Luis Rubio
El proceso electoral de 2009 marcha con toda celeridad. Los partidos han definido sus plataformas, alianzas y sus primeros grupos de candidatos. Las encuestas apuntan a un resultado legislativo favorable al PRI y desfavorable a los otros dos partidos grandes. Nada de esto es sorprendente dada la dinámica de los procesos intermedios (donde lo importante es la presencia territorial), que es muy distinta a la de los comicios en que hay una contienda presidencial (donde los candidatos a la presidencia son preeminentes). Pero las elecciones de julio próximo si pueden ser cruciales en otros términos: podrían constituirse en un referéndum del gobierno de Felipe Calderón y eso ofrece una gran oportunidad, pero entraña un enorme riesgo.
Las características más patentes de la contienda que viene se pueden apreciar en la forma en que se comportan los tres partidos políticos grandes. El PRI está envalentonado porque las encuestas le confieren la posibilidad, remota, de lograr disparar la llamada cláusula de gobernabilidad que, con 42.1% del voto, le granjearía una mayoría absoluta. Detrás del lustre que caracteriza al PRI no hay una gran renovación ni una transformación de fondo que lo haya convertido en una alternativa particularmente atractiva para un país que ha estado intentando una transformación democrática. Lo que explica la renovada imagen del PRI es más simple: por un lado, la visión de poder que caracteriza a sus integrantes y que les permitió recuperar un poder que no ganó en las urnas a través de decisiones estratégicas. Los priístas finalmente se han comenzado a alinear por lo que los une: la posibilidad de lograr la presidencia. Al mismo tiempo, se han beneficiado de los errores y pifias de los gobiernos del PAN: en palabras de un priísta conocido: seremos corruptos, pero sabemos gobernar. Así estarán las cosas
Las cosas son muy distintas para el PRD. A pesar de su extraordinario desempeño en la contienda presidencial pasada, las encuestas le anticipan una disminuida presencia en el Congreso. Esta situación sin duda refleja las divisiones que han caracterizado a la izquierda mexicana en los últimos años y, sobre todo, los enormes costos que produjo la radicalización de su ex candidato. La ironía es que esto sucede justo cuando el PRD ha consolidado una plataforma social demócrata moderna, propositiva y, potencialmente, atractiva para un electorado crecientemente de clase media que demanda oportunidades, acceso y equidad, banderas que sólo un partido de ese perfil puede impulsar.
El enigma de la elección que viene sin duda está en el PAN. Mientras que los priístas han definido su camino y los perredistas están pagando los costos de su pasado reciente, el PAN no parece poder definir nada. Liderazgos débiles, conflictos internos y una arraigada desconfianza lo paralizan e impiden construir el ánimo de triunfo que cualquier partido requiere para ganar. A pesar de ostentar la presidencia por nueve años, los panistas siguen sin sentirse cómodos con el ejercicio del poder. Más cómodo como oposición, el partido no ha logrado entender el poder o ejercerlo. El PAN, que se autodefine como partido ciudadano, evita a la ciudadanía y percibe mayores amenazas en sus propias filas que en sus competidores. De esta forma, en lugar de generar un ánimo de triunfo y desarrollar la capacidad de sumar fuerzas internas y externas, podría acabar experimentando pérdidas mayores.
Los panistas están divididos de muchas maneras, pero también han carecido de estrategia en su actuar electoral. Los procesos de nominación de candidatos a gobernador en Nuevo León y Sonora muestran contradicciones e indecisión y acabaron dividiendo a las bases, además de restarle legitimidad. El debate interno sobre una posible alianza con otros partidos, particularmente con el PANAL, revela una discusión moralista y no pragmático-estratégica. No es la actitud de un partido que se asume como gobierno y que intenta preservar el poder y ganar nuevos espacios. Falta ver, en este contexto, la manera en que el partido decide la integración de sus listas plurinominales, que serán un buen indicador de la calidad del liderazgo: ¿privilegiará capacidad de gobierno o se dejará arrollar por las pullas internas?
Tratándose del partido en la presidencia, el efecto de un mal resultado podría ser devastador. Errores, atropellos, divisiones y ausencia de estrategia le impiden moverse para mantener su presencia en el Congreso y avanzar sus metas de gobierno. La suma de desconfianza e incapacidad para actuar le ha salido carísima en sus negociaciones legislativas y prácticamente no ha logrado avanzar su agenda. Su peor escenario se podría consumar en julio próximo.
Dada la rigidez de nuestros procesos políticos, donde el Senado se mantiene igual en tanto que el Congreso cambia, la importancia práctica del resultado electoral intermedio es relativamente menor. Sin duda, un triunfo avasallador de un partido de oposición, en este caso del PRI, afectaría diversos procesos, sobre todo el de aprobación del presupuesto federal, donde la cámara baja tiene potestad exclusiva. Sin embargo, más allá del impacto mediático de un triunfo abrumador, los efectos prácticos de un triunfo del PRI serían relativamente menores. Pero el simbolismo sería enorme.
El verdadero tema electoral de este año no tiene que ver con las elecciones legislativas por sí mismas sino con lo que el resultado simbolice. En contraste con las contiendas presidenciales, la elección intermedia le confiere una enorme relevancia a las maquinarias partidistas y al activismo de los gobernadores. Esta circunstancia le otorga una gran ventaja al PRI, partido con presencia nacional, sobre los otros dos. Desde esta perspectiva, es de esperarse que el PAN pierda un cierto número de curules por el solo hecho de que tiene una maquinaria de menor alcance que la del PRI. Esto es anticipable y no entraña mayor consecuencia, excepto si las pérdidas son realmente dramáticas.
La gran pregunta de este año tiene que ver con la capacidad del PAN para retener una amplia presencia en la cámara de diputados que, aunque sin duda menor a la que ostenta en la actualidad, tendría que ser suficiente para, al menos, poder bloquear reformas constitucionales que promovieran los partidos de oposición, es decir, 168 escaños. Las encuestas en este momento no sugieren que ese umbral esté garantizado y algunas colocan al PAN decenas de curules por debajo. A menos de que el PAN redefina su camino para convertir la elección en oportunidad, parecería obvio que no podrá evitar que este año el presidente sufra una catástrofe adicional y auto inflingida.