Luis Rubio

Dogmas facciosos forman la estrategia educativa. Unos avanzan una reforma que no se puede aplicar en la realidad, otros la minan para desbancar a un rival en la contienda por la sucesión; unos demandan el cumplimiento absoluto de lo incumplible y los demás aprovechan el río revuelto para imponer su ley y construir una candidatura. Recuerda al viejo chiste sobre la diferencia entre el paranoico y el esquizofrénico: uno construye castillos en el aire y el otro vive en ellos, pero es el psiquiatra quien cobra la renta. El punto es simple: sólo el psiquiatra sale bien librado; los demás trabajan para él.

En toda esta farsa trágica lo menos importante es lo único que importa: la posibilidad de que cada niño mexicano pueda asir y hacer suyo el futuro. Es decir, romper con el impedimento crucial y estructural al desarrollo de cada ciudadano y al crecimiento económico: un sistema educativo construido para la consecución de una hegemonía ideológica como soporte del sistema político. La cesión del control educativo a los sindicatos y sus disidencias no fue producto de la casualidad: el objetivo no era una educación para tener éxito en la vida (e igualar oportunidades para niños nacidos en condiciones tan desiguales), sino el control político.

A esta luz, las movilizaciones de la CNTE en las últimas semanas y meses son perfectamente explicables y siguen una lógica política impecable que el gran estratega Sun Tzu hubiera aprobado: pégale a tu enemigo donde menos lo espera y más le duele. La CNTE nació como una disidencia dentro del sindicato magisterial SNTE y, con el tiempo, se convirtió en un ente corporativo con objetivos similares, por medios distintos. En la práctica, ambas organizaciones se complementaban: el SNTE chantajeaba al gobierno con la amenaza de la CNTE. Ambas organizaciones ganaban de contraponerse con el gobierno.

La detención de la maestra Gordillo no pudo ocurrir en un momento más delicado. Si bien el gobierno actuó porque temía su oposición a la reforma educativa, el costo fue extraordinario: al descabezar al liderazgo, el SNTE quedó desarticulado y la CNTE se convirtió en la contraparte inevitable en la negociación.

La CNTE se hizo poderosa en Oaxaca donde, en control de la secretaría de educación estatal, extorsionaba al gobierno con una fuente interminable de dinero y poder. El gran mérito del gobierno federal actual fue quitarle esa base de poder. Sin embargo, eso no resolvió el asunto de esencia: su credibilidad entre los maestros que la apoyan.

Y ese es el tema medular: si bien muchos maestros participan en bloqueos y marchas porque son obligados, la mayoría lo hace por convicción. La pregunta es por qué. Años de observar el fenómeno me han convencido que hay un factor muy simple que lo explica: los maestros tienen pavor a ser desplazados por la reforma, es decir, tienen miedo de reprobar las evaluaciones y quedarse sin empleo.

Detrás de todo esto yace la lógica perversa del sistema educativo: históricamente, una persona que aspira a ser maestro tiene que reunir una enorme suma de dinero para comprar una plaza, misma que se convierte en un ahorro virtual, a ser capitalizado al final de la carrera magisterial con su posterior venta. Con la compra de esa plaza, el maestro asegura un ingreso por los siguientes treinta años y un retiro garantizado al venderla. Tanto la CNTE como el SNTE se han dedicado a asegurar que esa ecuación se mantenga per secular saeculorum porque es una fuente infalible de control.

La reforma educativa, esencialmente laboral en naturaleza, busca redefinir la relación entre el sindicato y la SEP como fundamento para una eventual reforma educativa de fondo. Desde esta perspectiva, es “puro palo y nada de zanahoria”. Es decir, constituye un enorme amago al statu quo porque no ofrece una salida y, en cambio, amenaza a quienes viven en y del sistema tradicional. Las personas que compraron su plaza hace años ven en peligro su retiro y quienes están en el sistema y se saben poco competentes como maestros temen perder su plaza por las evaluaciones. La reforma no atiende ninguno de estos elementos. Si al maestro le va mal en los exámenes queda fuera del sistema; si le va bien, su ingreso no compensa la pérdida del ahorro inherente a la plaza que compró hace años.

Frente a esto, el gobierno ha ido de torpeza en torpeza. Unos llevan la línea dura, otros quieren desbancarlos. Detrás de todo está la otra lógica de la realidad política: la sucesión presidencial. En este contexto, el proceso de “negociación” no atiende la esencia del problema: sobre todo la diferencia crucial entre la lógica de poder y dinero de los líderes (la vieja consigna corporativista) y los temores de los agremiados. En lugar de dividirlos, se fortalece la alianza. La negociación -y las agendas cruzadas detrás de ella- alientan la protesta.

El riesgo de todo esto es que se generalice la protesta contra todo: la educación, “las” reformas, la economía, etc. El dogmatismo de todos los involucrados -SEP, Gobernación, Mexicanos Primero, CNTE y SNTE- alimenta la candidatura del único que se ha conducido con extraordinaria destreza: primero apoyando las movilizaciones, luego afirmando la permanencia de la reforma.

¿Y los niños?

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Luis Rubio

Quienquiera que haya paseado por las calles de una ciudad europea sabe que los cafés son la sangre de la vida social y comunitaria. Los cafés se extienden hacia las banquetas, donde conviven los comensales con los transeúntes, sin que haya el menor conflicto entre ambos. Los cafés ocupan la banqueta pero no la invaden, reflejo perceptible de una sociedad en la que hay reglas claras que se respetan tanto por parte de los actores privados como por las autoridades responsables de hacerlas cumplir.

Aunque en México han proliferado los cafés y restaurantes con mesas sobre la banqueta, el resultado ha sido muy distinto. La comparación es reveladora.

En sociedades como la nuestra, en que se le otorga muy poca importancia a las reglas, la convivencia cotidiana requiere de mecanismos alternos que la faciliten. En el caso del tránsito vehicular, por ejemplo, la existencia de topes y un sinnúmero de semáforos es sugerente: a falta de conocimiento y aplicación de las reglas (frecuentemente cambiantes) del código de tránsito, la autoridad recurre a barreras físicas para forzar a los conductores a comportarse. Siguiendo el ejemplo europeo, en sociedades en que el conocimiento de las reglas es condición sine qua non para conducir, hay muchos menos semáforos y prácticamente no hay topes: la autoridad recurre a glorietas como mecanismo de interacción entre conductores que se dirigen en direcciones distintas de manera simultánea. Detrás del recurso a glorietas hay toda una filosofía de vida comunitaria que también revela la naturaleza de la autoridad: se espera que todos los conductores conozcan las reglas y se apeguen a ellas. Para las glorietas existe un procedimiento para entrar, circular y salir: sólo quien conoce las reglas de tránsito puede librarlas.

Los cafés y restaurantes de la colonia Condesa o de Av. Masaryk viven en un entorno de reglas cambiantes, siempre dependientes de la voluntad del delegado o municipio. Es decir, no existe un código permanente que establezca qué se puede hacer y qué está prohibido (y cuyo cumplimiento es igualmente estricto tanto para el individuo o comercio como para la autoridad). A falta de esa reglamentación clara y transparente, todo está sujeto a una negociación que, en nuestro medio, implica una mordida. Cuando un comercio llega a un acuerdo (o sea, le llega al precio a la autoridad), el permiso vale por el tiempo en que ese personaje se mantenga en su puesto, razón por la cual el restaurante invade toda la banqueta a fin de explotar cada centímetro del espacio disponible (por el que pagó “por fuera”). El comportamiento tanto de la autoridad como del restaurantero es absolutamente lógico y racional: los dos están explotando la oportunidad que creó el “acuerdo” y ambos saben que es por un tiempo limitado. Los poderes arbitrarios que las reglas le confieren a la autoridad permiten arreglos fuera de reglamento.

Estos obvios impedimentos al crecimiento de la inversión y, por lo tanto, de la economía, trascienden las reformas que con tanto ahínco promovió el gobierno en su primera mitad. Son factores que la inhiben porque la hacen costosa y, sobre todo, riesgosa. Un restaurantero que no cuenta con una razonable certeza del espacio que va a poder utilizar va a pensar dos veces antes de invertir. Lo mismo es cierto para una mega empresa que contemple invertir en el sector energético o en una planta manufacturera de exportación. No es casualidad que quienes más invierten son aquellos que, gracias al TLC, gozan de certeza legal y patrimonial. No así los mexicanos comunes y corrientes.

Mancur Olson, un académico estadounidense, clarificó este fenómeno: encontró que cuando una empresa o consorcio tiene un interés particular claramente definido puede obtener prebendas muy amplias comparadas con las que podrían lograr millones de consumidores que carecen de objetivos comunes. De esta forma, un núcleo de empresas y sindicatos puede lograr protección arancelaria o regulatoria que afecta negativamente al consumidor en general porque tiene capacidad de presión efectiva y directa. Ese núcleo de empresas puede llegar a un acuerdo con la autoridad local o federal que, al beneficiarlo, perjudica no sólo a la población en general, sino que hace riesgosa la inversión en general. ¿Quién querría invertir en un entorno en el que las reglas las fija de manera berrinchuda (es decir, corrupta) la autoridad? El ejemplo es extensivo a sectores como el de las comunicaciones, agricultura, ganadería y otros. Cuando nos preguntamos por qué no crece la economía, la respuesta debería ser obvia.

Nuestro sistema de gobierno fue construido bajo el principio de que la autoridad debe tener gran latitud para decidir dónde y cómo se va a desarrollar el país. Eso quizá tenía sentido y funcionó hace cien años, luego de la devastación revolucionaria y en el contexto de una economía cerrada y protegida. Hoy persisten esas facultades pero la realidad del entorno es la opuesta: en un entorno abierto y competitivo, lo que antes fue (quizá) virtuoso, hoy nos condena a la pobreza y la desilusión. Nada cambiará mientras la arbitrariedad y la falta de contrapesos sean la norma.

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Luis Rubio

A la memoria del Profesor Stephen Zamora.

Desafiar la realidad es un deporte para todos los políticos del universo. Sin embargo, tarde o temprano viene el día de rendición de cuentas. Dilma Rousseff fue removida por supuestos “crímenes de responsabilidad” en materia fiscal, pero su verdadero crimen fue mantener un ritmo de gasto que resultó insostenible. El inicio de un juicio de desafuero es por demás serio y preocupante, máxime cuando entraña una fuerte dosis de actitudes vengativas y disputas políticas mezquinas, pero eso no quita que su país se encuentra en una situación económica crítica, producto de la estrategia económica que ella y su predecesor adoptaron y sostuvieron más allá de lo viable.

Los presidentes Lula y Dilma se beneficiaron, primero, de las reformas que habían sido procesadas por el gobierno de Cardoso en los noventa pero, sobre todo, por el crecimiento en el precio de las mercancías que, por una década, le exportaron a China. Cuando se desinfló la burbuja de los commodities, toda la estrategia de gasto creciente y reparto interminable, sin consideración al crecimiento de la productividad, se tornó inviable.

La estrategia parecía sensata: realizar transferencias con el programa «bolsa familia» (diseñado a partir de Solidaridad-Progresa), con el objeto de generar un mayor consumo por parte de la población más pobre como medio para salir de la pobreza. El resultado fue inmediato: millones de los brasileños más pobres comenzaron a tener un poder adquisitivo antes impensable. Sin embargo, el otro lado de la moneda fue absolutamente insensato: no hubo un concomitante crecimiento en la productividad y, más importante, no se modificó el programa de reparto cuando la economía se vino a pique, producto de la caída de las exportaciones.

Al final, el crecimiento espectacular que logró la economía brasileña no se aprovechó para crear motores internos que lo sostuvieran cuando se disipara el boom. Es decir, hicieron lo mismo que hemos hecho nosotros con el petróleo. La diferencia crucial es que recaudan muchos más impuestos que nosotros pero no son más ricos: gastan como escandinavos pero tienen una infraestructura del tercer mundo.

La remoción “temporal” de la presidenta brasileña es un asunto de política interna de aquel país, sobre lo cual no conozco suficiente así que no me atrevo a opinar. Pero la lección evidente de los cambios ocurridos en su presidencia es que el gasto público no es un camino sostenible hacia el desarrollo. Una economía crece cuando existen condiciones para que se realicen inversiones y un entorno en el que crece la productividad de manera sistemática. Las crisis mexicanas de los ochenta, la asiática del 97, la rusa del 98 y ahora la brasileña -para no hablar de Argentina y Venezuela- tienen un denominador común: todas resultaron de intentos por desafiar la lógica económica más elemental.

Las espectaculares tasas de crecimiento que experimentó la economía brasileña en años recientes llevaron a que muchos -en México y fuera- criticaran al gobierno mexicano por su prudencia. Los brasileños, se afirmaba, habían logrado disminuir la pobreza en una parte nada despreciable de la población y su economía crecía a tasas que nosotros no hemos visto desde los sesenta. Ahora resulta evidente que esos crecimientos se debieron a circunstancias excepcionales -la demanda china de bienes, sobre todo mineros y agropecuarios, en que Brasil se ha especializado- que no son repetibles.

A Brasil le pasó en estos años lo que a México en los setenta: desafiaron la realidad y ésta retornó a cobrarle cada real. Brasil no tiene más opción que comenzar a reformar su economía. Ojalá aprendan de nosotros que las reformas tienen que ser de verdad para que el crecimiento sea elevado y sostenido y no mediocre como el nuestro.

Atacar la corrupción

Solo la ingenuidad puede llevar a pensar que una declaración patrimonial o fiscal conducirá a erradicar la corrupción y no a la simulación. Dada la medular función histórica que la corrupción ha jugado en nuestro sistema político, la única forma de acabar la corrupción es cambiando la estructura de incentivos y factores que la hacen posible.

En primer término, habría que comenzar por modificar las facultades con que cuenta la burocracia que, de facto, le permiten decidir compras, contratos y asignaciones multimillonarias virtualmente sin contrapeso. Esto requeriría cambios en las leyes, así como el otorgamiento de facultades plenas, con dientes, a la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que exista un órgano en el poder legislativo que efectivamente pueda sancionarla.

En segundo lugar, tendría que aprobarse una ley que proteja a quien denuncie irregularidades y casos de corrupción. Incluso, como en algunos países, podría darse una recompensa a quienes denuncien y esos casos conlleven a sanciones.

Finalmente, tendría que pintarse una raya respecto al pasado, una ley de punto final, por medio de la cual, mediante un pago determinado, toda aquella persona -pública o privada- que participe quede eximida de cualquier persecución respecto al pasado. Esto podría parecer injusto pero por algún lado hay que comenzar y nunca hay que perder de vista que sólo viendo al futuro será posible cambiar la realidad presente.

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Luis Rubio

Para nadie es secreto que el gobierno del presidente Peña ha respondido mal ante los diversos problemas y desafíos con que se ha topado. Una muestra simbólica de ello fue la decisión, hace unos meses, de retirar del aire un anuncio cuyo mensaje era “ya chole con tus quejas”, una forma de responderle a la población por la baja popularidad del presidente y la falta de credibilidad que caracteriza a su gobierno.

Parece claro que se trata de un gobierno que se siente acosado, protegido tras los muros de la casa presidencial pero sin capacidad de comprender qué es lo que pasa afuera: cuál es la razón por la cual pasó de altos niveles de aprobación a la crítica situación en que se encuentra en su cuarto año de gobierno. La administración no parece ni siquiera comprender la naturaleza del problema: qué es lo que aqueja a la población ni por qué se deterioró el ambiente de súbito. Su respuesta ha sido mediática en vez de estructural.

El problema estructural de la política mexicana es triple: ausencia de legitimidad, disfuncionalidad del sistema de gobierno y activismo político no institucional.

La carencia de legitimidad, factor que resume las percepciones de la población respecto al gobierno, al sistema político, a los políticos y a los partidos, se observa en todos los ámbitos y niveles de gobierno. Algunos ejemplos evidentes son la baja popularidad que caracteriza al gobierno y su partido, la parálisis en que ha caído todo el aparato político, pero sobre todo la percepción generalizada de corrupción e impunidad que se atribuye al conjunto del sistema y sus integrantes, de todos los partidos.

La disfuncionalidad del sistema político se deriva del cambio que ha experimentado el país a lo largo de casi un siglo sin que el sistema gubernamental se haya adecuado a las nuevas circunstancias. Un ejemplo lo dice todo: cuando el gobierno fue acusado de reprimir las manifestaciones estudiantiles en 1968, su reacción no fue la de construir un cuerpo policiaco moderno, bien entrenado y formado con una doctrina de respeto a los derechos ciudadanos (como se vio esta semana), sino que se optó por jamás impedir una manifestación o bloqueo.  A partir de ese momento, todos los gobiernos del país se han dedicado a proteger a los manifestantes a costa de la ciudadanía que, no sobra decir, es quien produce, genera empleos y paga impuestos.

Los activistas que salen a las calles, bloquean avenidas y edificios públicos, excluyen a la ciudadanía y avanzan exclusivamente sus propias causas tienden a jugar fuera de los marcos institucionales y legales, llegando a intentar forzar, por ejemplo, la renuncia del presidente antes de que cumpliera dos años en el gobierno. En ausencia del tipo de mecanismos inherentes a un sistema de gobierno moderno, como son los pesos y contrapesos, la respuesta ciudadana ante la disfuncionalidad gubernamental no puede ser otra más que la protesta, activa o pasiva, pero protesta al fin. Aunque los activistas, incluso los más aguerridos, no han tenido la capacidad de poner en jaque al gobierno, sí han tenido el efecto de causarle ilegitimidad y, de hecho, paralizarlo.

En la era industrial, los gobiernos tenían capacidad de control de sus sociedades en buena medida porque la propia dinámica de la producción generaba un sistema de disciplina auto-contenido que se afianzaba a través de las formas de organización y participación propias de esa era, especialmente los sindicatos. En ese contexto, todo lo que un gobierno tenía que hacer era generar condiciones de certidumbre para los actores económicos y políticos fundamentales y el resto se derivaba de ello. Hoy, en la era de la información, es imposible avanzar sin explicar y convencer a la población.

Para salir del hoyo, el país requerirá soluciones institucionales y la clave para ello reside en la definición del problema. La sociedad mexicana requiere reglas claras que sean cumplibles, que todo mundo las conozca y cumpla y que no cambien de un gobierno a otro. Es decir, requiere un Estado de derecho.

¿Por dónde comenzar? Hay varias formas de avanzar en la dirección de la consolidación del Estado de derecho. El punto no es retrotraer una colección interminable de códigos y leyes que a nadie importan porque siempre han podido ser modificadas por el presidente del momento.

La pregunta es cómo implantar esas reglas elementales. Una forma, la más expedita, sería la de un liderazgo presidencial que convenza a la población de su importancia y se comprometa a cumplirlas y hacerlas cumplir. El presidente Peña ha tenido esa posibilidad en sus manos por mucho tiempo pero, en la medida en que se desgasta y desaprovecha, la va perdiendo. En ese sentido, va creciendo el riesgo de que en lugar de que se implante el corazón de un Estado de derecho, el país pase a una era de líderes propensos al abuso, las prácticas dictatoriales y la imposición en lugar del acuerdo social. Los tiempos en esto si hacen diferencia.

Una manera de comenzar es construyendo lo que en la ley se llama el “debido proceso”, que constituye la forma en que deben seguirse los procedimientos legales para que gocen de cabalidad credibilidad y respeto por parte de la ciudadanía.

*del libro El Problema del Poder: México requiere un nuevo sistema de gobierno https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/el_problema_del_poder_mexico_requiere_un_nuevo_sistema_de_gobierno_0.pdf

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 Luis Rubio

La pregunta tradicional que antes se hacían los politólogos era ¿quién se queda con qué, cuándo y cómo? El enfoque economicista partía del principio que el desempeño económico tenía un impacto directo en las expectativas de los electores y eso permitía desarrollar modelos de predictibilidad del comportamiento electoral. Detrás de esos modelos yace una premisa que hace tiempo dejó de ser válida: suponen un orden y actúan bajo el principio que éste es permanente.

En un entorno muy distinto, al ser invitado a presenciar la elección presidencial de 1960 en EUA, le explicaron a Vicente Lombardo Toledano que esa era la primera vez que se emplearían computadoras para el proceso electoral y eso permitiría conocer al ganador en la tarde de ese mismo día. Lombardo, un viejo lobo de la política mexicana, respondió que «esto no es nada; en México lo sabemos seis meses antes». La premisa era la misma: el orden es inmanente, indisputable.

En ambas instancias, el supuesto de un orden permanente y predecible desapareció.

Luego de la debacle financiera de 2008, algunos analistas comenzaron a hablar de una «nueva normalidad», sugiriendo que habíamos pasado de un umbral a otro, pero que el nuevo sería sostenible, así fuese, en ese caso en términos económicos, menos benigno. Todo mundo busca retornar a una semblanza de orden porque éste permite estabilidad y algún grado de predictibilidad. Las personas, las familias y los países lo añoran y se apegan a lo que ofrece una semblanza de orden. Lamentablemente, si uno observa el mundo a nuestro derredor, todo sugiere que estamos entrando en una era de desorden a escala mundial. Inexorablemente, México será parte de esa vorágine, en ocasiones protagonista.

Las noticias de los últimos tiempos muestran un grave deterioro del orden que se gestó luego de la segunda guerra mundial y, admirablemente, después del colapso del Muro de Berlín. Las hordas migratorias que acosan las costas de Europa, el resurgimiento de movimientos nacionalistas en Francia, Inglaterra, Estados Unidos y, en general, en la mayor parte del mundo desarrollado sugieren un rechazo al orden internacional existente, en buena medida porque existe la acusada percepción en esas naciones que los beneficios han ido a parar a otros países. Cada caso es distinto, pero el común denominador es claramente la sensación de que les están arrebatando ventajas a los antes ganadores. Esta semana, el Reino Unido enfrenta una gran decisión en esta materia.

El referéndum británico responde a un clamor, antes de la izquierda, hoy concentrado en la derecha, por el retorno de las facultades de decisión al país. Para muchos británicos, la Unión Europea (UE) ha capturado demasiadas atribuciones que deterioran la calidad de vida de sus habitantes; en particular, rechazan dos factores: la libertad de tránsito para potenciales migrantes que han acabado «inundando» a Inglaterra, uno de los países más atractivos para personas que huyen de sus países natales por el dinamismo de su economía y apertura de sus instituciones. Por otro lado, las facultades que han asumido las instancias judiciales europeas son percibidas por los ingleses como aberrantes y excesivas. De una u otra forma, estos elementos disruptivos han acabado poniendo en jaque la funcionalidad de los beneficios económicos que deriva el Reino Unido y que, sin duda, en términos objetivos, son superiores a los costos. Sin embargo, en percepciones no hay reglas y los creyentes en los maleficios han ido ganando terreno.

La decisión que tomen los británicos es suya, pero sus consecuencias podrían ser dramáticas. No es casualidad que personalidades estadounidenses y europeas de primer nivel, de Obama hacia abajo, hayan intentado sesgar el resultado a favor de quedarse en la UE. Lo evidente es que esa decisión podría detonar un proceso de desmadejamiento no sólo de la propia UE, sino de todo el orden construido en la posguerra y que tanto bien le ha hecho a la humanidad en términos de crecimiento económico, estabilidad y paz. Los propios estadounidenses perciben que su estabilidad, sobre todo en un momento electoral tan complejo, podría verse seriamente alterada.

Aunque distantes del foro europeo, nosotros podríamos vernos severamente afectados por el desenlace. La masacre de Orlando hace unos días inevitablemente fortalece a los «duros», en este caso a Trump, al igual que el aislamiento inherente a los proponentes del llamado Brexit. Esto sugiere que los próximos meses serán por demás riesgosos para México: cada vez que suban los bonos de Trump, los nuestros se verán afectados tanto en los mercados financieros como en el tipo de cambio. Peor, dada nuestra debilitada situación fiscal, nos encontramos en una situación de extrema vulnerabilidad.

El mundo de hoy es por demás convulso y complejo; no hay forma de evitar que sus beneficios se concentren o que sus perjuicios nos afecten. Lo urgente es pragmatismo; lo disponible es un nacionalismo vano y retórico. Lamentablemente, como gobierno y sociedad, hemos supuesto que podemos abstraernos de lo que ocurre afuera y pretendido que, siguiendo dogmas agotados, vamos a llegar al desarrollo. Los próximos meses pondrán esa premisa severamente a prueba.

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 Luis Rubio

La corrupción se ha vuelto el tema nodal de la política mexicana. Aunque no exista evidencia contundente respecto a la medida en que la corrupción afecta, facilita o impide el funcionamiento de la economía, el hecho político es que la corrupción se ha tornado en el factor alrededor del cual gira la discusión pública, los procesos electorales, las decisiones de ahorro e inversión y, por más que lo nieguen, los cálculos de los políticos. La pregunta es qué hacer al respecto.

Luis Rubio

Luis Rubio

En su libro Furor por el orden, Robert Worth analiza y describe el devenir de la llamada Primavera Árabe: las grandes expectativas con que nació, las fuerzas que luego tomaron control, la violencia que se desató, las divisiones que proliferaron y, luego, el colapso, distinto en cada caso, pero casi siempre funesto. El panorama final es uno de desolación pero, sobre todo, de furiosa búsqueda de anclas de orden que permitan sobrevivir. El desorden, la incertidumbre y la violencia acaban desgastándolo todo, al grado de que, como habría dicho Maslow, la gente retorna a lo más elemental.

La gran pregunta para el México de hoy es cómo cambiar, cómo transformar al país sin acabar en el tipo de caos, o autoritarismo, en que concluyó aquella revolución. Un análisis de esta naturaleza fácilmente puede conducir a la claudicación: «mejor no le muevas». Pero el análisis es necesario para entender qué es lo que tiene que cambiar y cómo lograrlo de la mejor manera. El asunto de la corrupción es particularmente importante en este plano.

En meses recientes, la presión por actuar en materia de corrupción ha venido en ascenso y desde las más diversas trincheras se demanda acción por parte del poder legislativo; el propio presidente Peña planteó el llamado «sistema nacional anti-corrupción». Los activistas han estado luchando en todos los foros, pero la resistencia a cualquier cambio que se evidenció en el Senado al final de abril hace evidente que se trata de una fibra extraordinariamente sensible. Ahí chocaron activistas con las fuerzas políticas reales y… no avanzó nada. La pregunta pertinente es si la estrategia que se ha seguido hasta la fecha para atacar el problema de la corrupción es el adecuado en el sentido de ser susceptible de modificar la realidad, porque eso es, a final de cuentas, la única medida relevante.

En los países desarrollados, la ley y las instituciones funcionan a partir de la combinación de dos factores: un acuerdo básico, así sea implícito, sobre el reino de la ley y la existencia de mecanismos efectivos para hacerla cumplir. Es el apego a ese conjunto de principios -zanahoria y chicotito- lo que hace que la sociedad funcione. En México nunca tuvimos algo equivalente y, por más que tenemos toneladas de leyes, no existe esa combinación clave de acuerdo básico y cumplimiento.

México logró su estabilidad en el siglo XX a través del orden priista, cuya esencia consistía en el intercambio de disciplina y lealtad al sistema a cambio de la promesa de acceso al poder y a la corrupción. Estos factores, promesa y acceso, le dieron coherencia y viabilidad al sistema político. De esta forma, el cemento que mantuvo unido al sistema político postrevolucionario fue ese intercambio, donde la corrupción jugó un papel primordial en la estabilidad del país.

Por algún tiempo, las vastas estructuras autoritarias de aquella era fueron sumamente efectivas en hacer valer las lealtades y la paz; sin embargo, el exitoso desempeño del país a lo largo del tiempo fue mermando esas fortalezas hasta que las estructuras colapsaron. Desde esta perspectiva, la reforma electoral de 1996 es sumamente reveladora porque en lugar de cambiar la realidad del poder, incorporó a los dos partidos políticos de oposición más grandes al sistema de privilegios y corrupción. Es decir, se preservó el viejo sistema y su instrumento de cohesión (la corrupción), ahora incorporando a las oposiciones. El sistema no se abrió, sólo amplió el espectro de la corrupción.

Visto así el panorama, la pregunta es cómo atacar la corrupción sin llevar al colapso del sistema político en su conjunto: qué y cómo reemplazar a la corrupción como el cemento que preserva la estabilidad del sistema político, cada día está más soportado con alfileres que con cemento. Eliminar la corrupción de la noche a la mañana, suponiendo que eso fuera posible, sin substituir su función estabilizadora podría fácilmente conducir a brotes de inestabilidad y violencia; por su parte, preservar el sistema de corrupción institucionalizada no haría sino continuar mermando todo sentido de orden, eliminando lo poco que queda de legitimidad del sistema. Más que acabar con la corrupción, la clave reside en cómo substituir su función a través de procesos institucionales o, dicho de otra manera, sumando en lugar de confrontando.

Si la corrupción no es meramente un proceso de enriquecimiento por parte de quienes ostentan poder político y/o controlan goznes clave en la toma de decisiones para la asignación de proyectos públicos, sino un mecanismo de estabilización política, la solución no puede radicar en una mera confesión unilateral de parte porque eso eliminaría el incentivo a mantener la lealtad al sistema. Por supuesto, es evidente que la corrupción trasciende con mucho los niveles hipotéticamente requeridos para que un actor político mantenga su lealtad; sin embargo, nadie sabe cuáles son esos límites y, por consiguiente, sin un mecanismo de substitución, sólo quienes ya hayan acumulado vastas fortunas serían susceptibles, en teoría, de aceptar un cambio de sistema.

Yo no tengo la solución a este acertijo, pero es obvio lo que el nuevo intercambio tendría que incorporar: pintar una raya respecto al pasado (con alguna contraprestación relativamente nominal), incluir a todos los mexicanos (no sólo a los políticos) y venir acompañado de un mecanismo creíble y permanente de persecución de la más mínima violación en el futuro. La alternativa bien podría ser volver a los alzamientos de antaño.

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