Luis Rubio

Confrontado con una profunda crisis social, una economía en estado de depresión y con una total desazón, Franklin D. Roosevelt inventó una salida política que acabó transformando a su país. El New Deal, o “Nuevo Trato” como se le ha traducido, fue un proyecto esencialmente político. Aunque con frecuencia se asocia a un conjunto de instrumentos particulares, algunos más exitosos que otros, en su corazón el proyecto era uno de reconciliación nacional, de inclusión política y de transformación económica. El reto que enfrentaba Estados Unidos al inicio de los treinta del siglo pasado no es muy distinto, en concepto, a nuestra situación actual.

El país lleva años sufriendo una alta conflictividad social y un muy pobre desempeño económico. Aunque a lo largo de los ochenta se comenzó a reconstruir la economía luego del caos de los setenta y se logró un alto grado de aprobación por parte de la población al proceso de modernización del país, la crisis del 94-95 acabó por darle al traste. Para finales de los noventa el gobierno había logrado reestabilizar la economía pero el consenso social detrás de la modernización económica había desaparecido. Ese cambio de actitudes dio pie y se convirtió en el factor crucial de la enconada contienda electoral del 2006.

Independientemente de sus causas mediatas e inmediatas, el conflicto político reciente evidenció un profundo rencor social, un resentimiento contra diversos sectores de la sociedad (sindicatos, políticos, grandes empresas, etcétera) y una reprobación a los últimos gobiernos por su incapacidad para lograr elevadas tasas de crecimiento tanto de la economía como del empleo. Aunque las circunstancias son claramente distintas a las de EUA hace ochenta años, en términos políticos a México le urge un “nuevo trato”.

Un proyecto de esa naturaleza sería ante todo un planteamiento político: una invitación a la sociedad en su conjunto para reconfigurar al país. Por definición, un planteamiento de esa índole tendría que ser profundamente incluyente (todos tienen igual derecho de participar) y su objetivo sería el de que todos los mexicanos acaben percibiendo que van a ser una parte beneficiada de la distribución de los recursos. Es decir, para poder echar a andar a la economía del país se requiere de una redefinición política.

A diferencia del mundo de los veinte en que los gobiernos prácticamente no tenían presencia alguna en la actividad económica, los gobiernos de hoy, incluido el nuestro, tienen una amplia participación en la economía (baste pensar en los monstruos energéticos en nuestro caso) y su ingerencia en los procesos de toma de decisiones son vastos y no siempre muy constructivos. Por estas razones, la estrategia de Roosevelt de convertir al gobierno y su gasto en una inmensa fuente de impulso económico no es aplicable a nuestra realidad actual. Sin embargo, la esencia del Nuevo Trato no residió en el crecimiento del gasto gubernamental (aunque eso sin duda fue lo más visible), sino en los arreglos institucionales que transformaron a su país.

México necesita inventar un esquema similar. La condición esencial para que sea posible reconstruir la tranquilidad social reside en que toda la sociedad haga suyo el proceso de desarrollo y eso es imposible en la actualidad toda vez que, con razón o sin ella, la mayoría de los mexicanos percibe que todo está sesgado a favor de unos cuantos. Si uno acepta que más allá de la naturaleza del régimen político, la mayoría de las decisiones que se toman en un país versan, al menos en parte, sobre la distribución de los recursos y beneficios entre los que unos ganan y otros pierden, entonces la percepción de legitimidad de esas decisiones es clave para la viabilidad del régimen. En el México de antes, la combinación de un gobierno poderoso con capacidad de limitar excesos por parte de actores políticos o de otro tipo y de una economía en crecimiento conferían suficiente legitimidad para funcionar.

Pero ese contexto ya no es el del México de hoy. La libertad de que hoy se goza es mucho más amplia que en el pasado, pero el crecimiento de los llamados poderes fácticos y sus abusos (percibidos como privilegios inconfesables o capacidad de imposición) y un pobre desempeño económico se han combinado para producir una aguda ilegitimidad no necesariamente para el gobierno, pero sí para el régimen. La legitimidad es crucial para emprender proyectos transformadores, por lo que quizá una explicación lógica de la parálisis de la última década reside más en que la población no tiene incentivos para cambiar, toda vez que cree o sabe que los recursos se distribuirán de una manera sesgada. La democracia consiste en un entramado institucional que permite, o debe permitir, una distribución equitativa de esos beneficios. La población se sumará no cuando tenga la cultura idónea para ello, sino cuando perciba que va a ser beneficiaria.

Es evidente que un esquema de esta naturaleza, un “nuevo trato” implicaría perdedores: todos aquellos que impiden el progreso, comenzando por los burócratas dedicados a obstaculizarlo todo, los políticos que inventan los obstáculos (o las condiciones que los hacen posibles), los tribunales corruptos, los reguladores que trabajan no para el bien de la colectividad sino para los regulados y los sindicatos que viven en un mundo de privilegios sin parangón en el mundo civilizado. No menciono a las empresas, muchas de ellas extraordinarios beneficiarios del sistema, porque el problema es de la incompetente regulación y control que hace posibles sus abusos.

Dos problemas hacen difícil lanzar una iniciativa tan ambiciosa como un “nuevo trato”. En primer lugar, es evidente que estamos donde estamos porque no ha habido capacidad o disposición para enfrentar a los intereses que medran del desarrollo y que son los que la población percibe como beneficiarios ilegítimos. En segundo lugar, el abuso en el lenguaje que los gobiernos “revolucionarios” emplearon para convencer a la población e intentar construir legitimidad, así fuera artificial, produjo la inevitable suspicacia que caracteriza al mexicano desde épocas ancestrales. Un gobierno decidido a emprender una verdadera transformación tendría así dos enemigos formidables: los de los intereses reales y los de una población escéptica por necesidad.

Nada de esto niega las virtudes de combatir criminales o mejorar cosas específicas de la gestión gubernamental, pero sí sugiere que el crecimiento y los empleos no llegarán sino hasta que la población crea que también serán suyos.

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Luis Rubio

El péndulo es un factor inseparable de la política. Hay presidentes de derecha que acaban adoptando los objetivos de la izquierda y presidentes de izquierda que se convierten en paladines de las posturas de la derecha. La historia está llena de paradojas y contradicciones que no hacen sino confirmar la necesidad inexorable de ejercer el poder en forma pragmática. La historia de nuestros presidentes es elocuente al respecto porque ilustra lo vano de las etiquetas ideológicas, pero también los costos y oportunidades que cada presidente hace suyos en su manera de actuar.

En una visita turística que realicé hace años al palacio de Versalles en las afueras de París, el guía hizo una descripción que alude directamente a los avatares del poder. Luis XIV, decía el guía, construyó el imponente palacio; Luis XV lo disfrutó; y Luis XVI pagó el costo del lujo ahí contenido. Lo mismo se puede decir de nuestros presidentes: cada uno tomó las decisiones que consideró apropiadas, intentó equilibrar las fuerzas políticas del momento y asumió, a conciencia o sin ella, las consecuencias de su actuar. A unos les fue mucho peor que a otros. ¿Cómo le irá al presidente Calderón?

La idea del péndulo es que las realidades del poder obligan a un nuevo presidente a ajustar sus  objetivos y estrategias a las realidades que encuentra al momento de responsabilizarse de la conducción de una nación. Esa responsabilidad trasciende los cartabones que se asocian con la persona hasta el momento de una elección porque los posicionamientos cambian según las circunstancias. El presidente Lula de Brasil se encontró con la necesidad de ajustar su programa económico, de la misma manera en que el presidente de Gaulle no tuvo más alternativa que concluir la guerra argelina. México no ha sido excepción en estos avatares.

El presidente Miguel de la Madrid se encontró con un panorama aciago luego de los excesos de López Portillo y no tuvo más remedio que dedicarse a restaurar la calma, recoger los platos rotos y comenzar a limpiar la cocina. Aunque su gobierno fue esencialmente mediocre, su gran mérito residió en romper con devastación económica y política, consecuencia de la racha populista, y de los excesos de sus predecesores, que ahora se identifican con la llamada “docena trágica”.

Si nos abstraemos por un momento de lo malo de muchos de sus actos, Carlos Salinas fue un verdadero revolucionario en el sentido literal del término: rompió con el orden establecido. Su gran mérito residió en cambiar la lógica que por años había anestesiado al país, rompiendo mitos (como con las relaciones con Estados Unidos y el Vaticano y concepciones arcaicas como el ejido) y replanteando la lógica del desarrollo del país. Aunque su gestión acabó mal y los cambios que enarboló fueron insuficientes, nadie puede dudar que modificó el statu quo.

Después de Salinas vino Zedillo, un presidente sin ese espíritu revolucionario pero que supo restaurar la paz interna y reconstruir las finanzas públicas, aunque en el camino creó las condiciones para la revolución populista que se hizo presente en las elecciones del año pasado. Sin imaginación para transformar al país, tuvo que abocarse, una vez más, a enderezar las cosas, terminando su gestión sin pena ni gloria, pero envuelto en el manto del presidente democrático. La paradoja es que la figura de Ernesto Zedillo ha crecido más por los excesos de su predecesor y lo patético de su sucesor.

Vicente Fox es quizá, con la posible excepción de Madero, el único presidente de la historia moderna de México que tuvo la oportunidad de verdaderamente revolucionar al país y colocarlo al frente del siglo XXI, pero no entendió el momento ni la circunstancia. Gozó de una economía estabilizada, del llamado bono democrático, del apoyo mayoritario de la población y de un extraordinario nivel de aprobación y tolerancia. Pero su frivolidad, superficialidad, lejanía de la toma de decisiones y, para colmo, su decisión de ejercitar la administración a través de lo que él denominó “la pareja presidencial”, llevó al peor de los mundos: oportunidades perdidas y desazón. Fue esa incapacidad para asir la oportunidad lo que hizo posible el surgimiento de un líder iluminado, del renacimiento populista y de la aparición de la mediocracia. Al final, los mexicanos acabamos pagando los costos de una revolución ¡que no se dio!

A un año de la llegada del presidente Calderón, la gran pregunta es si será él quien acabe pagando las cuentas del “cochinero” de la administración anterior o quien encabece la frustrada revolución que el país requiere para transformarse en uno de los países ganadores del siglo XXI.

La pregunta no es ociosa. Si uno ve hacia atrás, es evidente que ha habido grandes cambios en el país a lo largo de las últimas décadas. También es cierto que muchos de esos cambios no han sido adecuados o suficientes para romper la inercia y crear condiciones para un desarrollo equitativo al que tengan acceso todos los mexicanos. De hecho, una de las peculiaridades de nuestra triste realidad actual es precisamente esa: que si bien mucho ha cambiado, también es cierto que muchas cosas fundamentales no han cambiado en nada. El presidente Calderón tiene la oportunidad de cambiar esas estructuras depredadoras que han permanecido incólumes precisamente porque no le debe nada a nadie. Queda por ver si lo intentará y, en ese supuesto, si podrá lograr el ansiado cambio.

En los años posteriores a las convulsiones de los años setenta y al arribo del fenómeno de la globalización económica reciente ha habido de todo: presidentes buenos y malos, responsables e irresponsables, hábiles y torpes, pero independientemente de sus características, ninguno se abocó a crear las condiciones para que cada mexicano tuviera la misma oportunidad de ser exitoso. Al final de sus mandatos, todos esos presidentes habían preservado ese híbrido tan nuestro, tanto en la economía como en la política, de apertura pero con cerrazón. Nuestra economía, como nuestra política, está abierta pero sólo para algunos: los mecanismos generadores de privilegio parecen mantenerse siempre incólumes.

El presidente Calderón tiene la oportunidad de aprovechar el ocaso de Fox para iniciar la transformación que el país requiere. Con su ridículo protagonismo reciente, Vicente Fox le está regalando al presidente Calderón la oportunidad de lanzar la revolución que Fox no tuvo la capacidad de entender y menos encabezar.

Está por verse si el presidente Calderón verá esta circunstancia como la oportunidad para romper con la maldición de la pasada elección, o como una condición que obliga a la continuidad en la política nacional, lo que significaría que lleva a no mover el barco.

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Luis Rubio

La política mexicana es un mar de contradicciones. Grandes aspiraciones democráticas se ven minadas por la dura realidad de los pleitos callejeros que caracterizan la política cotidiana. Contra muchos pronósticos, el presidente Calderón ha dominado el panorama nacional y controlado a su equipo, pero no ha logrado trascender la agenda cotidiana, establecer un nuevo marco de referencia para la política nacional o para el desarrollo de la economía. Los priístas han sabido aprovechar el momento pero arriesgan su potencial cada que juegan al chantaje: si no gana su partido no hay negociación. El PRD,  enfrascado en una disputa medular sobre su función y responsabilidad en la coyuntura, puede igual acabar hundiéndose que convirtiéndose en el factor clave de equilibrio en la política nacional.

Las cosas no son lo que parecen: hablamos de democracia pero estamos inmersos en la disputa de la política real que nada tiene de democrática. La paradoja no tiene desperdicio. La palabra “democracia” ha sido parte del diccionario de la política mexicana desde antaño, pero su uso retórico prácticamente va en dirección inversa a la realidad cotidiana: mientras más se afirma su existencia, menor su realidad. Las elecciones de la semana pasada son un buen ejemplo de los contrastes y paradojas que vivimos.

La paradoja no quiere decir que la política mexicana esté estancada o que no haya cambiado a lo largo del tiempo. De hecho, si uno echa la mirada hacia atrás, es evidente que la realidad política mexicana actual nada tiene que ver con la de hace algunas décadas. Por ejemplo, desapareció el viejo presidencialismo y se afianzó la libertad de expresión. En forma paralela, nadie puede dudar del fortalecimiento de los poderes legislativo y judicial como mecanismos de contrapeso, al menos al más alto nivel. También es evidente que los gobernantes se eligen con el voto popular y que, al menos en lo fundamental, los políticos han respetado las decisiones de la SCJN cuando se trata de diferendos mayores.

Puesto en otros términos, el país ha experimentado una profunda revolución política que ha cambiado las normas, reglas del juego y expectativas de su funcionamiento. Ya no se hace lo que dice el presidente ni cualquier político puede imponer su voluntad al margen de las urnas o de los procesos institucionales establecidos. El que los viejos chistes de la política mexicana ya no resuenen como reales habla por sí mismo: el presidente ya no se puede dar el lujo de que, al preguntar la hora, le contesten “la que usted diga”. Otro rasero de la democracia, el que afirma que en un país autoritario los políticos se burlan de los ciudadanos en tanto que en la democracia ocurre al revés, sirve para reconocer qué tanto hemos cambiado. Desde esta perspectiva, poco o nada del viejo sistema sigue operando.

Pero el cambio que ha experimentado la política mexicana no se ha consolidado en formas democráticas al servicio de la ciudadanía. Las disputas postelectorales no sólo no disminuyen, sino que es rara la contienda que no acaba en el Trife. Muchos gobernadores siguen siendo dueños y amos de vidas y haciendas y actúan como tales, si bien no siempre con inteligencia (el “carro completo” de Oaxaca habla por sí mismo). El chantaje legislativo se ha vuelto moneda de cambio. Los poderes fácticos son cada vez más poderosos y la impunidad está a la orden del día.

A pesar de lo anterior, la población ha obtenido un beneficio extraordinario y ese es que el potencial de abuso de los políticos sobre el bienestar de los ciudadanos ha disminuido: el presidente ya no puede cambiar la constitución a su antojo; los mercados financieros (y cualquier ciudadano) cuentan con información suficiente para anticipar crisis; los políticos pueden no creer mucho en las razones por las cuales es deseable la estabilidad financiera, pero tienen pavor de que los culpen de una devaluación; muchos burócratas, sobre todo los más honestos, prefieren no tomar decisión alguna que ser objeto de una investigación por corrupción. Por donde uno le busque, la población, aún a sabiendas de que tiene poca influencia sobre la toma de decisiones en la vida pública, goza del beneficio de que sus riesgos mayores se han mermado y eso no es poca cosa. Su sensatez en la forma de votar el domingo pasado es impactante.

Pero los mínimos no son siempre algo deseable y aquí hay un tema generacional: para quienes vivieron tiempos aciagos y violentos de la vida pública mexicana, el PRI constituyó una salvación y temen a la era actual; para quienes crecieron en la era de las disputas políticas y las crisis, cualquier cosa parecía preferible al PRI; para las generaciones más recientes, la democracia actual es inadecuada e insuficiente porque no responde a sus expectativas.

Desde esta perspectiva, los malos manejos electorales y los conflictos urbanos (igual los plantones en el DF que la toma de la ciudad en Oaxaca) merecen lecturas muy distintas por parte de cada uno de estos grupos de la sociedad. Por ejemplo, para quienes la historia de fraude electoral es inherente a la concepción política que aprendieron a partir de los años revolucionarios y sus consecuencias, lo importante es la estabilidad. En contraste, para la juventud de hoy, la idea de la democracia y su funcionalidad es mucho más importante. Para los primeros, la noción de que el PRI decidiera disputar el resultado electoral de Baja California o pudiera emplear medios autoritarios para ganar la elección de Oaxaca es una mera anécdota; para los segundos el burdo intento de chantajear al gobierno federal con la reforma fiscal de no ganar una elección local es algo inaceptable, independientemente de que todo mundo sabe que la capacidad del gobierno federal de decidir las elecciones locales es inexistente. El problema para el PRI es que el segundo grupo es el futuro del electorado mexicano.

El mexicano se ríe de sus políticos pero no es obvio que sea el último en reír. Hasta en sus momentos más duros, el autoritarismo mexicano en nada se parecía al soviético: la larga historia de chistes y caricaturas sobre la política y los políticos es testigo de que la risa es una constante. Lo que ha cambiado ahora es que los chistes son públicos, es posible demandar a un gobernante y la prensa todo lo publica. Pero eso no quiere decir que la rendición de cuentas haya mejorado, que los políticos sirvan a los intereses de la ciudadanía o que el país vaya resolviendo sus dificultades. La pregunta es qué tan infinita será la paciencia de la ciudadanía y su disposición a emplear el voto para mantener el bote a salvo.

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Luis Rubio

Cuando las expectativas son abismalmente bajas, cualquier noticia promisoria se traduce en una agradable sorpresa. En un país de altibajos y claroscuros como el nuestro, personas y circunstancias pueden, de repente, aparecer como una luz. El presidente Calderón pudo cambiar percepciones con sólo meter en la cárcel a un delincuente común oaxaqueño, es decir, al simplemente cumplir con su obligación legal y política. Con suerte y todo el sexenio se va construyendo con pequeños pasos que acaben transformando al país. ¿Podrá el PRI lograr una hazaña similar?

El PRI es la principal fuerza política del país, la única con una amplia presencia nacional y la que agrupa a los políticos más experimentados y con mayor sentido político. El control que ejerce sobre estados y municipios no es el de antaño, pero sigue siendo una fuerza arrolladora en muchos congresos estatales y, en general, en la política nacional. Comparar su relevancia con el pasado es un tanto absurdo puesto que en épocas anteriores el PRI era el sistema. Ahora, en un entorno de competencia, el PRI ha sido capaz de mantenerse como una fuerza todavía relevante en términos numéricos, pero determinante en términos políticos. Dicho todo eso, no es obvio que el PRI tenga futuro.

Pasada la elección presidencial de julio pasado, las encuestas revelaron que las preferencias del electorado por el PRI estaban por los suelos: había pasado a ser la tercera fuerza y al menos un estudio de opinión lo colocaba como la cuarta fuerza política a nivel nacional. Evidentemente, las encuestas, como una fotografía instantánea, no revelan más que un estado de ánimo que, por definición, es momentáneo. Las percepciones sobre el PRI se fundamentan, además de en la historia, en la naturaleza de la contienda presidencial más reciente, proceso electoral dominado por los candidatos de los otros dos partidos grandes. Algunos argumentan que el problema fue su candidato, otros que, de hecho, como en 1988, ya había otro candidato del PRI. Sea como fuere, hay dos elementos que los priístas tienen que contemplar para su futuro: primero, que no es fácil que un partido que gozó del monopolio del poder retorne a él y menos tan rápido. Para botón de muestra baste observar a España y Chile: toma tiempo, no hay garantías y todo depende de su capacidad de renovación. El otro elemento es que cada contienda es distinta y su dinámica responde a factores que nadie puede controlar de antemano.

Supongamos, para fines de análisis, que los números expresados en las encuestas reflejan la naturaleza de la contienda más reciente y no el sentimiento de la población por este partido. Es decir, supongamos que el PRI tuvo una mala tarde pero que, en otras circunstancias, podría seguir acaparando alrededor de una tercera parte de las preferencias electorales y, como en toda contienda política, un buen candidato en un buen momento puede conducir a un triunfo. En otras palabras, supongamos que hay plena normalidad política (donde cualquiera puede ganar la presidencia) y que el voto llamado “estratégico”, definido como antipriísta por antonomasia, tiende a erosionarse con el tiempo. Con todas estas ventajas, no es obvio que el PRI pueda retornar al poder.

A pesar de su presencia nacional, el PRI es cada vez más un partido de grandes fortalezas (y debilidades) regionales y los estancos regionales tienden a convertirse en prisiones. El mejor ejemplo es el sureste del país: aunque en años recientes el PRI perdió dos estados clave, Guerrero y Chiapas, su concentración numérica en Tabasco, Oaxaca, Puebla y Veracruz es extraordinaria. Pero el problema no es su concentración regional, sino lo que ello implica para su capacidad de ganar adeptos en otras latitudes. El apoyo a ultranza que el PRI le confirió al gobernador de Oaxaca constituye un hito: es fácil explicar la racionalidad de semejante apoyo, pero es difícil de creer que un votante en Guanajuato, Jalisco o Chihuahua desee asociarse con un gobernador como el oaxaqueño. Desde la perspectiva de esas otras latitudes del país, lo mismo se podría decir de otros representantes del PRI en sus cotos regionales.

El problema del PRI no se limita a sus propios baluartes regionales. En lugar de construir una plataforma amplia de posturas y visión, como sí lo han logrado el PAN y el PRD, el PRI se quedó atorado en el momento de su apogeo y en los intereses de sus fuerzas locales. Mientras que los candidatos del PAN o del PRD han procurado candidatos capaces de acercarse a comunidades, intereses y entidades distintas a sus regiones tradicionales, el PRI no ha hecho sino reproducir los mismos perfiles, cuando no los mismos nombres, que la población asocia no con su era de grandeza, sino con la de corrupción y abuso. Como decían de los Borbones, el PRI ni aprende ni olvida.

En los últimos años, el PRI ha respondido de manera reactiva al reto que representa no estar en control de la presidencia. Ha jugado de manera táctica tanto con el PAN como con el PRD, pero no ha logrado marcar una diferencia. Al mismo tiempo, su visión de Estado y colmillo político le permitió convertir la derrota del pasado dos de julio en una fortaleza estratégica. En lo que va del sexenio, ha podido presentarse como el factor clave de la gobernabilidad del país. Pero sigue siendo no más que una visión táctica: el PRI no tiene un proyecto de largo aliento ni posee la consistencia interna para desarrollarlo. El PRI vive del pasado en vez de competir por el futuro.

El riesgo para el PRI radica en su posible enquistamiento. Por un lado, enfrenta la competencia del PAN por las regiones modernas del país; por el otro, compite con el PRD en sus bastiones tradicionales. Si bien, como ilustra Tabasco, ha tenido la habilidad para presentar candidatos competitivos en algunos casos, su propensión a encerrarse no sólo es legendaria sino que tiende a acentuarse a la par de regionalizarse. Seguir con más de lo mismo lo llevaría al cadalso.

El reto de hoy no tiene precedente: el PRI necesita una nueva razón de ser, un nuevo proyecto y una propuesta de transformación para sí mismo y el país, un proyecto que haga posible construir un país moderno sin ignorar su contexto histórico. El PRI, y México, necesita un liderazgo transformador, capaz de romper con su regionalismo mental y geográfico, un liderazgo que vea hacia adelante sin perder su razón histórica de ser. Hay muchos candidatos, pero sólo una propuesta, la de Beatriz Paredes, capaz de conciliar al partido del pasado con el México del futuro. Ojalá sepan acertar.

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Luis Rubio

Si hay una regla, sin importar su naturaleza, siempre hay una excepción. Esa es la naturaleza de nuestro sistema de gobierno y ese también el tema central del famoso libro de Joseph Heller, Trampa 22. Cualquier regla o regulación que tiene excepciones se convierte en un proceso circular porque cualquiera puede apelar a la excepción haciendo irrelevante la regla general. Yossarian, el personaje central de la novela de Heller, se encuentra entrampado: es un recluta que quiere dejar el ejército por temor a perder su vida, lo que prueba su lucidez, pero para que le permitan renunciar tiene que probar que está loco. Esta “trampa”, sugiere la novela, la emplean los poderosos para mantener e incrementar su poder, a la vez que deteriora el poder de aquellos que en principio no lo tienen. Cuando todo parece perfecto, se aparece una “trampa 22” que hace imposible materializar la perfección.

El círculo vicioso más frecuente para cualquier ciudadano es la burocracia. Innumerables chistes se han creado a propósito de los interminables requisitos que se necesitan para tramitar cualquier asunto, el más famoso quizá sea aquel de Héctor Suárez, si la memoria no me falla, en el que le piden al solicitante su acta de defunción para completar un trámite. Pero el burocratismo tiene su razón de ser: por una parte, permite el control de amplios segmentos de la población por parte de las instancias encargadas de dar curso a un trámite cualquiera. Por otro lado, el burocratismo es un espacio perfecto para el crecimiento de servicios adicionales: ¿de qué vivirían los llamados coyotes si no hubiera procesos burocráticos interminables? De la misma forma, sin burocratismos no hay espacios para un “regalito”, “mordida” o cohecho. Todo tiene su razón de ser.

Lo paradójico es que el mundo descrito por Heller se parece, en más de un rasgo, a lo que padece día con día la población mexicana. Uno supondría que el viejo sistema político, diseñado para el control y la corrupción, como ilustra la vida burocrática del diario, habría experimentado convulsiones con la apertura económica y liberalización política de los últimos años. Sin duda, muchos procedimientos que bien podríamos calificar de berrinchudos, simplemente desaparecieron. Tal es el caso de los requisitos para exportar o importar, que por décadas fueron el “coco” del empresariado. Ese tipo de procesos hoy son inexistentes o muy simples (casi siempre). Lo interesante es todo lo que no ha cambiado ni un ápice.

Mientras que algunas secretarías tuvieron que cambiar (aunque no mucho) en el curso de las últimas décadas porque el mundo se les movió, otras siguen como si Plutarco Elías Calles siguiera despachando en Palacio. La mayoría ha cambiado de enfoque, pero no de realidad. Ciertamente, no es lo mismo darle órdenes al monopolio telefónico que recibirlas del mismo, pero la naturaleza del monopolio no ha cambiado. En el caso de los impuestos, es más fácil pagarlos porque existe un medio, Internet, que facilita el trámite, pero su complejidad haría sonrojar a los mandarines chinos. Para pagar impuestos no basta un porcentaje sobre ingresos menos gastos (como en Chile), sino que es necesaria una tabla y una tarifa, aplicar un monto general para luego calcular el porcentaje específico. Para una economía supuestamente abierta, sólo quienes tienen un número de importador pueden importar; y ¿quién otorga ese número?: los competidores, que obviamente se rehúsan a otorgarlo si la importación puede competir con ellos. Las procuradurías “pierden” pruebas y desaparecen expedientes. Todo está diseñado para subordinar al ciudadano, al consumidor y al pequeño empresario, indefensos ante tanta tropelía.

El gobierno en México sigue trabajando para sí mismo y para quienes lo tienen copado. Los legisladores, que ahora presumen una gran independencia, en realidad cambiaron de fuente de dependencia, pero siguen siendo tan dependientes como siempre. Antes respondían al presidente; ahora responden ante el poder y cómo las fuentes del poder han cambiado, el potencial de presión sobre ellos es infinito. Si bien en ocasiones ocurre que existen intereses encontrados que ejercen presión sobre los legisladores (por ejemplo, empresas o sectores con diferentes intereses sobre un mismo tema), lo más frecuente es que pese sobre ellos el liderazgo del partido, una empresa grande o un sindicato que obstaculice cualquier movimiento lateral. Como el personaje Yossarian, los legisladores viven sometidos a un régimen que no les deja moverse fuera de los círculos viciosos interminables: responden al poder o quedan fuera de la jugada.

Ese es el meollo del asunto. Las formas del poder (incluido el mecanismo para elegir al gobernante) han cambiado, pero las realidades del poder siguen siendo muy parecidas. No existen límites al poder y el juego todo se vincula con la impunidad. El corazón del sistema, el poder y la impunidad, siguen intocados. Lo que ha cambiado es la composición de quienes detentan ese poder y el número de personas que gozan de impunidad.

Con todo esto, no es difícil explicar por qué perseveramos en esa ubicua sensación de parálisis: la cantidad de obstáculos es tan inmensa que desincentivan al más luchón. Otra manera de decirlo es preguntarse si hay algo más difícil y costoso que abandonar una casa y una familia para ir “al otro lado” con la convicción de que todas las oportunidades aquí están canceladas. ¿Podrá cambiar este gran círculo vicioso en algún momento?

Ciertamente, los problemas de México tienen solución y las soluciones están disponibles. Lo que no siempre existe son condiciones propicias para instrumentarlas. Si suponemos que un nuevo gobierno, con el ímpetu y legitimidad que le confiere la novedad, logra echar a andar unos cuantos motores para que la economía salga de su letargo, se podría crear una oportunidad excepcional para amarrar otras cosas: la legitimidad genera acciones legislativas y del propio ejecutivo, condiciones indispensables para un gobierno eficaz que refuerza, de esta forma, su legitimidad. Si vemos hacia atrás, observamos que todos los gobiernos anteriores, ineficaces sin distinciones, provocaron su propia caída y una nueva crisis de legitimidad. Si el nuevo gobierno llevara a cabo una transformación política que le confiriera al ciudadano primacía en la democracia mexicana y construyera un sistema de gobierno eficaz y eficiente, con tantita suerte México dejaría de ser un círculo vicioso permanente.

Luis Rubio

Contrastes y oportunidades. Eso es lo que se observa al comparar la manera en que diversos países se enfocan para lograr el desarrollo. Sobra decir que si bien muchas naciones (¿todas?) quisieran formar parte del relativamente exclusivo club de naciones ricas y desarrolladas, muy pocas lo logran. La clave para conseguirlo reside en la combinación de un sistema político funcional con un proyecto económico debidamente estructurado. La evidencia indica que sin una estrategia de desarrollo, éste es imposible, pero es igualmente inoperante si falta un sistema político capaz de sostener un proceso de transformación a lo largo del tiempo (y a través de gobiernos que cambian).

En una reunión internacional a la que asistí recientemente, la discusión se centró en torno a los contrastes y diferencias que existen entre los diversos países que intentan ingresar al club de las naciones ricas y desarrolladas. Los países en cuestión eran los obvios: Europa oriental, el sureste asiático, América Latina, Rusia, China e India.  De todos los ejemplos citados, los exitosos fueron aquellos que desde el principio se propusieron emular a los países europeos, Estados Unidos, Canadá o Japón. Ninguno de los que pretendieron fundar un “modelo alternativo” logró avanzar.

No es difícil identificar los casos exitosos: Irlanda, Estonia, Singapur, Corea, China, India, Chile, etcétera. Algunos de éstos –como China e India– apenas comienzan el proceso. Otros, más avanzados, como Irlanda o Singapur, enfrentan retos muy complejos porque el crecimiento sostenido supone un fuerte componente de tecnología y ciencia, lo que a su vez requiere un sistema educativo de otra naturaleza. En este contexto, Japón fue ejemplo frecuente: un país desarrollado bajo casi cualquier medida convencional, enfrenta la necesidad imperiosa de llevar a cabo una transformación radical de su sistema educativo, pues sin ello simplemente no puede aspirar a competir en los sectores que generan un alto valor agregado, algo para lo cual hoy no está preparado.

Pero el corazón del problema del desarrollo yace en la capacidad de un país para sacarlo adelante. China e India representan dos sendas muy contrastantes hacia el progreso, pero todos los países que han logrado transformarse en las últimas décadas, incluidos estos dos, apelaron a dos componentes que los distingue de aquellos que se lo propusieron sin conseguirlo: un buen proyecto económico en el sentido técnico y la capacidad política de instrumentarlo. Si falla cualquiera de esos dos componentes, el desarrollo es imposible.

El problema del desarrollo no es técnico. Aunque no existe una sola forma de alcanzarlo, los instrumentos que lo hacen posible son muy claros y no existe mayor polémica conceptual en torno a ellos. Un buen proyecto en términos técnicos es aquel que logra vertebrar los componentes clave para el desarrollo: equilibrios macroeconómicos, ahorro en la economía, disponibilidad de inversiones, reglas del juego (sistema legal, capacidad de hacer cumplir un contrato, definición de los derechos de propiedad), disponibilidad de infraestructura social, humana y económica, y una definición clara de las prioridades de un país.

Aunque mucho de lo anterior puede sonar esotérico, se trata de factores perfectamente conocidos y sobre los que existe una larga experiencia que justifica una conclusión muy concreta: no hay un problema técnico en la consecución del desarrollo. Si un país adopta las medidas adecuadas y persevera en ellas (algo que incluso puede llevar décadas), el desarrollo es plausible. De la misma manera, si un gobierno decide un camino distinto, por más atractivo que resulte (como podría ser el “modelo alternativo de nación”) el desarrollo es simplemente inalcanzable.

Si partimos del supuesto que un país adopta un proyecto viable de desarrollo, el factor crítico de éxito reside entonces en su estructura política. Aunque hay y ha habido muchos países que han logrado esbozar proyectos de desarrollo (o, más frecuentemente, algunos componentes de un proyecto de desarrollo), son muy pocos los que efectivamente logran alcanzarlo. Al comparar los diversos casos, el factor clave reside en la capacidad del sistema político para sostener un proyecto económico por el tiempo necesario de tal suerte que logre su cometido.

Así, una dictadura presenta menos complicaciones que una democracia para emprender medidas difíciles y en ocasiones impopulares que puedan sostenerse a lo largo del tiempo. En esta dimensión, no es casual que China haya logrado tanto mayor éxito que otras naciones pues, una vez definido un esquema técnicamente adecuado, su capacidad política para instrumentarlo ha sido extraordinaria. Para India, un país democrático y políticamente muy fragmentado, el proceso ha sido más complejo y escabroso. El caso de Irlanda es más revelador: su gobierno comenzó a implantar las medidas necesarias desde el final de los sesenta, pero no fue sino hasta 1987 cuando, casi de manera súbita, empezó a experimentar tasas de 9% de crecimiento anual. Su éxito se debe, en no poca medida, al hecho de que su sistema político logró articular los consensos necesarios para sostener un proceso de cambio y transformación a pesar de que los resultados fueron magros por muchos años. Irlanda muestra que, con un liderazgo eficaz, es perfectamente posible conducir un proceso de transformación en un contexto democrático.

A pesar de su complejidad, quizá la gran ventaja de la Unión Europea se explique porque, luego de años de experimentar, ha logrado articular un conjunto muy bien definido de políticas concretas que dan resultados. Los países que las adoptan de manera consciente y sistemática pueden esperar buenos resultados en un horizonte razonable de tiempo, como evidencian igual los que se incorporaron en los 70 y 80 (como España, Irlanda o Grecia) que los del este europeo, de más reciente adhesión.

El caso de Europa confirma lo obvio: el problema del desarrollo no es técnico; si un país adopta la política económica que, en buena medida, es resultado del sentido común y persevera en su aplicación, el desarrollo es asequible. Es claro que no se trata de una cuestión ideológica. De hecho, aquellos países, sobre todo en América Latina, que convierten las medidas necesarias para avanzar hacia el desarrollo en temas de confrontación política o ideológica, acaban cancelando la posibilidad de lograrlo. El camino al precipicio está saturado de buenas intenciones pero también de malas estrategias. Y, en nuestro caso, de liderazgos iluminados.

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Luis Rubio

No habían pasado ni diez minutos de la accidentada pero exitosa toma de protesta del presidente Calderón, cuando se comenzaron a formalizar las disidencias dentro del contingente perredista. Ese botón sirve de muestra de la recomposición política que será característica del país en los años por venir. El capítulo electoral ha quedado atrás: ahora todo depende de la manera en que el presidente decida enfocar las baterías de su gobierno y la habilidad que tenga para que sus acciones y programas sean exitosos.

Las primeras acciones del nuevo gobierno demuestran que el presidente tiene un proyecto claro de lo que quiere alcanzar y, en franco contraste con su predecesor, la disposición para dedicarse personalmente a hacerlo avanzar. Pudiendo haber clamado “ya la hice”, el presidente Calderón optó por plantear dilemas y soluciones sin generar expectativas excesivas. Esa es la buena noticia. La mala es que no logró crear las condiciones para que la ceremonia de protesta en el palacio legislativo fuera tersa y civilizada. Es evidente que eso no dependía exclusivamente de él, pero además de mostrar la complejidad del escenario con el que tendrá que lidiar, también permite algún escepticismo sobre el enfoque de sus baterías. El simbolismo del primero de diciembre era fundamental y el resultado es bueno sólo en cuanto a que no hubo una catástrofe.

Con el cierre del aparentemente interminable proceso electoral, viene la hora de la verdad y, a pesar de las apariencias, muy pocos salen bien parados. La efervescencia dentro del PRD es palpable a leguas: aunque ese partido nunca ha sido un cuerpo uniforme e integrado, las fracturas que provocó la contienda y, sobre todo, el conflicto postelectoral se han ensanchado. Lo menos que tendrían que preguntarse sus miembros es qué se ganó, cómo recuperar al partido con capacidad y vocación de gobernar y cómo empezar el laborioso proceso de reconquistar la confianza del electorado, porque no es lo mismo atacar al contrario que ganar confianza para uno mismo. El filo rijoso y autoritario que el PRD dejó ver no hizo sino vindicar el voto de quienes, por temor a sus excesos, decidieron otra opción política.

Pero aunque las divisiones dentro del PRD se agudicen, eso por sí solo no es una buena noticia para el resto del sistema político. Los políticos, como un conjunto, han perdido, como el presidente Calderón reconoció en su discurso inaugural. La incapacidad de nuestros políticos para trabajar en conjunto, negociar, decidir y actuar habla mal de nuestras instituciones políticas porque deja la estabilidad del país y su progreso dependiendo de la buena voluntad y visión de Estado de los individuos y ninguna nación puede prosperar de esa manera. México necesita instituciones fuertes que acoten los excesos de sus participantes y no al revés. En este contexto, son impactantes las pequeñas cosas que hicieron posible que concluyera este proceso de una manera tan feliz como las circunstancias permitieron. Sin duda, el comportamiento del PRI fue fundamental. Aunque el partido tiene más problemas internos y de credibilidad que todos los demás partidos juntos, la vocación de poder y de Estado de sus integrantes legislativos salvó el día. Ese partido tiene mucho que pensar sobre su futuro si quiere seguir estando aquí, pero no hay duda que el legado institucional del viejo sistema no merece ser despreciado.

Lo menos que se puede decir de este agrio periodo de nuestra incipiente historia democrática es que los problemas políticos del país son enormes y que, por lo tanto, el desafío para Calderón es extraordinario. Desafío que no se limita a la amenaza de aniquilación que el candidato perdedor pretende sostener a lo largo del sexenio, sino que se acrecienta por los ingentes problemas de representatividad de las instituciones políticas, la incapacidad de decisión del sistema político en su conjunto y los vetos que estrecharon el margen de decisión del presidente en la conformación de su gabinete. Con todo, como dice el dicho, con esos bueyes tendrá que arar el nuevo presidente. El detalle, siguiendo la parábola, es que tendrá que hacerlo en el contexto de una agricultura altamente tecnificada donde el presidente tiene pocos instrumentos para actuar. Por si lo anterior no fuera suficiente, el presidente enfrenta un liderazgo hostil en su partido que, aunque no regateó ni un ápice su apoyo el primero de diciembre, está decidido a avanzar mejores causas que las de su gobierno. Sin el control de su partido, difícilmente podrá gobernar.

¿Podrá gobernar? El país se encuentra en un estado catatónico donde todo premia la parálisis en lugar de la acción y la irresponsabilidad en lugar de la sensatez. Pero estas dos características, herencia no intencional de un sistema político construido bajo otras circunstancias, son obstáculos sólo en la medida en que se privilegie la confrontación y la falta de respeto a los interlocutores necesarios, como ocurrió a lo largo de la última década. Felipe Calderón comenzó con el pie derecho en este frente: no sólo se ha dirigido a sus interlocutores en el legislativo y en los partidos, sino que está enfocándose hacia la acción política como medio para destrabar el nudo que recibió como legado. Su actuar en Oaxaca es claro, aunque claramente insuficiente. Los políticos afirman que la política es el arte de la negociación: ahora es el tiempo de demostrarlo y de construir salidas para el entuerto en el que se encuentra el país, pero también ellos  y sus partidos.

Ahora viene el tiempo de la acción. Los próximos días y semanas mostrarán dónde están las prioridades. Esas primeras decisiones serán críticas para sentar las bases del futuro. Un error en ese frente, como vimos hace seis años, puede destruir toda posibilidad de salir victorioso. Es obvia la necesidad de afectar múltiples intereses en todos los ámbitos, pero no se puede enfrentar todos a una misma vez. El orden de prioridades y la forma en que se impulsen serán críticos. Los mejores momentos de las últimas décadas, los que generaron entusiasmo entre la población, fueron  producto de acciones –no ilusiones- inteligentes y decididas por parte de diversos gobiernos. Esperemos que Calderón no se equivoque en esta materia.

El nuevo presidente no le debe nada nadie y sabe lo costosa que es la vanidad. Nadie razonable desearía enfrentar la complejidad que él tiene frente a sí, pero su oportunidad es también trascendental. Parafraseando a otro político…, por el bien de todos, más nos vale que le vaya bien.

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