Luis Rubio

Los mexicanos hemos atestiguado una miríada de reformas en todos los órdenes y muchas de éstas han transformado al país, tanto en el ámbito económico como en el político. Esto ha abierto enormes oportunidades para trascender hacia el desarrollo que eran inconcebibles en los setenta o principios de los ochenta, cuando el viejo mundo se colapsaba y la viabilidad tanto de la economía como del sistema político postrevolucionario habían claramente dado de sí. Lo que las reformas no resolvieron, ni siquiera se plantearon, fue la constitución de un nuevo sistema de gobierno, coherente con las consecuencias que los propios procesos reformadores trajeron consigo.

Al modificar los fundamentos de las decisiones en materia económica (sobre todo con la liberalización de las importaciones y de la inversión) y de la forma de acceso al poder (con las reformas electorales), se alteró la realidad política del país -las entrañas del poder- pero nada se hizo para institucionalizar esas nuevas realidades y fuentes de poder ni mucho menos para modernizar el sistema de gobierno que, en su esencia, se remite al porfiriato. Tantas reformas y tan profundas no han cambiado una cosa fundamental: la estructura del poder.

Los partidos políticos y la clase política han hecho malabarismo y medio y han jugado a las sillas musicales, pero los mismos siempre acaban gozando de los privilegios del sistema. Se ha reformado la forma de acceder al poder pero no quien tiene acceso; es decir, han sido reformas para ellos mismos: la ciudadanía ha estado ausente y sus problemas y demandas, aunque conocidas en esos ámbitos, no son reconocidas como válidas o relevantes. Que haya enorme inseguridad y violencia, pues sí, pero que le vamos a hacer; que haya mucha corrupción, pues sí, pero es algo cultural; que la infraestructura es paupérrima, pues sí, pero estamos tratando de conseguir a una constructora idónea.

Luego de décadas de reformas, es obvio que una reforma para hacer funcional y viable al país no va a venir de quienes no quieren esa reforma. Si de ahí no va a venir, ¿podrá venir de la sociedad?

En una investigación reciente respecto a este fenómeno, me aboqué a estudiar qué ha estado haciendo la sociedad mientras los políticos hacen como que gobiernan. Lo que me encontré es una enorme efervescencia social: una sociedad que ya no está dispuesta a esperar, sobre todo porque la realidad de inseguridad la abruma.

La sociedad mexicana ha cobrado una inusitada militancia en las últimas décadas. Han surgido toda clase de organizaciones civiles, se presentan denuncias, proliferan los manifiestos y crece el descontento. Hay organizaciones que proponen soluciones, otras que evalúan al gobierno; algunas denuncian la corrupción, otras procuran combatir la delincuencia y criminalidad. Algunas de estas entidades son producto de circunstancias o eventos específicos -un secuestro, un asesinato, la construcción del nuevo aeropuerto-, otras responden a preocupaciones más generales. Algunas buscan impacto inmediato, otras de largo plazo; muchas de ellas no son visibles, otras son protagonistas consuetudinarios. Hay de todo en la arena pública.

Mucho más trascendente, y revelador, es la forma en que innumerables comunidades, en todos los rincones del país, se han organizado para atender sus necesidades más fundamentales, esas que, en un país serio, el gobierno habría resuelto. Hay ejemplos extraordinarios de comunidades que, como en Cherán, han tomado el liderazgo, sobre todo en materia de violencia y criminalidad, y se han abocado a resguardar sus localidades y convertirlas en territorio que no permite el ingreso de bandas criminales. En Santiago Ixcuintla la historia es distinta, pero el resultado similar: en este municipio nayarita no ha habido un solo secuestro en más de seis años. En Monterrey, la Hermana Consuelo Morales de CADHAC logró que la procuraduría adoptara un modelo para un trabajo más eficaz de los ministerios públicos; en Veracruz y Morelos (Tetelcingo) las familias de desaparecidos se han capacitado en temas forenses (señoras que se convirtieron en expertas en muestras de ADN y laboratorios) y en búsqueda de fosas. En algunos casos, las autoridades han acompañado sus esfuerzos. Se trata de meros ejemplos de las miles de historias que proliferan en todo el país: años de violencia y criminalidad han forzado a la población a dejar de esperar a que el gobierno responda y se ha organizado para atender sus necesidades comunitarias.

Es imposible concluir de unos cuantos ejemplos que el país está al borde de una transformación social de gran escala. Los obstáculos son vastos y la capacidad de organización y movilización es obviamente muy limitada; sin embargo, nada impide que, poco a poco, vayan surgiendo elementos u organizaciones que catalicen estas iniciativas y cambien la realidad política del país. Esto claramente le ofrece oportunidades obvias a merolicos tradicionales, pero también a organizaciones sociales con presencia nacional.

Lo que me es claro es que el país cambiará cuando personas y organizaciones de muy distintos orígenes se sumen a pesar de sus diferencias y, con eso, den el paso que el viejo sistema se empeñó por décadas en hacer imposible.

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REVISTA R – REFORMA – 9 julio 2017

El dilema es: evidenciar la corrupción e impunidad o combatirla. No se trata de un juego de palabras, sino de un planteamiento político. En un plano hipotético, sería posible diferenciar a quienes proponen o enfatizan una u otra vertiente de acuerdo a su percepción de lo que es posible. Quienes están seguros de la podredumbre imperante, tienden a ser activistas y a preferir el escándalo público como medio para generar un caldo de cultivo propicio para atender el problema de fondo. Por su parte, quienes conocen las entrañas de la bestia saben bien que existen innumerables mecanismos, todos ellos perfectamente establecidos y conocidos, que hacen posible la corrupción. Los primeros son activistas políticos; los segundos tienden a ser auditores, administradores y políticos pragmáticos. La decisión de cómo encarar el problema es profundamente política y entraña consecuencias reales en la vida cotidiana tanto de la sociedad como de la política.

Comencemos por lo obvio: todo en el país parece diseñado para que prospere la corrupción. Las reglas institucionales se definen de una manera tan ambigua, o tan discrecional, que siempre es posible interpretarlas de tal manera que permitan y faciliten la corrupción o, de igual manera, castigar sin misericordia una acción perfectamente lícita y adecuada cuando así conviene al político en turno. En pocas palabras, la corrupción no es producto de la casualidad, sino de un diseño implícito que la hace posible y perdurable. Si de verdad se quiere acabar con la corrupción, habría que modificar las reglas que la reproducen. Por otra parte, si el objetivo es político, la corrupción no se va a acabar: como sugieren los ejemplos vertidos en este capítulo, simplemente seguirá mutando.

En el tema de la corrupción la pregunta relevante no es de carácter moral, sino práctico. Si uno parte del principio de que hay gente honesta que deshonesta por igual, la clave entonces no son las personas, sino el entorno y las instituciones que delimitan su conducta. Si no fuese así, tendríamos que aceptar que la moral de una persona determina el potencial de corrupción de una actividad o puesto público y caeríamos de inmediato en la indefinición que animaba a muchos priistas cuando decían “no me des; sólo ponme donde hay”. Es obvio que el tema no es de moralidad, sino de oportunidad. La pregunta es qué es lo que crea la oportunidad de la corrupción.

La corrupción florece bajo dos condiciones evidentes: la obscuridad y la discrecionalidad. Cuando no existe transparencia y claridad sobre los procesos y decisiones que tienen lugar en una determinada empresa o entidad, los funcionarios de la misma tienen amplias oportunidades para hacer de las suyas. Es decir, el que existan espacios de decisión que no están sujetos al escrutinio público se convierte en una oportunidad para que un funcionario deshonesto aproveche la circunstancia para su beneficio personal o el de terceros. Algo parecido ocurre cuando la legislación o regulaciones que norman el funcionamiento de una empresa pública o entidad gubernamental otorga a sus funcionarios facultades discrecionales tan amplias que permiten cualquier interpretación al momento de tomar una decisión. De esta manera, cuando la autoridad cuenta con la facultad de aprobar o rechazar una petición, permiso o adquisición sin que medie un análisis y un procedimiento escrupuloso y sin tener que dar explicación alguna, entonces el potencial de incurrir en situaciones de corrupción es infinito. Además, ese potencial se multiplica cuando no existen sanciones por violar las regulaciones (incluida, por ejemplo, la falta de transparencia, así la ordene la ley).

El punto es que la corrupción no surge en un vacío. Más bien, son las reglas que gobiernan el proceso de toma de decisiones las que crean o impiden la existencia de oportunidades de corrupción. Si esto es tan obvio, entonces la manera de terminar con la corrupción es con reglas del juego (ya sea en el propio marco jurídico o en la forma de decidir) que hagan imposible la arbitrariedad: es decir, que confieran a la autoridad las facultades discrecionales necesarias, pero no tan amplias, que entrañen una alteración sustantiva de lo establecido en la regulación.

Hay cuatro formas en que sería posible, al menos en concepto, romper el círculo vicioso de la corrupción e impunidad en México. La primera sería acabando con la incipiente democratización del poder que ha experimentado el país en años recientes. Eso es precisamente lo que hizo el presidente Putin en Rusia: en sólo unos cuantos meses, acabó con la elección directa de gobernadores y retornó al viejo sistema de nombramientos centralizados; acto sucesivo, acorraló al parlamento, limitó la disidencia y controló sus procesos internos. Al re-centralizar el poder, el presidente ruso construyó nuevas instituciones, fortaleció las policías y logró un amplio apoyo popular. Aunque la Rusia actual no se parece en nada al viejo sistema comunista, el experimento democrático de los ochenta se disipó como agua entre los dedos; no menos importante, fue algo popular.

Una segunda forma de atender el problema sería modificando la estructura del poder que vive y se nutre de la ambigüedad que es inherente a todo el sistema político, ambigüedad que favorece una amplísima discrecionalidad, misma que bordea en la absoluta arbitrariedad. Si de verdad queremos acabar con la corrupción y la impunidad, este sería el camino idóneo.

Una tercera manera de romper el círculo vicioso es que el aparato del poder cambie, cediendo, de manera altruista, sus fuentes de poder y financiamiento. Como eso no va a ocurrir, la pregunta es si la sociedad puede obligar a que se dé una alteración de las estructuras de poder. Esta fue mi propuesta en el libro Una Utopía Mexicana, donde propuse que el presidente encabezara ese proceso de cambio de esta naturaleza, a sabiendas de que eso no ocurriría. De hecho, en el siguiente libro, El Problema del Poder, analicé porqué eso es imposible: dada la estructura de intereses y privilegios que caracteriza al país, la noción misma de pretender una transformación “desde adentro” resulta claramente ingenua.

Una cuarta línea de acción, esa que sigue un amplio grupo de activistas, con frecuencia radica menos en el análisis de los problemas que en su exposición pública. Su objetivo no es cambiar -corregir, adecuar o resolver sus problemas- sino cambiar al sistema en su conjunto. Por supuesto, hay un creciente grupo de organizaciones dedicadas a construir soluciones institucionales en ámbitos como el de la transparencia y la rendición de cuentas, pero son la excepción: la línea que separa a las instituciones que fundamentan su trabajo en el análisis serio y la propuesta de soluciones de aquellas que encabezan activistas dedicados a exhibir y combatir con el oprobio a los casos que ellos consideran, sin análisis, ser ejemplos de corrupción, es por demás endeble. En términos generales, los activistas basan su actividad en el abuso de la información y siguen agendas políticas precocinadas en sus denuncias y publicaciones. Algunos de quienes siguen esta línea de acción entienden ese objetivo con claridad, otros suponen que el escándalo público es un medio aceptable para llevar a cabo cambios necesarios. En cualquier caso, el problema de esta estrategia es que parte del principio de que no es posible cambiar o mejorar al sistema existente sino que es necesario eliminarlo. De esta manera, conscientemente o no, se trata de movimientos políticos, no de proyectos dedicados a la corrección de los problemas existentes, dentro de los marcos institucionales prevalecientes.

Estos cuatro caminos arrojan la interrogante obvia de si el cambio del país puede provenir de la sociedad. La evidencia acumulada sugiere que, por la razón que sea y que fue discutida con anterioridad, la sociedad mexicana ha mostrado severas limitaciones a encabezar procesos transformadores; incluso, algunas encuestas del Instituto Nacional Electoral[i] sugieren que la sociedad mexicana es particularmente pasiva, aunque nada impide que esa pasividad cambie en el tiempo, sobre todo con una mayor sensación de libertad y una mayor apariencia de corrupción. Más bien, son grupos de activistas los que han adquirido dimensiones protagónicas precisamente por la ausencia de una sociedad dispuesta a organizarse y a actuar por sí misma. Queda así la gran disquisición de cómo puede la sociedad hacer valer sus derechos en esta era de competencia y democratización. No es un dilema menor.

El sistema político mexicano se constituyó para pacificar al país y privilegiar a los ganadores de la gesta revolucionaria. El sistema que de ahí emergió logró su cometido en ambos sentidos pero tuvo el efecto de congelarse en el tiempo, impidiendo una evolución normal y natural, conforme con el crecimiento y desarrollo de la sociedad y de la economía. La corrupción, la impunidad, la informalidad y otras distorsiones mencionadas en este capítulo son síntomas de un sistema político y legal expresamente diseñado para favorecer y privilegiar a ciertos sectores de la sociedad, para escoger ganadores (y, por consecuencia inexorable, perdedores) y, por lo tanto, se convirtió en un impedimento estructural a la existencia de instituciones fuertes, independientes y permanentes. Es decir, en el corazón de la arbitrariedad que hace posible -y necesaria- la corrupción y la impunidad, yace una estructura de poder que se beneficia de ello y que no ve razón para alterar el orden establecido.

La sociedad mexicana ha llegado a la conclusión de que la corrupción y la impunidad son los dos grandes males que producen violencia, improductividad y desazón. De lo que no hay duda es que estos fenómenos han cambiado a la sociedad mexicana y le han incorporado un sentido de militancia y actividad que no existían antes. La interrogante es si estos elementos se podrían convertir en un catalizador para transformar a la sociedad y convertirla en un verdadero factor de cambio político en México.

Fragmento del libro Un mundo de oportunidades
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Luis Rubio

“La política», escribió el gran comediante Groucho Marx, «es el arte de buscar problemas, encontrarlos en todas partes, diagnosticarlos erradamente y aplicar los remedios equivocados.” El problema de México no radica en las elecciones, el voto, las alianzas, el mando único, la segunda vuelta, el “frente opositor,” la corrupción o la reelección de legisladores, sino en la capacidad de la clase política -la ampliada, incluyendo a todos los partidos que, desde 1996, son parte del mundo de privilegios- para preservar el statu quo. Es decir, el verdadero problema es que no hay ni la menor disposición a cambiar la realidad existente por parte de quienes tienen el poder para no cambiar nada. Quien observó las recientes elecciones del estado de México o Coahuila no puede más que concluir que el problema no radica en el procedimiento electoral sino en la esencia del sistema político.

Quizá no haya mejor manera de describir el fenómeno que caracteriza al debate (o conjunto de monólogos) de los meses recientes que el que describe el viejo dicho panista de que “no hay que hacerse ilusiones para que no haya desilusionados.” Por alguna extraña razón, ha emergido la noción de que los problemas políticos del país se reducen a contiendas desequilibradas que conllevan a cálculos de voto útil y a la ausencia de mayorías legislativas que le permitan al gobernante en turno imponer sus preferencias. Es decir, el problema, en esta caracterización, es que la ciudadanía es estúpida y que, en lugar de expresar sus preferencias, debe ser conducida por personas que entienden mejor cómo se resolverían los problemas del país.

Décadas de observar la dinámica política nacional me han enseñado al menos tres cosas: primero, que no hay soluciones mágicas y que los problemas no se resuelven con la adopción de respuestas superficiales que no atienden al asunto de fondo. La segunda vuelta es eso: una solución mágica, un fetiche, porque parece responder a la problemática del momento, pero no ataca la esencia; supone que todos los actores en juego son honestos y se apegan a las reglas del juego. Las elecciones recientes demuestran que esta es una falacia y que se requiere un cambio político de vuelos mucho más grandes para que cambien las relaciones de poder que son, a final de cuentas, el fenómeno que preserva el statu quo.

Un segundo aprendizaje es que México vive dos mundos: el del debate, la discusión y las soluciones fáciles, por un lado, y el del poder por el otro. Uno discute, propone, analiza y aboga -con honestidad- por soluciones a los problemas del día. El otro preserva el statu quo. Quizá no haya mejor ejemplo de esto que la legislación en torno a la reelección de legisladores: el concepto elemental que yace detrás de la reelección consiste en acercar al legislador con la ciudadanía a la que (supuestamente) representa. Sin embargo, a la hora de aprobar la ley respectiva se incorporó un “pequeño” requisito para que un legislador se reelija: que obtenga la aprobación del liderazgo del partido. Con esa restricción, los defensores del statu quo y de la inmovilidad cercenaron el vínculo que hacía relevante y útil la reelección; el resultado será que tendremos legisladores de por vida sin jamás haber gozado del apoyo ciudadano. Lo probable es que algo similar ocurra con la segunda vuelta.

El tercer aprendizaje es que todo mundo juega un juego perverso. Los opinadores, analistas y críticos proponen soluciones, pero luego se aferran a mitos, soluciones mágicas y fetiches que no resuelven el problema de fondo. Por su parte, los dueños del poder aceptan las recomendaciones y luego generan soluciones que no atienden al problema real. Unos se aferran a su definición del problema, otros aniquilan la viabilidad de la solución. Lo fantástico es que se generan mitos que sirven para evitar el asunto de fondo. Los beneficiarios se van a celebrar, como ocurrió después de las elecciones recientes, en tanto que los críticos se abocan al siguiente fetiche.

En el fondo, el problema no es la forma en que se conducen las contiendas electorales, aunque ahí se aprecien -en tecnicolor- los síntomas del caos político-electoral en que ha caído el país, sino en el monopolio del poder que ha tenido la capacidad para paralizar todo, hacer irrelevantes los procesos electorales y corromper al poder legislativo. Desde esta perspectiva, podemos seguir cambiando todas las leyes que queramos, promover modificaciones a la ley en materia electoral o demandar “gabinetes de coalición,” pero ninguna de estas va a alterar la esencia del statu quo. Y ese es el asunto crítico: el problema no es de leyes o de formas, sino del divorcio entre los que gobiernan y quienes los padecen. Y eso se traduce en ausencia de gobierno.

En años recientes hemos observado el renacimiento de la visión del gobierno controlador que no se preocupa del sentir ciudadano, ese que cree que puede manipular el voto e imponerse sobre las preferencias ciudadanas. En esto no es distinto el gobierno actual de su principal retador: ambos viven en el México de los 60-70.

México va a cambiar el día en que la sociedad, y sus opinadores, se sumen para modificar la esencia y no sólo los síntomas. Todo el resto es ilusión.

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Luis Rubio

La mayoría de los argumentos a favor de la segunda vuelta electoral se sustentan en una falacia de la política real en nuestro país, a la vez que ignoran una de las razones por las cuales la segunda vuelta podría ser una solución significativa: todo depende del problema que se quiera resolver. La falacia reside en la noción de que una mayoría legislativa garantiza la gobernabilidad; la oportunidad radica en la eliminación de los incentivos que hoy propician campañas grotescas como la más reciente que caracterizó al estado de México.

El argumento más frecuentemente esgrimido para la segunda vuelta es la obtención de mayorías legislativas que permitan gobernar. Sin embargo, el presidente Peña demostró que la existencia de una mayoría legislativa no es una condición necesaria: todas sus reformas fueron aprobadas por una amplia coalición de partidos, casi siempre con el voto íntegro de las principales fuerzas políticas. Eso no se logró gracias a un agudo y convincente debate sustantivo, sino a un costoso pero exitoso maiceo. O sea, en nuestra realidad, las mayorías legislativas son simples de construirse por los profesionales del poder.

En los recientes comicios se pudo apreciar una enorme distorsión de nuestra maltrecha democracia: tenemos un Rolls Royce de sistema electoral, incluyendo a un consejo y a una Fepade pero que no se manchan las manos ni con el pétalo de una denuncia en una realidad de terracería llena de baches y mafias en el piso en que se conducen las campañas. Ese terreno es fértil para la proliferación de costosísimas estrategias de miedo, mentira, manipulación e intimidación que procuran generar un voto útil para preservar el statu quo. El choque entre la realidad en la tierra y la vida fácil en las alturas del INE es flagrante, nulificando al supuesto árbitro y engendrando incentivos a la protesta.

Desde esta perspectiva, para los puristas del sistema electoral y los promotores de la segunda vuelta, el problema medular del país reside en “una democracia sin demócratas,” es decir, una disfuncionalidad que ha llevado a que los partidos abusen de manera sistemática, aprueben leyes que saben que van a violar, ignoren los límites de gasto en las campañas y, en una palabra, vean al gobierno como un botín y no como una responsabilidad. O sea, el problema es de cultura.

Hace años, Guillermo Trejo evidenció la falacia de este argumento: “El funcionamiento de las democracias es un problema de instituciones efectivas. La cooperación y la eficiencia gubernamental no son producto de virtudes individuales, sino de sistemas de pesos y contrapesos que incentiven el buen funcionamiento de las instituciones estatales. El problema no es encontrar al Roosevelt, al Churchill, al Mandela, al Adolfo Suárez mexicano. Madison lo sabía: ‘Si los ángeles gobernaran a los hombres, ningún tipo de control gubernamental, ni interno ni externo, sería necesario.’ Pero como ninguna sociedad está gobernada por ángeles, sino por hombres y mujeres con intereses y pasiones, los Federalistas idearon una fórmula eficaz: arreglos institucionales para contraponer las ambiciones humanas. La fórmula es sencilla: Más que esperar el advenimiento de grandes estadistas, se trata de incentivar a los gobernantes, incluso al peor de los rufianes, a garantizar el estado de derecho y a rendir cuentas, en aras de su propio interés. No es, pues, problema de voluntades, como solemos decir, sino de incentivos. No es Freud, es Madison”.

Entonces, a menos que se emprenda otra reforma electoral más que no conduzca a resolver los problemas de nuestra realidad, la pregunta clave es qué se requiere para construir incentivos que propicien comportamientos distintos. El asunto de fondo no es que nuestros políticos ignoren el problema, sino en que no ven porqué cambiar un sistema que les ha sido tan benigno.  En consecuencia, el asunto es de poder: la sociedad versus los privilegiados del sistema político.

En México llevamos cuarenta años desde la primera reforma electoral y todavía no logramos construir un sistema político susceptible de lo esencial: gobernar dentro de un entorno de rendición de cuentas. En Francia, la Cuarta República hizo su aparición luego de la guerra, en 1946, pero resultó disfuncional. En contraste con nuestros políticos, los franceses se dedicaron a corregir los errores de aquel sistema y, en 1958, inauguraron la Quinta República, que desde entonces los rige. Si vamos a copiar uno de sus mecanismos, quizá debiéramos entender el contexto en el cual éste se construyó y el conjunto del andamiaje que incluye.

La única razón por la cual creo que una segunda vuelta tiene sentido es que eliminaría el beneficio y, por lo tanto, el incentivo, a manipular, comprar votos, fabricar encuestas e intentar promover o castigar a candidatos en aras de generar voto útil para el partido en el poder. Cuando hay dos vueltas, las campañas son más limpias, los partidos buscan sacar el máximo voto posible y no hay beneficio para las campañas negativas. La segunda vuelta puede resolver este problema, pero no todos los problemas. Todo depende de los incentivos.

La pregunta clave acaba siendo qué puede hacer la ciudadanía para cambiar los incentivos de los políticos.

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Luis Rubio

 Luis Rubio

De la «dictadura perfecta» México pasó a la «democracia imperfecta.» En las últimas décadas, el viejo sistema se colapsó pero no desapareció: si bien hoy hay elecciones regulares que son impecables en su manejo y administración (independientemente de que un candidato y su partido las dispute), México está lejos de ser una democracia funcional, eficaz y al servicio de la ciudadanía. Las consecuencias de esa nueva realidad son palpables.

El viejo sistema fue perdiendo capacidad de control esencialmente como resultado de su propio éxito en pacificar al país luego de la Revolución y sentar las bases para el crecimiento; elevadas tasas de crecimiento a lo largo de varias décadas (40-60) generaron una enorme diferenciación en la sociedad mexicana, un extraordinario crecimiento urbano y el desarrollo de profesiones, universidades y todo tipo de factores que, en el tiempo, resultaron incompatibles con el viejo sistema de control. Poco a poco, la sociedad mexicana fue abriéndose espacios frente al control centralizado del poder, debilitando sus estructuras tradicionales que, además, probaron ser excesivamente rígidas para ajustarse y adaptarse.

No hay que perder de vista que el sistema se creó para pacificar al país y establecer un proceso institucionalizado de toma de decisiones luego de la gesta revolucionaria. El mecanismo de atracción -la zanahoria- de los liderazgos que se incorporaron a la nueva organización fue la promesa de acceso al poder y/o a la riqueza a través del sistema; el costo de incorporarse consistía en perder libertad de operación fuera del sistema, dado que la pertenencia al nuevo partido (PNR) entrañaba la aceptación de las reglas «no escritas» del sistema, cuya esencia era el sometimiento al poder presidencial. El sistema fue tan efectivo en cumplir su cometido que México creó una casta de políticos ricos y poderosos como resultado de su pertenencia al exclusivo club. La llamada «familia revolucionaria» cuidada de los suyos y los compensaba con generosidad.

El paso de Carlos Salinas por la presidencia fue ilustrativo de los incentivos encontrados: un presidente modernizador, el único estadista que los mexicanos vivos hemos conocido (en términos de construir un proyecto de desarrollo de largo aliento, afectando importantes intereses en el camino), se dedicó a transformar los cimientos de la economía del país con el objeto de elevar su tasa de crecimiento. Innumerables reformas siguieron en materia de comercio exterior, inversión extranjera y regulación económica, además de la privatización de empresas hasta entonces propiedad del gobierno, como la telefonía, la televisión y el sistema bancario. Las reformas en materia económica fueron ambiciosas y profundas pero, al mismo tiempo, se vieron limitadas por el objetivo ulterior que, no por implícito, dejaba de ser evidente: se procuraba elevar la tasa de crecimiento de la economía para evitar un cambio político, es decir, la pérdida de control del sistema y los beneficios que éste le prodigaba a sus integrantes. Los costos de esa dualidad acabaron siendo evidentes en la crisis de 1995 y no se han erradicado.

La era de Salinas coincidió con la de Gorbachov en la Unión Soviética: ambos encabezaron momentos reformistas en sus países. Gorbachov lideró un proceso de apertura política (glasnost) al que concibió como necesario para hacer posible la transformación económica (perestroika). El resultado fue que Gorbachov perdió el poder y el sistema soviético se colapsó. En ese contexto, Salinas, agudo observador de lo que ocurría en aquellas latitudes, se concentró en las reformas económicas, así estuvieran éstas limitadas por el condicionamiento político. La consecuencia fue doble: por una parte, las reformas sembraron la base de una nueva economía, competitiva y productiva, pero limitada en su alcance, dejando a una enorme porción de la población distante de los procesos modernizadores y con muy bajos niveles de productividad. Por otro lado, en una de esas ironías de la historia, tanto México como Rusia, cada uno a su manera y en su tradición histórica, eventualmente reconstruyeron parte de sus viejos sistemas políticos.

El hecho relevante fue que la economía mexicana experimentó una profunda transformación pero no generalizada; a la vez, la vieja clase política, mucha de ella opuesta a las reformas de estas décadas, ha seguido un proceso gradual, pero sistemático, de reconcentración del poder, guiado más por la nostalgia del viejo sistema que por la existencia de un modelo político o económico alternativo. Entonces, ¿se podrá cambiar?

Hay innumerables ejemplos de efervescencia social a lo largo y ancho del país. En algunos casos, grupos de mujeres se han levantado para cerrarle las puertas al narco; en otros, comunidades enteras se han abocado a buscar a sus parientes desaparecidos en la violencia de los últimos años. Hay muchos más ejemplos de movilización ciudadana de lo que uno se imagina a primera vista. Sin embargo, no es obvio que de ahí pudiera surgir una capacidad clara y sistemática de cambio, pero esa es quizá la única oportunidad que tiene México para romper, de manera institucional y sin violencia, con los impedimentos que hoy mantienen al país en la desazón.

*extracto del libro Un mundo de oportunidades http://bit.ly/2syezl3

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Luis Rubio

Todo mundo supone que el presidente tendrá la posibilidad de imponer al candidato de su preferencia, como si nada hubiera cambiado en las últimas décadas, pero especialmente desde la derrota del PRI en 2000. El viejo sistema se fue deteriorando -y produjo repetidas crisis- no por la capacidad o incapacidad de personas en lo individual, sino porque el sistema concebido luego de la Revolución ya era incompatible con un mundo cambiante y un país moderno, grande y demandante. Ahora, luego de patéticos resultados electorales -con calzador y, en el mejor de los casos, de panzazo y con conflicto subsecuente-, la mera pretensión de poder imponer a un candidato desde el zenit presidencial parece absurda. Como dijo Marx, la historia se repite, la primera vez como tragedia, luego como una farsa. Ante este escenario, quizá no haya pregunta más importante para el próximo año -y, quizá, para la próxima década- que la forma en que actuarán los priistas.

La historia del PRI es la historia del dedazo, la concentración del poder -del poder unipersonal-, de la paz impuesta desde el centro y del control político vertical. Ese es el modelo que ha intentado recrear el presidente Peña en estos años, pero su inviabilidad ha sido el resultado de la nueva realidad política -y social, económica y tecnológica- que caracteriza al país y al siglo XXI. El PRI de hoy ya no es el de antes y los sistemas de control de antaño sólo producen confusión y, luego, caos.

El nuevo panorama, justo a un año de los próximos comicios para la presidencia, no es alentador para un gobierno tan impopular y, sobre todo, para un momento tan sensible y delicado, tanto en lo interno como en lo externo. No es sólo el enojo popular, la inseguridad que ignoran y desdeñan los políticos o el pobre desempeño económico para un enorme número de mexicanos, sino también la evidencia de corrupción y la flagrante impunidad. No es obvio que estas circunstancias sean distintas al pasado, pero sí lo son las percepciones y el amplio acceso a la información. Como dice David Konzevik, «los pobres de hoy son ricos en información y millonarios en expectativas.» Cualquiera que sea la causa, el PRI que hoy se perfila a la próxima justa presidencial no vive sus mejores días.

El problema del PRI ciertamente no es novedoso, pero el gobierno actual lo ha agudizado; ha enajenado a los propios priistas: su administración incluye esencialmente a políticos del edomex y excluye a prácticamente todos los demás, circunstancia que ha enardecido al partido en todos los rincones del país. En segundo lugar, desapareció la quizá más impactante de las características que hacían distintivo al PRI: su disciplina casi leninista en la búsqueda del poder. En las elecciones de 2015, por ejemplo, el gobierno jugó contra el PRI en una jugarreta de palacio pero con desastrosas consecuencias para el PRI. Tercero, tan distante de la realidad se ha vuelto que se ha perdido en estratagemas de fragmentación del electorado que lo han convertido en el principal promotor de Morena.

Por donde uno lo vea, el gobierno se ha convertido en un dolor de cabeza para los propios priistas. Es en estas condiciones que se avecina la asamblea del PRI de agosto próximo. Dado el desempeño del gobierno y del partido, todo anuncia que habrá una enorme rebelión entre los priistas, rebelión contra el gobierno o, más concretamente, sobre cómo se nominará al próximo candidato presidencial y con qué mecanismo o criterio. Es decir, una rebelión contra el dedazo.

Una rebelión no tiene por qué implicar gritos o golpes, pero sí puede entrañar una transformación radical del sistema político mexicano y ahí yace su trascendencia y complejidad. Trascendencia porque el sistema de gobierno que tenemos, el que construyó Plutarco Elías Calles empleando como modelo -diría Roger Hansen- al porfiriato, sigue siendo el mismo en su esencia a pesar de la enorme transformación que ha experimentado el país (y el mundo) en el último siglo, o sea, un anacronismo. Por otro lado, la complejidad de una rebelión como la que anticipo radica en que algunos de los “alzados” buscarían preservar los privilegios pero sin la disfuncionalidad del dedazo (o sea, la tía y la bicicleta), en tanto que algunos otros, quizá los menos, promoverían una reforma radical del sistema.

Vienen, en consecuencia, meses complejos en los que se podrían sentar las bases para la reconfiguración del viejo sistema político o para su colapso final. Cualquier cosa es posible, sobre todo porque lo fácil es iniciar una rebelión; mucho más difícil es controlar su resultado: una vez que ésta inicia, nadie sabe cómo termina. En un escenario así, los priistas tendrían en sus manos la oportunidad de crear condiciones para la construcción de un nuevo sistema político (y darle sepultura al disfuncional sistema de hoy), o para generar caos al pretender preservar los privilegios sin darle viabilidad económica o política. La diferencia radicaría en quién o, más bien, qué gana: la construcción del nuevo entramado institucional que le urge al país o el intento de preservar, bajo nuevas reglas, el mundo de corrupción, privilegios e impunidad que han sido el sello de la casa desde su inicio.

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Luis Rubio

El país lleva décadas confrontando el pasado con el futuro sin querer romper con el primero para abrazar decididamente al segundo. La evidencia es abrumadora y particularmente visible en la interminable colección de acciones gubernamentales orientadas a pretender cambiar sin querer que haya cambio alguno.

En los dos ámbitos en que mayor ha sido el activismo político-gubernamental de las últimas décadas -lo electoral y lo económico-comercial- el país se ha caracterizado por enormes reformas con relativamente pobres resultados. Dudo que haya muchos países en el mundo que hayan experimentado tantas reformas electorales en tan pocos años y, a pesar de que éstas han arrojado un sistema extraordinariamente ejemplar y profesional, imitado alrededor del mundo, seguimos viviendo una incontenible disputa electoral y, sobre todo, de credibilidad, cada que hay elecciones. En la economía, el país se ha desvivido por concertar acuerdos comerciales a lo largo y ancho del mundo y ha llevado a cabo ambiciosas reformas que nunca acaban de aterrizarse o implementarse a cabalidad.

No sería exagerado afirmar que, gracias al TLC norteamericano y a las oportunidades de empleo que la economía estadounidense aportó por décadas, la clase política mexicana no ha tenido que cambiar sus costumbres o disminuir sus privilegios. Si bien el desempeño económico promedio ha sido, por decir lo menos, mediocre, éste ha sido suficiente para mantener el bote a flote. En el ámbito político, las reformas electorales tampoco han cambiado la naturaleza de la interacción partidista, aunque la han hecho mucho más compleja: siguen fluyendo ríos de dinero, los gobiernos salientes y el gobierno federal siguen dedicados a manipular los resultados y los puestos de elección popular siguen siendo fuentes de enriquecimiento, no de buen gobierno. Todas esas reformas han fracasado en producir un sistema eficaz de gobierno, como ilustra la crisis de seguridad.

Otra manera de decir esto es que el país sigue viviendo en el pasado aunque le haga caravanas al futuro. Deidre McCkloskey expresó esta idea de una manera por demás explicativa: “la izquierda y la derecha se unen en oposición al futuro: la primera porque no es un futuro planificado y la segunda porque éste no es idéntico al pasado.” El futuro que todo mundo promete acaba siendo una quimera porque nadie tiene ni la menor intención de construirlo.

Hoy, día de elecciones, es necesario reflexionar sobre las promesas de candidatos en campaña frente a los rezagos, carencias, problemas y atrasos que persisten y que son producto de un pasado que los creó pero que es incapaz de resolver ¿Cómo conciliar estas dos realidades, estas dos caras de una misma moneda?

Históricamente, el país ha sido un botín -para robar o para construir otro puesto, pero botín al fin- para los partidos y políticos, lo que obliga a preguntar si el ejercicio continuo e imparable de posponer soluciones es sostenible. Es decir, si bien la economía ha crecido a un ritmo de más o menos 2% en las últimas décadas, esa cifra, como todo promedio, esconde más de lo que revela. Algunas entidades y regiones crecen a tasas casi asiáticas en tanto que otras se contraen. El potencial de conflicto social en estas últimas es infinito y, en muchos sentidos, constante. A pesar de ello, gobiernos van y vienen pero los rezagos -y sus consecuencias- persisten.

Los mundos del pasado y del futuro no se comunican, pero uno depende del otro y es ahí donde choca la actividad gubernamental. Los problemas del pasado -inseguridad, mala educación, pésima infraestructura, ausencia de autoridad- impiden que se construya el futuro, ese que requiere condiciones idóneas para que los individuos puedan desarrollar sus capacidades al máximo. Parecería obvio que es necesario lidiar con el pasado para que sea posible construir el futuro, pero esa obviedad no lo es en el terreno de la acción gubernamental porque implica afectar intereses: la inseguridad o la mala educación se pueden resolver, pero la solución implica meter al redil a grupos políticos, sindicatos y, en general, intereses dedicados a depredar del statu quo. Así, el pasado -que sigue siendo presente- impide la construcción del futuro.

Un nuevo gobierno tendría que pensar en cómo transitar de un lugar al otro. No es posible proponerse atraer inversión -el estado de México, por ejemplo, la ha venido expulsando- a menos que se atiendan los problemas de seguridad. La inseguridad, un rezago y resabio del viejo sistema político, sólo puede enfrentarse con un sistema de gobierno distinto, fundamentado en concepciones del siglo XXI, no las que el viejo priismo heredó del porfiriato. Sin seguridad, el futuro es inconcebible. Lo mismo sucede con la educación: la educación concebida para el control y el beneficio sindical es incompatible con la economía del conocimiento y es la principal causa de los malos empleos y bajos salarios. No es casualidad que sus baluartes sindicales sean los principales soportes de la convocatoria más reaccionaria y retardataria en la elección del Edomex de hoy.

Con Trump, el agua le llegó al tope al viejo sistema. La pregunta es quién ofrece una mejor alternativa.

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Luis Rubio

Lo único implacable de la vida es el tiempo que ya pasó y así, en materia política, el país se acerca al inicio de la sucesión presidencial. Se afinan las posturas, afloran múltiples candidaturas y, poco a poco, se va perfilando la última etapa del ciclo sexenal. Como escribiera Miguel de Cervantes, “no es posible que el mal ni el bien sean durables… así que no debes congojarte por las desgracias…” El panorama se aclara, evidenciando las carencias, sobre todo la obvia: por qué, después de tantas décadas de reformas y buenos deseos, el país sigue atorado, siendo incapaz de dar ese gran salto adelante que caracteriza a tantas sociedades exitosas en el mundo.

En su discurso de aceptación del premio Nobel, Albert Camus anticipó lo que le ha pasado a nuestro país en estas décadas: “Indudablemente cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe que no lo logrará… Heredera de una historia corrompida, en la que se mezclan las revoluciones fracasadas… y las ideologías extenuadas; en la que poderes mediocres, que pueden hoy destruirlo todo, no sabe convencer…”

Todos los gobiernos llegan a su inauguración con la certeza de que ellos sí sabrán cambiar al mundo, que todos sus predecesores eran torpes e ineptos. Quizá nadie como Trump en este sentido, pero el fenómeno es universal: por promesas ningún candidato para; todos creen que dejarán una huella imborrable, los cimientos del futuro. Así comenzó el gobierno del presidente Peña, quien, con toda fanfarria, lanzó una serie de iniciativas y estrategias, tanto de reforma como de forma de gobernar, que acabaron arrojando un saldo mixto: avances legislativos (casi) sin precedente, pero una realidad cotidiana en creciente deterioro. Parte de esto fue producto de las contradicciones inherentes al propio gobierno, pero mucho de ello no distinto a lo que le ha ocurrido al país en el último medio siglo.

La contradicción de fondo no es privativa del gobierno actual: es la misma piedra con la que se han tropezado todos los gobiernos desde los ochenta. En días pasados tuvimos una ventana de oportunidad que permitió observar uno de los muchos ejemplos que ilustran la incapacidad de romper con el viejo sistema político. El caso de los ladrones de combustibles, los llamados “huachicoleros,” es sugerente del problema de fondo; más allá del enorme costo tanto económico como de legitimidad para el sistema de gobierno que representa la impunidad en este y todos los demás asuntos nacionales, la realidad es que no existe incentivo alguno para limitar, impedir o castigar a quienes incurren en este delito por una razón muy simple: hay huachicoleros que son detenidos hasta dos y tres veces en un mismo día y, luego de pagar una multa simbólica, salen en libertad para seguir con sus fechorías. Lo hacen porque no es un delito grave, es decir, que no implica cárcel; por lo tanto, aún con las policías que tenemos, el incentivo para aprehender a estos delincuentes es negativo porque no hay consecuencias. La pregunta relevante no es por qué se roban el combustible (eso es obvio), sino por qué no se trata de un delito grave que sirviera, al menos en principio, como un factor disuasivo. La respuesta evidente es que hay poderosos intereses políticos, sindicales y criminales que se benefician del statu quo y tienen el poder suficiente, o la capacidad de amenaza necesaria, para preservarlo.

Lo mismo es cierto en todos los ámbitos de la vida nacional: no hay reforma -económica, política, laboral o de derechos civiles o humanos- que no afecte a poderes enquistados que, por décadas, han depredado del sistema y expoliado al erario de manera directa o indirecta. Esos intereses han logrado que las reformas, desde las modestas hasta las más ambiciosas, nunca lleguen a arrojar todos sus beneficios, pues eso implicaría alterar el statu quo del cual se benefician. Así, las reformas no avanzan ni traen beneficios plausibles, creando un círculo vicioso: la reacción -y los reaccionarios- en este mundo las desacreditan, prometiendo retornar al mundo idílico del pasado. Y ahí se cruza la realidad cotidiana con el asunto electoral en ciernes.

La reciente elección francesa estableció un nuevo parangón. En contraste con la estadounidense del año pasado, en que Trump abrazaba posturas cada día más extremas y Hillary no hacía sino prometer lo mismo pero un poquito menos (ej. el TPP), los candidatos franceses no perdieron el tiempo: Le Pen proponía un retorno al pasado en tanto que Macron planteaba una ambiciosa agenda propositiva, benéfica y arrojada, lo vivido contra el futuro, la nostalgia frente a la esperanza. Me pregunto si habrá algún candidato en México capaz de plantear un futuro distinto, una oportunidad esperanzadora para una sociedad sumida en la desazón. Romper el círculo vicioso.

El pasado ya lo conocemos y ese es justamente el de los intereses que yacen detrás del poder del viejo sistema político y que, como ilustran los huachicoleros, no fueron perturbados ni por los gobiernos del PAN. México necesita un nuevo régimen político: ojalá los aspirantes que con tanto ahínco se pelean por las candidaturas, tengan también la visión, y el temple, para romper con el viejo régimen que todo lo carcome.

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