Luis Rubio

Es paradójico, por decir lo menos, que en un país en el que no se respeta la ley y en el que sus autoridades no se ocupan siquiera de cumplir con las formas más elementales de los procedimientos legales y judiciales, los políticos, casi sin excepción, afirmen que la solución a los problemas (de cualquier índole) se encuentra en la aprobación de más leyes. Donde la ley no existe todo se resuelve con más leyes, parecen afirmar. El caso de la inseguridad pública es paradigmático.

El problema de la inseguridad en el país es cada día peor. Evidencia dura y anecdótica sugiere que el problema crece en lugar de disminuir, que cada vez abarca a una parte mayor de la población y que las policías son tan impotentes e incompetentes hoy como lo eran en el pasado. Aunque hay algunas estrellas en el firmamento y, sin duda, muchas acciones encomiables a cargo de distintas instancias gubernamentales, los políticos han preferido echarse unos a otros la pelota y jugar a las diferencias entre el fuero común y el fuero federal en lugar de unirse para actuar. A diferencia de otros temas que también se caracterizan por un peloteo interminable, como las llamadas reformas estructurales, en el caso de la inseguridad es la ciudadanía quien carga con todo el peso y todos los costos.

El tiempo ha alcanzado a los políticos. La estrategia de ignorar el problema les fue útil a las pasadas administraciones federales, así como a los gobiernos del DF y de otros estados en situación crítica, porque creían que, en la medida en que sus periodos acabarían pronto, el tiempo los favorecía. Pero nadie puede eximir a los gobiernos locales y federal del momento, pues todos ellos entraron en funciones bajo la nube de la inseguridad. Peor, ahora que aparentemente la criminalidad se ha democratizado (término desafortunado para indicar que el problema ya afecta a toda la población), las autoridades responsables suponen que con avalar esa percepción han cumplido con su deber. A fin de cuentas, ellos parecen decir lo que es parejo no es chipotudo.

Ciertamente, no todo en la gran masa de problemas y delitos que se resumen bajo el rubro de inseguridad pública ha permanecido estático. Aunque la criminalidad parece ir en ascenso, ahora en forma renovada, hay esfuerzos que parecen exitosos, sobre todo el encabezado por la Agencia Federal de Investigación (AFI), pero sus funciones no son las de prevenir el crimen, sino las de investigarlo y perseguirlo. Esa función es sin duda necesaria, mas no sustituye la labor de prevención más elemental que es, a final de cuentas, la razón de ser de cualquier gobierno. Además, obviamente, lo que importa y preocupa a la ciudadanía es que no haya delincuencia y en esto las autoridades responsables han mostrado un estruendoso fracaso.

El fracaso no ha impedido que existan excusas para todo. Frente a la abrumadora realidad, la salida fácil para tirios y troyanos es reclamarle al poder legislativo su inacción en este terreno: que las leyes que existen no sirven, que los delincuentes tienen demasiados recursos legales desventajosos para la autoridad, que hay muchas iniciativas pendientes descuidadas por el poder legislativo y, el reclamo favorito, que las penas son inadecuadas.

Existen problemas serios, de eso no hay duda, en cada una de estas instancias. Algunos problemas son verdaderamente risibles, como el hecho de que las autoridades responsables de la prevención sólo pueden actuar en flagrancia; aun así, con frecuencia los tecnicismos y argucias legales permiten que un delincuente comprobado ande libre haciendo de las suyas. Pero estas explicaciones tienden a sonar huecas porque la impunidad es prácticamente absoluta. Mientras un delincuente sepa que la probabilidad de ser detenido y procesado es prácticamente nula, el tamaño de las penas resulta irrelevante. La violencia, crueldad y atrocidad creciente de los actos, reflejan el poco temor a ser capturados. Este punto es crucial: la delincuencia, como todo negocio, es atractiva sólo en la medida de su rentabilidad. Quizá en el México de hoy no haya negocio más rentable, con la salvedad del narcotráfico, que la delincuencia.

En un libro recién publicado por el FCE, Crimen Sin Castigo, Guillermo Zepeda analiza con todo cuidado los índices de criminalidad y los procesos que se siguen desde el momento del delito hasta su sanción. Uno de sus importantes hallazgos es que sólo en el 3.3% de los delitos denunciados un inculpado llega ante un juez. Es decir, aun si la totalidad de los delitos fuese denunciada, sólo tres de cada cien llegaría ante un juez, lo que equivale a una impunidad del 83% luego de eliminar casos en los que no hay delito que perseguir o en que la víctima perdona al delincuente. Si a este dato se añade el número elevadísimo de delitos no denunciados, la cifra sería todavía mayor, cercana al 100%. Ante esto, la mera noción de elevar las penas resulta absurda: ¿de qué sirve la pena capital o dos mil años de cárcel si la probabilidad de aplicar estas sanciones es cero? El valor de una pena es su poder disuasivo; si nunca se aplica, como ocurre en nuestra ciudad y país, dicho valor es irrelevante.

Es obvio que la solución al problema de la inseguridad, como tantos otros que mezclan lo político con la función gubernamental, no reside en aprobar más leyes. Es cierto que algunos ordenamientos jurídicos deben ser modificados o fortalecidos, pero el tema de fondo es político, no legal. Mientras no exista un virtual contrato social sobre cómo gobernar el país, todos los esfuerzos que se realicen en materia legislativa seguirán siendo meros paliativos y, en realidad, engaños. La criminalidad es producto de la incapacidad política de las autoridades responsables, quienes han privilegiado el conflicto y los intereses particulares, incluyendo el de solapar a la criminalidad, antes que crear una plataforma política sólida que resuelva el problema de las relaciones de poder en la sociedad mexicana.

En este sentido, el tema de la inseguridad no es distinto, en concepto al menos, al de la lucha política fuera de los marcos institucionales, que se ha convertido en la cosa nuestra de cada día. En la medida en que la criminalidad sirva a alguien para avanzar una causa particular que puede ser tan simple como el enriquecimiento y tan compleja como la generación de mayores niveles de conflictividad social como instrumento para llegar al poder-, ésta no va a disminuir.

Además del tema relativo a la inseguridad pública, la agenda nacional está saturada de propuestas para la solución de problemas políticos fundamentales: desde la incorporación de un sistema electoral de dos vueltas hasta la adopción de un sistema parlamentario de gobierno. Independientemente de sus méritos, estas propuestas, incluidas las del combate a la inseguridad pública, son meros artificios formales que no resuelven el problema de las relaciones de poder. Es decir, las formas (estructuras de gobierno, procedimientos de elección de gobernantes, etc.) deben complementar y darle institucionalidad a la realidad inmanente y no al revés. O, puesto de otra manera, no por adoptar una constitución perfecta la realidad cambiará. Lo mismo ocurre con la inseguridad.

El punto es simple: sólo cuando se alcance un pacto entre las fuerzas políticas del país es que podremos crear formas e instituciones adecuadas para resolver problemas. El caso del IFE es paradigmático: aunque muchos políticos disputan ahora las facultades del IFE, su creación fue posible gracias a que los tres principales partidos políticos llegaron a un acuerdo sobre la necesidad de gestar una estructura con credibilidad que garantizara la organización de los procesos electorales y la resolución de las disputas que de ahí emanaran. Si la reforma constitucional que dio nacimiento al IFE fue aprobada por unanimidad en el congreso, se debió a la resolución de los conflictos políticos subyacentes en aquel entonces. Cierto, los tres partidos mayoritarios se llevaron la tajada del león en ese momento (lo que hace un tanto ridículas sus pretensiones de cambiar ahora las reglas del juego, pero ese es otro asunto). Pero el tema importante es que, al resolver el problema de la administración del acceso al poder, se terminó con una fuente de interminables disputas políticas que amenazaban la estabilidad del país.

Algo semejante tendrá que hacerse con los otros temas en disputa, y en forma prioritaria el de la inseguridad, tema con el que los políticos corren el riesgo de alienar al conjunto de la sociedad y, con ello, condenar al país a un proceso de desintegración social. En el caso de la criminalidad, el tema medular es la inexistencia de un conjunto de reglas que partidos y políticos estén dispuestos a respetar. Es decir, el problema de fondo reside en que no hay un acuerdo entre los políticos sobre la importancia de contar con un conjunto de reglas claras y específicas y que todos estén dispuestos a hacer cumplir sin distracción ni dilación. En la actualidad existen muchas reglas en el papel desde la constitución hasta el último reglamento- que en la práctica son ignoradas, cuando no despreciadas. Esas reglas sirvieron en la época del presidencialismo cuando los mecanismos de control político eran efectivos para administrar y limitar la criminalidad, pero no funcionan en una era donde todo mundo compite con el resto, la descalificación del adversario y de las reglas del juego es cotidiana.

La criminalidad no va a disminuir mientras no se adopte un cuerpo de reglas nuevas con las que todos los políticos y autoridades puedan vivir, reglas que sean suyas. Las policías, un eslabón crítico en la cadena de la seguridad pública, no se van a disciplinar ni van a tener la capacidad de prevenir la delincuencia, mientras sus jefes políticos no acepten en su propio fuero interno que ese es el objetivo fundamental. Y este es un asunto político, no técnico. Así como al crear el IFE los partidos y políticos negociaron los términos que regularían el acceso al poder, esos mismos partidos y políticos tienen que ponerse de acuerdo sobre cómo van a gobernar. Cuando tengan la disposición y capacidad para ello, será posible enfrentar la impunidad. Es entonces, y sólo entonces, cuando se podrá enfrentar con seriedad el tema de las atribuciones que deben tener las policías y su preparación. Mientras la impunidad sea una medalla que los políticos se cuelgan del saco, la criminalidad seguirá siendo como hasta hoy, un excelente negocio.

Luis Rubio

El país lleva años debatiendo, casi siempre de manera implícita, cómo enfocar su desarrollo. Digo de manera implícita porque prácticamente nadie enfoca el problema del desarrollo de manera frontal y en términos de sus beneficiarios; la tendencia es centrar la atención en las carencias que la situación económica arroja. Todo mundo parece querer ver el vaso medio vacío, de lo cual llega a conclusiones injustificadas. Por ejemplo, aunque hay suficiente evidencia para demostrar que no existe una correlación robusta entre inseguridad pública y la situación económica, muchos afirman que una es la causa de la otra. De igual forma, existe una gran confusión en torno a ideas (la mayoría viejas y obsoletas) como la de crear los llamados campeones industriales, concepto que obligaría al gobierno a volcarse en apoyos para un conjunto de sectores económicos que, presumiblemente, podrían convertirse en punteros del desarrollo. Ninguno de estos temas es privativo de México. En todo el mundo se debate la mejor manera de elevar la tasa del crecimiento de la economía. Lo que no se quiere reconocer es que es el consumidor y el ciudadano, y no el empresario, el burócrata o el sindicato, quien se encuenta al final del camino.

El dilema podría presentarse de la siguiente manera: ¿debe el gobierno proteger, y hasta salvar, a las empresas existentes, o debe abocarse a crear condiciones para que cualquier empresa, nueva o vieja, pueda prosperar? Este es un dilema central para la definición de la estrategia de desarrollo del país en la actualidad. Aunque rara vez se enfoca de esta manera, son frecuentes los alegatos sobre la necesidad de una política industrial, término que en general se entiende como un conjunto de subsidios y apoyos para la industria en general o para un núcleo de empresas o sectores que se consideran clave para el desarrollo. Muchos también plantean que es necesario enfatizar el mercado interno por encima de las exportaciones (como si se tratara de dos economías distintas y diferenciables), o que se debe dar un tratamiento distinto a ciertas empresas o sectores por ser (en apariencia al menos) propiedad de mexicanos o calificarse como actividades que tradicionalmente se han asociado con el desarrollo de un país (como podrían ser algunas industrias básicas, como el acero, los ferrocarriles, etcétera).

Ninguno de estos temas es nuevo, pero si se debaten ahora con insistencia significa que no hay una claridad y acuerdo en torno a cómo debería enfocarse el desarrollo del país. Mucha gente afirma que nuestro verdadero problema es que no tenemos un proyecto de desarrollo y que dicha ausencia explica lo mismo las crisis de las últimas décadas que las disputas en torno al sentido de la política gubernamental en materia del crecimiento de la economía, así como la cuestión sobre si debería mantenerse un régimen comercial abierto o proteccionista. La noción de que no existe un proyecto de desarrollo ha adquirido dimensiones míticas que no hacen sino confundir la discusión.

La mayor parte de las personas que piensa que no existe un proyecto de desarrollo pueden agruparse en dos rubros: el primero y más crítico, rechaza de entrada la noción de una economía integrada al resto del mundo, repudia la inversión privada en industrias que consideran clave para el desarrollo y, en general, disputa la esencia de una economía capitalista. Para quienes así piensan, lo que se requiere es una mano firme por parte del gobierno para asegurar que las cosas salgan tal y como el político o burócrata responsable las imagina sentado en su sillón. El desarrollo ocurre porque así lo imagina el dueño del poder. Algunos críticos de la política económica de las últimas décadas van menos lejos de lo que implica este párrafo, pero igualmente consideran que el gobierno debe encauzar el desarrollo a través de una política fiscal agresiva en materia de incentivos, subsidios y otros medios de promoción a sectores y actividades favoritas (y, más recientemente, a empresas propiedad de mexicanos).

El segundo grupo no critica lo hecho por el gobierno en las últimas décadas, sino que expresa una profunda frustración por todo lo que no ha hecho, lo que ha hecho mal o, de plano, las acciones estancadas en un limbo inamovible. Para estas personas el problema no reside, por ejemplo, en el régimen comercial que caracteriza al país, sino en las flagrantes contradicciones entre el régimen de competencia que caracteriza al sector manufacturero y la protección de que gozan muchos de los servicios (como telefonía y banca) fundamentales para el éxito de la industria. De igual forma, no rechazan la necesidad de competir, pero aseguran que es imposible hacerlo cuando el gobierno administra los precios de bienes y servicios clave, como los de la energía eléctrica y el gas, cuya dinámica refleja un sindicalismo depredador, un régimen legal barroco y un gobierno dependiente de esos precios para su estabilidad financiera.

En otras palabras, mientras que para un grupo de críticos el problema reside en la existencia de una economía abierta y en competencia, para el otro el problema consiste precisamente en que no se puede competir en el entorno que caracteriza al país. Si uno analiza los argumentos implícitos en este debate, resulta obvio es que sí hay un proyecto de desarrollo, pero a los primeros no les gusta, en tanto a los segundos les parece un dechado de incongruencias. Este es el verdadero tema: en los ochenta el país dio un viraje en su estrategia de desarrollo, situación que molestó a los estadólatras tradicionales (quienes afirman ahora que el país estaba a punto de resolver todos sus problemas entonces), pero el viraje fue solo parcial e incompleto, pues preservó muchos de los vicios de antaño y, en consecuencia, hizo imposible consolidar la nueva estrategia de desarrollo. Ahí está el problema: abandonamos la ribera del río en que el gobierno lo hacía y decidía todo y no se crearon las condiciones para arribar a la otra orilla con una economía competitiva y exitosa. Nos quedamos a la mitad del río, padeciendo las lacras del viejo sistema económico y sin disfrutar las ventajas del nuevo.

La gran pregunta es: ¿para quién debe ser el desarrollo? Esta pregunta es mucho más trascendente de lo que aparenta porque lleva implícitos otros dilemas: ¿debe privilegiarse al burócrata o al ciudadano?, ¿al industrial o a los sindicatos?, ¿al consumidor o al productor? Hay países cuyos gobiernos realizaron sesudos estudios y concluyeron que ciertos sectores de la economía serían punteros en el desarrollo, lo que les llevó a diseñar estrategias de apoyo a esos productores, en detrimento de los demás. Japón es un buen ejemplo de lo anterior: la burocracia determinó que algunos sectores serían clave para su desarrollo y creó toda una estrategia de protección y subsidios para acelerar su desarrollo. Lo irónico fue que sectores no privilegiados, como el automotriz, resultaron ser fundamentales para el crecimiento de su economía, en tanto que el criterio discriminatorio condenó al subdesarrollo a toda la economía interna, paradoja que se refleja en las contradicciones de una economía donde coexisten algunas de las industrias más modernas del mundo con otras comparables en su rezago a algunas en América Latina.

Para quién es el desarrollo resulta una pregunta capital en términos filosóficos y de política pública. Más allá de la retórica de los políticos, es evidente que en el país no hemos enfrentado los dilemas que esta definición exige. Veamos. La apertura a las importaciones sugiere, en apariencia, privilegiar al consumidor. Sin embargo, el régimen de protección que rige sobre las comunicaciones, la televisión, los transportes y demás, sólo privilegia a un pequeño grupo de empresas, donde la competencia es inexistente y se obtienen cuantiosos beneficios por las rentas extraídas a los consumidores, menguados al no tener otras opciones. Por su parte, mientras que los consumidores pueden escoger el cereal que más les atraiga, los productores dependen del humor con que se despierta el despachador de la energía eléctrica o la disposición del Senado para alentar más inversión en la extracción de gas. En pocas palabras, vivimos en un mundo de confusiones donde todo se convierte en un obstáculo permanente a la inversión y, por lo tanto, al crecimiento de la economía y del empleo.

Por más que muchos críticos claman por la aniquilación del modelo económico que se comenzó a instrumentar en los ochenta, lo cierto es que las opciones planteadas por ellos son más bien limitadas. En el terreno energético, por ejemplo, México es hoy virtualmente el único país del mundo que prohíbe la inversión privada de manera absoluta. La globalización de los procesos industriales es un hecho ineludible con el que hay que lidiar de manera cotidiana.

La verdadera disyuntiva para el país no se da entre proyectos alternativos de desarrollo, sino entre la pobreza y el estancamiento por un lado, y la transformación y modernización por el otro. El primer binomio implicaría quedarnos donde estamos o revertir algunos instrumentos de política (a través de mayor gasto público o protección a algunas empresas o sectores), todo ello con la falsa noción que pretende concederle a la burocracia la inefabilidad absoluta en materia de decisiones económicas. Esta noción es peligrosa porque, además de ser ahistórica y falaz en nuestra propia experiencia, pretende que México puede ir contra todas las corrientes que dominan al mundo en la actualidad.

La transformación y modernización del país es nuestra única opción real, lo cual obliga a resolver los dilemas y contradicciones que hoy dominan los procesos económicos para definir con precisión qué o quién debe ser el objetivo último del desarrollo y romper con todos los impedimentos para conseguirlo. La confusión imperante hace posible que se preserven los cotos sindicales y las prebendas políticas, pero también prolonga la parálisis en que se encuentra sumergido el país. Para combatir nuestro subdesarrollo es necesario definir un solo beneficiario y someter al resto a ese criterio. Si queremos ser una democracia verdadera, el beneficiario no puede ser otro que el consumidor y el ciudadano; todos los demás deben subordinarse a ese objetivo fundamental.

Luis Rubio

El país vive una nueva era de disputa política e ideológica. Otra vez, como en los ochenta, todo está a discusión. Unos exigen la definición de un modelo de país, en tanto que otros se oponen a lo existente, pero todo mundo parece insatisfecho con el statu quo. Buenas razones hay para ello, pues el país se encuentra paralizado. Desde la izquierda se denuncia una conspiración de las derechas; desde el sector empresarial se demanda la articulación de políticas y reformas congruentes con decisiones ya tomadas, sobre todo en el frente del comercio exterior y la inversión. Mientras los políticos se indefinen, la oposición a todo lo existente crece y, con ello, el riesgo de que no lleguemos a ninguna parte. Mientras esto continúe, la economía seguirá estancada.

Todo está en disputa y las consecuencias de este hecho pueden ser enormes. El proceso de modernización y apertura de la economía que se inició hace veinte años, transformó la estructura económica del país, pero evidentemente no resolvió todos los problemas. Hay buenas explicaciones de por qué no se han logrado los resultados anunciados, pero en el entorno de conflicto que vivimos en la actualidad nadie quiere analizar y discutir los temas de acuerdo a sus méritos. La disputa es política e ideológica y, cuando las cosas son así, lo que prevalece no es la razón sino la retórica.

Hay muchos críticos del modelo económico actual, pero la mayoría se inscribe en dos grupos: aquellos que debaten algunos de sus componentes y quienes lo rechazan de entrada. Los primeros incluyen a quienes plantean pequeñas adecuaciones (desde reformas adicionales hasta una política fiscal más agresiva), en tanto que los críticos rechazan sin concesiones el concepto de una economía abierta y, de hecho, el capitalismo en general; para ellos se trata de una disputa ideológica y no sólo de una corrección marginal. En ocasiones, sobre todo cuando la retórica resulta ser estruendosa, es difícil distinguir entre unos y otros, pero la diferencia es obviamente diametral.

La disputa ideológica que caracteriza a nuestro ámbito sociopolítico no es privativa de México. Algo similar ha sobrecogido a numerosos países desde hace años. Baste ver el panorama de naciones como Venezuela y Argentina, pero también algunas europeas, al igual que Estados Unidos, para reconocer que muchos de los puntos de confrontación que caracterizan a esas naciones son los mismos que saturan el discurso político nacional. Temas como la desigualdad y los efectos de la globalización sobre las estructuras salariales de cada país son frecuentes en todo el mundo. China, país que por décadas buscó, como dogma casi religioso, la igualdad a ultranza, acabó por reconocer que el crecimiento económico es más importante que su viejo objetivo porque el crecimiento es la mejor manera de combatir la pobreza. Como resultado de esa decisión política, los ingresos de toda la población han ascendido, a pesar de que las diferencias de ingresos también se incrementan. Es decir, todos han ganado, aunque unos lo han hecho más que otros.

India y China, dos de las naciones más exitosas del mundo en términos de crecimiento económico en las últimas dos décadas, constituyen un caso paradigmático. Aunque hay críticos internos que cuestionan que la desigualdad sea el precio a pagar en aras de la transformación de sus economías y naciones, la decisión política fue absolutamente transparente. En el caso de India, la decisión fue producto de una negociación dentro de un contexto democrático, en tanto que en China surgió de un gobierno con capacidad para definir el rumbo de toda la nación. Pero el hecho importante es que ambas naciones no sólo decidieron un rumbo, sino que se han dedicado a hacerlo exitoso. El contraste con nuestra realidad no podía ser más acusado: aquí se dio la decisión política de modernizar la economía, pero no se emprendieron los cambios necesarios para que esa decisión fructificara. Y ahora estamos estancados y envueltos por disputas político-ideológicas que creíamos ya superadas.

La disputa trasciende el marco de la economía. A pesar de su cercanía con Estados Unidos en numerosos temas, los principales países de Europa se han distanciado en múltiples frentes. Mientras que en la época de la guerra fría ambos lados del Atlántico compartieron valores fundamentales, el fin de la Unión Soviética acentuó las divergencias. Movimientos de protesta como el de los globalifóbicos habrían sido inconcebibles hace veinte años, en tanto que hoy son cosa de cada día. Como algunos grupos en México, los globalifóbicos rechazan no algunos aspectos de la política económica, en este caso la globalización y sus implicaciones en términos de flujos de inversión y comercio, sino la esencia misma del capitalismo. El disfraz es atractivo, pero el mensaje detrás es claro y contundente.

En nuestro caso, los cambios económicos de las últimas décadas han alterado no sólo las relaciones entre productores y consumidores, sino que han trastocado muchos valores que se daban por permanentes e inamovibles. Pero quizá lo más notable del panorama socio económico del país en los últimos años sea el rechazo casi visceral a la realidad en que vivimos. Aunque innumerables empresarios y obreros, comerciantes y consumidores, para no hablar de los ciudadanos en general, se han beneficiado de manera extraordinaria de la (incompleta) modernización de la economía, todo mundo parece aferrado inexorablemente al statu quo, así sea sensiblemente inferior en calidad, beneficios y resultados de lo que podría ser la realidad si se promovieran las reformas necesarias para reducir los costos de instalación de empresas, facilitar la generación de empleos, elevar la productividad del trabajo, etcétera.

Es por la ausencia de un jalón adicional en el proceso de reformas que México persiste en su parálisis. El punto aquí no es asignar culpas, sino plantear dos fenómenos de extraordinaria trascendencia para el momento actual: uno es que el estancamiento tiene consecuencias y no sólo en el ámbito económico. El hecho de que innumerables mexicanos se dediquen sin siquiera pensarlo a actividades informales o ilegales supone no sólo que la economía se fragmenta y que los beneficios no se generalizan, sino también, y sobre todo, que el potencial de crecimiento y desarrollo de esa población se limita de manera inevitable. Por ejemplo, un changarro puede existir por décadas, pero mientras no se formalice no puede crecer, desarrollarse e impactar el empleo y la generación de riqueza en el país. En otras palabras, la extraordinaria inflexibilidad de nuestra economía limita el desarrollo de las personas y del país. La reticencia del gobierno a reformarse a sí mismo y del congreso a avanzar transformaciones clave para el desarrollo tiene implicaciones fundamentales.

El otro fenómeno producto de la falta de ese jalón es, precisamente, esa disputa ideológica que parece consumir al país. Muchos mexicanos se oponen legítimamente al modelo económico porque rechazan su esencia (el capitalismo), pero muchos más se han sumado a movimientos que promueven el rechazo por la falta de oportunidades que perciben en la economía mexicana. La globalización es un hecho inexorable al que todas las naciones tienen que adecuarse, como ilustran incluso algunos de los casos más extremos y recalcitrantes del mundo: Vietnam, Cuba, Libia, etcétera. Pero el hecho de que la globalización sea inevitable no implica que toda la población de un país tenga los elementos (el llamado capital humano y las condiciones y servicios públicos requeridos) para poder ser exitoso en ese entorno. En México, por decirlo metafóricamente, la población fue enviada a la guerra sin fusil. Las masas que claman a los vendedores de milagros en la forma de un rechazo a la modernidad lo hacen porque se sienten impotentes frente a fuerzas que no pueden siquiera comprender. Esa impotencia es resultado directo de la incompetencia de nuestros gobernantes (ejecutivo y congreso), que no han sabido construir el andamiaje necesario para que la economía pueda ser exitosa.

No cabe la menor duda de que el país atraviesa por un momento complejo y riesgoso. El simple hecho de que la economía crezca poco y, sobre todo, que no existan motores internos de crecimiento, nos deja en una situación de extraordinaria vulnerabilidad. El empobrecimiento de una parte significativa de la población es un hecho real y tangible y, por lo tanto, un componente natural e inevitable de la disputa política que nos caracteriza. Todos sabemos, en efecto, que los problemas del país no comenzaron con la política económica de los últimos años. La pobreza ha sido un mal endémico que tiene siglos de ser una de las circunstancias más vergonzosas de nuestra realidad. Es obvio, por eso, que la existencia de un pasado idílico ofrecido ahora como panacea es pura ficción. Pero ese hecho no cambia dos situaciones igualmente tangibles: una, la población siente miedo frente a una realidad que desconoce, no entiende y no sabe cómo enfrentar; y otra, la abrumadora mayoría de la población no cuenta con los instrumentos para poder enfrentar los retos de un entorno distinto.

El país tiene opciones y nuestros problemas tienen solución. Pero las soluciones no provendrán de una lucha ideológica cuya dinámica nos arroja al inmovilismo. Como no se discuten problemas sino preferencias políticas e ideológicas, la solución no puede venir por la vía de la confrontación. La población requiere soluciones concretas que le permitan salir adelante en su vida cotidiana, algo que no existe en la actualidad. De la misma manera, se requieren acciones específicas en terrenos como el de la educación, la infraestructura y las regulaciones. Nada de esto es ciencia compleja o imposible, sino la razón de ser del gobierno y la política. Pero sin acciones ni respuestas, el país continuará sumiéndose en el sopor que se ha vuelto característico de nuestra realidad. Vale la pena recordar que Singapur era una de las naciones más pobres en los sesenta y hoy tiene el segundo ingreso per cápita más alto del mundo. China era todavía más pobre hace sólo una década y hoy ya es una potencia económica mundial. Tenemos que trascender la lucha ideológica que sólo nos erosiona, aunque sea de a poquito.

Luis Rubio

Hay una pregunta fundamental que no ha merecido una respuesta convincente para quienes nos preocupa el tema del crecimiento económico: ¿por qué no crece la economía? o, en otros términos, ¿por qué crecía la economía en los sesenta y ahora somos incapaces de hacerlo? La respuesta técnica no es terriblemente difícil de articular y muchos economistas serios se han ocupado en ello más de una vez. Sin embargo el hecho tangible está ahí: la economía no crece de manera sistemática, aun con todos esos estudios técnicos de por medio. Mi experiencia de los últimos veinte años me lleva a pensar que mientras el concepto y la perspectiva sobre lo que hace posible el crecimiento no cambien, éste seguirá siendo errático, lo que no impedirá que los economistas sigan discutiendo el tema per secula seculorum.

La primera pregunta relevante, y tema de no poca controversia, es qué es lo que permitía a la economía crecer de manera sostenida y por periodos prolongados en las décadas de los cincuenta y sesenta. La respuesta llana es que existía una colaboración implícita entre el gobierno y los empresarios, que esencialmente consistía en una división del trabajo: el gobierno creaba condiciones propicias para el crecimiento, en particular a través de inversión en infraestructura, y el sector privado realizaba inversiones productivas en fábricas, servicios y demás, todo ello asociado con la inversión que el gobierno había realizado previamente. Así, por citar el ejemplo más ambicioso, el gobierno creó la infraestructura para impulsar a Cancún como centro turístico, lo cual atrajo la inversión del sector privado en hoteles, restaurantes, vivienda, condominios, etcétera. Lo mismo ocurrió cuando el gobierno decidió concentrar sus esfuerzos en electrificar estados o regiones completas, pues se abrieron ingentes oportunidades para el desarrollo industrial en estados como el de México y Puebla. El esquema era relativamente sencillo y los incentivos directos. Pero la historia no paraba ahí.

La clave, o uno de los factores fundamentales, por la que se explica el éxito del proyecto de industrialización del país en los cincuenta y sesenta, descansó en la existencia de ese pacto implícito al que se hizo referencia líneas arriba. Ese acuerdo tácito se traducía en una división de funciones entre los dos sectores, pero tenía anclas mucho más profundas y trascendentes. Detrás de la división de funciones se encontraba un arreglo institucional, un conjunto de reglas que eran trasparentes para todos los participantes. Esas reglas no sólo implicaban que el gobierno se autolimitaba en su alcance y en el tipo de políticas que podía instrumentar, sino que demarcaba su ámbito de influencia de una manera nítida y transparente. Lo anterior suponía, por ejemplo, que no expropiaría de manera berrinchuda ni se crearían condiciones (tales como controles absurdos de precios) que aniquilaran a las empresas. Al mismo tiempo, le obligaba a mantener un entorno macroeconómico estable, conducente a una planeación empresarial de mediano plazo.

Acorde con la época y características del mundo en su momento, el pacto implícito exigía al gobierno proteger al sector industrial de la competencia externa, en algunos casos con subsidios y estructuras de precios compatibles con la rentabilidad esperada de la inversión privada. Se trataba de un esquema que satisfacía los objetivos del gobierno y el sector privado, a la vez que generaba resultados benéficos para el país en general. También era un esquema que respondía a un momento de la historia del mundo y no era sostenible de manera permanente.

La era del crecimiento económico basado en ese tipo de arreglos implícitos, alta rentabilidad y reglas del juego claras y transparentes, se colapsó en los setenta porque cada una de sus premisas comenzó a hacer agua. En principio, el gobierno desconoció dicho acuerdo y alteró las reglas del juego. No había transcurrido mucho tiempo después de comenzado el sexenio de 1970-1976 cuando el entorno macroeconómico se alteró y, con ello, se inauguró la era de inestabilidad que, bien a bien (y confiadamente), no concluyó sino hasta mediados de los noventa. A su vez, el arribo de la inflación a la economía mexicana vino acompañado de controles de precios y la expropiación implícita de negocios que resultaron insostenibles bajo el nuevo esquema. Es decir, al cambiar las reglas del juego, el gobierno no sólo abrió un nuevo capítulo de la historia económica y política del país, sino que sentó las bases para una época de desconfianza sin precedentes entre los factores de la producción, misma que, como podemos apreciar en estos días, todavía no llega a su fin.

Pero los gobiernos de esa época no sólo destruyeron el pacto implícito, sino que construyeron una estructura de gasto público que alteró dramáticamente los equilibrios que habían permitido a la economía crecer sin inflación. Aquellos gobiernos crearon nuevos programas de gasto público, ampliaron el tamaño de la burocracia y otorgaron concesiones extraordinariamente onerosas para el erario (y, por lo tanto, para la economía en general) a los principales sindicatos del país (cuyo costo se puede apreciar en temas actuales como las pensiones de los trabajadores del IMSS y en regímenes de privilegio para los miembros de sindicatos como el del SUTERM, PEMEX, por citar sólo los más obvios). El creciente gasto público se financió en parte con inflación y en parte con endeudamiento externo, creando obligaciones de gasto permanente que no contribuyen en lo más mínimo al crecimiento de la economía. Es decir, mientras que en los cincuenta y sesenta la mayor parte del gasto público se destinó a la promoción del crecimiento económico, en la actualidad se destina a mantener el gasto corriente, a pagar el servicio de la deuda acumulada y financiar las obligaciones contraídas en los setenta con la burocracia y los sindicatos. Aun si fuera posible o deseable, el gobierno ya no tiene márgenes para invertir como lo hizo en los cincuenta y sesenta.

Junto a los cambios experimentados en el interior del país, el mundo comenzó a cambiar de manera acelerada en los setenta y ochenta. En esa época comenzó a cobrar forma lo que hoy conocemos como globalización, que alteró las reglas del juego económico en todo el mundo. Hoy ninguna economía crece desvinculada del resto: el comercio exterior se ha convertido en un factor medular del crecimiento económico. Al mismo tiempo, la competencia por inversión, desarrollo tecnológico y comercio, se ha convertido en el motor más dinámico de crecimiento económico que el mundo haya conocido en su historia. Y el impacto de todo esto sobre la economía mexicana es muy obvio: ya no son funcionales los mecanismos que la hicieron crecer hace cuarenta o cincuenta años y no existen condiciones políticas para que crezca de manera permanente. En otras palabras, la atonía que caracteriza a la economía mexicana es producto de circunstancias reales y no sólo de un momento económico difícil o, incluso, de falta de reformas en tal o cual sector.

El tema clave es cómo recrear el pacto que establecía las reglas del juego con nitidez y que fue fundamental para lograr años de crecimiento económico elevado y sostenido. Además, la recreación de ese pacto tendría que ser coherente con las circunstancias y realidades del mundo de hoy y no con las que prevalecían entonces. En otros términos, es imposible reconstruir el pacto bajo las premisas que existían hace cuarenta años, pues la realidad actual no guarda relación alguna con la de aquella era, además de que hay un sinnúmero de factores que limitan (pero al mismo tiempo dan forma a) las características de un nuevo acuerdo potencial, como son los múltiples tratados de libre comercio que el país ha firmado.

Además, la recreación del pacto no puede darse sobre bases que eran posibles en el pasado, no sólo porque hay nuevos factores que intervienen en el proceso, sino sobre todo porque nadie en la actualidad aceptaría un pacto implícito. Tal aceptación implicaría que todo mundo ignorara de manera voluntaria lo ocurrido lo bueno y lo malo- a lo largo de los últimos cuarenta años. En un mundo crecientemente integrado en el que un inversionista, mexicano o extranjero, tiene múltiples opciones para invertir, los pactos implícitos son irrelevantes. Lo que cuenta es lo que dicen las leyes y la disposición gubernamental de hacerlas cumplir, así como de su propia disposición a sujetarse tanto a las leyes como a las resoluciones de los tribunales. Es en este sentido que la indisposición del gobierno del Distrito Federal a acatar las resoluciones judiciales tiene consecuencias gravísimas, toda vez que indica no sólo falta de respeto a reglas no escritas, sino también a las que sí lo están. La única manera de consolidar un pacto en esta era de nuestra historia es por medio de un marco legal fuerte y respetado por todas las partes.

En otras palabras, es cada vez más indispensable que exista un régimen legal confiable, además de adecuado para que el crecimiento económico sea posible. El crecimiento depende enteramente de la inversión privada y ésta sólo se da en la medida en que los empresarios encuentran condiciones propicias para planear a largo plazo. En un mundo caracterizado por una aguda y acusada competencia internacional en el que los inversionistas tienen múltiples opciones de inversión y en el que la localización geográfica es cada vez menos importante para el éxito de la misma, el marco institucional y legal es el factor individual más importante del éxito económico. No es casual que los países que cuentan con reglas claras y no sujetas a cambios arbitrarios sean también los que acaparan la inversión, independientemente de que los costos de operación en sus países no sean siempre los mejores. Los ejemplos de Singapur, Inglaterra y Estados Unidos son paradigmáticos. Si queremos recuperar la capacidad de crecimiento económico, tenemos que crear un nuevo pacto político y éste sólo es posible a través de un marco legal a prueba de abuso y que se hace cumplir. Esto ciertamente no se construye de la noche a la mañana, pero mientras no comencemos a desarrollarlo, jamás llegaremos ahí.

Luis Rubio

Cuenta el chiste que los países latinoamericanos son geométricos porque tiene problemas angulares que se discuten en mesas redondas por un montón de gente cuadrada. El congreso mexicano actual ha dado a últimas fechas muestras fehacientes del sentido de esta broma, nada alejada de la realidad. El país necesita que sus líderes políticos tomen decisiones serias y de manera responsable, pero lo único que los ciudadanos observamos es una reticencia a actuar y, peor, una acusada disposición a impedir y obstaculizar. Junto a este comportamiento, destaca la añoranza por un pasado que jamás resolvió los problemas del país. Tanto la acción como la inacción de los legisladores tienen costos reales que ellos pretenden ignorar. Es evidente que ni el país ni la ciudadanía comparten ese dudoso privilegio.

En las últimas tres legislaturas, de 1997 a la fecha, los legisladores han tenido dos actitudes. Por una parte, han sido incapaces de avanzar la agenda pública en temas, sobre todo económicos, que para el país es urgente resolver. Por la otra, los representantes populares con frecuencia han bloqueado medidas del ejecutivo que harían la vida mucho más fácil para la población. A la pregunta ¿quién mató el desarrollo?, la respuesta, parafraseando a un Lope de Vega, quien habría respondido sin chistar Fuenteovejuna señor, sería todos los legisladores, nuestra moderna encarnación de Fuenteovejuna.

El hecho es que muchos de nuestros legisladores han asumido como misión proteger el pasado antes que sentar las bases de nuestro futuro. Prefieren resarcir privilegios a sindicatos que modernizar la industria donde éstos operan, prorrogan procesos de negociación sin que ello redunde en beneficio alguno para la población o la economía. Es decir, no sólo congelan la agenda y evaden temas cruciales, así sean controvertidos, sino que velan por intereses creados que sólo retrasan, e incluso impiden, el crecimiento de la economía.

La postergación de decisiones prioritarias no es un asunto menor. Cada vez que algún miembro del Congreso logra manipular al conjunto para bloquear una acción decidida por el ejecutivo, el país pierde. Los ejemplos se multiplican y la ciudadanía paga los costos tanto de los actos como de la pasividad del poder legislativo. De esta manera, aunque muchas acciones del poder legislativo, sobre todo a través de los llamados puntos de acuerdo tienen una lógica política impecable para los involucrados, el costo para el país y para la economía siempre se ignora. El estancamiento que vivimos no es producto de la casualidad: se debe, cada vez en mayor medida, al proceder legislativo.

Se habla mucho de las reformas que el poder legislativo ha bloqueado, impedido o derrotado. Cada una de ellas tiene un costo. Empecinados en proteger el pasado, algunos legisladores han hecho caso omiso de la necesidad de desarrollar nuevos motores para el crecimiento de la economía, como podría ser una reforma eléctrica seria y una forma más realista de favorecer la explotación de los recursos de gas con que el país cuenta y no ha sido capaz de aprovechar. Para los nostálgicos nacionalistas parece más conveniente envolverse en la bandera nacional para exorcizar cualquier oportunidad de captar inversión privada, no obstante que reformas en este tenor permitirían liberar recursos para temas mucho más lógicos para el gobierno, como podrían ser la educación, el combate a la pobreza y la infraestructura física del país. Aún peor, algunos legisladores han lanzado una andanada judicial para destruir las pocas oportunidades que ya existen en estos sectores. Si lo que quieren es paralizar al país, sus acciones lo están logrando a plenitud.

Pero el tema relevante no es sólo que los legisladores obstaculicen iniciativas dignas de ser votadas en casos como el fiscal y el eléctrico, sino que ponen trabas a decisiones que, en estricto sentido, no les competen. Algunos ejemplos resultan por demás reveladores.

Hace años se planteó la necesidad de vender las dos aerolíneas nacionales. Cuando el ejecutivo decidió actuar en esa materia, las empresas valían cerca de mil millones de dólares, dinero que habría servido para reducir la tan mentada deuda del Fobaproa, entidad que se convirtió en propietaria de las aerolíneas con la crisis bancaria. En ese momento, su venta se habría traducido en un sensible ingreso para el erario y, por lo tanto, en una disminución de la onerosa deuda. Es decir, quienes pagamos impuestos y, por lo tanto, tenemos que cubrir los costos de la deuda del Fobaproa, nos hubiéramos beneficiado significativamente de aquella venta. Pero no fue así. El congreso no permitió que se realizara la venta gracias a las gestiones que en ese momento realizaron los sindicatos de las aerolíneas. Con un punto de acuerdo votado en la Cámara, se bloqueó la venta de las aerolíneas para que el sindicato, y no los usuarios o la economía, saliera ganando. Hoy en día las aerolíneas no valen nada. Así pues, le debemos a nuestros órganos de representación una pérdida de mil millones de dólares solamente por concepto de las aerolíneas.

La disputa sobre las pensiones del IMSS no es muy distinta. El gobierno lleva tres años negociando una modificación del contrato colectivo con el sindicato de la institución, cambio que no afectaría en nada a los trabajadores en funciones o a sus pensionados. Es decir, la propuesta de la administración del IMSS consiste en que se establezca un nuevo régimen laboral para todos los nuevos empleados de la institución, sin menoscabo de los derechos previamente adquiridos por quienes ya se encuentran ahí. En el curso de estos años se ha discutido todo lo relevante en torno a las pensiones y, finalmente, se llegó a definir una fecha para completar un acuerdo: octubre de 2003. Llegado el plazo, el sindicato, que obviamente no tiene ni el menor interés por llegar a un nuevo esquema, solicitó una prórroga para el mes de marzo pasado con la excusa de que estaban en proceso de lograr un consenso interno. Llegó marzo y, ¡oh sorpresa!, el sindicato logró que, a través de otro famoso punto de acuerdo, el Congreso bloqueara una vez más la negociación. Al igual que con las aerolíneas, la prórroga tiene un costo, pero sólo es la friolera de cuatro mil millones de pesos al mes, así que nadie debe preocuparse mucho. El Congreso mostró, una vez más, que sus compromisos están con los intereses más reaccionarios de la sociedad mexicana y no con la ciudadanía, el crecimiento de la economía o el futuro del país.

En el caso de la electricidad, con excepción de algunos legisladores en lo individual, el congreso ha sido incapaz de emitir una postura que sea congruente con la necesidades de energía del país, los cambios estructurales que ha sufrido esa industria gracias a los avances tecnológicos y la oportunidad que este sector representa para reactivar la economía interna, sobre todo de la industria que se ha rezagado y que no ha encontrado vías de salida fáciles a través de las exportaciones. En lugar de discutir los méritos de las diversas iniciativas que existen en el Congreso, los legisladores han optado por la parálisis. En lugar de analizar las diversas opciones y procurar alguna que pudiera contribuir al desarrollo del país, los legisladores han optado, en la práctica, por la protección de los dos sindicatos respectivos (uno de los cuales es quizá el más costoso del mundo) y por impedir que el erario pueda asignar, a través del proceso presupuestal, más fondos a actividades que urgentemente lo requieren. El costo de la inacción se mide en miles de millones de pesos, inversiones que no se realizan y oportunidades que se pierden. Todo para que algunos legisladores vivan tranquilos con su conciencia histórica, en lugar de trabajar para lo que cobran y fueron elegidos: la construcción del futuro del país.

Algo semejante ocurre con la reforma laboral. A diferencia de las otras iniciativas que ha propuesto el ejecutivo, independientemente de si son buenas o malas, la que se ha presentado en el terreno laboral es por demás modesta, pero a diferencia de las otras, cuenta con el apoyo de los principales sindicatos. A pesar de ello, duerme el sueño de los justos. No vaya a ser que le haga algún bien al país.

Cada vez que se difiere una decisión o que se impide tomar otra, el país paga y muy caro. La manera en que funciona el poder legislativo en la actualidad conlleva a que todo se paralice, en buena medida por el prurito de un supuesto y famoso costo político que se busca evadir. La realidad, como ilustran estos ejemplos, es que el costo es altísimo tanto por actuar de la manera en que lo hacen nuestros dilectos legisladores, como por no actuar. Aunque el argumento del costo político es por definición atractivo para quitarse la responsabilidad de encima, es interesante hacer notar que la mayor parte de los legisladores que apelan a este argumento fueron electos por representación proporcional, es decir, le deben su chamba al partido y no a la ciudadanía. Típicamente, los diputados o senadores más duros y militantes llegaron ahí no por votos, sino por designio divino.

Tampoco es casualidad que el descrédito, otrora exclusividad de los priístas, ahora se extienda al conjunto de la clase política. La gran pregunta es cuándo se cambiará la estructura institucional para que el país deje de estar a merced de legisladores que no le deben nada a nadie, excepto a sus partidos y grupos de presión tradicionales, como los sindicatos aquí mencionados. La distancia entre los legisladores y la ciudadanía difícilmente podría ser mayor. Para ellos, su trabajo nada tiene que ver con los representados, excepto, por supuesto, para pagar las cuentas de lo que ellos no hacen o hacen mal.

Y ¿quién es el culpable de todo esto? El comendador diría que nadie, que todos a una, porque si la ciudadanía se descuida, capaz que acaba siendo ella la culpable de que los legisladores se esfuercen tanto para no lograr nada relevante.

Luis Rubio

Las quejas contra China siguen y parecen imparables: China está robando nuestros empleos, nos está arrebatando nuestro principal mercado de exportación e invade nuestro territorio con mercancías que ingresan al país fuera de los canales legales, o sea, como contrabando. Cualquiera que sea la causa de estos males, no cabe la menor duda de que el impacto del espectacular crecimiento de la economía china en los últimos años ha sido fenomenal, para México y el resto del mundo. Tan extraordinario, que ahora la mitad del mundo está aterrada ante la posibilidad de que la economía china súbitamente se dé de frente contra la pared e incurra en una de la crisis que nos han hecho famosos a  los mexicanos en el resto del mundo.

El problema es que China se ha convertido en uno de los motores más importantes de la economía mundial. Regiones enteras del mundo crecen gracias al impulso que, a través de importaciones o exportaciones, generan los orientales. Algunos países, como Brasil, pero sobre todo Argentina, han logrado tasas nada despreciables de crecimiento en los últimos años gracias a sus exportaciones de materias primas, acero y otras mercancías para la aparentemente insaciable maquinaria económica china.

Por su parte, las naciones del sudeste asiático otrora aterradas del impacto que el crecimiento chino tendría sobre sus economías, esencialmente porque temían –como en México- que los productores chinos los desplazarían en sus mercados de exportación, encontraron formas de complementariedad con los chinos, elevando el valor agregado de sus propios productos e impulsando un creciente comercio con el gigante asiático. La economía japonesa, sumida en un letargo producto de su irresuelta crisis bancaria y de la deflación asociada a ésta, ha logrado subirse a la cresta de la ola china de una manera que podría acabar siendo prodigiosa para Japón y el mundo entero.

Puesto en otros términos, por mucho que la economía china se haya convertido en un fuerte competidor para la industria manufacturera del mundo, la mayor parte de los países alrededor de la Tierra ha logrado convertir a la economía de ese país en un motor para su propio crecimiento. Ahora todas esas naciones están extraordinariamente preocupadas por una eventual crisis en aquella economía, producto de los excesos en los que han incurrido en los últimos años. El efecto transcendería las fronteras del país asiático y podría, incluso, sumir al mundo o, al menos, a regiones enteras, en una profunda recesión.

El problema comienza por dos factores muy explicables. Uno es la lógica política que yace detrás de la estrategia del crecimiento económico de China en las décadas posteriores a la represión con que se lapidó el movimiento estudiantil de Tiananmen y el otro es el efecto político que el rápido crecimiento ha traído aparejado. Ambos factores se retroalimentan y crean serias dudas sobre la capacidad, aunque no necesariamente sobre la disposición, del gobierno chino de actuar de manera apropiada para controlar la economía a tiempo y evitar una catástrofe de alcance internacional.

La economía china ya llevaba cerca de quince años de transformación gradual cuando se dieron los sucesos de la famosa plaza de Tiananmen. Rompiendo tabúes y mitos heredados de la revolución maoísta del final de los cuarenta, los gobiernos de la década de los setenta comenzaron a transformar su economía en un intento, similar al que sobrecogió a otras naciones, incluyendo la nuestra, por modernizarla y con ello lograr tasas de crecimiento elevadas que abrieran oportunidades al desarrollo de la población, erradicaran la pobreza y, en suma, transformaran a su país.

Aunque de manera lenta en un principio, la estrategia de modernización en China fue enfrentando obstáculos de diversa naturaleza, sobre todo política. Primero estuvieron los puristas (en la forma de la “pandilla de los cuatro”, que incluía a la viuda de Mao) que, como los nuestros, preferían la dignidad de la pobreza y el subdesarrollo a las oportunidades de crecimiento que siempre acompañan a la modernización. Luego de vencer a los dogmáticos, el gobierno reformista se enfrentó a los grupos que demandaban cambios políticos y no sólo económicos. Envalentonados por los cambios que tenían lugar en la URSS de Gorvachov, cientos de estudiantes chinos salieron a las calles para demandar cambios políticos.

A pesar de las dificultades, el gobierno chino no cejó en su objetivo y convirtió el reto de la democratización en un incentivo para acelerar el paso en las reformas económicas. El resultado de ese esfuerzo lo podemos ver hoy en la forma de una economía pujante que absorbe una porción extraordinaria de los fondos de inversión existentes en el mundo; engulle una cantidad infinita de materias primas y, sobre todo, ha logrado convertirse en un competidor formidable en un sinnúmero de frentes, sobre todo el manufacturero. Pero el ímpetu del crecimiento chino no fue gratuito. Para lograrlo, el gobierno hizo un pacto implícito con la población: permitiría el desarrollo empresarial a cambio de marginar a la población de los temas políticos. El “pacto” ha tenido un éxito sin precedente, como lo demuestra el extraordinario crecimiento de su economía.

Sin embargo, el gobierno chino sabe bien que el pacto funciona sólo en la medida en que la economía arroje resultados como los de años recientes. Es decir, la población ha aceptado el intercambio económico-político en gran medida porque los beneficios han sido enormes. Aunque evidentemente no toda la población se ha favorecido de la misma manera –una de las persistentes críticas consiste en que la población de las costas, algo así como el norte mexicano, ha experimentado un boom, en tanto que la población del interior, lo que equivaldría a nuestro sur, se ha rezagado-, la realidad es que el país en su totalidad experimenta una transformación sin parangón en la historia de la humanidad.

Sin embargo, la solidez del esquema político chino es incierta, toda vez que todo parece depender del crecimiento económico. Es interesante notar que, en esto último, el gobierno chino ha actuado casi exactamente del modo opuesto al mexicano. Enfrentado a una situación de riesgo de inestabilidad política, el gobierno chino reaccionó rompiendo con todos los mitos, tabúes y fuentes de oposición. En franco contraste con los últimos dos gobiernos mexicanos, que se paralizaron ante la menor evidencia de oposición, el chino muestra una absoluta obsesión por el crecimiento. Lo que importa, parece decir con sus actos, es el crecimiento y todo lo que lo obstaculice –personas, intereses, leyes, mitos, tradiciones o relaciones externas- tiene que ceder. Los resultados económicos hablan por sí mismos.

Pero el acelerado crecimiento de la economía china ha traído sus propias consecuencias. Primero que nada, el crecimiento desordenado tiende a generar problemas obvios, pero no siempre anticipables. Por ejemplo, dado que hay dinero, o que parece haberlo pues la economía crece con rapidez, lo fácil es proyectar ambos factores hacia el futuro y suponer que no hay límites en el horizonte. Nada más erróneo. Algo semejante ocurrió en México en la segunda mitad de los setenta, cuando se supuso que el precio del petróleo subiría sin cesar. En ese contexto, se han construido cientos de rascacielos que ahora están vacíos, trenes que no llevan a ninguna parte, puentes en zonas rurales que no requieren mastodontes de concreto ni los pueden hacer rentables, etcétera. En segundo lugar, el acelerado crecimiento permitió que sobrevivieran muchas empresas paraestatales, a pesar de que no producen bienes que la gente quiere ni son competitivos frente a las importaciones. Los bancos chinos han asignado la mayor parte de su crédito precisamente a esas empresas, lo que anuncia ingentes riesgos a la estabilidad financiera si el ritmo de crecimiento se desacelera (pues haría impagables esos créditos). Si lo anterior nos suena conocido es porque tiene referentes: la crisis de 1995 en México fue tremendamente profunda, aunque sólo nos afectó a nosotros porque la economía mexicana no domina a la región. En contraste, una crisis similar en China amenazaría a vastas regiones y afectaría el crecimiento de toda la economía mundial. La pregunta ahora es si el gobierno chino tendrá la capacidad para atenuar y controlar los excesos de su economía sin provocar una crisis de esas magnitudes.

En las últimas tres semanas el gobierno chino ha hecho varios anuncios significativos. Primero, emitió una orden de restricción de crédito, orientada a frenar su crecimiento y, con ello, evitar que se sigan construyendo elefantes blancos por todos lados. Por otro lado, han enviado señales muy claras de que el consumo de materias primas de importación disminuirá en la medida en que se reduzca la tasa de crecimiento. Ambos anuncios han provocado una gran incertidumbre en todo el mundo: algunos porque temen una caída de los precios de sus materias primas, en tanto que otros comienzan a imaginar la película completa que un mal manejo podría provocar para la economía mundial. Un editorial en el New York Times de hace unos días, por ejemplo, argumentaba que todo el mundo debería rezar para que los chinos sepan lo que tienen que hacer y la habilidad para lograrlo.

De que el gobierno chino tiene claridad de rumbo nadie lo duda. Los funcionarios y políticos saben bien que no tienen más opción que la de frenar el crecimiento de la economía lo suficiente como para parar los excesos, pero no tanto como para provocar una recesión mundial o una crisis política interna. La gran pregunta es si el gobierno sigue contando con la capacidad política para imponer sus medidas de austeridad. Como en otros países del mundo, el acelerado crecimiento de la economía provocó una rápida descentralización del poder político, lo que ha fortalecido a los poderes locales, no todos los cuales van a seguir las disposiciones emanadas de Beijing. La pregunta para nosotros es si tendremos la habilidad, ahora sí, de aprovechar la situación venidera, sea exitoso o no el gobierno de aquel país.

www.cidac.org

Luis Rubio

La disputa con Cuba ya aburre. Para todo el que quiera verlo, es obvio que el gobierno cubano tiene solo un objetivo, su sobrevivencia, lo que le permite gran claridad de propósito. Tampoco está a discusión lo evidente: que sus funcionarios de primera línea son por demás experimentados, eficaces y efectivos, sobre todo cuando está de por medio la dignidad de su caduca revolución. El gobierno mexicano, por su parte, vive en la confusión. En ausencia de un proyecto político claro de gobierno da patadas de ahogado. Incluso cuando tiene plena razón y legitimidad, no parece poder articular una estrategia integral para emprender una acción de legítima defensa. Pero toda la habilidad y competencia de los cubanos está orientada al control de una población que se empobrece cada día más, en lugar de servir a su desarrollo. Por desastroso que sea nuestro sistema político actual y no obstante la incompetencia de nuestro gobierno, simplemente no hay punto de comparación. Lo nuestro es resultado de la falta de habilidad y disposición, respectivamente, de los poderes públicos; lo de allá es un esquema diseñado para preservar una entelequia que aniquila la libertad de sus ciudadanos.

La disputa y la parálisis que vive el país exasperan porque no llevan a ningún lado. Mientras que los mexicanos tenemos hambre de progreso, la realidad cotidiana va a contracorriente de nuestros deseos y necesidades más elementales. Por más que en Cuba haya logros importantes en educación y salud, la pobreza es persistente y la parálisis sistémica, pero lo de Cuba nos invita a ver todo lo que no estamos haciendo. Lo fácil es burlarse del ejecutivo, pero eso no resuelve los problemas que aquejan al país ni los desafíos que debemos enfrentar.

Los problemas de México son estructurales, razón por la cual se requiere de estadistas, en todos los ámbitos. Hace ya ocho años que el país vio la conformación de la última estructura institucional que nos enfilaba hacia el siglo XXI. Con la consolidación del IFE y del TRIFE como entidades autónomas, México daba un paso decisivo hacia la modernización política con la posibilidad de evolucionar hacia formas más representativas y legítimas de gobierno. Era un momento en el que los políticos parecían dispuestos a pensar en algo distinto. Ciertamente, cada uno de los partidos defendió su terreno y aceptó un esquema que maximizara sus intereses. Pero, al menos en ese momento, los políticos tenían una actitud positiva y estaban decididos a salir airosos de las sucesivas crisis electorales que nos antecedían. Basta ver cualquier periódico de los últimos años para constatar que nada de eso es real en la actualidad. Ya no hay grandeza entre nuestros políticos para el diseño y desarrollo de instituciones que, como el IFE, TRIFE y la Suprema Corte, constituyen hitos y muestras fehacientes- de su disposición a construir y no sólo expoliar.

Por eso los mexicanos tenemos hambre de despertar y ser sorprendidos con la noticia de que los políticos súbitamente han decidido que no es posible seguir por donde vamos, que es necesario adoptar alternativas responsables, creativas e imaginativas y no más negativas a todo. ¿No sería maravilloso que personajes como el Senador Bartlett propusieran la transformación y liberalización del sector energético luego de reconocer que el status actual no hace sino empobrecer al país e impedir que se dispare el crecimiento económico? ¿No sería extraordinariamente atractivo que Roberto Madrazo creara un marco de competencia legítima y equitativa para la nominación del candidato de su partido a la presidencia? ¿No contribuiría sensiblemente a la consolidación de un proceso político estable, además de a su propia causa, el que Andrés Manuel López Obrador explicara qué pasó con todos los dineros que recibieron sus colaboradores cercanos y concediera autonomía a la entidad responsable de la transparencia en el DF? ¿Y que Bernardo Batiz aplicara la ley de manera equitativa?

¿No será ya tiempo para que los líderes del PRI en el congreso dejen de impedir el avance de una reforma electoral seria e integral, que considere temas cruciales como el de la reelección de legisladores, pero en un ámbito de mayor competencia y con la garantía de una rendición de cuentas ante los votantes, es decir, sin recurrir a la representación proporcional, así implique una nueva redistritación, para que el asunto no afecte la proporcionalidad en el órgano legislativo? ¿O que algún perredista organizara una manifestación masiva a favor de la expansión de los servicios que presta el IMSS y contra los privilegios de una minoría aristocrática de sindicalistas de la institución? ¿O que el PRI organizara un referéndum para exigir la mejoría del servicio eléctrico que se presta en el valle de México, de los peores del mundo, y terminara así con el abuso que representa el SME?

Sería maravilloso que los políticos se despertaran luego de esa cruda que ha producido la democracia disfuncional que ellos mismos alientan y agudizan y comenzaran a pensar un poco menos en el pasado y un poco más en el futuro del país. Y que la política nacional comenzara a ser menos viciosa y más orientada a resolver dificultades que a acentuarlas, si no es que a crearlas. Por encima de todos, ¿no sería extraordinario que se creara un entorno propicio para que se pudieran discutir y debatir los temas y problemas que aquejan al país de una manera seria y analítica, más allá de lo visceral o de la ceguera partidista e ideológica? ¿Y que los medios de comunicación abandonaran sus columnas de chismes y trascendidos políticos para dedicarse a la información, el análisis y la opinión, y no a la opinión y agendas particulares disfrazadas de análisis e información?

Todavía más relevante, ¿no sería digno y excepcional que los propios líderes y miembros de los principales sindicatos de empresas y entidades públicas, como el IMSS, la CFE, PEMEX y Luz y Fuerza del Centro, reconocieran que sus condiciones contractuales son insostenibles en un país pobre, que constituyen impedimentos al desarrollo y obstaculizan el progreso del resto de la población? ¿Y que los abogados acordaran reglas de ética profesional y el diseño de un mecanismo de evaluación y sanción para evitar conflictos de interés (los flagrantes y los otros)?

Muchos no estarán de acuerdo con algunas de las críticas expresadas en estas líneas, pero nadie puede objetar el que estamos paralizados por la mezquindad de unos cuantos. Todo mundo parece decidido a ver para sí y a preferir el pasado sobre el futuro. Además de inaceptable, esa receta asegura la pobreza y la postración. El país requiere de un debate inteligente y analítico sobre temas clave para el desarrollo, en todos los órdenes; sin embargo, lo que recibimos son pleitos, terquedad y una increíble arrogancia por parte de quienes tienen la responsabilidad de actuar en distintos frentes y desde distintas perspectivas.

Obviamente, el país enfrenta muchos problemas estructurales no atribuibles a quienes tienen la posibilidad (y, en buena medida, la responsabilidad) de resolverlos. Los líderes sindicales de hoy no son responsables de la existencia de contratos leoninos, producto de otra era política (en una interpretación benigna de la historia), cuando no de la extorsión y la corrupción (en una lectura más cercana a la realidad, al menos en algunos casos), pero sí son corresponsales de la grave situación que viven muchas de las empresas paraestatales, así como de ignorar las necesidades del país en este momento de su historia. Presionar para que sus agremiados cuenten con mayores prerrogativas a través de instrumentos inaceptables de presión (como podrían ser el suministro de petróleo, luz eléctrica o servicios médicos) debería ser intolerable para todos los mexicanos y también censurado.

Lo mismo va para los políticos que, sentados en su caballo, se niegan a atender las necesidades urgentes del país y la población. La economía está atrancada, pero nadie mueve un dedo para resolver los temas que la estrangulan, como el energético; la situación política está paralizada porque los tres partidos grandes impiden el cambio, cada uno por motivos particulares que, sumados, no los diferencian en nada de las prácticas monopólicas de sus congéneres en el ámbito económico. Los candidatos que ya se sienten cinchos rechazan cualquier oportunidad de competir por el siguiente escaño u contienda política. Su lógica no es en nada diferente a la de un mafioso que está ahí por la fuerza bruta de su maquinaria criminal. Si así hubieran actuado quienes signaron el Pacto de la Moncloa en España en los setenta o quienes escribieron y aprobaron la constitución norteamericana de 1787, no hubiesen producido las extraordinarias democracias y naciones que ahí se fundaron. Para cambiar al país se requerirá del tipo de grandeza que exhibieron aquellos personajes y no la pequeñez y mezquindad de quienes lo único que pueden decir es no.

El México del pasado hizo de los conflictos de interés, los privilegios y la corrupción una gran virtud. Mientras todos apoyaran al gobierno, el resto eran costos no sólo bajos y tolerables, sino un factor medular de estabilidad, y una justa retribución al fervor justicialista de la revolución. El México del futuro ya no puede aceptar ninguna de estas premisas; falaces en su momento, fueron, sin embargo, parte del carácter de un sistema que tenía el (dudoso) privilegio de vivir en un mundo aislado. El México del futuro no puede tolerar la corrupción y las corruptelas, no puede abortarse a causa de los privilegios de que gozan unos cuantos sindicatos y de la capacidad de bloqueo mostrada por algunos políticos. El progreso es imposible en un mundo donde todos están demasiado ocupados viendo hacia atrás y tratando de preservar lo que es insostenible. El México de hoy ya no es el del pasado (porque el mundo ha cambiado, nos guste o no) y no es el del futuro de hecho, no puede ser el del futuro- porque demasiados intereses del pasado siguen corrompiendo el presente y estrangulado la capacidad de progresar.

Rompemos con el pasado o en vez de sueños benignos y de la posibilidad de despertar en un mundo mejor, seguiremos sumidos en una pesadilla cíclica e interminable, producto de un mundo que se rehúsa a cambiar.

www.cidac.org

Luis Rubio

Las explicaciones han sido confusas y con frecuencia pobres, en tanto que las contradicciones flagrantes en contenido y apariencia. Se adoptan posturas severas para luego suavizarlas y se hacen afirmaciones contundentes que luego no se explican, dejando la impresión de que no se sabe, a ciencia cierta, por qué se actúa de la manera en que se hace, más allá de formalismos que no siempre son convincentes. La razón de tanta confusión es evidente a todas luces, pero el gobierno no ha tenido la habilidad para presentarla con todas sus letras: para México, Cuba no es un asunto de política exterior, sino uno de política interna. Visto en su justa dimensión, el conflicto reciente no es ni nuevo ni excepcional: es evidente que el gobierno cubano lleva años de intervenir en los asuntos internos del país pero sólo ahora, cuando los costos de esa intervención resultan intolerables, es que el gobierno opta por definirse al respecto. El problema es que, como demostró el canciller cubano, cuando se inicia una escalada, hay que tener tanto la capacidad como la disposición para mantener el rumbo.

Por más que muchos críticos de la decisión del gobierno mexicano de reducir el nivel de la relación diplomática con Cuba se burlen de las formas y de la incontenible verborrea del gobierno, que es inevitablemente errática, nadie puede negar lo evidente: que la relación con Cuba es distinta a la que mantenemos con casi cualquier otro país. Cuba lleva años inserta en el corazón de la política mexicana, lo que la convierte en un factor de política real que nadie puede ignorar.

El gobierno cubano lleva años cortejando con invitaciones a la isla a políticos, intelectuales, actores y periodistas en búsqueda de apoyos para la política cubana dentro del país. No hay nada de malo en esa estrategia –muchos países la han intentado, aunque con menor éxito- pero no es improbable que muchos de los involucrados hayan sido extraordinariamente inocentes respecto al objetivo y los métodos que el gobierno cubano ha empleado para avanzar sus intereses. Aunque el clima y características físicas de la isla son similares al resto del Caribe, el régimen castrista en nada se asemeja al del resto de las naciones caribeñas. Quienes han pasado por la isla han sido fotografiados y clasificados; muchos de ellos podrían ser sujetos de extorsión sin la menor dificultad. Y, como ilustran las deportaciones y revelaciones de las últimas semanas, el gobierno cubano no ha tenido más que un objetivo en todas estas acciones: avanzar su interés nacional. Ha demostrado de manera fehaciente que no hay amistades largas, sino los intereses concretos de su Estado.

El gobierno mexicano ha tenido dificultad para precisar su posición por al menos dos razones. Una, porque no se ha atrevido a decir, con todas sus letras, que se trata de un asunto de política interna. Temeroso de abrir un nuevo frente de confrontación con los partidos de oposición (que han sido, de manera abrumadora, los beneficiarios de los cortejos cubanos a lo largo del tiempo, pero también los más obvios blancos de posible extorsión), el gobierno ha evitado dar la explicación completa de sus razones. Sabedor de que existe una larga y legítima vinculación de innumerables mexicanos con la isla, el gobierno ha tratado de manejar el asunto con pinzas, aunque con mucha torpeza, tratando de resaltar un punto medular: que hay momentos en que los intereses cubanos no son iguales a los mexicanos y que muchos de quienes profesan lealtades a la isla pueden verse manipulados para avanzar esos intereses, que no necesariamente coinciden con los del gobierno o con los del país.

Otra razón por la cual el gobierno ha tenido dificultades para explicarse con claridad tiene que ver con lo que vimos hace tiempo con la famosa grabación telefónica y que volvimos a atestiguar el miércoles pasado: el gobierno cubano tiene información que está dispuesto a emplear para afectar la credibilidad del gobierno, o de personas dentro del mismo, lo que inexorablemente constituye una intromisión en los asuntos políticos internos del país. El canciller cubano dice que no se va a entrometer en los asuntos internos, pero de inmediato procede a presentar evidencia recabada de Ahumada en Cuba, todo ello sobre temas mexicanos, lo que sugiere que ni siquiera les es fácil distinguir la intromisión del discurso.

Hay quienes argumentan que ha habido mejores momentos, o más lógicos al menos, para tomar decisiones tan drásticas como la que el gobierno mexicano tomó la semana pasada. El ejemplo más utilizado es el de la grabación que  Castro hizo pública luego del “comes y te vas”. Pero también es posible argumentar que, con todo y su mal gusto y evidente propósito de desacreditar al presidente Fox, aquella grabación no fue más que una muestra del enojo del comandante frente al evidente maltrato recibido. Es decir, se trataba de un asunto de la relación diplomática y nada más. Lo que hemos visto en las últimas semanas es muy distinto: ahora ya no estamos en el terreno exclusivo de la relación bilateral, sino en una dimensión estrictamente interna.

Desde el momento en que encarceló a Ahumada, Castro se convirtió en un actor político interno donde ya no había interés cubano de por medio, sino una evidente disposición a jugar y manipular a los partidos políticos, a los precandidatos y a las relaciones entre ellos. Uno puede coincidir con los principios de la revolución cubana o rechazarlos, pero éstos nada tienen que ver con la naturaleza del actuar político de Castro en las últimas semanas.

Por más que se quiera defender al régimen cubano, la realidad es que lo que unió a las dos naciones o, mejor dicho, a los dos regímenes políticos, por muchos años, se ha evaporado y todos estos temas y conflictos no son otra cosa que las exequias de un tipo de relación que ya no tenía razón de ser ni posibilidad de sobrevivir. Los dos sistemas políticos compartieron objetivos y estrategias porque ambos tenían serios problemas de legitimidad. Cuba buscaba en México un apoyo legitimador en los foros internacionales, sobre todo frente a la andanada norteamericana en la OEA y en la ONU. México, por su parte, encontró en Cuba a un aliado para evitar que aquí se desarrollaran focos guerrilleros y para darle una fuente de oxígeno y legitimidad a la izquierda mexicana a través de diversos gestos de política exterior. Es decir, Cuba “exentaba” a México de actividades guerrilleras y le daba la oportunidad de que la izquierda mexicana tuviera un tema “suyo” que le diera razones para no confrontar al gobierno, en tanto que México le daba a Cuba legitimidad y apoyo en los foros internacionales, además de ser un canal para la entrada y salida de funcionarios cubanos, un punto de reunión para los cubanos con sus contrapartes latinoamericanas y un conducto para sus exportaciones e importaciones, con frecuencia de materiales sujetos al embargo norteamericano. Los objetivos eran distintos, pero perfectamente compatibles.

El tiempo ha erosionado ese entendido. En una primera instancia, el cambio político en México a lo largo de la última década hace cada vez más innecesario el apoyo político cubano; no es casualidad que las tensiones comenzaran desde el sexenio priísta anterior. Por otro lado, la incertidumbre respecto a la permanencia del régimen cubano, un sistema y un gobierno que es cada vez más anacrónico en el mundo, ha orillado a Castro a tomar posturas que antes resultaban tabú. No hay que olvidar que a pesar de la veda de acciones guerrilleras que tácitamente existía, es conocido que Marcos y compañía fueron entrenados en la isla. Además, en la medida en que la relación se ha deteriorado, Castro ha manipulado a sus apoyos internos con el evidente propósito de favorecer al candidato de su preferencia rumbo al 2006. Por donde uno le busque, el interés nacional de Cuba, o al menos el de su presidente, no coincide con el de los mexicanos que esperan un proceso electoral limpio y transparente.

Vuelvo al tema de fondo: Cuba se ha convertido en un asunto de política interna. Quizá hace veinte años había una coincidencia de propósitos entre los gobiernos mexicanos de entonces y el cubano de siempre. Pero tanto la coincidencia como las reglas implícitas del juego cambiaron en el curso del tiempo. Cuba se ha convertido en un actor central de la política mexicana no sólo por las coincidencias ideológicas (plenamente legítimas) de algunos políticos y partidos en México con el régimen castrista, sino por el enorme despliegue que el gobierno cubano muestra en la política nacional. Más allá de sus redes de espionaje e inteligencia, su verdadera fortaleza reside en las alianzas y lealtades que ha construido a lo largo del tiempo. Para ilustrar basta un botón: hace un año, cuando el gobierno mexicano se aprestaba a decidir sobre su voto en el foro de derechos humanos de la ONU, Castro invitó a cien legisladores mexicanos a la isla. Se trató de un flagrante y evidente desafío de un gobierno a la decisión soberana de otro, con el agravante de que utilizó a sus representantes populares como peones de negociación.

El punto de todo esto es muy simple: uno puede estar de acuerdo o no con el viraje de la política mexicana hacia Cuba o, en general, respecto al abandono de principios que se mantuvieron incólumes por décadas, como el de la no intervención en los asuntos de otros países. Pero de lo que no hay duda es que Cuba se ha vuelto un tema de política interna. Desde esta perspectiva, el gobierno del presidente Fox ha reaccionado de la única manera posible: en contra de un gobierno exterior que insiste en ponerlo contra la pared. La alternativa era convertirse en un lacayo de ese otro régimen.

Dadas las circunstancias y los cambios de la última década, es evidente que tarde o temprano acabaríamos en este lugar. Más allá de diferencias de perspectiva y preferencias políticas, ningún actor político nacional puede ignorar la verdadera naturaleza de la relación y las evidentes diferencias entre ambos sistemas de gobierno en materia de libertades ciudadanas. Y esas libertades en México dan plenamente para que cualquier persona se reúna con cualquiera otra, mexicana o cubana, y el gobierno no tiene legitimidad para reprobar esos contactos. Pero si sería deseable que todos los actores políticos reconocieran que los intereses de México no siempre coinciden con los del comandante Castro y viceversa. Lo que es evidente para él, debería serlo para todos los mexicanos también.

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Luis Rubio

La democracia mexicana está en problemas. Aunque hemos logrado elecciones libres, profesionalmente organizadas y prácticamente indisputadas, el objetivo fundamental de la democracia, lograr tomar decisiones con un alto grado de legitimidad, está lejos de alcanzarse. Desde su origen, la democracia mexicana fue secuestrada por los tres principales partidos políticos, que hacen de las suyas sin lograr progresos significativos para el país. Sus tentáculos no sólo controlan los órganos y procesos de decisión en el poder legislativo, sino que juegan con los partidos de menor tamaño, manipulan la legislación electoral y, sobre todo, ignoran al ciudadano, razón de ser de la democracia. El statu quo actual no garantiza más que estancamiento.

La democracia mexicana enfrenta problemas que tienen que ver con su origen inmediato, pero también con una larga tradición política de corporativismo. Por definición, el corporativismo es la antítesis del liberalismo, cuya esencia reside en la ciudadanía. El corporativismo implica la organización de la sociedad en estancos o, a la mexicana, en sectores (en nuestro caso el obrero, popular, campesino, privado, intelectual, etc.). La organización en estancos niega los derechos personales, confiere poderes especiales, fácticos, a líderes corruptos e impide la negociación de beneficios o derechos a personas, empresas o sindicatos en lo individual. Se trata de un mecanismo de control diseñado para mantener el poder desde arriba. En este sentido, la democracia liberal, que es la que se invoca de manera retórica, no se consuma en la realidad y constituye una afrenta directa al corporativismo de antaño.

La democracia hace (o debe hacer) imposible al corporativismo, toda vez que le confiere derechos directamente al individuo. A través del voto y de los derechos individuales (que nuestra constitución llama garantías), cada ciudadano adquiere la posibilidad de expresarse libremente, postularse para un puesto de elección popular y obtener protección por el posible abuso gubernamental. Bajo un régimen corporativista, al contrario, son las organizaciones las que gozan de la legitimidad de interacción con el gobierno; bajo la democracia esas facultades las adquiere el ciudadano.

Nuestro caso es peculiar, puesto que el régimen constitucional le confiere derechos a los individuos, derechos que sólo hasta ahora, y eso con todas sus limitaciones, comienzan a hacerse efectivos. Sobre ese régimen, que incluye derechos individuales, se montó toda una estructura corporativista anclada parcialmente en la Constitución (a través de artículos como el 123, referente al trabajo y sus formas de organización), pero sin que ésta fuese decididamente corporativista. Es decir, muy a la mexicana, nuestra Carta Magna integró diversas corrientes filosóficas y principios pragmáticos concretos que le dieron algo a cada uno de los grupos e intereses representados en la Asamblea Constituyente.

Por décadas, al amparo del sistema priísta, predominaron los derechos corporativos sobre los individuales. En los últimos años, la democracia ha cobrado forma y fuerza, pero sin haber desplazado del todo al corporativismo. La situación resultante es inestable porque coexisten derechos contradictorios y mecanismos procesales incompatibles (por ejemplo, tribunales especiales) que niegan, de entrada, cualquier derecho individual y la vigencia de la democracia. Pero es quizá en el régimen de partidos donde se aprecia con mayor claridad el fenómeno: en lugar de representar a los ciudadanos y hacer valer sus derechos, los partidos se han convertido en un mecanismo de promoción de intereses cupulares y grupales, así como de mediatización de la ciudadanía. En otras palabras, en lugar de ser el mecanismo a través del cual el ciudadano accede al poder o logra que éste lo represente, los partidos se han convertido en un poder intermedio que ignora y hace irrelevante a la ciudadanía.

Además de nuestro pasado corporativista y del hecho tangible de un sistema político donde los derechos ciudadanos no fueron más que un componente marginal en casi doscientos años de historia, el vuelco hacia la democracia, al menos en un plano retórico, en los últimos dos o tres lustros, no ha venido acompañado del fortalecimiento de los mecanismos y derechos de la ciudadanía. La modificación de la legislación electoral abrió cauces para la expresión de la ciudadanía a través del voto, pero prácticamente nada se ha hecho para afianzar sus derechos en términos de acceso al poder judicial (que sigue mediatizado por el poder ejecutivo tanto a nivel federal como estatal y municipal), para hacer valer el derecho a la libre expresión o para que los partidos sirvan a los ciudadanos y no al revés. En la práctica, hemos ido en sentido contrario: aunque en la retórica se le conceden beneficios a la democracia, en la práctica se ha ido afianzando el yugo de los partidos y de los poderes ejecutivos, sobre todo a nivel estatal y municipal. Para ilustrar, basta ver los conflictos de interés entre las autoridades del poder ejecutivo de Morelos en el caso de sus policías o del Distrito Federal y el ministerio público que comanda, a raíz de los escándalos por los videos. El autoritarismo del gobierno federal de antaño es ahora moneda corriente en los gobiernos locales, todo en detrimento de la ciudadanía.

En suma, la democracia que tanto cacareamos está coja y con riesgo de fracasar. En su camino se han conjuntado todos nuestros vicios: las contradictorias mezcolanzas que caracterizan a nuestro sistema legal (comenzando por la propia Constitución), legislaciones que le siguen confiriendo facultades arbitrarias al gobierno, un régimen partidista que construye entidades impenetrables totalmente impunes e inmunes a la ciudadanía y un sistema corporativista que sigue vivito y coleando, como ilustran diversos sindicatos que siguen haciendo de las suyas con sus propios agremiados y con el régimen electoral.

Pero no menos importante en el panorama de nuestro déficit democrático es que la ciudadanía misma, por más que se rehúsa a ser tratada como rebaño y que reclama sus derechos con inusitada combatividad (como ilustran, en extremo y exceso, los linchamientos de asaltantes en diversas partes del país), sigue sin ser parte de una cultura democrática. Difícil sería esperar que de nuestra historia, del comportamiento de nuestros gobernantes, de los libros de texto y de los abusos y vejaciones que sufre la población de manera cotidiana, surgiera una cultura democrática. Pero eso no hace sino magnificar el tamaño del reto que tenemos frente a nosotros.

Desde hace años observo la manera en que se comporta el mexicano común y corriente en situaciones que son afines con valores democráticos. Dos componentes medulares de la democracia, la competencia limpia y el respeto a los derechos de otros, padecen un profundo déficit en el país. Comencé a darme cuenta de ello en una fiesta infantil hace muchos años. Entonces fui testigo de un juego típico de fiestas infantiles que consistía en que los niños colocaran sus manos atrás e intentaran comerse una jícama atada en un mecate y colocada frente a ellos; como es obvio, el primero en terminar ganaba. El movimiento de las jícamas hacía el concurso aún más divertido. Aunque el juego podría ser idéntico en Inglaterra, en México o en Francia, lo que llamó mi atención fue el comportamiento de los padres, quienes en lugar de dejar que los niños compitieran en igualdad de circunstancias, hicieron hasta lo imposible por favorecer a sus vástagos. Procuraron, primero, colocarlos frente a la jícama que quedaba más baja pero, después, no faltó el padre que incluso dio un golpe al mecate cuando vio en peligro el triunfo de su hijo. Lo peor es que ninguna de estas tácticas pareció impropia al resto de los padres. Se trataba de algo natural.

Nuestra democracia está en problemas porque no estamos haciendo nada para afianzarla, avanzarla y consolidarla. Hay intentos de reversión en todas partes; ni siquiera en el terreno electoral, donde presumiblemente existe un consenso social, se están dejando las cosas bien. Los partidos controlan todos los procesos y cierran la puerta al desarrollo de la ciudadanía, mientras el gobierno duerme el sueño de los justos, suponiendo que todo mejorará por sí mismo.

Es por todo lo anterior que la candidatura ciudadana que ha lanzado Jorge Castañeda tiene una enorme trascendencia. El tiempo, y los votos, dirán si llegará a la presidencia; pero en el plazo inmediato, la existencia de una candidatura por fuera de los canales partidistas y cuyo punto de partida es precisamente el desafío del statu quo imperante, constituye una espléndida oportunidad para que se discutan los temas y contradicciones que plagan y hacen disfuncional y, a la larga, inviable nuestro sistema político.

El planteamiento de Castañeda es simple y directo: la democracia consiste en la competencia abierta entre ciudadanos, pero en nuestro país la ciudadanía no tiene derechos efectivos porque éstos han sido secuestrados por los partidos políticos. A menos de que cambiemos las reglas del juego, dice Castañeda, la democracia mexicana va a fenecer y, con ella, toda la expectativa de que el país avance hacia el desarrollo.

El desafío, como bien ejemplifica el caso de las jícamas, difícilmente podría ser mayor. Pero de lo que no hay duda es que sin un liderazgo efectivo dispuesto a construir un auténtico régimen democrático, éste nunca llegará. Nuestra inacabada modernización económica es la mejor prueba de que todo aquello emprendido a la mitad es fuente de problemas posteriores. Los partidos políticos cuentan con una situación tan privilegiada, producto del financiamiento gubernamental, que no tienen ni el menor incentivo por encabezar la transformación política que el país requiere. No es casualidad que un candidato ciudadano sea quien enarbole esta causa. Se trata de una situación urgente y necesaria. Bienvenida sea la candidatura y ojalá se transforme en una andanada que estremezca al establishment partidista, que bien se lo merece.

Luis Rubio

El que con fuego juega, reza el refrán, acaba quemado. Tal vez en ningún otro tema de actualidad ese dicho sea más cierto que en el del voto de mexicanos residentes en el extranjero. Más allá de los argumentos, por demás sensatos, que reclaman generosidad para reconocer los derechos políticos de quienes tuvieron que salir del país para mantener a sus familias, hay una dimensión que el debate típicamente ha ignorado: el lado norteamericano del asunto.

Ensimismados en su afán por satisfacer a diversos grupos de mexicanos residentes en el extranjero, el gobierno, los legisladores y numerosos analistas, observadores y comentaristas han planteado, con afán, esquemas alternativos para hacer efectivos los derechos políticos de los mexicanos. La lógica de sus propuestas es impecable: los mexicanos, independientemente de donde residan, siguen siendo mexicanos y, por ende, sus derechos políticos no pueden ser vulnerados, el voto entre ellos. Como agravante que acentúa la urgencia de la demanda se argumenta, con no poca verdad, que la abrumadora mayoría de los mexicanos residentes en el exterior tuvieron que salir del país al no existir aquí las condiciones de subsistencia mínima. No sólo eso, estos migrantes son la fuente de cuantiosas transferencias, nada despreciables en términos macro económicos, lo que les hace merecedores de tantos o más derechos que el resto de la ciudadanía.

El argumento es impecable, pero falso. Además, es en buena medida irrelevante. Varios analistas han hecho distinciones entre nacionalidad y ciudadanía para explicar lo falaz del argumento, en tanto que otros introducen el componente de la residencia fiscal de un individuo: el voto debe ser sufragado donde uno paga impuestos pues de esa manera se adquiere un compromiso y un interés por el resultado. Más allá de los argumentos filosóficos y de principios que se han esgrimido, existe toda una gama de planteamientos prácticos que son, en buena medida, la causa por las que el legislativo no ha avanzado en la discusión de cómo hacer operativo el voto de mexicanos en el exterior que la Constitución  ya concede. Entre las dificultades prácticas que se han venido debatiendo destacan algunas obvias como el financiamiento de campañas en y desde el extranjero (donde, por definición, las leyes electorales mexicanas no tienen jurisdicción) o  la administración del proceso electoral, que comienza con la credencialización y termina con el voto depositado en la urna el día de la elección. Se añade a lo anterior la inquietud de los partidos por conocer quién se beneficiaría del voto de los mexicanos en Estados Unidos: ¿serán priístas o perredistas, panistas o independientes? Parece obvio que no es tan fácil resolver estas complejidades como se pretendía en un primer momento.

Pero la discusión sobre quién es mexicano para fines del derecho al voto resulta en buena medida irrelevante cuando se contempla la dimensión estadounidense del asunto. Este aspecto ha sido ignorado por completo en el debate mexicano, pero no es un problema menor. Antes de entrar en materia, me gustaría pedirle al lector que medite por un instante lo que pensaríamos los mexicanos si tres millones de guatemaltecos (por no decir chinos), residentes en Chiapas, comienzan a exigir sus derechos políticos como ciudadanos guatemaltecos, demandan que las escuelas en México eduquen a sus hijos con libros de texto de su país y toman partido por sus equipos de fútbol cuando se enfrentan en la cancha la selección nacional y la guatemalteca. Obviamente se trata de una ficción, pero para los estadounidenses no hay ficción alguna en el tema.

La pregunta por demás obvia es qué opinan los estadounidenses acerca de la posibilidad de dar voto en elecciones mexicanas a los connacionales que viven en su país. Un escenario nada excesivo pinta la escena de manera integral: millones de residentes estadounidenses, muchos de ellos ciudadanos de aquel país, son movilizados, participan en actos de campaña, reciben a candidatos a la presidencia de otro país y discuten temas que no le atañen a ninguno de sus vecinos por tratarse de política interna de otra nación. Es decir, una campaña en forma, con anuncios en radio y televisión, debates públicos, actos partidistas, visitas de candidatos presidenciales de otro país en las principales ciudades, todo ello como parte de una elección que nada tiene que ver con Estados Unidos y, sin embargo, se pelea en sus calles. Se trata de un tema explosivo, mucho más allá de lo que uno pudiera imaginar a primera vista.

Para muestra de lo anterior baste un botón. Recientemente se publicó en la forma de artículo un adelanto del libro de Samuel Huntington, el conocido politólogo norteamericano, bajo el título “El Desafío Hispano”. Las primeras reacciones al artículo han sido de rechazo sin miramientos; poco faltó para que algunos lo calificaran de racista y lo lincharan en la plaza pública. Y, ciertamente, el artículo es criticable en más de un sentido, pero por cavernarias que pudieran parecer algunas de sus argumentaciones, no dejan de reflejar las percepciones de muchos estadounidenses. Si uno lee el artículo a la luz del debate sobre el voto de mexicanos en el extranjero, la visión de Huntington resulta ser menos visceral y adquiere al menos un contexto que la explica.

El planteamiento del académico es muy simple: la migración hacia Estados Unidos de personas de origen hispano, y particularmente de mexicanos, es totalmente distinta a las diásporas que desde hace siglos han llegado a nuestro vecino país. Si bien EUA es una nación de inmigrantes, señala Huntington, en la mayoría de los casos esos migrantes rompieron sus vínculos con sus lugares de origen y eso les obligó a integrarse en la sociedad norteamericana. La diversidad de idiomas que los caracterizaba les obligó a adoptar el inglés como lengua común y la necesidad de integrarse a la vida del nuevo país, les llevó a hacerlo suyo y a compartir la cultura y valores predominantes. En el curso de dos o tres generaciones, los migrantes europeos de los siglos XIX y XX se hicieron norteamericanos y nunca pretendieron mantener vínculos políticos (e incluso lingüísticos) con sus lugares de origen. El gran éxito de la política migratoria estadounidense a lo largo de casi dos siglos, según Huntington, fue la asimilación total de los inmigrantes en el gran común denominador (melting pot) estadounidense. Para Huntington la gran diferencia entre los mexicanos y los inmigrantes que les precedieron reside en que esa asimilación no se está dando.

Huntington añade que el impacto de la migración mexicana hacia Estados Unidos es brutal y que puede acabar desmantelando la estructura política de aquel país. En descargo de su argumentación, analiza las tendencias demográficas en diversas regiones de EUA, muestra cómo el español se está volviendo la lengua dominante en el sistema educativo de vastas regiones, critica el comportamiento del público asistente a partidos de fútbol en los que se abuchea el himno estadounidense cuando éste se entona, especula sobre las percepciones que sobre la ley, las instituciones y el Estado de derecho puede tener una persona cuyo estatuto es justamente la ilegalidad y, en suma, duda de la posibilidad de que esta migración, sobre todo por la enormidad de sus números y la cercanía a su país de origen, pueda o quiera llegar a asimilarse como lo hicieron los anglosajones, los irlandeses, los alemanes y los suecos en otro tiempo. Lo que Huntington más enfatiza son las enormes diferencias de la tercera y cuarta generación de hispanos en Estados Unidos con el resto de los estadounidenses en cuanto al uso del idioma, el desempeño educativo, los matrimonios mixtos y situación socioeconómica. Uno puede estar de acuerdo o no con esta visión, pero de lo que no hay duda es que su planteamiento es prácticamente indistinguible del que hacen quienes se preocupan por la pérdida de identidad en México.

Desde la perspectiva que Huntington adopta, el gran riesgo para Estado Unidos es que esa masa de hispanos nunca se asimile y, lo que es peor, termine por erosionar las instituciones norteamericanas. Aunque en algunos momentos los excesos de su visión son palpables (por ejemplo, cuando critica el deseo de una familia por cultivar en sus hijos el conocimiento de otro idioma) y tan absurdos como suponer que el número de mexicanos residentes allá reclamará, el algún momento, la devolución a México de los territorios perdidos en la guerra de 1847, otras aseveraciones de Huntington no pueden ignorarse. Su punto es que hay un problema real en la sociedad norteamericana porque una porción creciente de su población no comparte los valores de la mayoría, tiene lealtades a su país de origen y no muestra la menor intención de asimilarse al país que le ha dado oportunidades excepcionales.

Si uno analiza el debate en torno al voto de los mexicanos en Estados Unidos a la luz de los conceptos y argumentos de Huntington, el panorama se torna por demás complejo. Si ya de por sí se critica a muchos mexicanos residentes allá por sus dobles lealtades, lo único que falta es que comience a darse un espectáculo electoral de un tercer país dentro de su territorio.

Obviamente, tenemos un problema con los mexicanos residentes en el exterior porque, a final de cuentas, fue nuestra realidad, más que su voluntad, la que los expulsó del país. Además, no es un dato menor el monto de las transferencias de mexicanos residentes en el exterior hacia sus familias en el país (14 mil millones de dólares en 2003). Los números son espectaculares y se han convertido en un factor crítico para la estabilidad económica –y, sobre todo, social- del país. Pero la solución a este problema no puede ser invadir los derechos políticos del resto de los norteamericanos. No podemos ignorar el hecho de que la visión desde allá es muy distinta a la de aquí. Quizá valdría la pena pensar en la situación inversa: qué ocurriría si el 10% o 15% de la población residente en México, población que crece al doble de velocidad que el resto, comienza a demandar derechos en un tercer país. Eso es lo que hace Huntington y el panorama que pinta no es halagador allá y lo sería mucho menos acá.

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