El abuso al que están permanentemente sujetos los mexicanos por parte de diversas instancias gubernamentales acaba de recibir un fuerte revés. Con su recomendación 4/96, dirigida al Jefe del Distrito Federal y al Presidente del Tribunal de lo Contencioso, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal acaba de abrir la caja de Pandora. Se trata de un tema tan importante y de un abuso tan generalizado que vale la pena seguir la historia.
La recomendación se refiere a la expropiación de un predio de dieciocho mil metros cuadrados en la esquina de Periférico Sur y Avenida de los Insurgentes. La expropiación tuvo lugar en 1968 y, hasta la fecha, es decir 28 años después, no ha habido indemnización alguna. El propietario del predio murió y su hijo ha continuado con interminables litigios encaminados a tratar de obtener la reversión del predio. Luego de agotar innumerables instancias administrativas y procesales, en 1992 el Tribunal de lo Contencioso finalmente dictó sentencia final en contra del Departamento del Distrito Federal, con lo cual se terminó con cualquier posible apelación. La sentencia definitiva, sin embargo, no se tradujo en el final de la historia, puesto que aún cuando se requirieron veinticinco años de litigio para que le fueran reconocidos sus derechos de propiedad al quejoso expropiado, ya casi vamos en treinta y todavía no recibe nada: ni reversión de la propiedad ni la debida indemnización.
La figura de la expropiación está consagrada en la Constitución, donde se permite hacer uso de este recurso «por causas de utilidad pública». El mexicano, como todos los gobiernos del mundo, requiere de una figura como ésta para poder llevar a cabo desarrollos de infraestructura, calles, presas, parques, etcétera. Aunque utilizan distintos principios jurídicos, cuando un gobierno va a construir una carretera, por ejemplo, tiene que proceder a la expropiación de los predios a lo largo de los cuales se va a construir la misma. En esto todos los gobiernos actúan de manera semejante. Lo que este caso revela, sin embargo, es que el gobierno mexicano ha sido extraordinariamente abusivo tanto en el número de expropiaciones (y con el criterio con que se han llevado a cabo), como en el hecho de que expropia y no paga indemnización alguna. Valdría la pena recordar aquí la máxima aquella que establece que expropiación sin indemnización es robo.
Si uno estudia la historia de la legislación que establece la figura de la expropiación, es relevante observar que la Constitución de 1857 decía que se podía expropiar «por causa de utilidad pública, previa indemnización», en tanto que la de 1917 sufrió una pequeña, pero muy significativa alteración. El artículo 27 de la Constitución vigente reza así: «por causa de utilidad pública, mediante indemnización». El cambio de énfasis ha constituido una verdadera licencia para expoliar, con lo que el gobierno no tiene que preocuparse por la indemnización. En el caso que motivó esta recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del D.F., el propietario lleva casi treinta años pagando abogados sin que se le restituya lo que legítimamente le pertenece. Sólo falta imaginar lo que le pasa a una familia a la que le expropian su casa -por todas las buenas razones que puedan justificarlo-, luego de lo cual tiene que pasarse décadas litigando sin recibir indemnización alguna. Según parece, la mayor parte de las personas que quedan en esta situación terminan por aceptar un pésimo arreglo, luego de años de perder el tiempo, simplemente por agotamiento, por falta de recursos o por desesperación.
Este caso en particular es muy interesante porque el propietario expropiado se ha dedicado a defender su interés sin aceptar arreglos por fuera. Su argumento en toda esta cadena de litigios, así como en la queja que interpuso ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, es que la ley obliga a la reversión de un predio expropiado cuando éste no ha sido utilizado para el propósito argüido en el decreto de expropiación en un plazo de cinco años. El predio en cuestión fue expropiado en 1968 para la construcción del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la zona arqueológica de Cuicuilco. La construcción, sin embargo, se llevó a cabo casi diez años después, razón por la cual una instancia legal tras otra falló en favor del expropiado. En términos jurídicos, el argumento del propietario ha sido avalado por los tribunales, con lo que la reversión es lo que procedería. La Comisión de Derechos Humanos plantea una solución parcialmente distinta, en virtud de que el predio efectivamente ha sido construído y en él opera una institución académica, su recomendación es que se indemnice al propietario en dinero y, con ello, se concluya esta sucesión de abusos.
Para el gobierno del Distrito Federal la recomendación implica un balde de agua fría. Sus burócratas se han dedicado a actuar sin límites legales y a expropiar sin consideración alguna por décadas, amparados en su poder político, así como en la facultad constitucional que no exige indemnización previa. Basta recordar el caso del sismo de 1985 en que el entonces regente emitió un decreto de expropiación de todos los predios afectados, en el cual se incluían terrenos desocupados nada menos que en lugares como el Paseo de la Reforma. De no haber sido por el justificado escozor, así como las interminables críticas que aquella acción generó, la medida hubiese seguido su curso, sin más.
Por lo anterior, el temor de las autoridades ante esta recomendación reside en que con ella se inicie un alud de quejas y reclamaciones de todos los expropiados de las últimas décadas, poniendo al gobierno de la ciudad contra la pared, sin dinero para pagar y con muchas situaciones semejantes. A mí en lo personal me parece que ésta es la virtud de la recomendación. Lo importante es precisamente que se genere ese alud de quejas y reclamaciones para que la burocracia comience a percatarse de que existen límites a su actuación que impone la vida en sociedad. El recurso de expropiación es necesario y plenamente justificado; su abuso, como en todos los ámbitos de la vida, lleva a excesos como el que se evidencia en esta recomendación. La Comisión de Derechos Humanos ha hecho un inmenso servicio a la sociedad, marcando límites y fungiendo al menos como modesto contrapeso frente al abuso que llevamos décadas de padecer.