Luis Rubio
Los avatares en el proceso de elevar el ahorro interno parecen no encontrar cuartel. Primero se modificó la legislación relativa al IMSS y se dejaron toda clase de cabos sueltos en relación al tema central de la política económica del gobierno. Ahora que está a consideración del Congreso la ley que habrá de regular los fondos de pensiones a través de las llamadas Administradoras de Fondos de Retiro (Afores), el tema del ahorro vuelve a la palestra. Lo que el Congreso acabe aprobando va a determinar la capacidad de generación de ahorro de largo plazo en la economía y, por lo tanto, tendrá una enorme incidencia sobre las tasas de crecimiento que se lleguen a alcanzar. Nada hay de trivial en este tema.
Hay dos temas medulares que están de por medio en las regulaciones que se adopten. El primero es quién va a poder constituirlas y en qué van a poder invertir las administradoras. El segundo se refiere a qué va a pasar con los fondos de ahorro ya existentes y quién va a tener poder de decisión sobre el ahorro individual. Aunque no es materia de estas regulaciones en forma directa, el éxito de la iniciativa gubernamental va a depender de su capacidad de corregir el entuerto que se dejó pendiente al aprobar la nueva legislación del IMSS. En la medida en que el gasto del IMSS no se disminuya drásticamente, a la vez que mejora -también drásticamente- sus servicios, todos los beneficios que pudiesen derivarse de un nuevo sistema de pensiones van a ser totalmente neutralizados.
Por lo anterior, la legislación que sea aprobada es mucho más trascendental de lo que se supone comúnmente. A la fecha, los mexicanos han tenido muy pocos incentivos para ahorrar a través de los mecanismos formales y nacionales tanto por la inestabilidad financiera y económica de las últimas décadas, como por el manejo que se ha dado al ahorro obligatorio. Sin embargo, el ahorro de los mexicanos no es pequeño; simplemente ocurre al margen de los mecanismos formales del sistema financiero y del gobierno. Lo que está de por medio en esta legislación es la posibilidad de revertir estas tendencias.
Uno de los elementos que yacen detrás de la lógica económica gubernamental, su componente más sensato y encomiable, es el de elevar el ahorro interno como mecanismo para evitar los bandazos y la crisis cambiarias recurrentes. La noción de que si disponemos de un mayor ahorro interno se requeriría menos ahorro del exterior y, por lo tanto, habría menor dependencia de los vaivenes del mercado, es bastante obvia. Lo que no es tan obvio es que sea posible lograr elevar el ahorro interno neto por la vía propuesta y es mucho menos obvio que se pueda hacer ignorando la lógica de los mercados financieros. De una o de otra forma, sin embargo, lo que pase con los fondos va a ser determinante. Veamos.
En primer lugar, el IMSS está quebrado y su gasto fuera de todo control. El gasto administrativo y de salud del IMSS rebasa con mucho los fondos destinados para ese propósito. Como el IMSS administraba también los fondos del seguro de invalidez, cesantía y muerte, el problema del gasto excesivo y creciente no se notaba mucho, pues el IMSS simplemente echaba mano de esos recursos para financiar su gasto. La presión del sindicato del IMSS logró que la reforma a la ley del IMSS de hace unos meses no hiciera nada para modificar los patrones de gasto de la institución. Lo único que logró el ejecutivo fue separar los fondos de retiro de la operación del IMSS, con lo que, en el mejor de los casos, se hará evidente el problema, pero no se resolverá. Lo que sí es un hecho es que, dado el ritmo de crecimiento del gasto del IMSS, si éste no se controla se va a comer todo el ahorro que se genere en el resto de la economía. Dada la experiencia, permitir que el IMSS administre los fondos de pensiones sería equivalente a poner a la Iglesia en manos de Lutero.
En segundo lugar, el INFONAVIT no sólo no ha construido el número de casas que sus creadores ambicionaban, sino que ha destruido una inmensa cantidad de recursos -ahorro- al virtualmente regalar las casas a los favoritos del gobierno y los sindicatos (con módica mordida de por medio). Esto ha sido muy bueno para los beneficiarios, pero ha empobrecido a todos los demás mexicanos, quienes no tienen (y seguramente no tendrán) la oportunidad de hacerse de una vivienda debido a que ha sido a su costo el privilegio del que han gozado sólo unos cuantos. El tema no es trivial: según algunos cálculos, el INFONAVIT podría haber sumado cerca de cien mil millones de dólares en sus veinte años de existencia, de haberse administrado con un criterio de desarrollo económico y no meramente de clientelismo político y de corrupción institucionalizada. Además, se habrían construido millones de casas más. Puesto de otra manera, a menos que, como en el IMSS, se controlen las prácticas funestas de la institución, se habrá escapado de control otra potencialmente enorme fuente de ahorro interno.
En tercer lugar, los mexicanos no ahorran poco. Lo que pasa es que no todo lo ahorran en formas tradicionales. Los pobres ahorran por una serie de mecanismos al margen del sistema financiero. Los ricos ahorran fuera del país. Estas dos realidades nos dicen mucho más que mil hipótesis: el sistema financiero no ha logrado ampliar sus redes y vehículos de ahorro a todos los confines del país y de la sociedad. Por su parte, la inestabilidad macroeconómica, aunada a la incertidumbre que ésta provoca ha llevado a que una gran parte de los ahorradores hagan lo más racional: buscar certidumbre para el ahorro producto de su trabajo. En la medida en que la realidad macroeconómica y la política gubernamental no cambien este paradigma, estas tendencias seguirán igual.
Todo lo anterior lleva a una conclusión muy simple: el gran problema de la visión gubernamental en general y de la iniciativa en materia de pensiones en particular reside no en los instrumentos que ha diseñado para enfrentar la problemática económica y financiera, sino en su total rechazo a considerar la dinámica de los mercados y la racionalidad de los individuos que actúan en éstos, es decir, los mexicanos comunes y corrientes. De esta manera, en lugar de buscar resolver las dudas y apaciguar los temores de la población, el gobierno se ha dedicado a ignorarlos, como si no fuesen relevantes, agravando la enorme confusión e incertidumbre que caracteriza la época actual. Los fondos de pensiones son clave para el desarrollo del país, pero sólo lo serán efectivamente si estos acaban siendo controlados por los individuos -y no por los sindicatos, por el IMSS o por la burocracia-, si existen garantías sobre el manejo de los mismos que permita generar la indispensable confianza además de seguridad jurídica absoluta, y si esos fondos efectivamente ofrecen una rentabilidad atractiva que compense no sólo la inflación, sino también la incertidumbre. Una reforma de esta naturaleza más que compensaría la oposición de los intereses de los que perderían en el camino. Pero para ello es indispensable cambiar de raíz el enfoque de desarrollo del ahorro interno.