Luis Rubio
Está de moda argumentar que la economía mexicana sólo podrá lograr una recuperación sostenible en el largo plazo si el gobierno retoma todos los controles, revisa la política comercial, renegocia el TLC y, en general, recrea todo lo que estaba mal hace un par de décadas. La lógica de quienes abogan por esta salida es impecable: como lo nuevo supuestamente no funciona, mejor regresemos a lo que hoy sabemos con certeza que no funcionó. Pero el problema es real. Quizá la solución de retornar a un gobierno omnipresente en la economía no sea la idónea, pero eso no quita que hay un problema de fondo que no está resuelto. La economía mexicana muestra una mejoría muy substancial en algunos indicadores, pero no hay que ser un vidente para reconocer lo obvio: la mayoría de los mexicanos está mucho peor que hace años y, más grave, no tiene la menor expectativa de mejoría en un futuro razonable.
No hay la menor duda que la economía mexicana comienza a experimentar una gradual recuperación. De hecho, la recuperación que experimenta una parte de la economía es indudablemente espectacular. El problema es precisamente ese: se trata exclusivamente de una parte de la economía. Aquellas empresas y regiones del país que se caracterizan por tasas impresionantes de crecimiento, sobre todo en cuanto a exportaciones, demuestran -casi a contrapelo- que el país tiene un enorme potencial y que es perfectamente plausible lograr tasas de crecimiento muy elevadas, con los consiguientes beneficios para toda la población.
Lo que es menos claro es que estemos en camino de extender esa acelerada recuperación al resto de la economía de manera que redunde en beneficios tangibles para la mayoría de los mexicanos. A la fecha, la política económica ha logrado dos cosas vitales. Por una parte ha avanzado sensiblemente en la re-estabilización de la economía. Por la otra ha permitido, de facto y no como resultado de un plan preconcebido, que algunas empresas cuyas cabezas tienen gran claridad de dónde están y hacia dónde van, se dediquen a hacer lo suyo sin excesivos impedimentos burocráticos o laborales. El resultado es lo que ya hemos visto: esas empresas crecen como bólidos. La pregunta que no se plantea la política económica actual es, cómo sería posible incorporar al resto de los mexicanos en ese proceso. Es decir, ¿qué sería necesario hacer para que el resto del sector privado, que hoy es la mayoría, logre zafarse de los impedimentos, reales o imaginarios, al crecimiento económico?.
Si vemos para atrás, es bastante evidente que es muy poco lo que el gobierno puede hacer para fomentar directamente el crecimiento. Por muy atractiva que pudiese sonar la noción de que el gobierno debe «salvar» a la industria o incluso «apoyar» a cierta parte de ésta, nuestra historia demuestra que los apoyos gubernamentales -en protección o en subsidios- tienden a ser sumamente onerosos para la sociedad y tremendamente ineficientes en términos de generar elevados índices de productividad y de exportaciones. El caso de la industria automotriz, que es, con mucho, la que mayor protección recibió en el pasado -y sigue recibiendo en el presente- con frecuencia se utiliza como ejemplo del éxito de los programas gubernamentales por el hecho de que es la mayor fuente de exportaciones del país. Aunque no hay duda alguna que los sucesivos «decretos automotrices» permitieron que se creara una industria donde antes no había ninguna, el costo de esos decretos no fue pequeño. Quizá más importante es el hecho que los cambios que han tenido lugar en la industria automotríz, y que son la causa de su impresionante transformación en los últimos años, se debe a decisiones de las propias empresas y no a los decretos gubernamentales. Más aún, como demuestra la competencia que recientemente sostuvieron Tailandia e Indonesia por atraer una nueva planta automotriz europea, lo que le interesa a las grandes empresas automotrices no es la protección, sino que existan condiciones que permitan producir vehículos con muy elevados índices de eficiencia y calidad. El punto es que los apoyos gubernamentales, directos e indirectos, que pudieron haber tenido algún valor en el pasado, son impedimentos al desarrollo industrial en la actualidad.
Nuestra propia experiencia reciente demuestra que lo que genera crecimiento y desarrollo de empresas no es el gobierno, sino los empresarios mismos. Lo que es más, quizá la característica más importante, y el común denominador de las empresas del país que están teniendo éxito en la actualidad es precisamente el que hayan logrado quitarse de encima a buena parte de la burocracia y, con ello, a una buena parte de los impedimentos al desarrollo que le son inherentes.
Por todo lo anterior, las recetas que el gobierno podría adoptar para supuestamente apoyar el desarrollo son muchas y muy variadas. Basta una somera lectura de los periódicos matutinos para observar que la mayoría son ampliamente discutidas todos los días en la prensa misma, en conferencias y en debates entre especialistas, funcionarios gubernamentales y empresarios. Si bien
seguramente habrá algunas virtudes en muchas de esas recomendaciones, mi impresión es que el problema es menos de programas gubernamentales concretos, que de la esencia de la actividad gubernamental. Si lo que funciona es que el gobierno no impida el desarrollo de las empresas, lo que hay que hacer es dejar de impedir. Es decir, en lugar de pretender controlar al sector privado -lo que ciertamente ya no es factible, pero sí logra inhibir su crecimiento- una de las cosas más saludables que el gobierno podría hacer es controlarse a sí mísmo.
El gobierno actual ha tenido un sentido de dirección excepcionalmente claro en la necesidad de estabilizar la economía, así como en cuanto a crear las condiciones para que sea posible su crecimiento. De ahí su énfasis en temas como el ahorro interno, la legalidad y la estabilidad macroeconómica. No obstante lo encomiable y deseable de estos objetivos, lo que falta es permitir que la economía pueda funcionar en ese ambiente. Para ello lo imperativo es disminuir las regulaciones y
trámites que siguen retrasando la inversión privada y, sobre todo, lanzar una cruzada contra los burócratas e inspectores que siguen concibiendo su actividad como una de controlar, obstaculizar y, en la mayoría de los casos, lucrar de los únicos que crean empleos y riqueza en el país.