Luis Rubio
Reza el dicho que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Así pasa con los intentos de solución que muchos de nuestros políticos y burócratas imaginan y, peor, fuerzan a todos a adoptar, sin jamás reparar en las consecuencias o implicaciones. Muchos de nuestros atrasos y carencias se explican por grandes ideas que al ser instrumentadas resultan no apropiadas para el problema que se busca enfrentar. No porque se legisle o regule se resuelven los problemas. En ocasiones la medicina acaba siendo más perniciosa que la enfermedad.
Hace décadas, por ejemplo, un gobierno decidió modificar la legislación laboral para incorporar a los comisionistas a un régimen similar al de cualquier empleado, con todas las previsiones sociales correspondientes. No es difícil imaginar la lógica del político que tomó la decisión: aquí hay un grupo amplio de personas que vive de un ingreso incierto y que no cuenta con protección social alguna. Quién podría objetar, seguramente siguió pensando el sesudo burócrata, una acción tan generosa (y paternalista) como la de sumarlos al régimen de seguridad social. Muy generoso, excepto que mató la actividad.
Más que un empleado con ingresos eventuales, el comisionista era un empresario en ciernes. Se partía el lomo para aumentar sus ventas y con eso lograr una mejora en su nivel de vida. Una vez encarrerados, muchos comisionistas comenzaban a contratar empleados y, con eso, a convertirse en empresarios formales, de hecho y de derecho. La modificación al régimen laboral tuvo por consecuencia la creación de una nueva categoría de empleados, pero mató la oportunidad de seguir desarrollando empresarios generadores de riqueza y empleos.
Cuando uno observa a los vendedores ambulantes y a los puesteros de la calle uno puede despreciarlos como evasores fiscales o apreciarlos como empresarios. Sin duda son lo primero, pero la pregunta relevante es si lo que está mal es la complejidad del sistema fiscal que facilita, de hecho promueve, la informalidad, o si se trata de delincuentes decididos a sublevar las instituciones fiscales y de seguridad social. Lo impactante es la flexibilidad de estos negociantes: cuando llueve venden paraguas, cuando hace calor traen refrescos, cuando la gente ya quiere llegar a cenar a su casa venden cacahuates o gorditas de nata.
Un sistema fiscal más flexible, menos dependiente de «buenas intenciones», quizá serviría para promover el crecimiento de nuevos empresarios. Una buena regulación quitaría la excusa para la evasión fiscal y le conferiría legitimidad a la autoridad para forzarlos a cumplir la ley.
Cerrarle filas al empresario en potencia es fácil, pero la consecuencia no es otra que una menor actividad económica, en paralelo con la concentración de la riqueza. Podrá haber muchos mitos sobre por qué pasan las cosas y muchas buenas intenciones, pero las consecuencias son siempre reales, pequeñas muestras de ideas aparentemente interesantes y hasta inteligentes que acaban con darnos un frentazo como sociedad.
En estos días estamos ante una tesitura similar con la propuesta legislativa de modificar el régimen del Banco de México. En su estatuto actual, el banco central tiene por objetivo cuidar el crecimiento de los precios. Ese objetivo no surgió de la nada sino de la sucesión de crisis que caracterizaron al país entre los setenta y los noventa. Cuando era una entidad dependiente de la presidencia, la dirección del Banco respondía ante los deseos y órdenes del gobierno. Eso llevó a que por décadas se privilegiara el gasto y no el ahorro y a que la característica central de nuestra economía fuera la inestabilidad de precios. Desde que se modificó el régimen del banco central y se estableció que su única prioridad era combatir la inflación, el país ha visto renacer a una incipiente clase media y hemos observado un boom en la industria de vivienda media y de interés social. Es decir, la estabilidad de precios ha permitido que la ciudadanía comience a pensar en el largo plazo y a ahorrar e invertir con ese marco de referencia. El mandato que hoy orienta la forma de actuar y decidir del banco central responde a nuestra realidad histórica, no a un invento ideológico o tecnocrático.
Ahora vienen algunos senadores con su arsenal de buenas intenciones a plantear que está mal el mandato del banco central y que debe modificarse para incluir tanto estabilidad de precios como crecimiento económico. De manera similar a aquel gobierno que destruyó la institución del comisionista, nuestros genios legislativos están pensando en que un pequeño cambio va a lograr el milagro. Si tan sólo nuestros banqueros centrales dejaran de ser tan dogmáticos, deben decir estos legisladores, y dedicaran sus talentos a promover el crecimiento de la economía, todo funcionaría mejor.
Ciertamente, no hay duda alguna de que si la economía creciera más el país estaría mejor. Si el problema del crecimiento fuera el dogmatismo de Banxico todos los mexicanos nos sumaríamos para demandarle al Senado que modifique su ley. Todos sabemos, sin embargo, que ahí no está el problema. Modificar el mandato del banco central es fácil, pero seguro no resultaría en más crecimiento de la economía y, con un poco de buenas intenciones, podría ocurrir como con los famosos «alfileres» de diciembre de 1994 en que un pequeño cambio, aparentemente pequeño y de buena fe, nos sumió en la peor crisis de nuestra historia reciente. En lugar de elevar la tasa de crecimiento, una modificación en los objetivos del banco central seguramente se traduciría en el fin de la estabilidad financiera y, con eso, en una vuelta a la incertidumbre de siempre.
Lo mismo se puede decir de otras iniciativas similares, como la de intentar limitar las tasas de interés o elevar sanciones de diverso tipo. La realidad no va a cambiar con legislación y, con un poco de mal tino, puede socavar todavía más el crecimiento de la economía.
Para crecer se requieren al menos tres cosas: una, empresarios decididos y dispuestos a asumir riesgos importantes; dos, ausencia de obstáculos e impedimentos; y tres, un marco regulatorio y legal que impulse la actividad económica y mantenga la estabilidad. Sería deseable que en lugar de culpar al banco central de nuestras carencias, los legisladores trabajaran sobre estos tres temas, donde los obstáculos son infinitos.
Un mejor futuro no se va a construir con buenas intenciones y menos sin espina dorsal y conciencia histórica. Se va a construir cuando se reconozca la naturaleza humana y se actúe para promover sus virtudes y regular sus veleidades a fin de evitar excesos. No con buenas intenciones.