Luis Rubio

El Congreso está sumido en una importante discusión en torno al rediseño de las instituciones del gobierno mexicano. Se trata de la construcción de una nueva plataforma institucional que responda a las cambiantes realidades políticas del país. Lo que es crucial es que la reforma que eventualmente se apruebe responda no sólo a las demandas de los partidos políticos, sino que en su esencia contemple los espacios de participación ciudadana que una sociedad como la mexicana requiere para su desarrollo.

La necesidad de una reforma institucional o “del Estado”, como pomposamente se le ha llamado, es obvia. Con el “divorcio” del PRI y la presidencia a partir de la derrota de ese partido en 2000, el país experimentó un cambio radical en su realidad política: la presidencia dejó de ser la fuente de poder casi absoluto alrededor de la cual todo el resto del sistema político giraba. Es decir, cambió la realidad del poder, pero las instituciones siguieron siendo las mismas, con toda la disfuncionalidad que esa nueva situación entraña. La idea de transformar al Estado mexicano es una respuesta lógica a una situación real y en buena medida urgente.

En la iniciativa que presentó la fracción del PRI en la Cámara de Diputados se plantea una reforma radical de la estructura tradicional del poder. En su esencia, la propuesta se fundamenta en el objetivo de fortalecer al poder legislativo creando una estructura parlamentaria con funciones ejecutivas muy similares a las que caracterizan al gobierno francés. La idea es que un jefe de gabinete emanado del poder legislativo le daría un mayor dinamismo y funcionalidad a la toma de decisiones, resolviendo uno de los mayores problemas que hoy en día caracterizan al sistema de gobierno dividido.

Una propuesta de esta naturaleza sólo podría estar orientada por uno de dos objetivos: el primero sería que se procura conferirle una mayor funcionalidad al sistema de gobierno a través de un proceso de decisiones que incorpora, desde su inicio, la concurrencia del poder legislativo en las iniciativas que avance el jefe del gabinete; el objetivo alterno consistiría en pretender redefinir las relaciones de poder en la sociedad mexicana. Desde luego, lo probable es que la iniciativa esté animada por una combinación de los dos propósitos.

Nadie puede disputar la necesidad de reformar al gobierno para darle una mayor funcionalidad. En esto, la búsqueda del primer objetivo es no sólo bienvenida, sino por demás encomiable. El gobierno mexicano lleva una década sin funcionar debidamente, además de estar saturado de conflictos. Un rediseño que resuelva estos dos entuertos sin duda constituiría una gran contribución al desarrollo del país. El riesgo de una empresa de esta naturaleza reside en que el rediseño no haga sino recrear al viejo sistema con un nuevo disfraz, un poco como ocurrió con el PRI que, en un sentido histórico, representó la continuación del porfiriato por medios institucionales.

Aquí es donde entra en juego el segundo objetivo. Un rediseño del sistema político inexorablemente entraña la redefinición de las relaciones de poder. La pregunta crucial es si el objetivo de la iniciativa es el de la redefinición del poder entre el ejecutivo y el legislativo o una consecuencia de la misma. Aunque parezca un mero juego de palabras, la diferencia es fundamental: en el primer  caso estaríamos ante un virtual golpe a la presidencia, en tanto que en el segundo se trataría de una renegociación institucional de las relaciones de poder. El orden de los factores si altera el producto.

Pero la trascendencia de esta redefinición en las relaciones de poder no reside exclusivamente en la motivación de los autores de la iniciativa sino en las estructuras que la llegasen a sustentar. No es lo mismo el fortalecimiento de un poder legislativo plenamente representativo que uno aislado o relativamente aislado de la ciudadanía. En aquellos sistemas en que la ciudadanía constituye el factor de soberanía política, es decir, que efectivamente tiene capacidad de exigir rendición de cuentas por parte de sus representantes en el poder legislativo, una reforma de esta naturaleza abre puertas y oportunidades antes no existentes. Por otra parte, un poder legislativo aislado de su sociedad que acaba siendo el beneficiario del antiguo poder presidencial no representa más que una nueva forma del viejo sistema al que se está queriendo sustituir.

Entre los beneficios que aportaría una estructura política fundamentada en un gobierno emanado del poder legislativo y con un ejecutivo con carácter de jefe de Estado (y las atribuciones que acabara preservando que, al menos en el modelo francés, a diferencia del inglés, siguen siendo amplias) estaría el de privilegiar la negociación por encima del conflicto. Es decir, si el problema político del México de hoy se define como uno de ausencia de mayorías y capacidad de decisión gubernamental, la existencia de un gobierno emanado del Congreso casi garantiza la solución a ambos problemas.

Por otro lado, si el problema político del país se define como uno de falta de representación y ciudadanía, es decir, como uno de un déficit democrático, la solución propuesta funciona sólo en la medida en que el poder legislativo sea ampliamente representativo, transparente y sujeto a una estricta rendición de cuentas. Desde esta perspectiva, la propuesta de reforma institucional sólo podría funcionar de modificarse tres componentes centrales, de hecho factotums, de la política mexicana actual: primero, sería necesario eliminar ese híbrido extraño que caracteriza a nuestro poder legislativo en el que se mezclan diputados y senadores electos por mayoría con otros electos por representación proporcional; segundo, habría que instaurar la reelección de legisladores; y, tercero, habría que facilitar la creación de nuevos partidos para desincentivar el recurso a vías no institucionales. Sólo cambiando estos tres elementos podría afirmarse que una reforma como la propuesta seria algo distinto a un mero enroque al estilo de Lampedusa: que todo cambie para que todo siga igual.

El gran beneficio del proyecto de reforma propuesto reside en que se institucionaliza la política mexicana y se crean incentivos para que los actores en la política negocien y busquen soluciones dentro de los marcos legítimos, a la vez que se penaliza el actuar de grupos políticos independientes o violentos que juegan por canales extra institucionales, independientemente de que se consideren a sí mismos legítimos. El costo potencial es que se cierre la ventana de oportunidad al desarrollo de una democracia sustentada en la participación de una ciudadanía fuerte y pujante.

Luis Rubio

Siempre me ha fascinado el contraste entre la retórica de los gobernantes del Distrito Federal y la realidad de la ciudad. Mientras que la retórica, sobre todo a partir del inicio de los noventa, se desvivía por afirmar la salud financiera de la ciudad, la realidad material del DF clamaba por toda clase de reparaciones físicas en su infraestructura más elemental. Es obvio que la razón del contraste es el hecho de que desde que nuestros regentes y jefes de gobierno se sintieron presidenciables todo, hasta el lenguaje, comenzó a cambiar. Cualquiera que haya sido su lenguaje, la realidad es que el DF tiene una atroz infraestructura física que no justifica las palmadas en la espalda que se dan nuestros gobernantes ni su pretensión de salud financiera en las cuentas de la ciudad.

La salud financiera de una ciudad se puede medir de dos formas: una es la que arrojan las cuentas fiscales que, de manera simplista se puede decir que equivale a sumar los ingresos, restarle los egresos (incluyendo el servicio de la deuda) y terminar con la cuenta final, que generalmente muestra un déficit, si bien relativamente modesto. Otra manera, la que realmente debería emplearse, tendría que incluir tanto lo que los contadores llaman pasivos contingentes (obligaciones que en algún momento tendrían que cubrirse) así como la depreciación del capital. En una ciudad, el capital (los activos) está integrado por el sistema de agua, las calles, los semáforos, el drenaje y, en general, todo lo que representa una inversión.

Cada uno de estos componentes del activo de la ciudad tiene una vigencia distinta. Mientras que los focos de los semáforos duran relativamente poco, el sistema de agua tiene una duración que se mide en décadas. La pavimentación de las calles dura mucho menos que el sistema de tuberías pero usualmente más que los puentes peatonales que cruzan las avenidas y periféricos. Sin embargo, todos estos elementos de la infraestructura urbana se van deteriorando poco a poco hasta que se acaban y por eso la contabilidad de la ciudad debería contemplar su reposición en un plazo lógico, antes de que comience a ser inutilizable o incluso contraproducente.

Lo que se puede decir de la infraestructura que no se ve (como el drenaje y las tuberías) también se puede afirmar de las vías rápidas con que cuenta la ciudad. El número de automóviles crece con celeridad, pero las calles disponibles para que estos circulen brillan por su ausencia. En lugar de anticipar crecimientos futuros, el gobierno de la ciudad responde décadas tarde (y usualmente mal) ante el desafío de la transportación urbana. Se construyen nuevos edificios de oficinas y desarrollos residenciales pero no se crean las calles y avenidas para desahogar el tránsito incremental que inevitablemente se producirá.

Así como son rápidos para ponerse medallas por museos o programas sociales no financiados, nuestros gobernantes locales nunca han sido excepcionales en su disposición a reconocer los pasivos que tienen con la ciudadanía en materia de infraestructura. Peor, desde que comenzaron abiertamente a querer ser candidatos a la presidencia se abocaron a toda clase de gastos muy atractivos y de gran visibilidad política (igual segundos pisos que universidades o subsidios a la población de mayor edad) sin reparar en la necesidad de darle el mantenimiento más elemental a lo existente.

Cualquiera que haya caminado en las calles de la ciudad de México sabe bien que toda la ciudad es un gran bache: prácticamente no hay cuadra en la que no haya agujeros en las calles, coladeras sin tapa u obras incompletas. El drenaje profundo ha sufrido descalabros mayores en los últimos años y nada se ha hecho para repararlo; la red de tuberías de agua potable tiene fugas por todos lados y su deterioro es palpable en grandes partes de la ciudad. Las calles y avenidas son insuficientes y conllevan al mayor desperdicio de horas hombre que alguien pudiera imaginar. Aunque en sentido estricto no es de su responsabilidad, el mismo problema existe en la red eléctrica. Sin embargo, el gasto público sigue concentrándose en lo aparente y visible sin reconocer que es lo otro lo que hace posible que funcione una urbe como la nuestra.

El gobierno de la ciudad pretende atraer grandes inversiones tecnológicas, turísticas, de manufactura no contaminante y de servicios diversos. Sin embargo, pretende que eso es posible sin construir la infraestructura (en sentido amplio) que requerirían esas inversiones. Por ejemplo, si bien la ciudad de México cuenta con grandes unidades hospitalarias de investigación que son un ejemplo para el mundo entero, las condiciones de trabajo de los científicos que ahí laboran son incomparablemente menos propicias que las de sus pares en naciones donde los temas de criminalidad o infraestructura elemental simplemente no son temas.

Estas reflexiones surgen de observar la forma en que los operarios del gobierno del DF responden ante problemas en las redes de agua por donde paso todos los días. Las tuberías tienen más de cuarenta años de vida y su deterioro es creciente. Rara es la semana en que no hay una fuga. Llegan los operarios, hacen un gran agujero que obstruye la circulación y molesta a los vecinos y proceden a hacer un parche: ponen un pedazo de tubo nuevo que no es del mismo material que el existente y lo conectan lo mejor que se puede, cierran el hoyo y se retiran. La semana siguiente vuelven para atender una nueva fuga y reparar otro pedazo de tubo, cuando no el mismo. Luego de decenas de reparaciones, a un costo astronómico, no se da el reconocimiento de lo evidente: hay que cambiar todo el tubo (a un costo mucho menor).

Detrás de esta manera de actuar yace la noción de que se puede parchar todo sin con ello mermar el potencial de desarrollo de una ciudad moderna. El problema es que esa es una pretensión absurda. Una parte importante de la ciudad no cuenta con los satisfactores esenciales para la vida, en tanto que otra sufre las consecuencias de la falta de atención de esos mismos factores. Mientras tanto, nuestros gobernantes predican la salud financiera y se dedican a procurar la construcción de grandes edificios y proyectos sin resolver su funcionamiento o impacto en materia de tránsito, infraestructura o desarrollo de la comunidad.

La ciudad de México tiene un extraordinario potencial, pero éste es inasequible mientras las prioridades estén tan trastornadas. Primero deberían ser las soluciones y luego la construcción de grandes proyectos urbanos o políticos. La lógica actual no lleva más que a la lógica del NO que caracteriza a todos y cada uno de los habitantes de esta jungla urbana.

Luis Rubio

El legendario detective Sherlock Holmes tenía un principio que empleaba para resolver muchos de sus casos. Decía que cuando todas las demás posibilidades habían sido eliminadas, lo que quedara, así pareciera implausible, tenía que ser la respuesta. Con la lógica sherlockiana, no queda más que concluir respecto a la forma en que se conducen nuestros legisladores en estos días que es más importante avanzar puntos que ganar adeptos, aunque esos puntos no se traduzcan en beneficios para la población o en un entorno político que promueva una ambiente de reconciliación. Todo se vale mientras dure la fiesta.

El problema es que la fiesta no es eterna y nada estamos haciendo como sociedad para prepararnos para el futuro. En aras de proteger a la planta productiva vieja, no tocar a los sindicatos y sostener a todas las mafias políticas y partidistas existentes, el país está sacrificando su futuro e impidiendo el desarrollo de su población. Ese es el costo verdadero del actuar de nuestros legisladores, de sus intrigas, fobias y ánimo de imposición a cualquier precio.

Ante la abrumadora evidencia de que lo importante no es el futuro ni la posibilidad de construir algo mejor en lo económico o en lo político, la pregunta obligada tiene que ser: ¿hasta cuándo?

La pregunta es pertinente porque el país se consume sus recursos, limita el desarrollo de su población, impide que surjan y prosperen nuevas empresas y todo eso ocurre mientras que un puñado de sindicatos hace de las suyas en empresas y entidades que deberían ser grandes fuentes de oportunidades pero no lo son. Y todo esto es posible porque el gobierno y los partidos cierran todas las llaves de competencia y monopolizan las decisiones más importantes para beneficio de un puñado de privilegiados.

Todo esto me recuerda el título de un libro sobre la Indonesia de Sohearto. El libro, Una Nación en Espera, pintaba un panorama que no parece muy distinto al nuestro: un sistema de gobierno depredador, un capitalismo a modo donde algunas empresas funcionaban y prosperaban por sus propios méritos pero la mayoría debía favores (o mordidas) por todos lados y un conjunto de grupos políticos que controlaba las fuentes de recursos más importantes de la sociedad y la economía. El problema para nosotros es que todo eso supuestamente habría de morir con la derrota del PRI en las elecciones presidenciales.

Lo que ocurrió, todos lo sabemos, es que obtuvimos un cambio en la presidencia pero no un cambio de sistema. El resultado fue un gobierno incompetente incapaz de gobernar al estilo de antes, pero con el mismo sistema corrupto y corrompido que ahora ha dado lugar al imperio absoluto de tres partidos. La pregunta es qué hace posible que sobreviva un sistema así.

Aventuro dos respuestas. Por un lado, las estadísticas demuestran que la población ha mejorado en su bienestar, quizá no tanto como ha ocurrido en otras latitudes (como España, Chile, China o Irlanda), pero suficiente para que nadie tenga incentivos para protestar demasiado. Por otro lado, el petróleo ha permitido mantener el statu quo sin generar fuentes excesivas de conflicto en el mundo político o sindical. Es decir, dada nuestra historia y la evidente preferencia de la población por no menear el bote, las cosas están suficientemente bien, o no tan mal, como para protestar.

Para una población que lleva siglos a la expectativa de una mejora sustancial, parecería impecable la lógica de esperar un poco más. Menos explicable es la lógica de nuestros gobernantes y políticos que siguen impávidos aún a sabiendas de la amenaza de que el crecimiento no llegue a ser suficiente en los próximos años o, particularmente, de que los recursos emanados del petróleo se desplomen en un futuro muy cercano. Vayamos por partes.

Aunque los últimos gobiernos se han dedicado a culpar al poder legislativo de la parálisis económica, la verdad es que una buena parte de los factores que mantiene inmovilizada a nuestra economía se encuentran bajo control del poder ejecutivo. Es en el ejecutivo donde se alojan las principales decisiones en materia de gasto corriente o de inversión; donde se regula el comercio exterior y se determinan los aranceles que hacen desigual a nuestra economía y hacen posible la informalidad; ahí también reside el poder de decisión respecto a las tarifas de interconexión en telefonía y licitaciones de espectro para banda ancha; y, en general donde se deciden las reglas que impactan la forma en que compiten o no compiten las empresas. Es en el ejecutivo donde se tolera a los sindicatos abusivos que obtienen más en cada negociación contractual y que hacen imposible la igualdad de oportunidades, por ejemplo a través de la educación. Aunque es fácil culpar al congreso (con razón), mucho de lo que hace imposible el crecimiento acelerado de nuestra economía se encuentra en el fuero del ejecutivo y la maraña de intereses que lo rodea. Mientras el ejecutivo se duerme, los partidos avanzan hacia convertirse en el factotum del poder.

Por supuesto, el poder legislativo no se queda atrás. Nuestros legisladores ni siquiera han sido capaces de atender el tema al que son más vulnerables: el ingreso petrolero. La evidencia empírica demuestra que la producción petrolera viene descendiendo de manera acerada y, sin embargo, hay cientos de iniciativas de reforma energética que están en la famosa congeladora. Nadie, ni los principales beneficiarios del statu quo, parecen capaces de actuar para mantener esos privilegios. Paradójico, por decir lo menos.

A nadie debe sorprender el hecho de que un político se aboque a lo que tiene inmediatamente enfrente. Eso es no sólo humano, sino natural. Para los políticos lo trascendente es la próxima elección o el siguiente puesto y su incentivo es el de concentrarse en ello. Desde esta perspectiva, parecería inevitable que tendremos que esperar a que el petróleo efectivamente deje de aportar recursos para que lo inmediato sea precisamente eso. De ser así, el país tendrá que esperar unos cuantos años más.

Lo que es mucho más difícil de explicar es la incapacidad del ejecutivo para atacar las fuentes de la parálisis económica. Particularmente inexplicable para un gobierno emanando de un conflicto cuya causa profunda es el hecho de que la economía del país no satisface a una enorme porción de la población. A diferencia del petróleo, cuyos beneficios en términos de ingresos podrían durar hasta una década (o sea, otras legislaturas), para el gobierno el plazo es 2012 y ni un minuto más. En vez de culpar a otros, el gobierno debería enfocar sus baterías a lo único que lo puede salvar: tasas elevadas de crecimiento económico.

Luis Rubio

México nunca volvería a ser el mismo. La expropiación de los bancos en 1982 se explicó de diversas maneras pero tuvo una enorme consecuencia que sus autores nunca imaginaron: la destrucción de la confianza. Un cuarto de siglo después, tras dedicar 25 años casi íntegramente a tratar de reconstruir esa confianza, el país no la ha recobrado del todo. Sin embargo, en 2006 México mostró que, a pesar del embate e intentos irredentos por minar la confianza, ésta se mantuvo, al menos por lo que toca a los mercados financieros. Si algo prueban estos cinco lustros es que la confianza, a pesar de su fragilidad, es indispensable para el desarrollo de una sociedad. Igual de claro es que se requiere una visión de futuro, en un contexto de confianza, para lograr ese desarrollo.

La expropiación de los bancos fue un acto inusitado. Luego de décadas de crecimiento y desarrollo, fortaleza y vigor, durante los setenta el sistema fue incrementalmente debilitado y subordinado a las preferencias financieras gubernamentales. Con el crecimiento de la inflación, los bancos vieron deterioradas sus finanzas, desaparecieron los créditos de tasa fija, se impusieron estrictos cajones para canalizar crédito a actividades improductivas y, en una palabra, se debilitó el factor clave para el desarrollo económico, toda vez que los bancos son el vaso comunicante entre el ahorro y la inversión. México llegaba al inicio de los ochenta con una banca deteriorada, que hubiera podido recuperarse con una corrección seria y necesaria a la política económica, luego de dos sexenios de pésima administración económica y financiera.

Pero no habría de ser así. En lugar de reconocer y enmendar los errores, la respuesta del entonces presidente José López Portillo fue pasional y arbitraria, y trajo consecuencias que todavía hoy no acaban de resolverse. La expropiación de los bancos constituyó un golpe mortal a la confianza no sólo del pequeño núcleo de propietarios o accionistas de los bancos, sino de la clase media que ya tenía un sentido de ahorro y de propiedad. Al mismo tiempo, el acto de expropiar abrió una escisión en la sociedad mexicana que, como ilustró la contienda electoral del año pasado, no acaba por sanar. Ambas dinámicas, la de la confianza y la de la disputa por el futuro, han dominado la lucha política de este cuarto de siglo y no parece haber nada en el horizonte que prometa una resolución razonable para beneficio de toda la sociedad.

La expropiación también minó la confianza en las instituciones. Para un sistema político tan dado a cuidar las formas, el manejo de la expropiación fue atroz. La expropiación destruyó la confianza en el sistema legal: es interesante observar que en los considerandos del decreto de expropiación se alega todo menos la utilidad pública de la medida. Luego se procedió a llevar a cabo una enmienda constitucional para hacer permanente la arbitrariedad, tirando al basurero el concepto de la no retroactividad de las leyes.

Los mexicanos podíamos estar de acuerdo o en desacuerdo con el sistema político posrevolucionario, pero por décadas al menos había existido la sensación de que funcionaba. El acto expropiatorio vino seguido de violaciones a las reglas no escritas de convivencia de la sociedad mexicana. Nunca antes se había amenazado a las personas en su vida, patrimonio y manejo de su destino, como ocurrió con las infames listas públicas de saca dólares, listas de gente que, valga recordarlo, nunca cometió delito alguno. Pronto vendría un monstruoso relajamiento en el comportamiento de los funcionarios públicos, que ahora se imaginaban destinados a salvar a la nación (con la notable excepción de Don Adrián Lajous, cuyo valor cívico merece ser recordado). Hubo una psicosis tal que súbitamente comenzaron a construirse listas de blancos de expropiación: que Televisa, que las grandes tiendas comerciales; hasta un hipódromo se consideró expropiar. Como los jacobinos en la Revolución Francesa, el gobierno, alentado por los progres, se aprestaba a pasar por la guillotina a una ciudadanía perpleja ante el espectáculo de un gobierno dedicado a violar toda norma y ley.

Sin confianza, la economía del país se vino abajo. El déficit fiscal para ese año de 1982 ascendió al 18% del PIB y todo indicaba que estábamos al borde de la hiperinflación. De hecho, hubo algunos meses en ese año y en el subsiguiente en los que la inflación mensual anualizada superó el 400%. Sólo un programa económico draconiano como el que se instrumentó a partir del inicio de 1983 podía contener la implosión de la economía. Pero lo más importante fue que, a sabiendas del gobierno o no, a partir de ese momento comenzaría una larga e incierta travesía, años de esfuerzos gigantescos, hacia la reconstrucción de la confianza de la población en sus instituciones y en su gobierno. Algo de eso sin duda se logró, tal y como lo ilustra la impresionante estabilidad que mostraron los indicadores financieros y macroeconómicos a lo largo del 2006, a pesar del conflicto político que se vivía.

El otro legado de la expropiación de los bancos y, de hecho, de toda la década de los setenta, fue la inauguración de la era del conflicto político como medio para avanzar una agenda distinta a la del desarrollo económico por medios ortodoxos y tradicionales. Visto desde esa perspectiva, la expropiación de los bancos constituyó la culminación de los esfuerzos iniciados a partir de 1970 por cambiar el curso del desarrollo del país, conferirle al gobierno control sobre los instrumentos de control de la economía y principales medios de producción. Para quienes avanzaban esa agenda, la expropiación de los bancos representó el primer gran paso en la construcción de ese otro México. A pesar de la derrota que en los hechos sufrió esa perspectiva, ésta nunca desapareció y, como pudimos observar en la contienda de 2006, está tan viva como siempre.

Veinticinco años de altibajos, esfuerzos en ocasiones exitosos y en otros fallidos por construir una plataforma de crecimiento económico. A lo largo de todo ese periodo, lo único que fue constante fue el intento sistemático de recobrar la confianza de la población y de los inversionistas. A estas alturas parece evidente que falta el jalón clave: el que haga funcionar a la economía, acabando con los privilegios, sin minar la confianza.

La expropiación de los bancos cambió a México y, aunque mucho del daño que provocó se ha superado, lo que no se ha podido recuperar es la confianza de que el México del mañana será mejor que el de ayer. Hay acciones y maneras de actuar cuyos costos trascienden mucho más allá de lo que cualquiera puede llegar a imaginar.

Luis Rubio

Entorno contencioso. Partidos alebrestados. Gobierno serio y profesional pero sin un sentido político. Una realidad que se resume en la ausencia de una estrategia de desarrollo o de la visión que de ahí se derive. A poco más de un año del momento político más delicado en la historia moderna del país, el gobierno del presidente Calderón ha logrado estabilizar la política nacional y ha mantenido control sobre las principales variables económicas pero no ha logrado avanzar más que en temas aislados. En lugar de contar con un proyecto amplio, claro, convincente y creíble que establezca un rumbo y sume a los partidos y a la población en un esfuerzo común y que cambie la lógica perversa del mundito político-, el gobierno se ha dedicado meramente a mantener el bote a flote. Ese tipo de camino no lleva sino al cadalso, como ilustra patéticamente la administración anterior.

Aunque ha habido mejoría en muchos frentes, el país lleva años a la deriva. A diferencia de los setenta y ochenta, el país goza de estabilidad financiera, lo que garantiza que no habrá crisis, un valor inapreciable para millones de familias mexicanas. Sin embargo, una sociedad joven y con el perfil socio económico de la mexicana no se puede permitir aceptar la estabilidad económica como un fin en sí mismo. La economía mexicana requiere de una estrategia integral de desarrollo que garantice tasas elevadas de crecimiento económico, fuentes de empleo y oportunidad para toda la población. Si una lección arroja la contenciosa disputa electoral del año pasado esa es que la población está harta de la mediocridad, de la parálisis, de la falta de oportunidades y de los privilegiados que abrevan de esta situación.

El presidente Calderón inició su gestión sin la certeza de que podría concluirla. Tan polarizado estaba el ambiente que su única opción realista y razonable al inicio era la sobrevivencia. Esa lógica le llevó a optar por una estrategia de conciliación política, combate frontal a la criminalidad y a la adopción de medidas y políticas con las que su oposición se sintiera cómoda. La estrategia fue tan exitosa que en unas cuantas semanas logró no sólo garantizar su sobrevivencia sino también cosechar un elevado apoyo y reconocimiento por parte de la población en general.

Se dice fácil, pero hace un año prácticamente nadie pronosticaba que el presidente se consolidaría con tal celeridad. El que lo haya logrado es prueba de la claridad con que él mismo comprendió el momento y supo responder a las circunstancias con excepcional liderazgo. Con la perspectiva que da el tiempo parece obvio que una población de la que se ha abusado tanto por tantos siglos supo de inmediato reconocer que lo crucial era contar con un gobierno claro de miras y efectivo en su actuar en lugar de continuar con el sainete de la legitimidad electoral. Aunque no hay duda de que trabaja intensamente, el problema es que una vez lograda su consolidación el gobierno parece haberse quedado sin proyecto.

La ausencia de una estrategia de desarrollo ha sido la constante en los últimos años. Una estrategia de desarrollo implicaría la fijación de un objetivo y la articulación de un conjunto de políticas conducentes a lograrlo. Cuando un gobierno construye una estrategia de esa naturaleza y la comunica debidamente, la población se entera de lo que el gobierno busca lograr y, de gustarle, se suma al proyecto, convirtiéndose en su principal fuente de sustento y legitimidad. Quizá más importante, cuando existe un claro sentido de dirección que es reconocido y compartido por la población, la construcción de cada escalón en el proceso se torna en un paso intermedio que adquiere sentido dentro del conjunto. En sentido contrario, la ausencia de una estrategia se traduce en batallas campales permanentes hasta por la menor nimiedad.

Nada ilustra mejor la falta de una estrategia de desarrollo que la negociación fiscal de las últimas semanas. El gobierno se limitó a plantear una propuesta modesta, poco ortodoxa y estrictamente recaudatoria porque no tiene un proyecto general dentro del cual se pudiera inscribir algo más ambicioso, constructivo y congruente con el crecimiento económico de largo plazo. Incapaz de presentar el tema fiscal como un paso dentro de un proyecto integral, su propuesta acabó siendo canibalizada por todo tipo de actores: los empresarios para proteger sus intereses y los partidos políticos para intercambiarla por una escandalosa iniciativa de ley en materia electoral. De esta manera, en lugar de avanzar hacia un objetivo trascendente, acabamos con un conjunto de parches en materia fiscal y con un gobierno que se asume vulnerable en su interacción con el legislativo.

El electorado mexicano está ansioso de tener claridad de visión y mando: quiere y tiene que saber hacia dónde se propone avanzar el gobierno y cómo ese objetivo se va a traducir en beneficios tangibles para la población. Independientemente del mérito o viabilidad de su propuesta, el atractivo de López Obrador residía precisamente en el hecho de que propuso una visión cautivadora de lo que el país podía ser; de no haber sido por lo insensato de su propuesta económica, estoy seguro de que hubiera arrollado en las elecciones. El gobierno del presidente Calderón tiene que construir una visión que entusiasme a la ciudadanía y obligue al congreso a sumarse a su proyecto. Más de lo mismo no es opción.

Una estrategia de desarrollo aclararía el panorama no solo para la ciudadanía. El propio gobierno súbitamente tendría a su alcance definiciones precisas de qué se vale y qué no; cada secretario sabría que hacer y tendría que dejar de pretender que las cosas cambiarán por sí mismas. Resultaría inmediatamente claro quienes son aliados potenciales y quienes no; qué estrategia fiscal (impuestos y gasto) contribuye a avanzar su objetivo y cuál no. Sobre todo, una estrategia de desarrollo permitiría enfocarse hacia el futuro, dejando atrás los vicios, mitos y obstáculos que hoy son materia de su actuar cotidiano.

Por muchos años, el gobierno se ha dedicado a proteger la planta productiva existente, con todo lo que eso implica: sindicatos abusivos, empresarios rapaces y burócratas corruptos. Lo ha hecho, al menos en parte, porque al no haber una estrategia integral, los riesgos de sacrificar lo ya existente así como la oposición de quienes se benefician del statu quo resultan insalvables. Pero esa manera de proceder no ha hecho sino condenar al país al conflicto, el estancamiento económico y a la frustración permanente de toda la población.

Hay una mejor manera de salir avante por la que el país clama. Es tiempo de cambiar.

Luis Rubio

El discurso en torno a la llamada reforma del Estado es poderoso y atractivo. Lamentablemente en las propuestas que se han presentado hay, como elemento común, un total desprecio por el funcionamiento de los mercados. En lugar de alentar oportunidades interesantes de desarrollo político, profundizar la democracia y articular un esquema institucional propicio para el desarrollo de un mejor sistema de gobierno, lo único que se busca a toda costa es el control. El divorcio entre el desarrollo económico y la nueva institucionalidad política propuesta es patente.

Evidentemente, las propuestas de los diversos partidos políticos no son iguales ni parten de las mismas premisas. Cada uno ha articulado una oferta que, seguramente, concilia las corrientes partidistas internas y expresa un consenso entre sus distintos factores de poder. En dichas propuestas se puede apreciar la visión sobre sus expectativas y la percepción acerca de las posibilidades para el futuro mediato. Lo patente, sin embargo, es que no existe congruencia entre esas propuestas y el cambiante entorno económico que caracteriza al mundo en que vivimos.

La propuesta del PRI muestra una dualidad que no acaba por resolverse. Parece claro que los priístas no han decidido si apostar por la recuperación de la presidencia o encumbrarse en el poder legislativo. Algunas de sus propuestas parten del reconocimiento de un poder presidencial minado a causa de la división de poderes característica del país de hoy, razón por la cual plantean el fortalecimiento del poder ejecutivo como un factor imperativo para el desarrollo de un mejor sistema de gobierno. Por otro lado, proponen una serie de medidas que buscan afianzar al partido en el poder legislativo y darle una capacidad de control sobre la toma de decisiones del presidente. Visto desde lejos, no cabe duda que hay un deseo de recomponer la estructura del poder en el país, pero sin perder la posibilidad de llegar a la presidencia o, en su defecto, controlarla desde afuera. Parece poco probable que ambos objetivos sean consistentes entre sí, por lo que su propuesta es fundamentalmente pesimista y, quizá, por ello más institucional (podría lograr un equilibrio aunque ese no sea su propósito), no por diseño sino como consecuencia de su propio entuerto.

La propuesta del PRD es también titubeante pero de otra manera. Por un lado, destaca la expectativa (¿será esperanza?) de ganar el poder ejecutivo en la próxima vuelta (lo que les llevaría a conferirle amplios poderes a la presidencia). Al mismo tiempo, es perceptible la duda de si no sería mejor desarrollar un sistema institucional. Como los priístas, el PRD parece ofrecer una visión que refleja la duda de lo que será posible, de dos expectativas contrastantes, pero con una diferencia fundamental: el PRD no tiene duda sobre su interés en la presidencia, cree que es factible y por ello invierte sus esfuerzos en fortalecer más al poder ejecutivo.

Irónicamente, el PAN es el partido con la propuesta menos clara y acabada. Aunque por décadas los panistas propusieron esquemas de desarrollo institucional que el PRI nunca atendió, sus planteamientos reflejan una acusada ambivalencia. Por un lado, es evidente su ánimo de proteger y arropar al presidente surgido de su partido; por otro, la agenda tradicional del PAN apuesta por una mayor institucionalidad democrática. Es posible que esa ambivalencia se agudice por la lucha existente al interior del partido: entre la agenda social que para muchos panistas parece trascender el mundo terrenal y la agenda del poder que requiere la toma de decisiones y su ejecución en la vida real. También es posible que, en su calidad de partido en el gobierno, el PAN haya optado por un conjunto de propuestas que hagan posible la convergencia de los otros dos partidos en un proyecto de reforma común.

Lo que ninguno de los partidos contempla en sus propuestas y preocupaciones es el desarrollo de los mercados y de la economía en general. Por supuesto, su objetivo es reorganizar las estructuras institucionales del poder en el país tras la caída del viejo presidencialismo y eso quizá explique su concentración en temas propios del gobierno y del poder. Pero uno tiene que preguntarse cuál es, o debe ser, el objetivo del gobierno y de la organización del poder si no la creación de un entorno apropiado y propicio para el desarrollo económico que es, a final de cuentas, lo único que importa para el 99% de los mexicanos.

De hecho, no hay una preocupación por los temas de desarrollo económico, además de que destaca una perceptible y acusada nostalgia por los viejos esquemas de desarrollo iniciados, promovidos y controlados por el gobierno. Esa nostalgia por la rectoría económica y por sus instrumentos terrenales son preocupantes, porque vienen asociados con mecanismos de colusión, ausencia de transparencia y una cultura de consenso que no es otra cosa que un contubernio entre el gobierno o sus personeros y aquellos sindicatos o empresarios interesados en obtener prebendas y excepciones en vez de atender al consumidor y competir con calidad y precio por su preferencia.

Es decir, las propuestas presentadas hasta el momento no sólo no convergen con las exigencias de una economía moderna que requiere de menos obstáculos, mejores condiciones para operar y un marco de reglas estables y confiables, sino que evidencian un fuerte sesgo anti mercado. Es posible extrapolar las propuestas de reforma institucional al ámbito de la regulación económica e imaginar un escenario en el que se privilegia el endeudamiento sobre el acceso al mercado de capitales para el desarrollo de las empresas. Ese mismo prejuicio llevaría de inmediato a impedir que, por ejemplo, las Afores invirtieran en el mercado de valores, lo que dificultaría que el sistema de ahorro para el retiro optimizara los rendimientos para contar con fondos suficientes para un retiro digno. La toma racional de riesgo, que es la esencia de los mercados y de la inversión productiva, choca con la lógica abrumadora del control.

Puesto en otros términos, las propuestas de reforma del Estado muestran que no hay preocupación por el desempeño de la economía y, en todo caso, que prevalece un desprecio por las realidades económicas de nuestro tiempo. En lugar de preocuparse por el desarrollo del país, las propuestas manifiestan una obsesión por el poder y el mantenimiento del statu quo. De avanzar por ese camino, podemos estar seguros que no lograremos ni la institucionalidad ni el desarrollo.

Luis Rubio

Más allá de los asuntos de forma, este es el Informe que yo quisiera escuchar:

Al H. Congreso de la Unión:

Acudo a esta representación a rendir el Informe de mi primer año de labores, pero sobre todo a proponer un programa de transformación integral del país. México requiere una nueva visión para su futuro y para el beneficio de todos los mexicanos.

Hace un año, el país vivía momentos difíciles, un proceso postelectoral conflictivo y un país deseoso de respuestas. La contienda electoral reveló fisuras en la malla social y un profundo deseo por parte de los mexicanos de lograr no sólo tasas de crecimiento elevadas dentro de un contexto de estabilidad, sino una lucha frontal contra la pobreza, los privilegios y la falta de oportunidades. Hoy vengo a exponerles un programa para responder a estos retos.

Comienzo por reconocer que a lo largo de estos primeros meses de mi administración, he podido trabajar de manera profesional y responsable con el poder legislativo. Se han dado pasos importantes en algunos temas críticos y sentado las bases para una redefinición de las relaciones entre los poderes públicos en el país. Me anima el deseo de los diversos partidos políticos por participar activamente en estas labores y los invito a seguir trabajado de la misma manera. Estoy consciente que no soy el presidente que todos los partidos hubieran deseado tener, pero estoy convencido de que en conjunto podemos producir una mejor estructura institucional para el futuro de México.

Por demasiados años, México ha tenido su mirada fija en el pasado. Tenemos un pasado glorioso que constituye un fundamento inigualable como cimiento para un futuro excepcional, pero el pasado no nos da para comer. Tenemos que asimilar los profundos cambios mundiales y aceptarlos como un reto a vencer, como el desafío que debemos ganar.

Hoy vengo a proponer una transformación cabal de los criterios que han animado la estrategia de desarrollo del país en las últimas décadas. Como todo mundo puede constatar, existen avances extraordinarios y los mexicanos podemos estar orgullosos de innumerables logros en diversos ámbitos de nuestra vida productiva. Pero también es necesario reconocer que los rezagos son enormes y la dinámica del avance muy desigual. Sobre todo, es imperativo comprender que el gobierno ha sido incapaz de dirigir sus esfuerzos de una manera constructiva para crear las condiciones propicias para el desarrollo. Mi propuesta busca, en primer lugar, una nueva manera de enfocar los esfuerzos del propio gobierno.

Propongo concentrar los esfuerzos en tres áreas. Primero, garantizar la seguridad de la ciudadanía. Segundo, eliminar todas las trabas que hoy hacen difícil, cuando no imposible, del desarrollo de las empresas y la creación de empleos. Tercero, negociar con el Congreso una nueva estructura institucional para fortalecer la capacidad del gobierno de ejercer sus funciones y del poder legislativo de servir de contrapeso como le corresponde.

Por lo que toca a la seguridad, iniciamos esta administración con operativos diseñados para minar las bases de poder regional de los grupos criminales; hemos avanzado hacia el fortalecimiento de las policías federales y estamos trabajando con los gobiernos de los estados para diseñar conjuntamente la mejor forma de erradicar el tráfico y el consumo de drogas, así como mejorar la capacidad del gobierno federal para enfrentar la criminalidad.

Me comprometo frente a la nación a que el mandato de las policías y de todas las fuerzas públicas se ejerza sin abusos o conductas fuera de la ley como la tortura. Como he dicho muchas veces, esta lucha no se gana en un día, pero el gobierno reconoce su responsabilidad esencial como garante de la seguridad pública y del cumplimiento de la ley para beneficio de la ciudadanía. Reconozco que la criminalidad es el peor enemigo de la paz social y del desarrollo económico y por eso me comprometo a seguir por este camino.

En materia económica, el gobierno ha incumplido su compromiso social. Bajo el supuesto de cuidar el empleo o proteger la planta productiva, por años el gobierno ha creado y tolerado, cuando no alentado, que se erijan toda clase de obstáculos al desarrollo económico, privilegiando a empresas abusivas o monopólicas, paraestatales corruptas, sindicatos mafiosos e intereses inconfesables. Mi gobierno reconoce que esta manera de proceder dificulta el desarrollo de las empresas, mina la creación de empleos y, con ello, reduce la tasa de crecimiento.

A partir de hoy, todos los esfuerzos gubernamentales se enfocarán hacia la planta productiva del futuro. Esta decisión entraña importantes consecuencias de política pública. En materia fiscal, nos enfocaremos menos a elevar la recaudación que a revisar con detalle todas las distorsiones provocadas por la actual estructura fiscal. El objetivo será igualar las condiciones de acceso a la economía sin privilegiar actividad alguna. En materia de regulación, el objetivo será propiciar la competencia y eliminar privilegios.

En el ámbito educativo, todos los programas se enfocarán al fortalecimiento de las capacidades individuales a fin de todos los mexicanos del futuro puedan enfrentar exitosamente los retos de una economía global donde cada persona compite con sus pares en el resto del mundo. Por lo que toca al sector público, iniciamos hoy una revisión cabal del gasto con base cero, es decir, revisaremos cada rubro del gasto y todo lo que no se justifique será eliminado. Cuando hayamos logrado este proceso, podremos regresar ante esta soberanía con la frente en alto para solicitar cambios en la estructura de gasto y recaudación fiscal, pero no antes. Finalmente, emprenderemos un agresivo programa de construcción de infraestructura para atraer inversión, reducir las desigualdades regionales y promover el crecimiento económico.

Las negociaciones para una reforma institucional o del Estado han avanzado paulatinamente. Se trata de un ambicioso proyecto que persigue adecuar nuestras estructuras políticas a la competencia electoral y la división real de poderes que hoy caracteriza al país. Cuentan ustedes, señores legisladores, con mi compromiso de trabajo para que lleguemos a buen puerto en esta materia.

El mundo cambia con celeridad y nosotros tenemos que hacerlo también. Una y otra vez en el pasado, el país ha demostrado excepcional capacidad para transformarse y enfrentar sus retos. Podemos y debemos construir un futuro mejor. Invito a todos ustedes, señores legisladores, y a cada ciudadano en lo individual, a sumarse a esta nueva visión del futuro.

Podemos hacerlo. México es más importante que nuestros prejuicios.

Luis Rubio

La política mexicana es un mar de contradicciones. Grandes aspiraciones democráticas se ven minadas por la dura realidad de los pleitos callejeros que caracterizan la política cotidiana. Contra muchos pronósticos, el presidente Calderón ha dominado el panorama nacional y controlado a su equipo, pero no ha logrado trascender la agenda cotidiana, establecer un nuevo marco de referencia para la política nacional o para el desarrollo de la economía. Los priístas han sabido aprovechar el momento pero arriesgan su potencial cada que juegan al chantaje: si no gana su partido no hay negociación. El PRD,  enfrascado en una disputa medular sobre su función y responsabilidad en la coyuntura, puede igual acabar hundiéndose que convirtiéndose en el factor clave de equilibrio en la política nacional.

Las cosas no son lo que parecen: hablamos de democracia pero estamos inmersos en la disputa de la política real que nada tiene de democrática. La paradoja no tiene desperdicio. La palabra “democracia” ha sido parte del diccionario de la política mexicana desde antaño, pero su uso retórico prácticamente va en dirección inversa a la realidad cotidiana: mientras más se afirma su existencia, menor su realidad. Las elecciones de la semana pasada son un buen ejemplo de los contrastes y paradojas que vivimos.

La paradoja no quiere decir que la política mexicana esté estancada o que no haya cambiado a lo largo del tiempo. De hecho, si uno echa la mirada hacia atrás, es evidente que la realidad política mexicana actual nada tiene que ver con la de hace algunas décadas. Por ejemplo, desapareció el viejo presidencialismo y se afianzó la libertad de expresión. En forma paralela, nadie puede dudar del fortalecimiento de los poderes legislativo y judicial como mecanismos de contrapeso, al menos al más alto nivel. También es evidente que los gobernantes se eligen con el voto popular y que, al menos en lo fundamental, los políticos han respetado las decisiones de la SCJN cuando se trata de diferendos mayores.

Puesto en otros términos, el país ha experimentado una profunda revolución política que ha cambiado las normas, reglas del juego y expectativas de su funcionamiento. Ya no se hace lo que dice el presidente ni cualquier político puede imponer su voluntad al margen de las urnas o de los procesos institucionales establecidos. El que los viejos chistes de la política mexicana ya no resuenen como reales habla por sí mismo: el presidente ya no se puede dar el lujo de que, al preguntar la hora, le contesten “la que usted diga”. Otro rasero de la democracia, el que afirma que en un país autoritario los políticos se burlan de los ciudadanos en tanto que en la democracia ocurre al revés, sirve para reconocer qué tanto hemos cambiado. Desde esta perspectiva, poco o nada del viejo sistema sigue operando.

Pero el cambio que ha experimentado la política mexicana no se ha consolidado en formas democráticas al servicio de la ciudadanía. Las disputas postelectorales no sólo no disminuyen, sino que es rara la contienda que no acaba en el Trife. Muchos gobernadores siguen siendo dueños y amos de vidas y haciendas y actúan como tales, si bien no siempre con inteligencia (el “carro completo” de Oaxaca habla por sí mismo). El chantaje legislativo se ha vuelto moneda de cambio. Los poderes fácticos son cada vez más poderosos y la impunidad está a la orden del día.

A pesar de lo anterior, la población ha obtenido un beneficio extraordinario y ese es que el potencial de abuso de los políticos sobre el bienestar de los ciudadanos ha disminuido: el presidente ya no puede cambiar la constitución a su antojo; los mercados financieros (y cualquier ciudadano) cuentan con información suficiente para anticipar crisis; los políticos pueden no creer mucho en las razones por las cuales es deseable la estabilidad financiera, pero tienen pavor de que los culpen de una devaluación; muchos burócratas, sobre todo los más honestos, prefieren no tomar decisión alguna que ser objeto de una investigación por corrupción. Por donde uno le busque, la población, aún a sabiendas de que tiene poca influencia sobre la toma de decisiones en la vida pública, goza del beneficio de que sus riesgos mayores se han mermado y eso no es poca cosa. Su sensatez en la forma de votar el domingo pasado es impactante.

Pero los mínimos no son siempre algo deseable y aquí hay un tema generacional: para quienes vivieron tiempos aciagos y violentos de la vida pública mexicana, el PRI constituyó una salvación y temen a la era actual; para quienes crecieron en la era de las disputas políticas y las crisis, cualquier cosa parecía preferible al PRI; para las generaciones más recientes, la democracia actual es inadecuada e insuficiente porque no responde a sus expectativas.

Desde esta perspectiva, los malos manejos electorales y los conflictos urbanos (igual los plantones en el DF que la toma de la ciudad en Oaxaca) merecen lecturas muy distintas por parte de cada uno de estos grupos de la sociedad. Por ejemplo, para quienes la historia de fraude electoral es inherente a la concepción política que aprendieron a partir de los años revolucionarios y sus consecuencias, lo importante es la estabilidad. En contraste, para la juventud de hoy, la idea de la democracia y su funcionalidad es mucho más importante. Para los primeros, la noción de que el PRI decidiera disputar el resultado electoral de Baja California o pudiera emplear medios autoritarios para ganar la elección de Oaxaca es una mera anécdota; para los segundos el burdo intento de chantajear al gobierno federal con la reforma fiscal de no ganar una elección local es algo inaceptable, independientemente de que todo mundo sabe que la capacidad del gobierno federal de decidir las elecciones locales es inexistente. El problema para el PRI es que el segundo grupo es el futuro del electorado mexicano.

El mexicano se ríe de sus políticos pero no es obvio que sea el último en reír. Hasta en sus momentos más duros, el autoritarismo mexicano en nada se parecía al soviético: la larga historia de chistes y caricaturas sobre la política y los políticos es testigo de que la risa es una constante. Lo que ha cambiado ahora es que los chistes son públicos, es posible demandar a un gobernante y la prensa todo lo publica. Pero eso no quiere decir que la rendición de cuentas haya mejorado, que los políticos sirvan a los intereses de la ciudadanía o que el país vaya resolviendo sus dificultades. La pregunta es qué tan infinita será la paciencia de la ciudadanía y su disposición a emplear el voto para mantener el bote a salvo.

www.cidac.org

Luis Rubio

Todos los mexicanos con edad suficiente para recordar las elevadas tasas de crecimiento que experimentó la economía en los años sesenta, saben bien que algo no marcha bien en los últimos años. Muchos han sido los cambios y extraordinario el debate y contraposición de posturas e ideas sobre por qué no hemos crecido elevada y sostenidamente. El debate, cuyo clímax tuvo lugar en la contienda presidencial del año pasado, ha sido sesgado y pobre, pero en cualquier caso no ha contribuido a explicar las causas de nuestros problemas.

Unos proponen retornar a la década de los sesenta, algo irónico, toda vez que muchos de quienes así argumentan son precisamente los que entonces abogaban por cambiarlo todo y son cómplices de la era de desequilibrios y crisis que comenzó en 1970. Otros proponen hacer más reformas y concluir las que se quedaron pendientes, sin reparar en el hecho obvio de que muchas de ellas no alcanzaron los objetivos prometidos. Cualquiera que vea su derredor sabe bien que es necesario acelerar el paso en muchos temas críticos, pero también es indispensable entender otros problemas que impiden el desarrollo y son particulares a nuestro país.

Los impedimentos al crecimiento son muchos y variados, pero no hay acuerdo sobre cuáles afectan más severamente o cómo combatirlos. Algunos afirman que la corrupción es el corazón del problema, otros que son los trámites y obstáculos burocráticos; algunos dicen que el mexicano no tiene iniciativa, otros que son los bancos, con la falta de crédito, quienes aniquilan toda oportunidad; algunos más han estudiado la (poca) disposición a asumir riesgo como factor determinante de la falta de nuevas empresas y empresarios. Otros ven en la presencia de empresas dominantes, sobre todo en sectores críticos como las comunicaciones y la energía, un atentado en contra de las capacidades de desarrollo de nuevas iniciativas empresariales.

Las explicaciones son muchas, variopintas y pocas aguantan un escrutinio más o menos riguroso. Típicamente, las explicaciones que se sustentan en factores culturales (como que el mexicano no puede o no quiere) se derrumban frente a la abrumadora evidencia que surge del éxito empresarial de miles de mexicanos en EUA. De la misma forma, los intentos de explicación que apelan a la corrupción son igualmente invalidados por la evidencia que presentan muchas naciones asiáticas, donde la corrupción convive mano a mano con tasas de crecimiento sostenidas de casi dos dígitos. Algo influye también la interminable tramitología, pues el mero hecho de que exista una economía informal tan amplia, evidencia los excesos burocráticos (pero también la falta de un gobierno dispuesto a hacer cumplir la ley). Además, no hay duda sobre la merma que sufren algunas actividades, imposibilitadas de crecer porque la estructura económica actual se traduce en costos tan elevados para insumos básicos que les resulta imposible competir.

No menos importante es el hecho de que el crecimiento experimentado en los cincuenta y sesenta se agotó entonces porque no era sostenible ni financiable. En este contexto, es más fácil idealizar un pasado no repetible que enfrentar los problemas estructurales de fondo.

Frente a estas circunstancias, el debate público y político no contribuye a dilucidar las causas de los problemas porque muchas veces se trata de discusiones etéreas, politizadas y tan abstractas e ideológicas que es imposible separar las causas de las consecuencias. Esa forma de debatir no es productiva porque tiende a anatemizar: que si debemos aumentar el gasto público con celeridad para inducir un crecimiento por el lado de la demanda o si debemos contraerlo para favorecer la estabilidad; que si es necesario hundir a los ricos cobrándoles cada vez más impuestos o si requerimos reducirlos para fomentar la inversión. Cada visión y perspectiva de las políticas públicas tiene su lógica y racionalidad, pero lo que se discute poco contribuye a dilucidarla.

Tratando de entender las causas de nuestras penurias, he consultado literatura sobre diversos países. Sin pretender hallar la piedra filosofal que explique nuestras dificultades, encontré argumentos interesantes para entender mejor las circunstancias de nuestra economía, particularmente el agudo contraste entre los sesenta y la actualidad. Evidentemente, las circunstancias de ambos periodos no tienen relación alguna: el mundo ha cambiado con tal celeridad que no es posible replicar el pasado. Sin embargo, es posible dilucidar qué condiciones del éxito de ayer no existen en la actualidad. Comienzo con una.

Los profesores Shaomin Li y Judy Jun Wu han estudiado el fenómeno de la corrupción en Asia. En un estudio reciente (Why China Thrives Despite Corruption, Far Easter Economic Review, Abril 2007), los académicos concluyen que la corrupción puede ser un instrumento útil para el desarrollo económico, sobre todo cuando las reglas son tan estrictas e inflexibles que es imposible cumplirlas a cabalidad. Sin embargo, añaden los autores, no en todos los países donde hay corrupción existe crecimiento económico acelerado. ¿Por qué?

Al comparar China con Filipinas, Li y Yun Wu encuentran una interesante explicación: la corrupción tiene efectos benéficos (en el sentido de facilitar el crecimiento) cuando existe un entorno de confianza en una sociedad. Un clima de confianza permite que ambas partes, el corruptor y el corrompido, tengan la seguridad de que lo pactado será cumplido; más importante, un clima de confianza propicia un mercado eficiente de corrupción en el que los oficiales corruptos venden los bienes públicos (contratos, información privilegiada o acceso al mercado) al postor que cuenta con la operación empresarial más eficiente. En un contexto de desconfianza en el entorno social, sólo participan los jugadores que se conocen, limitando el acceso de nuevos empresarios, potencialmente más eficientes. En China, dicen los autores, existe un clima de confianza, en Filipinas no.

Me pregunto si una de las explicaciones de nuestro estancamiento resida en la brutal caída de los niveles de confianza dentro de la sociedad. ¿Será posible que la economía del México anterior a las crisis funcionara mejor porque había un entorno de confianza que permitía a los procesos funcionar? ¿Será posible que los esfuerzos setenteros por burocratizarlo todo y luego moralizarlo en los ochenta, se hayan traducido en niveles cada vez menores de confianza? Son preguntas que tal vez nos ayuden a entender mejor nuestros entuertos.

Luis Rubio

Los costos del gobierno anterior se siguen apilando. Aunque el gobierno de Fox logró una notable y encomiable continuidad en algunas áreas de la política pública, especialmente en materia macroeconómica y social, es evidente que no supo aprovechar el enorme capital político que la alternancia de partidos en el año 2000 ofreció. Ese desperdicio entraña diversos costos, el primero de los cuales lo pudimos apreciar vívidamente en el conflicto postelectoral del año pasado. Pero el mayor de todos esos costos tiene que ver con la oportunidad desperdiciada de cambiar el pasado.

Aunque los priístas se vanagloriaban de que el país era democrático porque así lo decía su retórica, lo cierto es que la supuesta democracia mexicana de entonces era, pues, muy poco democrática. Pero lo peor de todo es que, más allá de los incuestionables avances en materia electoral y de libertad de expresión, el país sigue siendo poco democrático. La forma en que se conducen los asuntos políticos no responde a las formas que comúnmente se definen como democráticas y la población sigue estando marginada de la política. Basta observar las campañas presidenciales para comprobar que los políticos actúan como si la ciudadanía fuera un estorbo, en lugar de considerarla su razón de ser.

Esta forma de conducir la política contrasta severamente con la de otras naciones que, a primera vista, se parecen a la nuestra. Pero son las diferencias las que vale la pena explorar porque revelan una problemática distinta. Por razones obvias, muchas de las comparaciones que se hacen para determinar el grado de avance o retroceso de nuestra democracia y economía se establecen con los países del continente, sobre todo Argentina, Brasil, Colombia y, en algunos casos, Chile. Comparados con aquellos, nosotros estamos mejor en algunas cosas y peor en otras. Pero lo interesante resulta observar cuan distintos somos en algunos temas clave para revelar que el marco de referencia no es el adecuado.

Para los estudiosos de temas judiciales, notablemente Ana Laura Magaloni, es significativo que algunas reformas en materia de administración de justicia y seguridad pública han tenido efectos muy distintos respecto a países como Colombia y Brasil. Diversos estudios muestran la existencia de obstáculos, como una excesiva dependencia de los jueces respecto al ejecutivo, que no son típicos de aquellas naciones. En términos generales, uno de los rasgos que parece distinguir a México de otras naciones del hemisferio es que la independencia de los actores (lo mismo jueces que periodistas, maestros y policías) no es tan evidente aquí como en aquellos países. Por supuesto que hay personas independientes en México, pero el fenómeno de la estadolatría (la adoración del Estado y la sumisión al mismo) es prototípico de México, no de la región en general.

En este tema, nuestro país, quizá por la naturaleza histórica del PRI y del sistema político postrevolucionario, es más parecido a los países del este europeo que de América Latina. Es decir, ningún otro país del hemisferio tuvo un sistema político tan integrado, estructurado y abrumador como el priísta, que no dejaba espacios de libertad e independencia. Su naturaleza misma era la del monopolio del poder y todo caía bajo su control. En este sentido, aunque sin las connotaciones ideológicas o tan autoritarias de los países comunistas, el país tiene muchas mayores semejanzas con las sociedades que rompieron con el bloque soviético en las últimas dos décadas que con nuestros vecinos hemisféricos. Es ese pasado el que hay que cambiar.

Leszek Balcerowicz, un profesor polaco que fue activo participante en el primer gobierno post-comunista de su país, argumenta que la caracterización tradicional de las transiciones políticas no se aplica a regímenes comunistas. Según uno de sus escritos (Entendiendo las transiciones post comunistas, Journal of Democracy, octubre, 1994), hay cuatro tipos de transición: a) transición clásica (ampliación de la democracia en países capitalistas avanzados, entre 1860 y 1920); b) transición neoclásica (democratización de países esencialmente capitalistas después de la segunda guerra mundial, comenzando por Alemania, Japón e Italia, pero incluyendo algunos países latinoamericanos en los 70, España, Portugal, Corea y Taiwán); c) reformas de mercado (Corea y Taiwán después de la guerra, Chile en los 70, Argentina en los 90); y d) transiciones post comunistas en Asia (sobre todo China y Vietnam).

Según Balcerowicz, ninguna de estas caracterizaciones es apropiada para los países ex comunistas y mucho de su argumento es enteramente aplicable a México. Las sociedades comunistas no sólo tenían que transformar su economía, sino que debían crear estructuras democráticas profundamente arraigadas para evitar un retroceso. Esto las diferencia de las transiciones más tradicionales. Primero, en las transiciones tradicionales, el cambio fue económico o político, pero no ambos simultáneamente. Segundo, la necesidad de transformar ambos componentes entraña una presión extraordinaria sobre los mecanismos de decisión. Tercero, el cambio tiene lugar con el mismo cuerpo administrativo del gobierno. Cuarto, por muchos cambios que hubiese habido con anterioridad, las reformas económicas tienen que ser excepcionalmente amplias para lograr su cometido y esto tiene que llevarse a cabo, a diferencia de casos como el de Chile o España, dentro del contexto de un sistema político democrático plural, lo que cambia la dinámica del proceso. Quinto, la naturaleza no violenta del cambio implica que permanece intacto todo tipo de grupos de interés en el gobierno y en la sociedad. Finalmente, muchos de los nuevos actores clave en la nueva economía sin duda incluirán a la vieja élite, lo que abre frentes de potencial ilegitimidad para el nuevo régimen.

Todo momento de cambio político radical entraña oportunidades y costos. Un cambio de régimen o, como en nuestro caso, la alternancia de partidos en el gobierno, abre un espacio de oportunidad para llevar a cabo cambios dramáticos, antes de que la normalidad política y la contención propia de ese sistema de gobierno entre en operación. El mayor costo del gobierno de Fox fue el de haber desperdiciado esa coyuntura excepcional, pues su fracaso en llevar a cabo el ajuste político y económico que el país requería en el momento en que eso era posible dejó al país anquilosado sin romper con las ataduras del pasado. Baste establecer la comparación con los países europeos que aprovecharon la oportunidad y los que no lo hicieron para apreciar la diferencia.