Luis Rubio

Hace más o menos 25 años, Mariano Grondona, perspicaz observador argentino, explicaba su escepticismo sobre las reformas liberalizadoras de aquella era. Su argumento era doble: por un lado, decía, “venimos de unas décadas en las cuales se llegó a pensar que el Estado es la panacea… ahora corremos el riesgo de creer que sea el mercado esa panacea”. Por otro lado, se preguntaba si “¿es el capitalismo un movimiento que cuando suspendamos los controles emerge naturalmente?… América Latina tiene raíces culturales que no son capitalistas. Nuestra estructura está basada en la familia, no en la sociedad. Nuestra idea es que la familia es el modelo y el Estado es como el padre protector de una gran familia. De ahí venimos. Y no creo que eso pueda cambiar simplemente con sacar las reglas y dejar que el mercado opere mágicamente”.  “Lo que ha muerto es creer que el Estado lo va a arreglar todo”.

Veinticinco años y muchas crisis después, las palabras de Grondona me siguen impactando. No sólo anticipaba con clarividencia los problemas de su propio país, sino que su escepticismo ha sido bien justificado. Aunque es innegable que, al menos en algunos países, comenzando por México, ha habido un gran progreso material en estas décadas, también es evidente que estamos lejos de haber consolidado un camino sólido hacia el crecimiento y el desarrollo.

México ha logrado consolidar un poderoso motor de crecimiento en las exportaciones pero se ha rezagado dramáticamente en el mercado interno. Dos cosas ilustran lo anterior: una es, simple y llanamente, las diferencias en el crecimiento de la productividad; mientras que las empresas y sectores exportadores muestran espectaculares tasas de crecimiento de la productividad, el sector manufacturero tradicional experimenta una productividad negativa año con año. Así, aunque el promedio de crecimiento en la productividad se ve tétrico, ese número esconde más de lo que revela, y lo que revela es un problema político y social que sucesivos gobiernos han estado indispuestos a atacar: han preferido el statu quo, así implique éste un empobrecimiento sistemático, que el riesgo del proceso de cambio y ajuste que sería necesario llevar a cabo para darle una oportunidad de crecimiento a esa economía rezagada. La preocupación por el riesgo es razonable, toda vez que algo así como el 80% de la población empleada en manufacturas se concentra en la economía “vieja”, pero las consecuencias de seguir por ese camino no son nada promisorias: baste ver otros casos al sur del continente.

El otro ejemplo ocurrió en 2009. Cuando comenzó la crisis estadounidense, muchos economistas anticipaban que, dado que el país exporta el equivalente a la tercera parte del PIB, la contracción de nuestra economía sería aproximadamente de una tercera parte de la recesión estadounidense. Pero ocurrió lo contrario: la contracción fue tres veces superior. En lugar de que la economía interna sacara al país a flote, su contracción evidenció su dependencia respecto a la demanda generada por la derrama económica que producen las exportaciones.

El gobierno actual está intentando construir un nuevo motor de crecimiento en la forma de gasto público deficitario e inversión en infraestructura. No se trata de una forma innovadora de promover el crecimiento pero, dado el evidente déficit en infraestructura que padece el país, todo ayuda. El problema radica en otra parte: como vimos entre los setenta y los noventa, ese no es un motor que pueda ser perdurable porque entraña el riesgo de exacerbar el crecimiento de las importaciones y, con ello, una crisis cambiaria. Con esto no pretendo ser catastrofista: con mesura todo funciona;  pero los antecedentes históricos no son generosos en pruebas de mesura y moderación.

La viabilidad de largo plazo de la economía reside en algo que Grondona entendía muy bien: la única forma de lograr el desarrollo es mediante la constitución de un mercado fuerte y de un Estado fuerte, ambos en contrapeso, limitando los excesos de cada uno. Un mercado fuerte impide que el gobierno se extralimite y emprenda políticas contraproducentes y costosas. Un gobierno fuerte establece reglas del juego para que el mercado pueda funcionar con eficacia. Todos los países exitosos tienen una buena combinación de estos dos factores.

Simplificando, sin afán de generalizar en exceso, me parece que hay dos tipos de países: los que cuentan con un equilibrio entre Estado y mercado (equilibrio muy distinto en Hong Kong que en Francia, pero ambos con mercado y gobierno fuertes) y los que no lo tienen. Muy pocos países han logrado transitar de estructuras económicas y estatales precarias a un mercado consolidado. La crisis europea de los últimos años ha exhibido tanto la ausencia de equilibrio en algunas naciones (vgr. Grecia) como lo insostenible del equilibrio existente en otros (vgr. España).

Pero sólo un puñado de naciones ha logrado una transición exitosa: ejemplos evidentes son Corea y Chile. La fortaleza de estas dos naciones reside en haberse dedicado a construir los cimientos y andamios de una economía y Estado modernos. Cada uno siguió su camino particular y ninguno fue libre de abusos y violencia, pero ambos tienen algo importante que enseñarnos. La pregunta es por qué nuestra propensión a querer imitar casos perdedores (o, al menos, no ganadores) como Brasil, en lugar de observar a los que han dado el gran salto. Ese es nuestro reto y si el gobierno no lo intenta, acabará igual que todos los anteriores.

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@lrubiof

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 AMERICA ECONOMIA – Luis Rubio

La realidad se construye por la acumulación de acciones e inacciones, decisiones y omisiones. Aquí van algunas observaciones sobre México.

1.-La captura de “El Chapo” y la muerte de Nazario Moreno reabrieron el debate sobre la seguridad y las semejanzas o diferencias entre la administración anterior y la actual. ¿Hay diferencias? La evidencia sugiere que la única diferencia notable reside en la estrategia de comunicación, donde el gobierno del presidente Peña Nieto se pinta solo. La forma de actuar del gobierno sugiere eficacia y competencia pero, al menos en este asunto, no cabe ni la menor duda que la suerte también juega su parte. Los responsables de ambos hechos –policías, marinos, ejército- son los mismos y es claro que el gobierno actual no tiene una estrategia, en lo policiaco-militar, distinta al anterior. El tiempo dirá si su manejo político, en Michoacán, arroja resultados diferentes.

2.-El dilema de la competencia es más complejo de lo que sugiere la discusión en torno a la declaración de “preponderancia” que emitió el recientemente creado IFETEL. No hay duda de la dominancia de dos empresas en televisión y telecomunicaciones, respectivamente, pero las soluciones no son simples, en buena parte por el cambio tecnológico que ha tenido lugar en las últimas décadas.  Hay varias cosas que me parecen evidentes, algunas aparentemente contradictorias: a) el gran tema de hoy en telecomunicaciones es acceso a las redes móviles y a Internet. La exigencia de apertura a otras empresas, en igualdad de condiciones, parece lógica y conducente a la creación de un bien público –la interconexión- que, valga decirlo, debió ser el criterio original de la privatización hace más de dos décadas; b) el tema de la televisión ha cambiado en un sentido y permanece en otro: por una parte, el futuro de la televisión radica en redes cerradas, vía Internet y teléfonos móviles, lo que los expertos llaman “triple play”, circunstancia que pone en duda la viabilidad, y atractivo económico, de la televisión abierta, al menos en el largo plazo. Por otro lado, el escarnio y desaprobación respecto a las televisoras quizá tenga menos que ver con su dominancia que con la percepción de que se dedican menos al entretenimiento como afirman que a la manipulación política. En esta perspectiva, Carlos Slim, que no es percibido en el mundo político como un actor político sino como un empresario encumbrado, puede bien ser una solución para el dilema de la televisión: un competidor creíble; c) la resolución de IFETEL todavía está por aterrizarse con criterios concretos, algunos de los cuales, supongo, se derivarían de la ley secundaria que todavía está por ser debatida, pero es importante que su consejo entienda que la competencia es un medio, no un objetivo. También es clave preguntar si IFETEL actuó de manera autónoma, si respondió al clamor de la galería que exige “pegarle” a los grandes o si existe una institución con fuerza en ciernes, capaz de enfrentar al gobierno y a los poderosos, aunque eso la haga impopular, asunto nada pequeño a la luz de lo que vendrá en energía. No menos importante es el asunto de no dividir a las empresas declaradas preponderantes, mensaje también relevante para otros sectores de la economía donde, por razones históricas, diversas empresas tienen presencia significativa en sus respectivos mercados.

3.-La celebración del aniversario 85 de la fundación del PRI constituye un hito no tanto por la longevidad del partido, sino por su evidente resurrección, y lo que eso implica. Los priistas se aprestan a recuperar el control legislativo en 2015 y todas sus acciones están encaminadas a ese objetivo. Visto en retrospectiva, es evidente que el PRI nunca se fue y los panistas, quizá en su mayor torpeza, no fueron capaces de desmontar el andamiaje que sustentaba sus redes de poder. Pero el “retorno” de un PRI que nunca tuvo que reformarse dice mucho sobre la cultura política del país y sobre su característica excepcional como grupo disciplinado, pragmático, capaz de construir y reorganizar su maquinaria electoral, desarrollar nuevos métodos para construir y nutrir a sus clientelas y centralizar el mando. También dice mucho de una oposición cuya debilidad determina el éxito del PRI. Nadie sabe qué ocurrirá en las elecciones del año próximo, pero hay tres temas sobre los cuales vale la pena reflexionar: primero, la popularidad del presidente no es lo que era antes y esto podría anticipar que el 2015 no necesariamente será como 1991 cuando Salinas arrasó; segundo, la economía es siempre un factor crucial en materia electoral y la situación actual no es exactamente boyante; finalmente, tanto el PAN como la izquierda se encuentran sumidos en un caos, cada uno de naturaleza propia. Quizá la pregunta pertinente es menos si el PRI dominará los próximos procesos electorales que si los otros partidos serán capaces de resurgir como contrapesos efectivos frente a un partido que ya no es “de Estado” pero que tiene toda la capacidad de imponerse cuando la oposición es débil, como prueba el propio Pacto. Por el lado del PRI, la pregunta es cuál de los PRIs dominaría el futuro, porque su naturaleza histórica como partido de grupos sigue vivita y coleando.

4.-Quizá lo más interesante del 2015 sea la disputa por la ciudad de México. Unos buscarán convertirlo en estado, otros querrán recuperarlo electoralmente. Seguramente ninguno se saldrá con la suya, pero en el PRI reverbera el grito foxista de, parafraseado, “sacar al PRD del DF”.

Luis Rubio

La realidad se construye por la acumulación de acciones e inacciones, decisiones y omisiones Aquí van algunas observaciones.

1. La captura de “El Chapo” y la muerte de Nazario Moreno reabrieron el debate sobre la seguridad y las semejanzas o diferencias entre la administración anterior y la actual. ¿Hay diferencias? La evidencia sugiere que la única diferencia notable reside en la estrategia de comunicación, donde el gobierno del presidente Peña Nieto se pinta solo. La forma de actuar del gobierno sugiere eficacia y competencia pero, al menos en este asunto, no cabe ni la menor duda que la suerte también juega su parte. Los responsables de ambos hechos –policías, marinos, ejército- son los mismos y es claro que el gobierno actual no tiene una estrategia, en lo policiaco-militar, distinta al anterior. El tiempo dirá si su manejo político, en Michoacán, arroja resultados diferentes.

2. El dilema de la competencia es más complejo de lo que sugiere la discusión en torno a la declaración de “preponderancia” que emitió el recientemente creado IFETEL. No hay duda de la dominancia de dos empresas en televisión y telecomunicaciones, respectivamente, pero las soluciones no son simples, en buena parte por el cambio tecnológico que ha tenido lugar en las últimas décadas.  Hay varias cosas que me parecen evidentes, algunas aparentemente contradictorias: a) el gran tema de hoy en telecomunicaciones es acceso a las redes móviles y a Internet. La exigencia de apertura a otras empresas, en igualdad de condiciones, parece lógica y conducente a la creación de un bien público –la interconexión- que, valga decirlo, debió ser el criterio original de la privatización hace más de dos décadas; b) el tema de la televisión ha cambiado en un sentido y permanece en otro: por una parte, el futuro de la televisión radica en redes cerradas, vía Internet y teléfonos móviles, lo que los expertos llaman “triple play”, circunstancia que pone en duda la viabilidad, y atractivo económico, de la televisión abierta, al menos en el largo plazo. Por otro lado, el escarnio y desaprobación respecto a las televisoras quizá tenga menos que ver con su dominancia que con la percepción de que se dedican menos al entretenimiento como afirman que a la manipulación política. En esta perspectiva, Carlos Slim, que no es percibido en el mundo político como un actor político sino como un empresario encumbrado, puede bien ser una solución para el dilema de la televisión: un competidor creíble; c) la resolución de IFETEL todavía está por aterrizarse con criterios concretos, algunos de los cuales, supongo, se derivarían de la ley secundaria que todavía está por ser debatida, pero es importante que su consejo entienda que la competencia es un medio, no un objetivo. También es clave preguntar si IFETEL actuó de manera autónoma, si respondió al clamor de la galería que exige “pegarle” a los grandes o si existe una institución con fuerza en ciernes, capaz de enfrentar al gobierno y a los poderosos, aunque eso la haga impopular, asunto nada pequeño a la luz de lo que vendrá en energía. No menos importante es el asunto de no dividir a las empresas declaradas preponderantes, mensaje también relevante para otros sectores de la economía donde, por razones históricas, diversas empresas tienen presencia significativa en sus respectivos mercados.

3. La celebración del aniversario 85 de la fundación del PRI constituye un hito no tanto por la longevidad del partido, sino por su evidente resurrección, y lo que eso implica. Los priistas se aprestan a recuperar el control legislativo en 2015 y todas sus acciones están encaminadas a ese objetivo. Visto en retrospectiva, es evidente que el PRI nunca se fue y los panistas, quizá en su mayor torpeza, no fueron capaces de desmontar el andamiaje que sustentaba sus redes de poder. Pero el “retorno” de un PRI que nunca tuvo que reformarse dice mucho sobre la cultura política del país y sobre su característica excepcional como grupo disciplinado, pragmático, capaz de construir y reorganizar su maquinaria electoral, desarrollar nuevos métodos para construir y nutrir a sus clientelas y centralizar el mando. También dice mucho de una oposición cuya debilidad determina el éxito del PRI. Nadie sabe qué ocurrirá en las elecciones del año próximo, pero hay tres temas sobre los cuales vale la pena reflexionar: primero, la popularidad del presidente no es lo que era antes y esto podría anticipar que el 2015 no necesariamente será como 1991 cuando Salinas arrasó; segundo, la economía es siempre un factor crucial en materia electoral y la situación actual no es exactamente boyante; finalmente, tanto el PAN como la izquierda se encuentran sumidos en un caos, cada uno de naturaleza propia. Quizá la pregunta pertinente es menos si el PRI dominará los próximos procesos electorales que si los otros partidos serán capaces de resurgir como contrapesos efectivos frente a un partido que ya no es “de Estado” pero que tiene toda la capacidad de imponerse cuando la oposición es débil, como prueba el propio Pacto. Por el lado del PRI, la pregunta es cuál de los PRIs dominaría el futuro, porque su naturaleza histórica como partido de grupos sigue vivita y coleando.

4. Quizá lo más interesante del 2015 sea la disputa por la ciudad de México. Unos buscarán convertirlo en estado, otros querrán recuperarlo electoralmente. Seguramente ninguno se saldrá con la suya, pero en el PRI reverbera el grito foxista de, parafraseado, “sacar al PRD del DF”.

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AMERICA ECONOMIA – Luis Rubio

 Primero se aprobaron las reformas constitucionales, ahora todo está concentrado en las leyes secundarias. Luego vendrá la parte más importante, la ley terciaria: la realidad. «Una de las cosas bellas de la realidad, dice el filósofo James Morris, es que es lo que es, independientemente de lo que se diga al respecto». Podría haber estado hablando del proceso legislativo mexicano: en los meses pasados, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mostró lo efectiva -y trascendente- que es esta tercera etapa. Habría que incorporar esta perspectiva en el proceso de redacción de la ley secundaria en energía…

La realidad tiene distintas dimensiones. La más obvia, porque es pública, al menos en forma, es la que tiene lugar en el entorno legislativo propiamente dicho: al menos en teoría, ahí se presentan todas las posturas, intereses y actores relevantes. En un país serio ahí comenzaría y terminaría el proceso. En nuestro caso, esa dinámica está siendo muy distinta este año que la del pasado: para los que cuentan -quienes se verían afectados o beneficiados por el nuevo esquema legal- las reformas constitucionales pueden cambiar el contexto, pero lo que realmente cuenta es la ley reglamentaria y es ahí, este año, en que todos los intereses «de adentro» están haciendo sentir su peso.

Este año va a ser crucial para el futuro del país. Luego del huracán constitucional del año pasado, lo que viene va a definir qué clase de economía tendremos y, sin duda, qué clase de país construiremos.

Otra dimensión de la realidad es la que tiene lugar después del proceso: en las calles y en las plantas, o sea, en la realidad mundana. Esa es la verdadera prueba de la viabilidad de una ley.Las burocracias, sindicatos, contratistas, mafias y otros actores en cada uno de los sectores afectados pueden ser tan ruidosos como la CNTE o tan sutiles como sería un burócrata en control de un activo neurálgico, pero ambos tienen el mismo efecto: paralizar o “adecuar” la reforma en la práctica. En cierta forma, la CNTE fue una anomalía en este último año por el descabezamiento del sindicato. Su fuerza habría sido mucho menor bajo el escenario del statu quo ante.

Sea como fuere, en 2014 son obvios dos procesos: el legislativo y el real, la ley terciaria, y esta última suele ser mucho más trascendente y relevante que los deseos del reformador más agudo y decidido. Nuevamente, el ejemplo de la CNTE es útil simplemente por la enorme debilidad del Estado: si ni la paz puede garantizar, ¿cómo esperar que va a lograr aterrizar esa palabra exquisita del lenguaje burocrático, la «rectoría» del Estado?

No hay que ir muy lejos para imaginar lo complejo de lo que viene y, dentro de ello, el enorme número de oportunidades para paralizar una reforma como la energética. Sin conocer mayor cosa del sector, algunas áreas clave son: licitaciones, regulación, credibilidad del regulador, interconexión (ductos, cables, redes eléctricas), competencia. En el pasado ha habido infinidad de licitaciones para contratos de diverso tipo en Pemex que, aunque formalmente internacionales y transparentes, acaban siendo acaparadas por dos o tres ingenieros porque las reglas de la licitación eran tan caprichudas que sólo ellos podían satisfacerlas. Obviamente esto no era producto de la casualidad.

Este año va a ser crucial para el futuro del país. Luego del huracán constitucional del año pasado, lo que viene va a definir qué clase de economía tendremos y, sin duda, qué clase de país construiremos. La transformación que, al menos en potencia, ha sido legislada es tan enorme que la ley secundaria va a requerir un gran cuidado y, a la vez, va a ser sujeto de presiones interminables por parte de todos los actores: desde los reformadores que aunque no tienen interés particular, con frecuencia suponen más de lo que saben, lo que lleva a plasmar errores garrafales en la ley, hasta las decenas de grupos y personas cuyos intereses van de por medio. Encima de lo anterior vendrán los actores ideológicos que, pretendiendo salvar a la república, incorporarán toda clase de restricciones en la forma de un lenguaje barroco que luego permita toda latitud a los abogados y tribunales.

Para complicar el asunto, por razones obvias de nuestra historia, en México no tenemos mayor experiencia en asuntos energéticos desde la perspectiva legal porque la realidad no lo requería. Este hecho no es bueno ni malo en sí mismo, pero implica que, cualquiera que sea el resultado del trabajo legislativo, la ley que emerja  va a ser la plataforma que se empleará para decidir litigios cuando estos se presenten. Dada la forma tan abrupta en que se aprobó la reforma constitucional, nuestra propensión a producir entuertos legislativos ininteligibles (y saturados de lenguaje confuso diseñado ex profeso para darle discrecionalidad a la autoridad), y la arbitrariedad con que se deciden cosas de manera cotidiana, el potencial de conflicto es infinito. Si el objetivo es atraer capital del exterior, capital por fuerza de largo plazo, todo mundo debe saber que los litigantes estarán un paso atrás de cada decisión.

En pocas palabras, la realidad se va a imponer independientemente de las preferencias de todos los involucrados. La ley terciaria es siempre definitiva y brutal y, peor, como decía Maquiavelo en sus historias florentinas, «los ganadores, ganen como sea, no tienen vergüenza». A quienes resulten ganadores o perdedores, en lo que salga en la reforma se les va la vida y por lo tanto harán todo lo posible por impedirla, adecuarla a sus necesidades o neutralizarla. Quizá la CNTE sea muy obvia y burda en sus formas y planteamientos pero nadie puede cerrar los ojos ante su evidente victoria en el terreno que cuenta, el de la realidad.

http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/2014-ano-clave-para-saber-que-pais-construiremos-en-mexico

          Luis Rubio

Primero se aprobaron las reformas constitucionales, ahora todo está concentrado en las leyes secundarias. Luego vendrá la parte más importante, la ley terciaria: la realidad. «Una de las cosas bellas de la realidad, dice el filósofo James Morris, es que es lo que es, independientemente de lo que se diga al respecto». Podría haber estado hablando del proceso legislativo mexicano: en los meses pasados, la CNTE mostró lo efectiva -y trascendente- que es esta tercera etapa. Habría que incorporar esta perspectiva en el proceso de redacción de la ley secundaria en energía…

La realidad tiene distintas dimensiones. La más obvia, porque es pública, al menos en forma, es la que tiene lugar en el entorno legislativo propiamente dicho: al menos en teoría, ahí se presentan todas las posturas, intereses y actores relevantes. En un país serio ahí comenzaría y terminaría el proceso. En nuestro caso, esa dinámica está siendo muy distinta este año que la del pasado: para los que cuentan -quienes se verían afectados o beneficiados por el nuevo esquema legal- las reformas constitucionales pueden cambiar el contexto, pero lo que realmente cuenta es la ley reglamentaria y es ahí, este año, en que todos los intereses «de adentro» están haciendo sentir su peso.

Otra dimensión de la realidad es la que tiene lugar después del proceso: en las calles y en las plantas, o sea, en la realidad mundana. Esa es la verdadera prueba de la viabilidad de una ley. Las burocracias, sindicatos, contratistas, mafias y otros actores en cada uno de los sectores afectados pueden ser tan ruidosos como la CNTE o tan sutiles como sería un burócrata en control de un activo neurálgico, pero ambos tienen el mismo efecto: paralizar o “adecuar” la reforma en la práctica. En cierta forma, la CNTE fue una anomalía en este último año por el descabezamiento del sindicato. Su fuerza habría sido mucho menor bajo el escenario del statu quo ante.

Sea como fuere, en 2014 son obvios dos procesos: el legislativo y el real, la ley terciaria, y esta última suele ser mucho más trascendente y relevante que los deseos del reformador más agudo y decidido. Nuevamente, el ejemplo de la CNTE es útil simplemente por la enorme debilidad del Estado: si ni la paz puede garantizar, ¿cómo esperar que va a lograr aterrizar esa palabra exquisita del lenguaje burocrático, la «rectoría» del Estado?

No hay que ir muy lejos para imaginar lo complejo de lo que viene y, dentro de ello, el enorme número de oportunidades para paralizar una reforma como la energética. Sin conocer mayor cosa del sector, algunas áreas clave son: licitaciones, regulación, credibilidad del regulador, interconexión (ductos, cables, redes eléctricas), competencia. En el pasado ha habido infinidad de licitaciones para contratos de diverso tipo en PEMEX que, aunque formalmente internacionales y transparentes, acaban siendo acaparadas por dos o tres ingenieros porque las reglas de la licitación eran tan caprichudas que sólo ellos podían satisfacerlas. Obviamente esto no era producto de la casualidad.

Este año va a ser crucial para el futuro del país. Luego del huracán constitucional del año pasado, lo que viene va a definir qué clase de economía tendremos y, sin duda, qué clase de país construiremos. La transformación que, al menos en potencia, ha sido legislada es tan enorme que la ley secundaria va a requerir un gran cuidado y, a la vez, va a ser sujeto de presiones interminables por parte de todos los actores: desde los reformadores que aunque no tienen interés particular, con frecuencia suponen más de lo que saben, lo que lleva a plasmar errores garrafales en la ley, hasta las decenas de grupos y personas cuyos intereses van de por medio. Encima de lo anterior vendrán los actores ideológicos que, pretendiendo salvar a la república, incorporarán toda clase de restricciones en la forma de un lenguaje barroco que luego permita toda latitud a los abogados y tribunales.

Para complicar el asunto, por razones obvias de nuestra historia, en México no tenemos mayor experiencia en asuntos energéticos desde la perspectiva legal porque la realidad no lo requería. Este hecho no es bueno ni malo en sí mismo, pero implica que, cualquiera que sea el resultado del trabajo legislativo, la ley que emerja  va a ser la plataforma que se empleará para decidir litigios cuando estos se presenten. Dada la forma tan abrupta en que se aprobó la reforma constitucional, nuestra propensión a producir entuertos legislativos ininteligibles (y saturados de lenguaje confuso diseñado ex profeso para darle discrecionalidad a la autoridad), y la arbitrariedad con que se deciden cosas de manera cotidiana, el potencial de conflicto es infinito. Si el objetivo es atraer capital del exterior, capital por fuerza de largo plazo, todo mundo debe saber que los litigantes estarán un paso atrás de cada decisión.

En pocas palabras, la realidad se va a imponer independientemente de las preferencias de todos los involucrados. La ley terciaria es siempre definitiva y brutal y, peor, como decía Maquiavelo en sus historias florentinas, «los ganadores, ganen como sea, no tienen vergüenza». A quienes resulten ganadores o perdedores, en lo que salga en la reforma se les va la vida y por lo tanto harán todo lo posible por impedirla, adecuarla a sus necesidades o neutralizarla. Quizá la CNTE sea muy obvia y burda en sus formas y planteamientos pero nadie puede cerrar los ojos ante su evidente victoria en el terreno que cuenta, el de la realidad.

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 América Economía – Luis Rubio

La detención de El Chapo es de enorme importancia, pero su trascendencia dependerá de lo que se haga a partir de ahora. Todavía es prematuro aventurar conclusiones, pero sí es posible elucubrar sobre sus potenciales implicaciones.

La propaganda en torno a El Chapo me ha hecho recordar la caracterización que de Adolph Eichmann hizo Hannah Arendt cuando cubrió su juicio en Jerusalém. Aunque es evidente que el Holocausto nada tiene que ver -en dimensiones, escala, trascendencia, horror o maldad- con el narco, la fotografía del personaje de Sinaloa permite observar que se trata de un mero eslabón de una larga cadena donde el individuo, aislado de su mafia, no es más que un simple «funcionario» mas. Por eso, por más que sea meritoria su captura, el problema que asedia a la población –extorsión y secuestro- no cambia con la detención de un capo, sino exige atención a todo el sistema que lo hace posible. La gran pregunta es si esta detención envalentonará al gobierno para enfrentar el verdadero desafío.

El problema que asedia a la población –extorsión y secuestro- no cambia con la detención de un capo, sino exige atención a todo el sistema que lo hace posible. La gran pregunta es si esta detención envalentonará al gobierno para enfrentar el verdadero desafío.

El gobierno tiene razón en autofelicitarse y nadie puede escatimarle el crédito de haber capturado a quien, por tantos años, se había burlado del sistema de justicia. El gobierno se puede vanagloriar de su eficacia, pero ahora tendrá que demostrar que realmente está dispuesto a diseñar y hacer valer una estrategia que trascienda el asunto del individuo en cuestión o, incluso, del negocio del narco en su conjunto, para atender el tema que yace en el fondo, que es la seguridad de la población y la ausencia de un gobierno eficaz que la haga efectiva.

La captura es importante por su simbolismo: a partir de ahora se podría desarrollar un plan serio de lucha contra la impunidad, pero en esto la historia no es encomiable. A pesar de la narrativa que con celeridad se construyó respecto a la mecánica de la detención, la información proveniente del exterior sugiere que no hubo nada excepcional en el actuar de las fuerzas de seguridad. Fueron entidades estadounidenses las que aportaron los datos cruciales que hicieron posible que la Marina capturara al capo con tanta limpieza y eficacia. Nada malo en ello, pero hizo patente que no existe una nueva estrategia.

El asunto de la estrategia es más relevante de lo que se pudiera pensar. En primer lugar, cabe preguntarse si en realidad existe la convicción de que es necesario reconstituir a las instituciones responsables de garantizar la seguridad de la población. Aunque hace un año el presidente lanzó elogios a la reforma policiaca de Nuevo León, no hay indicio alguno de que ésta, u otra, se esté aplicando para lograr lo que a todas luces es medular: desarrollar capacidad policiaca y judicial a nivel estatal y local.

En segundo lugar, si efectivamente no existe una estrategia de seguridad, ¿seguimos con la estrategia estadounidense de “cortar cabezas”? En concepto, la búsqueda de capos y su “eliminación” o encarcelamiento tiene todo el sentido del mundo porque se avanza la causa de la justicia y se ataca la impunidad de frente. Sin embargo, esa estrategia quizá sea viable o idónea para el territorio norteamericano donde existen autoridades policiacas y judiciales funcionales en los tres niveles de gobierno: cuando se detiene a un capo, las policías locales actúan contra el resto de la mafia involucrada y, usualmente, logran desarticular a la organización en su conjunto. La experiencia de México y, no sobra decirlo, de Irak, sugiere que esa estrategia es contraproducente donde no existe una similar estructura de autoridad, porque la captura del capo no conduce al desmantelamiento de la organización, sino a su fragmentación, con el consecuente ascenso en los niveles de violencia. Con esto no quiero sugerir que se debe abandonar la búsqueda y captura de líderes, pero sí que no es suficiente, ni siquiera lo más relevante.

Ahí yace el problema: existe la posibilidad, nada remota, de que la detención del gran capo se convierta en un trofeo de vitrina que, como en el caso de la lideresa de los maestros, no tenga trascendencia más que en cuanto al efímero beneficio de hacer aparecer al gobierno como más eficaz de lo que realmente es. Por ello, toca ahora al gobierno determinar cómo usará la detención, confiadamente de manera más efectiva y perdurable que en el caso anterior.

Porque, a final de cuentas, el verdadero problema de México no reside en el narcotráfico, sino en la incapacidad de nuestro sistema de gobierno (en los tres niveles) de mantener la paz, proteger a la población y crear un clima de estabilidad para que sea posible que la economía progrese. Nadie le puede pedir al gobierno, a sólo un año de inaugurado, que entregue cuentas perfectas, pero es claro que no hay una estrategia que conduzca a ese fortalecimiento institucional (comenzando por policías y poder judicial), donde yace la única posibilidad de, eventualmente, resolver los problemas de seguridad del país.

Mark Kleiman afirma que la clave reside en utilizar la capacidad policiaca y judicial existente para imponerle a las mafias del narcotráfico reglas y límites tan severos –aunque modestos al inicio- como sea capaz de hacer cumplir, seguido de un fortalecimiento sistemático de esa capacidad hasta que logre imponer la paz y limitar el actuar de los narcos estrictamente al movimiento de sus mercancías hacia el norte. La captura de El Chapo permite darle vuelo a una estrategia así, pero sólo funcionará si de verdad se diseña y hace funcionar. Para eso la retórica es insuficiente: se requiere actuar.

http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/la-detencion-de-el-chapo-y-la-oportunidad-de-crear-una-estrategia-de-seguridad

Luis Rubio

La detención de “El Chapo” es de enorme importancia pero su trascendencia dependerá de lo que se haga a partir de ahora. Todavía es prematuro aventurar conclusiones, pero sí es posible elucubrar sobre sus potenciales implicaciones.

La propaganda en torno al Chapo me ha hecho recordar la caracterización que de Adolph Eichmann hizo Hannah Arendt cuando cubrió su juicio en Jerusalém. Aunque es evidente que el holocausto nada tiene que ver -en dimensiones, escala, trascendencia, horror o maldad- con el narco, la fotografía del personaje de Sinaloa permite observar que se trata de un mero eslabón de una larga cadena donde el individuo, aislado de su mafia, no es más que un simple «funcionario» mas. Por eso, por más que sea meritoria su captura, el problema que asedia a la población –extorsión y secuestro- no cambia con la detención de un capo sino exige atención a todo el sistema que lo hace posible. La gran pregunta es si esta detención envalentonará al gobierno para enfrentar el verdadero desafío.

El gobierno tiene razón en auto felicitarse y nadie puede escatimarle el crédito de haber capturado a quien, por tantos años, se había burlado del sistema de justicia. El gobierno se puede vanagloriar de su eficacia pero ahora tendrá que demostrar que realmente está dispuesto a diseñar y hacer valer una estrategia que trascienda el asunto del individuo en cuestión o, incluso, del negocio del narco en su conjunto, para atender el tema que yace en el fondo, que es la seguridad de la población y la ausencia de un gobierno eficaz que la haga efectiva.

La captura es importante por su simbolismo: a partir de ahora se podría desarrollar un plan serio de lucha contra la impunidad, pero en esto la historia no es encomiable. A pesar de la narrativa que con celeridad se construyó respecto a la mecánica de la detención, la información proveniente del exterior sugiere que no hubo nada excepcional en el actuar de las fuerzas de seguridad. Fueron entidades estadounidenses las que aportaron los datos cruciales que hicieron posible que la Marina capturara al capo con tanta limpieza y eficacia. Nada malo en ello, pero hizo patente que no existe una nueva estrategia.

El asunto de la estrategia es más relevante de lo que se pudiera pensar. En primer lugar, cabe preguntarse si en realidad existe la convicción de que es necesario reconstituir a las instituciones responsables de garantizar la seguridad de la población. Aunque hace un año el presidente lanzó elogios a la reforma policiaca de Nuevo León, no hay indicio alguno de que ésta, u otra, se esté aplicando para lograr lo que a todas luces es medular: desarrollar capacidad policiaca y judicial a nivel estatal y local.

En segundo lugar, si efectivamente no existe una estrategia de seguridad, ¿seguimos con la estrategia estadounidense de “cortar cabezas”? En concepto, la búsqueda de capos y su “eliminación” o encarcelamiento tiene todo el sentido del mundo porque se avanza la causa de la justicia y se ataca la impunidad de frente. Sin embargo, esa estrategia quizá sea viable o idónea para el territorio norteamericano donde existen autoridades policiacas y judiciales funcionales en los tres niveles de gobierno: cuando se detiene a un capo, las policías locales actúan contra el resto de la mafia involucrada y, usualmente, logran desarticular a la organización en su conjunto. La experiencia de México y, no sobra decirlo, de Irak, sugiere que esa estrategia es contraproducente donde no existe una similar estructura de autoridad porque la captura del capo no conduce al desmantelamiento de la organización sino a su fragmentación, con el consecuente ascenso en los niveles de violencia. Con esto no quiero sugerir que se debe abandonar la búsqueda y captura de líderes, pero sí que no es suficiente, ni siquiera lo más relevante.

Ahí yace el problema: existe la posibilidad, nada remota, de que la detención del gran capo se convierta en un trofeo de vitrina que, como en el caso de la lideresa de los maestros, no tenga trascendencia más que en cuanto al efímero beneficio de hacer aparecer al gobierno como más eficaz de lo que realmente es. Por ello, toca ahora al gobierno determinar cómo usará la detención, confiadamente de manera más efectiva y perdurable que en el caso anterior.

Porque, a final de cuentas, el verdadero problema de México no reside en el narcotráfico sino en la incapacidad de nuestro sistema de gobierno (en los tres niveles) de mantener la paz, proteger a la población y crear un clima de estabilidad para que sea posible que la economía progrese. Nadie le puede pedir al gobierno, a sólo un año de inaugurado, que entregue cuentas perfectas, pero es claro que no hay una estrategia que conduzca a ese fortalecimiento institucional (comenzando por policías y poder judicial), donde yace la única posibilidad de, eventualmente, resolver los problemas de seguridad del país.

Mark Kleiman afirma que la clave reside en utilizar la capacidad policiaca y judicial existente para imponerle a las mafias del narcotráfico reglas y límites tan severos –aunque modestos al inicio- como sea capaz de hacer cumplir, seguido de un fortalecimiento sistemático de esa capacidad hasta que logre imponer la paz y limitar el actuar de los narcos estrictamente al movimiento de sus mercancías hacia el norte. La captura del Chapo permite darle vuelo a una estrategia así, pero sólo funcionará si de verdad se diseña y hace funcionar. Para eso la retórica es insuficiente: se requiere actuar.

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América Economía – Luis Rubio

México lleva más de 200 años como nación independiente y los mexicanos hemos visto de todo: periodos de luz y periodos de obscuridad, eras de crecimiento y etapas de crisis, tiempos de paz y tiempos de violencia: momentos de optimismo e intervalos aciagos. También ha habido innumerables planes grandiosos, la mayoría de los cuales acabó arrojando resultados casi siempre paupérrimos. La desconfianza en el gobierno no es reciente ni producto de la casualidad.

Muchas son las razones para tan magros resultados pero destacan dos: falta de continuidad y falta de realismo. El problema de continuidad se resume en el hecho de que cada seis años se reinventa la rueda.No hay plan en México que resista un cambio de sexenio: cada gobierno tiene que imprimirle una lógica nueva a su proyecto, generalmente sin que medie una evaluación objetiva de lo existente. Lo anterior siempre fue malo, inadecuado o insuficiente, lo que exige un cambio, con frecuencia radical.

La falta de realismo se deriva del voluntarismo que suele caracterizar a los planes de gobierno: llega una nueva pandilla al poder, llena de ideas creativas e innovadoras con las que espera cambiar, transformar al país de raíz. Algunos de esos planes tienen sentido, pero la abrumadora mayoría han sido meras ocurrencias, sustentadas en la expectativa de que el gobierno, porque es el dueño del mundo, va a lograr su cometido. En adición a lo anterior, nuestros gobiernos y legisladores han sido extraordinariamente proclives a avanzar grandes planes sin llevar a cabo los cambios que serían indispensables para lograr su propio objetivo. Así, acabamos con una Constitución saturada de buenos deseos que no tienen ni la menor probabilidad de traducirse en el desarrollo del país o bienestar de la población.

El resultado es que no existe un sistema de gobierno al que un ciudadano se pueda referir o en el que pueda confiar. Todo depende del presidente en turno y su plan sexenal. Lo importante no es consolidar un sistema de gobierno  que trate a todos los ciudadanos por igual y de manera impersonal, sino la gran visión y los cuates. Por supuesto que nada de esto abona a lograr la lealtad de la ciudadanía: más bien, al contrario, ésta siempre queda a la espera –el temor- de lo que vendrá, con toda la incertidumbre que ello entraña.

Las reformas de los 80 y 90 no fueron distintas. Aunque existía un concepto transformador que las animaba, el llamado “modelo” que le daba coherencia al planteamiento rector, el plan estaba saturado de contradicciones que explican buena parte de los resultados. Algunos sectores quedaron sujetos a la competencia, otros no; las privatizaciones siguieron una lógica de maximización del ingreso fiscal en lugar de la transformación de la estructura industrial; se liberalizó pero sin desproteger a los favoritos del régimen; se eliminaron regulaciones pero se preservaron subsidios. En una palabra, se trataba de otro más de los grandiosos planes que transformarían al universo.

Con una excepción, que ha transformado al país. El TLC fue concebido para conferirle permanencia a las reformas que se habían llevado a cabo hasta ese momento. Buenas o malas, y con todas sus insuficiencias, esas reformas entrañaban la oportunidad de efectivamente transformar la realidad pero sólo si se preservaban en el largo plazo. En otras palabras, el imperativo categórico del TLC fue el de procurar darle certidumbre al factor clave de las reformas, la piedra de toque del proyecto modernizador de ese momento: la inversión.

Revelador de la naturaleza del sistema político, lo crucial del TLC reside en el reconocimiento de la inviabilidad de las instituciones existentes para conferir el tipo de garantía que el inversionista requiere. En ese sentido, aunque contenga dos mil páginas, el TLC no es otra cosa que una forma de “pedir prestadas” instituciones estadounidenses para beneficio de México. En eso yace su esencia y también sus limitaciones.

El TLC fue concebido para preservar lo logrado, pero no para avanzar lo que hacía falta. De esta forma, en otra más de las innumerables contradicciones del proyecto reformador, el TLC logró lo elemental –conferir garantías- pero hizo posible abandonar el proceso de reforma precisamente cuando éste era más importante. Todo se paralizó justo cuando el conjunto de la sociedad y economía mexicanas tenían que comenzar a experimentar una transformación en las estructuras productivas y en la educación, en la naturaleza del gobierno y en los mecanismos de regulación para elevar la productividad. Lo urgente implicaba completar una transición integral para pasar de una economía cerrada y protegida a una abierta y competitiva. Así, en lugar de que eso ocurriese, se acabó creando y preservando una economía dual donde una parte es competitiva y la otra constituye un fardo para el crecimiento.

El TLC coadyuvó a la transformación de innumerables sectores industriales, abrió oportunidades para el crecimiento de empresas y actividades, elevó la productividad de grandes porciones de la economía y logró su objetivo principal respecto a la inversión.

Cualquiera que sea la posición que uno tome respecto al TLC, nadie puede dudar de su enorme trascendencia y de su función medular en lograr prácticamente todo lo positivo que ocurre en la economía mexicana. Lo que el TLC no puede hacer es substituir las funciones esenciales de gobierno. Ese es el gran déficit que vive la sociedad mexicana y de eso depende la realización de su enorme potencial.

http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/mexico-no-dudemos-de-la-enorme-trascendencia-del-tlcan

Luis Rubio

En una película intitulada Ángel, sobre los conflictos de Irlanda del norte, hay una escena en la que un personaje le pregunta a otro: «¿eres protestante o católico?» «Ninguna de las dos» le responde: «de hecho, soy judío». «Está bien» responde el primer personaje: «pero dime, ¿eres un judío protestante o un judío católico?» Cuando vi esa película de inmediato pensé en nuestra comunidad: hay tantas divisiones internas que parecemos incapaces de ser simplemente judíos.

Pero el problema, que ha estado presente siempre, ha ido adquiriendo nuevas dimensiones y cambiado de naturaleza. Cuando salió esa película, en 1982, las divisiones tenían que ver, fundamentalmente, con el origen geográfico de nuestros abuelos o bisabuelos. Quizá no haya mejor manera de ilustrar esa época que con la forma en que se denigraban unos a otros: para algunos de nuestros hijos el empleo de términos como shajato o idishico seguramente parecerá extraño y, probablemente, nunca lo hayan escuchado en su acepción peyorativa, pero ejemplifica toda una era de nuestra evolución comunitaria. Hoy las diferencias tienen que ver con los crecientes niveles de intolerancia y discriminación -hacia distintas maneras de expresar y vivir el judaísmo o seguir prácticas comunitarias- que existen dentro de las propias comunidades y de unas respecto a otras.

El centenario de la vida institucional judía en México es una excepcional oportunidad para reflexionar sobre la evolución de la comunidad judía en México. La fundación de la comunidad Monte Sinai, la primera comunidad organizada en México, convocó y sumó a todos los judíos que habían llegado al país, no sólo a los de la comunidad siria, así fuera mayoritaria en aquel momento, sino la de todos los judíos que residían en el país. El bisabuelo de mi esposa, de origen ruso, fue uno de los fundadores. La comunidad Monte Sinai se convirtió en el centro comunitario por excelencia. ¡Qué tiempos aquellos!

Los tiempos cambiaron. Con la creciente llegada de inmigrantes de Siria, Turquía, Rusia, Polonia, Lituania y otras naciones europeas, la comunidad se fue diversificando y enriqueciendo. Se crearon nuevos templos y, poco a poco, surgieron las distintas organizaciones comunitarias que reflejaban, más que nada, el idioma y lugar de origen de sus miembros. Aún así, el espíritu siguió siendo de fraternal cooperación. Recuerdo en mi niñez que los Yeques, judíos de origen alemán, se reunían en un salón en el primer piso del templo sefaradí en la calle de Monterrey: dos comunidades que no podían ser más contrastantes en su historia, actitudes o prácticas comunitarias y, sin embargo, convivían sin problema alguno.

Pero hay un ejemplo todavía mejor que ilustra encuentros y formas de apoyo y colaboración dentro de nuestra comunidad que muchos no reconocerían como posibles hoy en día. En los setenta, antes de que construyeran su templo en Polanco, había un minian de miembros de la comunidad Maguen David que se reunía de manera sistemática en Bet El. Nadie lo objetaba y todo mundo lo veía como una forma natural de interacción y cooperación inter-comunitaria. Muchos miembros de esa comunidad hoy se rehúsan incluso a poner un pie en Bet El para una boda. Y ya para qué hablar de los Lubavitcher, que se cruzan la calle para no “pisar» el suelo de Bet El.  Los tiempos han cambiado.

Las siguientes generaciones experimentamos contrastes y distancias que reflejaban más el origen geográfico de nuestros abuelos que diferencias ideológicas fundamentales. Más allá de preservar el idioma, historia y tradiciones de cada contingente comunitario, el sistema escolar tuvo el efecto de acentuar las diferencias más que provocar la unidad judía. Sea como fuere, el tiempo acabó por erosionar esas absurdas distancias y hoy presenciamos una comunidad cada vez más integrada y lo que antes se denominaban matrimonios «mixtos» -entre miembros de comunidades distintas- ahora es la norma. Las abismales diferencias de antaño no sólo desaparecieron sino que hoy parecen tan remotas que cabe preguntarse ¿por qué?

Hoy las diferencias ya no tienen que ver con el origen de las generaciones anteriores sino con la intolerancia que han desarrollado algunas comunidades respecto a otras. En mi niñez fui miembro de los scouts que nos reuníamos en el Kadima, frente al parque México. Ahí mismo se reunía, entre otros, el Bnei Akiva, cuya sede se encontraba en la plaza Citlaltépetl, a una cuadra. Sobra decir que se trataba de dos tnuot difícilmente más contrastantes. A pesar de que los Scouts Israelitas de México era una organización exclusivamente judía, se trataba de una institución no sólo secular, sino una en la que la religión se encontraba esencialmente ausente: no era su razón de ser. Por su parte, la religión era el centro y naturaleza del Bnei Akiva. A pesar de esa diferencia fundamental, el respeto era palpable y absoluto. Se trataba de dos organizaciones diferentes pero con una liga común: ambas eran judías. Eso nunca estuvo en disputa. Muchas amistades se forjaron ahí que prevalecen cincuenta años después.

El tiempo ha cambiado. Hoy ya no existen espacios de respeto absoluto como los de entonces. Hoy no sólo se polarizan las diferencias de prácticas y concepciones sino que algunas organizaciones y comunidades se sienten dueñas no sólo de la verdad, sino del judaísmo mismo. La intolerancia ha reemplazado a la concordia y la discriminación de unas comunidades hacia otras se ha convertido en la norma: como si se tratara de católicos y protestantes en Irlanda del Norte.

Hemos llegado a situaciones absurdas en las que trámites comunes y corrientes no son reconocidos entre las comunidades. No me refiero a temas escabrosos como las conversiones, sino a asuntos elementales como el reconocimiento de ketuvot o certificados de iahadut, por citar los ejemplos más evidentes, que hoy se han vuelto uno de los nuevos frentes de contención e intolerancia. Hemos llegado al punto en que, desde la perspectiva de algunas comunidades, hay judíos de primera y judíos de segunda. Lo que nunca me ha quedado claro es cuál es cuál: el que discrimina o el discriminado.

Pero, como en la película que recordaba yo al inicio, el común denominador sigue siendo uno y sólo uno: podremos ser «judíos protestantes» o «judíos católicos» en ese ejemplo -o judíos halevi, shami, ashkenazim, sefaradim, betelianos, de Beth Israel o Lubavitcher en nuestra realidad- pero seguimos siendo judíos. Ninguno es dueño del judaísmo del que todos somos parte y componente por definición.

Por supuesto que existen diferencias en la forma en que cada una de las comunidades practica su judaísmo o lo concibe. Esas diferencias no son nuevas ni excepcionales y reflejan historias contrastantes. En Europa convivían modos distintos de practicar el judaísmo, incluyendo la religión -que de alguna manera se reflejaban con nitidez en la convivencia que yo experimenté como niño en el parque México- que son muy distintas a la historia de quienes provienen de Siria. Las circunstancias específicas eran otras, como ilustra la naturaleza misma de las comunidades y sus organizaciones. Pero sólo en México esa es materia de discriminación: en otros países las comunidades se reconocen y conviven independientemente de sus diferencias. Eso es lo que las comunidades judeo-mexicanas tienen que aprender a hacer.

Otro ángulo de esta misma perspectiva es la del Premio Nobel de Literatura, Isaac Bashevis Singer, quien contó la historia de un hombre que fue a Vilna, volvió y luego le confió a un amigo: “Los judíos de Vilna son personas extraordinarias. Vi a un judío que estudiaba todo el día. Vi a un judío que se dedicaba todo el día a pensar cómo hacerse rico. Vi a un judío que ondeaba una bandera roja y llamaba a la revolución. Vi a un judío que quería emigrar a Israel y vi un judío que era leal a su país. Vi a un judío que iba tras sus deseos y vi a un judío que evitaba toda tentación”. El otro hombre le respondió: “No sé por qué estás tan sorprendido. Vilna es una ciudad muy grande, y hay muchos judíos, de todo tipo”. “No, dijo el primer hombre, tú no entiendes, se trata del mismo judío”.

En el momento más aciago y sombrío de la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra parecía a punto de sucumbir ante el enorme poderío militar Nazi, Churchill convocaba a todos los británicos a comprender el conjunto y obviar las diferencias: «hemos diferido y hemos estado en conflicto pero ahora debemos estar unidos por el bien superior del país» o, en nuestro caso, de la concordia y convivencia comunitaria. Como ocurría hace sólo unos años. La convivencia intercomunitaria, o su ausencia, tiene consecuencias: en el enorme número de judíos que “desertan”, en las percepciones que tiene la sociedad mexicana sobre “los judíos” y en la forma en que se leen incidentes que involucran a judíos pero que nada tienen que ver con el judaísmo o la comunidad. Como diría Churchill, hay valores superiores que hemos sido incapaces de asimilar.

En su convocatoria para celebrar sus cien años de existencia, la comunidad Monte Sinai publicó un texto que afirmaba «la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai fue la primera institución judía creada oficialmente en nuestro país, un organismo que conjuntó y hermanó a todas las familias judías que iban llegando, procedentes por igual de los países balcánicos, Europa Oriental u Occidental y del Medio Oriente». El propósito de la convocatoria es el de «dejar un legado histórico que represente la trascendencia de nuestra comunidad para futuras generaciones».

Me pregunto si el legado será el de la conjunción y hermandad que caracterizó la fundación de la comunidad Monte Sinai o el de intolerancia que hoy caracteriza a nuestra realidad comunitaria. No es un asunto menor.

Luis Rubio

México lleva más de 200 años como nación independiente y los mexicanos hemos visto de todo: periodos de luz y periodos de obscuridad, eras de crecimiento y etapas de crisis, tiempos de paz y tiempos de violencia: momentos de optimismo e intervalos aciagos. También ha habido innumerables planes grandiosos, la mayoría de los cuales acabó arrojando resultados casi siempre paupérrimos. La desconfianza en el gobierno no es reciente ni producto de la casualidad.

Muchas son las razones para tan magros resultados pero destacan dos: falta de continuidad y falta de realismo. El problema de continuidad se resume en el hecho de que cada seis años se reinventa la rueda. No hay plan en México que resista un cambio de sexenio: cada gobierno tiene que imprimirle una lógica nueva a su proyecto, generalmente sin que medie una evaluación objetiva de lo existente. Lo anterior siempre fue malo, inadecuado o insuficiente, lo que exige un cambio, con frecuencia radical.

La falta de realismo se deriva del voluntarismo que suele caracterizar a los planes de gobierno: llega una nueva pandilla al poder, llena de ideas creativas e innovadoras con las que espera cambiar, transformar al país de raíz. Algunos de esos planes tienen sentido, pero la abrumadora mayoría han sido meras ocurrencias, sustentadas en la expectativa de que el gobierno, porque es el dueño del mundo, va a lograr su cometido. En adición a lo anterior, nuestros gobiernos y legisladores han sido extraordinariamente proclives a avanzar grandes planes sin llevar a cabo los cambios que serían indispensables para lograr su propio objetivo. Así, acabamos con una Constitución saturada de buenos deseos que no tienen ni la menor probabilidad de traducirse en el desarrollo del país o bienestar de la población.

El resultado es que no existe un sistema de gobierno al que un ciudadano se pueda referir o en el que pueda confiar. Todo depende del presidente en turno y su plan sexenal. Lo importante no es consolidar un sistema de gobierno  que trate a todos los ciudadanos por igual y de manera impersonal, sino la gran visión y los cuates. Por supuesto que nada de esto abona a lograr la lealtad de la ciudadanía: más bien, al contrario, ésta siempre queda a la espera –el temor- de lo que vendrá, con toda la incertidumbre que ello entraña.

Las reformas de los 80 y 90 no fueron distintas. Aunque existía un concepto transformador que las animaba, el llamado “modelo” que le daba coherencia al planteamiento rector, el plan estaba saturado de contradicciones que explican buena parte de los resultados. Algunos sectores quedaron sujetos a la competencia, otros no; las privatizaciones siguieron una lógica de maximización del ingreso fiscal en lugar de la transformación de la estructura industrial; se liberalizó pero sin desproteger a los favoritos del régimen; se eliminaron regulaciones pero se preservaron subsidios. En una palabra, se trataba de otro más de los grandiosos planes que transformarían al universo.

Con una excepción, que ha transformado al país. El TLC fue concebido para conferirle permanencia a las reformas que se habían llevado a cabo hasta ese momento. Buenas o malas, y con todas sus insuficiencias, esas reformas entrañaban la oportunidad de efectivamente transformar la realidad pero sólo si se preservaban en el largo plazo. En otras palabras, el imperativo categórico del TLC fue el de procurar darle certidumbre al factor clave de las reformas, la piedra de toque del proyecto modernizador de ese momento: la inversión.

Revelador de la naturaleza del sistema político, lo crucial del TLC reside en el reconocimiento de la inviabilidad de las instituciones existentes para conferir el tipo de garantía que el inversionista requiere. En ese sentido, aunque contenga dos mil páginas, el TLC no es otra cosa que una forma de “pedir prestadas” instituciones estadounidenses para beneficio de México. En eso yace su esencia y también sus limitaciones.

El TLC fue concebido para preservar lo logrado, pero no para avanzar lo que hacía falta. De esta forma, en otra más de las innumerables contradicciones del proyecto reformador, el TLC logró lo elemental –conferir garantías- pero hizo posible abandonar el proceso de reforma precisamente cuando éste era más importante. Todo se paralizó justo cuando el conjunto de la sociedad y economía mexicanas tenían que comenzar a experimentar una transformación en las estructuras productivas y en la educación, en la naturaleza del gobierno y en los mecanismos de regulación para elevar la productividad. Lo urgente implicaba completar una transición integral para pasar de una economía cerrada y protegida a una abierta y competitiva. Así, en lugar de que eso ocurriese, se acabó creando y preservando una economía dual donde una parte es competitiva y la otra constituye un fardo para el crecimiento.

El TLC coadyuvó a la transformación de innumerables sectores industriales, abrió oportunidades para el crecimiento de empresas y actividades, elevó la productividad de grandes porciones de la economía y logró su objetivo principal respecto a la inversión.

Cualquiera que sea la posición que uno tome respecto al TLC, nadie puede dudar de su enorme trascendencia y de su función medular en lograr prácticamente todo lo positivo que ocurre en la economía mexicana. Lo que el TLC no puede hacer es substituir las funciones esenciales de gobierno. Ese es el gran déficit que vive la sociedad mexicana y de eso depende la realización de su enorme potencial.

* Presentación del libro: Veinte años del TLC: Su dimensión política y estratégica, FCE.

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