Luis Rubio
La reforma a la ley en materia de seguridad social ha desatado una tormenta de desinformación. En lugar de análisis, hemos presenciado una interminable serie de monólogos que, en la mayoría de los casos, no llegan al meollo del asunto. El tema de fondo, simple y llano, es que el IMSS está a punto de quebrar, luego de haberse prácticamente agotado el fondo de pensiones para vejez, cesantía y muerte. Lo ideal sería poder resolver ese problema y, al mismo tiempo, crear una base sólida para elevar el ahorro interno. La legislación que está ahora en la Cámara de Diputados responde a la imperiosa necesidad de evitar esa quiebra, pero corre el riesgo de atorarse en su objetivo central.
La historia es muy simple: el IMSS jamás se había tenido que preocupar de su gasto médico y administrativo porque aparentemente tenía ingresos muy superiores a sus gastos. La realidad es que esos ingresos incorporaban partidas que nunca debieron haberse juntado en una gran bolsa de la cual pudiera disponer el IMSS impunemente, pero el hecho es que eso fue lo que ocurrió. Al momento de pagar sus cuotas, los patrones y obreros hacen una contribución a dos fondos separados, cada uno expresamente definido dentro de un fideicomiso, con propósitos distintos. Uno va al pago de las cuotas del servicio médico y el otro a un fondo de pensiones que se va conformando para cuando el trabajador se retira o muere. Para el IMSS, sin embargo, nunca existió distinción entre una cosa y la otra; por ello, el gasto administrativo y en servicios médicos no sólo rebasó los recursos disponibles en su fideicomiso desde hace muchos años, sino que para 1997 éste va a ser mayor que la suma de los dos fondos. En términos legales, los administradores del IMSS han cometido un fraude contra los asegurados pues desfalcaron el fondo de sus pensiones.
El resultado de sucesivas administraciones corruptas y/o irresponsables, es que el IMSS no sólo no constituyó las reservas necesarias para pagar las pensiones que fueron creando los trabajadores a lo largo de su vida productiva, sino que el país ha perdido el beneficio del ahorro que esos fondos habrían generado de haberse manejado con honradez y eficiencia. De esta manera, no sólo están en grave riesgo las pensiones a que los trabajadores tienen derecho, sino que el monto de las pensiones es irrisorio y prácticamente nadie puede vivir de ellas. Es por lo anterior que puede afirmarse que los pensionados que fustigan la iniciativa gubernamental de modificar la naturaleza del sistema de pensiones harían mucho mejor en reclamar lo reducido del monto de las pensiones que perciben y la causa de esa mísera suma, que en oponerse a la posibilidad de corregir el problema de una vez por todas.
Nos encontramos, pues, con una burocracia -en su lado administrativo y en su lado médico- que dispendia dinero que no es suyo. Naturalmente, como buen grupo de interés creado, el sindicato de trabajadores del IMSS organiza marchas y plantones como mecanismos de presión para proteger el enorme privilegio de robarle a todos los asalariados del país los fondos que legítimamente han ahorrado para un retiro o eventual incapacidad, para lo cual recurre al viejo expediente de la soberanía y los símbolos patrios. El problema no es ideológico. Simplemente, las cuentas no cuadran. Si los fondos que iban destinados a pensiones se hubiesen acumulado e invertido a lo largo de los años, el país habría contado con enormes fuentes de ahorro que no sólo habrían permitido evitar las crisis de las últimas décadas, sino que, más importante, habrían generado pensiones mensuales generosas y suficientes para permitirles una vida digna a los pensionados. Como están las cosas, los únicos beneficiarios del sistema de pensiones como hoy existe, han sido los burócratas del IMSS.
La propuesta gubernamental tiene dos facetas. La primera consiste en terminar con la ficción del sistema de pensiones del IMSS. El gobierno propone que todos los fondos destinados a pensiones que hoy acaban en manos del IMSS, se transfieran directamente a cuentas individualizadas por trabajador. De esta manera, la idea es que las contribuciones de cada trabajador se vayan acumulando e invirtiendo a lo largo de los años, para que éste o su familia pueda emplearlos el día en que se retire o muera. El trabajador sabría cuánto dinero tiene y cómo se está invirtiendo. Con ello podría planear su retiro de una manera directamente vinculada al número de años que hubiese trabajado y al sueldo que haya percibido a lo largo de ese tiempo. No hay claridad alguna en la propuesta gubernamental sobre la manera en que se invertirían esos fondos ni sobre la capacidad del trabajador de decidir sobre ese tema, lo cual disminuye su atractivo, pues, en su estado actual, puede presentarse el mismo problema que ha impedido el «despegue» del SAR: muy poca gente conoce el monto individualizado de sus recursos, además de que no es clara la razón por la que éstos deban ser administrados exclusivamente por el propio gobierno.
En las negociaciones entre el gobierno y los diputados, han salido dos nociones sumamente peligrosas. Una es que los fondos sean administrados exclusivamente por el IMSS, lo cual equivaldría a continuar con el manejo fraudulento de antaño. La otra es la que asume que los trabajadores requieren de la tutela gubernamental o sindical, porque no tienen capacidad de discernir por sí mismos. Es decir para muchos diputados los mexicanos son no más que una bola de imbéciles. Por lo anterior, si la ley acaba prohibiendo la existencia de fondos privados para la administración de estos recursos, las llamadas AFORES, la iniciativa acabará siendo irrelevante.
El otro capítulo de la propuesta gubernamental consiste en substituir los fondos que el IMSS, impropia e ilegalmente, extraía del fondo de pensiones, por transferencias directas del erario. Es decir, en lugar de que el IMSS sustraiga dinero directamente del fondo de pensiones, el gobierno va a subsidiar la operación médica y administrativa. Esta idea es una buena noticia para los pensionados futuros, pues sus fondos quedarán a salvo -toda vez que se inviertan con probidad y eficiencia-, pero es una muy mala noticia para todos los mexicanos. En la medida en que el fisco tenga que desviar recursos para el IMSS en lugar de obligarle a operar con eficiencia y a cortar drásticamente sus gastos, otros proyectos van a sufrir. De esta manera, en lugar de ampliar o mejorar los servicios educativos, por dar un ejemplo obvio, el IMSS va a recibir un subsidio orientado no a mejorar sus servicios, sino a mantener los privilegios de su burocracia.