Luis Rubio
Con la demanda penal por daño patrimonial en contra de Carlos Salinas, la privatización de la empresa Teléfonos de México amenaza en convertirse en un casus belli sobre el sexenio pasado y, sobre todo, sobre las políticas de apertura, desregulación y privatización en general. Este es sin duda el objetivo de la acción judicial por parte del PRD.
La demanda argumenta temas jurídicos, pero en realidad se trata de un planteamiento ideológico que persigue avanzar una causa política e ideológica a través del descrédito de la apertura y de la privatización, además de la persona del expresidente. Por supuesto, no hay nada malo en eso, pues se trata de un recurso legítimo para cualquier ciudadano y los partidos tienen todo el derecho -y la obligación- de explotar las flaquezas de sus contrincantes en el poder para hacer transparente la política. Por ello, no hay nada malo en la denuncia, pero hay que llamar al pan pan y al vino vino.
Nos encontramos en el ojo de una profunda disputa por el poder y por el modelo de economía que debe seguir el país, lo que hace de este tipo de batallas un componente intrínseco de estas luchas. Algunas batallas se librarán en los tribunales, otras tras bambalinas entre los políticos y otras más en el foro de la opinión pública. Lo que salga de estas batallas habrá de determinar la viabilidad del ssitema político actual y la posibilidad de que éste se transforme para bien.
En este contexto, la demanda relativa a la privatización de Telmex tiene una enorme carga política e ideológica. Los méritos jurídicos de la demanda obviamente tendrán que dirimirse en los tribunales respectivos y ese proceso definirá si hay algo que perseguir y contra quién. Sin embargo, el principal objetivo de la demanda es político y fue presentado ante la opinión pública como tal. Se utilizó el caso de Teléfonos de México por varias razones muy obvias: se trata de una empresa sumamente exitosa en lo financiero; mucha gente se siente agraviada por lo que considera excesivos cargos telefónicos; por el potencial de corrupción que puede traer consigo una privatización de miles de millones de dólares; y por el rechazo ideológico a la propiedad privada en el sector comunicaciones, que antes se encontraba codificado en la Constitución. En el fondo de esto se encuentran tres temas muy específicos: la noción de propiedad privada de la telefonía; el hecho de haber vendido la empresa; y la posible corrupción en el proceso.
La noción de que las comunicaciones deben ser propiedad del gobierno parte de una concepción ideológica y de una circunstancia técnica. Por el lado ideológico, se trata de modelos distintos de sociedad y de la naturaleza humana, ambos con méritos propios y, en todo caso, legítimos. Para algunos es mejor que el gobierno se haga cargo de todo, en tanto que para otros lo deseable es que cada individuo sea dueño de sus circunstancias. En esto estamos hablando de preferencias ideológicas y nada más. Por el lado técnico, sin embargo, las circunstancias cambian casi cada minuto. Una de las justificaciones técnicas para la propiedad gubernamental de la telefonía residía en la naturaleza monopólica del servicio; ese monopolio técnicamente ya prácticamente no existe: hoy en día la competencia es posible por la existencia de nuevas tecnologías, lo que puede eliminar las prácticas monopólicas. Es decir, las comunicaciones hace mucho que dejaron de ser un tema de legítima intervención gubernamental desde una perspectiva técnica.
El proceso de privatización de Telmex sin duda adoleció de muchas deficiencias, la más importante de las cuales fue la de posponer el inicio de la competencia en el sector telefónico, lo que le dejó a Telmex cancha amplia para explotar el monopolio por un buen rato. Sin embargo, el proceso de venta fue, al menos de acuerdo a la información disponible, plenamente apegado a la legalidad y a todas las normas internacionales que caracterizan a este tipo de operaciones. Si uno compara la privatización de Telmex con la de la Telefónica Argentina, el hecho de que en el caso de Telmex se siguieran esas normas permitió tanta mayor credibilidad y certidumbre -además de precio- en la venta. Lo más interesante de la venta de Telmex -y paradoja ideológica para los acusadores de la venta- es que el sindicato de telefonistas es uno de los dos más grandes grupos de accionistas de la empresa.
Por lo que toca a la posible corrupción en el proceso de venta de la empresa, yo no meto las manos al fuego por la limpieza del proceso, pero me parece ridícula la presunción de corrupción en que el presidente del consejo de la empresa, Carlos Slim, sea un representante, o un prestanombres, de Carlos Salinas. Si el expresidente hubiera querido hacerse rico con la privatización de Telmex, todo lo que tenía que hacer era comprar acciones de la empresa en el mercado abierto antes de que se anunciara la operación. Otros prominentes inversionistas, sin conocimiento alguno de la posible venta de la empresa, se hicieron sumamente ricos con la compra de acciones de Telmex mucho antes de que la venta fuese decidida. ¿Para qué complicar el mundo con algo tan obvio?
Lo criticable de la privatización de Telmex, desde mi perspoectiva, no está en la venta ni en la forma en que ésta se realizó, sino en el modelo que se conformó para la telefonía del país a través de la venta. El objetivo principal del gobierno en la venta fue el mayor ingreso posible para el erario y no más competencia o una mejor telefonía en el corto plazo. Al día de hoy, sin embargo, este es un debate académico y filosófico. Telmex ya se vendió y, salvo que se pruebe un fraude en el proceso de venta, la discusión no es legal, sino ideológica y nada tiene que ver con la empresa específica o el gobierno vendio.
5la venta fue fallida má sea un prestanombresPara comenzar, Carlos Slim dista mucho de ser el empresario sexenal prototípico. Cuando compró Telmex, ya llevaba más de una década como uno de los más prominentes empresarios. Ciertamente no necesitaba del hoy expresidente para hacerse rico. Su inmensa riqueza, que ya venía de antes y que se acrecentó particularmente en 1982 con operaciones bursátiles en las que capitalizó su visión y el pánico de los mercados, hacen absurda la presunción de que pudiese ser prestanombres de alguien. Por su parte, s