Luis Rubio

Regulador capturado, ombudsman descarriado, ya lo compraron, se deschavetó, árbitro vendido. No importa el ámbito del que hablemos, los mexicanos no tenemos mucho respeto por la autoridad ni identificamos a la independencia como un valor en sí. Cuando un tribunal resuelve de manera que satisface a una parte, el juicio es imparcial y el juez alcanza la categoría de santo; si ocurre lo contrario, el juez es un imbécil corrupto. Lo mismo aplica para las entidades reguladoras que se han construido en los últimos años: desde el IFE hasta la COFETEL. Claramente, el país enfrenta un serio problema tanto de percepción como de realidad: ¿será que la independencia, factor medular para el funcionamiento institucional de una sociedad, nos es ajena e imposible?

La pregunta no es ociosa. Los problemas de corrupción son ancestrales y no se corrigen con el tiempo. En tiempos recientes han ocurrido dos cosas contradictorias al respecto: por un lado, se han creado toda clase de entidades ciudadanas o independientes orientadas a crear mecanismos transexenales que le confieran certidumbre a procesos sociales tan fundamentales como los electorales, la transparencia en las decisiones públicas y la regulación de sectores económicos particulares, como las telecomunicaciones y la energía. La idea que sustenta la creación de estas entidades es colocar a un grupo de personas competentes y bien pagadas en un espacio de libertad e independencia que les permita decidir objetivamente, con plena neutralidad, sobre asuntos clave para el desarrollo del país. Todas las naciones desarrolladas muestran gran riqueza institucional a partir de este tipo de mecanismos.

Pero en paralelo a la creación de estas entidades ha ocurrido otra situación: la sospecha de abuso o parcialidad por parte de los individuos nombrados para esas tareas y, no menos importante, la amenaza del poder legislativo de penalizarlos o removerlos simplemente por no responder ante sus demandas. En el momento actual, por ejemplo, pende una espada de Damocles tanto sobre el IFE como sobre la Suprema Corte por no alinearse a las expectativas precisas de los legisladores.

Volviendo a la pregunta inicial, el problema de la independencia de las personas en el país es por demás serio. Parte del problema es sin duda cultural: los europeos o estadounidenses no tienen dificultad alguna para separar la vida personal de su desempeño profesional, mientras que los mexicanos tendemos a mezclar las dos cosas. Un inglés puede, en calidad de juez, resolver en contra de su amigo y eso no es percibido como un acto de deslealtad. En México, hasta un acusado sorprendido en flagrancia espera que su cuate lo saque del tambo: es su responsabilidad de amigo. Desde esta perspectiva, no es sorprendente que la percepción generalizada sea la de los arreglos, en lo obscurito, entre reguladores o jueces y las partes interesadas.

Pero el problema es más que cultural. La estructura del poder en México hace casi imposible la independencia de un juez o funcionario; cuando están de por medio los intereses de alguien poderoso, las instituciones –igual las leyes que las entidades– acaban siendo tremendamente vulnerables a la presión. La concentración del poder en términos de ingreso, poder y riqueza, en general, es dramáticamente distinta a la de los países europeos y crea un entorno muy distinto para el funcionamiento de entidades concebidas para ser independientes y para las personas que ahí deben funcionar.

El problema no es sólo institucional, pues se reproduce a escala de las personas. Aun cuando una persona sea absolutamente impecable en sus valores éticos e incluso en su situación financiera, no es fácil, y quizá sea imposible, ser independiente a menos que esa persona adopte su mandato como una misión y esté dispuesta, casi literalmente, a morir por su ideal, sin importarle las consecuencias personales o familiares de participar en la toma de decisiones que afectarán intereses dispuestos a emplear cualquiera de sus instrumentos –presión, amenaza, violencia, chantaje, etcétera– para hacerlos valer.

Sin duda, la independencia depende del perfil psicológico y la profundidad de las convicciones del funcionario, pero nadie es inmune a presiones. Aunque la independencia ciertamente es posible, es igualmente probable que una persona con convicciones profundas y un sentido de misión se desbarranque no porque se deje capturar, sino porque ese tipo de convicciones en ocasiones son equiparables a ignorancia: el dogmatismo o el fanatismo son igual de perniciosos que la captura o la corrupción, pues no resuelven la independencia ni mejoran la realidad.

A diferencia de un servidor público o ciudadano estadounidense o europeo que ve en un nombramiento de esa naturaleza una oportunidad de desarrollo profesional dentro de una institución que le ayudará a preservar su independencia, el equivalente mexicano –una persona proba que ve en un empleo en una entidad regulatoria la oportunidad de desarrollarse– automáticamente está en una situación de dependencia psicológica respecto al poder, sea éste el presidencial o los llamados poderes “fácticos”.

En el viejo sistema político, la presidencia era todopoderosa y creó la cultura de dependencia que persiste, aunque haya cambiado de forma. Las fuentes de poder se han multiplicado, pero las formas de ejercerlo no han cambiado un ápice. Para muestra un botón: el año pasado pudimos observar la forma en que las televisoras literalmente destruyeron a poderosos empresarios ante la posibilidad de que se creara una nueva cadena televisiva mientras la autoridad regulatoria ni se dio por aludida.

La concentración del poder crea un entorno de dependencia y la sociedad no premia la independencia, por lo que la propensión a alinearse con el poderoso es generalmente irresistible. El fenómeno se reproduce en todos los ámbitos, públicos y privados, y afecta todos los rincones de la vida nacional. Lo peor es que no resulta tan obvio cómo encontrarle la cuadratura a este círculo vicioso.

No hay soluciones fáciles para el dilema que enfrentamos: se requiere de la independencia, pero ésta es sumamente difícil de afianzar en nuestro contexto. En algunos casos se ha “pedido prestada” bajo la forma de instituciones supranacionales (como el TLC o los supervisores bancarios donde se localizan las matrices de los bancos mexicanos). La ventaja de una persona o entidad extranjera es que desaparece la capacidad de presión sobre ellas. Además de que no es una solución perfecta, revela lo escabroso del camino que nos falta por recorrer.

Luis Rubio

La reconstrucción del viejo poder presidencial bien podría estar en marcha. Esto no debería ser sorprendente dada nuestra historia, pero lo peculiar del momento es la forma en que toda clase de personajes e intereses se conjuntaron para restaurarle facultades discrecionales al gobierno federal lo que, en el extremo, podría minar el enclenque proceso de construcción democrática. El móvil es la llamada Ley Televisa, pero si el fenómeno se generaliza tendrá repercusiones mucho más grandes de lo que esta coalición implícita supone.

La esencia del viejo presidencialismo residía en la capacidad del factotum político para actuar discrecionalmente. Con todas sus fallas, ese poder presidencial no era absoluto: existían contrapesos, si bien informales, que impedían los peores extremos. Aunque dichos mecanismos no tenían la fuerza que los pesos y contrapesos institucionalizados suelen manifestar en un régimen democrático bien arraigado, evitaron o, quizá más propiamente, compensaron y limitaron los peores excesos que la arbitrariedad del sistema permitía al presidente.

El movimiento democrático que poco a poco se fue conformando fue en buena medida una reacción a los abusos creados por ese sistema en distintos momentos de su historia. Para unos, sobre todo las organizaciones de izquierda, el momento definitorio, el que gestó la ruptura con el gobierno y las transformó en una fuerza política capaz de competir en un contexto democrático, fue 1968. Otros reaccionaron contra el populismo echeverrista y sus excesos. Unos más explican el punto de inflexión con las crisis económicas inauguradas a partir de la devaluación de 1976. Otro sector de la sociedad, variopinto por naturaleza, reconoce el momento decisivo en la expropiación de los bancos de 1982. La crisis del 95 dio el tiro de gracia al viejo sistema, abriendo la puerta para una elección democrática que aglutinó a un amplio sector de la población tras partidos distintos al PRI.

Desafortunadamente, la incipiente democracia mexicana no vino acompañada de las herramientas institucionales idóneas para que pudiera prosperar de inmediato. Quizá esto era inevitable dadas las circunstancias concretas, sobre todo la ausencia de un gran acuerdo político en torno a la construcción de un proyecto democrático. Sin embargo, lo importante para fines prácticos es que en 2000 tuvimos la primera transición pacífica del poder con un presidente de un partido distinto al PRI, pero sin un esquema de pesos y contrapesos que lo hiciera funcionar. Esta circunstancia, a la que debe sumarse la incompetencia del presidente y su equipo, gestaron un gobierno débil que no entendió el momento histórico ni tuvo la capacidad de articular un cambio institucional compatible con la democracia.

La combinación de expectativas exacerbadas con un gobierno volcado hacia la mercadotecnia abstracta y sin capacidad de arrojar resultado concreto alguno, creó el caldo de cultivo que hizo posible la construcción de una gran coalición de fuerzas disímbolas, todas las cuales lograron que esta semana se reiniciara, al menos en algunos rubros, la potencial reconstrucción del viejo presidencialismo. No es que quienes se unieron para vencer la famosa Ley Televisa compartieran un objetivo común ni que lo hubieran acordado de antemano. Además, muchos de sus argumentos son por demás justificados: la ley que había votado el legislativo ameritaba serias correcciones, sobre todo las relativas a la competencia (o su ausencia) en el sector y a la debilidad del regulador. Sin embargo, lo observado esta semana en el foro abierto de la Suprema Corte, sugiere que la recomposición de las fuerzas estadólatras en el país está en marcha. Ahí están  los buscadores del poder, los críticos de los llamados poderes fácticos, los enemigos de las televisoras, los ardidos por el maltrato de los medios y, sobre todo, quienes detentan o esperan detentar el poder presidencial.

Cada uno por sus propias razones, el proceso de revisión constitucional se convirtió en un circo mediático. Si bien la Corte es por definición un cuerpo político, su esencia es la de erigirse como un poder distante, no sujeto a los ciclos electorales de los otros dos poderes. Así, su fortaleza reside precisamente en guardar distancia, debatir dentro de un foro privilegiado y ser inmune a las presiones típicas que los políticos electos sufren día y noche. Ante esto, el foro público en que se debatió la Ley Televisa erosionó la principal virtud de nuestra división de poderes, creando incentivos para que sus miembros se vieran sometidos a presiones y predicaran ante el coro de estadólatras. La Corte recibió muchos aplausos esta semana pero no es obvio que tenga de que sentirse halagada.

No hay duda que esta coalición pro estatal logró derrotar una legislación que a muchos había molestado por la forma o por el fondo y lo hizo empleando los instrumentos de la democracia y la nueva libertad de que gozamos los ciudadanos. Al mismo tiempo, no es posible ignorar  ni minimizar la censura que ejercieron diversos medios de comunicación a quienes disentían de sus posturas e intereses, ni mucho menos dejar de resaltar la flagrante intimidación que los medios electrónicos intentaron de manera ilegítima (y que, en un régimen democrático, debería ser ilegal) para coaccionar tanto a los críticos como a la Corte.

Frente a eso, la Corte acabó transformada en un foro legislativo, lo que la expone a perder sus facultades de revisión constitucional en la próxima reforma del Estado. Si bien los concesionarios de los medios exageran su vulnerabilidad dado que la mayoría de sus concesiones tienen largos plazos de vigencia, el riesgo es que se acabe dándole al traste a los incipientes pesos y contrapesos que se construyeron en los últimos años, además de abrir la caja de Pandora para todo el régimen de concesiones que, dadas las limitaciones constitucionales a la propiedad privada, se había convertido en el mecanismo natural para el desarrollo de sectores enteros (incluyendo carreteras, electricidad, minería y bosques). Evidentemente, toda concesión debe poder ser revocada (para eso hay causales en la ley) y, en el caso de las telecomunicaciones, no es posible que el espectro, que sufre modificaciones a diario por el cambio tecnológico, permanezca incólume en poder de los concesionarios existentes. Pero el riesgo es que volvamos a un régimen tan discrecional que acabe siendo arbitrario.

Los poderes fácticos de las comunicaciones fueron derrotados. Tendremos que ver ahora si esta coalición políticamente correcta no acaba por erosionar la incipiente democracia.

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Luis Rubio

¿Tendremos capacidad para aprender? La pregunta parecería ociosa, si no es que insultante, de no ser por la evidencia acumulada. Nos encontramos discutiendo temas centrales para el futuro del país y existe disposición en todos los niveles del gobierno para encarar las discusiones relevantes, formular opciones y aprobar leyes. La disposición de actuar parece estar ahí; menos claro es que exista una similar disposición a aprender de nuestros errores y de las lecciones que arrojan otras naciones.

Hace unas semanas tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Francia. Además del interés específico que pudiera tener el acontecimiento en sí, los procesos políticos franceses tienen especial relevancia para México porque mucho del contenido de las diversas propuestas de reforma política o del Estado que se han discutido a lo largo de los años, se inspiran en lo que allá ocurre. Independientemente de la validez del caso francés para nuestra realidad política, propuestas como la de implantar un régimen político semiparlamentario, un sistema electoral de dos vueltas y la estatización del financiamiento de las campañas, tienen su origen en el sistema político francés y por eso reclaman ser observadas con detenimiento.

Se puede cambiar mucho, pero eso no garantiza un mejor gobierno. Con frecuencia se cita la famosa afirmación de Churchill la democracia es el peor de los sistemas políticos, con excepción de todos los demás. A juzgar por la manera en que funcionan algunas democracias, uno debería repensar la primera parte de la célebre frase: el hecho de que la democracia puede ser un pésimo sistema de gobierno. En su mínima expresión, la democracia permite que sea el voto ciudadano el que determine quién gobernará. Sin embargo, el ciudadano en México no cuenta con medios para influir sobre la forma de gobierno o su estructura de representación.

En México hemos logrado avances mayúsculos en materia electoral, pero no así en la calidad del gobierno. Desde esta perspectiva, es altamente probable que la mayoría de las propuestas de reforma institucional que se han presentado a lo largo de los años no contribuirían a mejorar la calidad del gobierno en el país y por eso deben ser estudiadas con detenimiento.

En un país de largo arraigo presidencialista (que se remonta al Tlatoani, la colonia y el sistema romano) es difícil imaginar una presidencia trunca o manca, lo que no equivale a abogar por una presidencia todopoderosa o irresponsable de sus actos. El régimen francés evolucionó a lo largo de más de un siglo, en sus circunstancias, hasta alcanzar la forma que hoy tiene; el régimen democrático mexicano tendrá que evolucionar, esperamos que con mayor celeridad, pero de acuerdo a sus propios mecanismos y circunstancias. De igual forma, si la relación entre legitimidad y segunda vuelta electoral no está garantizada en el país que la hizo famosa, mucho menos lo será en países como el nuestro donde no hemos resuelto los problemas mas básicos de legitimidad del poder. Así que tres o cuatro vueltas tampoco resolverían el problema.

Los meses que vienen serán tiempos de arduas negociaciones. En la mesa estarán los dos grandes proyectos que animan a nuestros políticos: para unos la redefinición de las relaciones políticas, para otros el financiamiento del gobierno. Es posible que ambos proyectos avancen de manera paralela. El ejecutivo tal vez ceda en materia político-institucional a cambio de que el legislativo lo haga en materia fiscal, pero más allá de la mecánica de las negociaciones, lo que estará en juego serán las relaciones de poder en la sociedad mexicana.

En los proyectos que se han esbozado, hay una clara búsqueda de acotar el poder presidencial (a través, por ejemplo, de la ratificación por parte del legislativo de algunas carteras del ejecutivo), pero también hay propuestas en el otro sentido: las que pretenden fortalecer más al propio ejecutivo en sus negociaciones con el congreso, tal es el caso de la propuesta de alternativa ficta (o ley guillotina) que obligaría al congreso a responder ante las iniciativas de ley del presidente en un plazo perentorio. Es decir, estamos ante la posibilidad de que comience un proceso de negociaciones serias y constructivas.

El gran enemigo en un proceso de negociación de esta naturaleza no son los intereses de las partes implicadas, sino la mitología que los acompaña, la moralina que les da vida propia. Es perfectamente lógico y natural que cada partido o grupo social tenga intereses propios, muchos de ellos claramente distintivos y contrastantes del resto. La política es el terreno donde se confrontan y dirimen esos intereses e, idealmente, se construyen las formas que, sin negar ni minar la legitimidad de los involucrados, pretenden dar una salida constructiva al conjunto. Cuando esas formas responden a la realidad política, las instituciones resultantes permitirán resolver los problemas de una sociedad y facilitarán la toma de decisiones en el gobierno y con sus contrapartes. Evidentemente, mucho tenemos por avanzar en esta materia pero ello se conseguirá sólo gracias a tres circunstancias: a) disposición a aprender de nuestra experiencia y las de otros; b) honestidad para reconocer y distinguir entre intereses y mitos, sean voluntarios o no; y c) involucramiento de la ciudadanía como eje central.

En el último par de meses hemos podido atestiguar, no sin rubor y estupefacción, la forma tan vil en que se ha intentado imponer una manera de pensar y ser como si ésta fuera universal. De ello son culpables todas las partes. Igual si se trata de la discusión sobre el aborto que sobre los bioenergéticos o Zongolica (tres ejemplos obvios pero no únicos), persiste la reivindicación de una sola moral pública sobre temas en los que inevitablemente hay perspectivas distintas. La aparente necesidad de imponer una moral sobre la forma de pensar individual o grupal (circunstancia que se aprecia en los polos de prácticamente todas las discusiones públicas de hoy), no conduce más que a la radicalización y a la búsqueda inmediata de la revancha. Cada quien construye sus mitos y de ahí no sale.

Nuestra política es más una discusión sobre mitos que sobre esencias. Pero los temas de la agenda pública venidera son demasiado importantes para extraviarlos en un mar de disputas ideológicas. Nuestra atención debiera centrarse en el plano de los imperativos que el país enfrenta en materia de empleos y pobreza, capacidad de decisión gubernamental y competitividad. Valdría la pena otear al panorama de las últimas semanas para identificar lo que no debería repetirse.

Luis Rubio

Toda acción genera una reacción, decía el profesor Newton. Si eso es cierto en la física, nada diferente ocurre en política. La llamada “ley Televisa”, promovida en el momento más intenso de las campañas electorales, ha sufrido un enorme descalabro. No era para menos: independientemente de los cargos y argumentos que esgrimen defensores y detractores, no hay duda que muchos políticos se sintieron extorsionados por las circunstancias y condiciones en que la ley les fue prácticamente impuesta. Ahora, en un momento políticamente menos álgido, viene la revancha.

Una gran lección se desprende de todo esto. Los abusos (reales o percibidos) tarde o temprano se pagan. Las alianzas, formales o informales, funcionan mientras las partes perciben beneficios y los políticos saben que cambiar de caballos a la mitad del río es por demás peligroso. En el caso de los medios, los partidos y candidatos establecieron vínculos de interés tanto con los directivos de los medios como con sus locutores y no podían darse el lujo de modificarlos en medio del proceso electoral. Desde su perspectiva, cualquier oposición a la iniciativa de ley en materia de medios representaba el suicidio. La forma en que se presentó dicha iniciativa puso a los partidos y candidatos contra la pared, toda vez que les exigió una definición justo en su momento de mayor vulnerabilidad. Peor cuando el impulso más fuerte a favor de la ley venía de la casa presidencial.

A mí me tocó observar, más cerca o más lejos, la forma en que políticos de primerísima línea en los tres principales partidos y campañas se convulsionaban por lo que sentían como una imposición de las empresas de medios y telefonía. Al mismo tiempo, se sentían entre la espada y la pared: en medio de la vorágine electoral, su percepción de riesgo era monumental. Arremeter contra los medios a días de la elección era suicida; apoyar (o no objetar) la ley era ignominioso. Al final, con mayor o menor pataleo, los tres candidatos apechugaron, no por gusto sino por falta de opciones. En ese contexto, la resaca no podía tardar demasiado.

Lo interesante del caso es que la ley aprobada no necesariamente es tan mala como argumentan sus detractores. Como toda ley, algunos de sus contenidos son más atractivos que otros. Con mucho, el mayor de sus vicios es que disminuye, si no es que ahoga, la competencia en el sector, dejando a los jugadores que ya están en el mercado con ventajas prácticamente insuperables frente a cualquier potencial competidor. Tampoco ataca, y esto es patético, los problemas más fundamentales del sector de las comunicaciones en general: la falta de un órgano regulador verdaderamente independiente que no pueda ser capturado por los intereses ahí involucrados. Pero, a decir verdad, ninguno de esos vicios es nuevo. La ley sólo consagra la realidad imperante.

Es inherente a la naturaleza humana y a la vida política que un interés particular –igual un partido que una empresa, una ONG o un sindicato– promueva una ley que le beneficie. Todos los seres humanos actuamos de esa manera en nuestro paso por la vida. Igual de natural es que otros grupos e intereses se opongan e intenten modificar o derrotar las iniciativas que perciben perjudiciales a sus intereses personales o por una concepción superior, más amplia del deber ser.

De la misma forma, es natural que una ley en materia de medios, en estos momentos en pleno proceso de revisión constitucional y política, levante chispas. Los intereses involucrados son enormes y el cambio tecnológico incontenible, lo que entraña modificaciones potencialmente radicales en las fortalezas relativas de los distintos jugadores. No menos importantes son las distintas concepciones de la democracia promovidas por los medios, así como la manera en que se puede ampliar o disminuir la competencia política o elevar el nivel de la participación ciudadana. Todos estos factores han retrotraído la ley en la materia de medios al plano de la discusión política y la determinación de la Suprema Corte.

En todo este asunto es factible apreciar la forma en que han evolucionado nuestros procesos políticos. Antes las leyes se modificaban y aprobaban por orden superior y no había poder humano capaz de contenerlo. Evidentemente, no todas las leyes aprobadas en el viejo régimen tenían viabilidad, por lo que la manera mexicana de resolver los entuertos sin confrontar al gran legislador era muy simple: no se aplicaban. El problema es que esa manera de proceder creaba una permanente inseguridad jurídica. Muchas de nuestras leyes son inadecuadas, no se aplican o permanecen ahí hasta que alguien las quiere explorar; sin embargo, cuando aparece un tema en el que convergen tantas discrepancias y contradicciones como los medios, el incentivo y los recursos para cambiarlos son muchos. En el caso de los medios hubo pataleo y discusión, pero la ley se aprobó tal y como se había presentado originalmente. Meses después vendría la revancha.

La lección que se deriva de este caso es que los procesos legislativos en el país han dejado de ser meramente legislativos para convertirse en sociales y políticos; esto significa que quienes promueven iniciativas de ley ahora deben lidiar con una sociedad participativa y argumentativa. Igualmente, ahora es evidente la capacidad de presión, incluyendo mecanismos implícitos de extorsión, que han puesto en práctica distintas instancias, agrupaciones y personas en la vida pública para hacer valer su opinión, perspectiva o intereses. Si bien las empresas, partidos y sindicatos tienen gran capacidad de interlocución para articular sus posturas dentro de las instancias legislativas y judiciales (por ejemplo, los medios de comunicación cuentan con el instrumental más formidable para ejercer presión y hacer valer sus preferencias, algo que la ley no regula), este proceso demostró que el devenir de las leyes ya no es como antes. Lo que es más, la “ley Televisa” ilustra cómo las iniciativas calificadas de abusivas o excesivas (o que acaban pareciéndolo) generan tal urticaria que eventualmente acaban revirtiéndose.

Nada garantiza que la manera como finalmente se resuelva la ley en cuestión satisfaga a los promotores de la ley o a sus críticos y detractores, pero no hay duda que el nuevo proceso político-judicial habrá dado espacios a todas las partes. No pequemos, sin embargo, por exceso de confianza: mientras que antes la inseguridad jurídica provenía del estado de ánimo del poderoso, hoy corremos el riesgo de modificar una ley cada vez que sople un nuevo viento, lo cual no deja de ser tan generador de incertidumbres como en el pasado.

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Luis Rubio

Tienen razón los sindicatos que han estado protestando. Efectivamente, con la nueva Ley del ISSSTE, las reglas del juego cambiaron para los poderosos gremios del sector público. El cambio en la estructura y administración de las pensiones altera el pacto social que, explícita o implícitamente, guardaba el gobierno con sus aliados históricos. Y la respuesta ha sido reveladora: recuerda un tanto la forma en que el PRI encaró su derrota en 2000, con absoluta perplejidad, sin capacidad de comprender que el mundo a su derredor había cambiado.

El ajuste que experimenta el sector público en materia de pensiones es parte del proceso de ajuste de la sociedad mexicana al mundo de la competencia política y de la globalización en lo económico pero, sobre todo, exige una necesaria dosis de sensatez que mucha falta le hace al país, aun cuando ello signifique convencer a muchos sindicalistas furibundos. Porque, a final de cuentas, en ese ajuste nos jugamos la capacidad del país para enfrentar exitosamente el futuro.

Aunque no afecta a ningún agremiado actual, el cambio en el régimen de pensiones era necesario e impostergable. Los argumentos financieros se han esgrimido hasta el cansancio, pero no por eso podemos socavarlos. Las pensiones comenzaban a erosionar el presupuesto gubernamental a un ritmo tan acelerado que era sólo cuestión de tiempo para que desplazaran el resto del gasto público. Entre 2000 y 2006, ese gasto creció 400% y así seguirá ascendiendo por décadas. La razón de lo anterior es muy simple: la gente vive más, los empleados públicos tienden a retirarse muy jóvenes y la tasa de crecimiento poblacional ha venido disminuyendo de manera sistemática. Hace ochenta años, cuando las instituciones de seguridad social comenzaron a edificarse, la población era fundamentalmente joven, los viejos eran pocos y las contribuciones de los primeros permitían jubilar sin problema a los segundos. Las circunstancias de hoy no guardan semejanza con ese panorama y por eso era imprescindible el ajuste.

Pero no obstante la contundencia lógica de este razonamiento, los sindicatos sólo entienden de sus reclamos: creen que se les prometió una cosa y están recibiendo otra. Ciertamente, es falaz el planteamiento sindical, toda vez que no se está conculcando derecho alguno a los trabajadores de hoy; sólo se cambiaron las reglas para los trabajadores futuros. Pero lo que yace detrás del reclamo sindical es más profundo: la protesta no radica en que los sucesores de los actuales sindicalistas vayan a tener prestaciones distintas a las suyas, sino en cómo el gobierno cambia su relación con los sindicatos a raíz de la ley. Es esa transformación la que anima las protestas.

Las protestas son patéticas por su total ausencia de realismo. Acostumbrados a los mimos, los trabajadores del sector público no pueden imaginar un escenario con reglas del juego distintas. Que le pregunten al PRI: de ser el dueño del establecimiento, pasó a ser un comensal más en el ruidoso entorno político. Que le pregunten al industrial cuya motivación principal era convencer (o corromper) al burócrata para poder vender sus productos sin considerar en lo más mínimo el interés del consumidor; el mismo industrial que, en los últimos años, ha tenido que aprender a competir con los mejores fabricantes chinos, franceses o brasileños. Que le pregunten al comerciante habituado a los mercados cautivos, ahora enfrentado con supermercados eficientes con una oferta de mejores productos a precios menores. Todo el país ha mostrado capacidad de adaptación, excepto los sindicatos. Ya es hora.

El ajuste que el país experimenta es complejo y en muchos casos doloroso. No es fácil aprender a competir (igual en las manufacturas que en las elecciones) ni es sencillo desarrollar habilidades nuevas. Tampoco es fácil aceptar que muchas de las ventajas del pasado eran, en realidad, privilegios excepcionales, desconocidos en otras latitudes. Los políticos priístas se habían acostumbrado a explotar al país como si fuera su hacienda particular, al igual que los industriales adulaban a la burocracia en lugar de reducir los costos o elevar la calidad de sus productos. Ambos (como tantos otros) han tenido que ajustarse a una realidad cambiante.

Los priístas quedaron pasmados luego del histórico 2 de julio de 2000. Les tomó tiempo comprender, sobre todo aceptar, la nueva realidad política del país. Fue realmente hasta estos últimos meses en que la derrota se convirtió en ventaja estratégica; quizá en los próximos años demuestren que pueden igualmente crear una capacidad competitiva a nivel electoral en un entorno con reglas iguales para todos. Lo mismo puede afirmarse del sector empresarial, cuyo ajuste no ha sido nada fácil, pero increíblemente exitoso en un sinnúmero de casos.

El sindicalismo del sector productivo se ha ajustado tanto como las empresas. Aunque nunca gozaron de tantos privilegios como los del SME o el STPRM, por citar dos casos extremos, los sindicatos de empresa contaban con privilegios y condiciones de trabajo mucho más relajadas y generosas que sus pares en otros países (eso independientemente de cómo se distribuyeran los beneficios entre líderes y trabajadores, asunto de otro costal). La competencia ha forzado a todos esos sindicatos a ajustarse en paralelo con las empresas, pues la alternativa hubiera sido la quiebra. Hay numerosos ejemplos de sindicatos duros y militantes (en el sector automotriz por ejemplo) que han tenido la capacidad y visión, pero sobre todo las agallas, para reconocer los cambios mundiales y la obligada transformación que ellos debían experimentar. No ocurrió así con el sindicalismo público. Ahí la fiesta continúa.

Vuelvo al principio: no cabe la menor duda que el viejo pacto político ha cambiado. El gobierno ya no puede sufragar beneficios y privilegios financieramente insostenibles, sobre todo dada la extraordinariamente baja productividad de nuestra economía. Las reglas cambiaron y los sindicatos necesitan adaptarse. Sin embargo, a juzgar por la forma en que se han venido conduciendo, el pataleo seguirá por un buen rato.

Hace algunas décadas, un estudioso del poder, F.W. Frey, acuñó una frase que viene como anillo al dedo tras las protestas sindicales recientes: Para qué hacer que las cosas sean difíciles cuando, con un poco más de esfuerzo, las podemos hacer imposibles (Comment: on Issues and Nonissues in the Study of Power, APSR 65, 1081-1101). ¿Los sindicatos buscan hacer menos difícil el ajuste o, en aras de preservar sus privilegios, pretenden condenar al país al subdesarrollo?

Luis Rubio

¿Existen límites a la transparencia? ¿Debería haberlos? Discutir estas disyuntivas en la era de la apertura democrática podría parecer excesivo o, en todo caso, políticamente incorrecto. Sin embargo, tan es necesario discutir la libertad y la apertura como sus límites. Hay cosas que no tienen por qué ser públicas y eso en nada demerita la democracia. O, puesto en otros términos, podríamos tener una democracia más sólida si dependiéramos de reglas bien establecidas en lugar de una plataforma móvil de criterios que, como la actual, no siempre está bien pensada.

Abogar por límites en la era de la apertura es difícil, pero no es distinto a los dilemas que siempre presentan las causas impopulares. Es famosa la noción de que quienes defienden la libertad de expresión, en cierta forma el lado anverso de la moneda de la transparencia, muchas veces tienen que hacerlo defendiendo causas poco altruistas, como la pornografía. No todas las causas pueden construirse con el tono de propiedad y profundidad filosófica de Voltaire cuando afirmó que no estaba de acuerdo con lo que se decía, pero defendería hasta la muerte el derecho de esa persona para decirlo. En el caso de la transparencia, tan importante es la apertura como la claridad de las reglas del juego para exigirla, es decir, los criterios que deberán imperar para hacerla valer.

La transparencia es un componente indispensable de la democracia. No es posible aspirar a ella en ausencia de información pertinente sobre la manera en que se administra una nación. La democracia no es una construcción abstracta, sino una forma de gobierno en la que los ciudadanos eligen y son responsables, en última instancia, del gobierno que se han otorgado a sí mismos. Para cumplir esa función, la ciudadanía requiere información cabal de la forma en que los gobernantes deciden, los criterios que emplean y los resultados que logran. Por su parte, los gobernantes tienen que rendir cuentas de sus acciones, explicar sus decisiones y responsabilizarse de su función como fideicomisarios, es decir recipientes, de la voluntad popular.

Cuando una nación entra a la era democrática como ocurrió con la nuestra en años recientes, lo natural es demandar un apertura total: el ciudadano quiere saberlo todo, desde el gasto en teléfonos celulares por parte de un funcionario público hasta los montos que el gobierno transfiere a los sindicatos. Mientras que ese tipo de demandas hubieran sido fáciles de satisfacer en el contexto de un gobierno directo como el del ágora griega, un gobierno grande y complejo como los modernos, está envuelto de toda clase de barreras y estructuras que con frecuencia lo hacen impenetrable. En la Atenas clásica los ciudadanos hubieran podido vigilar directamente los usos del dinero público, algo muy distinto en la era del gobierno (supuestamente) representativo, siempre distante y aislado. Exigir que el gobierno mexicano explique cómo gasta el dinero de nuestros impuestos es un componente elemental de cualquier democracia que se respete y por eso deben ser apoyadas como legítimas las decisiones que en ese sentido ha adoptado el IFAI. Aun así, el IFAI no debe tener facultades ilimitadas y los funcionarios deben contar con recursos para protegerse de requerimientos que los expongan a sanciones penales.

La pregunta es si todas las decisiones del IFAI son igualmente legítimas y necesarias para el funcionamiento de una democracia cabal. En su inteligente análisis sobre los problemas de la privacidad y su compleja relación con el derecho del público, José Woldenberg explica no sólo la necesidad de establecer límites, sino la importancia que éstos tienen para el desarrollo de una democracia fuerte (Nexos, mayo del 2007). La ley que dio vida al IFAI establece salvaguardas y límites a la información que la ciudadanía tiene derecho a exigir. La principal limitación es la de la seguridad nacional, que por supuesto nada tiene que ver con el tema de la privacidad sobre el que versa el trabajo de Woldenberg. Pero la argumentación sobre su importancia no es muy distinta.

En fechas recientes, el IFAI le ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública hacer pública la información sobre los operativos realizados por la Policía Federal Preventiva en su intervención el año pasado en la ciudad de Oaxaca. En un país con el historial policiaco que tiene el nuestro, lo primero a lo que los ciudadanos tenemos derecho (de hecho, obligación) es a exigir la limpieza e incorruptibilidad de las fuerzas de seguridad. No es posible concebir el desarrollo de la democracia sin la existencia de cuerpos de seguridad modernos, eficientes y responsables. Y esos atributos deben estar presentes en todo momento. En este contexto, criticar la decisión del IFAI de exigir la publicación de dicha información, es equivalente a abogar por el derecho a la libertad de expresión con base en la defensa de un pornógrafo.

Yo no tengo absolutamente ninguna duda sobre la trascendencia de la transparencia para la democracia. Pero sí sobre sus alcances. La transparencia es central a la democracia, pero también lo es la seguridad de la población y el derecho de los ciudadanos a circular libremente, derechos que se conculcaron por meses en Oaxaca y la ciudad de México el año pasado. Creo fervientemente en la necesidad de una estrecha supervisión judicial y administrativa sobre las fuerzas policiacas, pues sin ello el potencial de abuso es infinito e ilimitado. Pero también que la policía debe contar con los instrumentos y las facultades, algunos de ellos secretos (pero bajo estricto control judicial) para establecer sus objetivos, desarrollar estrategias, recabar información y emplazar operativos que sean necesarios para la consecución de su mandato. Como ciudadano, deseo que la policía sea efectiva en mantener la paz, proteger a la ciudadanía y hacer cumplir la ley.

Vuelvo al inicio: no es fácil defender límites a la transparencia cuando se trata de cuerpos policiacos tradicionalmente corruptos, mal entrenados y siempre dispuestos a cometer tropelía y media. Pero una democracia no se construye traspasando los límites sino estableciéndolos. Lo que México requiere son reglas del juego que no dejen duda sobre el objetivo que se persigue y los modos en que la ciudadanía va a hacer exigible la rendición de cuentas. Las policías no deben estar exentas de esa responsabilidad, pero tampoco se les puede someter al mismo tipo de escrutinio público que amerita el resto de la función pública. Para eso debería haber instancias judiciales apropiadas, además de límites preestablecidos, que definan qué es un exceso y qué no lo es. No se puede enfrentar un abuso cometiendo otro igual.

Luis Rubio

Hacía mucho tiempo que no concluía un periodo legislativo tan exitoso. No sólo se rompió la maldición de la parálisis, sino que se dejaron abiertas las puertas para la negociación de los dos temas más importantes para la conducción de la vida pública en el país: lo fiscal y lo institucional. Todo mundo sabe que, tarde o temprano, la reforma fiscal será impostergable e igualmente obvia es la necesidad de atender la interrelación entre los poderes públicos. Pero esas obviedades han sido invisibles por toda una década. Esta oportunidad no debe dejarse pasar.

El gran riesgo de lo que viene no está en la sustancia, sino en los pruritos y los prejuicios. Por lo que toca a lo fiscal, los legisladores saben que se requiere elevar la recaudación pero tienen claro lo que no se puede tocar. Si sumamos todas las objeciones, todos los intereses que hay que proteger y los que podrían tener los 128 senadores y 500 disputados, resulta evidente que nada podría aprobarse. Por lo tanto, estamos frente a dos posibilidades: negociar una reforma que no satisfaga a nadie en lo particular pero sea equilibrada y sensata para el conjunto de la sociedad mexicana; o seguir cosiendo parches que no resuelven el problema pero abren la puerta para los interminables amparos, disputas y desajustes.

El problema fiscal no es menor. Los pasivos, tanto los que se atienden como los que se ignoran, se elevan sin contemplación, en tanto que los desequilibrios e injusticias se agudizan y aferran. Entre los pasivos que se ignoran destaca la calidad de la infraestructura y su insuficiencia, y entre los que se atienden están temas como el de las pensiones. Por lo que toca a este último, si bien el gobierno mexicano es responsable de sufragar las pensiones de sus empleados, es hasta este año que ese compromiso tiene una cifra concreta: la ley de pensiones no cambió ni en una coma el tamaño del pasivo contingente, pero ahora ya se obliga el gobierno a hacer aportaciones anuales para sufragarlo. En otras palabras, los compromisos fiscales son enormes y crecientes.

No menos relevante en la problemática fiscal son los desequilibrios y las injusticias imperantes, que son al menos de dos tipos: por una parte, la desigualdad en la carga fiscal actual y los enormes agujeros por los que se consuma la evasión; por la otra, los abusos, errores y corruptelas asociados al gasto. Ninguna reforma fiscal que pretenda comenzar a ganar el favor popular avanzará mientras no se atiendan, primero, los dos lados del dilema (es decir, tanto el gasto como el ingreso), y se combatan los espacios de abuso y las fuentes de desigualdad.

El gasto tiene que ser transparente y quienes lo ejercen deben asumir su responsabilidad frente a ello, lo mismo si son gobernadores que funcionarios. Sin cuentas claras y rendición de cuentas, la recaudación seguirá siendo endeble y, por lo tanto, insostenible. PEMEX no requiere más dinero o, al menos, no más mientras no explique cómo se ha gastado miles de millones de dólares al año y, aun así, no tener un presupuesto suficiente para exploración. Es decir, lo fiscal no se puede concebir como necesito más fondos así que ve dónde los consigues; es claro que el gobierno requiere más fondos y es igual de claro que los impuestos se pagan mal y son muy injustos en la forma de tazarse. Pero eso no implica que se pueda resolver el problema del ingreso sin pensar en el gasto.

El tema del ingreso es de suyo complejo. Aquí habitan las desconfianzas y los cambios de dirección, a lo que se suman prejuicios e intereses. Por un lado, cada que falta dinero se le cambia la jugada a las empresas: por ejemplo, hace unos años se buscaba propiciar su capitalización, hoy se castiga a las que hicieron eso. Los prejuicios respecto al IVA son conocidos, pero no por eso menos ignorantes: lo importante no es cobrarle IVA a los pobres sino cerrar los puntos de evasión y, al mismo tiempo, hacer transparente el impuesto. Pero no hay peor vicio que el de los regímenes especiales de tributación donde los intereses son brutales, pero la desigualdad mil veces peor.

No es imposible que, a final de cuentas, la reforma fiscal acabe siendo moneda de cambio para la reforma institucional o del Estado. Pero no por ello ésta es menos importante. En su esencia, la llamada reforma del Estado propone generar un conjunto de arreglos que permitan el funcionamiento más eficiente del gobierno mexicano. Como la fiscal, esta reforma es impostergable porque todo el sistema político actual, originalmente creado de acuerdo a las reglas y circunstancias del viejo presidencialismo, es disfuncional, como hemos podido atestiguar a lo largo de la última década.

En días pasados, los partidos políticos dieron a conocer las primeras propuestas de reforma. Aunque las diferencias son muchas, los comunes denominadores también lo son. Quizá el riesgo principal para esta reforma no resida en los prejuicios sino en los intereses no revelados de los propios participantes, pero sobre todo en lo que podría denominarse como la tiranía de las pequeñas diferencias. Sin duda, los intereses partidistas son muchos, pero también evidentes. Por ejemplo, algunos consideran que el PRI quiere fortalecer al poder legislativo ante la posibilidad de jamás recuperar la presidencia, en tanto que el PRD quiere exactamente lo contrario por si en la próxima vuelta finalmente gana. Sea como fuere la realidad, esas diferencias se cancelan mutuamente y son parte no sólo inevitable, sino sobre todo legítima, de cualquier proceso de negociación. Lo importante es que no sean las pequeñas diferencias, incluidos los ánimos de venganza, sobre todo en materia electoral, las que determinen los resultados, pues no se lograría más que un nuevo entuerto como resultado.

Las primeras propuestas de reforma son encomiables, toda vez que apuntan hacia un mayor equilibrio entre los poderes legislativo y ejecutivo, a la vez que le conferirían a este último facultades suficientes para eliminar el desequilibrio actual. No menos sensatas son algunas de las propuestas en materia electoral. Ninguna reforma resolverá todos los problemas, pero la que ahora se articula camina en la dirección correcta a la vez que responde, de manera razonable, a la parálisis de la última década. Desde 1997 no ha habido una oportunidad como ésta. Hay que aprovecharla.

Luis Rubio

Seguridad pública y sentido común. La suma de estos dos conceptos explica el enorme éxito de Rudy Giuliani en el combate a la criminalidad como alcalde de la ciudad de Nueva York. En materia de unos cuantos años, la ciudad que vivía presa de los embates de la criminalidad y la inseguridad, pasó a ser ejemplo de transformación no sólo en términos económicos, sino también de autopercepción. Aunque en el proceso se emplearon múltiples técnicas e instrumentos administrativos innovadores, la verdadera transformación fue resultado de algo muy simple: el uso del sentido común.

En su reciente libro Príncipe de la Ciudad, el connotado académico e historiador de temas urbanos, Fred Siegel, analiza con detenimiento el desempeño de Giuliani al mando de una de las ciudades más complejas del mundo. En su descripción de la problemática de la criminalidad y la forma en que el ex alcalde la combatió, Siegel relata los pormenores de una conferencia al inicio de su gestión en la que Giuliani y otros tantos alcaldes de ciudades importantes de Estados Unidos (incluyendo Boston, Miami y Los Angeles), abordaron el tema delincuencial. Mientras que el grueso de los alcaldes adoptó la línea tradicional que sostiene que el criminal es víctima de sus circunstancias (sobre todo de cambios económicos abruptos) y, por tanto, no se le puede combatir de manera frontal sino que se requieren mecanismos de educación, reentrenamiento e integración, Giuliani respondió con un planteamiento radical.

Para Giuliani, según lo cita Siegel, el tema medular es el cumplimiento de la ley y el fortalecimiento de los mecanismos para hacerla cumplir. Desafiando no sólo a sus colegas en el panel sino a lo que hasta entonces era el dogma policiaco predominante, Giuliani afirmó que el desempleo y la falta de oportunidades económicas no explican el crecimiento de la criminalidad y dio como ejemplo los años de la depresión en aquel país, periodo en el cual los índices de criminalidad no ascendieron a pesar de que el deterioro económico y en el empleo fueron extremos. De hecho, afirmó el alcalde neoyorquino, “la economía ha sido débil y ha sido fuerte, pero ninguno de esos periodos se correlaciona con la incidencia criminal”. Para Giuliani, los criminales, como todos los ciudadanos, tienen que cumplir con la ley y ser responsables ante la sociedad de su cumplimiento.

Es decir, aunque en su administración de la ciudad incorporó un sinnúmero de técnicas modernas para el acopio, organización y diseminación de la información tanto policiaca como criminal e introdujo un sistema de incentivos que premiaba el buen desempeño (que se traducía en la disminución de la criminalidad), el verdadero cambio  de Giuliani fue de sentido común. Estuvo dispuesto a romper con los dogmas prevalecientes y a retar al establishment político como punto de partida para la transformación de la ciudad. En ello residió su extraordinario éxito.

Por décadas, la ciudad de Nueva York había experimentado un severo deterioro que Giuliani de inmediato asoció con los enormes y poderosos intereses, sobre todo sindicales, que controlaban la educación, los servicios urbanos y el transporte de la localidad. Además, el establishment intelectual y académico había hecho suyas no sólo las posturas de esos intereses sindicales en su lenguaje y discurso político, sino que había convertido en verdades absolutas dogmas como el que la criminalidad y la situación económica o el desempleo iban de la mano. Para Giuliani, tanto los sindicatos como los intelectuales habían caído en una trampa de la que no estaban dispuestos a salir y sólo retándolos con el sentido común sería posible llevar a cabo una transformación económica de la ciudad, misma que tendría su punto de partida en el fin de la criminalidad.

En la práctica, Giuliani se propuso llevar a cabo dos cambios. El primero consistió en “recuperar” la ciudad, lo que implicaba restablecer el orden y las reglas del juego para el comportamiento tanto de las policías como de la ciudadanía. Para hacerlo, partió del principio filosófico en el que se articula el libro de George Kelling (Ventanas Rotas), cuyo argumento central sostiene que cuando uno deja de atender y reparar las cosas pequeñas (un vidrio que se rompe, un foco que se funde, alguien que se pasa una luz roja de semáforo, ignora una prohibición de tránsito o se estaciona en lugar indebido) poco a poco se deteriora el entorno hasta que todo el orden social se colapsa (sounds familiar?). De esta manera, Giuliani introdujo una serie de medidas que, a pesar de su simpleza, comenzaron a transformar todo el entorno: inició siendo implacable con las reglas más elementales del juego en la convivencia urbana. Penalizó cosas tan simples como el estacionarse en lugares prohibidos, el bloqueo de una bocacalle cuando el tráfico impide pasar al otro lado, cruzar de acera fuera de los lugares expresamente determinados para eso y así sucesivamente. Cuando la gente comenzó a sentir que alguien estaba efectivamente a cargo, toda la concepción de la ciudad cambió. Pero el cambio más importante consistió en que todos se hicieron intolerantes al crimen y el desorden. Para su propia sorpresa según relata Siegel, el propio Giuliani se asombró de la celeridad con que la población comenzó a reaccionar.

Un segundo camino para Giuliani fue atender las fuentes de la criminalidad. Tanto él como el jefe de la policía se metieron directamente con las mafias, pandillas y bandas criminales y, como diríamos aquí, les leyeron la cartilla: “deja las drogas, abandona el alcohol, deja de sentirte víctima y consigue un empleo”. A los policías también les tocó su parte: les hizo ver que su trabajo, y su compensación, dependería de su capacidad para disminuir la criminalidad, razón primera y última de su función. El alcalde los apoyaría y defendería hasta el final, siempre que no cayeran en la tentación de la corrupción, las drogas u otros negocios paralelos.

Cada contexto específico tiene su propia dinámica, pero la principal lección que arroja el caso Giuliani en Nueva York es que lo que importa y determina el éxito es simple y llanamente el sentido común. El gobierno de Felipe Calderón parece entender que es necesario romper los círculos viciosos que llevaron a la situación que hoy vivimos y que acompañan y hacen posible la criminalidad. La clave, como ilustra Giuliani, reside en la concepción y la estrategia y esos parecen ser los puntos fuertes del gobierno. Ahora falta que lo mismo ocurra en la ciudad de México.

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 Luis Rubio

En su análisis sobre las circunstancias y decisiones que llevaron a la crisis cambiaria de finales de 1994, el académico estadounidense Sidney Weintraub concluyó que fue la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas lo que hizo posible que los funcionarios de la administración saliente y entrante hicieran apuestas brutalmente peligrosas, algo inconcebible en una democracia representativa (Financial Decision Making in Mexico). Como ilustra la persistencia de la corrupción, poco se ha aprendido de las lecciones que arroja esa pérfida y terriblemente destructiva devaluación. De hecho, parece que existe una necedad interconstruida en todos nuestros marcos institucionales y legales para generar malas decisiones, medidas costosas y mucha corrupción.

Si bien todos los gobiernos cometen errores, el nuestro parece diseñado para que eso ocurra. Tres ejemplos de los últimos tiempos sirven de ejemplo para ilustrar esta inclinación que parece ser parte del ADN político nacional. En la era de Internet, que propicia la descentralización de la información y el acceso al conocimiento, sólo a un gobierno sin contrapeso alguno se le pudo ocurrir construir una gran biblioteca nacional, la Vasconcelos, y, para colmo, en una ciudad caótica, disfuncional y pésimamente comunicada. Lo mismo se puede decir de la segunda terminal del aeropuerto de la ciudad de México, cuando el problema principal es de pistas y no de terminales. Sin duda el caso de los segundos pisos es el mismo: además de que no van a ningún lugar, sólo mueven los puntos de dislocación vial sin jamás resolverlos. En los tres casos, obvios pero no excepcionales, se evidencia la propensión a la irresponsabilidad del actuar gubernamental a todos niveles.

Esto es posible porque no existen mecanismos efectivos de pesos y contrapesos. Tenemos muchas fuentes de control, pero no de equilibrio. Los controles son necesarios, pero nuestra forma de crearlos y administrarlos no constituye un factor disuasivo de la corrupción o del mal gobierno, sino que de hecho los propicia. Vale la pena analizar esta paradoja porque muchos de nuestros principales entuertos en materia de políticas públicas pasan por este lugar.

La propensión a tomar malas decisiones no es una característica del mexicano, pero sí parece ser típica de muchas decisiones gubernamentales. Uno puede observar cómo millones de personas deciden todos los días qué comprar o dónde ahorrar, al igual que miles de empresas emprenden proyectos luego de analizar sus opciones. Algunos se equivocan, pero la mayoría logra sus objetivos. A la luz de esto, el que tantos proyectos gubernamentales acaben mal se explica por el entorno en que esas decisiones tienen lugar.

La corrupción de antaño se ha combatido con dos tipos de mecanismos: uno, la secretaría de la Función Pública, y otro, la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Una es parte del ejecutivo y en su origen fue concebida más como un medio de control político que como fuente de un mejor gobierno; en tanto la segunda es parte del poder legislativo y tiene por función auditar a posteriori el uso de los dineros públicos. La combinación de ambas ha producido reglas inadecuadas e inservibles, resquicios de corrupción que nunca se atienden y una serie de incentivos perversos con dos resultados lógicos, pero indeseables: por un lado, provocan malas decisiones entre los funcionarios públicos; por el otro, abren inmensos espacios de discrecionalidad que hacen irrelevantes todos los controles.

Las reglas que norman la toma de decisiones en el sector público no están diseñadas para que los funcionarios y tomadores de decisiones sepan a qué atenerse, sino, irónicamente, para aumentar la discrecionalidad. Las reglas son tan absurdas y contradictorias que generan un fenómeno de parálisis (muchos funcionarios prefieren no firmar ningún documento para no ser sujetos de un proceso judicial) o de malas decisiones.

El miedo a la persecución política (disfrazada de judicial) induce en los funcionarios un tipo de toma de decisiones que los protege de los controladores y poco o nada toma en cuenta aquello que convenga a la entidad gubernamental o al país. Hay ejemplos patentes de funcionarios probos y experimentados que toman decisiones poco adecuadas pero que son las que no pueden ser objetadas por los auditores gubernamentales. Es decir, actuando con plena probidad, conciencia (y hasta alevosía), deciden de acuerdo a lo establecido en las reglas y no lo que más conviene a la entidad o al país.

Eso por lo que toca a los funcionarios probos sin agendas ulteriores. Pero también están los del otro tipo: aquellos que utilizan las reglas no para tomar decisiones subóptimas, sino para construir bibliotecas o segundos pisos sin que medie una evaluación independiente, análisis de costos y beneficios o, en todo caso, la valoración de mejores alternativas. El país no cuenta con mecanismos adecuados de rendición de cuentas: cuando mucho, Fox o AMLO serán requeridos por el auditor superior a causa de sus dos obras monumentales, les llamará tal vez la atención, pero años después y una vez realizado el gasto. A falta de una discusión seria en un foro público donde se ventilen todas las opciones, funcionario y gobernante que quieran abusar tienen como límite sólo el horizonte.

Las reglas e instituciones públicas fueron diseñadas para el control presidencial. Desaparecido ese esquema, entramos en la etapa en que el señor Juan Kafka toma control de los procesos públicos. Esto genera un fenómeno particularmente mexicano, la combinación de escasez y dispendio: faltan cosas elementales, pero el dinero se desperdicia inconmensurablemente. Ello permite que los dueños de entidades como el ISSSTE y el IMSS empleen dineros de pensiones para construir elefantes blancos y transfieran cifras multimillonarias a sindicatos que mantienen a las entidades públicas, y al país, agarradas del cuello.

El problema no es de personas: ninguno de los secretarios de la contraloría o función pública o los encargados de la ASF fueron mejores. Unos aplicaban algunas reglas con mayor severidad que otros, pero todos sirvieron al mismo propósito de (intentar) mantener el control político, no hacer más funcional la toma de decisiones. La ironía es que esos controles no hacen sino propiciar una permanente y consciente irresponsabilidad que es lógica y legítima.

En la medida en que la reforma institucional promueva una mayor representatividad ciudadana y sujete a todos, ejecutivo y legislativo, a la soberanía del ciudadano y del consumidor, el país podría comenzar a avanzar hacia la estabilidad y la funcionalidad. Este es un prospecto que hace poco tiempo era impensable.

Luis Rubio

La crítica a “los monopolios” es hoy en día ubicua. Se ha convertido en el tema de moda. No importa el tema particular sobre el que se discuta, la culpa es de los monopolios, sin que jamás se aclare cuáles o cómo dañan al país. A los monopolios se les atribuyen todos los males, pero hay una peculiaridad en esa crítica: se trata de una manera muy mexicana de criticar, porque los culpables son siempre otros. Uno no tiene responsabilidad alguna ni es parte del problema: son los demás quienes deben ser penalizados para que yo viva mejor. Más al punto, los monopolios son siempre de otros: en México nadie es un monopolista. Ni el mayor de todos (en el ámbito privado) se asume como tal: yo sólo tengo 85% del mercado y eso no puede concebirse como monopólico. Pero a pesar de poseer el monopolio de la red, el dueño de Telmex tiene un punto válido, si bien por razones muy distintas a las que él cree: en México hay muchos más monopolios y prácticas monopólicas de las que uno se imagina y, al menos en cierta forma, todos somos parte del problema. O, dicho de otra manera, el problema no es una empresa o un sindicato sino la estructura que lo hace posible.

Hace algunas semanas escribía en estas páginas que se usa la palabra monopolio para expresar fuerza o poder, pero no porque necesariamente se monopolice algo, sino porque se identifica al vocablo con la capacidad de imponer. A partir de ese artículo he recibido docenas de comentarios. Todos ellos reflejan la necesidad de definir la naturaleza del problema y, en muchos casos, el deseo de buscar soluciones; algunos relatan historias específicas, en tanto que otros expresan impotencia frente a los poderes fácticos que hacen difícil la vida cotidiana. Lo sorprendente fue encontrar que los problemas que enfrenta el país no se limitan al “ciudadano de a pie”, sino que impactan por igual hasta los más poderosos en todos los ámbitos. Más interesante fue encontrarme con esa actitud muy mexicana que parece hacernos genéticamente incapaces de ver la viga en nuestro propio ojo: en vez de afirmar que rompí el vaso, tendemos a despersonalizar el evento: “el vaso se rompió”. Nadie es responsable de nada.

Aunque esperables, muchos comentarios son reveladores. El primer grupo incluía quejas por los abusos cotidianos, sobre todo los relativos a las actitudes despóticas de los oferentes de servicios, particularmente teléfonos, luz y celulares. Uno iba un paso más adelante: “yo pago religiosamente el recibo bimestral de la luz, pero el servicio no es bueno ni constante. Ayer se fue la luz varias horas y hablé para quejarme, la respuesta que recibí fue que no me cobrarían el tiempo en que no hubo servicio”. Otro se quejó de la falta de gasolineras en las colonias de reciente creación. Nada de eso ocurriría de haber competencia.

El segundo grupo de correos ilustra la complejidad y extensión del problema que nos aqueja. Un grupo de investigadores en una de las principales instituciones académicas del país ha estado intentado encontrar una forma de intermediar entre productores y proveedores de materias primas con el objeto de ayudarlos a que puedan trabajar, pero se encuentran con que “desafortunadamente, la CFE no tiene interés en ninguna negociación y sólo impone su criterio”. Esa misma dificultad lo refleja otro correo, ahora del jefe de compras de una de las empresas más grandes del país: “los criterios de PEMEX y Hacienda en la determinación de los precios de los petroquímicos es obtusa y en ocasiones ridícula: por un lado dicen que tienen que poner precios internacionales para cada producto cuando no todos tienen referente internacional. En otros productos le cobran un precio distinto a cada cliente ¿pues no que era el precio internacional?” Uno se imagina que el único afectado por los avatares de nuestra pésima organización económica es el ciudadano que acaba pagando precios elevados por los servicios recibidos, pero resulta que el problema se reproduce en todos los niveles económicos.

Pero la parte más jugosa e interesante de los correos que recibí se refiere a las dificultades que enfrentan los empresarios (“Los aventurados empresarios y/o emprendedores mexicanos  que se atreven a sortear la burocracia de nuestro sistema para establecer sus negocios, son verdaderos héroes. Como aquellos de las novelas de caballería sorteando toda clase de peligros…”) o la población en general (“Barreras y más barreras… y de ello podría yo dar numerosos ejemplos… La cuestión es cómo cambiar lo que ya es parte de una cultura, que yo llamo «cultura de la desconfianza y de la improvisación» que nos lleva a generar leyes, reglas y miles de trabas a cualquier actividad y no preocuparnos de sus consecuencias, a corto y largo plazo… Si bien a nivel individual tenemos los Einsteins, los Mozarts o los Octavios Paz…  a nivel social no somos mejores que un cultivo de bacterias… creceremos mientras el medio nos lo permita… Me imagino a unos dinosaurios discutiendo estas cuestiones cuando se acercaba el meteorito a las costas de Yucatán…”).

Hasta aquí el tipo de comentarios que yo había esperado, aunque con el invaluable sabor de las vivencias personales. Pero lo que más me llamó la atención fueron dos correos que quizá reflejan lo difícil que resulta cambiar todo esto. Un lector se refiere a los “beneficios excesivos” que reciben los empleados del IMSS. Nada nuevo, pensé al leer el correo, hasta que leí la afiliación del firmante: es empleado del SME. De verdad se necesita vergüenza para que la olla critique al sartén.

Otro correo, de un académico estadounidense que trabaja temas de migración, se queja porque las encuestas de salud en México en materias de nutrición, enfermedades crónicas, adicciones y otras, no son públicas, a pesar de que las paga el gobierno. “Los investigadores parece que sólo quieren ponerse medallas en lugar de resolver los problemas” y continúa “en otros países, ese tipo de información es pública y está en Internet desde el primer día (y todos, incluyendo a los investigadores mexicanos, las pueden consultar)”. Es decir, la propensión al monopolio no se limita a los oferentes obvios de servicios, sino que es una práctica cotidiana en la administración pública, las universidades y, en general, nuestra sociedad.

Vuelvo al principio: el problema de nuestra economía no se limita a unas cuantas empresas o proveedores, sino a nuestra forma de ser. La buena noticia es que hay muchas sociedades que tienen estructuras corporativistas y sin embargo funcionan mejor que la nuestra; la mala es que no sabemos qué queremos ni estamos dispuestos a discutirlo con seriedad.

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