Luis Rubio

La gran lección del voto británico es que nadie tiene el control de los procesos políticos. En un mundo en el que la información es horizontal y todos tiene acceso a ella -como receptores e informadores- nadie puede limitar lo que se sabe (sea cierto o falso), lo que se discute o lo que se concluye. La información es ubicua y cualquiera puede conducir el debate: todo depende de su habilidad. David Cameron inició el proceso al convocar a un referéndum e instantáneamente perdió el control: una vez que el conejo salió de la chistera, el debate quedó en manos de los más hábiles y el control en los electores. El gobierno inglés no fue el más hábil y los electores tenían otros planes y preocupaciones.

Más que suponer una conexión automática, absoluta e inexorable entre lo ocurrido en el Reino Unido y lo que pudiera pasar con Trump en Estados Unidos o con López Obrador en México, lo evidente desde mi perspectiva es que el mundo ha cambiado y ya nadie tiene control: gana quien entiende mejor al electorado y le responde en sus términos. Esa es la genialidad de Nigel Farage (el principal promotor del rompimiento con la Unión Europea) y de Trump en EUA. Ellos comprendieron algo que los demás ignoraron. Con todas sus diferencias, el electorado en México se rebeló contra el statu quo el pasado 5 de junio y prácticamente ninguno de los partidos ha comprendido lo que en realidad ocurrió.

“El sentir público no es racional, es emocional,” dice Ariel Moutsatsos. Y sigue: “¿Puede alguien pensar en términos racionales respecto a sentimientos de derrota, impotencia, ansiedad o miedo?”… Los “argumentos [de Trump y de los promotores de Brexit] no tienen sentido y hay un conjunto de razones lógicas, hechos y ejemplos tangibles que claramente los contradicen… no es algo racional, es emocional”.

Los promotores del referéndum supusieron que era obvio, lo racional, quedarse en la UE y por lo tanto dejaron el terreno a la oposición que entendió perfectamente la oportunidad porque leyó bien al electorado. El establishment no entendió su aislamiento e insularidad: como dice George Friedman, “La falta de imaginación, el hecho de que la élite no tenía ni la menor idea de lo que estaba ocurriendo más allá de su círculo de conocidos” delata el verdadero problema que divide a nuestras sociedades. Y, como escribió Edward Luce, “los votantes no están en el ánimo de abrazar el statu quo.”

En todos los países hay personas enojadas con el statu quo, resentidos por el choque de expectativas con la realidad cotidiana, el desempleo o subempleo y la percepción de estarse quedando atrás sin la menor posibilidad de salir adelante. Hasta ahora, esas personas no habían tenido forma de expresarse; hoy, unos cuantos merolicos que sí los entienden cambiaron todo: personajes capaces de articular esas emociones y sentimientos y convertirlos en una fuerza política. De ciudadanos frustrados pasaron a convertirse en el centro de atención, los protagonistas. Su fuerza, como probó el voto contrario a la UE y como han mostrado hasta ahora los seguidores de Trump, radica en la voz que estos personajes les dieron hasta convertirlos en ganadores. Así comenzaron las consecuencias no anticipadas de decisiones absolutamente racionales.

Los agravios son perfectamente comprensibles en términos racionales; su manipulación requirió una capacidad de movilización de emociones y sentimientos. Es ahí donde radica el triunfo de estos nuevos populistas: las razones dejaron de ser relevantes.

¿Hay algo que podamos aprender de esto los mexicanos?  Dos cosas me parecen claras: primero, si hay agraviados en Inglaterra, España y EUA, en México hay muchos más y con mejores razones. Quien logre capturar su atención -y sus miedos, enojos y frustraciones- puede fácilmente crear un movimiento político imparable. Por otro lado, hay un sinnúmero de esfuerzos y acciones que encabezan el gobierno, empresarios y diversos grupos de la sociedad que no hacen sino atizar esos fuegos. Puesto en términos llanos, la fuerza de López Obrador no sólo radica en su propia e innegable habilidad, sino también en toda la información, acciones y evidencia del más diverso tipo que estos actores ponen en la vía pública todos los días.

Cada que el gobierno presume sus logros y que el ciudadano no encuentra modo de identificarse con ello, se alimenta el enojo; cada que alguien publica evidencia creíble de corrupción (igual una fotografía que un estudio analítico), se atizan las emociones y se fortalece quien la denuncia día a día; cada que se hacen evidentes las enormes diferencias de riqueza -y las actitudes que las acompañan (como los casos de “lores” y “ladies”)-, los resentimientos crecen. Atizar emociones y agravios no hace sino fortalecer a quien sabe cómo manipularlos.

El país requiere nuevos referentes emotivos y racionales para transformarse. Los existentes -de todos los actores- no sirven y por eso el “mal humor social.” Urge un liderazgo capaz de construir un futuro positivo, susceptible de ganar el favor del electorado.

La revista Economist resumió el momento como nadie: cuando “lo impensable se convierte en irreversible.” La gran pregunta es si en México lo entenderemos o, más bien, quién lo entenderá.

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26 Jun. 2016

En lugar de encabezar la procesión, el gobierno se ha dedicado a ignorar el asunto, dándole largas y creando mecanismos diseñados para cubrir las apariencias sin que nada cambie. El vacío que ese no actuar le costó sangre el domingo pasado, además de que dejó la iniciativa en manos de activistas y ONGs, muchos de los cuales han convertido su lucha en una nueva religión, fundamentando su gesta no en argumentos analíticos (en parte porque la evidencia no es infalible), sino en creencias: si se promueve tal o cual programa o se adopta una fórmula prestablecida, la corrupción se evaporará como por arte de magia.

En el corazón de la discusión sobre la corrupción yace un contraste fundamental de visiones: para unos, la solución al problema de la corrupción radica en nuevas leyes, independientemente de todas las inéditas con que contamos pero no se aplican. María Marván dice que no hay problema suficientemente pequeño que no amerite una nueva ley o uno suficientemente grande que no justifique una enmienda constitucional. Pero esto no disuade a los creyentes, quienes suponen -contra toda evidencia histórica- que más leyes, más regulaciones y más requerimientos, además de nuevas comisiones y agencias gubernamentales, van a erradicar el fenómeno. Al final del día, la pregunta relevante es si esta forma de proceder es susceptible de modificar la realidad.

La alternativa es pensar al revés: en lugar de hacer más de lo mismo (más leyes, más burocracia), ¿por qué no reconocer que al menos parte de lo que genera oportunidades de corrupción es precisamente la naturaleza de nuestras leyes, regulaciones y organismos burocráticos? ¿No será que la existencia de tantas restricciones, facultades burocráticas y requerimientos es lo que hace posible -y, de hecho, promueve- la corrupción?

Una experiencia personal, en un espacio muy específico, me enseñó una gran lección: cuando era yo estudiante en EUA, un día fui al departamento de licencias de conducir a solicitar que le pusieran un guion entre mi apellido paterno y materno a mi licencia porque tenía yo problemas en la biblioteca y en el banco dado que, a la usanza norteamericana, ellos me reconocían por el segundo apellido y no el primero. Pensando que era una obviedad, fui a la oficina y solicité el cambio. El operario fue sumamente amable, pero me mostró en su pantalla que él no tenía acceso a esos campos. Me dijo algo así como “simpatizo con su problema porque yo sufría de lo mismo, pero no se puede resolver excepto por mandato de un juez”.

Años después, cuando comenzaron los secuestros exprés en la ciudad de México, fui a la delegación a solicitar un cambio de dirección a fin de quitar la de mi casa. Armado con un comprobante de domicilio de mi oficina, le expliqué el motivo de mi visita el funcionario. Sin chistar me respondió “cien pesos”. Cien pesos de qué le pregunté. “Son cien pesos por el servicio”. ¿Y si quisiera cambiar mi nombre en la licencia? “Cien pesos”. Los cien pesos eran por el favor de cambiar la información y el funcionario tenía acceso a cualquier campo en su computadora, y el poder que eso entraña.

Yo no puedo afirmar que el funcionario mexicano fuera corrupto y el estadounidense un modelo de probidad. Lo que sí se es que un sistema que le confiere tanta discrecionalidad a funcionarios menores (y mayores) es inmensamente propenso a la corrupción. Al funcionario estadounidense no se le podía ocurrir cobrar por el “servicio” porque no tenía ninguna posibilidad de proveerlo.

Si uno extrapola estos ejemplos a la vida cotidiana de la burocracia donde se deciden proyectos, compras, contratos, regulaciones y toda clase de permisos, licencias y concesiones, el potencial de corrupción es inmenso. La discrecionalidad en manos de funcionarios actuando sin contrapeso efectivo equivale a una ingente oportunidad para cometer actos arbitrarios. Si bien la burocracia federal enfrenta infinidad de mecanismos de revisión (que obviamente no impiden la corrupción), a nivel estatal y municipal ni siquiera eso existe.

Entonces, ¿no sería mejor eliminar tanto requisito de permiso y licencia que le confiere tantos poderes a las autoridades para favorecer a intereses particulares? ¿No sería mejor mover todas las transacciones de compras gubernamentales y contratos de todo tipo vía internet, a la vista de todo aquel que lo quiera ver? O sea, ¿no sería mejor abrir en lugar de cerrar, confiar en la transparencia real -no la legislada sino la que realmente permite ver- y en los mercados?

Luego de 500 años de historia -trescientos de colonia y doscientos de reino burocrático- sería razonable concluir que más requisitos y restricciones van a arrojar exactamente el mismo resultado: simulación e impunidad.

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Fueron años interminables de lujuria, con todos los vicios imaginables y más, los peores excesos. Disfrutaba la vida y no quería cambiar absolutamente nada. El poder y el dinero se acumulaban, todos le rendían pleitesía y muchos, la mayoría, le tenía miedo. Pocos osaban oponérsele. Pero pasó lo que tenía que pasar: en 1982, el doctor le dijo: bajas de peso o te mueres. Juan G. entendió el mensaje y se puso a dieta. Pero no entendió todo el mensaje: él no quería cambiar más que los indispensable: ¿para qué cambiar si todo está excelente? Lo operaron y regresó a un peso sostenible: de casi 150 kg pasó a 70 pero no cambió su estilo de vida. Sus privilegios y los de toda su cohorte no estaban en discusión, independientemente de lo que le dijeran los médicos. Ni su ropa. Ahí comenzaron los remiendos, los parches y los arreglitos.

El otrora gordo caminaba por las calles con una ropa enorme que no le quedaba. Se atoraba cada que daba un paso, golpeaba a los transeúntes sin siquiera darse cuenta. Tanto era el bagaje que no lograba enfocarse. Se le caían los pantalones y la bolsa de la camisa le quedaba a la altura de la nalga. Pero no: no iba a cambiar de ropa porque su integridad histórica era primero. Él no estaba dispuesto a modificar su forma de ser: con la operación había logrado lo que quería, que era sobrevivir y seguir disfrutando, como antes. Si, las circunstancias habían cambiado, pero con un poco de jarabe de pico se podía mantener el ritmo de vida. El mundo le debía la vida y no al revés.

Con todo, algunos cambios y ajustes eran indispensables e inevitables, pero siempre y cuando no alteraran lo esencial: no cedería nada. Una costurera la movió la bolsa de la camisa al lugar correcto, más o menos… El talabartero le hizo un cinturón de su tamaño pero la ropa seguía ajustada a las realidades del pasado. Se veía ridículo y sus movimientos eran por demás torpes, pero la vida era para disfrutarse, no para compartirse. De remiendo en remiendo, Juan G. iba por la vida como si nada. Pesaba menos pero sus vicios no habían cambiado ni en lo más mínimo: las fiestas, los excesos, los gastos. Había cambiado para que nada cambiara. Juan Gobierno seguía vivito y coleando. El país, bueno, eso es lo de menos.

En las últimas tres décadas se han llevado a cabo toda clase de reformas. En los ochenta, la crisis dictó lo inevitable, eso que ahora tiene que hacer Brasil: bajar de peso y adecuarse a la realidad mundana. Sin embargo, bajar de peso no fue suficiente: se redujo el gasto pero el país seguía sin funcionar. Fue así como comenzaron las reformas: la liberalización de importaciones, la desregulación de diversos sectores y el TLC. Esto produjo espacios de crecimiento y productividad. El TLC se convirtió en un régimen de excepción porque consistió, de facto, en la adopción de reglas internacionales. Se crearon salvaguardas -ajustes y remedios- para que Juan G. no tuviera que cambiar nada.

Años después vinieron reformas como la penal, que ahora debiera entrar en operación. Lo mismo para la corrupción y la transparencia. En todos y cada uno de estos casos se hizo como que se cambiaba pero con toda la intención de no modificar absolutamente nada de lo esencial: el objetivo no era construir un país moderno y dinámico sino preservar el régimen de privilegios. En lugar de discutir cómo implementar mejor las legislaciones aprobadas, el pleito sigue siendo sobre cómo evadirlas, como crear excepciones para que algo parezca que funciona pero sin cambiar nada.

El sistema político nacido al fin de la Revolución se adapta, más o menos, para no cambiar. Está dispuesto a incorporar a nuevos integrantes al paradigma del privilegio (como al PAN y al PRD) pero no a que el país crezca y se desarrolle porque eso implicaría dejar de ser lo que es y para qué es.

El problema ahora es que algunos de los remiendos que se han adoptado tienen consecuencias y son susceptibles de crear nuevos problemas, algunos potencialmente incontrolables. La reforma penal está incompleta y, de no concluirse en tiempo y forma, llevaría a la inevitable liberación de miles de reos, muchos de ellos violentos y peligrosos. La apertura económica a medias está condenando a niveles de crecimiento perennemente mediocres. El crecimiento del gasto merma el crecimiento. La falta de atención a los problemas de Pemex podría llevar a que la deuda pública crezca otros cinco puntos del PIB o quizá más. Los remiendos tienen límites porque no resuelven nada: lo único que logran es patear el bote hacia adelante hasta que la realidad se torna incontenible y peligrosa. Acaba siendo un auto engaño.

El gobierno -de hecho, el conjunto del Estado- tiene el enorme reto de responder ante una realidad que se deteriora con celeridad. ¿Cómo responderá? Sus opciones no son muchas, pero es claro que puede proceder de dos maneras: por un lado, podría atender lo urgente, aceptando sus errores y duplicidades para salir del hoyo, al menos por un rato. En algunos casos tendría que reconocer la inviabilidad de lo existente (como lo penal) y retractarse para evitar una catástrofe política y social. La alternativa: cambiar el paradigma, comprar ropa nueva y darle una oportunidad al país.

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Una medida clave de desarrollo es la calidad del gobierno, no tanto en términos de los líderes electos, sino precisamente lo opuesto: la burocracia que hace que el gobierno funcione de manera cotidiana, independientemente de los procesos político-legislativos de decisión. Lo que hace funcionar al gobierno en los países civilizados es la burocracia profesional que se encarga de la limpieza de las calles, el funcionamiento del sistema de justicia, la policía que vela por la seguridad y, en general, todo el servicio civil que hace que la vida evolucione de manera normal. Bajo este rasero, España se asemeja a cualquiera de los países desarrollados que funcionan independientemente del gobernante.

La diferencia entre gobierno y burocracia hace que una nación mantenga su estabilidad y la vida cotidiana siga sin tropiezos, independientemente de las disputas políticas. Cualquiera que haya observado la forma en que se comportan los europeos o estadounidenses en momentos de crisis puede atestiguar que nunca está en duda la operación cotidiana del gobierno, como sí ocurrió repetidamente en México en momentos por demás frágiles como cuando estuvo bloqueada Reforma en 2006. En esos países, mientras que el gobierno establece metas, criterios y regulaciones, la burocracia es responsable de su implementación de manera profesional y apartidista. El extremo es el Reino Unido, donde el único personaje que cambia cuando entra una nueva administración es el secretario respectivo, a quien le reporta el servidor público de más alto rango. Dentro de las secretarías y ministerios no hay nombramientos políticos: todos son profesionales. Algo similar ocurre en España. Esto es lo que permite que el gobierno funcione aún en momentos de incertidumbre como el que hoy vive la nación ibérica.

El contraste con México difícilmente podría ser mayor. Aquí todo cambia cada que entra un nuevo gobernante. En lugar de una burocracia profesional y eficiente, cada cambio de gobierno entraña la reinvención de la rueda y la acometida de una infinidad de nuevos funcionarios cuya credencial de acceso nada tiene que ver con sus habilidades sino con sus amistades y relaciones políticas. El fenómeno se extiende: lo mismo ocurre cada que cambia el jefe de una unidad y, peor, cuando cambia un secretario. Los equipos en el gobierno trabajan para su jefe, no para la ciudadanía. Esto explica que prácticamente nunca tengamos una persona experta en los puestos públicos, al menos experta en el asunto que concierne a su función nominal. Muchos son expertos en política y en amistad, y se adaptan a cualquier circunstancia; sin embargo, ninguno ve a la ciudadanía como su razón de ser ni mucho menos al gobierno como el responsable de que la vida cotidiana transcurra sin aspavientos.

La ausencia, por meses, de una coalición gobernante en España ha hecho patente otra cosa: no sólo funciona bien la economía, sino que podría funcionar mucho mejor si los agentes que ahí operan -empresarios, trabajadores, banqueros- no estuvieran sujetos a la infinidad de regulaciones y requerimientos que sólo se explican cuando un gobierno quiere hacer parecer que, pues, gobierna. En el artículo citado, el autor compara el desempeño de Inglaterra y Alemania después de la segunda guerra mundial: mientras que la economía alemana experimentó un extraordinario boom, la inglesa -toda regulada y planeada- apenas crecía. El hallazgo no es sorprendente: lo que un país requiere es una burocracia profesional que mantenga el bote funcionando y no necesita un gobierno que limita su capacidad de desarrollarse.

En México esa diferencia en inexistente. La economía española no es un dechado de virtudes en términos de simplicidad regulatoria, especialmente en lo laboral, pero sigue funcionando a pesar de no haber gobierno. Esto es algo que los políticos, especialmente los de Podemos y sus grandes planes de estatización real o virtual, seguramente no imaginaron ni calcularon. La lección para nosotros es, lamentablemente, muy distinta: a México le urge algo que no está en la agenda de ningún partido: una burocracia profesional, eficaz y competente.

*Bartholomew, James, Who needs governments? Spectator, April 28, 2017

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Según un viejo proverbio chino, hay tres cosas que nunca vuelven atrás: la flecha lanzada, la palabra pronunciada y la oportunidad perdida. La historia de México en las últimas décadas es, en buena medida, la del choque entre promesas excesivas y expectativas incontrolables. Pero peor que eso han sido las oportunidades perdidas o, quizá todavía más grave, las oportunidades desperdiciadas. La combinación explica en buena medida la desconfianza predominante, la volatilidad en las percepciones y lo difícil que ha sido para los gobiernos de las últimas décadas lograr y mantener la credibilidad de la población.

Lo más impactante es el choque entre realidades y percepciones. México ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. De una economía endeudada, introvertida y ensimismada pasamos a la globalización con una ingente capacidad creativa y productiva, convirtiéndonos en una de las potencias manufactureras del siglo XXI. En la política, pasamos de un sistema autoritario y totalmente obscuro a una democracia incipiente y con problemas, pero que elige a sus gobernantes (por distantes que sean), exhibe el abuso, la violencia y la corrupción. La combinación ciertamente no es óptima y el resultado a la fecha imperfecto porque no ha logrado su objetivo medular, el desarrollo integral, además de que ha dejado innumerables fallas, grandes diferencias de ingresos, vicios persistentes y procesos incompletos (o intocados). A pesar de ello, la realidad es infinitamente mejor a la que era hace treinta años.

El avance del país en estas décadas es innegable y la mejoría en niveles de vida palpable (y medible) y, sin embargo, el ánimo colectivo es negativo, por no decir catastrofista. Me atrevería a decir que la explicación de estos contrastes no reside en lo que se ha hecho, sino sobre todo en las enormes oportunidades que se han desperdiciado. Se ha prometido el Nirvana pero, a la hora de la hora, solo se llega al cielo y eso acaba siendo insuficiente. Claro que no estamos en el cielo, pero valga la metáfora: la realidad objetiva es infinitamente mejor que las percepciones. La pregunta es por qué es tan grande la distancia.

El TLC es un ejemplo tanto de aciertos como de insuficiencias: la envidia del mundo entero desde que se negoció porque ha permitido multiplicar las inversiones, elevar las exportaciones, crear empleos de alta productividad y consolidar la balanza de pagos. El TLC ha logrado todo eso para México, aunque no para toda la población ni para toda la economía: gracias a la falta de estrategias idóneas para integrar a toda la economía en este círculo de éxito, el TLC, por trascendente que es, no le ha dado todo su potencial al conjunto del país. A pesar de sus enormes beneficios, el TLC sigue siendo una oportunidad desperdiciada para un gran número de mexicanos.

Fox logró lo que parecía imposible al derrotar al partido de Estado, pero tan pronto llegó a los Pinos se durmió en sus laureles, ignoró la razón de su éxito y desperdició la oportunidad de crear una nueva plataforma política y de crecimiento económico. Fox no le hizo daño al país (un hito en sí mismo), pero no hizo suyo el momento que él mismo creó. Otro choque de promesas y expectativas.

El gobierno del presidente Peña promovió un paquete de reformas extraordinariamente ambicioso pero se atoró cuando los costos de implementación comenzaron a apilarse. Como con el TLC, las reformas, al menos algunas, irán rindiendo frutos en el tiempo, pero los pasos en falso ya tuvieron su costo: la promesa del gobierno eficaz acabó siendo solo eso, una promesa. Otro abono al choque de expectativas.

Estos tres ejemplos ilustran nuestra forma de ser: no es que no avancemos, sino que tendemos a dar dos pasos hacia adelante, para luego echarnos uno hacia atrás. El progreso es palpable y real, pero la percepción acaba siendo lo opuesto, sobre todo porque esos dos pasos se sobrevenden de manera tan excesiva que jamás es posible lograr lo prometido. La población acaba midiendo lo que no se hizo en lugar de reconocer lo mucho que efectivamente se avanzó.

El TLC es el pilar y motor de la economía mexicana; sin TLC estaríamos igual que nuestros vecinos al sur del hemisferio. Fox no cambió al país, pero la derrota del PRI rompió con el monopolio del poder, separó al PRI de la presidencia y, con ello, impidió que volviera a ser posible el tipo de control y centralización que era el corazón del autoritarismo. Reformas como la de energía y, potencialmente, la educativa, son susceptibles de transformar radicalmente al país. En una palabra, el país es mucho mejor hoy que hace treinta años. Lo que no es mejor es el sistema de gobierno que tenemos, que es de donde nace ese choque de expectativas y oportunidades perdidas.

La causa de tantas oportunidades perdidas reside en la distancia, hasta hoy infranqueable, entre los políticos y la ciudadanía. Los gobernantes mexicanos –de todos los partidos- gozan de formidables protecciones que les permiten prometer el Nirvana sin jamás tener que cumplir. Todavía peor, algo exacerbado en el gobierno actual, no se sienten obligados ni siquiera a dar explicaciones de su pobre desempeño.

Un mejor arreglo político resolvería estos entuertos. Lo paradójico –inexplicable- es que nuestros gobernantes prefieran el oprobio que intentar procurar un nuevo arreglo o, al menos reconocer que lo existente no funciona. Como con el proverbio chino, parecen preferir la flecha lanzada, la palabra pronunciada y la oportunidad perdida.

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