Luis Rubio
Palabras duras las que han venido intercambiando sobre todo los panistas y los priístas en semanas recientes. Cada uno tendrá sus razones y cada uno seguirá una lógica que, en su perspectiva, seguramente tiene sentido. Desde afuera, sin embargo, es difícil determinar en qué estarán pensando cada uno de los políticos que fustigan y descalifican a sus contrincantes cuando lo único que los puede salvar, sobre todo al gobierno, es un trabajo concertado y negociado de gradual reinstitucionalización política.
Quizá era inevitable. Pero de una luna de miel que parecía augurar una larga vida feliz entre los tres principales partidos políticos a finales del año pasado, hemos retornado a la era de las cavernas en materia política. Las hipótesis y explicaciones sobre las razones por las que súbitamente se alteró el panorama político son muchas pero, más allá de las críticas de cada una de las partes, todo parece indicar que la suma de los procesos de sucesión internos tanto del PAN como del PRD con la carta de quejas que enviaron los diputados priístas al presidente de su partido acabaron por dar al traste con el proceso de negociaciones que parecía avanzar exitosamente el año pasado. La oposición afirma que le gobierno se retractó de diversos compromisos que se habían logrado; los priístas dicen que esos supuestos compromisos nunca tuvieron lugar. Cualquiera que sea la realidad, no hay la menor duda que el presidente ha forjado una alianza de conveniencia con los priístas y que éstos han logrado desplazar a los partidos de oposición de la luna de miel cupular.
La nueva situación nos deja con por lo menos tres escenarios para el futuro de la reforma electoral en lo particular y para el conjunto de negociaciones que, bajo el título de reforma política, venían avanzando como vehículo para redefinir las estructuras institucionales de la política mexicana. El gobierno del presidente Zedillo convocó a la oposición, desde su discurso de inauguración, a la negociación de un conjunto de acuerdos que permitieran transferir a la política mexicana del marco priísta al marco interpartidista. Para ello, se llegó a acordar una agenda que incluía todos los temas relevantes de la política, como fundamento para la transformación que el presden tener razón. De ahí que debamos contemplar los escenarios más probables para el desenlace de este acertijo.
Primer escenario: negociaciones lidereadas por el gobierno. Por más presiones que hayan llegado a ejercer los partidos de oposición en el curso de las décadas pasadas, todas las negociaciones en materia electoral que han tenido lugar en el país han sido resultado de la acción gubernamental. Históricamente, el gobierno ha visto a las reformas electorales como un medio para mantener o acrecentar la legitimidad del sistema político; en función de ello, cedían lo mínimo posible para satisfacer a la oposición. El gobierno actual alteró este paradigma en forma absoluta al plantear una negociación integral. Sin embargo, con la suspensión de las negociaciones, al menos por ahora, todo parece indicar que el cálculo del gobierno y del PRI es que es posible lograr un triunfo electoral el próximo año en el Congreso, lo que les permitiría negociar la reforma desde la perspectiva del poder, con mayores o menores concesiones de por medio. En este sentido, el PRI ha abandonado parcialmente la búsqueda de un nuevo paradigma y su apuesta parece residir en la expectativa de que ganará las elecciones legislativas del próximo año. ¿Qué pasa, sin embargo, si las pierde?
Segundo escenario: el PAN gana el Congreso en 1997. Una posible apuesta del PAN es que esté calculando ganar la mayoría en el Congreso en 1997, lo que le permitiría dictar los términos de la reforma electoral. En este escenario, con PRI o sin PRI, el PAN podría elaborar su propia legislación electoral y, concebiblemente, contar con el apoyo del PRD. Razonable o no, el cálculo del PAN asume un riesgo mucho menor que el del PRI, pues de ganar el PAN, su triunfo habría justificado el rompimiento de las negociaciones e incluso una renuencia futura (en la segunda mitad de este año) de volver a negociar. Por otra parte, si el PRI ganara el Congreso, el PAN estaría nuevamente en el mismo lugar: el PRI tendría que negociar, le guste o no. Esa es la desventaja de no contar con mayor legitimidad.
Tercer escenario: nadie gana el Congreso en 1997. Un escenario nada remoto para 1997 es que ningún partido logre la mayoría y, por lo tanto, el control del Congreso. Bien podría ocurrir que ni el PRI ni el PAN lograran cruzar el umbral (entre 43 y 45% del voto), en el cual entraría en operación la cláusula de gobernabilidad, que le otorga mayoría al partido que alcanza ese nivel de votación. En este escenario, el PRI y el PAN se encontrarían con que tienen que negociar o paralizan al país. En este contexto, el país entraría en una nueva etapa que bien podría llevar a un cambio gradual y negociado, pero también a una parálisis que, en su extremo, hiciera sumamente difícil la administración del país, sobre todo en materia económica.
Cada partido hace apuestas sobre lo que espera que ocurrirá en el futuro. Como ciudadanos, debemos hacernos la pregunta de si esas apuestas son razonables o si se trata de riesgos intolerables para la mayoría de la población que ni la debe ni la teme, pero que sí pagaría las consecuencias de las acciones de los partidos. No parece haber duda alguna que el PRI y el gobierno decidieron que éste no era el mejor momento para negociar una reforma, para lo cual bien puede haber explicaciones perfectamente justificables, incluyendo el hecho de que es imposible negociar mientras los partidos atraviesan por un periodo de redefinición y sucesión interna.
Hay, por otra parte, una manera distinta de ver el mismo fenómeno y que permite pensar que el riesgo asumido por el gobierno en esta retirada puede ser excesivo. A muchos economistas les encanta utilizar una metáfora para explicar la manera en que se comportan los agentes económicos. Se llama el dilema del prisionero y se trata del dilema de un criminal que está separado de su socio en el crimen y tiene que calcular qué tanto tiene que decir para salir en libertad en función de lo que su compañero pueda llegar a decir. Si ninguno confiesa, ambos salen libres después de un rato. Si uno habla y el otro no, el qidente había propuesto. La agenda incluía cuatro apartados: reforma electoral, relaciones ejecutivo-legislativo-judicial, federalismo y medios de comunicación. Era evidente que el gobierno estaba dispuesto a negociar la esencia de las estructuras y prácticas políticas y no sólo las migajas, como siempre había ocurrido. Eso que se inició a finales de 1994, parece hoy extraordinariamente remoto.
Las negociaciones que tuvieron lugar a lo largo de 1995, sobre todo en su última etapa, establecieron ciertos marcos para la negociación y definieron varios posibles cauces para el primer tema de la agenda: la reforma electoral. Como están las cosas, todo parece indicar que cada uno de los partidos, sobre todo el PAN y el PRI, han llegado a la conclusión de que las negociaciones no necesariamente les benefician. Me refiero al PAN y al PRI más que al PRD porque estos dos partidos están suponiendo, en sus palabras y en sus actos, la posibilidad de controlar la Cámara de Diputados el próximo año. Obviamente, ambos no pueue no habló acaba en el tambo por mucho tiempo, en tanto que el que habló sale libre inmediatamente. El prisionero acaba llegando a la conclusión que lo más racional desde el punto de vista individual es confesar con lo que no acaba disfrutando de una libertad inmediata, pero se queda en la cárcel menos tiempo que si no hubiese confesado en tanto que su socio si lo hubiera delatado. Igual con la reforma electoral: si el gobierno persiste en el cálculo de que el tiempo está a su favor, bien puede acabar teniendo que ceder todo más adelante. Sería mucho mejor organizar una reforma que satisfaga a la oposición, particularmente al PAN y, con ello, acabar de una vez por todas con esta danza que no satisface a nadie y que, además, pone en entredicho la estabilidad del país. La espada de Damocles pende sobre el PRI.