REFORMA – Luis Rubio

En el libro «El poder de la productividad», William Lewis compara la industria de la construcción en Brasil, EUA y México. Su conclusión es muy simple: un trabajador mexicano sin mayor educación o habilidades puede ser tan productivo como el obrero alemán más calificado. Lo que diferencia a países como México y Brasil de EUA y otros países ricos, dice Lewis, es el contexto en que operan las empresas y que crea condiciones para que la economía prospere poco o mucho. La clave del crecimiento reside en la productividad y todo lo que contribuye a incrementarla favorece el crecimiento y, viceversa, todo lo que la impide lo reduce.

Es por esta razón que la decisión del gobierno de convertir a la productividad en el eje de su estrategia económica es tan trascendente. «La productividad, dice Krugman, no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo. La capacidad de un país de mejorar sus niveles de vida depende, casi enteramente, de su capacidad para elevar su producción por trabajador». La productividad es la resultante de todo lo que ocurre en la economía y por eso se constituye en una medida crucial del desempeño de la misma. Cuando el gobierno adopta este indicador como eje está diciéndonos con toda claridad que está dispuesto a atacar las causas de los niveles tan pobres de crecimiento de la productividad que ha evidenciado el país en las últimas décadas.

Si uno observa a la economía mexicana, lo primero que resultará obvio es que existen enormes diferencias en niveles de productividad entre las millones de empresas que la integran. Así como hay empresas que compiten exitosamente con las mejores del mundo, hay otras que no podrían competir ni con las más improductivas de su colonia. Esas diferencias en desempeño ilustran la complejidad del reto que enfrenta el gobierno y el país. ¿Por qué las diferencias? El argumento de Lewis es que parte del reto de la productividad yace dentro de las empresas, pero un enorme componente se encuentra en el entorno en que operan.

El ejemplo citado arriba, referente a la industria de la vivienda, revela que una empresa que cuenta con buenas técnicas de producción, uso inteligente de la tecnología y una estrategia de administración de proyectos puede lograr que el trabajador con menos calificación acabe siendo tan productivo como el más calificado y experimentado. Lo que hace la empresa en términos de calidad y técnicas de producción constituye la esencia del incremento en la productividad. En esto el gobierno tiene relativamente poca incidencia.

Donde la intervención del gobierno es crucial es en el entorno en que operan las empresas y esa incidencia, dice Lewis, es casi siempre negativa. Un gobierno muy pesado y poco eficiente implica costos adicionales para las empresas (más impuestos) sin el beneficio de mejores servicios. Peor, las empresas más productivas pagan más impuestos que las menos productivas, factor que distorsiona el mercado. La protección de intereses particulares -sindicatos, monopolios gubernamentales, empresas y empresarios favoritos, prácticas monopólicas privadas, inseguridad, disfuncionalidad del poder judicial, aranceles elevados, subsidios- implica la desprotección de los demás pero, particularmente, la distorsión permanente de los mercados en que las empresas operan. En una palabra, las acciones gubernamentales impactan directamente a la productividad, por lo que el reto del gobierno es monumental y, fundamentalmente, interno: todos esos intereses que se benefician de las distorsiones que causa el gobierno están en su seno, dentro de su partido o son cercanos a estos.

El dilema no es difícil de visualizar. Imaginemos una empresa productiva que compite exitosamente en su mercado. Recibe materias primas y otros insumos en la mañana y despacha productos terminados en la tarde. Para fines del ejemplo, eso que está bajo su responsabilidad funciona bien. Sus dolores de cabeza (usualmente) no están en esa parte sino en todo lo demás: la inconstancia y precio de la electricidad, gas y otros energéticos; la infraestructura (las calles, el tráfico, el drenaje, el suministro de agua); el costo de las comunicaciones; los asaltos a sus camiones; los años que toma resolver un incumplimiento de contrato; la complejidad y costo de obtener crédito; y los precios monopólicos que innumerables proveedores -grandes y chicos- le imponen. Todos estos factores son responsabilidad del gobierno. No hay de otra.

El gobierno enfrenta dos enormes desafíos. Por un lado está el medular, que consiste en atacar las fuentes y causas de todas estas distorsiones. Algunas de ellas tienen que ver con prioridades que, históricamente, los gobiernos mexicanos abandonaron y que ahora se han convertido en retos monumentales: entre estos los más obvios son todo el sistema de justicia (desde los ministerios públicos y las procuradurías hasta los tribunales), la (in)seguridad pública y la tolerancia al abuso que los monopolios energéticos le imponen a la sociedad y economía. Otras son producto de reformas incompletas, de nuevas realidades y de problemas desatendidos. Por donde lo vea uno, el reto es mayúsculo.

El otro desafío es quizá más simple en concepto, pero igual de oneroso en la práctica. El sector industrial del país se divide en dos grupos: uno que es hiper competitivo y el otro que depende de la protección gubernamental. En números gruesos, el primero representa al 80% de la producción y emplea al 20% de la mano de obra; el segundo representa al 80% de las empresas y a la misma proporción de la mano de obra pero produce menos del 20% del total. El problema no son las proporciones sino, volviendo al tema de fondo, que esas empresas no competitivas (igual grandes que chicas) le restan productividad a la economía y, por lo tanto, castigan al crecimiento. En lugar de contribuir al desarrollo del país, lo limitan. Nadie en el gobierno ignora esto y su dilema es obvio: eliminar la protección contribuiría a acelerar el crecimiento pero generaría un problema de quiebras y desempleo. La contradicción es obvia: el mismo gobierno que hace suya la productividad acaba de elevar la protección y subsidios a ese sector industrial.

La única solución posible reside en resolver los problemas causados por el gobierno -seguridad, infraestructura, contratos, competencia, eficiencia en el gasto e impuestos más racionales y los monstruos energéticos- a fin de que muchas más empresas quieran invertir en el país y esto permita absorber la mano de obra que resultaría de la eliminación de la protección. En esto no hay de dos sopas ni hay solución sin riesgo: el gobierno da el paso o seguimos atorados.

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 REFORMA – Luis Rubio

«Cuando hay paz bajo los cielos, reza un proverbio chino, los grandes problemas parecen pequeños». Cuando  las cosas funcionan bien, de manera normal, los defectos o deficiencias pasan a un segundo plano y a nadie le preocupan mayormente. Paradójicamente, el statu quo impide corregir problemas a la vez que hace casi imposible aprovechar oportunidades. México ha vivido muchos ejemplos de ambas situaciones.

Por lo que toca a los problemas, en muchas ocasiones, éstos se van resolviendo con el tiempo, haciendo irrelevantes las quejas o críticas de los Casandras que siempre existimos en todas las sociedades: aquellos a quienes nos preocupan problemas o situaciones que, de no atenderse, podrían conllevar enormes riesgos hacia adelante. La cosa cambia cuando se presenta una crisis.

Las crisis exigen respuesta y conducción. Son momentos en que las variables que previamente funcionaban de una manera conocida dejan de ser previsibles y la capacidad de resolver el problema depende en buena medida de la calidad del liderazgo con que cuenta una sociedad. Un líder tiene que tener claro el objetivo que se persigue para enfrentar la crisis, pero también una capacidad de comprender las causas profundas de la misma, así como la solidez para tomar las decisiones -muchas de ellas terriblemente costosas- que la derrota de una crisis requiere.

Si vemos hacia atrás, a los años setenta a noventa en que proliferaron las crisis financieras, aunque no todas se manejaron con la misma destreza, los ciudadanos tuvimos la ventaja de haber contado con la capacidad y competencia en el gobierno para salir de ellas. Por supuesto que no a todo mundo le gustaron los recortes en el gasto público o decisiones respecto a la deuda, los bancos o el manejo del tipo de cambio, pero esa afirmación se torna tanto más relevante cuando uno compara la capacidad y disposición de responder ante las crisis que se desplegó en el país en aquellos momentos con lo que ha ocurrido en otras sociedades -desde Argentina hasta Grecia e incluyendo a EUA- en estos últimos años.

Es evidente que las circunstancias de cada país condicionan y determinan la latitud con que cuenta un gobierno para responder y eso establece el margen de maniobra dentro del que se puede actuar. De esta forma, un país como Argentina, que cuenta con una enorme producción de alimentos, ha podido darse el lujo de correr riesgos que casi ningún otro país del mundo podría manejar. Por su parte, Grecia contó con el apoyo decidido del resto de Europa no porque esas naciones estuviesen contentas con el desempeño griego o con la capacidad de respuesta de su gobierno, sino porque todas veían en riesgo a su propia moneda común. Estados Unidos ha tenido el privilegio de poder posponer su inevitable ajuste fiscal -sobre todo en lo relativo a programas sociales, de salud y de pensiones- en buena medida porque cuenta con una moneda de reserva.

Robert Samuelson, un analista económico del Washington Post, ha criticado mucho al presidente Obama por no asumir el liderazgo que la crisis exige. Según Samuelson, «solo el dueño del púlpito puede obligar a la opinión pública a enfrentar la realidad» porque su función ejecutiva le da la posibilidad de hacerlo, de hecho lo convierte en el único actor político que lo puede hacer. Sólo el presidente, insiste el estudioso, tiene la capacidad de ejercer el liderazgo que la situación reclama. El resultado de no hacerlo, y que afecta severamente a la economía mexicana, es que Estados Unidos enfrenta una crisis de confianza que se refleja en bajos niveles de inversión y, por lo tanto, en la prolongación de la crisis.

Más allá de una situación crítica, otra forma de desperdiciar tiempo y recursos es no aprovechando las oportunidades. Quizá la principal diferencia entre el éxito de buena parte de los países del sudeste asiático y el relativamente pobre desempeño de nuestra economía en las últimas décadas yace menos en lo que se hizo que en lo que dejó de hacerse. Por ejemplo, con la liberalización de las importaciones, en los ochenta se dio un giro radical en la dirección de la economía mexicana. Sin embargo, tomó veinte años para que esa decisión comenzara a tener un impacto notable en la tasa de crecimiento de la economía. Como dice Andrés Velasco, un ex-secretario de hacienda de Chile, tuvo que primero lograrse una masa crítica de exportadores para que el beneficio fuese perceptible. Sin embargo, dice él, como en Chile una década antes, una vez que las empresas llevan a cabo el ajuste a las nuevas circunstancias, la economía se torna mucho más flexible y su capacidad de adaptación a un mundo cambiante crece.

Aunque es explicable que el proceso de adaptación sea dilatado, no lo es la ausencia total de políticas públicas diseñadas para acelerarlo. Quizá el mejor ejemplo positivo al respecto es la impresionante industria aeronáutica que nació, prácticamente de la nada, en Querétaro. Aunque menos visible que su contraparte brasileña (que tiene aviones con su propio nombre) según algunos estudios esa industria agrega hoy más valor en México que en aquel país. Lo interesante es que su nacimiento está directamente relacionado con la decisión del gobierno estatal de crear una carrera universitaria en ingeniería aeronáutica, generando con ello al personal que ha hecho posible el surgimiento de la industria. Por supuesto, no hay garantía de que el establecimiento de una carrera se vaya a traducir en el desarrollo de una industria tan importante, pero no sobra la pregunta de cuántas oportunidades se han perdido por falta de visión, previsión y conciencia gubernamental a todos los niveles.

Lo impactante del ejemplo queretano es que el costo incurrido en el desarrollo de la industria no fue extraordinario: se aprovechó un vehículo existente (la universidad) y se construyó una carrera que, aún de no haber cuajado en la localidad, habría provisto mano de obra calificada para otras latitudes. En otras palabras, se trató de una apuesta moderada que ha tenido un beneficio extraordinario. Desafortunadamente, lo común -sobre lo que desafortunadamente hay muchos ejemplos- es de enormes apuestas sin beneficio alguno.

Al país no le han faltado buenas decisiones, pero sí ha adolecido de poca claridad en su liderazgo sobre las oportunidades que podrían acelerar su transformación. Así como las crisis obligaron a la cautela fiscal, la gradual reconfiguración de la economía nacional y la de la región norteamericana abre oportunidades que no deberíamos dejar pasar, una vez más. La clave no reside en más gasto sino en una promoción inteligente, aunque sea sólo desde el púlpito.

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FORBES – Junio, 2013

Luis Rubio

DOS COSAS SON IMPRESCINDIBLES para que la cirugía sea exitosa, solía decir mi papá: que el cirujano sepa qué hacer y cómo hacerlo. Como el dedicado y cuidadoso cirujano que era mi padre, jamás le entraba, como él decía a un paciente, si no estaban presentes ambas condiciones, ni permitía que sus colaboradores actuaran sin conocimiento y habilidad. Lo mismo es cierto para el desarrollo del país. Para gobernar y sacar del hoyo a México se requiere capacidad política y una gran claridad sobre lo que se tiene que hacer. Desde 1994 no han estado presentes esas dos condiciones.

Es importante recordar la historia porque explica mucho del dilema actual. Con el movimiento estudiantil de 1968 se abandonó el llamado “desarrollo estabilizador’ y se inició una década de crecimiento fundamentado en el gasto público deficitario, financiado con deuda externa. Esa era concluyó estrepitosamente cuando la combinación de inflación, endeudamiento y recesión prácticamente quebró al país. Lo peor fue que dejó una estela de consecuencias y desconfianzas que no han acabado de borrar en la mente de los ciudadanos y de los inversionistas. En los ochenta comenzó un proceso de reformas que empezaron a darle viabilidad a la economía del país.

Lamentablemente, ese ímpetu se perdió una vez más con el levantamiento zapatista, el descontrol gubernamental, los asesinatos políticos y la crisis financiera de 1994. Al comienzo de ese año se perdió el rumbo que se había adoptado y, aunque se ha mantenido la estabilidad, el país no ha logrado una transformación integral.

En estas décadas, el país ha vivido y prosperado gracias a dos circunstancias: por un lado, la estabilidad financiera que ha permitido tasas muy bajas de interés, el crecimiento del crédito al consumo y la gradual consolidación de una clase media que se ha convertido en el principal factor de estabilidad tanto económica como política con que cuenta el país.

Por otro lado, la espina dorsal de todo esto ha sido el TLCAN que ha convertido a las exportaciones en el motor de La economía mexicana y ha tumbado los precios de los bienes de consumo, permitiendo la adquisición de artículos de primera necesidad con un porcentaje decreciente del ingreso disponible de las familias, todo lo cual redunda en mejores niveles: de vida. Lo que falta es que toda la economía se sume a ese proceso de transformación para magnificar el beneficio hacia toda la población.

“ESA COMBINACIÓN DE APALANCARSE EN LO EXITOSO E IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD HACIA ADELANTE, PUEDE SER  EL FACTOR DETERMINANTE DEL. FUTURO DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS”

Para lograr esa transformación se requieren dos ingredientes: una estrategia de desarrollo y la capacidad para llevarla a la práctica. Ambos son necesarios y cada uno de ellos entraña sus propias características. La estrategia tiene que ser compatible con el entorno en el que se habrá de instrumentar (él TLCAN, la estabilidad financiera, las exportaciones, él “viejo” sector manufacturero que languidece), a la vez que maximiza el potencial de incrementar la productividad en la economía en general.

Esa combinación de apalancarse en lo exitoso e impulsar el crecimiento de la productividad hacia adelante puede ser el factor determinante del futuro de la economía del país. Por su parte, la capacidad de operación política es un requisito sine qua non para instrumentar la estrategia que se decida adoptar.

En las últimas dos décadas hubo muchas ideas concebidas para acelerar el crecimiento de la economía, pero nunca se consolidó una estrategia de crecimiento. En cualquier caso, en toda ese tiempo la gran ausente fue la capacidad de operación política, es decir, aunque hubiera existido una estrategia viable, la incapacidad política la hubiera hecho irrelevante. En presencia de condiciones necesarias y de expertos y asesores idóneos, la estrategia podría construirse con relativa celeridad. Sin embargo, si falta la capacidad de operación política, la estrategia puede ser extraordinaria pero no puede ser implementada. En otras palabras, la estrategia es necesaria pero no es factor suficiente: requiere de la capacidad de instrumentación política.

La gran oportunidad que tiene el país frente a sí es precisamente eso: como lo ha venido demostrando en los últimos meses, hoy el gobierno cuenta con capacidad de operación política, algo no visto desde 1994. Lo que le falta es una estrategia de desarrollo económico que trascienda los lugares comunes, la lista de reformas en ocasiones inconexas y los renovados mecanismos de control político. EI gobierno sabe cómo hacerlo. Ahora falta que defina qué es lo que hay que hacer.  Y que lo haga.

Luis Rubio es Presidente del Centro de Investigación  para el Desarrollo A.C.

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REFORMA – Luis Rubio

Un profesor en una universidad canadiense era famoso porque nunca reprobaba a nadie. Un día, algunos de sus alumnos argumentaron en un debate que las políticas del gobierno eliminarían la pobreza y se convertirían en el gran factor igualador de la sociedad. Escéptico, el profesor les propuso hacer un experimento: a partir de ese momento él promediaría las calificaciones de todo el grupo y nadie obtendría una A (un diez para nosotros) y nadie reprobaría. Vino el primer examen, el profesor promedió y todo mundo obtuvo una B. Los que habían estudiado duro estaban molestos, en tanto que los que habían estudiado poco estaban contentos. Luego vino el segundo examen: los alumnos que habían estudiado mucho en la primera ocasión estudiaron menos y los que habían estudiado poco no estudiaron. La calificación promedio fue una D. En el tercer examen el promedio fue F, que equivale a reprobado. El experimento mostró una faceta de la naturaleza humana que los políticos en el mundo en general no acaban de entender: no se puede legislar un resultado.

Los políticos pueden legislar un conjunto de reglas (leyes) y regulaciones que, ellos confían, arrojarán el resultado deseado, pero jamás podrán determinar la forma en que reaccionarán millones de ciudadanos ante sus preferencias u objetivos. No se puede legislar la prosperidad ni menor pobreza; tampoco que un sistema financiero sea saludable o que haya menos tráfico en una ciudad o que se multiplique la riqueza cuando ésta se divide. La naturaleza humana no es inerte: las personas siempre responden para sobrevivir a pesar de las malas ideas de los políticos y preservar lo que les importa: harán cosas que ni el más avezado de los políticos jamás podrá predecir cuando sueña.

En las décadas pasadas, los políticos estadounidenses, empleando mecanismos fiscales, obligaron a los bancos a realizar préstamos hipotecarios en forma masiva a personas de bajos ingresos que no tenían posibilidad alguna de pagarlos. Así nació la crisis de los últimos años: ni tardos ni perezosos, pero a sabiendas de que no había posibilidad de utilizar una hipoteca de corte tradicional para ese segmento de la población, los banqueros idearon un tipo de crédito, el llamado «subprime loan» especialmente diseñado para personas de bajos ingresos: el pago mensual por los primeros años era muy bajo y fácil de pagar, pero éste se incrementaba súbitamente un tiempo después. Millones de personas adquirieron casas de esa manera que luego, cuando ascendió el pago, acabaron abandonando. Mientras eso sucedía, los banqueros habían convertido esos créditos en valores que revendieron por todo el mundo. Eventualmente explotó la crisis con las consecuencias que todos conocemos.

La lección me parece muy evidente: cuando los políticos utilizan subsidios, impuestos, preferencias o protección para beneficiar a ciertos grupos sociales o para avanzar sus agendas acaban distorsionando la racionalidad económica que todo mundo entraña en su ser -la naturaleza humana- y produciendo resultados no siempre deseables. El punto es que, en su actuar, los políticos crean incentivos que no siempre (o casi nunca) comprenden a cabalidad.

En la ciudad de México, en los ochenta, al gobierno se le ocurrió la brillante idea de limitar el uso de automóviles a través del programa conocido como «un día no circula». El programa se anunció por tres meses y tuvo un efecto notable en unas cuantas semanas, pues una quinta parte de la planta vehicular desapareció de las calles. Sin embargo, al final del trimestre, el gobierno local lo hizo permanente, con lo que cambió el esquema de incentivos: la población había respondido tal y como el gobierno había deseado mientras el programa fue temporal porque todo mundo entendía las consecuencias en términos de contaminación de los automóviles. Sin embargo, al hacerse permanente el programa, la población respondió de una manera lógica: comprando un vehículo adicional. El efecto sobre la contaminación fue fatal no sólo porque retornó el número original de vehículos a la circulación, sino también porque la mayoría de los vehículos que se adicionaron eran carcachas y, por lo tanto, contaminaba más. El resultado fue que aumentó la planta vehicular y la contaminación.

El asunto no acabó ahí. Entre el final de los ochenta y el presente se ha hecho todo lo posible por aumentar el número de vehículos en circulación: se han construido segundos pisos, los proyectos inmobiliarios son cada vez más distantes, el precio de los automóviles nuevos disminuye en términos reales, el transporte público no ha crecido de manera significativa y las gasolinas están sumamente subsidiadas. Es decir, se han creado todos los incentivos imaginables para que la población adquiera más coches. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Usted lo puede imaginar: quieren volver a limitar el número de vehículos en circulación de manera coercitiva. No es difícil anticipar el desenlace, excepto si uno es el político a cargo de la decisión.

La legislación financiera que ha propuesto el gobierno va por la misma línea. Su objetivo es loable: quiere que aumente el crédito como porcentaje del PIB y está intentando crear incentivos para que eso ocurra. La legislación propone dos mecanismos, uno positivo y otro negativo. El positivo, que toma como modelo al banco de desarrollo brasileño, consiste en dotar a los bancos de desarrollo nacionales de mecanismos para que puedan apoyar a la planta productiva. Nada de malo en ello, excepto por lo que el propio ejemplo brasileño muestra de los riesgos de prestarle a empresas que no tienen viabilidad pues, si la tuvieran, los bancos comerciales les estarían prestando. Por el lado negativo, la iniciativa propone impedir que los bancos comerciales compren bonos gubernamentales con los recursos que no están prestando. El objetivo es incentivar a que incrementen el crédito con esos recursos. Al igual que con el tráfico en la ciudad de México, no es difícil anticipar que, antes de extender créditos riesgosos, los bancos buscarán otras cosas en que colocar sus recursos, como bienes raíces o en instrumentos que mentes creativas desarrollarán para proteger sus propios intereses. Nuevamente, no se puede legislar un resultado.

«La política pública, escribió Thomas Sowell, tiene que ser entendida en términos de la estructura de incentivos que produce y no de la retórica esperanzadora de quienes la concibieron». El mexicano es tan inteligente y competente como todos los demás seres humanos. Apostar a su estupidez o a su disposición a plegarse a los deseos de los burócratas no hace sino arrojar dudas sobre el carácter del apostador.

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REFORMA – Luis Rubio

El país atraviesa por momentos difíciles, circunstancia que no deja de ser paradójica para muchos. Para los priistas, que sienten que «ya la hicieron», todo parecía ir avanzando sin contratiempo. Para la población en general, que sólo quiere poder vivir en paz y tranquilidad, el sentido de orden que imprimió el nuevo gobierno parecía ofrecer la oportunidad de recobrar ese anhelo. Sin embargo, lo único claro es que los problemas reales, los de fondo, no han cambiado y, si acaso, han arreciado. Reflexionando sobre esto recuerdo la famosa frase de Paul Valéry de que «el problema de nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que era antes».

Abundan las explicaciones, pero se entrecruzan con propuestas, deseos e intereses, todos legítimos, pero que acaban por nublar, más que aclarar, el panorama. Lo que sigue es la manera en que yo entiendo y veo el momento que atravesamos y de dónde surgió.

• El viejo sistema permitió estabilizar al país luego de la gesta revolucionaria, pero acabó por ser insostenible. Funcionó bien por algún tiempo (sobre todo entre 1950 y 1970), hasta que se colapsó en parte por sus propias contradicciones y en parte por su éxito: generó una clase media urbana que se rebeló contra «el sistema».
• La respuesta de Echeverría fue inflar la economía para darle cabida a todos los demandantes, con lo que creó una casta de «derechohabientes» (sindicatos, grupos empresariales, campesinos y políticos) que siguen expoliando y restándole productividad a la economía en su conjunto. También inició la era de crisis y de conflicto social.
• Las reformas de los 80 y 90 procuraron construir una nueva plataforma de crecimiento económico y sentaron los cimientos de la prosperidad que hoy goza el sector industrial moderno. Lamentablemente, la necedad de proteger los intereses priistas acentuó y afianzó las contradicciones que hoy vivimos: sectores protegidos, falta de competencia, monopolio energético y, en general, una muy baja productividad en la economía en general.
• Pero la prosperidad es real e hizo posible que evolucionara la política nacional hacia una competencia democrática. Las reformas electorales condujeron a la derrota del PRI en 2000 y a la alternancia. La falta de visión, y la reticencia a construir instituciones modernas, llevó a las contradicciones que hoy caracterizan a la vida política: conflictos para los cuales las instituciones de antaño no tienen capacidad de respuesta. Simplemente no dan porque no fueron creadas para hacer posible la participación ciudadana o para resolver problemas.
• México es un país sumamente complejo y terriblemente difícil de gobernar. La diversidad y dispersión étnica, religiosa, económica, geográfica y cultural y los contrastes entre sus regiones exigen habilidades políticas excepcionales. Históricamente, ha sido eficaz cuando ha habido un gobierno central funcional en combinación con gobiernos locales diestros y efectivos. El PRI gobernó por décadas con métodos que hoy se perciben intolerables pero que tuvieron el efecto de hacer parecer que era fácil lograrlo. Los gobiernos panistas creyeron que todo era asunto de quitar a los priistas. Hoy Oaxaca, Guerrero y Michoacán muestran la inviabilidad de los viejos métodos priistas y la ingenuidad de los panistas.
• Las crisis, los errores, la corrupción y la incompetencia de nuestros gobernantes han desacreditado a la clase política. La arrogancia de los políticos (y sus parientes) y su parasitismo, los abusos de los funcionarios, la persistencia de los excesos de líderes sindicales (aunque cambien, los siguientes acaban siendo iguales) y la burla a los mecanismos de transparencia no hacen sino afianzar el cinismo y desconfianza característicos del mexicano.
• Todo esto hace indispensable una reforma política. El Pacto que ideó el gobierno actual es mejor que la parálisis de las décadas anteriores pero es un mal substituto de un sistema de gobierno efectivo (ejecutivo-legislativo).
• Más allá de su forma específica, la reforma política tendría que lograr: a) que los políticos sean responsables ante el electorado y no ante sus jefes; b) mecanismos que hagan posible la constitución de mayorías legislativas; c) un sistema de gobierno eficaz tanto para gobernar como para resolver los asuntos de seguridad. No hay una sola forma de lograr estos objetivos; lo importante es que se logren. Unos preferirán segunda vuelta, otros un sistema semi-parlamentario; algunos querrán reelección, otros un ejecutivo fuerte; algunos preferirán representación proporcional, otros directa. Lo relevante no es la forma sino el resultado y la flexibilidad para corregir hasta que funcione.
• Mientras los políticos se pelean, los partidos agonizan y el gobierno pretende que reforma, la población vive cada vez más acosada por el crimen organizado: la extorsión y el secuestro se han vuelto temas cotidianos en gran parte del país. El asunto no es si el gobierno anterior tuvo la estrategia correcta o una errada o si el actual puede resolver el problema sin definir una estrategia diferente. El tema es que el crimen organizado está carcomiendo al país y, de no resolverse, eso acabará destruyéndolo. Ha ocurrido en otros países.
• Por lo anterior, es urgente una reforma de verdad en el sistema de justicia, ministerios públicos, policías y, en general, a todo el sistema de seguridad. El problema de México no es el narcotráfico, sino de capacidad de Estado: lo esencial para mantener la paz, la seguridad y la justicia. Y hacer cumplir la ley para todos. O sea, un país moderno.
• En adición a lo anterior, es imperativo trascender la noción de que unas cuantas reformas constitucionales transforman al país. Lo que lo transformará será la instrumentación de reformas en temas como el educativo, laboral y de seguridad social, lo que implica afectar poderosos intereses de todo tipo. Lo mismo es cierto del sector energético y del fisco: tanto la recaudación como los mecanismos de gasto y la supervisión del mismo. Es ahí, no en las ceremonias de premiación legislativa, donde se medirá el éxito del gobierno. La medida relevante es el crecimiento de la productividad: todo el resto es mera retórica.
• El gobierno actual tiene un claro sentido de gobierno y de poder, incluyendo una extraordinaria capacidad de comunicación. Sin embargo, esas características y habilidades son indispensables para avanzar pero no son suficientes para lograr su cometido. El país requiere un sistema institucional nuevo y moderno, es decir, una reforma de fondo a todo eso que se ha venido arrastrando del pasado. Sin eso, ni el gobierno más competente podrá ser exitoso.

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REFORMA – Luis Rubio

«Ninguna reforma migratoria puede pretender ser exitosa si choca con la naturaleza humana». Así resume Demetrios Papademetriou su visión respecto a la reforma migratoria estadounidense en un reporte* que se presentó en México hace unos días. El asunto migratorio involucra a millones de mexicanos que emprendieron el venturoso, pero también riesgoso, camino en búsqueda de un empleo en EUA. Ahora que se discute la posibilidad de una reforma migratoria en ese país, México tiene frente a sí difíciles decisiones que serían indispensables para la legalización (pronta o retraída) de esos millones de migrantes.

El reporte del Migration Policy Institute está orientado a la discusión norteamericana pero, como producto de un grupo de estudio que involucró a numerosos mexicanos incluyendo, como co-presidente, al ex presidente Zedillo-, incluye un gran número de análisis detallados** sobre la naturaleza de la migración, los factores que llevan al potencial migrante a emprender el complejo proceso, las condiciones de seguridad que existen en el camino y los problemas políticos, económicos y sociales que caracterizan a Centroamérica y México, naciones que constituyen una abrumadora proporción de la población de los indocumentados. Quien lea el reporte tendrá un panorama amplio sobre la dinámica cambiante del fenómeno migratorio, la complejidad -política y práctica- de las posibles soluciones y de sus implicaciones de largo plazo para EUA y para México y Centroamérica. También podrá apreciar que esta reforma, de aprobarse, sería la última en mucho tiempo porque, en contraste con el pasado, cuenta con la activa participación y responsabilidad de los empleadores.

El reporte parte del principio de que el asunto migratorio es de carácter soberano -cada país tiene pleno derecho a decidir su política poblacional- pero que esa decisión soberana no puede ignorar los cambios que están teniendo lugar en naciones como México. Aunque evidentemente una persona que entra a un país distinto al suyo sin pasar por una garita migratoria está quebrantando la ley, la motivación de la abrumadora mayoría de los migrantes es económica: el mercado laboral norteamericano está plenamente integrado y, excepción hecha por la creciente dificultad de cruzar la línea fronteriza, funciona de manera sumamente eficiente: cuando hay demanda fluye la corriente migratoria (como en los noventa) y, cuando no la hay (recientemente), el flujo es negativo. El reporte también enfatiza otro factor clave: México ha estado experimentando cambios fundamentales en su estructura económica y en su perfil demográfico, circunstancias que permiten contemplar un futuro económico distinto para la región, futuro que podría convertir a Norteamérica en una fuente de competitividad muy superior a la actualmente contemplada.

Los cambios que México ha experimentado -algunos como resultado de reformas formales, otros como consecuencia de la violencia- han alterado los patrones migratorios, han modificado el tipo de población que migra, cuantos lo hacen y qué es lo que motiva su decisión. Por ejemplo, un primer efecto del cambio de patrón migratorio es que el promedio de escolaridad y habilidades del migrante más reciente es notablemente superior al de las cohortes anteriores. Todo esto sugiere, argumenta el reporte, que el futuro del asunto migratorio va a ser muy distinto al del pasado.

Los cambios más patentes que han ocurrido en México se derivan de la estabilidad financiera de que ha gozado el país por tres lustros (generando un mercado de crédito al consumo antes inexistente); la liberalización de las importaciones (que ha disminuido drásticamente la porción de su ingreso que las familias gastan en alimentos, ropa y calzado); la creciente competitividad de la planta productiva nacional, que se aprecia en las exportaciones industriales, y que entraña más empleos, mejor pagados; las remesas que han creado una clase media rural; y la democratización y descentralización de la política. Todo esto ha llevado al fortalecimiento de la clase media, factor que comienza a modificar la percepción sobre México como un país pobre, corrupto y violento. Una persona que ya cuenta con un ingreso estable y con oportunidades de elevar sus niveles de consumo tiene un incentivo mucho menor a migrar que el de un campesino sin ingreso fijo ni opciones de empleo. A su vez, insiste el reporte, la transición demográfica que experimenta el país (la tasa de natalidad ha disminuido drásticamente desde los setenta), permite una mejoría de los niveles de vida y, eventualmente, se traducirá en menores flujos migratorios.

México se ha convertido en un punto de destino de migrantes de otras latitudes, principalmente de Centroamérica, creando nuevas realidades sociales y políticas. Muchas de las víctimas de la violencia que ha caracterizado al país son migrantes de otras naciones y la frontera sur se ha convertido en un foco de enorme atención.

Por lo que toca al futuro, el reporte es muy claro en su insistencia de que una reforma migratoria en EUA podría ser una solución a las personas que ya están allá, pero que el éxito del asunto migratorio dependerá en enorme medida de acciones que esté dispuesto a emprender el gobierno mexicano. Dado que una abrumadora proporción de los migrantes que entraron ilegalmente a EUA son mexicanos o transitaron a través de México, el reporte plantea un conjunto de responsabilidades que México tendría que asumir tanto para que la reforma propuesta fuera aprobada como para que se comience a construir un nuevo esquema de desarrollo regional.

En particular, México tendría que avanzar con seriedad en dos planos: primero, el control de su frontera sur a fin de que el país se torne en un socio confiable que disminuye radicalmente la vulnerabilidad regional al acceso de personas no documentadas. Esto es lo que se comprometieron e hicieron con gran éxito naciones como Polonia, Bulgaria y Rumania en la Unión Europea. En segundo lugar, México tendría que comprometerse a regular los flujos migratorios hacia el norte. Esto último constituiría un cambio radical en la tradición mexicana, pues implicaría que en lugar de de facto promover y facilitar la migración, el gobierno mexicano actuaría como garante de que sólo quienes hayan obtenido una visa de trabajo podrían transitar.

El beneficio de todo esto, como ha sido el caso en Europa, se podría medir en un mayor crecimiento económico, creciente competitividad regional, una mayor integración industrial, más exportaciones y mejores niveles de vida. Al final de cuentas, no hay como el crecimiento económico para disminuir las tensiones políticas.

* http://www.migrationpolicy.org/pubs/RMSG-FinalReport.pdf

**todos disponibles en http://www.migrationpolicy.org/

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INFOLATAM – Luis Rubio

 (Especial Infolatam).- México experimenta hoy un momento paradójico. Por un lado, no hay día en que no se anuncie un nuevo hito en materia legislativa: la agenda de reforma que llevaba años paralizada súbitamente ha cobrado un impulso inusitado. Por otro lado, las crisis políticas se multiplican por doquier: los partidos políticos se dividen, algunas comunidades rurales viven levantamientos populares y, en múltiples regiones, se colapsan las autoridades locales. ¿Se trata de circunstancias excepcionales o caras de una misma moneda?

El presidente Enrique Peña Nieto tomó el poder casi como un huracán. Incluso antes de su inauguración formal, el nuevo gobierno ya había mostrado sus dotes de operación política en el procesamiento de iniciativas de ley durante el tiempo de transición. En menos de 24 horas, ya había anunciado un Pacto por México con los principales partidos de oposición, incluyendo una detallada agenda de reformas previamente consensadas. Los medios de comunicación, militantes y críticos hasta el día anterior a la toma de posesión, súbitamente se desvivían en elogios.

La llegada de Peña Nieto a la presidencia fue como un alivio, una ráfaga de aire fresco, luego de años ausencia de liderazgo

Unas cuantas semanas después, la otrora líder del magisterio estaba en la cárcel. Nadie parecía haber previsto la posibilidad de que México tuviera un gobierno en forma: desde el levantamiento zapatista en enero de 1994 hasta la llegada de Peña Nieto, los mexicanos se habían acostumbrado a la mediocridad y la incompetencia en la presidencia. Ahora, de súbito, todo parecía cambiar.

La llegada de Peña Nieto a la presidencia fue como un alivio, una ráfaga de aire fresco, luego de años ausencia de liderazgo. En efecto: Peña Nieto encabeza un proyecto de poder que se inspira en Adolfo López Mateos, quien fue el último presidente (1958-1964) que concluyó felizmente su mandato, presidió un periodo de crecimiento económico cercano al 8% anual en promedio, entregó la administración sin crisis y ejerció un poder indisputado. Con Peña Nieto retornaron las formas del poder y la formalidad en las relaciones entre políticos. Su agenda legislativa en los primeros meses ha incluido diversos asuntos (educación, telecomunicaciones, ley de amparo), pero el común denominador es uno muy específico: la concentración del poder.

Paso a paso, la presidencia se ha ido fortaleciendo no a través de actos ilegales o decretos unilaterales (prácticas comunes en el pasado), sino mediante herramientas legales que le confieren instrumentos de control al gobierno sobre grupos, entidades e instituciones clave y, especialmente, sobre lo que los mexicanos llamamos “poderes fácticos”, ese núcleo de líderes sindicales, empresarios y políticos que, cuando el PRI perdió la presidencia en 2000, se convirtieron en poderes libres, sin control alguno y con capacidad de veto para proteger sus intereses económicos y políticos.

La paradoja del nuevo gobierno es que su proyecto es de poder más que de desarrollo y que su visión es la de recrear el mundo del PRI de los años sesenta. En aquella época, la presidencia y el PRI guardaban una relación simbiótica, la economía –cerrada y protegida- funcionaba con el impulso de la demanda que generaba la inversión gubernamental en infraestructura. El presidente era la figura central de la política nacional y el gobierno el factótum de desarrollo. Como lo atestigua la historia, el éxito del modelo es indisputable. Sin embargo, las circunstancias de hace sesenta años son radicalmente distintas a las actuales: una población cuatro veces más grande, una realidad política de fragmentación y descentralización, una economía globalizada, el mundo de Internet y una sociedad demandante y militante. En una palabra, aunque la mayor parte de la población ha dado la bienvenida a un gobierno en forma, susceptible de restablecer un sentido de orden, la realidad actual no es compatible con un intento por recrear el mundo relativamente simple de hace medio siglo.

En este contexto, no es sorprendente que, en paralelo con el orden que impone la nueva administración y el progreso sistemático del proceso legislativo, las crisis políticas se multiplican por todas partes. No es que una cosa propicie la otra (aunque en algunos casos así sea) sino que las instituciones que caracterizan al sistema político son, en buena medida, las de antaño que no dan para procesar conflictos y demandas de una sociedad radicalmente distinta. En contraste con España o Chile, que vivieron un rompimiento claro respecto al viejo régimen, México nunca experimentó un momento de quiebre. Por las razones que sean, el viejo PRI nunca tuvo que reformarse y retornó al poder como si nada hubiera pasado en los años intermedios.

Todo esto creó una mezcla letal: un fortalecimiento brutal de las mafias criminales frente a un sistema de gobierno enclenque.

Hay al menos tres fuentes de conflicto político. Una se deriva de la combinación de descentralización política (y del presupuesto) junto con la concentración del poder del crimen organizado: el poder se descentralizó pero los gobernadores no construyeron policías, ministerios públicos y, en general, capacidad de Estado que substituyera al control vertical que ejercía el gobierno federal y que, por mucho tiempo, permitió mantener una semblanza de orden.

Esto ocurrió justo cuando los americanos había cerrado las vías de acceso de las drogas por el Caribe, los colombianos había recuperado el control de su país y, después de 2001, los estadounidenses habían fortificado la frontera. Todo esto creó una mezcla letal: un fortalecimiento brutal de las mafias criminales frente a un sistema de gobierno enclenque. El reto es fenomenal y no se resuelve meramente con un gobierno federal en forma, aunque sin ello sería imposible lograrlo.

La segunda fuente de choque tiene su origen en conflictos comunitarios (tierras, control regional, cacicazgos) que siempre han existido pero que por mucho tiempo fueron controlados y maniatados por un sistema político fuerte que nunca se ocupó de resolver las fuentes de conflicto sino meramente de evitar que estas explotaran. Desaparece la capacidad de control y los conflictos afloran. En muchos casos, se trata de movimientos sociales con raíces profundas que no se pueden resolver por medio de la represión, sino que exigen nuevas formas de participación política. Inevitablemente, sobre todo cuando se trata de las rutas de la droga, no es infrecuente encontrar que se entrelazan los movimientos de origen comunitario con el crimen organizado, sembrando las semillas de lo que eventualmente conduce al colapso de todo vestigio de orden y gobierno funcional.

Finalmente, la tercera fuente de conflicto es producto de los desencuentros que son producto de un sistema político viejo que se rehúsa a transformarse: un sistema político pre-moderno, justicia medieval y formas no democráticas de acción política. Los legisladores protestan por lo que ven en el Pacto por México como usurpación de sus funciones y responsabilidades. Los gobernadores ejercen el gasto sin rendición alguna de cuentas. Los poderes públicos no tienen bien definidos sus límites y mecanismos de contrapeso. En una palabra, perviven instituciones y formas viejas que son incompatibles con una realidad transformada.

México vive un momento de paradojas y efervescencia. Por casi veinte años, el país se fue transformando sin un gobierno que le impusiera un camino y sin un proyecto coherente de reforma institucional o económica. Aunque muchas cosas avanzaron, el desorden era creciente. En ausencia de liderazgo presidencial, el país se movía a su ritmo y forma, pero sin capacidad de aprovechar oportunidades y acelerar el paso del desarrollo económico. Ahora que hay un liderazgo efectivo la gran pregunta es si sabrá aprovechar el momento para construir instituciones modernas y forjar un futuro diferente o si se limitará a intentar recrear un mundo que ya no es posible.

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REFORMA – Luis Rubio

«Nuestra era, escribió Einstein, se caracteriza por la confusión de objetivos y perfección de medios». Parece que estaba pensando en la política mexicana. Hoy nada es claro: ¿cuál es el papel de los partidos y cuál el del gobierno?, ¿cuál la relación entre el ejecutivo y el legislativo?, ¿cuál es la función del Pacto?, ¿qué conexión debe existir entre los líderes partidistas y los contingentes legislativos? ¿Cómo deben vincularse los gobiernos estatales con el federal y dónde comienzan y terminan sus responsabilidades respectivas? ¿Cuál es el papel de los ex presidentes en la política activa? En una palabra, ¿qué es y a qué aspira la democracia mexicana?

La confusión y contradicción de conceptos que caracterizan la disputa pública es infinita y muestra a un país que no se ha adecuado a su nueva realidad política. Durante los años del interregno (1997-2012) los deseos de revancha y de ampliar las fronteras de poder parecían explicar y justificar los desencuentros que fueron norma del periodo. Hoy, con el retorno de las viejas formas priistas y algo de su disciplina, lo que antes parecía confusión ahora es conflicto abierto.

Lo que ocurre dentro de los partidos no es distinto a lo que se observa entre el poder ejecutivo y los gobernadores. Las formas pueden ser diferentes, pero el fenómeno es el mismo: el país enfrenta un profundo desarreglo en los asuntos del poder y no hay mecanismos idóneos para resolverlo. Peor, los conflictos arrecian y se profundizan, poniendo en riesgo no una agenda de reforma, sino la estabilidad del país. Atrás quedaron esas muestras patéticas de independencia por parte de legisladores que se presentaban como héroes míticos derrotando al presidente luego de que el PRI perdió la mayoría legislativa; hoy ya no se trata de vencidas sino de manifestaciones claras de un sistema político disfuncional. Lo que operaba bajo el viejo sistema ya no funciona y lo que medio funcionó en el pasado reciente ya no cuadra con la realidad actual.

Los problemas no se limitan a las relaciones entre poderes públicos o niveles de gobierno. La misma situación existe con los medios de comunicación, las disidencias sindicales, los grupos obstruccionistas que emergieron de los sótanos de la política (como Guerrero y Michoacán), y la criminalidad que resurge simplemente porque el pasado idílico no se puede recrear.

Todo mundo sabe que los arreglos de antaño son insostenibles y que la ausencia de desarrollo institucional yace en el corazón de la conflictividad actual. La pregunta es qué hacer al respecto. Pululan las propuestas para responder y resolver los desencuentros. Algunas tienen sentido, otras reflejan nítidamente la observación de Einstein. Se privilegian los resultados que se pretenden lograr a pesar de que los medios típicamente propuestos para alcanzarlos no son sino una retahíla de lugares comunes que, frecuentemente, no son conducentes al objetivo deseado. La clave son medios funcionales, no objetivos grandilocuentes.

El problema es obvio: la realidad ha cambiado mucho más rápido que las instituciones que debieran servir para gobernarla. En un contexto de río revuelto, como dice el dicho, ganan quienes son más avezados, pero no avanzan soluciones duraderas. El país pasó de un régimen centralizado y con controles verticales a una descentralización extrema en la que todos los grupos, sectores e intereses hicieron lo posible por ampliar sus espacios y facultades sin que hubiera medios institucionales para canalizar los conflictos que de ahí surgían. Ahí nació la rebelión contra el viejo presidencialismo, sus reglas y formas, con los consecuentes excesos. No todo fue excesivo: muchos fueron los intentos honestos por encontrar soluciones prácticas a problemas de esencia en los que chocan formas de antaño con una realidad económica globalizada que no admite muchas desviaciones.  Los quince años que siguieron a la derrota del PRI en el congreso en 1997 fueron una etapa de arrebato político: cada quien llegó a intentar imponer sus preferencias por eso de que con suerte y pega. Duró mientras duró.

Aunque hubo (y hay) muchas propuestas de solución, la realidad es que no existió un liderazgo intelectual y político, ni la capacidad o disposición, para construir el nuevo entramado institucional que pide a gritos la realidad. En lugar de soluciones vinieron las ocurrencias: más allá de algunas propuestas serias, la mayoría no ha sido más que recetas inconexas. El resultado está a la vista: interminables disputas, inseguridad, reformas a modo y un desgaste creciente de la legitimidad del sistema. Lo que no cambió fue la realidad. El conflicto sigue ahí, adquiriendo tonos cada vez más preocupantes.

En este contexto, nadie puede más que darle la bienvenida al orden inherente a las formas y acciones del nuevo gobierno. Más allá de los contenidos, el sólo hecho de que exista un sentido de orden implica un notable avance. Sin embargo, el orden tampoco es substituto de soluciones ni mucho menos de las instituciones formales necesarias para atender y resolver las contradicciones planteadas al inicio.

El país reclama nada menos que un cambio de régimen, es decir, una redefinición de la esencia de las relaciones entre poderes, entidades y funciones. Un cambio de régimen puede ser tan ambicioso como una construcción desde cero o tan pragmática como una redefinición de las relaciones existentes. Lo que es inviable es la pretensión de hacer valer criterios y reglas del juego que claramente han probado ser disfuncionales o que no conducen al fortalecimiento de la gobernabilidad, seguridad y desempeño económico. La naturaleza específica de las instituciones y reglas que serían necesarias para darle viabilidad al país dependerán no de grandes proyectos conceptuales, por útiles que sean, sino de una negociación al interior de las estructuras de poder. La clave es que, una vez acordadas las nuevas reglas, todos los participantes se comprometan a cumplirlas y que el gobierno, a todos niveles, tenga capacidad efectiva de hacerlas cumplir.

Todos tenemos nuestras preferencias de cómo debe ser el régimen y cuál el papel y función de cada uno de los actores en el proceso. Sin embargo, esto no es de preferencias sino de negociación. Lo único que es imprescindible es la existencia de un liderazgo efectivo con claridad del objetivo que se persigue y que se aboque a construirlo. Las instituciones no surgen de un vacío intelectual sino de la praxis política. «Los hombres, decía Maquiavelo, «hacen el bien por fuerza; pero cuando gozan de los medios y libertad para ejecutar el mal, todo lo llenan de confusión y desorden». Esa es la tesitura.

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Luis Rubio

Muchos dicen que la Mexico era una escuela de la élite. En efecto, era elitista por la calidad de sus maestros. Eso es lo que hizo a esta escuela distinta. A sus sesenta años, quienes tuvimos la singular oportunidad de aprender en sus aulas, vemos hacia atrás y no podemos más que reconocer el extraordinario impacto que ese grupo de excepcionales maestros tuvo sobre nuestras vidas. El maestro Vicente Carrión, la maestra Bettina Martínez de Arenal, la maestra Carmen Aguayo de Cirici-Ventalló, Margarita Carbó y otras grandes personas no sólo nos enseñaron, sino que nos dieron una formación única y privilegiada.

Los grandes maestros, como personas públicas, muchas veces tienen poca historia propia. Algunos escriben libros, otros dirigen escuelas, pero su verdadera trascendencia es que sus vidas, en el más amplio sentido, se transfieren en la forma de enseñanzas, aprendizajes y ejemplo a otras personas, a sus alumnos. Son hombres y mujeres que fueron pilares de nuestra escuela, la esencia de lo que ahí vivimos y mucho de lo que hoy somos quienes por ahí pasamos. Son mucho más trascendentes que las columnas o las trabes. Son, ante todo, la chispa de nuestro desarrollo y en muchos sentidos la fuerza de nuestras vidas. No seríamos quienes hoy somos de no haber pasado por esas clases y vivido el privilegio de la sapiencia, humildad y ejemplo de esos maestros.

El Maestro Carrión desarrolló lo que él llamaba su «metodología de enseñanza», que no era otra cosa que un proceso de formación de los alumnos fundamentado en el respeto mutuo y la deducción a partir de la discusión y el intercambio de ideas. Como director de la escuela, encabezó un esfuerzo por construir un tipo de educación distinta, orientado a la formación de los alumnos no por medio de la memorización de hechos, sino a través del razonamiento lógico. Maestro de matemáticas, conoció a todos los alumnos al entrar a la secundaria. Jamás perdía la claridad de su misión, misma que instigó en todos los maestros que contrataba y en quienes confiaba el desarrollo de su metodología.

Miss Bettina predicaba con el ejemplo. Maestra de inglés y literatura inglesa, nos enseñó a apreciar el conocimiento humano, pero sobre todo le confería una estructura a la formación que recibimos. Persona profundamente liberal, tenía una gran experiencia de sufrimiento por la defensa de las ideas y de la libertad. Cuando llegaba al salón y dejaba caer estruendosamente sus libros sobre el escritorio hacía más que anunciar el inicio de la clase: nos enseñaba que la libertad es más frágil de lo que uno puede imaginar cuando está en secundaria o preparatoria y de que hay que luchar para conseguir lo que uno busca. Al mismo tiempo, era una mujer apasionada del debate para intercambiar puntos de vista.

La maestra Cirici era una institución en sí misma. Inteligente, letrada y excepcionalmente culta, enseñaba con su propio ejemplo. Aunque sus materias eran la literatura, las etimologías y el latín, su enseñanza mayor emergía de su propia historia y experiencia de vida. Refugiada española, no sólo creía en la libertad sino que la valoraba como sólo una persona que la había perdido podría hacerlo. Más allá del contenido de sus clases, el ejemplo que siempre representó forzaba hasta al alumno más pasivo a apreciar la vida, la educación y la entereza humana.

Margarita Carbó fue la principal maestra de historia de aquella época. Sus clases eran sui géneris primero porque no pretendía que uno se aprendiera las cosas de memoria, algo inusual en esa materia. Pero, más importante, era inusual porque enseñaba la historia como un proceso en el que no sólo había ganadores y perdedores, sino también víctimas y afectados. Lo que otros maestros ilustraban y enseñaban con su ejemplo, la maestra Carbó enseñaba en lo sustantivo: las ideas, los conceptos, el contexto. No eran solo «señores con nombre de calle» como ella solía decir, sino figuras de carne y hueso -con sus fortalezas y flaquezas- que se habían batido en grandes debates, disquisiciones, luchas y epopeyas que habían, poco a poco, conformado la historia.

La metodología que diseñó el Maestro Carrión era toda una filosofía de vida. Partía del principio de que se debe escuchar al prójimo, entenderlo e intercambiar opiniones y respetarlas. No tiene uno que estar de acuerdo con el otro para respetarlo: sólo tiene que mantener la mente abierta. Hablar, respetar y procurar la equidad y la libertad son componentes todos de una filosofía de la vida. Los ex alumnos de esa maravillosa escuela quizá recordemos poco del contenido específico de cada una de las clases, pero lo que no se olvida es el ejemplo de esos maestros que marcaron nuestra vida para siempre. Los egresados de la Mexico somos en cierta forma diferentes. Diferentes porque vivimos una experiencia única, toda ella debida a un grupo excepcional de maestros que se conjuntó en un momento también excepcional de la historia.

Lo que tuvimos fue una formación liberal sólida que nos enseñó más por el ejemplo y la forma de conducir el salón de clase que por cualquier materia específica. Ojalá México tuviera muchos maestros elitistas como estos.

FORBES -Mayo, 2013

OPINIÓN

LUIS RUBIO — EN PERSPECTIVA  

EN EL MÉXICO INDEPENDIENTE ha habido dos eras de alto crecimiento: el Porfiriato y el desarrollo estabilizador, entre los cuarenta y el fin de los sesenta del Siglo XX. La característica política de ambos momentos fue de centralización del poder. En un país con una dispersión y diversidad geográfica, étnica, demográfica y física tan alta, la propensión centrífuga ha sido siempre enorme, razón por la cual es tentador establecer una correlación automática entre ambos fenómenos: control es igual a crecimiento; diversidad y descentralización es igual a caos.

Sin embargo, tal correlación es inexistente: hay muchos factores que intervienen. Más importante, la era de la globalización crea realidades que hacen imposible establecer una relación de causalidad entre centralización y éxito económico.

Para comenzar, el contexto es crucial: con características distintas, el común denominador entre el Porfiriato y el desarrollo estabilizador fue la existencia de una capacidad de control de procesos, información y, sobre todo, de factores cruciales como estabilidad financiera, desarrollo de infraestructura, crecimiento del crédito y control de la fuerza de trabajo por medio de sindicatos que operaban bajo la égida de un gobierno todopoderoso. Algunos de estos factores siguen siendo clave, pero otros son producto del momento específico. El contexto importa y el actual ha cambiado radicalmente.

Los factores de éxito hoy incluyen a muchos de los de antes (infraestructura, estabilidad financiera y la existencia de un gobierno funcional), pero la clave de la agregación de valor reside en la capacidad de las personas de aportar ideas, creatividad y, en general, contribuciones producto de actividad intelectual que elevan la productividad en la era de la información y los servicios, muy distinta a las que nos precedieron en el ámbito agrícola e industrial. En su esencia, han cambiado dos cosas: la fuerza física ha sido reemplazada por la creatividad y las fronteras han dejado de ser un factor limitante. Hoy el comercio y el intercambio de ideas son clave para el crecimiento. La importancia y trascendencia del gobierno no ha cambiado; lo que ha cambiado es la naturaleza de su función.

“LA CLAVE EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN RESIDE EN LA CAPACIDAD DE LOS INDIVIDUOS DE CREAR VALOR E INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD”.

Decía el anterior secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, que “no podemos esperar que los gobiernos hagan todo. La globalización funciona al ritmo de Internet”. Efectivamente, un gobierno no lo puede hacer todo, pero en una era de enorme cambio, de hecho, de cambio permanente, lo crucial es que el propio gobierno se vaya adaptando a las necesidades de la economía y la sociedad, que experimentan una transformación constante. Por supuesto, hay funciones clave que no cambian –como mantener la paz social y la seguridad de las personas- pero hay otras que van modificándose de manera constante: unas se tornan obsoletas, otras adquieren una trascendencia incontenible.

El nuevo gobierno se ha instalado como un factor de control y de poder. Con ello ha logrado construir la percepción de que en sus manos se encuentran las soluciones a los dilemas que enfrenta el país. No es un logro pequeño, sobre todo después de una era de conflicto, violencia e incertidumbre que comenzó desde 1994 y sólo empeoró.

La presencia de un gobierno que le imprime un sentido de autoridad a la función pública ha sido bienvenida por la población. Sin embargo, la forma y contenido que hasta ahora ha exhibido esa nueva presencia es muy similar a la de los sesenta del siglo pasado, como si se intentara recrear esa era.

El problema es que tanto la globalización como la naturaleza del éxito en la actualidad alteran el panorama. El éxito hoy depende de la existencia de un gobierno que funciona, pero también de una estrategia económica compatible con la realidad de globalización y con las características de una economía donde el componente de mano de obra es cada vez menos relevante en la agregación de valor. En lugar de controlar a la población se tiene que crear un entorno educativo, de salud y cultura que propicie el desarrollo del capital humano; en lugar de control sobre la economía, la clave reside en promover la actividad empresarial eliminando restricciones y permitiendo un cambio constante.

La clave en la era de la globalización reside en la capacidad de los individuos de crear y agregar valor e incrementar la productividad. La presencia de un gobierno fuerte con claridad de visión es factor crucial en el proceso, siempre y cuando emplee esa fortaleza para crear condiciones para el progreso y no meramente para controlar la población. Es decir, en esta era de la historia es contradictorio el control y el desarrollo. Si se quiere lograr lo segundo será imperativo utilizar lo primero con inteligencia y parsimonia.

Luis Rubio es Presidente del Centro de Investigación  para el Desarrollo A.C.

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