Difícil sería imaginar un escenario más conflictivo para el gobierno que el que en este momento enfrenta en la Cámara de Diputados. Luego de meses de negociaciones con diversos grupos de diputados, empresarios, sindicatos y otros sectores y partes interesadas, el gobierno acabó enviando una iniciativa de ingresos y presupuesto de egresos para el año de 1999 que nada tiene que ver con lo que había planeado y negociado. En el camino logró casi lo imposible: poner en su contra a sus dos grupos de aliados naturales: los empresarios, la bancada del PRI y parte de la del PAN, por un lado, y a la mayoría de los economistas y analistas que, a lo largo de la última década, han sido la principal fuente de apoyo filosófico y ante la opinión pública de la política económica vigente, por el otro. De esta manera, a las ya de por sí tensas relaciones entre el ejecutivo y el legislativo en materia de iniciativas económicas, financieras y bancarias, se viene a sumar un conflicto que nadie necesitaba. Es tiempo de revertir la creciente incertidumbre que la iniciativa gubernamental ha generado, proponiendo un nuevo esquema de solución al problema fiscal.
El problema fiscal del gobierno es tan serio que no puede ser despreciado. Más allá de la coyuntura que ha producido un mercado petrolero sumamente deprimido, el gobierno mexicano tiene ingresos en extremo pequeños cuando se les compara con países como Brasil, para no hablar de las naciones europeas. Por años, gobierno y sector privado han hablado de la necesidad de realizar una reforma fiscal integral, aunque las dos partes tienen objetivos distintos y se imaginan que ambos son posibles. El sector privado quiere ver disminuida su carga fiscal y simplificado el procedimiento para el cumplimiento de sus obligaciones en la materia, mientras que el gobierno quiere elevar la recaudación. La verdad, todos los mexicanos lo sabemos, es que ambos objetivos son posibles en forma simultánea, siempre y cuando se ataque la evasión fiscal y la insultante impunidad de que gozan toda clase de intereses dentro y fuera del gobierno. Sin embargo, el problema inmediato del presupuesto tiene que ser enfrentado con soluciones que, aun sin necesariamente ser globales y definitivas, contribuyan a avanzar en esa dirección.
Desafortunadamente, las reformas fiscales que propuso la administración no contribuyen a ese propósito. El gobierno tiene un objetivo claro, transparente y adecuado, que es el de evitar una crisis al final del sexenio. Para ello, ha sido insistente en que la crisis se va a evitar sólo si se mantienen bajo estricto control las finanzas públicas y la cuenta corriente de la balanza de pagos y se eleva el nivel de ahorro de la población. Las crisis, dice el gobierno, han sido económicas en su fondo, aunque el gatillo haya sido disparado por factores políticos o de cualquier otra naturaleza. O, puesto en otros términos, que si la economía hubiese estado perfectamente equilibrada en el año 1994, la violencia y los otros sucesos políticos de ese año no habrían llevado a una crisis en 1995. El planteamiento no deja lugar a dudas pues, a final de cuentas, para que explote una crisis económica es necesario que existan desequilibrios en las variables fundamentales de la misma economía. No habiendo desequilibrios, la crisis es imposible. Es decir, desde la perspectiva gubernamental, lo único que puede evitar un desbarranco al final del sexenio es un cuidado extremo de los factores que, en años pasados, hicieron inevitables las crisis. En este sentido, la lógica de los planteamientos gubernamentales es impecable y su actitud absolutamente encomiable.
El problema es que los desequilibrios ya están ahí y el gobierno ha sido incapaz de evitarlos y, peor aún, ha tendido a minimizarlos. La razón del desequilibrio fiscal actual se explica por el hecho de que los precios del petróleo han descendido en forma dramática a lo largo del último año. Pero el problema de fondo tiene que ver con otros factores, quizá menos obvios: por un lado, en 1997 el gobierno decidió que no había problema alguno con generar un “pequeño” déficit. Al aceptar que se podía gastar más de lo que ingresaba, independientemente del monto, el gobierno violó una de las reglas sacrosantas que se habían establecido, implícitamente, desde los ochenta, cuando el déficit alcanzó hasta el 18% del PIB. Al incurrir en un déficit fiscal del que siempre renegó (sin haber terminado primero con la inflación), la población perdió el respeto por el manejo fiscal gubernamental, una de las anclas de credibilidad más fuertes con que contaba el gobierno. Por el otro lado, el paquete fiscal que presentó el gobierno al congreso demuestra que no sólo se propone retornar a las distorsiones fiscales de que estuvo plagado el país en los setenta y ochenta, sino que el gobierno se rehusa a reconocer la manera en que funciona y piensa la población.
La iniciativa en materia presupuestal se ha ganado el encono generalizado de la sociedad y de los partidos políticos. En lugar de hacer una propuesta coherente como la que el gobierno había venido negociando por meses con los diputados y las partes interesadas, lo que llegó a la Cámara es un acumulado de medidas incoherentes orientadas estrictamente a elevar los ingresos públicos, sin reparar en sus costos y consecuencias. Es decir, hemos vuelto a las andadas de los ochenta en materia fiscal, cuando el gobierno veía a un evasor en cada persona y empresa y a la sociedad como fuente de recursos para cubrir sus gastos, en lugar de entenderla como la fuente de oportunidades para el desarrollo del país y a la política fiscal como un instrumento para ese fin.
El incremento de impuestos no es bueno ni malo por sí mismo, pero el tipo de impuestos que se aprueben si hace diferencia. Obviamente, a nadie le da gusto pagar más impuestos, pero la iniciativa propuesta por el ejecutivo ha provocado una irritación generalizada no solo por el monto, sino por su naturaleza. Además, de haber convertido en enemigos a los que eran aliados naturales, la iniciativa avanza en terrenos por demás pantanosos. En lugar de atacar a los monopolios que siguen depredando a la economía familiar, el gobierno introduce impuestos adicionales que hacen imposible aun la más modesta competencia. En lugar de reducir y eliminar las entidades gubernamentales que la sociedad percibe como inútiles, el gobierno ha optado por transferir su costo a la sociedad. Finalmente, en lugar de emprender una reforma fiscal integral orientada a distribuir mejor las cargas fiscales, simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y drásticamente disminuir la evasión fiscal, todo con el propósito de elevar el ingreso gubernamental sin alterar en lo fundamental las tasas de impuestos vigentes, el gobierno optó por la salida fácil, que es la de incrementar la carga fiscal a los causantes ya cautivos.
La iniciativa también constituye un retroceso en otras materias. Vuelve a privilegiar los impuestos directos sobre los indirectos, cuando estos últimos son mucho más transparentes y causan menos distorsiones, a la vez que promueven el ahorro y la inversión. Además, en lo específico, la eliminación de la consolidación fiscal para las empresas implica un cambio dramático en la organización de la industria mexicana, algo que, por sus implicaciones, debería pensarse con más cuidado. La eliminación de la deducción inmediata a la inversión aumenta tres veces la carga fiscal para las empresas en el margen, lo que les va a causar enormes distorsiones, además de reducir la inversión. El paquete fiscal hace que los empresarios tengan incentivos para únicamente reponer los activos fijos existentes a través de su depreciación histórica, en lugar de incentivar nuevas inversiones, que son, a final de cuentas, la única oportunidad de crear riqueza y empleos. Justo cuando lo imperativo es modernizar a la vieja planta industrial, la nueva política fiscal lo hace imposible.
De esta manera, precisamente en el momento en que se requiere certidumbre, el gobierno está provocando confrontaciones no vistas desde la época de Echeverría. No es casualidad que el mayor rubro de incremento en el presupuesto se refiera al servicio de la deuda interna. Los titubeos en la política económica y la incapacidad de lograr consensos políticos en temas vitales para la economía como el Fobaproa, han introducido un creciente nivel de incertidumbre en la economía, lo que a su vez se traduce en tasas reales de interés cada vez mayores. La mayor parte de los impuestos adicionales que el gobierno pretende cobrar van a ir directamente a pagar el costo adicional de la carga financiera del gobierno y no a mantener el gasto mismo. En otras palabras, los ingresos adicionales que se requieren no se explican por la caída en los precios del petróleo, sino por el incremento en las tasas de interés. Estas últimas sólo pueden ser atribuibles al creciente escepticismo que el gobierno está generando en la sociedad y entre los operadores del mercado financiero respecto a su capacidad para lograr sus ya de por sí modestos objetivos. Al riesgo que produce la incertidumbre se viene a sumar el de la parálisis de la inversión.
La iniciativa que el gobierno ha enviado a la Cámara difícilmente podrá prosperar. La salida no reside en negociar una incoherencia que nadie puede defender, sino en volver a la realidad: a) proponer recortes importantes en el gasto, incluyendo secretarías, aunque su valor sea, según el gobierno, meramente simbólico; b) enviar una iniciativa defendible no solo por su coherencia con el necesario y legítimo objetivo recaudatorio, sino sobre todo con el progreso del país, la promoción de la inversión (y la modernización de la planta productiva) y la creación de empleos en el largo plazo – y defenderla; c) crear subsidios directos a la población de bajos ingresos que pudiera sufrir como consecuencia, al estilo Progresa; d) replantear su concepción de ataque a la evasión fiscal; y e) retornar a la negociación con diputados y partes interesadas con base en objetivos nacionales comunes que vayan más allá de la salvación fiscal inmediata del gobierno a cualquier costo y por cualquier medio. Sólo así será posible evitar una crisis al fin del sexenio.