Viñetas de corrupción

Luis Rubio

Viñetas de corrupción

Luis Rubio

Los argentinos emplean el término “viveza criolla” para caracterizar la “depredación oportunista: la prontitud  para obtener máximo provecho a la mínima oportunidad, sin escatimar los medios a utilizar ni las consecuencias o perjuicios para los demás.” Esto no es distinto a cortar esquinas, obtener un beneficio comprando la voluntad de un inspector, el capitán de un restaurante o del policía de la esquina, pretendiendo que no hay costo. El problema es que el costo es enorme porque entraña una forma de ser que es incompatible con el mundo en que nos ha tocado vivir y ahí yace buena parte de la explicación del rezago económico que nos caracteriza.

La corrupción no es nueva; lo que es nuevo es que se ha vuelto extraordinariamente disfuncional. En una economía rural o industrial tradicional, la mordida –en cualquiera de sus acepciones- constituía una forma de resolver problemas. La distancia inherente a la vida rural y la disciplina laboral del piso industrial favorecían los controles que ejercía el sistema político y no parecía haber mayor consecuencia. En la economía del conocimiento lo que agrega valor es el trabajo intelectual, desde el manejo de una computadora hasta el análisis de la información, incluso en el campo o en las fábricas: hoy (casi) todo es información. Lo que antes era funcional hoy ha dejado de serlo y esto es igualmente cierto para el empresario más encumbrado que para el campesino más modesto.

En mi juventud trabajé dos veranos en una fraccionadora que vendía terrenos a crédito para personas de muy bajos ingresos. El contrato establecía pagos mensuales y cualquier persona que se retrasaba en sus pagos corría el riesgo de perder su terreno. Yo revisaba los casos de personas que se presentaban a pagar luego de varios meses de retraso. Era impactante ver cómo sacaban billetes, todos enrollados, obviamente producto de “guardaditos” que iban acumulando. La mayoría de los casos tenía solución y se arreglaba de inmediato. Lo que más me impresionaba era que al menos una de cada tres personas que salían con su asunto resuelto me quería dar unas cuantas monedas como agradecimiento. Se trataba de gente acostumbrada a tener que navegar las aguas turbulentas de una burocracia dedicada a abusar de la población en lugar de cumplir con su responsabilidad más básica.

La corrupción tiene muchas caras y muchas derivadas. Muchas entrañan la interacción entre actores públicos y privados, pero otras son exclusivamente privadas o públicas. El robo de “cuello blanco,” cuando un empleado se lleva cosas de su lugar de empleo, no es muy distinto de la evasión de impuestos. El uso de información privilegiada respecto a obra pública que se va a construir ha sido la forma legendaria en que funcionarios públicos se enriquecieron a lo largo de la historia y no involucra actores privados pero, en el fondo, no es muy distinta a la contratación de constructoras que cobran de más y reparten los sobrantes entre los funcionarios responsables.

Hace unos veinte años, cuando comenzaron los secuestros exprés, fui a la oficina de licencias a solicitar un cambio de domicilio para que el mío no apareciera. Armado con una copia del predial de la oficina de un amigo, fui a solicitar el cambio. Expliqué la razón y la respuesta fue “cien pesos”. No teniendo claro a qué se refería, pregunté por el concepto. La respuesta fue fascinante: “el servicio de cambio cuesta cien pesos, da igual lo que cambie”. Pregunté, en tono sarcástico, si eso incluía un cambio de nombre. “Son cien pesos por cualquier cambio”.

El policía de tránsito es quizá la “inter-fase” más frecuente entre la autoridad y el ciudadano. Cuando alguien se pasa un alto o se da una vuelta prohibida el asunto es claro y transparente, no sujeto a interpretación. Sin embargo, el mayor contraste entre las licencias en México (al menos en el DF) y el resto del mundo es que aquí ningún conductor conoce el reglamento. Primero, los reglamentos se cambian como si fueran camisas: no hay gobierno local recién electo que no amerite un nuevo reglamento. Pero en el DF pasó otra cosa: en aras de reducir o eliminar la corrupción en la expedición de licencias, la solución de nuestros dilectos burócratas fue eliminar exámenes de manejo, de conocimiento y de visión. Quizá se redujo la corrupción en el proceso administrativo, pero me pregunto si no es más corrupto permitir que circule gente que no sabe manejar o que nunca se enteró que hay reglas para conducir. Inevitable que el policía abuse del incauto (e ignorante) conductor. Quizá para eso cambia el reglamento.

En el Estado de México es frecuente que los policías paren a vehículos con placas del DF, independientemente de que haya existido una violación. Basta la amenaza de secuestrar la licencia o la placa del conductor, cuando no del vehículo, “para asegurar el pago” para poner a temblar al más pintado.

El punto es que no existen reglas claras, conocidas por todos que se aplican con rigor, elementos clave de un Estado de derecho. La corrupción es producto de toda la estructura de gobierno creada y concebida para controlar al ciudadano. Cuando el gobierno federal era todopoderoso se controlaban los peores y más absurdos excesos de la corrupción al menudeo. Hoy cada policía y cada inspector o funcionario tiene vida propia y concibe el puesto como un medio de enriquecimiento.

A nadie debería sorprender que la economía esté parada y que la ciudadanía desprecie al gobierno. El problema no es el Estado sino el sistema.

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Tormentas

Luis Rubio

Tormentas

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En 1982, a la mitad del torbellino que había causado, José López Portillo afirmó que «soy responsable del timón pero no de la tormenta». Nunca se le ocurrió pensar que cuando un buque se encamina directamente hacia una tormenta, la probabilidad de acabar arrollado se incrementa de manera dramática. Así acabó México en 1982. El riesgo hoy es distinto, pero no irrelevante.

Vale la pena repasar lo que ocurrió en los setenta e inicio de los ochenta porque con frecuencia se mira ese tiempo como el gran momento de desarrollo económico. La economía mexicana había comenzado a experimentar límites estructurales a su crecimiento a mediados de los sesenta, pero fue Echeverría, seguido por López Portillo, quienes abandonaron el modelo de desarrollo estabilizador al intentar acelerar el crecimiento con un creciente gasto público financiado con deuda externa e inflación. Al final de doce años, el país estaba quebrado, tomándole casi dos décadas salir del atolladero. En 1994-1995 experimentamos la última crisis de esa era y los costos sociales fueron enormes porque siempre sufren más quienes menos tienen y acaban pagando el costo de los excesos gubernamentales en la forma de inflación y desempleo.

Es absolutamente lógico y razonable que un gobierno quiera acelerar el ritmo de crecimiento y más cuando hay capacidad instalada sobrada. El problema, que hemos experimentado innumerables veces en las últimas décadas es que, cuando el gobierno gasta demasiado por demasiado tiempo, agota la capacidad productiva de la planta nacional, lo que inmediatamente lleva a incrementar las importaciones. Estas, a su vez, exacerban la demanda de dólares, provocando movimientos súbitos en el tipo de cambio. Es decir, la razón por la cual es peligroso el gasto deficitario no es de carácter teórico o ideológico sino práctico.

En los últimos meses, con la caída del ingreso petrolero, el gobierno ha visto afectado su ingreso, lo que ha exacerbado los agregados fiscales, pero lo mismo ha ocurrido con la balanza de pagos, donde pasamos de un ligero déficit (de menos de 1% del PIB) en los últimos años a más de 2.5%. Esto implica que la demanda de dólares es mayor que la oferta lo que se traduce en presiones sobre el peso. Por lo que respecta a las cuentas fiscales, el creciente gasto deficitario del gobierno está teniendo el efecto de incrementar la deuda (que creció de 29% del PIB a 44% en los últimos años), justo cuando la tormenta en el resto del mundo arrecia.

Cuando López Portillo afirmaba que no tenía responsabilidad de la tormenta tenía razón, pero su argumento no era más que una pobre excusa orientada a desviar la atención respecto al riesgo que se avecinaba. Hoy no nos encontramos en una situación idéntica porque la estructura de nuestra economía es muy distinta (hoy tenemos enormes exportaciones manufactureras) y porque el tipo de cambio es flotante (en esa época era fijo). Sin embargo los riesgos son similares, tal y como lo hemos podido ver en la forma en que el peso ha ido perdiendo valor día a día.

Pero el problema de fondo no es el hecho de que se gaste más o menos, sino en el excesivo poder que concentra el ejecutivo para decidirlo sin tener que explicar su actuar y justificarlo ante una oposición responsable, seria y conocedora. En la crisis de finales de 1994, según cuenta Sidney Weintraub en su acucioso estudio sobre aquella devaluación, el gran problema fue que el gobierno saliente incurrió en enormes riesgos –apostó la estabilidad de la economía- porque no tenía que rendirle cuentas a nadie. 1994 fue un año particularmente complejo para el país por los asesinatos políticos que lo caracterizaron y el levantamiento zapatista, circunstancias que hubieran sido difíciles de manejar hasta en el país más desarrollado e institucionalizado del mundo. En México, donde no gozamos de esas características, el riesgo es infinitamente mayor y por eso nos fue tan mal en 1995.

“Las democracias, dice Paul Johnson, funcionan mejor cuando las atribuciones de sus políticos están estrictamente controladas. La separación del poder judicial respecto al ejecutivo y el legislativo es un principio largamente establecido. Lo mismo en política económica: los políticos tienen que entender el valor de limitar sus propios poderes”. Eso que le parece tan obvio a Paul Johnson es algo que nos es ajeno a los mexicanos. Aquí no existen controles de un poder público sobre otro y las facultades efectivas de los funcionarios son excesivas, como sugiere la crisis cambiaria en que estamos inmersos.

No cabe duda que la crisis que estamos viviendo es de manufactura externa, pero lo mal que estamos pertrechados para enfrentarla es hecho 100% en México.

Los clásicos

En las últimas dos décadas se volvió moda en occidente, sobre todo en Estados Unidos, la noción de que la historia no importa y que el pasado debe juzgarse a la luz del hoy, con los criterios del presente. En el camino se olvidaron los clásicos de la historia, las lecturas que a muchos de nosotros nos dieron la posibilidad de comprender el mundo en su contexto y como herencia del pasado. El civismo desapareció de la currícula y dejó de leerse, así fuera en lecturas simplificadas, el Quijote, el Ramayana y la Odisea, entre tantos otros. Miguel Ángel Porrúa acaba de publicar una colección de «Lecturas Clásicas» para nivel secundaria. Nuestro futuro se beneficiaría si los niños de secundaria tuvieran acceso a esas lecturas, quizá el mejor antídoto de largo plazo al creciente desorden internacional.

 

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Verdades de a kilo

Luis Rubio

 

Verdades de a kilo

 

Luis Rubio

 

“Los hombres nunca hacen el bien excepto por necesidad; pero cuando gozan de los medios y libertad, todo lo llenan de confusión y desorden” afirmó Maquiavelo en sus Discursos. Así parece el debate en torno a la legalización de la mariguana. Me parece que se mezclan y confunden tres temas que deberían ser entendidos, cada uno, en su justa dimensión.

 

Primero está el asunto elemental de la libertad de cada persona de hacer con su vida lo que quiera siempre y cuando no afecte a terceros. Este principio debería regir cualquier decisión en materia de reglamentación y control, en cualquier ámbito, y el de las drogas no es distinto. No hay razón para prohibir su consumo en la medida en que la única persona afectada sea quien decide hacerlo. El proyecto aprobado esta semana es, en este sentido, impecable.

 

Un segundo asunto es el hecho de que la prohibición no ha evitado que las drogas se cultiven (o fabriquen), transporten o consuman. Lo único que la prohibición ha logrado es que se desarrollen enormes consorcios dedicados al tráfico de estupefacientes, mismos que generan una mega industria de corrupción por donde pasan y la violencia que inexorablemente va de la mano. Por otra parte, una cosa es la prohibición al consumo de determinados bienes y otra muy distinta es la responsabilidad de un gobierno de mantener la paz en su sociedad. El crimen organizado prolifera en todas las sociedades pero no solo por las drogas: también está el secuestro, el robo, la piratería, el juego y un sinnúmero de negocios ilícitos que igual tienen que ser combatidos. Eliminar las drogas de la ecuación obviamente contribuiría a disminuir el poder del crimen organizado pero en nada cambia la responsabilidad del Estado de combatirlo.

 

Finalmente, el tercer tema es el de la seguridad pública, que no es un asunto menor y que, aunque obviamente vinculado a la prohibición, no es lo mismo ni se deriva de ésta. La seguridad pública tiene que ver con la calidad y fortaleza del sistema de gobierno con que cuenta una sociedad y que se observa en todo: en la continuidad de las políticas y programas gubernamentales, en el estado de la educación, en la calidad de la infraestructura, en la administración de la justicia y en el respeto de que goza la policía. Un gobierno fuerte (que puede o no ser grande) es uno que no cambia con los vientos políticos sino que más bien funciona dentro de un contexto de leyes que efectivamente limitan, a través de pesos y contrapesos, el actuar de los políticos que entran y salen del poder de manera regular.

 

El punto nodal es que la despenalización del consumo de un enervante no tiene nada que ver con la seguridad pública: ésta depende de la calidad del gobierno. Aunque es obvio que la potencial disminución de las ganancias de los traficantes podría contribuir a una menor inseguridad, se trata de dos asuntos distintos. En nuestro caso, para que realmente impactara la despenalización de las drogas sobre la seguridad pública serían los americanos quienes tendrían que hacerlo y no sólo con la mariguana. La abrumadora mayoría de las utilidades del narco provienen del mercado estadounidense, razón por la cual no habría razón para esperar un cambio significativo en la violencia dentro de México. Este no es un argumento en contra de la despenalización: solo de la expectativa de que ésta contribuiría a disminuir la violencia.

 

España y Estados Unidos son dos naciones en las que circulan (y se consumen) muchas más drogas que en México, pero ninguna se caracteriza por los niveles de violencia que de manera cotidiana se vive en México. La diferencia no reside en que las drogas sean legales o ilegales en aquellas naciones sino en que en ambas existe un sólido sistema gubernamental que cuida de la ciudadanía. Aunque la concepción sobre las drogas es radicalmente distinta en esos dos países, el denominador común es la existencia de un poder judicial sólido, policías profesionales que son ampliamente respetadas y protecciones efectivas para los derechos ciudadanos. Ninguna de esas cosas es cierta en México.

 

El que México despenalice el consumo de una o varias drogas constituye un paso adelante en el respeto al principio de libertad individual y ese es un hito en sí. Solo no le pidamos peras al olmo.

 

Suprema Corte

 

En un sistema de separación de poderes el presidente propone y el Congreso dispone. Esa es la regla de oro de los pesos y contrapesos. Sin embargo, a juzgar por la discusión sobre las dos nominaciones pendientes, México sigue siendo una dictadura. Se le reclama al presidente que no envíe a sus amigos o preferidos (como, por cierto, hacen con frecuencia sus pares en otras latitudes). Podría mandar a “los mejores,” un criterio dúctil, porque eso es lo que cree que hace.

 

La clave no es el presidente sino el Senado, cuya función de contrapeso consiste en evaluar a los integrantes de la terna y actuar en consecuencia. En una democracia ese es el control constitucional crucial. Es hacia el Senado donde deben apuntarse todas las baterías para exigirle que cumpla con su mandato y se asegure que quien llegue a la Corte tenga los méritos y cualidades para ello, independientemente de sus amistades. Es ahí donde debería exigirse rendición de cuentas, la esencia de la democracia. Es la sociedad la que puede provocar el nacimiento de un verdadero sistema de contrapesos.

 

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Vida y economía

Luis Rubio

Según una anécdota derivada de las Vidas Paralelas de Plutarco, un exhausto banquero estadounidense se encontraba descansando en una pequeña aldea pesquera en la costa yucateca. Todos los días observaba a un pescador salir de madrugada, regresar con unos cuantos pescados y luego mecerse en su hamaca, jugar con sus hijos  y tocar la guitarra con sus amigos. El banquero le preguntó si no querría que le ayudara a construir un gran negocio de pesca. El pescador pareció interesarse, así que el banquero siguió: juntaría yo a un grupo de inversionistas, comprarías varios barcos, montarías un gran negocio de pesca, procesamiento, enlatado y distribución. Podrías hacerte rico, aunque quizá tuvieras que mudarte a la ciudad de México o a Los Ángeles. ¿Y cuánto tiempo llevaría eso, preguntó el pescador? Unos quince o veinte años respondió el banquero. ¿Y luego qué? Ahí viene lo mejor, dijo el banquero: cuando sea el tiempo correcto colocaremos tu negocio en la bolsa de valores  y te convertirás en un hombre inmensamente rico. ¿Millones? ¿Y luego qué? Con una gran sonrisa, el banquero respondió: «pues con ese dinero te podrías retirar, salir en tu bote, pasarte horas en la hamaca, jugar con tus hijos y tocar la guitarra con tus amigos».

La circularidad de la anécdota evoca muchos de los absurdos de la vida y obliga a reflexionar sobre su “para qué”. Aunque hay miles de libros dedicados a este tema, la mayoría de ellos de auto ayuda, quizá el último lugar en que uno hubiera esperado grandes lecciones en esta materia es en un texto de Adam Smith, el connotado intelectual del capitalismo quien en 1776 publicó su famoso libro La Riqueza de las Naciones. Russ Roberts acaba de publicar un divertido libro que traduce los conceptos de Smith en La Teoría de los Sentimientos Morales, 1759. El libro de Roberts, Cómo Adam Smith puede cambiar tu vida*, retrotrae al día de hoy los conceptos de Smith.

Como uno podría intuir de la anécdota inicial, todo el sentido de la obra de Smith, que parecería contradictorio con los mitos asociados a su libro más famoso, es la futilidad del dinero como camino para lograr la felicidad. Más que una crítica al materialismo, los Sentimientos se refieren a la capacidad que tenemos los humanos para auto engañarnos por la seducción que ejerce el dinero, el poder y la fama. «Esas seducciones nunca satisfacen». La perspicacia de Smith, dice Roberts, reside en que «nuestro comportamiento es conducido por nuestra interacción constante con un espectador imparcial, imaginario». No nos juzgamos a nosotros mismos por nuestros principios sino por lo que ese compañero imaginario piense de nuestro actuar. Ese «espectador» nos hace ver cualquier desviación respecto a nuestro propio código de comportamiento.

El punto medular que Roberts extrae del texto de Smith es que «la economía es sobre algo más importante que el dinero. De ahí que el libro de Smith se aboque a mapear un camino para que cada persona encuentre su propia felicidad. A pesar de la avaricia natural del ser humano, Smith afirma que el hombre es un ser profundamente moral. «Aunque se supone que el hombre es egoísta, evidentemente hay algunos principios en su naturaleza que le hacen preocuparse del bienestar de los otros y hacen que sea importante su felicidad para él».

Para un autor inexorablemente asociado a la despiadada creación de riqueza como algo no sólo digno sino absolutamente legítimo, los Sentimientos ofrecen una perspectiva mucho más rica y completa de la visión de Adam Smith. Russ Roberts dedica su libro a explicar la lógica de la «guía de comportamiento» que escribió Smith a través de capítulos que llevan por título frases como las siguientes: «Cómo conocerte a ti mismo», «Cómo ser feliz», «Cómo no auto engañarte». En su libro más famoso, Smith no escribió nada sobre altruismo, amabilidad o compasión. ¿Cómo puede ser esto? se pregunta Roberts.

El puente entre los dos libros, y entre la moral y la economía, que Roberts descubre se encuentra en la noción de que el egoísmo puede llevar a que otros se beneficien. Los hombres «se conducen por la mano invisible que hace posible la distribución de las necesidades de la vida y que… sin saberlo, avanzan los intereses de toda la sociedad y le crean condiciones para la reproducción de la especie». La economía y la moral acaban siendo dos lados de una misma moneda y, por lo tanto, inseparable.

El próximo rector

Por muchas décadas después del 68 la UNAM fue abandonada como un espacio de efervescencia política donde el objetivo gubernamental era aislar al país del conflicto en lugar de construir una capacidad educativa trascendente. Un mejor proyecto y liderazgo a lo largo de los últimos años ha procurado compatibilizar las dos características de la universidad nacional: la universidad de masas con la institución de excelencia que caracteriza a muchos de los institutos de investigación. El próximo rector va ser clave porque determinará si la UNAM retorna al conflicto o consolida lo logrado y da el paso decisivo hacia la transformación que la educación, la economía y el país requieren para incorporarse exitosamente al siglo XXI.

De todos los candidatos a la rectoría sólo uno tiene un proyecto de futuro. Sergio Alcocer tiene amplia experiencia tanto en la UNAM como fuera y se caracteriza por una visión cosmopolita, indispensable para empatar la formación profesional con la demanda del mercado de trabajo y, a la vez, entiende bien el vínculo entre ciencia básica y aplicada.

*How Adam Smith Can Change your life, Penguin

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Al diablo con la educación

 Luis Rubio

“El objetivo es proteger al sindicato, defender sus prebendas y garantizar la fuente de apoyo que los maestros representan para los procesos electorales”. No se si eso lo admitiría algún estratega priista, pero esa ha sido la estrategia del gobierno mexicano respecto al sindicato de maestros desde tiempos ancestrales. La educación en el país fue concebida como un instrumento de control de la población y el sindicato se convirtió en un medio útil para lograr y preservar la hegemonía ideológica que el “sistema” añoraba. El niño, el supuesto beneficiario de la educación (gratuita, laica y secular según la mitología priista), era secundario en la escala de prioridades. Lo mismo es cierto del sindicato: como el “idiota útil” de la literatura política soviética, lo que importaba era el control no el resultado. Hoy, casi un siglo después, es posible apreciar el costo de semejante irresponsabilidad.

Para nadie que haya visto la historia de la educación en el país, desde los debates en el constituyente sobre el artículo tercero hasta la educación socialista de Cárdenas, será sorpresa que el alumno prototípico mexicano obtenga menos de uno en promedio en la prueba de PISA, la menor calificación de todos los países que participan en esa evaluación. En lugar de abocarse al niño, quien uno supondría es el sujeto a tutelar, el sistema político lleva casi un siglo dedicado a mantener quieta, controlada y subordinada a la población. El problema es que el mundo de hoy no tolera esa realidad: la economía no sabe cómo lidiar con súbditos inútiles en lugar de personas creativas, susceptibles de contribuir al desarrollo de una economía moderna.

La reforma educativa, con todas sus imperfecciones, al menos intentaba enfocar el problema educativo que caracteriza al país. Sea por el temor a ser reprobados en la evaluación o por la corrupción de sus líderes, tanto la CNTE como el SNTE defienden un esquema educativo que implica mantener un statu quo que sólo sirve a esos líderes: no le ayuda a la niñez, no contribuye al desarrollo del país y atenta contra la estabilidad política. Es decir, el sistema educativo creado para mantener la estabilidad y el reino priista ad hominem ha caído en el lado contrario: ahora el riesgo de que la educación haga imposible el desarrollo (y la estabilidad) es real.

Lo deseable, lo racional, sería aceptar que la solución “histórica” (el corporativismo orientado al control en vez de al desarrollo) no funciona y se ha convertido en un problema inmanejable. La racionalidad política e ideológica que caracteriza a la política educativa del régimen –control y subordinación- atenta contra el desarrollo tecnológico, promueve la pobreza y preserva el subdesarrollo. Esto que parece tan obvio sigue siendo anatema para la mayor parte del mundo político de hoy. Sin embargo, hasta que esa visión corporativista desaparezca, el país seguirá sumido en sus círculos viciosos. El problema es de esencia: se reconoce que lo existente no enseña a pensar, la clave del desarrollo, o seguimos avanzando hacia el subdesarrollo.

Aunque quizá exacerbado en México, el problema no es exclusivamente nuestro. Innumerables países enfrentan el mismo desafío: convertir a la educación en un factor clave, positivo, para el desarrollo económico. Todas las evaluaciones del sistema educativo actual muestran una absoluta incompetencia y los exámenes revelan un fracaso sistemático que afecta primordialmente a la población  más vulnerable: a los pobres. En lugar de que la educación funcione como un medio transformador que le abre oportunidades de desarrollo a los niños, ésta preserva la pobreza y los círculos viciosos que nos caracterizan.

La pregunta relevante es qué o quién debe colocarse en el corazón del sistema educativo. Por casi un siglo, los dos factótums de la educación en México han sido el sindicato de maestros y la burocracia de la SEP. El sistema nunca fue diseñado ni pretende educar a los niños. Me pregunto si no es tiempo de comenzar por ahí: por colocar al niño en el centro de la ecuación.

Hacer eso implicaría alterar toda la mitología de la educación, comenzando por la educación pública. En África y Asia se observan interesantes experimentos de empresas dedicadas a la educación que han logrado al menos un proceso educativo consistente y transparente que arroja resultados cada vez mejores. No propongo acabar con la educación pública pero sí promover y favorecer el crecimiento de ese ogro, la escuela privada, como medio para generar competencia y disrupción en, quizá, el último bastión del control gubernamental casi absoluto.

La educación privada ha sido un reino exclusivo de la población con amplios recursos, pero en Asia y África su crecimiento más grande es entre los más pobres, donde se observan innovaciones por demás exitosas. La mejor prueba de que esto es viable es que prácticamente no hay familia en México que no prefiera la educación privada para sus hijos cuando tiene posibilidad de pagarla. Un mecanismo de vales para financiarla permitiría no sólo forzar a los maestros sindicalizados a “ponerse las pilas” sino que también –sobre todo- le abriría opciones a los mexicanos más necesitados –y, en términos educativos, rezagados.

El problema de la educación no es presupuestal sino político. Es tiempo de abandonar el objetivo de mantener ignorante a la población y la respuesta yace en la competencia que sólo puede provenir de empresas dedicadas a la educación.

 

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¿Crecimiento?

Luis Rubio

Prácticamente no hay discurso gubernamental o documento relevante en el que el crecimiento de la economía no aparezca como un objetivo central. El crecimiento económico es como un elixir de la felicidad porque disminuye tensiones, resuelve problemas y facilita la vida cotidiana, además de que genera riqueza, empleos y oportunidades. No es casualidad que todo mundo quiera lograrlo. El problema es que, como hemos visto en las últimas décadas, no es fácil alcanzarlo. Se han probado diversas estrategias, algunas más exitosas que otras, pero es claro que no se ha logrado una tasa elevada y sostenida en el tiempo.

Aunque hay muchas explicaciones sobre lo que falta, es bastante claro lo que sí existe o se requiere. Por ejemplo, nadie –o nadie razonable- duda que la productividad sea un factor central, al igual que la inversión; tampoco está en disputa que el TLC constituye un mecanismo clave para atraer inversión, elevar exportaciones y resolver problemas de balanza de pagos. También es claro que ninguno de estos factores es suficiente y, más importante, que no toda la población se ha beneficiado por igual.

Un contraste quizá explique la principal carencia: en 1997 el mundo se despertó con la noticia de que la región del mundo de mayor crecimiento, el sudeste asiático, estaba en crisis: devaluaciones, caída súbita de ingresos, subidas de precios, pérdida de valor, o sea, todos los elementos que los mexicanos habíamos vivido numerosas veces, pero desconocidos en esa región. Pronto, sin embargo, se notaron las diferencias. Corea, por ejemplo, de inmediato comprendió que el problema había sido demasiada inversión en infraestructura y casi nulo crecimiento de la productividad, lo que le llevó a un viraje en su estrategia, pronto retornando al crecimiento sostenido, convirtiendo a su población en una de las de más rápido ascenso en ingreso per cápita. ¿Por qué no hemos logrado algo similar nosotros?

En su estudio del crecimiento de la economía estadunidense, Robert Higgs* dice que hay tres tipos de capital: material, humano e intelectual. “En el largo plazo, es imposible construir el acervo de un tipo de capital sin construir los otros también… De nada sirve contar con las máquinas más sofisticadas sin gente sofisticada e ingeniosa para operarlas… En el entendimiento de estas interdependencias reside la posibilidad del crecimiento económico. Es común reconocer que la construcción de fábricas constituye una inversión, pero no siempre se comprende que la obtención de educación, la compra de mejor salud y la búsqueda de conocimiento útil también son inversiones. La tasa de retorno de la inversión en un tipo de capital no depende exclusivamente del acervo existente, sino también de la disponibilidad de los otros tipos de capital.”

O sea, se requiere productividad pero para que ésta se logre, es indispensable inversión los tres tipos de capital: material, humano e intelectual. Hernando de Soto agrega otro componente: según él, lo que distingue a los países desarrollados de lo que no lo son es la existencia de un régimen transparente de propiedad. Aunque su libro se intitula “El misterio del capital”, en realidad no hay tanto misterio. El gran problema es encontrar la forma en que todos los ingredientes que hacen posible el crecimiento estén presentes simultáneamente para que éste ocurra.

Así, aunque no es casualidad que el discurso político del último medio siglo esté saturado de promesas de crecimiento -lo que demuestra la comprensión de su importancia- tampoco es casualidad que el actuar gubernamental revele una cabal incomprensión de la naturaleza del fenómeno del crecimiento o, de plano, una ausencia de voluntad o capacidad para hacerlo posible.

Es obvio que no han faltado intentos por resolver los diversos componentes de la ecuación del crecimiento, pero el hecho tangible es que éste no se alcanza y parte de la razón, me parece a mí, es que no se ha comprendido el elemento de interdependencia de que habla Higgs: tienen que estar presentes los diversos ingredientes; ninguno es suficiente en sí mismo. El caso de Corea es sugerente: mientras que allá se analizan los requerimientos que deberá tener la currícula académica en cincuenta años, aquí seguimos atorados en un conflicto sindical y burocrático del siglo pasado,  aparentemente insoluble. Corea ha estado atacando todos los componentes del crecimiento, avanzando en cada frente de la mejor manera. La educación es quizá lo más notorio, pero su transformación en materia institucional y legal es imponente; sobre todo, demuestra una comprensión cabal de la centralidad de la confianza y los diversos tipos de capital en el crecimiento.

En su propuesta de presupuesto “base cero” el gobierno abrió una oportunidad inusitada. Aunque es imposible alterar toda la lógica de un presupuesto gubernamental en unos cuantos meses (y es imposible hacerlo en el contexto de la sucesión presidencial que inexorablemente domina el panorama nacional en este momento), es imperativo iniciar una discusión sensata al respecto. Parte de nuestro problema es cómo se usan los dineros públicos y si sirven para promover inversiones en los tres tipos de capital que se requieren para el crecimiento. Otra parte tiene que ver con los problemas del poder que yacen detrás de la falta de definición de los derechos de propiedad. Ninguno de estos asuntos es simple o fácil de resolver, pero todos deberíamos tomar en serio la oportunidad de debatirlo porque sólo así se podría comenzar a atacar sus causas.

*The Transformation of the American Economy: 1865-1914

 

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Volver al pasado

Luis Rubio

 

Decía Borges que “todo está determinado, pero debemos tener la ilusión de que existe el libre albedrío y que lo que suceda en la historia es consecuencia de lo que sucedió antes.” La ilusión de recrear un pasado idílico es tentadora porque permite desafiar la noción, brillantemente derruida en las coplas de Manrique, de que el pasado fue mejor.

En materia de seguridad y de drogas, los últimos años no han sido buenos para el país, ahora bajo la lupa de organismos internacionales de derechos humanos. Miles de muertos, extorsionados, secuestrados y un gran encono social son apenas las manifestaciones más obvias de un periodo que nadie quisiera repetir. Algunas administraciones desdeñaron el problema, otros lo asumieron como desafío personal. Aunque las causas distantes son bastante claras (un enorme mercado, grandes utilidades, gran capacidad de corrupción), no existe similar unidad de diagnóstico sobre el deterioro de la seguridad o sobre las posibles soluciones. Ni siquiera hay un reconocimiento de que éste ya no es el país de Pedro Infante o, más al punto, que el país no cuenta con policías modernas, capaces de enfrentar la problemática inherente al siglo XXI.

Lo patente hoy son extremos tanto de visión como de acción. Felipe Calderón dedicó su administración a combatir el crimen organizado. Su predecesor básicamente pretendió que no existía un problema y su sucesor considera que fortaleciendo la imagen de la presidencia el problema desaparece. Ahora viene otra corriente: la que dice que el problema no es nuestro sino de quienes consumen las drogas.

Legalizamos las drogas, permitimos que estas transiten hacia su destino final (EUA) y dedicamos el presupuesto hoy destinado a la seguridad a promover causas sociales y el crecimiento de la economía. O sea, redefinimos la realidad, ajustándola a nuestras preferencias. El supuesto implícito de esta perspectiva es que si el gobierno deja de confrontar a los narcos, estos se van a abocar a su negocio –el transporte de drogas- volviendo a la paz y tranquilidad de antaño: la vida se torna feliz.

El problema de esta romántica visión es que no tiene sustento alguno en la realidad. Hay dos razones para pensarlo así. Primero la razón por la que en el pasado las drogas fluían hacia el norte sin mayor impacto negativo ya no existe en la actualidad. En esa era los narcos eran colombianos y su único interés era mover su mercancía hacia el mercado final. No teniendo arraigo local, utilizaban los medios y geografía que más conveniente fuera a su negocio: igual el Caribe que México o Canadá. Contrataban a algunos mexicanos (presumiblemente muchos de los que luego se hicieron cargo del negocio), pero México no era más que un punto de paso en sus líneas de suministro. El dinero del narco corrompía a diversas autoridades pero eso no era algo excepcional en un sistema político cuyo instrumento para forjar lealtades era precisamente el dinero.

Mucho más importante en el esquema de antaño era la enorme fortaleza del sistema político centralizado y autoritario, jerárquico y vertical cuyo peso era suficiente para mantener a los narcos a raya. El gobierno federal toleraba (¿promovía?) a los narcos por dos razones: porque no se entrometían ni afectaban la política interna; y porque el narco aportaba una fuente adicional de ganancias para la familia revolucionaria. Parecía un matrimonio cuajado en el cielo: todos ganaban y nadie percibía costo alguno.

Ninguna de esas premisas idílicas sigue siendo válida hoy. Para comenzar, el narcotráfico es hoy controlado por mafias mexicanas que tienen arraigo territorial e intereses locales de diversa índole. En eso difícilmente podrían ser más distintos a sus predecesores colombianos. Al mismo tiempo, el contexto en que operan es radicalmente diferente al del pasado: antes era el gobierno quien establecía las reglas y mandaba porque tenía esa capacidad y fortaleza. Hoy tenemos un sistema de gobierno enclenque que difícilmente se mantiene a flote.

¿Qué cambió? Por una parte, el simple crecimiento y diversificación del país acabó por hacer inoperante al viejo sistema político. La capacidad de control e imposición se deterioró a partir de los sesenta y no se construyó un nuevo sistema. El proceso se aceleró con la apertura de la economía y la descentralización del poder que resultó de la alternancia: los instrumentos del inicio del siglo XX resultaron inoperantes ochenta años después. El punto es que el gobierno federal dejó de tener capacidad para controlarlo todo en tanto que los gobiernos locales y estatales nunca desarrollaron capacidades para hacerlo. Ese gran vacío coincidió con cambios en el mundo del crimen organizado, creando el espacio de criminalidad que hoy vivimos.

La única solución verdadera radica en reformar nuestro sistema de gobierno a fin de que se desarrollen capacidades policiacas y judiciales de abajo hacia arriba. Es decir, nuestro problema no es de drogas o criminalidad sino de falta de gobierno. Mientras no aceptemos eso y actuemos en consecuencia, el deterioro seguirá inalterado.

El viejo sistema no tiene posibilidad alguna de resolver el problema actual. La realidad de hoy exige un gobierno dedicado a sus funciones medulares: seguridad para los ciudadanos, servicios para el desarrollo económico y claridad de objetivos. Tal vez éste sea un camino aburrido pero es el único que permitiría construir los cimientos de un país moderno. Todo el resto, hubiera dicho Borges, es mera ilusión.

 

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Explicar y convencer

Luis Rubio

Hay dos teorías sobre la incapacidad del país para romper con sus inercias destructivas. Unos argumentan que el país tiene frenos culturales que se explican por factores antropológicos e históricos que llevan a rechazar un cambio de forma de ser y, por lo tanto, constituyen un impedimento estructural al éxito de las reformas que, desde los ochenta, ha emprendido el país. Una derivada de esta perspectiva es que la informalidad, el rechazo a la competencia y, en general, a la globalización, reflejan una satisfacción con el statu quo y, por lo tanto, un repudio a la esencia de las reformas. En su versión más extrema, esta teoría propone que la clase política quiere mantener a los mexicanos pobres para controlarlos y preservarse en el poder.

La otra teoría enfatiza la ausencia de condiciones para que el país prospere. Entre los argumentos que emplean quienes sustentan esta visión se incluyen: la discrecionalidad de la autoridad, la inseguridad, la ausencia de Estado de derecho y, en general, la falta de reglas claras y cumplibles que guíen el desarrollo del país.

La primera teoría intenta explicar la situación que vive el país, así como la incapacidad para capitalizar los cambios que se han promovido, como resultado de la complejidad que nos caracteriza. Los más analíticos de los proponentes de esta corriente afirman que el mexicano tiene un apego natural a la tradición y que, en todo caso, las reformas no atacan los temas medulares de la realidad nacional, como el hecho de que la abrumadora mayoría de los productores o empresarios son informales, viven en un contexto que les hace imposible competir y prefieren el statu quo a tener que batirse en los mercados con productos importados o vinculándose a exportadores. Para quienes abrigan esta visión, el desarrollo yace en echar para atrás muchas de las reformas, impedir que se generen nuevas fuentes de competencia y facilitarle la vida al empresario pequeño con mecanismos, sobre todo fiscales, que reduzcan la carga y, sobre todo, la burocracia asociada. Un candidato se juega su futuro   con esta visión.

La otra visión abraza la modernidad y la transformación como un hecho y una necesidad para crear riqueza y empleos y procura precisar la naturaleza del fenómeno que ha impedido el éxito cabal de las reformas. De esto último se deriva toda una serie de planteamientos complementarios a las reformas que sería necesario emprender para que éstas finalmente lleguen a buen puerto. Para quienes avanzan esta visión, el TLC norteamericano es un ejemplo perfecto de una estrategia orientada a allanar el camino para acelerar la inversión.

A mí me parece que el caso del TLC también ilustra la razón, o una razón fundamental, por la cual el resto de la economía no ha funcionado. Lo que el TLC logró fue conferirle certeza jurídica a inversionistas que ya tenían una visión integral de la globalización y su dinámica. Es decir, se trata de empresas (grandes y chicas) que entienden la necesidad de elevar su productividad, especializarse en nichos de negocios y actuar de manera estratégica. Tan pronto tuvieron la certeza de que las reglas permanecerían constantes, su decisión de invertir fue instantánea. Con excepción de las empresas que desde hace tiempo están inmersas en  la lógica global, esa no ha sido la respuesta que ha dado la abrumadora mayoría de las empresas mexicanas.

En lugar de buscar explicaciones esotéricas, antropológicas o culturales, me parece evidente que el empresariado nacional tiende a vivir en un entorno de poca competencia, ausencia de información y un permanente desdén por la autoridad que, en general, es bidireccional. En esas condiciones, los empresarios medianos y pequeños han procurado sobrevivir, agarrándose con las uñas de lo que existe en lugar de abrazar las oportunidades (y enorme complejidad) que entraña el mundo de la globalización. Muchas empresas han acabado sucumbiendo ante la competencia, pero muchas más sobreviven en mercados poco productivos pero protegidos de manera directa o indirecta.

Por mucho tiempo he tratado de entender qué es lo que ha generado esa dinámica en el empresariado mexicano. En algunos casos la explicación es simple: la protección genera mayores utilidades (rentas las llaman los economistas), lo que le genera un incentivo obvio al empresario para preservar el statu quo. Mis observaciones a lo largo del tiempo me han convencido que ese caso es relativamente excepcional. Conozco a innumerables empresarios que no gozan de rentas y estarían dispuestos a transformarse si entendieran cuáles son sus opciones.

Un estudio reciente sobre mexicanos deportados de EUA me hizo entender parte del problema: mexicanos que habían sido muy exitosos allá comenzaron a tratar de hacer negocios aquí, solo para encontrarse con que era sumamente difícil, porque todo conspiraba en contra. Uno lo resumió con una frase lapidaria: «allá las reglas son claras y aquí no». Esa diferencia es dramática y resume el desafío: lo que el TLC le resolvió al inversionista del exterior nadie se lo ha resuelto al mexicano.

El mexicano no rechaza la modernidad, los tratados de libre comercio o el cambio. Lo que necesita es un gobierno que en lugar de predicar en el exterior se dedique a crear condiciones para que el país prospere. El empresario mediano y pequeño requiere un gobierno que le informe, le provea medios para que comprenda, le ayude a adecuarse y lo obligue a hacerlo, todo ello con medios idóneos. O sea, reglas claras, iguales para todos.

 

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http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=72853&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=72853
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1158109.explicar-y-convencer.html

 

 

El reto de la modernidad

Luis Rubio

El momento era único: Nehru, primer ministro de India, observaba el funcionamiento de la bolsa de valores en Londres. Legiones de operadores compraban y vendían acciones siguiendo el procedimiento tradicional: a gritos. Impresionado ante el espectáculo, Nehru alcanzó a decir, en tono despectivo, “se gritan unos a otros y se dicen civilizados”. Años antes, un reportero le preguntó a Gandhi qué opinaba de la civilización occidental, a lo que respondió “creo que sería una buena idea”. El asunto es menos frívolo de lo aparente: ¿qué es la civilización y cómo sabemos si somos parte de ella o cuándo?

Hace pocas semanas escribí sobre algunos contrastes entre España y México. Muchos amables lectores me reclamaron que España vive enormes problemas, elevado desempleo y generalizado desencanto, sugiriendo que no era un modelo relevante. España es sin duda un país en problemas: aunque su economía ha mejorado, tiene una situación económica compleja y ha habido un buen número de casos de corrupción. Lo fácil sería concluir que ese país ya se fregó y que, como tantos otros, falló en su proceso de modernización.

La realidad es otra. España es un país muy distinto a México y no pretendo que constituya un modelo asible o factible para nosotros. Pero observar a otras naciones permite comprender mejor la nuestra. En España las calles están bien pavimentadas, las policías funcionan y la gente paga sus impuestos. Más allá del gobierno del día, los españoles saben que los servicios gubernamentales funcionan porque no dependen del gobierno electo. Esta es una diferencia trascendental: la existencia de una separación entre el gobierno y la burocracia es uno de los factores cruciales en el proceso de civilización. En esto España es una nación que se transformó cabalmente y el contraste con México es inconmensurable.

España se transformó en su cultura y en las actitudes de su gente. Luego de Franco, el país, todo, se liberó y pasó a otra etapa de su historia. Es obvio que han tenido buenos y malos gobiernos y es evidente que muchas cosas no funcionan. Igual, es claro que su gobierno en 2008 erró en su diagnóstico de la naturaleza de la crisis, lo que le llevó a elevar su gasto de manera radical, en lugar de corregir los agregados financieros. Vivir dentro del euro fue una bendición mientras pudieron disfrutar, como afirmaba en su momento el expresidente Felipe González, de tasas de interés alemanas con un estilo de vida mediterráneo. Cuando estalló la crisis pretendieron que era posible seguir igual, con el resultado de posponer el necesario ajuste y acabar donde hoy están.

Sus problemas son producto de dos circunstancias: primero, una serie de malas decisiones en un momento específico, encima de años de desidia en que no se elevó la productividad de su economía, a la vez que se preservaron muchos cotos de caza y fuentes de privilegio. Mientras tanto, la vida cotidiana funcionaba bien gracias a su burocracia profesional, algo que no existe en México ni en la mejor localidad del país. Aquí todo depende de políticos que cambian cada tres o cada seis años y sus humores e intereses particulares.

Segundo, y mucho más importante, los problemas de esencia, esos que trascienden la situación financiera, son desviaciones de la norma. Por ejemplo, la corrupción se persigue y se resuelve. Aquí la corrupción es el alma del mundo político y sólo se persigue cuando ese mundo se ve amenazado. En España las policías, el poder judicial y las funciones gubernamentales básicas operan al margen del gobierno. Esto nos habla de un servicio civil, de una burocracia profesional, que hace posible la civilidad y la civilización. Sus fallas son desviaciones, excepciones, no lo cotidiano.

Mientras que política es por definición cambiante, la burocracia es clave porque es, o debería ser, lo permanente. En Inglaterra los ministerios son encabezados por un profesional, un gerente, por llamarle de alguna manera, que recibe la línea del gobierno en turno para actuar, pero la burocracia como tal no se mezcla con lo político. O sea, no dejan de pavimentarse las calles o mantenerse los sistemas de transporte: los políticos deciden si se construye una nueva línea del metro o un nuevo aeropuerto, pero es la burocracia profesional la que es responsable de que eso ocurra. Esa diferencia es medular. Con todos sus problemas, España es muy distinta a México, porque los españoles han dado ese salto a la civilización que nosotros tememos o estamos indispuestos a dar.

Nuestro reto es monumental, casi como separar al Estado de la Iglesia: es separar la política de la administración cotidiana. Un ejemplo ilustra la diferencia: pensemos en las despensas que reparten algunos gobiernos o los dineros a los adultos mayores, proyectos que son decididos por los políticos, como debe ser. Sin embargo, en un país civilizado, esos programas son administrados por la burocracia profesional, no por esos mismos políticos. La diferencia es obvia: si eso ocurriese en México, más de un partido político desaparecería porque la gente vería esos programas como un derecho con costo y no como una dádiva, un mero intercambio electoral. Es un mundo de diferencia…

Lo más importante de la vida, dijo Cantinflas, es ser “simultáneo y sucesivo al mismo tiempo”. México vive la pretensión de la civilización pero la realidad del subdesarrollo. El día en que el discurso y la realidad sean consecuentes, “simultáneos y sucesivos”, el país será otro.

@lrubiof

 

 

El pacto y el poder

FORBES – Septiembre, 2015

El llamado Pacto por México iba a ser la gran solución para superar años de conflicto y parálisis legislativa. Aunque en ese tiempo se aprobó un gran volumen de legislación y existía un amplio reconocimiento de que el país requería reformas importantes para avanzar su desarrollo, ninguna había modificado la estructura económica de manera sustantiva. El Pacto cumplió un objetivo crucial -aprobar las reformas- y abrió canales que sin duda se traducirán en una mejoría económica significativa, pero no detonó el crecimiento. El argumento gubernamental en el sentido de que las reformas toman tiempo para cuajar e impactar el crecimiento de la economía es no sólo razonable, sino enteramente lógico y legítimo, pero los problemas que ha experimentado el país a partir de que se concluyó la aprobación de las reformas muestran que hay un problema mucho más profundo y trascendente y que el Pacto, más que resolver, ocultó. Ese problema es el de la estructura y distribución del poder.

El Pacto fue una idea genial propuesta por el PRD con el objeto de compartir el costo político de las reformas. Por sus peculiares circunstancias internas -la relación entre AMLO y los líderes del partido- el PRD había quedado secuestrado, fuera de los procesos de negociación partidista, razón por la cual ese partido tenía especial razón de recuperar su presencia política y legislativa. El PAN también se sumó al mecanismo y, con ello, los tres partidos lograron lo que había parecido imposible en la década previa en materia de reformas. A pesar de la lógica de comportarse como estadistas y asumir los costos políticos de las reformas, sigue siendo extraña la decisión del PAN y del PRD de sumarse a un pacto con el PRI, dado que para esos partidos si el resultado de las reformas era extraordinario, ellos no perdían, pero si las cosas acababan siendo menos benignas perdían todo. En cambio, para el PRI el Pacto fue una forma de lograr la aprobación de sus reformas de manera expedita, sin contrapeso en el Congreso y a sabiendas de que si el resultado era bueno, sus bonos subían y, en caso contrario, las pérdidas eran compartidas.

El Pacto cumplió su propósito y el país hoy cuenta con un andamiaje constitucional radicalmente distinto al que existía antes; aunque, dada la forma en que funciona el país, la existencia de leyes no garantiza que éstas se apliquen o que las reformas entren en operación, una vez en los libros, el potencial de cambio es claramente enorme. Pero esta contradicción -entre la realidad en la calle y la que aparece en la constitución- es ilustrativa del problema de fondo que aqueja al país. En Pacto mostró que el problema, a final de cuentas, no radicaba en la facilidad o dificultad para aprobar legislación, sino en la inexistencia de capacidad de gobernar, eso que ahora se llama gobernanza. La pregunta es por qué.

El problema tiene dos dinámicas contrastantes. Por un lado, el país lleva décadas prácticamente sin gobierno. Por esto quiero decir que la capacidad para administrar los bienes públicos, mantener la seguridad de la ciudadanía, resolver los diferendos en materia judicial y, para no olvidarlo, hasta tapar los baches en las calles, es irrisoria. Nuestro sistema de gobierno se organizó para una era distinta, un país muy simple en el que las cosas se podían resolver con actos de autoridad y donde los desencuentros que de manera natural se daban cada cambio de gobierno eran tolerables. Eso hace tiempo dejó de ser cierto, primero, porque la naturaleza de los asuntos que requieren atención es cada vez más compleja y costosa, además de que requiere especialistas; y, segundo, porque, para progresar, el país requiere servicios que funcionen de manera regular, sin los cuales es imposible que las empresas produzcan, compitan y generen riqueza y empleo. Nuestro primer gran déficit es de gobierno, fenómeno que se multiplica a nivel estatal y municipal.

La otra dinámica tiene que ver con el problema del poder. Nuestro sistema de gobierno surgió del movimiento revolucionario de 1910 y tuvo el acierto de sumar a las fuerzas vencedoras dentro del apartado del predecesor del PRI. Sin embargo, en la medida en que el país ha ido transformándose en las últimas décadas, la estructura del poder ha quedado casi intacta. Para que el país progrese tendrá que atender problemas más profundos que el proceso de aprobación legislativa: tendrá que redefinir las relaciones de poder. Ese proceso no va a ser simple ni rápido, pero no por eso deja de ser trascendental.

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