Luis Rubio
La estrategia original del gobierno de apalancarse en el PAN para lograr sus propios propósitos fue una idea brillante que está naufragando. Pero el fracaso no se debe a que el objetivo o el concepto detrás de la estrategia estuvieran mal, sino a la combinación de dos circunstancias: una excepcional inteligencia de los panistas y la incapacidad gubernamental de llevar a cabo esa estrategia hasta sus últimas consecuencias. Por ello, en tanto no se cambie la estrategia o se modifique el objetivo de la gestión gubernamental, el PAN va a ganar todo y el PRI y el gobierno van a perder aun más.
Desde su inicio, el gobierno buscó apalancarse en el PAN para lograr avanzar la transformación política del país, para institucionalizar los procesos electorales y para desasociar al PRI de la administración de justicia y de la fiscalización del actuar gubernamental. Consecuente con esos propósitos, el PAN obtuvo una posición clave en el gabinete -nada menos que la PGR-, en tanto que los priístas votaron en la Cámara de Diputados por que el órgano de supervisión del gasto público quedara en manos de un panista. El propósito expreso de estas acciones era el de iniciar la construcción de una verdadera separación de poderes. El gobierno no hizo todo esto por ingenuo o por mera bondad, sino porque reconocía el reclamo social y, más importante, porque diseñó una estrategia orientada a construir un nuevo sistema político, congruente con la realidad nacional. No sobra reiterar lo obvio: que a los priístas no les gustó ese esquema para nada, porque reconocieron en él su propia perdición -y se han dedicado a decirlo a diestra y siniestra. Para los priístas, el hecho de que el PAN controlara dos instancias políticas tan esenciales constituía una afrenta a su propio poder y a sus intereses.
Dicho y hecho. La semana pasada tuvimos un nuevo episodio que sugiere que los priístas habían identificado el problema correctamente. Con la excusa de la publicación de la evaluación de la cuenta pública, los ciudadanos pudimos ver como los partidos hicieron uso de sus respectivos púlpitos para acusarse unos a otros, para defenderse o para hacer declaraciones suficientemente ambiguas como para que se armen escándalos públicos, en tanto que los periodistas aprovecharon la oportunidad para promover sus agendas privadas. Absorta, la ciudadanía quedó sin saber dónde quedó la bolita.
El capítulo de la cuenta pública se inició cuando el diputado Juan Antonio García Villa, presidente del Comité de Vigilancia de la Contaduría mayor de Hacienda, la comisión de la Cámara de Diputados que es responsable de supervisar el ejercicio del gasto público, y que ahora está en manos de este diputado panista, presentó su revisión de la Cuenta Pública de 1993. Al hacer su presentación, el diputado informó que se habían detectado «graves irregularidades». Al mismo tiempo, ya fuera del informe oficial de la Comisión, el diputado hizo un conjunto de sugerencias, comentarios y críticas e indicó que existía la posibilidad de que fuese necesario que se presentara a declarar, entre otros, el expresidente Salinas. Poco después, un periodista que entrevistaba al diputado García Villa, de su propia cosecha, indicó que el dinero del fondo de contingencia que se había creado con el producto de las privatizaciones que tuvieron lugar el sexenio pasado «había desaparecido». Para coronar el episodio, diversos diputados del PRI y luego el Secretario de Hacienda, se aventaron a hacer una defensa a ultranza de la administración pasada, sin proveer información alguna al respecto.
Para nadie puede haber duda que el PAN está haciendo uso de las posiciones que tiene en el congreso y en el ejecutivo para avanzar su agenda partidista. Evidentemente, los panistas entienden que no se les han dado posiciones de responsabilidad para que se queden callados. El diputado García Villa tiene todo el derecho de cuestionar el uso de los recursos públicos y lo está haciendo con gran claridad de propósito, en muchos sentidos en forma semejante a su correligionario en la PGR. A los priístas les puede gustar o no el uso que estos individuos den a sus respectivas oficinas públicas, pero es obvio que se les nombró por ser miembros de un partido de oposición, por lo que también es obvio que van a hacer uso de sus oficinas para fines partidistas, igual que el PRI lo ha hecho por las pasadas seis décadas.
El PAN tiene una estrategia muy bien definida, muy lógica y muy inteligente. Se está dedicando a desprestigiar al gobierno y a los priístas, para lo cual se ha valido de afirmaciones, insinuaciones y sugestiones, en forma paralela al cumplimiento de su responsabilidad formal. Su objetivo partidista no es otro, ni puede ser otro, que el de desprestigiar y minar a su contrincante partidista. A la fecha, han logrado que se dude de la legitimidad de los gobiernos priístas a lo largo y ancho del país, a la vez que se han librado de ser criticados por hacer en el gobierno lo mismo que ellos critican desde la oposición, como ocurre actualmente en el conflicto que el PAN trae con el gobernador de Puebla (priísta), quien no ha hecho nada diferente a lo que hizo el gobernador de Baja California (panista) en los recientes procesos electorales. Si el objetivo es desprestigiar al PRI, que es un objetivo partidista absolutamente respetable y legítimo, el PAN va de gane. El PAN ciertamente no está haciendo mucho por avanzar el proceso democrático en el país o por favorecer la maduración de la política nacional, pero no hay ninguna violación a la ley en su estrategia.
Por su parte, el gobierno y el PRI han perdido el sentido de dirección en el proceso. En lugar de emplear al PAN como palanca para sus propósitos más amplios de reforma, han acabado siendo rehenes de la estrategia panista. En el caso de la cuenta pública, por ejemplo, el gobierno, que ha hablado consistentemente de mantener una «sana distancia» (whatever that means) respecto al PRI, se sintió agredido por las afirmaciones del diputado García Villa y comenzó a defenderse de las medias verdades, calumnias o insinuaciones del panista, independientemente de que se trataba de una revisión a la Cuenta Pública de hace dos años, sobre la cual el gobierno actual no tiene responsabilidad legal. Al adoptar una defensa partidista, los priístas caen en la trampa del PAN, legitimando su estrategia.
Para la mayoría de los ciudadanos, el PAN es más un enigma que una oportunidad. Nadie sabe lo que propone ese partido para mejorar la situación económica. Nadie sabe qué diferencia haría si estuviese en el gobierno. Nadie sabe si sería corrupto o no. En contraste, la ciudadanía sí sabe dos cosas muy bien: por un lado, los gobiernos priístas tienen un historial de corrupción enorme e inagotable, lo que no les ha impedido ganar muchas elecciones limpiamente. Por otro lado, los ciudadanos también saben que el PAN es un gran partido opositor, pero no necesariamente un buen partido gobernante. Hasta el momento, su estrategia le ha permitido al PAN ganar innumerables localidades y varios estados. Pero lo que más le ha ayudado han sido los errores y la indecisión gubernamental.
Dada la realidad del país y la estrategia del PAN, el gobierno, como actor político, debería estarse abocando a hacer todo lo necesario para transformar esa realidad y, con ello, nulificar la estrategia de su principal contrincante. Lo que de hecho está haciendo, sin embargo, es perseverar en el camino infructuoso de sus predecesores. El gobierno tiene que reconocer que lo que está mal en el país son las viejas estructuras que no acaban por cambiar. En el sexenio pasado se adoptó una estrategia correcta en materia económica, pero, a final de cuentas, el objetivo político de fondo residía en no alterar las estructuras tradicionales de poder. Acabó dejando todo en el aire, minando el poder del PRI, y sin dejar nuevas instituciones democráticas que lo substituyeran.
Frente a esto, el gobierno tiene tres opciones. Una es no hacer nada, permitiendo que el PAN le siga pegando en la nariz cada que haya una oportunidad. La segunda es pretender que está actuando en la dirección correcta, respondiendo al PAN en forma partidista y sin atender los problemas que la estructura política y económica de antaño entraña y que sigue paralizando al país, con lo que continuaría cayendo, una y otra vez, en la trampa que le ha tendido el PAN. La tercera opción, y la única capaz de sacar al país adelante y con algún chance de que también se beneficie el gobierno y el PRI, es la de empezar a abrir al país en serio: revertir la crisis abriendo la economía y transformando la política, para lo cual el PAN, y quizá hasta el PRD, podrían ser socios excepcionales. Los costos políticos de corto plazo de privatizar las principales empresas públicas o de abrir el poder judicial, por ejemplo, ciertamente podrían ser monumentales. Pero los costos de no hacerlo serán mucho peores, en tanto que los beneficios podrían ser espectaculares. Nada se podrá hacer, sin embargo, hasta que ambos partidos empiecen a pensar un poco más en México y menos en sí mismos.