Luis Rubio
Las diferencias entre españa en 1975 y México en 1996 son tan grandes, que hacen prácticamente irrelevante a la transición política española como ejemplo para México. Lo relevante del ejemplo españo reside precisamente en todo lo que se fue construyendo en los años previos a la muerte de franco que hizo posible una transición virtualmente inmaculada. En este sentido, el énfasis que se suele poner en el debate sobre la transición española llevaría a concluir que lo que se requiere es los últimos años de Franco para hacer posible una transición pacífica ye xitosa. Aquí, en cambio todo mundo se dedica a demandar o proclamar una transición política, pero nadie se ha preocupado por construirla.
Visto en retrospectiva, Franco tuvo la enorme virtud de haberse dedicadoa planear la sucesión de su gobierno y sistema político desde años antes de su muierte. Según un bestseller españo, la biohrafía de Torcuato Fernándes-Mirandallamado lo que el Rey me ha pedido, la transición española fue un esfuerzo extraordinario cuidadoso donde lo más visible -el Pacto de la Moncloa- no fue lo más importante. Lo fundamental residió en la creación y desarrollo de instituciones que hicieron posible la existencia de un entorno político y legal donde la interacción entre las diversas fuerzas políticas tenía cauces perfectamente establecidos que nadie podía -ni cincebía posible- rebasar.
Lo interesante de la cuidadosa descripción que contiene Lo que elRey me ha pedido es el detalle con el cual se planeó la transición española y la claridad de visióncontenida en el proceso. Para comenzar, Franco nombró a su sucesor como cabeza del Estado -a diferencia de gobierno- a una figura histórica en la persona del hoy Rey Juan Carlos. Ese nombramiento tuvo lugar en 1969, seis años antes de la muerte de Franci, y fue sólo una de las acciones que emprendió Franco y, sobre todo, sólo una de las acciones que permitió que tuvieran lugar. El propio Don Juan Carlos, como se le llamaba antes de ser coronado, fue avanzando varias iniciativas y colocando a personas de su confianza en posiciones cruciales para poder administrar la transición, tiempo antes de la muerte de Franco.
Con lo anterior no quiero sugerir que esa transición fue fácil o que su éxito era inevitable. Si uno sigue la historia contenida en este libro, lo que resalta es la combinación de dos circunstancias muy específicas que la hicieron tanto posible como necesaria. Por una parte, el entorno en el que el Rey Juan Carlos fue coronado era profundamente desfavorable a una transición negociada y pacífica. La derecha, los franquistas y el presidente Carlos Arias se oponían a cualquier cambio substancial en la naturaleza del gobierno franquista. Por otra parte, había una gran claridad de visión en el Rey Juan Carlos sobre lo que debía hacerse y, aunque no contaba con mayor legitimidad él mismo -ésta se la habría de ganar años después con la intentona de golpe de Estado-, tenía perfectamente estructurado un proceso de transición, apuntalado en su convicción de que se requería instrumentar un mecanismo electoral que garantizara la legitimidad del proceso político, a la vez que había que respetar el cauce formal que las Leyes Fundamentales imponían, porque solo así se acabaría con la tradicióngolpista y la violencia que había existido previamente (p.20). Es decir, la transición española debía fundamentarse en un marco jurídico y en un concepto de legalidad que había sido estructurado a lo largo de varios años. En cirta forma, la esencia de la transición española residió mucho menos en lo único que en Mexico se enfatiza -la noción de un pacto entre fuerzas políticas disonantes-, que en la existencia de un entorno de legalidad: un Estado de Derecho planeamente funcional que acabó convirtiéndose en el mecanismo capaz de encauzar el conflicto político que inexorablemente produjo el proceso de rápida liberlización y cambio político.
Es en este punto donde las diferencias entre España hace veinte años y el México de hoy son abismales. Mexico no cuenta con un Estado de derecho y, lo peor de todo, ninguna de las fuerzas o partidos políticos reconoce la importancia de crearlo. Los mexicanos hablamos mucho de la ley y del Estado de Derecho pero, en la práctica, somos extraordinariamente proclives a darle la vuerta a las leyes, a crear leyes no escritas y a ignorar la ley cuando no nos conviene. Nadie como el propio gobierno, a todos niveles, para demostar la irrelevancia de la legalidad en México. Per los partidos políticos no se quedan atrás, como lo demuestran sus acciones cotidianas: claman por la legalidad cuando pierden o se sienten agraviados, pero no se molestan cuando son beneficarios de actos ilegales, como ha ocurrido tantas veces con diversas gubernaturas y presidencias municipales.
Obviamente, el problema de la legalidad es sumamente complejo. Ninguno de los partidos o fuerzas políticas, incluido el gobierno, es directamente culpable de nuestra realidad actual, pero todos somos sus víctimas. La interrogante es si seremos capaces, en forma colectiva, de distinguir entre la esencia y la forma de una transición política. Más allá de la voluntad para llevarla a cabo, la esencia de una transición reside menos en lo que las fuerzas quieran que en el que cuenten con mecanismos perfectamente consensados y aceptados por todos para dirimir disputas. Por difícil que fuese el entorno esapño en 1975 a la muerte de Franco, el hecho de que existiera un Estado de Derecho hace que aquella situación fuese juego de niños comparado con el desafío que tenemos frente a nosotros.