OTHON- POLITICA O LEGALIDAD
Yo no tengo la menor idea de si Othón Cortés es culpable de lo que se le acusa en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, pero me parece que la legalidad avanzo un par de centímetros en el país con su absolución. Lo que resulta más extraño de todo esto no es la exoneración misma, sino el absolutamente increíble debate que se ha desatado en torno a la decisión del juez en este caso. Para una sociedad que reclama una mayor participación y un sistema político plenamente democrático, el reclamo contra la Procuraduría General de la República y la reprobación de la decisión del juez resultan no sólo contradictorios sino reprobables.
La legalidad reside en que se respeten los procedimientos establecidos en la ley y en que cada una de las partes en el proceso actúe conforme a estos. En la medida en que se hayan respetado esos procedimientos, la exoneración constituye un pequeño avance en el proceso de construcción de un país de leyes. Es decir, independientemente de que Cortés fuese o no inocente, el hecho de que se haya seguido un proceso judicial impoluto y que el juez haya tomado una decisión distinta a la promovida por la PGR demuestra que comienza a asentarse la división de poderes y que el cumplimiento de lo establecido en las leyes comienza a ser una realidad.
Para la mayoría de los críticos de la decisión esta postura va a resultar inaceptable. Para ellos lo importante era inculpar a Othón Cortés como segundo tirador para con ello consagrar la hipótesis de la conspiración en el asesinato de Colosio. Esa conspiración puede haber existido o no, pero esa no es razón para que se repruebe la decisión del juez. Lo contrario sería aterrador porque implicaría que cada uno de los mexicanos impone sus prejuicios sobre el proceso judicial, cuando lo único que tiene un ciudadano, en un país en el que efectivamente existe Estado de derecho, es el respeto a la ley y a los procedimientos que ésta establece. El hecho de que esto haya ocurrido en este caso no implica que ya exista un Estado de derecho en México, pero sí que comienzan a construirse sus pininos.
Pero lo más interesante de esta película es la interpretación que todo mundo da a las teorías, contradicciones e interminables intentos de manipulación de la información por parte de la PGR. Ha habido recuentos exhaustivos del sinnúmero de pifias cometidas por quien fuera fiscal especial para el caso Colosio, de la manera en que publicaba información no comprobada y de la manera en que intentó ganar su caso en el foro de la opinión pública, aun y cuando lo estaba perdiendo en el único terreno que, a final de cuentas, debería improtar: el del proceso judicial. Los abusos de la PGR en esta materia son tantos que ni vale la pena volver a ellos. Pero el «negocio», por llamarle de alguna manera, de la parte acusadora es precisamente el de argumentar su caso, construir el escenario y presentar la evidencia para intentar convencer al juez de su razón. En este sentido, aun con los abusos de la PGR, ésta sólo estaba cumpliendo con su objetivo de construir un caso convincente contra el inculpado. El que mucha gente se haya ido con la finta y haya creido las acusaciones que, a falta de pruebas, presentó Chapa Bezanilla es irrelevante para el proceso judicial. Es por ello que lo bueno de esta decisión del juez haya sido precisamente la contraria a la deseada por el poder ejecutivo.
En términos políticos Othón Cortés era importante no porque hubiese evidencia contra él, sino porque representaba el último eslabón en la cadena que pudiese culminar con la comprobación de la hipótesis de la conspiración. Pero la expectativa de que el complot pudiese probarse violando los procedimientos judiciales entrañaba un intento de avance político y no de construcción de la democracia o de la legalidad.
Este punto sería igualmente válido si Cortés fuese culpable aunque eso no pudiese ser probado. En sonados casos internacionales, como el de O.J. Simpson en Estados Unidos, o el de unos famosos narcotraficantes que recientemente fueron puestos en libertad en España por falta de pruebas, a pesar de que la mayoría de la población en sus países los consideraba culpables, los juicios acabaron exonerándolos no porque necesariamente fuesen inocentes, sino porque no hubo pruebas suficientes que convencieran al jurado o porque no la parte acusadora y la policía no siguieron los procedimientos en forma escrupulosa, lo que llevó a que se desecharan pruebas que de otra manera quizá hubiesen resultado condenatorias. El hecho de que las procuradurías o equivalentes en esos países no se salieran con la suya constituyó una demostración de que el Estado de derecho existe para defender al ciudadano de la acción del gobierno. En el fondo ésta es la esencia de la legalidad. Lo importante en un proceso judicial es que se sigan los procedimientos; cuando éstos no se siguen, el proceso acaba siendo viciado, lo que impide una resolución justa para el inculpado, justa para los acusadores y justa para la sociedad. Por ello, en lugar de criticar la decisión del juez o, incluso, de reprobar la labor de Chapa Bezanilla, por reprobable que ésta pudiese ser, los mexicanos deberíamos congratularnos de que, por fin, comienza a haber indicios de que México puede ser un país de leyes.
Como a muchos otros, a mí no me convence la hipótesis del asesino solitario, pero tampoco he encotrado un argumento convincente que pruebe la conspiración. Mucho menos claros me parecen los argumentos que, a priori, ya tienen culpables obvios e indisputables. Lo que me gustó de esta decisión judicial es que hace irrelevante lo que yo pueda pensar del asesinato de Colosio. Ese asesinato tiene que ser aclarado en forma definitiva, pero la manera de hacerlo no es por la vía tradicional que es la de los prejuicios políticos impuestos sobre los procedimientos judiciales. El que el juez haya ido contra la corriente, aparentemente siguiendo en forma escrupulosa los procedimientos legales y judiciales constituye un avance crucial en el avance del país hacia la erradicación de todos los vicios, incluido el del magnicidio, que plagan al país.