Hoy es el día, el día de la ciudadanía. El día en que, con su voto, los ciudadanos, expresarán individualmente su sentir sobre el gobierno y su expectativa sobre el futuro. Las reformas políticas que se han avanzado a lo largo de los últimos años han creado y fortalecido instituciones independientes cuya función es la de ser garantes de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. En este sentido, la responsabilidad que cada uno de nosotros asume el día de hoy es extraordinaria: con un voto tenemos que escoger no sólo a la persona que nos va a gobernar y a los diputados y senadores que nos van a representar. El voto también entraña un juicio sobre la persona y partido que más probabilidades nos ofrecen de avanzar el proceso de reforma y, por lo tanto, de alcanzar los objetivos de desarrollo, libertad y bienestar que cada quien desea. El problema, y la virtud, de la democracia es que todo ello tiene que expresarse en un instante, con una marca en cada una de las boletas respectivas. Lo interesante es que todos los mexicanos estaremos a la expectativa de cómo votan los demás.
Al acercarnos al momento de votar es esencial considerar dónde estamos, hacia dónde vamos, qué es lo que sigue y quién nos ofrece un mayor grado de certidumbre de poder avanzar en la dirección deseada. Evidentemente, cada uno de los ciudadanos va a evaluar distintos factores en el momento de decidir su voto, pero sin duda hay un conjunto de elementos que a todos nos afectan, directa o indirectamente, aunque de maneras distintas.
Uno de los elementos esenciales que va a definir la decisión de cada uno de los votantes es, sin duda, el desempeño de la economía. A lo largo de las últimas décadas, dos factores han dominado la marcha económica del país. Uno es el de las crisis, que se iniciaron en 1976 y que se han presentado en cada uno de los sexenios desde entonces. El otro es el de las reformas económicas, que han comprendido la liberalización de importaciones de diversos productos, la privatización de una amplio número de empresas que antes eran propiedad gubernamental, la desregulación de un sinnúmero de actividades económicas sujetas a procedimientos burocráticos, tortuosos y discrecionales y, en general, la apertura de la economía a la inversión privada, nacional y extranjera. En buena medida, las reformas se iniciaron para hacer posible la modernización y crecimiento de la economía , esencialmente a través del incremento de la inversión privada. La ironía de todo esto es que algunas de las reformas acabaron provocando nuevas crisis, pero ese es otro asunto.
De lo que no hay duda es que las reformas de estos años han transformado la naturaleza de la economía mexicana, abriendo oportunidades enormes para el futuro. Pero no es menos cierto que las reformas han sido incompletas y que, en buena medida por ello, los beneficiarios de las mismas han sido muchos menos de los que hubieran podido ser en otras circunstancias. Por más que se ha hablado de reforma educativa, por ejemplo, lo único tangible es que la educación pública en el país sigue siendo controlada por un sindicato cuyos objetivos son políticos. Un enorme número de mexicanos ni siquiera tiene posibilidad de aspirar a una vida mejor simplemente porque no cuenta con el acceso a las comunicaciones necesarias para estar al día con los cambios que ocurren en el mundo, o porque no cuenta con los elementos esenciales –educativos y de salud- para poder elegir lo que más le conviene. Esto contrasta con el crecimiento prodigioso de las exportaciones, la modernización de una buena parte de la planta productiva y el crecimiento constante del empleo en la industria que se ha logrado transformar. El éxito relativo ha sido tan grande que en algunas partes del país el problema ha dejado ser de desempleo, para convertirse en uno de escasez de personal capacitado para ocupar plazas vacantes. Este es indiscutiblemente un buen récord si no fuera porque la mitad de la población económicamente activa se encuentra empleada en la llamada economía informal simplemente porque su baja calificación –gracias al sistema educativo- no les deja otra opción.
Los éxitos de las gestiones gubernamentales recientes son más que patentes, pero también lo son las ausencias. El día de hoy los ciudadanos tenemos que evaluar cuál de los candidatos sería más capaz de avanzar las reformas, corregir los rezagos y sacar, de una vez por todas, al país del hoyo en el que ha caído en forma recurrente.
El cambio político no ha sido menos espectacular, aunque los créditos en este ámbito no se los lleva el gobierno sino el conjunto de la sociedad. Si uno echa la mirada para atrás, es verdaderamente impresionante lo que la sociedad y la política mexicanas han cambiado: hace treinta años, por ejemplo, el gobierno podía imponer cualquier decisión, la prensa estaba totalmente controlada y las elecciones se manipulaban en tal medida que el resultado acababa siendo irrelevante. El chiste en voga entonces decía que México era un país mucho más avanzado que otros porque se podía conocer con meses de anticipación quién sería el ganador. Las cosas han cambiado: si bien persiste la ausencia de contrapesos efectivos al poder gubernamental, es evidente que la participación de los partidos de oposición y de los organismos no gubernamentales ha crecido de manera notable en el quehacer nacional. Los mexicanos seguimos viviendo en un entorno caracterizado por la ausencia de un Estado de derecho, lo que limita el desarrollo de la economía e impide que se haga efectiva la justicia en todos los ámbitos de la vida social. Pero también es cierto que el día de hoy más de una tercera parte de los mexicanos es gobernada por partidos distintos al PRI y, al menos en la Suprema Corte de Justicia, en el IFE y en el Tribunal Federal Electoral, el gobierno y el PRI han visto coartada su capacidad de imponer su voluntad sin más. La calificación que cada mexicano le asigne a este balance de logros y carencias seguramente variará de manera significativa. Pero lo importante será determinar cuál de los candidatos a la presidencia y a los distintos puestos de elección popular puede contribuir de manera más efectiva a la instauración de un Estado de derecho que haga posible todo lo demás. El Estado de derecho no lo es todo, pero sin éste, todo es nada.
Nadie puede adivinar qué nos depara el futuro. De lo que no cabe la menor duda es que en las últimas dos décadas ha habido avances muy claros en algunos rubros, retrocesos en otros y resultados insuficientes en la mayoría de los casos. La pregunta es si, dadas las circunstancias en que vivimos, la ciudadanía mexicana puede tomar una decisión efectiva y libre en el momento de votar. Según la teoría, tienen que estar presentes tres condiciones para que el voto sea efectivo: una alternativa clara y real entre los candidatos y partidos; las libertades suficientes para que cada ciudadano pueda elegir, sin cortapisas y consecuencias, al candidato o partido que estime hará posible una mejoría significativa en su vida; y, sobre todo, un gobierno de leyes. Aun si uno quiere ser muy generoso, parece más que evidente que en el momento actual se satisface a plenitud la primera condición, a medias la segunda y en ningún caso la tercera. En cuanto al primer rubro, hoy los mexicanos contamos con alternativas muy claras: hay una diversidad de candidatos y partidos que ofrecen programas y opciones distintas. En el segundo tema, aunque la mayoría de los ciudadanos probablemente tiene libertad para decidir la manera en que va a votar, no se puede ignorar que persisten prácticas corporativistas, y mecanismos de control a la vieja usanza –desde la prensa hasta las encuestas, las presiones y la manipulación- que todavía limitan la capacidad de muchos mexicanos de expresarse libremente, sin consecuencias. Finalmente, aunque en México hay infinidad de leyes, el país dista mucho de gobernarse por éstas: los gobernantes desprecian las leyes y algunos partidos han mostrado una ilimitada propensión a aprobar leyes por demás retrógradas, ignorando en el camino todo derecho de las minorías o cualquier oposición; por donde uno lo vea, la justicia sigue siendo una promesa incumplida más y los derechos individuales son sumamente limitados y vulnerables.
Prácticamente todos los candidatos que hoy contienden por la presidencia han prometido llevar a cabo cambios profundos. Con ello responden a una demanda generalizada de la ciudadanía de acelerar el paso hacia la consecución de mejores niveles y condiciones de vida. Lo que los ciudadanos tenemos que determinar en el momento de votar es, qué persona, o qué partido, permitiría hacer avances significativos en tres áreas cruciales de la vida colectiva e individual. En primera instancia, tendrán que evaluar cuál de los candidatos presenta una mejor oferta para afianzar, enraizar y avanzar la democracia en el país; es decir, quién de ellos, por sí mismo, por su partido y/o por lo que representa, permitiría acelerar el paso en materia de desarrollo político y de fortalecimiento de un sistema de gobierno efectivamente limitado y representativo. En segunda instancia, los votantes tendrán que determinar cuál de los candidatos es más convincente en su propuesta de desarrollo económico. Es decir, quién ofrece mayor certidumbre de que a) mantendrá el rumbo en aquello en que debe perseverarse; b) modificará el rumbo en aquellas áreas que no funcionan; y c) despolitizará la administración económica para hacer posible que los beneficios del desarrollo lleguen a cada vez mas mexicanos. Finalmente, los ciudadanos tendrán que juzgar cuál de los candidatos permitiría que se generaran mayores oportunidades para el desarrollo individual: es decir, las libertades políticas, los mecanismos para la protección y defensa de los derechos individuales y la justicia y la posibilidad real de elegir entre las opciones que existen en su entorno. Para algunos electores, el candidato del PRI, por sí mismo o por el hecho de provenir del partido en el gobierno, ofrece mayor certidumbre de avanzar en alguno o varios de estos rubros. Para otros, lo contrario es cierto: sólo un candidato de otro partido puede ofrecer mejores opciones justamente por el hecho de provenir de un partido que no ha estado en el gobierno. Esa es la decisión que tiene que ejercer el ciudadano en este día.
En la práctica hay dos candidatos que se disputan la presidencia el día de hoy. La ciudadanía tiene que optar por el que crea que va a permitir romper con los círculos viciosos en que nos encontramos -y vivir con el resultado. También sería deseable que lo hiciera en forma decisiva para que el cómputo final, cualquiera que éste sea, resulte convincente e indisputado.