Luis Rubio
En política los símbolos son trascendentales, con frecuencia mucho más que la substancia. Es ahí donde radica la importancia del acuerdo de reformas electorales al que llegaron los partidos y el gobierno en días pasados y que fue aprobado por virtual unanimidad esta semana. En términos simbólicos, por primera vez se logró que todos los partidos se pusieran de acuerdo en un conjunto de principios operativos para el juego electoral. En términos substantivos, sin embargo, el acuerdo adolece de ese mismo problema: lo que se logró fue acuerdo sobre puntos específicos cuando persisten desacuerdos sobre los temas fundamentales de fondo. Este hecho no disminuye la importancia de lo logrado, pero apunta hacia el nuevo tipo de conflictos que seguramente atestiguaremos en los meses y años próximos.
La reforma que fue aprobada por los legisladores entraña concesiones importante por parte de los diversos partidos y del gobierno. Algunas de estas concesiones son verdaderamente importantes, lo que demuestra que se trató de una negociación dura y difícil y, por ello, tanto más exitosa. Como ilustración de estas concesiones es interesante hacer notar que el PAN aceptó en buena medida abandonar sus fuentes tradicionales de financiamiento pues a partir de ahora los partidos van a depender para sus gastos esencialmente de fondos públicos. Para el PAN esta es una gran concesión pues es el único partido que, via rifas y otros mecanismos que no implican contribuciones millonarias por ningun individuo, contaba con fuentes de financiamiento sumamente dispersas y autónomas. Lo mismo ocurrió con el PRI, que cedió control del Instituto Federal Electoral y del PRD que, por el hecho de participar, abandonó al menos por lo pronto su rechazo a cualquier entendido expreso sobre las reglas del juego electoral. Por donde le busque uno, el hecho de que se lograra la unanimidad entraña une enorme simbolismo que va a pesar sobre cada uno de los partidos cuando intente salirse del huacal o jugar a la guerrilla en los medios de comunicación.
Pero no es posible estirar el simbolismo más allá de lo que se justifica. Los mexicanos somos muy dados a caer en la euforia, pretendiendo que un acuerdo resuelve todos los males y que de ahora en adelante no habrá conflicto alguno que enfrentar. Hace poco más de un año, cuando se lanzó este proceso de negociación, muchos políticos y observadores hablaban como si ya hubiésemos logrado la democracia por el hecho de que los partidos se sentaron a conversar un par de horas en un foro público. Los siguientes meses demostraron la complejidad del tema, los desencuentros y los conflictos de objetivos e intereses que lógicamente existen entre las partes negociadoras. A principios de 1995, por ejemplo, el objetivo era lograr una reforma política integral, de la cual la parte electoral era una parte relativamente intrascendente frente a temas tan fundamentales como la legalidad, la justicia, la libertad de expresión, las relaciones entre los poderes públicos y el régimen legal de los medios de comunicación. Si uno compara el acuerdo logrado esta semana con la agenda que se definió en 1995 es obvio que el camino por recorrer es todavía enorme.
De hecho, la reforma que se llevó a cabo esta semana es bastante modesta. La legislación que estaba vigente antes de estas reformas ya había producido una elección ejemplar en 1994, sobre todo dada nuestra historia. Lo que se ha hecho ahora, con todos los asegunes que uno quiera encontrarle a la reforma de ahora, es cerrar las últimas divergencias que existían en materia electoral. Es de esperarse que con lo que ahora se ha aprobado el tema electoral dejará de ser la fuente de conflictos y disputas que por décadas ha sido una de nuestras grandes vergüenzas públicas.
Pero las elecciones son sólo una parte de la democracia. El voto secreto y respetado de los ciudadanos para escoger gobernantes entre partidos que compiten en un terreno equitativo es una condición sine qua non para la democracia, pero es apenas el equivalente del jardín de niños en materia de democracia. Los factores verdaderamente clave en una democracia comienzan a partir de que se emitió el voto y se relacionan con lo que hace posible la vida en sociedad, con la protección de derechos individuales, con la libertad de expresión, con la posibildiad de defenderse a través de un proceso judicial impoluto, etcétera. Nada de eso tiene que ver con las elecciones, que es lo que se aprobó esta semana, pero todo que ver con la calidad de vida de los ciudadanos y, por lo tanto, todo que ver con la democracia.
Todo esto no disminuye la importancia del acuerdo que fue logrado en estos días, pues por alguna parte hay que comenzar. Pero un acuerdo sobre procedimientos y sobre la operación electoral cuando no existe un consenso sobre los temas políticos más amplios acaba siendo sumamente endeble. Por ejemplo, en la actualidad no existe consenso alguno sobre la función de los poderes públicos -el ejecutivo, el legislativo o el judicial- o sobre las relaciones y equilibrios que deben existir entre éstos; tampoco existe consenso alguno sobre le papel de los medios de comunicación, ni sobre las relgas del juego que deberían seguirse en este ámbito. Lo que tenemos es un acuerdo en materia electoral, junto con un desacuerdo sobre el para qué de las elecciones o para qué del gobierno. Esto implica que un partido puede ganar el gobierno y utilizar ese triunfo para alterar todo el orden establecido; es decir, dadas las enormes divergencias que existen en la actualidad entre los partidos políticos sobre temas tan básicos como la función del gobierno, el triunfo de un partido o de otro entraña costos enormes para los demás. Esto hace que, por más que se acuerden las reglas, la substancia sigue siendo explosiva.
La reforma electoral que fue legislada esta semana constituye un gran paso adelante porque invita a pensar que es posible construir una nueva estructura política por la vía pacífica. Pero la reforma también demuestra lo endeble de las intituciones públicas y la ausencia de incentivos para construir esa nueva articulación política. La única manera de convertir este primer paso en el enganche de la democracia es procurar un consenso sobre la esencia que haga posible cumplir las formas.