Luis Rubio
Verdades de a kilo
Luis Rubio
“Los hombres nunca hacen el bien excepto por necesidad; pero cuando gozan de los medios y libertad, todo lo llenan de confusión y desorden” afirmó Maquiavelo en sus Discursos. Así parece el debate en torno a la legalización de la mariguana. Me parece que se mezclan y confunden tres temas que deberían ser entendidos, cada uno, en su justa dimensión.
Primero está el asunto elemental de la libertad de cada persona de hacer con su vida lo que quiera siempre y cuando no afecte a terceros. Este principio debería regir cualquier decisión en materia de reglamentación y control, en cualquier ámbito, y el de las drogas no es distinto. No hay razón para prohibir su consumo en la medida en que la única persona afectada sea quien decide hacerlo. El proyecto aprobado esta semana es, en este sentido, impecable.
Un segundo asunto es el hecho de que la prohibición no ha evitado que las drogas se cultiven (o fabriquen), transporten o consuman. Lo único que la prohibición ha logrado es que se desarrollen enormes consorcios dedicados al tráfico de estupefacientes, mismos que generan una mega industria de corrupción por donde pasan y la violencia que inexorablemente va de la mano. Por otra parte, una cosa es la prohibición al consumo de determinados bienes y otra muy distinta es la responsabilidad de un gobierno de mantener la paz en su sociedad. El crimen organizado prolifera en todas las sociedades pero no solo por las drogas: también está el secuestro, el robo, la piratería, el juego y un sinnúmero de negocios ilícitos que igual tienen que ser combatidos. Eliminar las drogas de la ecuación obviamente contribuiría a disminuir el poder del crimen organizado pero en nada cambia la responsabilidad del Estado de combatirlo.
Finalmente, el tercer tema es el de la seguridad pública, que no es un asunto menor y que, aunque obviamente vinculado a la prohibición, no es lo mismo ni se deriva de ésta. La seguridad pública tiene que ver con la calidad y fortaleza del sistema de gobierno con que cuenta una sociedad y que se observa en todo: en la continuidad de las políticas y programas gubernamentales, en el estado de la educación, en la calidad de la infraestructura, en la administración de la justicia y en el respeto de que goza la policía. Un gobierno fuerte (que puede o no ser grande) es uno que no cambia con los vientos políticos sino que más bien funciona dentro de un contexto de leyes que efectivamente limitan, a través de pesos y contrapesos, el actuar de los políticos que entran y salen del poder de manera regular.
El punto nodal es que la despenalización del consumo de un enervante no tiene nada que ver con la seguridad pública: ésta depende de la calidad del gobierno. Aunque es obvio que la potencial disminución de las ganancias de los traficantes podría contribuir a una menor inseguridad, se trata de dos asuntos distintos. En nuestro caso, para que realmente impactara la despenalización de las drogas sobre la seguridad pública serían los americanos quienes tendrían que hacerlo y no sólo con la mariguana. La abrumadora mayoría de las utilidades del narco provienen del mercado estadounidense, razón por la cual no habría razón para esperar un cambio significativo en la violencia dentro de México. Este no es un argumento en contra de la despenalización: solo de la expectativa de que ésta contribuiría a disminuir la violencia.
España y Estados Unidos son dos naciones en las que circulan (y se consumen) muchas más drogas que en México, pero ninguna se caracteriza por los niveles de violencia que de manera cotidiana se vive en México. La diferencia no reside en que las drogas sean legales o ilegales en aquellas naciones sino en que en ambas existe un sólido sistema gubernamental que cuida de la ciudadanía. Aunque la concepción sobre las drogas es radicalmente distinta en esos dos países, el denominador común es la existencia de un poder judicial sólido, policías profesionales que son ampliamente respetadas y protecciones efectivas para los derechos ciudadanos. Ninguna de esas cosas es cierta en México.
El que México despenalice el consumo de una o varias drogas constituye un paso adelante en el respeto al principio de libertad individual y ese es un hito en sí. Solo no le pidamos peras al olmo.
Suprema Corte
En un sistema de separación de poderes el presidente propone y el Congreso dispone. Esa es la regla de oro de los pesos y contrapesos. Sin embargo, a juzgar por la discusión sobre las dos nominaciones pendientes, México sigue siendo una dictadura. Se le reclama al presidente que no envíe a sus amigos o preferidos (como, por cierto, hacen con frecuencia sus pares en otras latitudes). Podría mandar a “los mejores,” un criterio dúctil, porque eso es lo que cree que hace.
La clave no es el presidente sino el Senado, cuya función de contrapeso consiste en evaluar a los integrantes de la terna y actuar en consecuencia. En una democracia ese es el control constitucional crucial. Es hacia el Senado donde deben apuntarse todas las baterías para exigirle que cumpla con su mandato y se asegure que quien llegue a la Corte tenga los méritos y cualidades para ello, independientemente de sus amistades. Es ahí donde debería exigirse rendición de cuentas, la esencia de la democracia. Es la sociedad la que puede provocar el nacimiento de un verdadero sistema de contrapesos.
@lrubiof
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