Luis Rubio
México está una vez más a la espera. A la espera de que el próximo gobierno haga esto o aquello, de que las cosas cambien y de que todo mundo recobre el orgullo no sólo de saber hacia dónde se dirige, sino también de cómo llegar ahí. Si algo ha caracterizado al país por décadas es ese vendaval de expectativas sin medida, que siempre acaba destrozado por la terca realidad. Cada sexenio, el mexicano espera la salvación mágica en manos de un presidente iluminado y, tras esos seis años, advierte que la redención no fue alcanzada. Obviamente, la solución a este círculo vicioso residiría en que cada mexicano —desde el político más poderoso hasta el campesino más humilde, pasando por los empresarios, trabajadores, profesionales, estudiantes y todos los demás— se ponga a trabajar y haga bien ese trabajo. Pero, a falta de esa solución que el excepcional sarcasmo del mexicano ha denominado “salida milagrosa”, en contraste con la que sería “racional” (rezarle a la virgen), sólo nos queda determinar el tamaño del riesgo que corremos como país y sociedad en cada paso que damos (o, más frecuentemente, que no damos).
La sabiduría popular invoca el “no hay mal que dure seis años” desde hace mucho tiempo, pero la naturaleza de dicha expresión ha cambiado en los últimos tiempos. Antes, la expectativa residía en una persona: un presidente que salvaría al país, transformaría al mundo y resolvería todos los problemas pendientes. Aunque algo de eso queda, visible sobre todo en la estrategia mediática de Andrés Manuel López Obrador, la verdadera incertidumbre del momento proviene menos de las personas involucradas que de la fortaleza o debilidad de las instituciones del país. En el pasado nadie dudaba de las instituciones que existían: éstas podían ser buenas o malas, benignas o malignas, pero el presidente, quienquiera que éste fuera, las podía utilizar y manipular sin recato alguno. Las instituciones estaban ahí para controlar a la población y servir al presidente.
La incertidumbre actual surge por la situación contraria: el riesgo de que las instituciones con que hoy cuenta el país sean débiles e incapaces de cumplir las funciones para las que fueron creadas. Peor, por si hubiera dudas, varias de las instituciones más críticas para la estabilidad política, comenzando por el IFE y el TRIFE, pero también la Suprema Corte de Justicia, se encuentran bajo ataque sistemático y claramente intencionado. Mucha gente que defiende o critica el proceso de desafuero contra el jefe del gobierno del DF usa los mismos argumentos para avanzar su posición, lo que ilustra el tamaño del problema: unos dicen que las instituciones son suficientemente fuertes como para aguantar un proceso tan politizado, pero temen que no lo sean y no puedan actuar como contrapeso en caso de que AMLO gane la presidencia. Otros afirman que las instituciones no funcionan, son corruptas y representan intereses obscuros, pero añaden que los temores de los promotores del desafuero son injustificados dado que las instituciones y los contrapesos evitarían excesos por parte de ese o cualquier otro candidato. La paradoja es que nadie tiene certeza sobre la fortaleza de las instituciones y eso constituye un factor de enorme riesgo por el hecho evidente de que si las instituciones no generan confianza y certidumbre, no son instituciones.
La fortaleza de las instituciones se puede evaluar de diversas formas. Una obvia (y crítica) tiene que ver con su capacidad para limitar el abuso de partidos y gobernantes. Nadie sabe, por ejemplo, si las decisiones del IFE y el TRIFE en la próxima contienda presidencial serán respetadas, tema que no sólo tiene que ver con el nuevo Consejo del IFE, sino con la debilidad de las propias instituciones: por ejemplo, aunque nunca sabremos qué hubiera pasado si el candidato del PRI hubiera resultado victorioso en las elecciones en 2000, pocas dudas caben que, al menos, el candidato del PAN habría armado un escándalo mayúsculo. La fortaleza de las instituciones se mide por su legitimidad a la hora de la verdad. En el caso de las instituciones formales, la hora de la verdad llega cuando se tiene que cumplir un fallo, como los del IFE, TRIFE o la Suprema Corte. Pero hay otras instituciones, como la presidencia, cuya legitimidad tiene más que ver con su desempeño que con cualquier otra cosa.
El candidato Vicente Fox generó extraordinarias expectativas que ha seguido atizando a lo largo de su gobierno. Esa estrategia (¿?) se ha revertido toda vez que la población, aunque aprecie al presidente como persona, lo ignora o desacredita como gobernante. Y este factor lleva a que el país nuevamente se encuentre a la espera de una nueva salvación. Pero el cambio político altera también ese proceso de expectativas, así tenga siglos de existir. Una vez que el reino del PRI de antaño dio paso a la dictadura de los tres grandes partidos, la capacidad de abuso por parte de un político en lo individual ha disminuido, pero también la capacidad de un presidente de llevar a cabo un programa de gobierno. Si antes las promesas de campaña eran siempre excesivas, como en todo el mundo, ahora son cada vez más incumplibles, a menos, claro está, que hubiera una reversión, como la que Putin ha encabezado en Rusia.
Todo esto arroja una interrogante crucial: si la mayor parte de los mexicanos desprecia al gobierno y al establishment en general, qué es lo que determina su decisión sobre cómo votar, sobre todo ahora que los cacicazgos y las coacciones sobre la población para que vote de una u otra manera han disminuido, por lo menos en algunas partes del país. Parte de la respuesta radica sin duda en que la premisa última (que la capacidad de imposición ha disminuido) es falsa, como ilustra la experiencia del Distrito Federal, Oaxaca y otros estados sobre todo del sur y sureste, donde la capacidad de manipulación del voto, por viejos o nuevos métodos, sigue tan viva como siempre. Pero otra posible respuesta, en adición a la anterior, es que quizá la población es más rápida para adaptarse a las oportunidades, o a la adversidad, de lo que se supone comúnmente.
El desprecio a los políticos es legendario y la era de autoritarismo priísta no hizo sino exacerbar ese ánimo. Pero, como todos sabemos, el mexicano siempre ha tenido una excepcional capacidad de adaptación, así sea en la pobreza. Desde el famoso “obedezco pero no cumplo” de la era colonial, los mecanismos de auto defensa han estado siempre presentes. Durante el reinado priísta, la población, reconociendo lo limitado de su voto, intercambiaba obra pública y otros beneficios (como lecherías, tiendas Consaupo, etc.) antes de la elección, por un voto favorable al tricolor. De esta manera aseguraba que, al menos, algo quedara de su frágil instrumento. Ahora, en la era semi-democrática, aunque no hay indicadores precisos, existen pocas razones para creer que ha habido un cambio sensible en los dos rasgos distintivos del electorado mexicano: uno, su desprecio por los políticos y, dos, la expectativa de que el próximo será un salvador.
Tampoco han cambiado los mecanismos de adaptación. Si uno acepta la premisa de que el electorado desprecia a los políticos y los culpa de sus males (independientemente si espera o no de ellos la redención), así como de que el mexicano sabe procurar mecanismos de adaptación, entonces la dinámica de la contienda actual es muy fácil de explicar: un candidato está regalando dinero (en efectivo) y promete ampliar el número y categorías de beneficiarios en caso de ganar. Para una ciudadanía acostumbrada al abuso, la recepción de beneficios de manera directa es un bien en sí mismo. Además, nadie puede negar que el proceso de desafuero se ha convertido en una causa brillantemente explotada por el jefe del gobierno del DF, quien ha identificado que mucha gente no percibe como legítimas a las instituciones y acepta otros medios para avanzar sus intereses o dirimir sus diferencias. Pero nada de esto disminuye el desprecio que el electorado pudiera sentir por los políticos, aunque explica mucho de su evolución: mientras que la mayor parte de los candidatos y partidos se encuentra ofreciendo el cielo y las estrellas a la manera tradicional, uno los está subsidiando de manera directa y mensual. Independientemente de cómo lleguen a votar, es fácil explicar que los beneficiarios (así como los expectantes y envidiosos) vean pájaro en mano como un bien superior a cientos volando.
La contienda por la presidencia no sólo es enconada, sino también apretada. Las encuestas sugieren que, al menos a nivel de candidatos, cualquiera de los tres principales puede ganar. Cada candidato y cada partido tienen sus atributos, sus fuerzas y debilidades. Aunque sin duda los electores tendrán la oportunidad de decidir el día de las elecciones, la aritmética electoral es muy relevante en esta materia.
La mayor parte de los analistas y encuestólogos supone que la población se dividirá más o menos en tercios. Esta suposición se deriva de la popularidad de los candidatos, aunque casi ninguna elección reciente ha mostrado ese patrón de comportamiento. Sin embargo, si uno acepta esa premisa, entonces es posible que la elección se decida por la fragmentación del electorado. De haber sólo tres candidatos en contienda, las diferencias individuales entre los candidatos pueden ser suficientes para que uno logre la delantera. Sin embargo, si el electorado se fragmenta por la presencia de más de tres candidatos, sobre todo si alguno de los otros es relativamente atractivo, entonces la elección puede acabar siendo decidida por el voto duro de cada partido. Mientras más candidatos haya en contienda, más probable será que el voto duro de cada partido se convierta en determinante del resultado, toda vez que, presumiblemente, el voto no comprometido se fragmentaría entre los diversos contendientes.
No cabe la menor duda de que este será el proceso de sucesión presidencial más complejo y conflictivo de nuestra historia moderna. El explosivo tema del desafuero lo ilustra de manera cabal. Independientemente del resultado que arrojen las elecciones el próximo año, una cosa es segura: el proceso va a cimbrar a las instituciones existentes y las someterá a presiones nunca antes vistas. En este sentido, en los próximos comicios se estará jugando no sólo la presidencia, sino también la estabilidad de largo plazo del país.