Luis Rubio

El mundo ideal para cualquier consumidor del planeta es uno abierto al comercio, sin trabas, sin impuestos, con amplia disponibilidad de bienes y servicios y pleno acceso a la información. El mundo real, sin embargo, es muy diferente. En éste, empresas, sectores industriales, sindicatos y grupos interesados diversos pelean por acotar la competencia y mantener controles a los flujos de bienes y servicios (y, con frecuencia, también a los de ideas e información). Muchos políticos y burócratas, que siempre creen saber lo que le conviene a la ciudadanía, con frecuencia buscan limitar o controlar los flujos comerciales a fin de ganar influencia, poder y, no menos frecuentemente, oportunidades de corrupción. Los procesos de liberalización comercial emprendidos en el mundo a lo largo de los últimos cincuenta años se han debatido precisamente entre estos dos mundos: el ideal del consumidor y el real de los intereses políticos. La liberalización al amparo del GATT y, más recientemente, de la OMC permitió multiplicar el volumen de bienes y servicios intercambiados en el mundo de una manera espectacular, pero no logró acabar con los impedimentos que persisten en el camino. En cierta forma, los tratados de libre comercio que han proliferado en los últimos años han resultado ser vehículos muy atractivos para lograr una mayor liberalización del comercio entre países, pero de una manera controlada y administrada. La pregunta para México es qué sigue.

Los tratados de libre comercio, sean éstos bilaterales o regionales, entrañan negociaciones muy específicas entre naciones que aspiran a liberalizar su intercambio comercial y de servicios de una manera selectiva y gradual. Un TLC es precisamente eso: un instrumento que permite abrir o cerrar de manera selectiva la llave del comercio. Dos países interesados se reúnen, analizan sus respectivas estructuras económicas, determinan la capacidad de competencia de sus plantas productivas y, a partir de ello, se dedican a negociar tiempos de desgravación arancelaria, salvaguardas específicas y demás.

Una negociación bilateral en materia comercial suele ser mucho más profunda y específica que las negociaciones multilaterales. Cuando muchas naciones negocian la reducción de barreras al comercio, como ocurre dentro de la OMC, los acuerdos son de aplicación general y todas las naciones se deben apegar a lo acordado. Esto beneficia a los consumidores pues abre la puerta a las importaciones de diversa procedencia y, por lo tanto, a la oportunidad de elección entre una multiplicidad de bienes y servicios. Algunas naciones han aprovechado los foros multilaterales para eliminar barreras al comercio y así obligar a sus plantas productivas a competir y modernizarse, lo que ha derivado en un incremento de la productividad y del ingreso. Quizá lo anterior resulte contraintuitivo a primera vista, pero no es casualidad que las naciones ricas sean también, las que se caracterizan por la mayor apertura de sus economías.

La estrategia mexicana de liberalización ha seguido tres etapas. Primero, a mediados de los ochenta, México se sumó al GATT y con ello dio inicio a una primera ronda de reducción de barreras arancelarias y eliminación de las no arancelarias. Poco tiempo después, el gobierno mexicano optó por acelerar su proceso de integración comercial con el resto del mundo en aras de atraer mayores flujos de inversión extranjera. Su propósito era apresurar el ritmo de crecimiento de la economía a través de un rápido incremento de la inversión. De hecho, el impulso para negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos provino del reconocimiento de que el comercio y la inversión privada se encuentran inexorablemente vinculados: a la liberalización del comercio siempre le sigue un incremento en la inversión. Luego de una década de que se iniciaran las negociaciones del TLC, la evidencia al respecto es abrumadora: México pasó de recibir flujos anuales máximos de alrededor de cuatro mil millones de dólares a más de doce mil.

Aunque poco apreciado, el éxito del TLC ha sido espectacular. El intercambio comercial en la región se ha multiplicado, los ingresos de las empresas y trabajadores asociados a ese comercio se han elevado de manera sistemática y el potencial de generación de empleos y riqueza ha avanzado de manera extraordinaria. Ciertamente, no todos los sectores de las tres economías ni todas las regiones de cada país se han beneficiado de igual manera, pero no cabe la menor duda de que el extraordinario crecimiento de la economía norteamericana a lo largo de los noventa se tradujo en grandes beneficios para los sectores modernos de las economías tanto de Canadá como de México.

Ese éxito llevó a México a intentar apalancar su acceso privilegiado al mercado estadounidense por medio de negociaciones de liberalización comercial con otros países: con Chile y Colombia, Venezuela e Israel, Europa y Centroamérica. Con ese mismo espíritu, se están contemplando negociaciones similares con naciones de otro tamaño comercial (y, sin duda, también político) como Japón y Singapur. En este sentido, la tercera etapa de liberalización comercial ha seguido una estrategia muy clara que, a manera de ilustración, sigue la lógica de la rueda de una bicicleta, en la que hay un centro y muchos rayos. Lo importante en esa lógica es siempre estar en el centro. Cuando dos naciones deciden liberalizar su comercio, ambas salen beneficiadas del proceso. Sin embargo, cuando una de esas naciones decide negociar con una tercera, el riesgo para quien se queda afuera es muy elevado: dejar el centro para pasar a la periferia. De esta forma, México ha optado por negociar acuerdos directos, bilaterales o regionales, con un gran número de naciones, convirtiéndose en un importante centro de interacción comercial. Además, ha procurado evitar quedar fuera de las negociaciones que sus socios de la región norteamericana han emprendido: de hecho, México tiene acuerdos de libre comercio con todas las naciones con las que Estados Unidos ha negociado acuerdos similares, excepto con Jordania.

En este momento, México se encuentra en el umbral de la siguiente etapa de liberalización, quizá la más compleja y arriesgada. Aunque es posible seguir negociando pactos bilaterales, y sin duda el gobierno mexicano va a perseverar en ese camino, el hecho de que Estados Unidos decida emprender una estrategia similar va a implicar un cambio radical. Hace poco, el gobierno estadounidense concedió a las naciones caribeñas paridad con el TLC; ahora debate la posibilidad de negociar pactos similares con Chile, Uruguay y Centroamérica y, dentro de la estrategia hemisférica, acelerar el paso hacia la consolidación de un acuerdo comercial continental. Cada uno de estos pasos entraña retos significativos para México, el mayor de los cuales sin duda consiste en que todo el plan de liberalización controlada, cuyo punto neurálgico reside en el acceso privilegiado al mercado norteamericano, acabe debilitándose antes de que la planta productiva nacional se haya modernizado y transformado de una manera definitiva. El interés natural de México, aunque inconfeso, reside en preservar ese acceso privilegiado tanto como sea posible. De hecho, para el 2003, el 94% de las exportaciones mexicanas entrarán a Estados Unidos sin restricciones ni aranceles.

En la medida en que Estados Unidos decida emprender nuevas iniciativas de liberalización, el gobierno mexicano tendrá que buscar medios para adecuarse a las nuevas circunstancias. Por varios años, la situación política en materia comercial dentro de Estados Unidos, en la que el TLC siempre fue objeto de severas controversias, hizo imposible cualquier negociación bilateral o multilateral. Por diversas razones tanto políticas como estratégicas, ninguno de los tres países integrantes del TLC norteamericano parece deseoso de ampliar ese acuerdo por medio de la inclusión de otras naciones. Una acción de esa naturaleza implicaría riesgos que ninguno de los tres países está dispuesto a correr. En consecuencia, de concretarse acuerdos entre Estados Unidos y otras naciones, México tendría que decidir si se justifica un cambio de estrategia. Desde luego, las preocupaciones del gobierno mexicano serían muy distintas si la negociación se lleva a cabo con naciones relativamente pequeñas como Chile o, incluso, Argentina, que con naciones con economías mucho más semejantes (y, por lo tanto, competidoras potenciales) como las de China o Brasil. A la fecha, Brasil ha estado renuente a liberalizar de una manera tan ambiciosa como lo requiere un esquema como el de TLC y el gobierno mexicano ha apoyado fervientemente la postura de aquel país. Esto le ha permitido a México argumentar a favor de la liberalización comercial sin poner en entredicho sus ventajas estratégicas.

Sin embargo, las cosas podrían cambiar de manera radical en los próximos meses. Estados Unidos se encuentra replanteando todos sus paradigmas luego de los ataques terroristas del once de septiembre del año pasado y no cabe la menor duda de que el tema comercial será uno de los que sufrirán modificaciones en su visión y orientación. Por vía de mientras, Estados Unidos y México han avanzado sensiblemente en la homologación de sus políticas en materia de aduanas, migración y seguridad. Si bien ésta no fue una estrategia planeada de antemano, las nuevas circunstancias y la prioridad que Estados Unidos da a los temas de seguridad abren una oportunidad para que México preserve el acceso comercial privilegiado. El gobierno mexicano ha tomado esa oportunidad con gran seriedad. En este sentido, es evidente que existen nuevas posibilidades de negociación aunque, a ciencia cierta, en este momento nadie sabe qué decisiones vaya a emprender el gobierno norteamericano en materia comercial. Pero lo que parece certero es que México tendrá que decidir si opta por la profundización de la relación entre las tres naciones norteamericanas o seguir ampliando su red de relaciones de libre comercio al margen de Estados Unidos y Canadá. Esa decisión es mucho más compleja de lo aparente.

Luis Rubio

México y Estados Unidos tienen una infinidad de puntos de contacto, interacción y conflicto. Esta tríada es algo inevitable cuando se trata de una relación tan compleja, disímbola y, al mismo tiempo, activa, como la que caracteriza a nuestras sociedades en general y a la frontera común en particular. La vecindad no nos obliga más que a una convivencia amistosa y pacífica como la que existe entre dos buenos vecinos que son atentos y responsables, conscientes de las peculiaridades mutuas. Es decir, la proximidad, como ha ocurrido a lo largo de casi doscientos años de cercanía entre dos naciones independientes, no exige más que un trato amable como el que se ha dado las más de las veces. Sin embargo, si una de las dos naciones quiere emprender una integración mucho más ambiciosa y profunda, como la que implícitamente entraña un acuerdo de libertad migratoria del tipo que han avanzado los europeos, es evidente que el nivel de responsabilidad se eleva y las demandas mutuas adquieren un nivel mucho más elevado de complejidad y seriedad. Un acuerdo migratorio sólo es posible cuando se comparten ciertos valores esenciales. Puesto en otros términos, nos guste o no, temas como los de migración e Irak están mucho más estrechamente vinculados, aunque sea de manera indirecta, de lo que podría gustarnos.

Mientras que un acuerdo en materia comercial entraña la coordinación de una serie de políticas públicas y, en general, condiciones para el intercambio de bienes y servicios sin impedimentos, un acuerdo migratorio entraña, a final de cuentas, la disposición de dos sociedades a convivir de manera estrecha. El éxito de un acuerdo comercial requiere de la concertación de entendidos entre autoridades de dos naciones y la activa participación de las comunidades empresariales de las naciones que participan en un proceso de integración económica como el que representa el TLC norteamericano. Las naciones que deciden avanzar por esa vereda no tienen que quererse ni gustarse; su único compromiso es el de modificar algunas de sus políticas en materia comercial y de inversión para que las economías de las dos naciones puedan beneficiarse de una mayor interacción comercial. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con el TLC, para beneficio de las tres naciones que lo integran.

Pero un acuerdo migratorio implica mucho más: desde la posibilidad de que un norteamericano decida venirse a radicar a la colonia del Valle y busque trabajo en una oficina de arquitectos o que un mexicano se traslade a Chicago para trabajar en un restaurante en aquella ciudad. Es decir, implica que las dos sociedades no sólo estén dispuestas a intercambiar bienes y servicios, sino que además compartan cierta visión mínima del mundo y una ética de comportamiento que les permitan convivir entre sí de manera cotidiana. Más que un acuerdo entre dos gobiernos, aunque eso sea indispensable, implica, un entendido profundo entre dos sociedades.

No es casualidad que los europeos, que sin duda son quienes más han avanzado en una integración comercial, monetaria y de personas, entre otras políticas comunes, hayan comenzado por procesos mucho más sencillos y limitados. Los europeos empezaron por integrar el mercado del carbón y del acero. Luego, varios lustros después, liberalizaron el comercio de bienes. El comercio de servicios se abrió cuarenta años después de iniciado el del acero, y cuarenta y ocho años más tarde lanzaron el Euro, su moneda común. La libertad de tránsito y empleo en cualquiera de los países miembros se dio hasta el año de 1992, cuatro décadas después de que se comenzaron a sentar los pininos de lo que más tarde sería la Comunidad Europea. El punto es que los europeos, entre quienes existen diferencias mucho menos marcadas en términos culturales, históricos e incluso étnicos, se tomaron varias décadas para crear un nivel de confianza que le permitiera a un francés tolerar a un alemán en su colonia o a un holandés aguantar el estilo de vida de un italiano. Los europeos se han integrado porque construyeron cimientos muy sólidos de confianza mutua. Producto de todo esto es una mayor cercanía en temas de carácter militar y político. Para los mexicanos la implicación de lo anterior es clara: si queremos avanzar en el terreno migratorio, tendremos que ganarnos la confianza de los norteamericanos.

La gran pregunta es qué implica esa confianza y si estamos dispuestos a avanzar por ese terreno pedregoso. Las concepciones que sobre el tema migratorio existen en el país están influidas por la realidad económica: en Estados Unidos hay demanda para la mano de obra mexicana, mientras que en México no hemos sido capaces de crear condiciones de prosperidad que permitan generar empleos y riqueza para todos. Desde esta perspectiva, la postura del gobierno y aparato político del país –que sin duda representa el sentir de toda la población- es la de facilitar el acceso de mexicanos deseosos de trabajar en aquel país, así como eliminar las trabas que llevan a que los hoy ilegales sean maltratados o sigan corriendo riesgos que, con frecuencia, implican la vida. Tratándose de una vecindad amistosa y de una economía que demanda mano de obra, para los mexicanos lo obvio es exigirles a nuestros vecinos que, como se dice coloquialmente, nos “den cancha”.

El problema es que, desde la perspectiva norteamericana, no hay tema más álgido y politizado que el de la migración. Estados Unidos, un país nacido de la migración europea, tiene una larga y difícil historia en esta materia. Por más de un siglo desde su nacimiento como nación independiente, Estados Unidos mantuvo sus puertas totalmente abiertas. Pero las cosas comenzaron a cambiar en la segunda década del siglo pasado, cuando una combinación de circunstancias –desde la depresión hasta el aislacionismo en materia de política exterior- llevó a que se impusiera un sistema de cuotas a la migración que, con modificaciones, persiste hasta nuestros días. Desde entonces, la política migratoria norteamericana ha tenido una serie de etapas en las que han privado criterios diversos para el ingreso de nuevos inmigrantes, pero siempre bajo el principio de que ellos se reservan el derecho de admisión.

En muchas ocasiones, la política migratoria norteamericana ha ido de la mano de su política exterior, factor que explica la diferencia en el trato a refugiados cubanos que, en general, son admitidos con gran facilidad, frente a otros, como los haitianos, que son retornados a su país con gran celeridad. Respecto a México, la política migratoria norteamericana ha tenidos sus épocas: desde los programas de braceros que se instrumentaron a mediados del siglo pasado, hasta la legalización masiva de indocumentados en varios momentos. Es evidente que el gobierno estadounidense comprende tanto la existencia de una demanda interna por mano de obra mexicana, como el deseo de miles de mexicanos de mejorar sus niveles de vida a través de un empleo en ese país. Muchos dicen que su política ha sido hipócrita por mantener un régimen que fomenta la ilegalidad y por cerrar los ojos frente a lo obvio, pero otra manera de ver lo mismo reconocería que esa política ha constituido una respuesta pragmática frente al tema de fondo: el que la sociedad norteamericana, como un todo colectivo, no está dispuesta, al menos en este momento, a llevar a cabo el tipo de cambio en su política migratoria como el que añora el gobierno mexicano.

Desde la perspectiva estadounidense hay dos dinámicas que en México con frecuencia se pierden de vista: una es que nuestros connacionales no son los únicos que desean migrar hacia esa nación. La diversidad de nacionalidades que estaba representada en las torres gemelas –más de 150 distintas- muestra un panorama mucho más claro del fenómeno. Aunque hay muchos estadounidenses que verían con buenos ojos algún tipo de liberalización migratoria hacia México, para otros el tema es anatema. Es decir, la primera dinámica, la de la diversidad de demandantes de empleo, crea una gran barrera a cualquier discusión migratoria más amplia. Esa es la razón por la cual la respuesta estadounidense al planteamiento mexicano tuvo un carácter administrativo: veamos cómo podemos incrementar visas de cualquier tipo en lugar de meternos en el berenjenal de un acuerdo migratorio con todos sus componentes emocionales y políticos que se entrecruzan en el legislativo. La vía administrativa no requería un acuerdo social amplio, lo que lo hacía relativamente más simple.

La otra dinámica es mucho más compleja y profunda y tiene que ver con percepciones. Como la gran potencia que son, los norteamericanos no se perciben responsables o urgidos de resolver los problemas de otros, lo que no evita que se vean permanentemente acechados por demandas de ayuda, apoyo y soluciones por parte de prácticamente todos los países del mundo. Es decir, los mexicanos somos una de muchas prioridades para ellos. La vecindad sin duda es un criterio de prioridad, pero también lo son otros, como los geopolíticos, que les lleva a tratar con países como China y Rusia, o los que surgen de compartir valores fundamentales (como con Inglaterra) y naciones aliadas clave (Alemania y Canadá, principalmente). Estas últimas pueden estar de acuerdo en políticas concretas o no (como Irak), pero nadie duda de que comparten la misma visión del mundo.

Si queremos un acuerdo migratorio tenemos que ganarnos a la sociedad norteamericana y eso implica modificar sus percepciones. Si bien no hay razón alguna por la que México tenga que sumarse a todas las acciones y decisiones que emprende aquella nación, es evidente que las percepciones de sus ciudadanos se van forjando por pequeñas acciones cotidianas. La reacción de los canadienses y británicos luego del 11 de septiembre los colocó todavía más cerca del corazón colectivo norteamericano, mientras que la nuestra nos alejó otro poco más. Si queremos que ellos atiendan nuestro reclamo migratorio, tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros mismos sobre lo obvio: en si estamos dispuestos a convivir con ellos. Nuestra capacidad de convencerlos depende de nuestra postura –y congruencia- al respecto. Por ello, nos guste o no, Irak sí tiene importancia.

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Luis Rubio

El gobierno argentino cavó su tumba cuando creó el llamado corralito, es decir, cuando destruyó el ahorro de toda la población. Con esa acción, dio inicio el camino al despeñadero en que ahora se encuentra un país que antes fue rico y que, por un rato al menos, parecía estar saliendo adelante. El tema del ahorro de la población es tan fundamental, tan sensible y tan crítico que nadie puede soslayarlo. Es a la luz de esta consideración que debe evaluarse el mal llamado rescate bancario en el país. Es evidente que en todo el asunto de la privatización y del rescate posterior de los bancos hubo errores, corrupción, torpeza y muchos vivales (tanto por el lado de las autoridades responsables como de los bancos y los acreditados). Es decir, en la privatización y en el rescate posterior, el gobierno diseñó un programa que incentivó el desorden, premió la irresponsabilidad y el no-pago de las obligaciones contraídas y, con todo ello, elevó exponencialmente el costo del rescate. Pero también es cierto que ningún ahorrador perdió su patrimonio, algo de lo que los argentinos no se pueden jactar. El rescate bancario fue carísimo por los errores de concepción que lo caracterizaron y por la torpeza con que se ejecutó, pero ese es un tema del pasado. Mantenerlo vivo tiene beneficios aparentes para algunos partidos políticos de oposición (incluido el PAN), pero pone en entredicho las condiciones que el país requiere para atraer inversión, eleva el costo de la deuda pública y, por tanto, lo que la población acabará pagando por el rescate. Dado que es imposible reescribir la historia y que las elecciones del 2000 ya dieron el veredicto popular sobre este tema, es tiempo de movernos hacia adelante.

El IPAB es una institución que nació preñada de vicios por los intereses y agendas en conflicto de quienes lo suscribieron. En su constitución se intentó conciliar lo irreconciliable: la agenda del PAN, que quería evidenciar la ineptitud del gobierno en turno y, además, tener la oportunidad de hacerlo cada año cuando en la negociación del presupuesto se asignaran los recursos para su financiamiento; la agenda del PRD, que siempre quiso convertir al entonces FOBAPROA en el hazmerreír del gobierno; y la agenda del propio gobierno, que no sabía ni lo que había hecho, pero tenía al menos claridad suficiente para reconocer que lo imperativo era proteger el ahorro, evitar corridas contra los bancos y la pérdida de credibilidad en el sistema bancario. Aunque buscaban fabricar un caballo, es evidente que de la suma de estos intereses en conflicto sólo podía emerger un camello.

La característica medular del nacimiento del IPAB acabó siendo la desconfianza, factor que dominó las ideas que llevaron a un diseño institucional sui generis en el que se nombraron vocales independientes, a los que se dejo aislados y desprotegidos y con todos los incentivos a actuar de una manera extremadamente cautelosa. Dado el diseño institucional que hace personalmente responsables a los vocales del instituto de lo que ahí suceda, éstos no tienen incentivo alguno para reducir el costo del rescate y si, en cambio, para minimizar cualquier riesgo personal que pudiera resultar de decisiones relacionadas con este episodio tan tristemente célebre de nuestra mala administración pública. Lo peor es que, ahora que es obvia la disfuncionalidad de la institución porque no está contribuyendo a concluir adecuada y rápidamente el malogrado rescate del ahorro y las instituciones bancarias, nadie en el plano político está dispuesto a reconocer sus errores. Todo ello conlleva a que el tema se politice de una manera permanente, con graves consecuencias para la reactivación del crédito, la atracción de inversión extranjera y, por lo tanto, la reactivación de la economía.

Como toda entidad económica, el IPAB tiene activos y pasivos. Los pasivos están compuestos por los pagarés que tanto el FOBAPROA como el IPAB emitieron a los bancos para respaldar los depósitos del público. Sus activos se componen de la cartera que la entidad heredó de los bancos. El IPAB tiene dos mandatos distintos que le complican su existencia: por un lado, es responsable de garantizar, por el momento en forma ilimitada, el ahorro del público en los bancos. Por el otro, la entidad es responsable de administrar los activos y los pasivos que heredó de la crisis bancaria del 95. Todo indica que el IPAB está bien organizado para cumplir con su responsabilidad de garantizar el ahorro hacia adelante.

Por lo que se refiere al segundo mandato, el objetivo del IPAB era vender activos y lograr la máxima recuperación posible de la cartera, a fin de reducir el costo fiscal del rescate bancario, así como asumir las obligaciones que resultaron de los programas de capitalización (de los bancos que fueron absorbidos por esa entidad), y de la compra de cartera (de las instituciones que sobrevivieron). Es decir, por el lado de los activos, el IPAB tenía que administrar la cartera y los activos que recibió, vender los activos que heredó y recuperar todo lo posible de la cartera de crédito. El manejo de los activos ha sido un verdadero desastre. Para comenzar, el IPAB heredó una enorme cartera cientos de miles de créditos que estaban en poder de los bancos- que, al ser entregada al IPAB, dejó en buena medida de ser administrada. El mecanismo estuvo tan mal concebido, que los bancos absorbidos se desentendieron de su cartera, en tanto que los bancos que sobrevivieron, aunque la siguieron administrando, perdieron todo incentivo para reestructurarla. De esta manera, si de por sí los acreditados tenían dificultades (y, en muchos casos, indisposición) para pagar sus adeudos, una vez que la cartera se le turnó al FOBAPROA, la responsabilidad de cobranza se diluyó, lo que generó oportunidades de fraude, corrupción y caos por parte de todos los involucrados.

Por las malas políticas de otorgamiento de crédito y la confusión que caracterizó al FOBAPROA, la abrumadora mayoría de la cartera que el IPAB heredó valía muy poco. Lo que procedía era vender esa cartera con la mayor celeridad posible para maximizar su valor, así fuese éste muy bajo. El IPAB, sin embargo, ha sido en extremo cauteloso (otra vez, producto de su diseño institucional) y muchas en las subastas para la venta de cartera se han declarado desiertas porque no ha habido postor para los precios que el instituto ha querido recibir. El problema es que el precio se deteriora con el tiempo y la recuperación se vuelve cada vez menor. Algo similar ha ocurrido con la venta de los activos. Suponiendo que los precios serán más altos en el futuro, la venta de activos se pospone una y otra vez. El caso de Cintra, la controladora de Aeroméxico y Mexicana, es sintomático: hace cuatro años probablemente valía diez veces lo que vale hoy. Muchos de los temas favoritos del IPAB, como su perenne pleito en torno al intercambio de los pagarés, no son sino cortinas de humo para ocultar sus magros resultados.

El manejo de los pasivos no ha sido más afortunado, pero sí mucho más peligroso. En principio, el manejo de los pasivos no debería tener mayor ciencia, pues su valor se estableció desde el principio y sólo podía ser modificado dentro de los primeros seis meses que siguieron a la creación del IPAB. La ley que creó el IPAB le dio este plazo a la institución para que llevara a cabo todas las auditorias pertinentes y, con base en ello, determinara el valor de la cartera que adquiría y que serviría de base para la emisión de los pagarés. A eso se sumó la auditoria realizada por Michael Mackey por cuenta de la Cámara de Diputados. Esas dos instancias tenían por objeto detectar cualquier anomalía o créditos ilegales para regresarlos a los bancos o reducir el valor del pagaré respectivo. Eso fue hace tres años y, sin embargo, todo indica que la intención del IPAB es la de reducir el valor de esos pagarés al momento del intercambio, cuando se venza su plazo. Además, la deuda del IPAB, que para todo fin práctico es deuda pública, es más costosa que el resto de la deuda gubernamental por la necedad demagógica (parte de los vicios de origen) de no reconocerla como tal, lo que implica un debate interminable e innecesario, al final de cada año.

La jugada, que sin duda es políticamente atractiva, entraña consecuencias potencialmente muy graves. Para comenzar, es irónico que el mecanismo inherente al rescate bancario, y que persiste, premie el mal comportamiento y penalice el manejo responsable. El fenómeno es ubicuo en todo el espectro del FOBAPROA-IPAB. Los bancos que fueron absorbidos por esa entidad (los que habían sido pésimamente administrados) han quedado libres de toda presión política, mientras que los bancos que fueron mejor administrados son objeto de presiones interminables. Así, hay bancos propiedad de extranjeros que son buenos desde la perspectiva del IPAB (los que fueron absorbidos), mientras que otros, igualmente propiedad de extranjeros (los que sobrevivieron), son malos para esa entidad. En segundo lugar, nadie parece querer apreciar el hecho de que la excesiva cautela del IPAB entraña costos enormes para el erario, pues mientras esos activos improductivos estén en sus manos, los costos del rescate seguirán creciendo. Finalmente, aunque la noción de querer reducir el valor de los pagarés sea una muestra teórica de patriotismo, el hecho es que viola la esencia de un contrato, entraña la alteración del orden jurídico y, por tratarse de empresas protegidas por el TLC, podría ser motivo de demandas e indemnizaciones mucho más costosas en dinero y credibilidad.

Mientras los políticos disfrutan del escándalo que representó todo el affaire FOBAPROA, nadie asume la responsabilidad de reducir sus costos, concluir la venta de activos y cartera y, finalmente, cerrar el capítulo más costoso de nuestra historia reciente. La falta de sentido de responsabilidad en todo este asunto es verdaderamente pasmosa. Todo mundo se dedica a tratar de salvar cara, mientras que los indefensos contribuyentes no tenemos más remedio que apechugar. No hay nada más costoso que la demagogia y, si no, preguntémosle a los empobrecidos argentinos.

Luis Rubio

Mas allá de la militancia reciente de algunos gobernadores, la apertura política que el país ha venido experimentando en los últimos años ha estado acompañada de un fenómeno pernicioso y potencialmente peligroso: el del derroche fiscal en los estados y municipios. Luego de que por décadas la federación ejerciera un férreo control sobre los asuntos fiscales, control que era con frecuencia denigrante y animado por criterios partidistas y de lealtad personal, hemos pasado a un esquema de despilfarro que no sólo no fortalece el federalismo, sino que pone en riesgo la estabilidad fiscal del país. Ahora que los legisladores están por revisar el presupuesto de la federación, existe la oportunidad de transformar la estructura de las finanzas públicas para el bien del país.

Por décadas, el gasto público se manejó de una manera arbitraria y autoritaria. El ejecutivo federal decidía las prioridades de gasto, el poder legislativo las sancionaba y legitimaba y los mexicanos apechugábamos. En ocasiones, como ocurrió en las décadas de los cincuenta y sesenta, los criterios de asignación del gasto resultaron propicios para el crecimiento económico con estabilidad. En otras, ocurrió exactamente lo contrario: en los setenta, por ejemplo, el gasto público se utilizó como un arma ideológica, lo que eventualmente se tradujo en la sucesión de crisis económicas que comenzó en 1976 y concluyó, esperemos, en 1995. El punto medular es que el uso arbitrario del gasto público gastar más de lo que se tiene y de manera caprichosa- lleva a la inestabilidad económica, a la vez que obstaculiza el crecimiento.

Pero la arbitrariedad no se limitaba a la definición de las prioridades del presupuesto. Por muchos años, el gasto público sirvió como mecanismo para premiar o disciplinar a los gobernadores de los estados, quienes tenían que sujetarse no sólo a las demandas presidenciales de lealtad política, sino también a las reglas establecidas por la Secretaría de Hacienda y a los humores y preferencias personales de funcionarios de quinta. Hace no muchos años era frecuente encontrar a gobernadores y funcionarios electos, haciendo antesala en las oficinas de algún director general de la Secretaría de Programación y Presupuesto, confiando que el responsable de las asignaciones presupuestales vería con favor las peticiones del gobernador. Los gobernadores -que ahí esperaban horas para ser recibidos por funcionarios menores en la escala burocrática, pero obviamente superiores en el organigrama político- parecían niños de primaria esperando a que el director de la escuela los castigara por haberse portado mal. El espectáculo era, además de denigrante, ilustrativo de los vicios de un sistema político que privilegiaba la disciplina partidista y personal sobre el desarrollo del país.

La revuelta contra el control centralizado del presupuesto que hemos observado en estos años, y con alevosía en la última semana, es perfectamente explicable. Tan pronto tuvieron la primera oportunidad de rebelarse, los gobernadores y muchos ex gobernadores o ex funcionarios estatales que hoy son diputados o senadores, actuaron con saña. Las transferencias directas de la federación a los estados y municipios, que hoy representan casi el 70% de presupuesto federal, son resultado de una reacción, de una venganza contra la arrogancia de la burocracia federal. No es casualidad que sean tan populares. El propio presidente Fox, en su calidad de ex gobernador, fue de los primeros en aplaudir la muerte de la subordinación de los gobernadores al la burocracia federal en todo lo relacionado con esta materia. Pero ahora que vemos las consecuencias del nuevo esquema, se impone la necesidad de evaluar su racionalidad.

El punto de partida es, tiene que ser, el rechazo al viejo esquema de subordinación. Sin embargo, esa premisa no puede emplearse para justificar transferencias millonarias sin que medien mecanismos de rendición de cuentas como contraparte. El hecho palpable es que la calidad del gasto estatal se ha deteriorado, toda vez que, en la mayoría de los casos, los dineros ya no se emplean para proyectos con una elevada rentabilidad social y/o económica, sino para los que le resultan atractivos al gobernador o, en su caso, al presidente municipal. El crecimiento en el número de vehículos y camionetas de lujo que han adquirido los gobiernos estatales y municipales es el mejor testimonio de la nueva realidad. Si bien antes los funcionarios federales con frecuencia injuriaban a los gobernadores al exigirles no siempre de buena forma- proyectos concretos de inversión con una elevada rentabilidad social (desarrollo de infraestructura versus camionetas Suburban para la esposa del gobernador), ahora no existe condicionalidad alguna para la mayor parte de los recursos que se transfieren. En la actualidad, los fondos federales, los que hemos aportado todos los mexicanos a través de nuestros impuestos, acaban en manos de gobernadores que no sienten ni la menor responsabilidad ante nadie: los recursos son suyos para hacer lo que les venga en gana.

Es evidente que no todos los ejecutivos estatales y locales son caprichosos y que muchos hacen el mejor uso posible de los recursos. También es evidente que muchos de ellos, con frecuencia, no cuentan con las capacidades para evaluar la rentabilidad de los proyectos de inversión y acaban decidiendo en función de su mejor juicio. El problema es que los mexicanos acabamos dependiendo de la buena voluntad y del buen criterio de estas personas para el uso óptimo de los recursos fiscales. Ninguna sociedad democrática puede tolerar semejante arbitrariedad.

Ahora que los legisladores tienen frente a sí el presupuesto federal para el próximo año, tienen la oportunidad de modificar la estructura de asignación de los recursos públicos. Es evidente que el problema no reside en transferir recursos públicos a estados y municipios o en etiquetar una determinada porción de ellos, sino en la manera en que esto se hace y en la ausencia de mecanismos que obliguen a la rendición de cuentas. Los legisladores tienen la oportunidad de crear un nuevo sistema de asignación. Hay tres criterios que podrían guiar su proceso de decisión en esta materia: primero, tiene que haber rendición de cuentas sobre esos recursos; segundo, es imperativo fortalecer las finanzas públicas (tanto las estatales y municipales como las federales); y, tercero, debe privilegiarse (y premiarse) el empleo de los recursos públicos en los proyectos de mayor rentabilidad social y económica.

El criterio central en la asignación de los recursos fiscales tiene que ser el de la responsabilidad. La forma de acabar con la arbitrariedad y arrogancia de los funcionarios federales de antaño no puede ser, como ahora sucede, con arrogancia y arbitrariedad de los gobiernos estatales o municipales. Lo imperativo es crear mecanismos de rendición de cuentas que hagan responsables a los gobernadores directamente frente a sus ciudadanos. En la actualidad, como los recursos vinieron del cielo, el gobernador no tiene porqué darle explicaciones a nadie de su uso. En cierta forma, desde la perspectiva de un ciudadano residente en un estado, los recursos son una adición bienvenida a lo que había, así se mal usen o desaparezca parte de ellos: de lo perdido lo que aparezca. Este procedimiento es intolerable porque se presta a la corrupción pero, sobre todo, porque no permite asegurar que los recursos sirvan a su propósito esencial: contribuir al desarrollo del país, de la región, estado o municipio.

La única manera de avanzar hacia un uso responsable de los recursos federales es desarrollando fuentes de recaudación a nivel local. En la actualidad es mucho más fácil para un gobernador conseguir recursos del gobierno federal que cobrar impuestos en su propio estado. Aun en los casos en que el gobernador tenga que someterse a la arrogancia de los funcionarios federales, ese procedimiento es infinitamente más sencillo y barato que el de recaudar impuestos en su propio terruño. Por esta razón, lo primero que los legisladores tienen que lograr es hacer atractivo el cobro de impuestos a nivel estatal y local. Esto lo pueden lograr de una manera muy sencilla: convirtiendo las transferencias federales en zanahorias. Es decir, en lugar de transferir los recursos sin más, la federación se compromete a entregar, por ejemplo, un peso federal por cada peso que el estado logre recaudar. Más aún, este principio se podría desarrollar de tal manera que la federación premiara la recaudación adicional: a cada peso de recaudación local, le correspondería uno federal hasta llegar a equis número de pesos. Después de ese umbral, se entregaría el doble por cada peso recaudado en el estado o municipio.

Un esquema como el anterior permitiría matar varios pájaros con un solo tiro: desarrollar una base fiscal mucho más amplia, sólida y sostenible que la que actualmente existe, sobre todo a nivel municipal y estatal (que, además, tendría el beneficio de ser independiente del gobierno federal); crear un mecanismo de rendición de cuentas, pues la persona que paga su impuesto predial va a estar en mejor disposición y capacidad de exigirle resultados a su presidente municipal y gobernador; y crear mecanismos de apoyo por parte de la federación (o de entidades como los bancos de desarrollo e, incluso, el Banco Mundial) para asegurar la rentabilidad de los proyectos de inversión. Los gobiernos estatales, ya con dineros propios, podrían recurrir a entidades debidamente pertrechadas con técnicos competentes para ayudarles a realizar las mejores inversiones en sus respectivos estados.

El país ha cambiado de manera notable y, sin embargo, la ciudadanía no vive mejor ni tiene mejores medios para influir sobre sus gobernantes directos. Los legisladores podrían utilizar el presupuesto federal para desarrollar incentivos idóneos, capaces de desatar la mayor revolución política que el país jamás haya experimentado. Los gobernadores se han presentado como la nueva fuerza política que son. Bienvenidos, pero con una clara rendición de cuentas.

Luis Rubio

El país enfrenta riesgos y desafíos crecientes para los que no se está preparando. El mundo a nuestro derredor se está transformando, pero nosotros seguimos ensimismados en un proceso que no puede sino acabar siendo catastrófico para la mayoría de la población. Los productores chinos sacan del mercado a un número cada vez mayor de mexicanos, a la vez que son más efectivos para atraer la inversión que tanto nos hace falta aquí. La economía del país requiere decisiones y acciones y las requiere pronto. El que los partidos y los políticos tengan profundas diferencias entre sí es algo ciertamente legítimo, pero mientras resuelven los temas de las relaciones del poder, tienen que reconocer el enorme y creciente costo de su inacción.

La economía del país está estancada y el entorno internacional no es favorable. No se requiere ser un genio para observar el enorme desorden que caracteriza al mundo, en todos los ámbitos, y apreciar la complejidad del tiempo que nos ha tocado vivir: el estancamiento en algunas de las principales economías europeas y la deflación en Japón, el terrorismo islámico y la revuelta electoral en Brasil, la enorme competitividad de la economía china y la estrategia geopolítica de Rusia. El mundo cambia a un paso tal que los marcos de referencia que hace algunos años parecían inamovibles, hoy son alterados de manera cotidiana. Lo único que es certero es el cambio mismo, pero también el que todo mundo se ve afectado por ese cambiar permanente. Nadie vive, ni se puede mantener, aislado.

Este es el contexto en el que los mexicanos tenemos que desenvolvernos y prosperar. Cada uno de los habitantes del país tiene que encontrar su camino, pero el marco regulatorio y legislativo lo establece el gobierno (ejecutivo y legislativo) y éste abre o cancela oportunidades. De ahí la enorme responsabilidad que gobierno y legisladores tienen frente a sí. El país requiere cambios fundamentales, definiciones estratégicas y acciones concretas. En ausencia de ellos, la economía se va a mantener estancada y, en el mejor de los casos, evitará caer en una recesión. Se trata de un riesgo monumental para un país con una población creciente como la nuestra. Lo único que los mexicanos ya no quieren consumir es más retórica y más explicaciones de por qué no se puede.

El país cuenta con dos motores para su crecimiento. Uno es el mercado interno y el otro el de las exportaciones. A lo largo de los últimos diez años, la mayor parte del crecimiento fue producto de la demanda generada por nuestros mercados de exportación, sobre todo, de las otras dos economías norteamericanas. En ausencia de otros estímulos, el mercado interno ha crecido esencialmente como consecuencia de la demanda que las propias exportaciones generan, es decir, por la producción de partes, componentes y servicios de que se nutre la industria de exportación. En este momento, la economía norteamericana experimenta un ritmo menor de crecimiento que el de los últimos años, lo que ha afectado el crecimiento de nuestras exportaciones. Además, la competencia de productos originados en otros países, notablemente de China, ha tenido un fuerte y negativo impacto sobre nuestras exportaciones. Es decir, aunque todavía pujantes (seguimos exportando cientos de billones de dólares), nuestros principales mercados de exportación no prometen ser una fuente de crecimiento tan grande como lo fueron hasta hace poco.

El mercado interno, por su parte, sigue atrofiado por la ausencia de una planta productiva moderna y competitiva, capaz de satisfacer al consumidor nacional. Años de protección respecto a las importaciones, de dependencia del gasto público y de subsidios gubernamentales, generaron una planta productiva mediocre, de baja calidad, altos costos y poca especialización. Luego de años de un cambio profundo en la naturaleza misma de la administración económica del país, gran parte de ese aparato productivo se ha rezagado, quedando marginado del sector exportador y sin un mercado interno al cual dirigirse. Se trata de centenares de miles de empresarios medianos y pequeños que no han comprendido el cambio que ha experimentado el mundo y que siguen esperando que el gobierno les eche la mano. Una suerte similar caracteriza a productores pequeños, talleres de confección, talleres mecánicos y demás, que no se han modernizado ni tienen la menor idea de qué es lo que tendrían que hacer para acoplarse a un mundo cambiante como el que nos ha tocado vivir.

La solución no reside en cerrar los ojos al cambio que experimenta el mundo, ni en retornar a esquemas de desarrollo que hace años se abandonaron por inefectivos. Es fácil, como decía Miguel de Cervantes, pretender que todos los tiempos de antes fueron mejores; la realidad es que las reformas económicas de los ochenta y noventa se iniciaron y avanzaron porque lo que había no estaba funcionando, porque nos orillaba a un desastre económico y social. La idea que con frecuencia se defiende de que lo que se necesita es una nueva política industrial, más gasto público y, en general, mucho de lo que el probable candidato vencedor para la presidencia brasileña, promete en caso de ganar, es mera retórica. Lo que el país requiere es crear las condiciones para que nuestras exportaciones recuperen su dinamismo y eleven su valor agregado, en tanto que se genera un poderoso mercado interno por medio de nuevas inversiones productivas. El pasado, que nunca fue tan bello, ya no existe. Lo imperativo es construir el futuro.

Las soluciones a la problemática económica y productiva que enfrentamos no son difíciles de conceptualizar, ni demasiado complejas de instrumentar. El problema radica en la incapacidad de los políticos para ponerse de acuerdo en temas esenciales para darle solución a estos problemas y en su indisposición a pensar en función del futuro del país y del desarrollo de la población.

Tanto por el lado de las exportaciones como del mercado interno, la problemática central que nos aqueja se caracteriza por el extraordinariamente poco valor que se agrega en la economía mexicana. Es decir, una buena parte de los procesos productivos que se realizan en el país consiste en ensambles simples, que no entrañan más valor que la fuerza física del trabajador que los realiza. Por supuesto que no hay nada de malo en ese trabajo, pero el sueldo que percibe esa persona, usualmente no más que el salario mínimo, si acaso, refleja el valor que agregó. La única manera de elevar el nivel de vida de la población es generando más valor y haciéndolo de una manera eficiente. Es decir, aportando no sólo capacidad física, sino capacidad mental al proceso, de una manera muy productiva. El secreto de lo que tenemos que hacer reside en más valor agregado y una mayor productividad. No hay mucha ciencia en esto.

El país tiene que invertir en todo aquello que genera más valor agregado y una mayor productividad. Esto implica tres cosas: a) modernizar al sector productivo nacional; b) invertir en infraestructura, educación y salud; y c) crear condiciones que hagan propicio un crecimiento acelerado de la inversión productiva. Ninguno de estos elementos es particularmente novedoso. El problema es que ni el gobierno ni el poder legislativo se está dedicando, en cuerpo y alma como deberían, a hacer posibles estas tres condiciones. La modernización del sector productivo nacional depende no de protección, y subsidios, sino de la disponibilidad de información, crédito y un sentido de dirección. La mejor manera de lograr lo anterior es estimulando el desarrollo de nuevas cadenas productivas dentro del país, sobre todo en torno a las grandes empresas. Es decir, el gobierno podría crear mecanismos de estímulo para que las grandes empresas industriales del país se conviertan en las promotoras de la modernización productiva. Dados los enormes obstáculos que persisten (desde la falta de crédito productivo hasta la indisposición por parte de muchos empresarios pequeños de subirse al carro), sólo el gobierno tiene la capacidad de convocatoria para que todo el sector productivo se modernice. Un buen plan podría incluso crear estímulos adecuados para aprovechar el proyecto para desincentivar la producción informal de bienes. Es decir, urge un proyecto de desarrollo industrial, que no es lo mismo que una colección de apoyos y subsidios sin sentido (excepto el de enriquecer a unos cuantos favoritos), como los que caracterizaron la política gubernamental en la materia en los años cincuenta y sesenta.

Por lo que toca a la inversión en infraestructura, educación y salud, tanto el gobierno como el congreso tienen la última palabra. Al país le urge inversión en electricidad y una revolución educativa. Ambos chocan con la ideología paternalista y los intereses corruptos de algunos priístas y sus líderes sindicales. Cualquiera que analice los montos de inversión que se requieren en materia energética sabe bien que sólo con inversión privada éstos pueden ser satisfechos de una manera eficiente y oportuna. Lo mismo ocurre con la educación: millones de mexicanos son pobres porque la educación los empobrece más. Hasta que no cambiemos la ecuación y pongamos al mexicano en el centro de todo programa de desarrollo, la producción seguirá siendo de poco valor agregado y los ingresos igual de bajos y miserables. Dada la realidad china, a menos que invirtamos seriamente inversión en dinero, pero también inversión política- en educación, infraestructura y salud, los mexicanos vamos a vivir una era de empobrecimiento acelerado. No hay alternativa: tenemos que cambiar.

El país requiere de inversión productiva y en infraestructura. Está en manos del gobierno formular las propuestas correspondientes y del poder legislativo hacerlas realidad. Uno o el otro puede ofuscarse, esconderse, pretender que el otro es responsable o envolverse en la bandera de sus intereses e ideologías. Pero eso no va a resolver el problema que el país enfrenta y el empobrecimiento que le espera de no actuarse bien y pronto. Lo fácil es rehuir la responsabilidad, que ya parece deporte nacional. Lo responsable sería comenzar a actuar en estos frentes; las diferencias, todas ellas legítimas, dejémoslas para los deportes.

Luis Rubio

El Medio Oriente siempre ha sido un mundo de espejos y sombras donde nada es lo que aparenta. Lo aparente, sobre todo si uno sigue la prensa, es que los países árabes, comenzando por Egipto y Jordania, están luchando con todo fervor por la constitución de un estado palestino, que la principal motivación norteamericana respecto a Irak son sus armamentos no convencionales y que la creación de un nuevo país, llamado Palestina, resolvería los problemas pendientes de la región. La realidad resulta ser tan compleja que todos los actores regionales son expertos consumados en el juego del humo y los espejos. En este contexto, no debería ser sorprendente que todo, incluyendo el rejuego norteamericano respecto a Irak, sea un intento por manipular las expectativas a través de movimientos tanto políticos y militares como psicológicos.

Tres temas coexisten y se retroalimentan en la política levantina. Por un lado se encuentra el conflicto árabe-israelí y las convulsiones que el asunto suscita en el mundo árabe en general; en segundo lugar está Irak, la megalomanía de su jefe de gobierno, la zona petrolera más grande e importante del mundo y el equilibrio geopolítico entre Irán e Irak; finalmente, el tercer tema, es el del grupo terrorista Al Qaeda, que irrumpió violentamente en el mundo occidental con sus ataques contra Nueva York hace un año. Los tres temas tienen características y dinámicas propias, que inexorablemente se comunican e influencian de manera sistemática.

El común denominador de estas tres problemáticas, además de la región en que se concentran, es el desempate entre las aspiraciones de la población y las realidades tangibles a las que ésta se enfrenta. La mayoría de las naciones de la región está dominada por gobiernos autoritarios que no tienen empacho alguno en emplear la retórica de la democracia para mantener sometida a su población. Esta circunstancia fue sostenible por décadas, si no es que siglos, por la falta de comunicación y la nula disponibilidad de fuentes independientes de información. En los últimos años, sin embargo, esas carencias han sido suplidas por distintos medios, comenzando por la Internet, pero sobre todo, en el mundo árabe, por la aparición de una cadena noticiosa llamada Al Jazzeira, que se dedica a transmitir información sin censura en toda el área. La disponibilidad de fuentes independientes de información ha transformado a la región y ha creado fenómenos políticos nuevos desde manifestaciones y movilizaciones frecuentes, hasta actitudes radicales y antisistémicas-, la mayoría de ellos generadores de grandes preocupaciones para los gobiernos establecidos. Muchas de las reacciones públicas de los gobiernos de la región ante los estímulos externos tienen más que ver con esas preocupaciones, que con ideas novedosas de solución a los conflictos que aquejan a la región.

Pocos temas son tan candentes en el mundo árabe como el palestino, pero no necesariamente por las razones que se argumentan. Independientemente de las injusticias que han sufrido los palestinos a lo largo del tiempo, su causa ha cobrado una enorme dimensión política en toda la región por la visibilidad que ha adquirido gracias a la televisión. La diseminación de la información ha traído, a su vez, consecuencias mucho más severas de lo que podría parecer a primera vista. Para empezar, el hecho mismo de la violencia sirvió de escudo propagandístico a Bin Laden y Al Qaeda luego de los ataques terroristas de hace un año. Sin embargo, nadie que haya observado el fenómeno palestino puede dejar de apreciar la enorme paradoja que representa esa manipulación propagandística: a final de cuentas, aunque los palestinos son musulmanes, el movimiento palestino, al menos en su inicio, fue esencialmente secular, como lo es la mayor parte de esa población. Sin duda, Hamas y otros movimientos tienen un carácter religioso y muchos de los terroristas suicidas eran hijos putativos de esos movimientos, pero eso no implica que la religión haya sido el componente central del movimiento palestino. El Islam es una religión en que no existe separación entre la iglesia y el Estado; sin embargo, el caso de Turquía muestra que esa separación es posible y el movimiento palestino ha sido un buen ejemplo de esa separación en la praxis política. Bin Laden, como tantos otros, utiliza a los palestinos para sus fines propios.

De esta manera, no deja de ser irónico que uno de los movimientos más fundamentalistas, más retrógrados en términos de derechos humanos y civiles y más reaccionarios del mundo moderno, como el encabezado por Bin Laden, haya buscado legitimarse a través de los palestinos. A final de cuentas, el objetivo principal de Al Qaeda consiste en apoderarse de alguno de los países árabes ricos y políticamente importantes (como Egipto o Arabia Saudita) para poder instalar una república islámica, con todas las restricciones que eso entraña en términos de derechos humanos, de la igualdad de género y demás. No es casualidad que el régimen Talibán en Afganistán haya hecho propicio el desarrollo y crecimiento de Bin Laden y su organización.

De lo que no hay duda es del razonamiento estratégico de los líderes de Al Qaeda al explotar la causa palestina para sus propios fines. Para comenzar, la visibilidad de la violencia árabe-israelí se prestaba como causa idónea para ser enarbolada por un movimiento terrorista (sobre todo después del hecho). Con una causa como esa, con la que se podían identificar millones de árabes en los lugares más recónditos, Al Qaeda lograba no sólo legitimidad retrospectiva para sus actos terroristas, sino, a la vez, deslegitimar a su oposición, comenzando por los propios gobiernos árabes, además de Estados Unidos. El hecho tangible es que los atentados terroristas fueron populares en muchas naciones árabes y que esa popularidad no fue apreciada por los gobiernos de esas mismas naciones.

Es evidente que las manifestaciones de apoyo a Bin Laden o a los palestinos no contribuyen a la estabilidad política de naciones que tienen mucho de que estar preocupadas. La violencia emanada del conflicto palestino ha sido observada por millones de televidentes, todos ellos capaces de comenzar a asociar violencia con gobiernos autoritarios y terrorismo con legitimidad. Es decir, el otro lado de la violencia causada por los terroristas de Bin Laden o por los choques entre palestinos e israelíes es el impacto político de las movilizaciones humanas que están teniendo lugar en el resto del mundo árabe. La creciente concientización y madurez política de la población, todo ello producto de estos movimientos, es un anatema absoluto para el orden establecido en todos los países árabes, independientemente de la naturaleza específica de sus respectivos gobiernos. Para un movimiento como Al Qaeda, cuyo objetivo es precisamente el desestabilizar a los países árabes clave, nada es tan útil como el que sus poblaciones estén alborotadas.

Todo esto ha llevado a la mayoría de los gobiernos árabes a concluir que la existencia de un estado palestino no haría sino agudizar la percepción interna de crisis y la falta de legitimidad de los gobiernos y, por lo tanto, constituir una fuente de inestabilidad política todavía mayor. De esta manera, más allá de la retórica, lo último que quisieran ver naciones como Egipto y Jordania, e incluso Arabia Saudita, es el nacimiento de otra fuente de conflicto en sus fronteras. Aunque la retórica diga una cosa, la realidad política de varios de los regímenes árabes es una de desolación, circunstancia que les lleva a proponer planes de paz, convocar a las partes a entenderse y, sobre todo, a tratar de mantenerse adelante de la ola política en sus propias sociedades.

Desde esta óptica, Irak juega un papel fundamental en la correlación de fuerzas entre el Medio Oriente y Occidente, particularmente Estados Unidos. Irak se ha ganado un gran prestigio en las calles de las naciones árabes precisamente porque ha resistido de manera exitosa a Estados Unidos. En una región en la que en los últimos siglos los fracasos han sido más frecuentes que los triunfos, no es de sorprender que un luchador, sobreviviente frente al poderío de una gran potencia, se haya ganado el respeto de muchos de sus vecinos, aunque seguramente pocos gozarían de vivir bajo su yugo. El prestigio psicológico de que goza Sadam Hussein entre los árabes es inmenso. Ahí yace la importancia estratégica de Irak para Estados Unidos.

Por estas razones, desde la perspectiva de Washington, fuerzas como Al Qaeda e Irak constituyen desafíos que van al corazón de los valores occidentales de libertad y democracia que Estados Unidos representa. El hecho de que una nación, y su cabeza de gobierno, gocen de prestigio precisamente por desafiar a Washington representa un enorme reto para desarticular las redes de Al Qaeda y, en general, para el prestigio de Estados Unidos en la región. De esta manera, aún después del éxito estadounidense contra Al Qaeda en Afganistán, los persistentes choques entre israelíes y palestinos y la sobrevivencia de Hussein en Bagdad han enraizado una psicología anti norteamericana que impide acabar con Al Qaeda.

Así, en esta lógica, el desmembramiento del régimen de Sadam Hussein es percibido en Estados Unidos como un medio para romper con el círculo vicioso en que se encuentra la relación entre las naciones occidentales y las árabes. De ser correcta esta apreciación, más que pretender asestar un golpe inmediato y definitivo contra Sadam Hussein, el propósito de la andanada norteamericana sería el de debilitar la esencia, el alma psicológica que ha prestigiado a movimientos como Al Qaeda y contribuido a sostener a regímenes como el de Hussein en Bagdad. Si bien el tema palestino y el petrolero son obviamente importantes desde cualquier perspectiva estratégica, la dinámica del proceso de decisiones tanto en Estados Unidos como en muchas de las capitales árabes poco tiene que ver con estas consideraciones y todo que ver con la estabilidad política de sus regímenes y la fortaleza relativa de personajes como Saddam Hussein. En definitiva, en esta región, nada es como parece.

Luis Rubio

El desenlace de la confrontación entre el gobierno y el sindicato de Petróleos Mexicanos abre una extraordinaria oportunidad para el gobierno y el país: la de comenzar a ver hacia adelante y construir una nueva estructura institucional. La pregunta es si el gobierno aprovechará esa oportunidad y construirá sobre el ejemplo de unidad que su gobierno mostró la semana pasada, o retornará a la descoordinación y ausencia de dirección que ha caracterizado a la administración desde su inauguración.

La pregunta no es ociosa. El actuar gubernamental a lo largo de los primeros veinte meses no arroja nada promisorio. Para muestra basta un botón: las acciones gubernamentales en las semanas previas a la explosión del conflicto petrolero mostraron a un gobierno deseoso de hacer valer su autoridad, capaz de articular una estrategia política y exitoso al menos en avanzar más de lo que retrocedió en el camino. Pero esas mismas acciones también reflejaron problemas fundamentales, como la falta de un sentido de dirección, de unidad de propósito y capacidad de coordinación interna, excepto cuando el riesgo resultó extremo. Antes de que el agua le llegara al cuello, el gobierno se movió en una gran diversidad de direcciones al mismo tiempo, como si cada una de ellas fuese la única y principal. Aunque salió avante en el tema más delicado y conflictivo de lo que va de la administración, en su manera de actuar mostró la inexistencia de un diseño de país, de una visión clara de la estructura económica o política a la que quiere acercarse en el curso de estos años. Mientras más tarde en decidirse, peor será para el país. La oportunidad de dar un viraje es ahora.

A lo largo de las últimas semanas se pudo observar a un gobierno que igual convoca a la articulación de una mayoría capaz de aprobar sus iniciativas de ley en el congreso, que un gobierno dispuesto a hacer valer la ley, y su autoridad, en uno de los temas principales de campaña, la corrupción; un gobierno que convoca a la oposición a sumarse a un proyecto común y que luego lanza una andanada en su contra; un gobierno que invita a su contraparte estadounidense a avanzar en el tema migratorio, pero al que se provoca al atacar, sin beneficio evidente, a uno de los símbolos de su tradicional política exterior en la región; un gobierno que habla de mercados, pero que introduce obstáculos al desarrollo de una economía competitiva; un gobierno que habla de estabilidad económica, pero que concede todas y cada una de las peticiones de transferencias hacia los estados, sin generar mecanismos de rendición de cuentas o responsabilidad. Ninguna de estas acciones es mala o errada por sí misma; el problema es la ausencia de plan, las flagrantes contradicciones en su manera de actuar y la ausencia de coordinación entre lo que hace la mano derecha y la izquierda.

En todo este acontecer fueron evidentes dos tensiones en el actuar gubernamental. Por un lado, la indefinición del gobierno respecto al viejo corporativismo y la necesidad de avanzar hacia una nueva estructura económica, pujante y competitiva. El gobierno ha mostrado, una y otra vez, que no puede decidirse sobre el camino que debe seguir la economía del país y ha mostrado que, a pesar de su retórica, no reconoce que la democracia, de la que con toda razón se siente orgulloso, sólo puede prosperar en el entorno de una economía abierta y competitiva. Por otro lado, en materia política, el gobierno vive apagando fuegos. Su habilidad al respecto ha probado ser espectacular, superior en muchos casos a la de los regímenes priístas, lo que resulta notable porque la complejidad del momento actual es infinitamente superior a la del pasado, cuando el PRI servía de muro de contención. Las viejas y deterioradas estructuras e instituciones que antes servían a la estabilidad ahora resultan ser una de las principales fuentes de conflicto. Sin embargo, aunque la habilidad del gobierno ha sido enorme en ciertas coyunturas, también es evidente la total ausencia de un plan de acción, de un modelo de desarrollo político al que el país debiera encaminarse: ¿se pretende acentuar el corporativismo o liberalizar el “mercado” político? Por encima de todo, las distintas fuerzas dentro del propio gobierno empujan en direcciones opuestas y contradictorias en temas que son de esencia y que trascienden las legítimas diferencias de enfoque que cada secretario naturalmente tiene.

El punto de fondo es que el gobierno no parece tener una visión de lo que desearía que fuera el México del mañana y esa ausencia da cabida para que cada uno de sus componentes exacerbe las tensiones que ya de por sí existen en el país. El tema de la corrupción lo ejemplifica todo: por un lado se encuentran quienes ven el mundo blanco y negro y están decididos a erradicar la corrupción, cueste lo que cueste; por otro se encuentran los idealistas, incapaces de reconocer la realpolitik. El hecho es que el gobierno ha sido incapaz de decidir si va a perseguir la corrupción, a voltear la cara o a pretender que está haciendo lo que es políticamente imposible lograr.

La ausencia de una visión común esconde un hecho fehaciente: la existencia de planes y concepciones acabados y desarrollados, aunque casi siempre incompatibles, cuando no contradictorios entre sí. No hay una visión común o una línea claramente definida. El Pemexgate reunió a todos y cada uno de estos fragmentos en un todo caótico. Al reunir visiones negociadoras con agendas privadas, dogmatismos y visiones idealistas, el asunto de la corrupción entre Pemex y el PRI evidenció las tensiones que han estado ahí a lo largo de lo que va de la actual administración, pero que no habían puesto en entredicho nada fundamental como la estabilidad económica o política. El gobierno se unió y actuó de manera coordinada sólo porque la percepción de riesgo era monumental. Ahora el gobierno tiene la llave de la caja de Pandora: su disyuntiva es aprovechar el momentum que creó su victoria sobre el sindicato para seguir adelante y comenzar a cambiar la estructura política y económica del país o retornar a su anterior dispersión.

El país se encuentra en la mitad de un largo proceso de transición y cambio que iniciaron los gobiernos priístas anteriores, pero que fueron incapaces de concluir, pues eso habría entrañado el desmantelamiento y destrucción de todos los intereses corporativistas que históricamente habían sostenido al gobierno en su lugar. El Pemexgate ha hecho evidentes las contradicciones que entrañan los remanentes del sistema corporativista para el funcionamiento de una economía abierta y competitiva. Es decir, la persistencia de sectores protegidos –explícita o implícitamente- se ha convertido en un obstáculo infranqueable para el desarrollo de la economía del país, en un factor que impide elevar los niveles de competitividad y que, por lo tanto, tarde o temprano va a afectar de manera grave los niveles de crecimiento, empleo y creación de riqueza en el país.

Lo que procede es desmantelar todos los reductos de corporativismo, en lo económico y en lo político, que impiden que el país avance y se desarrolle.  Ese desmantelamiento requeriría poner fin a los arreglos especiales que han creado estancos protegidos en ámbitos sectoriales, sindicales y paraestatales. Esos estancos impiden que la inversión se eleve, que bajen los precios, que se generen nuevos empleos, todo en aras de preservar los privilegios y canonjías que favorecen a un puñado de líderes sindicales, priístas pretenciosos y otros intereses de antaño, a costa del resto de la población. Sin cambios importantes en las regulaciones e instituciones que sostienen a esos intereses, la capacidad de desarrollo de la economía mexicana seguirá truncada.

Lo anterior puede parecer muy teórico y, por lo tanto, muy distante de la realidad cotidiana. Sin embargo, nos afecta de una manera directa todos los días. Hoy pagamos precios por azúcar, telefonía, electricidad y gasolina, por citar algunos ejemplos obvios, sensiblemente superiores a los que pagan los consumidores en otros países. Esto le resta competitividad a los empresarios mexicanos y, por lo tanto, impide generar empleos y riqueza. Puesto en otros términos, por cada privilegio o canonjía de un sindicato o sus líderes, el resto de los mexicanos pierde cientos de oportunidades de emplearse o generar oportunidades de trabajo. La clave está en la competitividad, no necesariamente en la privatización.

Una vez que se comenzaran a desmantelar los arreglos que hacen posible el corporativismo y que muchos priístas parecen dispuestos a defender hasta la muerte, el gobierno se convertiría en un activo promotor de la competencia interna y de la competitividad de la economía en su conjunto. La transformación de la economía mexicana no es posible sin una contraparte igual en el ámbito político. Como mostró el asunto del Pemexgate, uno y otro son indistinguibles.

Hasta ahora, sin embargo, el gobierno actual, gobierno que no es heredero de todos los cochupos priístas del pasado, se ha distinguido por seguir el mismo enfoque que sus predecesores: modificar algunos ámbitos del corporativismo en lo económico (como sus iniciativas en materia laboral, energética y fiscal), pero sin tocar a los intereses políticos que depredan del statu quo. Lo peculiar y paradójico es que, de seguir por este camino, el gobierno habrá sido un digno sucesor de los últimos gobiernos priístas y nada más. El desenlace del conflicto petrolero invita a cambiar esta manera de actuar.

La disyuntiva es corporativismo o liberalización. El caso del azúcar y del absurdamente llamado “blindaje agrícola” muestra a un gobierno decidido a no menear las aguas, indispuesto a desmantelar el sistema al que tanto criticó. En lugar de abrir y transformar, esta recorporativizando o, como dice un agudo observador de estos asuntos, está “remantelando” al viejo sistema corporativista. Si el gobierno quiere lograr algo distinto a lo hecho por el PRI –la mediocridad permanente al servicio de unos cuantos individuos e intereses privilegiados- tendrá que definir a dónde quiere ir: liberalizar y mirar hacia adelante o recorporativizar y caminar hacia atrás.

www.cidac.org

Luis Rubio

Pocos momentos en la historia de un país son tan definitorios como el actual para México. Las últimas semanas nos han orillado al punto de quiebre: avanzamos hacia delante o nos quedamos rezagados en el pasado. En este tiempo, hemos podido observar a un país que se encuentra en dos mundos de manera simultánea: por un lado, un México que cambia y se transforma, que se queja y a la vez intenta encontrar un nuevo rumbo. Pero, por otro lado, también es patente la existencia de lo opuesto, un México paralizado y que pretende paralizarlo todo. Se trata de dos Méxicos: el que ve para adelante y el que se aferra al pasado. La manera en que se resuelva o concluya el conflicto petrolero, así sea menos definitiva de lo que pudiera ser deseable, va a determinar hacia dónde vamos.

De que el país se encuentra dividido no cabe la menor duda. Sin embargo, un factor de optimismo que el actual conflicto petrolero ha podido develar es que esa división atraviesa a todos los sectores, partidos y regiones del país. Por más que haya grupos de interés dedicados a amarrar navajas entre los contendientes en esta disputa particular, el hecho es que todas las entidades y corporaciones del país enfrentan divisiones en su interior. Los propios priístas, que han hecho gala de unidad en el congreso, muestran una fractura abismal frente al llamado Pemexgate. Aunque muchos priístas se aferran a un pasado que les resulta idílico, muchos otros reconocen que el país ya cambió y que es tiempo de comenzar a ver hacia adelante.

Esta es precisamente la disyuntiva. Si uno se pone en los zapatos de los intereses que por décadas se beneficiaron de manera grosera y desmedida de la llamada institucionalidad de que tanto presumían los priístas, es natural que no quieran ceder ni un ápice y que aprovechen cada resquicio, en este caso un conflicto laboral, para buscar proteger los privilegios y abusos que los han caracterizado por décadas. La gran pregunta es si están verdaderamente decididos y dispuestos a arriesgar el bienestar de la población en general lanzándose a una huelga cuyas dimensiones y consecuencias nadie, a ciencia cierta, puede imaginar.

El que juega con fuego, como dice el dicho, corre el riesgo de quemarse. Esto es lo que ha hecho que a un sinnúmero de priístas les haya ganado la sensatez y se hayan convertido en los principales aliados ya no del gobierno, sino de la responsabilidad y de la prudencia. En todo caso, de la estabilidad y la paz social. A final de cuentas, el país vive rezagos enormes en todos los frentes y parece enfrentar una incapacidad estructural de resolver sus problemas. Una huelga petrolera no haría sino exacerbar los ánimos y llevaría a una secuencia de eventos que ningún político puede anticipar con certeza. Lo que sí es seguro es que la suma de parálisis gubernamental con un conflicto político abierto nos pondría en las puertas del mundo pobre del sur, cuando llevamos una década avanzando, a veces con titubeos y regañadientes, hacia la integración plena con los países ricos del norte. El conflicto petrolero nos coloca, una vez más, al borde del precipicio.

El conflicto petrolero entraña dos realidades contrastantes. Por un lado, pone en evidencia que el país adolece de los mecanismos institucionales idóneos para tomar decisiones y actuar en consecuencia. En ausencia de la capacidad de imposición por parte de la presidencia de antaño, el país tiene que lidiar con un sistema político que cuenta con contrapesos, pero no con capacidad de acción. Esto lleva a que sea imposible llevar a cabo reformas y a que los políticos se vanaglorien más de lo que han logrado impedir que de lo que han logrado avanzar. El problema es que el perjuicio lo paga una población empobrecida y cuya necesidad y anhelo es la de que la dejen vivir en paz, que le quiten tantos obstáculos y que se creen condiciones para que pueda prosperar. El legado priísta más pernicioso y perverso es precisamente ese: el de los amarres, los intereses creados y las estructuras anquilosadas que le impiden al mexicano común y corriente salir adelante. Contra lo que piensan los sindicalistas petroleros y muchos de sus apoyos priístas, el costo de sus prebendas, además de sus berrinches, lo pagan millones de mexicanos indefensos.

Otra realidad que ha sido puesta en evidencia por el Pemexgate pero que ha estado presente a lo largo del sexenio, es que hay todo un sector de la política mexicana que ha quedado congelado en el tiempo. Subsiste una enorme red de organizaciones, agrupaciones, sindicatos, guerrillas y mafias que crecieron en torno y al amparo del PRI, sobre todo después de 1968, y que viven y se nutren de la ilegalidad. El trágico fin del movimiento estudiantil del 68 trajo por consecuencia una reticencia casi absoluta de los gobiernos posteriores a recurrir a la fuerza pública para mantener el control político y la paz social. Hasta ese momento, el gobierno ofrecía dulces y satisfactores a todos los que se sumaban al sistema, pero el garrote a los que se le oponían. A partir de ese momento, el gobierno cambió de táctica: habiendo sufrido y sobrevivido un desafío a su existencia misma, a su legitimidad más profunda, el gobierno se abocó a incorporar y premiar a las organizaciones que surgían y que eran una fuente importante de apoyo o, en su defecto, una amenaza a la estabilidad, pero ya no hizo nada por disciplinarlas e institucionalizarlas. Con que no retaran al gobierno era suficiente. Que el costo fuese la delincuencia de unos o los privilegios y canonjías de otros era lo de menos. Lo crucial era que no retaran al gobierno. Ahí tiene su origen tanto el chantaje como la impunidad que caracteriza a sindicatos como el petrolero.

Treinta años después, todos sabemos que el costo de no retar al gobierno acabó siendo la destrucción de la legitimidad del PRI y del sistema político tradicional, pero también la existencia de todas esas mafias gangsteriles que medran del sistema, cobran del erario y ponen en jaque el desarrollo del país. Sus maneras de operar cambian según la naturaleza de la organización, pero su característica común es la ilegalidad y/o el abuso. Un agudo observador de la realidad priísta observaba hace no mucho tiempo que los mítines de campaña de ese partido habían cambiado dramáticamente de naturaleza a lo largo de los años; mientras que en los sesenta y setenta las mantas y pancartas mostraban el apoyo o la presencia de las organizaciones priístas tradicionales (como la CTM, la CNC y la CNOP), las mismas mantas en los noventa mostraban la adhesión de grupos que ya nada tenían que ver con esas corporaciones formales, sino con organizaciones de invasores de tierras y taxistas tolerados, comerciantes informales y grupos que simpatizaban con narcotraficantes y guerrilleros. El punto es que el viejo sistema se transformó a lo largo de los setenta y ochenta hasta arrojar ya no la disciplina y control que eran su marca histórica, sino la antítesis de la institucionalidad y la propensión permanente al conflicto y la violencia.

El conflicto petrolero se inscribe en este contexto. Bien planteado o no, el gobierno decidió que tenía que agarrar al toro por los cuernos y pintar una raya definitiva. Se trata de la primera vez en esta administración que el gobierno se unifica y adopta una postura común. Grupos de lo más diverso de la sociedad mexicana han salido a manifestarse con toda claridad respecto al riesgo de una huelga, pero también de la necesidad imperiosa de acabar de romper con el pasado y comenzar a ver hacia adelante. Nadie que aspire a construir un mundo mejor puede en su sano juicio dudar que eso es lo que está en juego en este conflicto. De perder el gobierno el juego de las vencidas de los últimos días, todos los intereses retrógrados del país saldrían a la calle a demandar nuevos satisfactores. El riesgo es grande.

La transición política había sido, hasta este momento, sumamente tersa. Todo caminaba como si no existieran conflictos ni diferencias. Ciertamente, el desencuentro entre el ejecutivo y el legislativo era motivo de seria preocupación, pero hasta este momento no había habido amenazas serias a la estabilidad económica o política del país. Esa tersura había sido resultado de tres circunstancias fundamentales: primero, que el PRI entregó el poder sin discusión y sus integrantes en el congreso se habían comportado de manera institucional; segundo, que existen mecanismos de resolución de disputas, sobre todo a través de la Suprema Corte de Justicia, que han resultado funcionales y que han permitido resolver las diferencias de manera institucional: y, finalmente, la tercera razón es que el gobierno no había emprendido iniciativa alguna en materia de limpieza, ataque a la corrupción o desmantelamiento del aparato corporativista del pasado. Una vez que comenzó a hacerlo, sobre todo en el caso de Pemex, se abrió la caja de Pandora.

Lo cierto es que el conflicto que hoy vivimos era perfectamente anticipable. Era evidente que, tarde o temprano, el gobierno tendría que emprender una acción directa contra todo ese mundo de privilegios y cotos de caza que caracterizaron al viejo sistema, pero que siguen viviendo como si nada hubiera cambiado. Es posible, como muchos piensan, que fue imprudente lanzar esta iniciativa en el caso de Pemex, en el que los riesgos son elevados. El hecho es que el gobierno ya no tenía muchas opciones cuando decidió actuar: la sucesión de circunstancias desde que se hizo público el llamado Pemexgate lo había convertido en un asunto que el gobierno difícilmente podía eludir, a menos de que aceptara hacerse partícipe de la corrupción.

El gobierno tiene que ganar esta disputa porque de lo contrario el país acabaría condenado a una situación como la que vive Bangladesh: atorado en el pasado y sin capacidad de moverse hacia ninguna parte. Lo que está de por medio es si el país va a acercarse al norte desarrollado o si triunfarán las fuerzas reaccionarias que se empeñan en condenarnos a sucumbir y quedar atrapados en la dinámica populista, autoritaria y de crisis permanente que caracteriza a muchas naciones al sur del continente: entre el norte y el abismo.

Luis Rubio

Los priístas aparentan la unidad y entereza de quienes conocen el poder, pero detrás de la fachada todo mundo sabe, ellos incluidos, que enfrentan dilemas fundamentales. Algunos de sus próceres más visibles niegan al gobierno y rechazan cualquier posibilidad de transacción y entendimiento, arguyendo que cualquier cosa que beneficie al gobierno de Vicente Fox les perjudica a ellos. Todo sugiere, sin embargo, que la mayoría de los priístas reconoce, aun en contra de sus deseos, que su capacidad de retornar al poder depende más de lo que haga el partido, o al menos sus bancadas en el Congreso, que de lo que deje de hacer; que su futuro está más ligado a su reconstrucción interna que a sus atrofiados cálculos políticos de corto plazo en la lucha de trincheras en que se ha convertido la política mexicana. El caso del llamado Pemexgate hace evidentes estos dilemas, aunque muchos de los priístas más prominentes pretendan lo contrario.

La historia todos la sabemos o, al menos, podemos intuir: el PRI perdió las elecciones del 2000, pero sigue comportándose como si nada hubiera cambiado. Esta situación responde a dos dinámicas paralelas, aunque claramente distintas, que han llevado a los priístas a conclusiones que bien podrían conducirlos a derrotas futuras. Una dinámica tiene que ver con la sensación de traición que perciben muchos de ellos: después de todo lo que hicieron por México y los mexicanos, cómo es que el electorado pudo haberles fallado, cómo es que llevaron a la reacción al poder; en otras palabras, ¡qué se creen los mexicanos que son! Aunque quizá cruda, y en algunos casos un tanto injusta, esta caracterización sin duda refleja las actitudes de muchos priístas que veían al gobierno y al poder como algo suyo, un bien privado al que sólo ellos podían tener acceso. Es evidente que para este grupo el ajuste es por demás complicado.

La otra dinámica que caracteriza a los priístas es una de confrontación interna. Aunque siempre presente, ésta se agudizó en los ochenta y todavía no acaba de resolverse. La disputa se agravó con el viraje en el manejo de la política económica que inició Miguel de la Madrid a mitad de los ochenta y que, por primera vez, dio cabida a los altos círculos del poder a personas cuya credencial de acceso no era el liderazgo de grupos o intereses, la jefatura de regiones o la habilidad para manipular a la población o al voto, sino sus habilidades técnicas para administrar la economía y, en general, las partes más complejas, en términos técnicos, de la administración pública. El advenimiento de los llamados tecnócratas cambió la lógica del sistema político tradicional toda vez que sometió muchas decisiones de gobierno que antes hubiesen seguido una lógica estrictamente política, a consideraciones económicas más fundamentales.

Hoy en día, dos décadas después, es fácil criticar a los tecnócratas, sobre todo porque muchos de los proyectos que encabezaron resultaron menos exitosos de lo que se suponía o mucho más costosos de lo que debieron haber sido. Sin embargo, uno tiene que entender el contexto en el que surgieron: al inicio de los ochenta, el país se encontraba virtualmente en bancarrota, los precios crecían a tal velocidad que había temores bien fundados de hiperinflación, el desempleo crecía de manera incontenible y la economía sufría una brutal recesión. Luego de doce años (1970-1982) de locuras financieras y de un agrio conflicto político que culminó con la expropiación de los bancos, el país requería una administración profesional, restablecer la tranquilidad económica y atenuar los conflictos políticos que esos años de turbulencia habían ocasionado.

Lo peor de la crisis de 1982 es que los priístas tradicionales, esos que habían causado la debacle y que ahora defienden a los involucrados en el Pemexgate, nunca reconocieron responsabilidad alguna. Desde su perspectiva, la crisis había sido provocada, como siempre, por factores externos, todos ellos independientes de su modo de actuar. De esta forma, aunque esa crisis evidenció la inviabilidad del modelo priísta de gobierno y administración económica, muy pocos priístas tuvieron la capacidad de comprender el fenómeno o la visión para enfrentarlo. Desde esta perspectiva, el advenimiento de los tecnócratas ciertamente no fue bienvenido en el PRI tradicional, muchos de cuyos miembros rompieron con el partido y eventualmente llevaron a la creación del PRD.

Este conflicto aún pervive. Los priístas tradicionales, o históricos como ahora les gusta llamarse, culpan a los tecnócratas de la derrota del 2000 y creen fervientemente que ésta se gestó dentro del gobierno y no en la sociedad mexicana en general. Para muchos priístas el origen del problema yace en la tecnocracia y en las políticas que ésta emprendió. Ciertamente algunas de sus políticas y decisiones fueron costosísimas para el país. Pero no cabe duda que una mayoría abrumadora de los votantes prefirió a un partido distinto al PRI en el 2000 menos por la política económica que por la naturaleza e historial de ese partido. La mitología que guía los rencores de muchos priístas puede dejarlos con la conciencia tranquila (yo no fui, fueron los tecnócratas), pero eso no les resuelve su problema. El Pemexgate demuestra que de nada les sirve una estrategia de confrontación, y mucho menos una de avestruz.

Los resultados electorales más recientes a nivel estatal han contribuido a apaciguar a los priístas, toda vez que han tendido a confirmar sus prejuicios más arraigados. Ciertamente, el PRI ha ganado la mayoría de las justas electorales a nivel estatal y local en los últimos meses; sin embargo, uno debe preguntarse si esas victorias reflejan el sentir nacional (perdónenos priístas, no sabíamos lo que hacíamos) o, más bien, la realidad local. Cualquiera que sea la conclusión a la que lleguen, ésta va a determinar la naturaleza de la estrategia que adopten. Claramente, la mayoría de los priístas piensa que la población está reconsiderando su error del 2000 y está volviendo al guacal. Eso los ha envalentonado ahora que están confrontando agresivamente al gobierno.

Sea como fuere, los priístas enfrentan tres dilemas fundamentales: ante todo, tienen que resolver su problema de esencia: ¿ser un partido o intentar reconstruir el viejo sistema? En segundo lugar, los priístas no han logrado definir su relación con el gobierno del presidente Fox: cooperar u obstaculizar, avanzar una agenda o negar la realidad cotidiana. Finalmente, el tercer dilema que enfrentan, y con mucho el más importante, es intentar encabezar un movimiento de transformación nacional o quedarse relegados a los archivos de la historia nacional. Es evidente que muy pocos priístas reconocen la existencia de este tipo de dilemas; sin embargo, los dilemas, están ahí, a la vista de todos y de la manera cómo los enfrenten dependerá su futuro político. Negar la realidad, de una manera pasiva o militante, no les va a ayudar a ganar las elecciones. Mientras que los panistas y aun los perredistas, como todas las organizaciones humanas, enfrentan dilemas propios, ninguno encara desafíos tan fundamentales, de esencia, como los del PRI.

El dilema entre convertirse en un partido o intentar recrear lo que ya se murió no debería requerir mucha discusión, ni toda la tinta que se le sigue dedicando al tema, pero es obvio que hay muchos priístas (y no pocos perredistas) que siguen creyendo que es posible restaurar el viejo sistema: el de la era dorada de los cincuenta en que nada se movía sin la autorización del partido, años en que la economía funcionaba como relojito y la población era irrelevante en los importantes asuntos de Estado que los priístas resolvían como si fuesen personales. Muchos priístas siguen añorando ese pasado, aunque le cambiarían algunos detalles, sobre todo la capacidad de imposición del jefe máximo. No reconocen que, como en una bóveda, en el momento que se quita la piedra de toque, todo el edificio se viene abajo. El hecho es que el PRI -en su carácter de sistema de control y participación, gestión y negociación entre intereses- se desintegró el mismo dos de julio cuando perdió la presidencia. Independientemente de que el PRI algún día recupere la presidencia, el viejo sistema ya no es posible y mientras más tarden los priístas en abandonar esa fantasía, menor su capacidad de recuperar el poder.

El sueño de recobrar lo perdido mantiene a los priístas en un trance permanente: cómo relacionarse con el primer gobierno no priísta. Algunos consideran que cualquier cooperación, así sea ventajosa para el PRI, implica asistencia al enemigo, cuando no traición a la patria. Esa actitud, esa incapacidad de adecuarse al siglo XXI, ha sido en buena medida el origen del fracaso que caracteriza la relación ejecutivo-legislativo. Evidentemente, hay otros factores que interceden en esa problemática, incluyendo a más de un kamikaze del lado gubernamental, pero el problema de los priístas es más serio de lo que creen: su esmero por obstaculizarlo todo tiene el efecto de distanciarlos todavía más del electorado. En lugar de políticos avezados en conseguir el mejor arreglo para sus bases, siguen ignorando la necesidad de ampliar su base electoral, sin lo cual les será imposible ganar. Defender a líderes sindicales corruptos no es una manera inteligente de intentar recuperar el poder.

Los priístas gozan de criticar y evidenciar la inexperiencia e infortunios de la administración Fox. Esa “estrategia”, sin embargo, no puede tener mayor beneficio que el de afianzar sus bases permanentes, su voto duro, al estilo perredista, cerrando con ello cualquier posibilidad de atraer los votantes adicionales que serían cruciales para triunfar. ¿No sería más efectivo adoptar una estrategia exactamente opuesta: la de convertirse en el paladín del cambio y encabezar las reformas que el país requiere y que, con toda conciencia y alevosía, muchos priístas hoy rechazan? La gran ironía es que son los priístas, que siempre enaltecieron la llamada “institucionalidad”, quienes hoy actúan como esquiroles. ¿No será tiempo de que comiencen a pensar cómo recuperar el poder y actúen en consecuencia?

www.cidac.org

Luis Rubio

Si bien la realidad política del país cambió de manera abrupta y definitiva con la derrota del PRI en el 2000, la política mexicana ha evolucionado hacia un híbrido que no es ni democrático ni autoritario, pero que ha acabado por someter las decisiones públicas a la voluntad del machete, la violencia y al absurdo afán de crear consensos imposibles. La ironía de nuestra realidad actual es que los viejos mecanismos de control autoritario han desaparecido, en tanto que no han surgido o consolidado aquéllos que normalmente se asocian con la vida democrática. Lo que cuenta es el poder puro, la fuerza.

En cierta forma, todo en el país conspira en contra de la construcción de un régimen político moderno y funcional. Los viejos gobiernos priístas, los de antaño, gobernaban con mano dura y no se tocaban el corazón para reprimir manifestantes o para encarcelar enemigos políticos. La ley se ajustaba a las necesidades del momento; los diputados y senadores alzaban el dedo siempre que se les solicitaba; los medios colaboraban sin chistar; las policías cometían atropello y medio, controlaban a los delincuentes y administraban la criminalidad y la población prefería voltear la cara antes de acabar siendo víctima de una vendetta. La economía crecía y todo parecía funcionar razonablemente bien. Los políticos -obviamente los priístas, pues el resto era, para fines de las decisiones que importaban, meramente decorativos- no tenían ni el menor incentivo para alterar sus formas o dudar de sus modos.

Las cosas comenzaron a cambiar en los sesenta y setenta, cuando los parámetros políticos y económicos se alteraron de manera definitiva. El movimiento estudiantil del 68 y, sobre todo, la manera violenta en que éste fue concluido, tuvo el paradójico efecto no sólo de deslegitimar el uso de la fuerza pública, sino de atemorizar a los propios políticos. Desde entonces, con algunas excepciones notables (como la llamada guerra sucia en los setenta), los gobiernos priístas temieron al uso de la fuerza pública y de ser acusados de represores. De esta manera, la dureza de los gobiernos de los sesenta y setenta acabó por provocar la debilidad creciente de los gobiernos priístas posteriores.

Lo paradójico y extraordinariamente peligroso del momento actual es que ese mito priísta que equiparaba el uso de la fuerza pública con represión, permeó al primer gobierno post-priísta, quien ya lo ha hecho suyo. Es evidente que en la medida en que las policías del país no sean totalmente reentrenadas y modernizadas, el uso de la fuerza pública para hacer cumplir la ley una de las funciones fundamentales de cualquier gobierno– será problemático y seguirá siendo justificable que el gobierno se muestre reticente en hacer uso de ese recurso. Sin embargo, esa reticencia tendría que estar acompañada de la convicción de que el uso de la fuerza es algo legítimo en un gobierno democrático. Al día de hoy, el gobierno rechaza el uso de la fuerza para hacer valer el orden, acepta que los machetes sean un medio legítimo para avanzar los intereses de diversos sectores de la sociedad y no ha hecho nada para ejercer una autoridad que legítimamente emanó de una elección indisputada, circunstancia que lo hace, o debería hacerlo, radicalmente distinto a sus predecesores.

Pero el problema, y la mitología, no se limitan al gobierno actual. El secuestro de un funcionario federal hace algunas semanas, por ejemplo, llevó a los tres principales partidos políticos a declarar que era imperativo atender las demandas de los secuestradores. La extorsión, ya sea en la forma de secuestros o machetes, se ha convertido en una nueva manera de hacer política. Ante la amenaza de violencia o inestabilidad, los políticos se olvidan, si es que acaso lo reconocen, que lo imperativo es construir las instituciones y formas de hacer política propias de la democracia y no las de ceder ante la menor amenaza o provocación. En la medida en que los políticos todavía gozan de alguna legitimidad porque sus similares argentinos, por citar un ejemplo extremo, ya la perdieron de manera definitiva- su responsabilidad fundamental reside en darle forma a una estructura institucional que empate con la nueva realidad política.

La paradoja del momento es, de esta manera, extraordinaria. Una porción abrumadora de la población mexicana incluyendo a muchos de los que no votaron por Vicente Fox- aplaudió el resultado electoral del año 2000, pero después de esto ni ciudadanos ni políticos se han preocupado por llevar a cabo los cambios que esa victoria requiere no sólo para hacer posible que el gobierno funcione con efectividad, sino también para evitar la violencia y la ingobernabilidad que a nadie convienen. En este contexto, se torna evidente el contraste entre nuestra realidad y la de otros países, como España y Chile, que lograron transiciones muy exitosas. En aquellos países, los gobiernos del antiguo régimen acabaron siendo mucho más conscientes de su responsabilidad que las últimas administraciones priístas, toda vez que, contra su mejor interés inmediato, crearon las instituciones que habrían de servir al menos de fundamento para la estabilidad e interacción políticas posteriores. En su afán por prolongar su reino, los priístas rechazaron todo avance institucional y prolongaron al máximo posible sus prebendas. El tiempo dirá si su estrategia de entonces, a la que se suma su actitud de rechazo a todo cuanto, en su pequeñez y puerilidad, podría ayudar al gobierno actual, les permite retornar al poder, pero el costo de su falta de visión de antaño y de hoy es ya desmesurado para el país.

Una explicación del comportamiento de políticos y partidos es que todos ellos se apegan a lo que les beneficia de manera directa y en el corto plazo. Esto es, los políticos, como todos los seres humanos, actúan de manera egoísta de acuerdo a los incentivos que tienen frente a sí. En la actualidad, todos esos incentivos les llevan a minar, estorbar y dificultar la evolución política del país. No importa el tema de que se trate, todos encuentran buenas razones para oponerse a la adopción de reglas de convivencia y, en general, a la institucionalización de la vida política. El tema de la llamada reforma del Estado, de suyo abstracto e indefinido, está empantanado por la búsqueda de ventajas de corto plazo que cada instituto político quiere para sí. Las iniciativas de ley más controvertidas están igualmente atoradas no porque sus méritos sean muchos o pocos, sino porque los partidos calculan cuál sería el beneficio o el perjuicio para el gobierno de la aprobación o rechazo de la misma. El punto es que prácticamente ningún político obtiene beneficio alguno por avanzar hacia la institucionalización política del país. Lo que es peor, la historia reciente les incentiva a todo lo contrario: a bloquear carreteras y organizar manifestaciones de macheteros, secuestrar políticos y amenazar con la violencia y la ingobernabilidad. Muchos políticos mexicanos se han vuelto funcionarios, diputados o alcaldes de día, y delincuentes políticos de noche. El país no puede avanzar de esta manera.

Lo que se requiere es un sistema político que empate el mejor interés de los políticos con el mejor interés del país. Un esquema de esa naturaleza haría que legisladores y políticos, funcionarios y peticionarios, encontraran pocos beneficios de actuar fuera del marco legal y castigos creíbles en caso de hacerlo. En la actualidad ocurre lo opuesto, no porque los políticos tengan mala fe o sean todos incompetentes, sino porque el sistema funciona al revés: premia la violencia y cede ante la extorsión. El mejor interés partidista y legislativo en la actualidad es negar la legitimidad del contrincante, ignorar a los votantes y a la población en general y cerrar los ojos ante la realidad. Nada les induce a pensar en el futuro.

Bajo esta lógica, no es casualidad que todo mundo apueste contra el gobierno. Es cierto que la sana competencia electoral conlleva una buena dosis de antagonismo y de cálculo sobre cómo restarle beneficios al contrincante a la vez que se maximizan los propios. Sin embargo, en el país hemos llevado esta lógica a extremos patológicos en donde el objetivo no es la convivencia sino la destrucción mutua. La pregunta es si hay algo que se pueda hacer al respecto o si, una vez embarcados en la lógica de la oposición a ultranza, tendremos que llegar a una crisis para poder reiniciar el proceso político desde el principio.

En este momento todos los partidos y políticos se encuentran haciendo su mejor esfuerzo para minar el futuro del país. De manera consciente o no, casi todo en la política mexicana conspira en contra de la estabilidad política y económica. A nadie parece importar el que el fracaso de unos constituya el fracaso de todos. En esto nadie se queda atrás, como ilustra el caso de los medios, que critican al presidente cuando, en un acto de pragmatismo poco común, reúne al PRI y al PAN para intentar lograr lo que es normal, natural y hasta elemental en una democracia: construir una mayoría legislativa.

La gran pregunta es cómo darle la vuelta a la situación actual. En ausencia del dictador capaz de imponer su voluntad, los políticos que hoy conspiran en contra de la estabilidad son los únicos con posibilidad de construir ese fundamento. En la vida democrática son las mayorías, y no los consensos, lo que hacen funcionar a un país. Pero cuando todavía no se alcanza la democracia, es imperativo lograr el consenso una vez, al menos una, para que sea posible que todos se sumen a un mismo proyecto. Hay que recordar que fue un consenso de inicio lo que hizo posible que el IFE se convirtiera en una entidad con credibilidad y autoridad. Exactamente lo mismo tiene que hacerse para adoptar el conjunto de reglas que hagan posible una convivencia política en la que el mejor interés de los políticos en lo individual corresponda al mejor interés del país. En lugar de desperdiciar el tiempo y el capital político en consensos absurdos e imposibles, lo urgente es construir ese consenso clave, para luego entrar de lleno en la lógica de las mayorías. El modelo del IFE sigue siendo el bueno.