Luis Rubio
El único factor políticamente relevante del Fobaproa es el costo fiscal que el salvamento del ahorro bancario representa. Todo el resto, desde las famosas listas de supuestos créditos fraudulentos que han venido contaminando el ambiente político, hasta la pirotecnia que vienen jugando los diversos actores en este absurdo drama, son meras distracciones. Hay buenas (y obviamente muy jugosas) razones para que los partidos políticos exploten los errores, las omisiones, los abusos y las desviaciones de fondos que pudiesen haber estado presentes en todo el proceso de rescato bancario. Pero ninguno tiene la trascendencia del costo fiscal, pues es este elemento el que va a afectar negativamente las tasas de crecimiento de la economía y, por lo tanto, los niveles de vida de la población en las próximas décadas. Es ahí donde nuestros supuestos representantes deberían poner su acuciosa mirada.
El Fobaproa fue un programa diseñado para proteger el ahorro bancario. Todos los recursos empleados por el gobierno para salvar a los bancos fueron, en realidad, destinados a proteger el ahorro; o, puesto en otros términos, de no haber existido algún programa de este tipo, el público habría perdido buena parte de su ahorro, pues fueron precisamente esos recursos los que los bancos prestaron y, más tarde, perdieron cuando se apilaron los créditos incobrables. Nadie puede tener la menor duda de que ese rescate bancario dista mucho de haber sido la operación más limpia, eficaz, inteligente y apropiada que la humanidad ha visto en su historia, pero ese hecho, aunque de por sí lamentable, no debería permitir que se tergiversen los datos y la historia al punto de llegar a una situación de confusión generalizada en la que cada actor tiende la cortina de humo que más le conviene.
El PRD ha venido demandando que se publiquen las listas de créditos y acreditados que acabaron en el Fobaproa. Desafortunadamente su demanda está mal enfocada, pues no es ahí donde se encuentra el problema. Las famosas listas, elaboradas por el auditor canadiense Michael Mackey, quien fue contratado por los diputados para evaluar el salvamento bancario e identificar las irregularidades que ahí se pudieran haber presentado, no sirven para nada. El listado contiene los nombres de un altísimo porcentaje de personas y empresas que tenían créditos vigentes cuando explotó la crisis económica en 1995. La crisis elevó las tasas de interés de una manera dramática, lo que a su vez incrementó brutalmente los pagos que se tenían que efectuar en relación a esos créditos. Muchísimos acreditados dejaron de pagar, total o parcialmente, sus créditos. Por supuesto que la enorme mayoría fue gente honesta que simplemente no pudo pagar lo adeudado a las nuevas tasas, en tanto que otros, los vivales, aprovecharon el río revuelto para no pagar a pesar de sí poder hacerlo. En cualquier caso, la manera como las autoridades enfrentaron el problema resultó mucho peor que la enfermedad: en lugar de subsidiar a los deudores para que continuaran el pago de sus obligaciones y, de esa manera, mantuvieran vigente la relación acreedor-acreditado, se dedicaron a comprar cartera con criterios casuísticos, sin informar con veracidad a la opinión pública, subsidiando así directamente a los bancos y destruyendo la esencia de cualquier sistema financiero: la confianza. Salvaron el ahorro público pero a un costo fiscal e institucional verdaderamente monumental.
El costo fiscal, que es fácilmente cuantificable, es el que es de interés público, pues es ahí donde se encuentra un verdadero escollo para el futuro de la economía mexicana. Por la manera en que se llevó a cabo la operación de rescate bancario, las listas de acreditados no dicen, no pueden decir, absolutamente nada. Dado que la crisis de 1995 y su manejo llevó a la quiebra a prácticamente todo el sistema bancario y de que la manera en que se salvó a los bancos fue mediante el intercambio de cartera por fondos públicos, el Fobaproa acabó saturado de todos los créditos que existían en los bancos, tanto los créditos buenos como los créditos malos. De hecho, para ilustrar la verdadera naturaleza de la problemática, no sobra recordar que la única subasta de créditos que llevó a cabo el Fobaproa fue de puros créditos al corriente, es decir, de créditos cuyos beneficiarios seguían pagando en forma regular. Como los bancos transfirieron cartera al Fobaproa a cambio del subsidio, los acreditados nunca supieron si sus créditos seguían en el banco o si habían sido transferidos al Fobaproa. En este sentido, las listas que tanto se invocan en estos días incluyen tanto a personas y empresas honorables como a los vivales que abusaron de la oportunidad. El problema es que no hay manera objetiva de distinguir entre unos y otros.
En su informe, el auditor Mackey llegó a la conclusión de que del total de créditos contenidos en el Fobaproa había un número de transacciones (por un monto de 7.2 billones de dólares) que eran reportables por las irregularidades que mostraban. Algunas de esas transacciones eran, según Mackey, potencialmente ilegales. La encomienda del señor Mackey era la de evaluar cómo se había llevado a cabo el proceso de salvamento bancario para determinar si había habido irregularidades. Su conclusión fue que no se siguieron las normas más elementales, ni las reglas del propio Fobaproa, y que hubiera sido mejor conducir el salvamento de una manera distinta, con lo que el costo fiscal pudo haber sido substancilmente menor. Los 7.2 billones de dólares no es una cifra despreciable, pero no tiene comparación alguna con los 80 billones de dólares que el rescate costó originalmente. De la lectura de ese informe no es difícil inferir que el costo fiscal se multiplicó de una manera dramática por la torpeza con que fue realizado el salvamento, más que por la existencia de fraudes o abusos por parte de acreditados y banqueros.
En este sentido es claro que el problema del Fobaproa no se encuentra en las listas de deudores, pues esas listas no dicen absolutamente nada útil para los diputados ni para los mexicanos en general. Mucho más importante y productivo, en términos tanto políticos como económicos, sería que nuestros dilectos diputados se adentraran en el análisis de los procesos de adquicisión y transferencia de cartera pues es ahí donde se encuentran las operaciones que el señor Mackey determinó como reportables o ilegales. Ese camino sería mucho más productivo por dos razones muy evidentes: primero que nada, porque el tema de fondo es el costo fiscal y, por definición, ningún particular, así fuera banquero o acreditado podía decidir sobre el uso de los recursos fiscales, pues esa era facultad exclusiva de la autoridad. Y segundo, porque la mayor parte de las irregularidades que pudiese haber habido en el ámbito de los propios créditos ya prescribió, más no así lo relacionado con el manejo de los recursos fiscales.
A través del Fobaproa, el fisco transfirió recursos multimillonarios a los bancos a cambio de cartera bancaria, parte de la cual era buena, parte mala y parte fraudulenta. En los casos en que el gobierno tomó control de un banco, como ocurrió con las instituciones que quebraron y cuyos propietarios huyeron, la totalidad de la cartera fue transferida al Fobaproa. Exceptuado el caso de esas instituciones, ninguno de los acreditados, los honestos y los ladrones, tiene manera de saber si su cartera acabó en el Fobaproa o si sigue en manos del banco original. Sin embargo, las autoridades que concibieron y llevaron a cabo el rescate bancario y que fueron tomando todas las decisiones pertinentes al respecto saben perfectamente qué compraron, a quién le entregaron cuánto dinero y qué criterios se siguieron en cada caso. Ahí no puede haber cortinas de humo.
Quizá el factor más importante en todo el affaire Fobaproa sea el que los beneficiarios directos del rescate bancario fueron los ahorradores. Al recibir esos fondos fiscales, los bancos pudieron desaparecer o mantenerse a flote, pero siguieron siendo solventes frente a sus acreedores, entre los que se encuentran los millones de mexicanos que ahí depositaron sus ahorros. Pero este punto es central: los usuarios del crédito no se beneficiaron de los recursos del Fobaproa. Es perfectamente factible que muchos de los acreditados hayan aprovechado la confusión que causó la crisis, y la pésima ejecución del programa de rescate bancario, y hayan dejado de pagar sus créditos a pesar de contar con la posibilidad de hacerlo. Es sabido que muchos empresarios removieron maquinaria de sus fábricas, desaparecieron sus inventarios, cambiaron de razón social y cometieron toda clase de tropelías para no pagar. Pero en todos esos casos el estafado debió ser el banco y no el fisco. Sin duda, todos los acreditados que no pagaron sus créditos abusaron, pero eso nada tuvo que ver con el Fobaproa. En todo caso, el pésimo manejo del Fobaproa creó excepcionales incentivos para que se multiplicaran los vivales.
Esta realidad no crea escándalo, pero no por eso deja de ser una realidad. Sin embargo, de lo que se trata, obviamente, es de escandalizar, no de cumplir con el servicio que la labor legislativa exige.Todavía peor, los enardecidos diputados que con tanta vehemencia (y una extraordinaria dosis de retórica y demagogia) reclaman la publicación de las listas, han hecho una nítida distinción entre los atracadores de sombrero blanco y los atracadores de sombrero negro. Dentro de la implacable lógica maniquea del PRD, unos son abusivos, defraudadores y criminales, en tanto que los otros son víctimas inocentes de la crisis. Unos son criminales y los otros son mexicanos ejemplares. Los malos son los que no son miembros del PRD. Los buenos son los barzonistas. Ambos, sin embargo, son igualmente acreditados que no han cumplido con su respectivos compromisos: ninguno ha pagado un quinto de sus deudas, pero los barzonistas, a través de la manipulación, han logrado que nadie se atreva a tocarlos. Ambos fueron rescatados por el Fobaproa y ambos son parte integrante y prominente de las famosas listas. La legalidad en pleno.
Al final del día, el problema es la ausencia total de transparencia, tanto por parte del gobierno por quienes invocan las listas. Ni los banqueros ladrones ni los acreditados abusivos podían crear el fenómeno del Fobaproa. Si tuviéramos una situación de transparencia, el escándalo no estaría en las listas de acreditados, sino en la negligencia que hizo posible este monstruo.