luis Rubio
La decisión del panel sobre las cuotas compensatorias a la importación de acero de hace unos cuantos días no hizo más que evidenciar lo que todos los mexicanos sabemos desde siempre: en México no existe la legalidad. La diferencia en esta ocasión fue que, como parte de nuestras obligaciones dentro del TLC, tenemos, como país, la obligación contractual de manejarnos dentro de la legalidad, es decir, respetando nuestras propias leyes. Al no haberlo hecho, el gobierno fue objeto de una sanción. Este asunto es trascendental porque abre la posibilidad de que este tipo de obligaciones internacionales obligue al gobierno a sujetarse a la ley y de que, por lo tanto, algún día los mexicanos vivamos en un mundo donde la arbitrariedad y la impune aplicación selectiva de la ley dejen de ser la norma y la costumbre cotidiana.
El caso del acero es por demás interesante. Un conjunto de empresas mexicanas argumentaron que existía una situación en la que las empresas norteamericanas estaban exportando acero hacia México por debajo de su costo, lo que técnicamente constituye una situación de dumping. El gobierno, siguiendo sus atribuciones, estudió el caso de acuerdo a la ley mexicana y decidió que las empresas quejosas tenían razón, por lo cual procedía aplicar un impuesto compensatorio a esas importaciones. Es decir, los compradores mexicanos del acero estadounidense tendrían que pagar un impuesto equivalente a la supuesta diferencia entre el precio de venta y el costo de producción. Todo bien hasta ahí. Se trata de una situación común en el mundo del comercio internacional, aunque muchos economistas argumentan, frecuentemente con razón, que esas prácticas no siempre son impropias. El hecho es que Secofi actuó e impuso sanciones a las importaciones norteamericanas.
Al igual que muchas empresas mexicanas cuando han sido sujetas de ese tipo de sanciones por parte de Estados Unidos, las empresas de ese país arguyeron que la acción del gobierno mexicano era improcedente e ilegal. Hasta hace un año y medio, sin embargo, no podían hacer mucho más que quejarse, porque cada país podía hacer más o menos lo que le diera la gana en relación al comercio internacional, siempre que no violara un conjunto de reglas bastante vagas dentro del marco del GATT. Ahora, sin embargo, existe una situación radicalmente distinta. Gracias a que existe el TLC, las empresas de ambos países tienen recursos jurídicos mucho más efectivos para evitar ser sancionadas a consecuencia de favoritismos o berrinches, es decir, en forma ilegal. Eso es lo que ocurrió en esta ocasión.
Dentro del marco del TLC existe un procedimiento para la resolución de disputas, que consiste en la creación de un panel para cada caso particular. La composición de los miembros del panel está perfectamente definida en el texto del Tratado, por lo que, en este caso, se conformó un grupo de cinco miembros. El grupo estudió con detenimiento la queja de las empresas acereras y revisó los procedimientos seguidos que llevaron a Secofi a imponer sanciones. Lo más interesante del procedimiento es que no se aplican fórmulas o estándares ajenos; todo lo contrario. La revisión que hace el panel es sobre la ley del país que aplica la sanción y conforme a los procedimientos que establece esa ley. Es decir, lo que investigó el panel no es cómo se hacen las cosas en otros países, sino si Secofi siguió el procedimiento que la propia ley mexicana establece para casos de dumping.
La decisión del panel es por ello indicativa de nuestra realidad nacional. El panel simplemente concluyó que Secofi no siguió los procedimientos que establece la ley y, por lo tanto, que las sanciones que impuso la Secretaría fueron improcedentes. El resultado es que, por no seguir la ley -nuestra propia ley-, Secofi perdió el caso.
Para los mexicanos que han tenido trato con el gobierno o con la administración de justicia en el país, la decisión del panel en el caso del acero debe parecer increíble ya que no estamos acostumbrados a que la falta de cumplimiento de la ley por la autoridad sea sancionada. Sin embargo, con el TLC hay una obligación contractual de hacer cumplir la ley; al no haberla cumplido, el gobierno faltó a su compromiso. No hay nada más que discutir al respecto. Pero, ciertamente, debería haber mucho que aprender.
La vigencia de la legalidad requiere fundamentalmente de dos cosas. La primera es la existencia de leyes. La segunda es que estén definidos, y se sigan, un conjunto de procedimientos para hacer cumplir lo que dice la ley. Esta segunda característica es la verdadera esencia de la legalidad, porque es ésta la que impide la arbitrariedad gubernamental en la aplicación de la ley. Si el gobierno se atiene estrictamente a lo que dice la ley, y sigue los procedimientos que ahí se establecen, el ciudadano sabrá a qué atenerse al tiempo de contar con protección jurídica respecto a posibles actos de arbitrariedad. Por el contrario, cuando el gobierno hace lo que quiere y sólo sigue los procedimientos cuando le conviene o cuando se acuerda de ellos, el ciudadano no puede predecir nada ni sabe a qué atenerse y, por lo tanto, está sujeto permanentemente a la arbitrariedad burocrática.
El punto de los procedimientos es tan importante, que, en los países civilizados en que está vigente la legalidad, cuando los procedimientos no se siguen, como ocurrió en el caso del acero, el ciudadano queda liberado de toda posible persecución. Es decir, la violación de los procedimientos es tan importante como la propia ley. Eso es lo que hace posible que el ciudadano esté protegido del abuso o arbitrariedad gubernamental que es, precisamente, lo que hizo Secofi en el caso del acero: abusó de los consumidores nacionales y de los productores norteamericanos y, por lo tanto, la instancia revisora prevista en el TLC la hace responsable de su abuso.
Esta historia podría tener un final feliz. Desafortunadamente, sólo los temas de comercio e inversión dentro del TLC son materia de este tipo de evaluaciones. Es decir, solo los que importen o exporten y los que inviertan en un país que no sea el suyo dentro de los tres del TLC, podrán beneficiarse de la vigencia potencial de la legalidad. Todos los demás tendremos que seguir viviendo bajo el reino de la arbitrariedad burocrática. Ante esta situación surge la pregunta:, ¿qué no sería posible realizar un «tratado» entre todos los mexicanos para poder extender los beneficios de la legalidad a los temas electorales, civiles y penales que impiden el desarrollo y tanto frustran a los mexicanos comunes todos los días del año….?