojalá que algunos entiendan que el reclamo es de fondo y que la ciudadanía no se va a quedar callada; o,  como decía una pancarta, si no hay respuesta, “nos vemos en las urnas”.

La protesta ciudadana comenzó como un reclamo elemental: que las autoridades hagan su chamba. Nada más fundamental para la vida en sociedad que la convivencia pacífica, secuestrada a los mexicanos desde hace mucho, sobre todo en algunas ciudades y regiones. La primera demanda es por efectividad: que se prevenga el delito, que se actúe de manera inmediata y se acabe la impunidad. Si uno acepta la premisa que la función esencial de cualquier estado es velar por la seguridad de sus gobernados, el reclamo de la sociedad mexicana es una petición para que las autoridades cumplan con lo básico.

Max Weber, un sociólogo alemán de principios del siglo pasado, definió al Estado como una entidad que tiene el monopolio del uso de la violencia. Nuestra realidad demuestra que en el país ocurre justo lo opuesto: si los criminales no pueden ser controlados y castigados por la ley, ellos son el Estado y, por lo tanto, suyo el monopolio de la violencia. La manifestación hizo evidente que la sociedad no pretende substituir al gobierno; quiere, simplemente, que recupere el monopolio del uso de la fuerza: nada más, pero nada menos.

La ciudadanía demostró que no se dejará secuestrar por políticos desinteresados, funcionarios incompetentes, procuradores que la engañan, policías corruptos y un sistema judicial pernicioso y disfuncional. La sociedad está harta del asalto, la vejación y la falta de respuesta gubernamental. Por supuesto que las autoridades responden, pero su interés es mediático, no operativo. Sociedades tan diversas como la salvadoreña y la neoyorquina, la hongkonesa y la queretana, han demostrado que es posible acabar con la criminalidad, que el problema no es técnico, sino político: cuando las autoridades deciden actuar y adoptan las medidas necesarias, el problema se resuelve. En México es evidente es que la lucha contra la inseguridad no ha sido una prioridad gubernamental. Las evidencias lo exhiben en forma escandalosa y la marcha es una prueba más de ello. La ciudadanía está demandando que los políticos asuman el costo de responder al reclamo y se pongan a trabajar en lo que es (debería ser) su responsabilidad esencial.

Lo más impactante de la marcha fue la diversidad de sus actores. La violencia y la delincuencia han unido a toda la población, porque todos hemos sufrido sus estragos. La población mostró, una y otra vez, su indignación por ser víctima de la disfuncionalidad gubernamental al caer en las manos de un delincuente, pero también por el abuso adicional que representa lidiar con los ministerios públicos (no pocas veces ligados con la delincuencia), que tratan a las víctimas como si fueran una punta de criminales. O peor –diría  Churchill– como si en lugar de empleados de la ciudadanía, fuesen sus dueños.

La incompetencia de las autoridades es flagrante en todos los frentes. El gobierno federal, más preocupado por el viejo poder de la Secretaría de Gobernación, le quitó su instrumento operativo y dividió las responsabilidades, disminuyendo, con ello, el incentivo y capacidad para actuar. En lugar de atacar el problema de entrada, el gobierno de la ciudad de México navegó por un buen rato asumiendo que era el gobierno federal quien pagaría el costo político de la delincuencia, lo que le hizo perder un tiempo precioso. Uno y otro evaden la responsabilidad sin que la ciudadanía encuentre respuesta a su clamor. En contraste, algunos gobiernos estatales han tomado iniciativas interesantes, pero los resultados siguen siendo pírricos. La manifestación del domingo hizo evidente que el problema no se resolverá hasta que las autoridades, federales y locales, den prioridad al combate contra la inseguridad frente a sus intereses políticos particulares. Así fue como se avanzó en El Salvador y en Nueva York: con los mismos policías e instituciones, pero con estrategias nuevas, creativas y efectivas. Aunque se requiere adoptar políticas apropiadas, la clave no es técnica, sino de compromiso político.

La ausencia de gobierno, que es, a final de cuentas, el reverso de la inseguridad, conlleva todo tipo de vicios. Algunas personas cifran su esperanza en el poder legislativo, otros en penas más elevadas (la reivindicación de la pena de muerte, por ejemplo). Otras, desesperadas por los costos de la delincuencia, abandonan sus trabajos o negocios. Si sumamos todo lo que los políticos obstruyen para recuperar la senda del crecimiento económico a lo que no hacen para terminar con la delincuencia, el gobierno mexicano (legislativo y ejecutivo) resulta disfuncional en lo que hace e incompetente por lo que no hace. Esto sugiere que la solución a los problemas de inseguridad no descansa en leyes o penas sino en acciones concretas que terminen con la impunidad. Para conseguir lo anterior es necesario limpiar los cuerpo policíacos y alentar cambios en la administración de justicia, pero por encima de todo se requiere un cambio de enfoque.

La marcha obliga a todos, gobierno y ciudadanos, a poner las cosas en perspectiva, a definir qué es lo importante. La ciudadanía ha colocado a los políticos contra la pared, pero su ámbito de acción es muy limitado: puede avergonzarlos, como esperamos haya ocurrido el domingo pasado; puede volver a salir a las calles y negar su voto a quienes identifique como responsables. Más allá de cualquier cosa, lo que la marcha arrojó es que se trata de un grupo de votantes sin preferencia político-partidista absoluta y dispuesta a volcarse por quien resuelva lo más elemental de su existencia: su seguridad personal y patrimonial. En este sentido, la marcha es una advertencia que puede acabar siendo mucho más poderosa de lo que aparenta a primera vista.

Resulta claro que hay dos grandes líneas de acción que tienen que ser atendidas por los gobiernos actuales y futuros. En primer lugar, es imperativo atender el problema de la inseguridad. Esto requiere acciones conjuntas y concertadas por parte de los distintos niveles de gobierno, acciones que tienen que ser directas, puntuales y no politizadas. A menos que la delincuencia decline de manera vertical, es difícil creer que alguien se beneficiará directamente de su combate, pero todos pagarán un elevadísimo precio de continuar la ola incontenible.

Por otro lado, resulta igualmente obvio que el país necesita reencontrar su camino al desarrollo. Aunque la evidencia muestra que no hay conexión directa entre pobreza y criminalidad, es evidente que la sociedad mexicana se ha polarizado y que mucho de la saña y violencia que acompaña a los secuestros y otros delitos, es reflejo de una situación social intolerable. La pregunta política es cómo (y quién) puede sumar a toda la población en un proyecto político que lleve al país a otro umbral, lejos de la criminalidad actual, de la polarización social y de la desesperanza que, como mostró la marcha, consume a la sociedad en la actualidad. La respuesta no parece nada obvia.

La marcha fue un éxito que rebasó cualquier expectativa. Pero fue un éxito porque la sociedad hizo suya la calle. Su potencial es inmenso para cualquiera que quiera verlo: demostró que es imperativo dar respuesta al drama de la inseguridad, pero también que ahí está la plataforma que permite hacer posible el desarrollo. De lo que no hay duda es que el balón está en la cancha de los políticos y de los gobernantes. Vaya el santo al que nos tenemos que encomendar.

www.cidac.org

Luis Rubio

Es paradójico, por decir lo menos, que en un país en el que no se respeta la ley y en el que sus autoridades no se ocupan siquiera de cumplir con las formas más elementales de los procedimientos legales y judiciales, los políticos, casi sin excepción, afirmen que la solución a los problemas (de cualquier índole) se encuentra en la aprobación de más leyes. Donde la ley no existe todo se resuelve con más leyes, parecen afirmar. El caso de la inseguridad pública es paradigmático.

El problema de la inseguridad en el país es cada día peor. Evidencia dura y anecdótica sugiere que el problema crece en lugar de disminuir, que cada vez abarca a una parte mayor de la población y que las policías son tan impotentes e incompetentes hoy como lo eran en el pasado. Aunque hay algunas estrellas en el firmamento y, sin duda, muchas acciones encomiables a cargo de distintas instancias gubernamentales, los políticos han preferido echarse unos a otros la pelota y jugar a las diferencias entre el fuero común y el fuero federal en lugar de unirse para actuar. A diferencia de otros temas que también se caracterizan por un peloteo interminable, como las llamadas reformas estructurales, en el caso de la inseguridad es la ciudadanía quien carga con todo el peso y todos los costos.

El tiempo ha alcanzado a los políticos. La estrategia de ignorar el problema les fue útil a las pasadas administraciones federales, así como a los gobiernos del DF y de otros estados en situación crítica, porque creían que, en la medida en que sus periodos acabarían pronto, el tiempo los favorecía. Pero nadie puede eximir a los gobiernos locales y federal del momento, pues todos ellos entraron en funciones bajo la nube de la inseguridad. Peor, ahora que aparentemente la criminalidad se ha democratizado (término desafortunado para indicar que el problema ya afecta a toda la población), las autoridades responsables suponen que con avalar esa percepción han cumplido con su deber. A fin de cuentas, ellos parecen decir lo que es parejo no es chipotudo.

Ciertamente, no todo en la gran masa de problemas y delitos que se resumen bajo el rubro de inseguridad pública ha permanecido estático. Aunque la criminalidad parece ir en ascenso, ahora en forma renovada, hay esfuerzos que parecen exitosos, sobre todo el encabezado por la Agencia Federal de Investigación (AFI), pero sus funciones no son las de prevenir el crimen, sino las de investigarlo y perseguirlo. Esa función es sin duda necesaria, mas no sustituye la labor de prevención más elemental que es, a final de cuentas, la razón de ser de cualquier gobierno. Además, obviamente, lo que importa y preocupa a la ciudadanía es que no haya delincuencia y en esto las autoridades responsables han mostrado un estruendoso fracaso.

El fracaso no ha impedido que existan excusas para todo. Frente a la abrumadora realidad, la salida fácil para tirios y troyanos es reclamarle al poder legislativo su inacción en este terreno: que las leyes que existen no sirven, que los delincuentes tienen demasiados recursos legales desventajosos para la autoridad, que hay muchas iniciativas pendientes descuidadas por el poder legislativo y, el reclamo favorito, que las penas son inadecuadas.

Existen problemas serios, de eso no hay duda, en cada una de estas instancias. Algunos problemas son verdaderamente risibles, como el hecho de que las autoridades responsables de la prevención sólo pueden actuar en flagrancia; aun así, con frecuencia los tecnicismos y argucias legales permiten que un delincuente comprobado ande libre haciendo de las suyas. Pero estas explicaciones tienden a sonar huecas porque la impunidad es prácticamente absoluta. Mientras un delincuente sepa que la probabilidad de ser detenido y procesado es prácticamente nula, el tamaño de las penas resulta irrelevante. La violencia, crueldad y atrocidad creciente de los actos, reflejan el poco temor a ser capturados. Este punto es crucial: la delincuencia, como todo negocio, es atractiva sólo en la medida de su rentabilidad. Quizá en el México de hoy no haya negocio más rentable, con la salvedad del narcotráfico, que la delincuencia.

En un libro recién publicado por el FCE, Crimen Sin Castigo, Guillermo Zepeda analiza con todo cuidado los índices de criminalidad y los procesos que se siguen desde el momento del delito hasta su sanción. Uno de sus importantes hallazgos es que sólo en el 3.3% de los delitos denunciados un inculpado llega ante un juez. Es decir, aun si la totalidad de los delitos fuese denunciada, sólo tres de cada cien llegaría ante un juez, lo que equivale a una impunidad del 83% luego de eliminar casos en los que no hay delito que perseguir o en que la víctima perdona al delincuente. Si a este dato se añade el número elevadísimo de delitos no denunciados, la cifra sería todavía mayor, cercana al 100%. Ante esto, la mera noción de elevar las penas resulta absurda: ¿de qué sirve la pena capital o dos mil años de cárcel si la probabilidad de aplicar estas sanciones es cero? El valor de una pena es su poder disuasivo; si nunca se aplica, como ocurre en nuestra ciudad y país, dicho valor es irrelevante.

Es obvio que la solución al problema de la inseguridad, como tantos otros que mezclan lo político con la función gubernamental, no reside en aprobar más leyes. Es cierto que algunos ordenamientos jurídicos deben ser modificados o fortalecidos, pero el tema de fondo es político, no legal. Mientras no exista un virtual contrato social sobre cómo gobernar el país, todos los esfuerzos que se realicen en materia legislativa seguirán siendo meros paliativos y, en realidad, engaños. La criminalidad es producto de la incapacidad política de las autoridades responsables, quienes han privilegiado el conflicto y los intereses particulares, incluyendo el de solapar a la criminalidad, antes que crear una plataforma política sólida que resuelva el problema de las relaciones de poder en la sociedad mexicana.

En este sentido, el tema de la inseguridad no es distinto, en concepto al menos, al de la lucha política fuera de los marcos institucionales, que se ha convertido en la cosa nuestra de cada día. En la medida en que la criminalidad sirva a alguien para avanzar una causa particular que puede ser tan simple como el enriquecimiento y tan compleja como la generación de mayores niveles de conflictividad social como instrumento para llegar al poder-, ésta no va a disminuir.

Además del tema relativo a la inseguridad pública, la agenda nacional está saturada de propuestas para la solución de problemas políticos fundamentales: desde la incorporación de un sistema electoral de dos vueltas hasta la adopción de un sistema parlamentario de gobierno. Independientemente de sus méritos, estas propuestas, incluidas las del combate a la inseguridad pública, son meros artificios formales que no resuelven el problema de las relaciones de poder. Es decir, las formas (estructuras de gobierno, procedimientos de elección de gobernantes, etc.) deben complementar y darle institucionalidad a la realidad inmanente y no al revés. O, puesto de otra manera, no por adoptar una constitución perfecta la realidad cambiará. Lo mismo ocurre con la inseguridad.

El punto es simple: sólo cuando se alcance un pacto entre las fuerzas políticas del país es que podremos crear formas e instituciones adecuadas para resolver problemas. El caso del IFE es paradigmático: aunque muchos políticos disputan ahora las facultades del IFE, su creación fue posible gracias a que los tres principales partidos políticos llegaron a un acuerdo sobre la necesidad de gestar una estructura con credibilidad que garantizara la organización de los procesos electorales y la resolución de las disputas que de ahí emanaran. Si la reforma constitucional que dio nacimiento al IFE fue aprobada por unanimidad en el congreso, se debió a la resolución de los conflictos políticos subyacentes en aquel entonces. Cierto, los tres partidos mayoritarios se llevaron la tajada del león en ese momento (lo que hace un tanto ridículas sus pretensiones de cambiar ahora las reglas del juego, pero ese es otro asunto). Pero el tema importante es que, al resolver el problema de la administración del acceso al poder, se terminó con una fuente de interminables disputas políticas que amenazaban la estabilidad del país.

Algo semejante tendrá que hacerse con los otros temas en disputa, y en forma prioritaria el de la inseguridad, tema con el que los políticos corren el riesgo de alienar al conjunto de la sociedad y, con ello, condenar al país a un proceso de desintegración social. En el caso de la criminalidad, el tema medular es la inexistencia de un conjunto de reglas que partidos y políticos estén dispuestos a respetar. Es decir, el problema de fondo reside en que no hay un acuerdo entre los políticos sobre la importancia de contar con un conjunto de reglas claras y específicas y que todos estén dispuestos a hacer cumplir sin distracción ni dilación. En la actualidad existen muchas reglas en el papel desde la constitución hasta el último reglamento- que en la práctica son ignoradas, cuando no despreciadas. Esas reglas sirvieron en la época del presidencialismo cuando los mecanismos de control político eran efectivos para administrar y limitar la criminalidad, pero no funcionan en una era donde todo mundo compite con el resto, la descalificación del adversario y de las reglas del juego es cotidiana.

La criminalidad no va a disminuir mientras no se adopte un cuerpo de reglas nuevas con las que todos los políticos y autoridades puedan vivir, reglas que sean suyas. Las policías, un eslabón crítico en la cadena de la seguridad pública, no se van a disciplinar ni van a tener la capacidad de prevenir la delincuencia, mientras sus jefes políticos no acepten en su propio fuero interno que ese es el objetivo fundamental. Y este es un asunto político, no técnico. Así como al crear el IFE los partidos y políticos negociaron los términos que regularían el acceso al poder, esos mismos partidos y políticos tienen que ponerse de acuerdo sobre cómo van a gobernar. Cuando tengan la disposición y capacidad para ello, será posible enfrentar la impunidad. Es entonces, y sólo entonces, cuando se podrá enfrentar con seriedad el tema de las atribuciones que deben tener las policías y su preparación. Mientras la impunidad sea una medalla que los políticos se cuelgan del saco, la criminalidad seguirá siendo como hasta hoy, un excelente negocio.

Luis Rubio

El país lleva años debatiendo, casi siempre de manera implícita, cómo enfocar su desarrollo. Digo de manera implícita porque prácticamente nadie enfoca el problema del desarrollo de manera frontal y en términos de sus beneficiarios; la tendencia es centrar la atención en las carencias que la situación económica arroja. Todo mundo parece querer ver el vaso medio vacío, de lo cual llega a conclusiones injustificadas. Por ejemplo, aunque hay suficiente evidencia para demostrar que no existe una correlación robusta entre inseguridad pública y la situación económica, muchos afirman que una es la causa de la otra. De igual forma, existe una gran confusión en torno a ideas (la mayoría viejas y obsoletas) como la de crear los llamados campeones industriales, concepto que obligaría al gobierno a volcarse en apoyos para un conjunto de sectores económicos que, presumiblemente, podrían convertirse en punteros del desarrollo. Ninguno de estos temas es privativo de México. En todo el mundo se debate la mejor manera de elevar la tasa del crecimiento de la economía. Lo que no se quiere reconocer es que es el consumidor y el ciudadano, y no el empresario, el burócrata o el sindicato, quien se encuenta al final del camino.

El dilema podría presentarse de la siguiente manera: ¿debe el gobierno proteger, y hasta salvar, a las empresas existentes, o debe abocarse a crear condiciones para que cualquier empresa, nueva o vieja, pueda prosperar? Este es un dilema central para la definición de la estrategia de desarrollo del país en la actualidad. Aunque rara vez se enfoca de esta manera, son frecuentes los alegatos sobre la necesidad de una política industrial, término que en general se entiende como un conjunto de subsidios y apoyos para la industria en general o para un núcleo de empresas o sectores que se consideran clave para el desarrollo. Muchos también plantean que es necesario enfatizar el mercado interno por encima de las exportaciones (como si se tratara de dos economías distintas y diferenciables), o que se debe dar un tratamiento distinto a ciertas empresas o sectores por ser (en apariencia al menos) propiedad de mexicanos o calificarse como actividades que tradicionalmente se han asociado con el desarrollo de un país (como podrían ser algunas industrias básicas, como el acero, los ferrocarriles, etcétera).

Ninguno de estos temas es nuevo, pero si se debaten ahora con insistencia significa que no hay una claridad y acuerdo en torno a cómo debería enfocarse el desarrollo del país. Mucha gente afirma que nuestro verdadero problema es que no tenemos un proyecto de desarrollo y que dicha ausencia explica lo mismo las crisis de las últimas décadas que las disputas en torno al sentido de la política gubernamental en materia del crecimiento de la economía, así como la cuestión sobre si debería mantenerse un régimen comercial abierto o proteccionista. La noción de que no existe un proyecto de desarrollo ha adquirido dimensiones míticas que no hacen sino confundir la discusión.

La mayor parte de las personas que piensa que no existe un proyecto de desarrollo pueden agruparse en dos rubros: el primero y más crítico, rechaza de entrada la noción de una economía integrada al resto del mundo, repudia la inversión privada en industrias que consideran clave para el desarrollo y, en general, disputa la esencia de una economía capitalista. Para quienes así piensan, lo que se requiere es una mano firme por parte del gobierno para asegurar que las cosas salgan tal y como el político o burócrata responsable las imagina sentado en su sillón. El desarrollo ocurre porque así lo imagina el dueño del poder. Algunos críticos de la política económica de las últimas décadas van menos lejos de lo que implica este párrafo, pero igualmente consideran que el gobierno debe encauzar el desarrollo a través de una política fiscal agresiva en materia de incentivos, subsidios y otros medios de promoción a sectores y actividades favoritas (y, más recientemente, a empresas propiedad de mexicanos).

El segundo grupo no critica lo hecho por el gobierno en las últimas décadas, sino que expresa una profunda frustración por todo lo que no ha hecho, lo que ha hecho mal o, de plano, las acciones estancadas en un limbo inamovible. Para estas personas el problema no reside, por ejemplo, en el régimen comercial que caracteriza al país, sino en las flagrantes contradicciones entre el régimen de competencia que caracteriza al sector manufacturero y la protección de que gozan muchos de los servicios (como telefonía y banca) fundamentales para el éxito de la industria. De igual forma, no rechazan la necesidad de competir, pero aseguran que es imposible hacerlo cuando el gobierno administra los precios de bienes y servicios clave, como los de la energía eléctrica y el gas, cuya dinámica refleja un sindicalismo depredador, un régimen legal barroco y un gobierno dependiente de esos precios para su estabilidad financiera.

En otras palabras, mientras que para un grupo de críticos el problema reside en la existencia de una economía abierta y en competencia, para el otro el problema consiste precisamente en que no se puede competir en el entorno que caracteriza al país. Si uno analiza los argumentos implícitos en este debate, resulta obvio es que sí hay un proyecto de desarrollo, pero a los primeros no les gusta, en tanto a los segundos les parece un dechado de incongruencias. Este es el verdadero tema: en los ochenta el país dio un viraje en su estrategia de desarrollo, situación que molestó a los estadólatras tradicionales (quienes afirman ahora que el país estaba a punto de resolver todos sus problemas entonces), pero el viraje fue solo parcial e incompleto, pues preservó muchos de los vicios de antaño y, en consecuencia, hizo imposible consolidar la nueva estrategia de desarrollo. Ahí está el problema: abandonamos la ribera del río en que el gobierno lo hacía y decidía todo y no se crearon las condiciones para arribar a la otra orilla con una economía competitiva y exitosa. Nos quedamos a la mitad del río, padeciendo las lacras del viejo sistema económico y sin disfrutar las ventajas del nuevo.

La gran pregunta es: ¿para quién debe ser el desarrollo? Esta pregunta es mucho más trascendente de lo que aparenta porque lleva implícitos otros dilemas: ¿debe privilegiarse al burócrata o al ciudadano?, ¿al industrial o a los sindicatos?, ¿al consumidor o al productor? Hay países cuyos gobiernos realizaron sesudos estudios y concluyeron que ciertos sectores de la economía serían punteros en el desarrollo, lo que les llevó a diseñar estrategias de apoyo a esos productores, en detrimento de los demás. Japón es un buen ejemplo de lo anterior: la burocracia determinó que algunos sectores serían clave para su desarrollo y creó toda una estrategia de protección y subsidios para acelerar su desarrollo. Lo irónico fue que sectores no privilegiados, como el automotriz, resultaron ser fundamentales para el crecimiento de su economía, en tanto que el criterio discriminatorio condenó al subdesarrollo a toda la economía interna, paradoja que se refleja en las contradicciones de una economía donde coexisten algunas de las industrias más modernas del mundo con otras comparables en su rezago a algunas en América Latina.

Para quién es el desarrollo resulta una pregunta capital en términos filosóficos y de política pública. Más allá de la retórica de los políticos, es evidente que en el país no hemos enfrentado los dilemas que esta definición exige. Veamos. La apertura a las importaciones sugiere, en apariencia, privilegiar al consumidor. Sin embargo, el régimen de protección que rige sobre las comunicaciones, la televisión, los transportes y demás, sólo privilegia a un pequeño grupo de empresas, donde la competencia es inexistente y se obtienen cuantiosos beneficios por las rentas extraídas a los consumidores, menguados al no tener otras opciones. Por su parte, mientras que los consumidores pueden escoger el cereal que más les atraiga, los productores dependen del humor con que se despierta el despachador de la energía eléctrica o la disposición del Senado para alentar más inversión en la extracción de gas. En pocas palabras, vivimos en un mundo de confusiones donde todo se convierte en un obstáculo permanente a la inversión y, por lo tanto, al crecimiento de la economía y del empleo.

Por más que muchos críticos claman por la aniquilación del modelo económico que se comenzó a instrumentar en los ochenta, lo cierto es que las opciones planteadas por ellos son más bien limitadas. En el terreno energético, por ejemplo, México es hoy virtualmente el único país del mundo que prohíbe la inversión privada de manera absoluta. La globalización de los procesos industriales es un hecho ineludible con el que hay que lidiar de manera cotidiana.

La verdadera disyuntiva para el país no se da entre proyectos alternativos de desarrollo, sino entre la pobreza y el estancamiento por un lado, y la transformación y modernización por el otro. El primer binomio implicaría quedarnos donde estamos o revertir algunos instrumentos de política (a través de mayor gasto público o protección a algunas empresas o sectores), todo ello con la falsa noción que pretende concederle a la burocracia la inefabilidad absoluta en materia de decisiones económicas. Esta noción es peligrosa porque, además de ser ahistórica y falaz en nuestra propia experiencia, pretende que México puede ir contra todas las corrientes que dominan al mundo en la actualidad.

La transformación y modernización del país es nuestra única opción real, lo cual obliga a resolver los dilemas y contradicciones que hoy dominan los procesos económicos para definir con precisión qué o quién debe ser el objetivo último del desarrollo y romper con todos los impedimentos para conseguirlo. La confusión imperante hace posible que se preserven los cotos sindicales y las prebendas políticas, pero también prolonga la parálisis en que se encuentra sumergido el país. Para combatir nuestro subdesarrollo es necesario definir un solo beneficiario y someter al resto a ese criterio. Si queremos ser una democracia verdadera, el beneficiario no puede ser otro que el consumidor y el ciudadano; todos los demás deben subordinarse a ese objetivo fundamental.

Luis Rubio

El país vive una nueva era de disputa política e ideológica. Otra vez, como en los ochenta, todo está a discusión. Unos exigen la definición de un modelo de país, en tanto que otros se oponen a lo existente, pero todo mundo parece insatisfecho con el statu quo. Buenas razones hay para ello, pues el país se encuentra paralizado. Desde la izquierda se denuncia una conspiración de las derechas; desde el sector empresarial se demanda la articulación de políticas y reformas congruentes con decisiones ya tomadas, sobre todo en el frente del comercio exterior y la inversión. Mientras los políticos se indefinen, la oposición a todo lo existente crece y, con ello, el riesgo de que no lleguemos a ninguna parte. Mientras esto continúe, la economía seguirá estancada.

Todo está en disputa y las consecuencias de este hecho pueden ser enormes. El proceso de modernización y apertura de la economía que se inició hace veinte años, transformó la estructura económica del país, pero evidentemente no resolvió todos los problemas. Hay buenas explicaciones de por qué no se han logrado los resultados anunciados, pero en el entorno de conflicto que vivimos en la actualidad nadie quiere analizar y discutir los temas de acuerdo a sus méritos. La disputa es política e ideológica y, cuando las cosas son así, lo que prevalece no es la razón sino la retórica.

Hay muchos críticos del modelo económico actual, pero la mayoría se inscribe en dos grupos: aquellos que debaten algunos de sus componentes y quienes lo rechazan de entrada. Los primeros incluyen a quienes plantean pequeñas adecuaciones (desde reformas adicionales hasta una política fiscal más agresiva), en tanto que los críticos rechazan sin concesiones el concepto de una economía abierta y, de hecho, el capitalismo en general; para ellos se trata de una disputa ideológica y no sólo de una corrección marginal. En ocasiones, sobre todo cuando la retórica resulta ser estruendosa, es difícil distinguir entre unos y otros, pero la diferencia es obviamente diametral.

La disputa ideológica que caracteriza a nuestro ámbito sociopolítico no es privativa de México. Algo similar ha sobrecogido a numerosos países desde hace años. Baste ver el panorama de naciones como Venezuela y Argentina, pero también algunas europeas, al igual que Estados Unidos, para reconocer que muchos de los puntos de confrontación que caracterizan a esas naciones son los mismos que saturan el discurso político nacional. Temas como la desigualdad y los efectos de la globalización sobre las estructuras salariales de cada país son frecuentes en todo el mundo. China, país que por décadas buscó, como dogma casi religioso, la igualdad a ultranza, acabó por reconocer que el crecimiento económico es más importante que su viejo objetivo porque el crecimiento es la mejor manera de combatir la pobreza. Como resultado de esa decisión política, los ingresos de toda la población han ascendido, a pesar de que las diferencias de ingresos también se incrementan. Es decir, todos han ganado, aunque unos lo han hecho más que otros.

India y China, dos de las naciones más exitosas del mundo en términos de crecimiento económico en las últimas dos décadas, constituyen un caso paradigmático. Aunque hay críticos internos que cuestionan que la desigualdad sea el precio a pagar en aras de la transformación de sus economías y naciones, la decisión política fue absolutamente transparente. En el caso de India, la decisión fue producto de una negociación dentro de un contexto democrático, en tanto que en China surgió de un gobierno con capacidad para definir el rumbo de toda la nación. Pero el hecho importante es que ambas naciones no sólo decidieron un rumbo, sino que se han dedicado a hacerlo exitoso. El contraste con nuestra realidad no podía ser más acusado: aquí se dio la decisión política de modernizar la economía, pero no se emprendieron los cambios necesarios para que esa decisión fructificara. Y ahora estamos estancados y envueltos por disputas político-ideológicas que creíamos ya superadas.

La disputa trasciende el marco de la economía. A pesar de su cercanía con Estados Unidos en numerosos temas, los principales países de Europa se han distanciado en múltiples frentes. Mientras que en la época de la guerra fría ambos lados del Atlántico compartieron valores fundamentales, el fin de la Unión Soviética acentuó las divergencias. Movimientos de protesta como el de los globalifóbicos habrían sido inconcebibles hace veinte años, en tanto que hoy son cosa de cada día. Como algunos grupos en México, los globalifóbicos rechazan no algunos aspectos de la política económica, en este caso la globalización y sus implicaciones en términos de flujos de inversión y comercio, sino la esencia misma del capitalismo. El disfraz es atractivo, pero el mensaje detrás es claro y contundente.

En nuestro caso, los cambios económicos de las últimas décadas han alterado no sólo las relaciones entre productores y consumidores, sino que han trastocado muchos valores que se daban por permanentes e inamovibles. Pero quizá lo más notable del panorama socio económico del país en los últimos años sea el rechazo casi visceral a la realidad en que vivimos. Aunque innumerables empresarios y obreros, comerciantes y consumidores, para no hablar de los ciudadanos en general, se han beneficiado de manera extraordinaria de la (incompleta) modernización de la economía, todo mundo parece aferrado inexorablemente al statu quo, así sea sensiblemente inferior en calidad, beneficios y resultados de lo que podría ser la realidad si se promovieran las reformas necesarias para reducir los costos de instalación de empresas, facilitar la generación de empleos, elevar la productividad del trabajo, etcétera.

Es por la ausencia de un jalón adicional en el proceso de reformas que México persiste en su parálisis. El punto aquí no es asignar culpas, sino plantear dos fenómenos de extraordinaria trascendencia para el momento actual: uno es que el estancamiento tiene consecuencias y no sólo en el ámbito económico. El hecho de que innumerables mexicanos se dediquen sin siquiera pensarlo a actividades informales o ilegales supone no sólo que la economía se fragmenta y que los beneficios no se generalizan, sino también, y sobre todo, que el potencial de crecimiento y desarrollo de esa población se limita de manera inevitable. Por ejemplo, un changarro puede existir por décadas, pero mientras no se formalice no puede crecer, desarrollarse e impactar el empleo y la generación de riqueza en el país. En otras palabras, la extraordinaria inflexibilidad de nuestra economía limita el desarrollo de las personas y del país. La reticencia del gobierno a reformarse a sí mismo y del congreso a avanzar transformaciones clave para el desarrollo tiene implicaciones fundamentales.

El otro fenómeno producto de la falta de ese jalón es, precisamente, esa disputa ideológica que parece consumir al país. Muchos mexicanos se oponen legítimamente al modelo económico porque rechazan su esencia (el capitalismo), pero muchos más se han sumado a movimientos que promueven el rechazo por la falta de oportunidades que perciben en la economía mexicana. La globalización es un hecho inexorable al que todas las naciones tienen que adecuarse, como ilustran incluso algunos de los casos más extremos y recalcitrantes del mundo: Vietnam, Cuba, Libia, etcétera. Pero el hecho de que la globalización sea inevitable no implica que toda la población de un país tenga los elementos (el llamado capital humano y las condiciones y servicios públicos requeridos) para poder ser exitoso en ese entorno. En México, por decirlo metafóricamente, la población fue enviada a la guerra sin fusil. Las masas que claman a los vendedores de milagros en la forma de un rechazo a la modernidad lo hacen porque se sienten impotentes frente a fuerzas que no pueden siquiera comprender. Esa impotencia es resultado directo de la incompetencia de nuestros gobernantes (ejecutivo y congreso), que no han sabido construir el andamiaje necesario para que la economía pueda ser exitosa.

No cabe la menor duda de que el país atraviesa por un momento complejo y riesgoso. El simple hecho de que la economía crezca poco y, sobre todo, que no existan motores internos de crecimiento, nos deja en una situación de extraordinaria vulnerabilidad. El empobrecimiento de una parte significativa de la población es un hecho real y tangible y, por lo tanto, un componente natural e inevitable de la disputa política que nos caracteriza. Todos sabemos, en efecto, que los problemas del país no comenzaron con la política económica de los últimos años. La pobreza ha sido un mal endémico que tiene siglos de ser una de las circunstancias más vergonzosas de nuestra realidad. Es obvio, por eso, que la existencia de un pasado idílico ofrecido ahora como panacea es pura ficción. Pero ese hecho no cambia dos situaciones igualmente tangibles: una, la población siente miedo frente a una realidad que desconoce, no entiende y no sabe cómo enfrentar; y otra, la abrumadora mayoría de la población no cuenta con los instrumentos para poder enfrentar los retos de un entorno distinto.

El país tiene opciones y nuestros problemas tienen solución. Pero las soluciones no provendrán de una lucha ideológica cuya dinámica nos arroja al inmovilismo. Como no se discuten problemas sino preferencias políticas e ideológicas, la solución no puede venir por la vía de la confrontación. La población requiere soluciones concretas que le permitan salir adelante en su vida cotidiana, algo que no existe en la actualidad. De la misma manera, se requieren acciones específicas en terrenos como el de la educación, la infraestructura y las regulaciones. Nada de esto es ciencia compleja o imposible, sino la razón de ser del gobierno y la política. Pero sin acciones ni respuestas, el país continuará sumiéndose en el sopor que se ha vuelto característico de nuestra realidad. Vale la pena recordar que Singapur era una de las naciones más pobres en los sesenta y hoy tiene el segundo ingreso per cápita más alto del mundo. China era todavía más pobre hace sólo una década y hoy ya es una potencia económica mundial. Tenemos que trascender la lucha ideológica que sólo nos erosiona, aunque sea de a poquito.

Luis Rubio

Hay una pregunta fundamental que no ha merecido una respuesta convincente para quienes nos preocupa el tema del crecimiento económico: ¿por qué no crece la economía? o, en otros términos, ¿por qué crecía la economía en los sesenta y ahora somos incapaces de hacerlo? La respuesta técnica no es terriblemente difícil de articular y muchos economistas serios se han ocupado en ello más de una vez. Sin embargo el hecho tangible está ahí: la economía no crece de manera sistemática, aun con todos esos estudios técnicos de por medio. Mi experiencia de los últimos veinte años me lleva a pensar que mientras el concepto y la perspectiva sobre lo que hace posible el crecimiento no cambien, éste seguirá siendo errático, lo que no impedirá que los economistas sigan discutiendo el tema per secula seculorum.

La primera pregunta relevante, y tema de no poca controversia, es qué es lo que permitía a la economía crecer de manera sostenida y por periodos prolongados en las décadas de los cincuenta y sesenta. La respuesta llana es que existía una colaboración implícita entre el gobierno y los empresarios, que esencialmente consistía en una división del trabajo: el gobierno creaba condiciones propicias para el crecimiento, en particular a través de inversión en infraestructura, y el sector privado realizaba inversiones productivas en fábricas, servicios y demás, todo ello asociado con la inversión que el gobierno había realizado previamente. Así, por citar el ejemplo más ambicioso, el gobierno creó la infraestructura para impulsar a Cancún como centro turístico, lo cual atrajo la inversión del sector privado en hoteles, restaurantes, vivienda, condominios, etcétera. Lo mismo ocurrió cuando el gobierno decidió concentrar sus esfuerzos en electrificar estados o regiones completas, pues se abrieron ingentes oportunidades para el desarrollo industrial en estados como el de México y Puebla. El esquema era relativamente sencillo y los incentivos directos. Pero la historia no paraba ahí.

La clave, o uno de los factores fundamentales, por la que se explica el éxito del proyecto de industrialización del país en los cincuenta y sesenta, descansó en la existencia de ese pacto implícito al que se hizo referencia líneas arriba. Ese acuerdo tácito se traducía en una división de funciones entre los dos sectores, pero tenía anclas mucho más profundas y trascendentes. Detrás de la división de funciones se encontraba un arreglo institucional, un conjunto de reglas que eran trasparentes para todos los participantes. Esas reglas no sólo implicaban que el gobierno se autolimitaba en su alcance y en el tipo de políticas que podía instrumentar, sino que demarcaba su ámbito de influencia de una manera nítida y transparente. Lo anterior suponía, por ejemplo, que no expropiaría de manera berrinchuda ni se crearían condiciones (tales como controles absurdos de precios) que aniquilaran a las empresas. Al mismo tiempo, le obligaba a mantener un entorno macroeconómico estable, conducente a una planeación empresarial de mediano plazo.

Acorde con la época y características del mundo en su momento, el pacto implícito exigía al gobierno proteger al sector industrial de la competencia externa, en algunos casos con subsidios y estructuras de precios compatibles con la rentabilidad esperada de la inversión privada. Se trataba de un esquema que satisfacía los objetivos del gobierno y el sector privado, a la vez que generaba resultados benéficos para el país en general. También era un esquema que respondía a un momento de la historia del mundo y no era sostenible de manera permanente.

La era del crecimiento económico basado en ese tipo de arreglos implícitos, alta rentabilidad y reglas del juego claras y transparentes, se colapsó en los setenta porque cada una de sus premisas comenzó a hacer agua. En principio, el gobierno desconoció dicho acuerdo y alteró las reglas del juego. No había transcurrido mucho tiempo después de comenzado el sexenio de 1970-1976 cuando el entorno macroeconómico se alteró y, con ello, se inauguró la era de inestabilidad que, bien a bien (y confiadamente), no concluyó sino hasta mediados de los noventa. A su vez, el arribo de la inflación a la economía mexicana vino acompañado de controles de precios y la expropiación implícita de negocios que resultaron insostenibles bajo el nuevo esquema. Es decir, al cambiar las reglas del juego, el gobierno no sólo abrió un nuevo capítulo de la historia económica y política del país, sino que sentó las bases para una época de desconfianza sin precedentes entre los factores de la producción, misma que, como podemos apreciar en estos días, todavía no llega a su fin.

Pero los gobiernos de esa época no sólo destruyeron el pacto implícito, sino que construyeron una estructura de gasto público que alteró dramáticamente los equilibrios que habían permitido a la economía crecer sin inflación. Aquellos gobiernos crearon nuevos programas de gasto público, ampliaron el tamaño de la burocracia y otorgaron concesiones extraordinariamente onerosas para el erario (y, por lo tanto, para la economía en general) a los principales sindicatos del país (cuyo costo se puede apreciar en temas actuales como las pensiones de los trabajadores del IMSS y en regímenes de privilegio para los miembros de sindicatos como el del SUTERM, PEMEX, por citar sólo los más obvios). El creciente gasto público se financió en parte con inflación y en parte con endeudamiento externo, creando obligaciones de gasto permanente que no contribuyen en lo más mínimo al crecimiento de la economía. Es decir, mientras que en los cincuenta y sesenta la mayor parte del gasto público se destinó a la promoción del crecimiento económico, en la actualidad se destina a mantener el gasto corriente, a pagar el servicio de la deuda acumulada y financiar las obligaciones contraídas en los setenta con la burocracia y los sindicatos. Aun si fuera posible o deseable, el gobierno ya no tiene márgenes para invertir como lo hizo en los cincuenta y sesenta.

Junto a los cambios experimentados en el interior del país, el mundo comenzó a cambiar de manera acelerada en los setenta y ochenta. En esa época comenzó a cobrar forma lo que hoy conocemos como globalización, que alteró las reglas del juego económico en todo el mundo. Hoy ninguna economía crece desvinculada del resto: el comercio exterior se ha convertido en un factor medular del crecimiento económico. Al mismo tiempo, la competencia por inversión, desarrollo tecnológico y comercio, se ha convertido en el motor más dinámico de crecimiento económico que el mundo haya conocido en su historia. Y el impacto de todo esto sobre la economía mexicana es muy obvio: ya no son funcionales los mecanismos que la hicieron crecer hace cuarenta o cincuenta años y no existen condiciones políticas para que crezca de manera permanente. En otras palabras, la atonía que caracteriza a la economía mexicana es producto de circunstancias reales y no sólo de un momento económico difícil o, incluso, de falta de reformas en tal o cual sector.

El tema clave es cómo recrear el pacto que establecía las reglas del juego con nitidez y que fue fundamental para lograr años de crecimiento económico elevado y sostenido. Además, la recreación de ese pacto tendría que ser coherente con las circunstancias y realidades del mundo de hoy y no con las que prevalecían entonces. En otros términos, es imposible reconstruir el pacto bajo las premisas que existían hace cuarenta años, pues la realidad actual no guarda relación alguna con la de aquella era, además de que hay un sinnúmero de factores que limitan (pero al mismo tiempo dan forma a) las características de un nuevo acuerdo potencial, como son los múltiples tratados de libre comercio que el país ha firmado.

Además, la recreación del pacto no puede darse sobre bases que eran posibles en el pasado, no sólo porque hay nuevos factores que intervienen en el proceso, sino sobre todo porque nadie en la actualidad aceptaría un pacto implícito. Tal aceptación implicaría que todo mundo ignorara de manera voluntaria lo ocurrido lo bueno y lo malo- a lo largo de los últimos cuarenta años. En un mundo crecientemente integrado en el que un inversionista, mexicano o extranjero, tiene múltiples opciones para invertir, los pactos implícitos son irrelevantes. Lo que cuenta es lo que dicen las leyes y la disposición gubernamental de hacerlas cumplir, así como de su propia disposición a sujetarse tanto a las leyes como a las resoluciones de los tribunales. Es en este sentido que la indisposición del gobierno del Distrito Federal a acatar las resoluciones judiciales tiene consecuencias gravísimas, toda vez que indica no sólo falta de respeto a reglas no escritas, sino también a las que sí lo están. La única manera de consolidar un pacto en esta era de nuestra historia es por medio de un marco legal fuerte y respetado por todas las partes.

En otras palabras, es cada vez más indispensable que exista un régimen legal confiable, además de adecuado para que el crecimiento económico sea posible. El crecimiento depende enteramente de la inversión privada y ésta sólo se da en la medida en que los empresarios encuentran condiciones propicias para planear a largo plazo. En un mundo caracterizado por una aguda y acusada competencia internacional en el que los inversionistas tienen múltiples opciones de inversión y en el que la localización geográfica es cada vez menos importante para el éxito de la misma, el marco institucional y legal es el factor individual más importante del éxito económico. No es casual que los países que cuentan con reglas claras y no sujetas a cambios arbitrarios sean también los que acaparan la inversión, independientemente de que los costos de operación en sus países no sean siempre los mejores. Los ejemplos de Singapur, Inglaterra y Estados Unidos son paradigmáticos. Si queremos recuperar la capacidad de crecimiento económico, tenemos que crear un nuevo pacto político y éste sólo es posible a través de un marco legal a prueba de abuso y que se hace cumplir. Esto ciertamente no se construye de la noche a la mañana, pero mientras no comencemos a desarrollarlo, jamás llegaremos ahí.

Luis Rubio

Cuenta el chiste que los países latinoamericanos son geométricos porque tiene problemas angulares que se discuten en mesas redondas por un montón de gente cuadrada. El congreso mexicano actual ha dado a últimas fechas muestras fehacientes del sentido de esta broma, nada alejada de la realidad. El país necesita que sus líderes políticos tomen decisiones serias y de manera responsable, pero lo único que los ciudadanos observamos es una reticencia a actuar y, peor, una acusada disposición a impedir y obstaculizar. Junto a este comportamiento, destaca la añoranza por un pasado que jamás resolvió los problemas del país. Tanto la acción como la inacción de los legisladores tienen costos reales que ellos pretenden ignorar. Es evidente que ni el país ni la ciudadanía comparten ese dudoso privilegio.

En las últimas tres legislaturas, de 1997 a la fecha, los legisladores han tenido dos actitudes. Por una parte, han sido incapaces de avanzar la agenda pública en temas, sobre todo económicos, que para el país es urgente resolver. Por la otra, los representantes populares con frecuencia han bloqueado medidas del ejecutivo que harían la vida mucho más fácil para la población. A la pregunta ¿quién mató el desarrollo?, la respuesta, parafraseando a un Lope de Vega, quien habría respondido sin chistar Fuenteovejuna señor, sería todos los legisladores, nuestra moderna encarnación de Fuenteovejuna.

El hecho es que muchos de nuestros legisladores han asumido como misión proteger el pasado antes que sentar las bases de nuestro futuro. Prefieren resarcir privilegios a sindicatos que modernizar la industria donde éstos operan, prorrogan procesos de negociación sin que ello redunde en beneficio alguno para la población o la economía. Es decir, no sólo congelan la agenda y evaden temas cruciales, así sean controvertidos, sino que velan por intereses creados que sólo retrasan, e incluso impiden, el crecimiento de la economía.

La postergación de decisiones prioritarias no es un asunto menor. Cada vez que algún miembro del Congreso logra manipular al conjunto para bloquear una acción decidida por el ejecutivo, el país pierde. Los ejemplos se multiplican y la ciudadanía paga los costos tanto de los actos como de la pasividad del poder legislativo. De esta manera, aunque muchas acciones del poder legislativo, sobre todo a través de los llamados puntos de acuerdo tienen una lógica política impecable para los involucrados, el costo para el país y para la economía siempre se ignora. El estancamiento que vivimos no es producto de la casualidad: se debe, cada vez en mayor medida, al proceder legislativo.

Se habla mucho de las reformas que el poder legislativo ha bloqueado, impedido o derrotado. Cada una de ellas tiene un costo. Empecinados en proteger el pasado, algunos legisladores han hecho caso omiso de la necesidad de desarrollar nuevos motores para el crecimiento de la economía, como podría ser una reforma eléctrica seria y una forma más realista de favorecer la explotación de los recursos de gas con que el país cuenta y no ha sido capaz de aprovechar. Para los nostálgicos nacionalistas parece más conveniente envolverse en la bandera nacional para exorcizar cualquier oportunidad de captar inversión privada, no obstante que reformas en este tenor permitirían liberar recursos para temas mucho más lógicos para el gobierno, como podrían ser la educación, el combate a la pobreza y la infraestructura física del país. Aún peor, algunos legisladores han lanzado una andanada judicial para destruir las pocas oportunidades que ya existen en estos sectores. Si lo que quieren es paralizar al país, sus acciones lo están logrando a plenitud.

Pero el tema relevante no es sólo que los legisladores obstaculicen iniciativas dignas de ser votadas en casos como el fiscal y el eléctrico, sino que ponen trabas a decisiones que, en estricto sentido, no les competen. Algunos ejemplos resultan por demás reveladores.

Hace años se planteó la necesidad de vender las dos aerolíneas nacionales. Cuando el ejecutivo decidió actuar en esa materia, las empresas valían cerca de mil millones de dólares, dinero que habría servido para reducir la tan mentada deuda del Fobaproa, entidad que se convirtió en propietaria de las aerolíneas con la crisis bancaria. En ese momento, su venta se habría traducido en un sensible ingreso para el erario y, por lo tanto, en una disminución de la onerosa deuda. Es decir, quienes pagamos impuestos y, por lo tanto, tenemos que cubrir los costos de la deuda del Fobaproa, nos hubiéramos beneficiado significativamente de aquella venta. Pero no fue así. El congreso no permitió que se realizara la venta gracias a las gestiones que en ese momento realizaron los sindicatos de las aerolíneas. Con un punto de acuerdo votado en la Cámara, se bloqueó la venta de las aerolíneas para que el sindicato, y no los usuarios o la economía, saliera ganando. Hoy en día las aerolíneas no valen nada. Así pues, le debemos a nuestros órganos de representación una pérdida de mil millones de dólares solamente por concepto de las aerolíneas.

La disputa sobre las pensiones del IMSS no es muy distinta. El gobierno lleva tres años negociando una modificación del contrato colectivo con el sindicato de la institución, cambio que no afectaría en nada a los trabajadores en funciones o a sus pensionados. Es decir, la propuesta de la administración del IMSS consiste en que se establezca un nuevo régimen laboral para todos los nuevos empleados de la institución, sin menoscabo de los derechos previamente adquiridos por quienes ya se encuentran ahí. En el curso de estos años se ha discutido todo lo relevante en torno a las pensiones y, finalmente, se llegó a definir una fecha para completar un acuerdo: octubre de 2003. Llegado el plazo, el sindicato, que obviamente no tiene ni el menor interés por llegar a un nuevo esquema, solicitó una prórroga para el mes de marzo pasado con la excusa de que estaban en proceso de lograr un consenso interno. Llegó marzo y, ¡oh sorpresa!, el sindicato logró que, a través de otro famoso punto de acuerdo, el Congreso bloqueara una vez más la negociación. Al igual que con las aerolíneas, la prórroga tiene un costo, pero sólo es la friolera de cuatro mil millones de pesos al mes, así que nadie debe preocuparse mucho. El Congreso mostró, una vez más, que sus compromisos están con los intereses más reaccionarios de la sociedad mexicana y no con la ciudadanía, el crecimiento de la economía o el futuro del país.

En el caso de la electricidad, con excepción de algunos legisladores en lo individual, el congreso ha sido incapaz de emitir una postura que sea congruente con la necesidades de energía del país, los cambios estructurales que ha sufrido esa industria gracias a los avances tecnológicos y la oportunidad que este sector representa para reactivar la economía interna, sobre todo de la industria que se ha rezagado y que no ha encontrado vías de salida fáciles a través de las exportaciones. En lugar de discutir los méritos de las diversas iniciativas que existen en el Congreso, los legisladores han optado por la parálisis. En lugar de analizar las diversas opciones y procurar alguna que pudiera contribuir al desarrollo del país, los legisladores han optado, en la práctica, por la protección de los dos sindicatos respectivos (uno de los cuales es quizá el más costoso del mundo) y por impedir que el erario pueda asignar, a través del proceso presupuestal, más fondos a actividades que urgentemente lo requieren. El costo de la inacción se mide en miles de millones de pesos, inversiones que no se realizan y oportunidades que se pierden. Todo para que algunos legisladores vivan tranquilos con su conciencia histórica, en lugar de trabajar para lo que cobran y fueron elegidos: la construcción del futuro del país.

Algo semejante ocurre con la reforma laboral. A diferencia de las otras iniciativas que ha propuesto el ejecutivo, independientemente de si son buenas o malas, la que se ha presentado en el terreno laboral es por demás modesta, pero a diferencia de las otras, cuenta con el apoyo de los principales sindicatos. A pesar de ello, duerme el sueño de los justos. No vaya a ser que le haga algún bien al país.

Cada vez que se difiere una decisión o que se impide tomar otra, el país paga y muy caro. La manera en que funciona el poder legislativo en la actualidad conlleva a que todo se paralice, en buena medida por el prurito de un supuesto y famoso costo político que se busca evadir. La realidad, como ilustran estos ejemplos, es que el costo es altísimo tanto por actuar de la manera en que lo hacen nuestros dilectos legisladores, como por no actuar. Aunque el argumento del costo político es por definición atractivo para quitarse la responsabilidad de encima, es interesante hacer notar que la mayor parte de los legisladores que apelan a este argumento fueron electos por representación proporcional, es decir, le deben su chamba al partido y no a la ciudadanía. Típicamente, los diputados o senadores más duros y militantes llegaron ahí no por votos, sino por designio divino.

Tampoco es casualidad que el descrédito, otrora exclusividad de los priístas, ahora se extienda al conjunto de la clase política. La gran pregunta es cuándo se cambiará la estructura institucional para que el país deje de estar a merced de legisladores que no le deben nada a nadie, excepto a sus partidos y grupos de presión tradicionales, como los sindicatos aquí mencionados. La distancia entre los legisladores y la ciudadanía difícilmente podría ser mayor. Para ellos, su trabajo nada tiene que ver con los representados, excepto, por supuesto, para pagar las cuentas de lo que ellos no hacen o hacen mal.

Y ¿quién es el culpable de todo esto? El comendador diría que nadie, que todos a una, porque si la ciudadanía se descuida, capaz que acaba siendo ella la culpable de que los legisladores se esfuercen tanto para no lograr nada relevante.

Luis Rubio

Las quejas contra China siguen y parecen imparables: China está robando nuestros empleos, nos está arrebatando nuestro principal mercado de exportación e invade nuestro territorio con mercancías que ingresan al país fuera de los canales legales, o sea, como contrabando. Cualquiera que sea la causa de estos males, no cabe la menor duda de que el impacto del espectacular crecimiento de la economía china en los últimos años ha sido fenomenal, para México y el resto del mundo. Tan extraordinario, que ahora la mitad del mundo está aterrada ante la posibilidad de que la economía china súbitamente se dé de frente contra la pared e incurra en una de la crisis que nos han hecho famosos a  los mexicanos en el resto del mundo.

El problema es que China se ha convertido en uno de los motores más importantes de la economía mundial. Regiones enteras del mundo crecen gracias al impulso que, a través de importaciones o exportaciones, generan los orientales. Algunos países, como Brasil, pero sobre todo Argentina, han logrado tasas nada despreciables de crecimiento en los últimos años gracias a sus exportaciones de materias primas, acero y otras mercancías para la aparentemente insaciable maquinaria económica china.

Por su parte, las naciones del sudeste asiático otrora aterradas del impacto que el crecimiento chino tendría sobre sus economías, esencialmente porque temían –como en México- que los productores chinos los desplazarían en sus mercados de exportación, encontraron formas de complementariedad con los chinos, elevando el valor agregado de sus propios productos e impulsando un creciente comercio con el gigante asiático. La economía japonesa, sumida en un letargo producto de su irresuelta crisis bancaria y de la deflación asociada a ésta, ha logrado subirse a la cresta de la ola china de una manera que podría acabar siendo prodigiosa para Japón y el mundo entero.

Puesto en otros términos, por mucho que la economía china se haya convertido en un fuerte competidor para la industria manufacturera del mundo, la mayor parte de los países alrededor de la Tierra ha logrado convertir a la economía de ese país en un motor para su propio crecimiento. Ahora todas esas naciones están extraordinariamente preocupadas por una eventual crisis en aquella economía, producto de los excesos en los que han incurrido en los últimos años. El efecto transcendería las fronteras del país asiático y podría, incluso, sumir al mundo o, al menos, a regiones enteras, en una profunda recesión.

El problema comienza por dos factores muy explicables. Uno es la lógica política que yace detrás de la estrategia del crecimiento económico de China en las décadas posteriores a la represión con que se lapidó el movimiento estudiantil de Tiananmen y el otro es el efecto político que el rápido crecimiento ha traído aparejado. Ambos factores se retroalimentan y crean serias dudas sobre la capacidad, aunque no necesariamente sobre la disposición, del gobierno chino de actuar de manera apropiada para controlar la economía a tiempo y evitar una catástrofe de alcance internacional.

La economía china ya llevaba cerca de quince años de transformación gradual cuando se dieron los sucesos de la famosa plaza de Tiananmen. Rompiendo tabúes y mitos heredados de la revolución maoísta del final de los cuarenta, los gobiernos de la década de los setenta comenzaron a transformar su economía en un intento, similar al que sobrecogió a otras naciones, incluyendo la nuestra, por modernizarla y con ello lograr tasas de crecimiento elevadas que abrieran oportunidades al desarrollo de la población, erradicaran la pobreza y, en suma, transformaran a su país.

Aunque de manera lenta en un principio, la estrategia de modernización en China fue enfrentando obstáculos de diversa naturaleza, sobre todo política. Primero estuvieron los puristas (en la forma de la “pandilla de los cuatro”, que incluía a la viuda de Mao) que, como los nuestros, preferían la dignidad de la pobreza y el subdesarrollo a las oportunidades de crecimiento que siempre acompañan a la modernización. Luego de vencer a los dogmáticos, el gobierno reformista se enfrentó a los grupos que demandaban cambios políticos y no sólo económicos. Envalentonados por los cambios que tenían lugar en la URSS de Gorvachov, cientos de estudiantes chinos salieron a las calles para demandar cambios políticos.

A pesar de las dificultades, el gobierno chino no cejó en su objetivo y convirtió el reto de la democratización en un incentivo para acelerar el paso en las reformas económicas. El resultado de ese esfuerzo lo podemos ver hoy en la forma de una economía pujante que absorbe una porción extraordinaria de los fondos de inversión existentes en el mundo; engulle una cantidad infinita de materias primas y, sobre todo, ha logrado convertirse en un competidor formidable en un sinnúmero de frentes, sobre todo el manufacturero. Pero el ímpetu del crecimiento chino no fue gratuito. Para lograrlo, el gobierno hizo un pacto implícito con la población: permitiría el desarrollo empresarial a cambio de marginar a la población de los temas políticos. El “pacto” ha tenido un éxito sin precedente, como lo demuestra el extraordinario crecimiento de su economía.

Sin embargo, el gobierno chino sabe bien que el pacto funciona sólo en la medida en que la economía arroje resultados como los de años recientes. Es decir, la población ha aceptado el intercambio económico-político en gran medida porque los beneficios han sido enormes. Aunque evidentemente no toda la población se ha favorecido de la misma manera –una de las persistentes críticas consiste en que la población de las costas, algo así como el norte mexicano, ha experimentado un boom, en tanto que la población del interior, lo que equivaldría a nuestro sur, se ha rezagado-, la realidad es que el país en su totalidad experimenta una transformación sin parangón en la historia de la humanidad.

Sin embargo, la solidez del esquema político chino es incierta, toda vez que todo parece depender del crecimiento económico. Es interesante notar que, en esto último, el gobierno chino ha actuado casi exactamente del modo opuesto al mexicano. Enfrentado a una situación de riesgo de inestabilidad política, el gobierno chino reaccionó rompiendo con todos los mitos, tabúes y fuentes de oposición. En franco contraste con los últimos dos gobiernos mexicanos, que se paralizaron ante la menor evidencia de oposición, el chino muestra una absoluta obsesión por el crecimiento. Lo que importa, parece decir con sus actos, es el crecimiento y todo lo que lo obstaculice –personas, intereses, leyes, mitos, tradiciones o relaciones externas- tiene que ceder. Los resultados económicos hablan por sí mismos.

Pero el acelerado crecimiento de la economía china ha traído sus propias consecuencias. Primero que nada, el crecimiento desordenado tiende a generar problemas obvios, pero no siempre anticipables. Por ejemplo, dado que hay dinero, o que parece haberlo pues la economía crece con rapidez, lo fácil es proyectar ambos factores hacia el futuro y suponer que no hay límites en el horizonte. Nada más erróneo. Algo semejante ocurrió en México en la segunda mitad de los setenta, cuando se supuso que el precio del petróleo subiría sin cesar. En ese contexto, se han construido cientos de rascacielos que ahora están vacíos, trenes que no llevan a ninguna parte, puentes en zonas rurales que no requieren mastodontes de concreto ni los pueden hacer rentables, etcétera. En segundo lugar, el acelerado crecimiento permitió que sobrevivieran muchas empresas paraestatales, a pesar de que no producen bienes que la gente quiere ni son competitivos frente a las importaciones. Los bancos chinos han asignado la mayor parte de su crédito precisamente a esas empresas, lo que anuncia ingentes riesgos a la estabilidad financiera si el ritmo de crecimiento se desacelera (pues haría impagables esos créditos). Si lo anterior nos suena conocido es porque tiene referentes: la crisis de 1995 en México fue tremendamente profunda, aunque sólo nos afectó a nosotros porque la economía mexicana no domina a la región. En contraste, una crisis similar en China amenazaría a vastas regiones y afectaría el crecimiento de toda la economía mundial. La pregunta ahora es si el gobierno chino tendrá la capacidad para atenuar y controlar los excesos de su economía sin provocar una crisis de esas magnitudes.

En las últimas tres semanas el gobierno chino ha hecho varios anuncios significativos. Primero, emitió una orden de restricción de crédito, orientada a frenar su crecimiento y, con ello, evitar que se sigan construyendo elefantes blancos por todos lados. Por otro lado, han enviado señales muy claras de que el consumo de materias primas de importación disminuirá en la medida en que se reduzca la tasa de crecimiento. Ambos anuncios han provocado una gran incertidumbre en todo el mundo: algunos porque temen una caída de los precios de sus materias primas, en tanto que otros comienzan a imaginar la película completa que un mal manejo podría provocar para la economía mundial. Un editorial en el New York Times de hace unos días, por ejemplo, argumentaba que todo el mundo debería rezar para que los chinos sepan lo que tienen que hacer y la habilidad para lograrlo.

De que el gobierno chino tiene claridad de rumbo nadie lo duda. Los funcionarios y políticos saben bien que no tienen más opción que la de frenar el crecimiento de la economía lo suficiente como para parar los excesos, pero no tanto como para provocar una recesión mundial o una crisis política interna. La gran pregunta es si el gobierno sigue contando con la capacidad política para imponer sus medidas de austeridad. Como en otros países del mundo, el acelerado crecimiento de la economía provocó una rápida descentralización del poder político, lo que ha fortalecido a los poderes locales, no todos los cuales van a seguir las disposiciones emanadas de Beijing. La pregunta para nosotros es si tendremos la habilidad, ahora sí, de aprovechar la situación venidera, sea exitoso o no el gobierno de aquel país.

www.cidac.org