Luis Rubio
Para bailar el tango, dice el dicho, se necesitan por lo menos dos personas. Igual con el problema de la deuda bancaria, aunque es posible que para llegar al punto crítico al que llegamos esta semana se hayan requerido por lo menos cuatro villanos: la legislación vigente, los bancos, los mexicanos que inocentemente se endeudaron y que simplemente no tienen con que pagar sus deudas y los deudores que, teniendo con que o no, simplemente se niegan a pagar. El conjunto de estos actores, cada uno siguiendo su propia lógica, venía orillando al sistema financiero, y a la economía, a un precipicio. La pregunta es si el acuerdo firmado esta semana permitirá evitarlo.
Al centro del problema se encuentra el marco de referencia legal, que debería ser el instrumento idóneo para dirimir las diferencias entre los deudores y los acreedores, pero que no lo es. La legislación que regula el otorgamiento de crédito, así como la de quiebras, nada tiene que ver con las necesidades de una economía moderna. Por el lado bancario, los que otorgaron un préstamo no tienen una protección efectiva y expedita de sus intereses, por más que cuenten con toda clase de garantías. Una persona que solicita un crédito puede ofrecer en garantía terrenos, edificios, vehículos, acciones o lo que sea, pero eso no implica que el banco puede hacerlas efectivas en un plazo perentorio y a un costo razonable: en esta materia, ni la ley, ni mucho menos su aplicación, favorece a los bancos tanto como los contratos de crédito parecerían indicar. Los bancos, que no tienen por negocio la caridad, acaban recurriendo a toda clase de mecanismos legales, pseudo-legales y, en algunos casos, absolutamente ilegales, para hacer prevalecer sus intereses.
Por otra parte, la ley de quiebras vigente no fue diseñada para favorecer el cambio económico, la restructuración de empresas o la solución expedita de conflictos entre deudores y acreedores. Peor aún, no contempla la quiebra personal, excepto para el caso de los comerciantes. Una ley de quiebras idónea favorecería la restructuración de empresas que fuesen intrínsecamente viables pero que tienen un problema de liquidez de corto plazo, a la vez que facilitaría la venta de activos valiosos cuando la empresa ha dejado de tener sentido económico. La ley actual no hace una cosa ni la otra, por lo que acaba favoreciendo al status quo, impidiendo con ello una rápida corrección del problema de deuda y de estancamiento que enfrentamos. Dadas las circunstancias, las empresas que se declaran en quiebra o suspensión de pagos con frecuencia lo hacen más por ganar tiempo y establecer una barrera jurídica que los defienda de sus acreedores, que buscando resolver su problema intrínseco, lo que beneficiaría a todos. Es decir, las leyes vigentes hacen imposible la solución del problema y, con ello, la reactivación de la economía.
De los actores de carne y hueso en este drama, hay tres muy claros: los bancos, los deudores individuales y los deudores empresariales. Como están las cosas, todos tienen el incentivo perfecto para beneficiarse a cargo de su contraparte, en lugar de buscar una solución conjunta. Muchos bancos han abusado de sus acreditados por dos vías. Primero, en los años pasados, a través de diferenciales enormes entre las tasas que pagaban a los ahorradores y las que cobraban a los deudores. De hecho, muchas empresas y personas dejaron de ser financieramente viables mucho tiempo antes de la crisis actual por el puro monto de los pagos mensuales de interés, de los cuales un gran componente era ese diferencial a favor de los bancos. Segundo, ya en la crisis, ha habido bancos que se han dedicado a hostigar a los deudores morosos utilizando vías no ortodoxas, lo que ha causado profunda indignación, motivando la pésima imagen popular que ahora sufren y, con ello, fortaleciendo, tontamente, a los intereses políticos que abogan por no pagar como mecanismo de desmantelamiento de cualquier vestigio de orden legal existente. Para ser preciso, hay un gran número de acciones penales iniciadas contra deudores cuya legalidad es francamente dudosa. La ausencia de una legislación adecuada para la función bancaria ha resultado en la utilización de cualquier medio disponible para hacer efectiva la cobranza.
Entre los deudores morosos hay de dos tipos: los que pueden pagar y no quieren hacerlo y los que no tienen ni en que caerse muertos. Al igual que los bancos, los deudores que simplemente se niegan a pagar, aunque pudiesen hacerlo, están respondiendo a un incentivo muy claro que deriva de la naturaleza del sistema político. Es decir, ha sido patente la expectativa de que, tarde o temprano, se van a condonar las deudas de los acreditados morosos. Si uno percibe que las deudas van a ser parcial o totalmente condonadas, es perfectamente racional dejar de pagar. Desde esta perspectiva, lo irracional es seguir pagando. La pregunta es de dónde surge esa expectativa. Mi impresión es que proviene de tres fuentes. Por un lado, la legislación, como decía yo antes, es francamente inadecuada, lo que, por sí, propicia la morosidad en momentos de crisis. Por otro lado, las autoridades han estado dando indicaciones de que algo se va a hacer sobre las deudas: a buen entendedor pocas palabras.
Pero la tercera causa es quizá la más importante. Cualquiera que sabe como operan los movimientos políticos en el país y que ha visto crecer las agrupaciones de deudores, sabe bien que la presión sobre el gobierno crece y crece, al punto en que podría hacer explosión. Cuando eso ocurra, piensan estos deudores, el gobierno asumirá la deuda, total o parcialmente, diga lo que diga la ley, porque el costo de hacerlo sería menor que el de propiciar el surgimiento o fortalecimiento de líderes políticos de oposición, o los populistas y autoritarios. Por esta razón, lo que se hizo esta semana es trascendental: se crearon condiciones que bien podrían desmantelar organizaciones diseñadas no para resolver el problema del endeudamiento, sino para convertirlo en un fenómeno político incontenible.
El grupo más complejo del trío en este problema es sin duda el de los deudores que no pueden pagar. Las deudas de los que adquirieron casas con hipotecas, bienes con crédito directo o con tarjeta de crédito, se han venido apilando de una manera aterradora, al punto en que, con gran frecuencia, las deudas valen mucho más que los bienes que se adquirieron. El deudor prototipo de este grupo vio crecer sus pagos mensuales en cerca de cinco veces, lo cual los hizo simplemente impagables, situación que se ha venido agravando con la pérdida de empleos. Se trata de la primera crisis de endeudamiento de las clases medias mexicanas, lo cual podría tener obvias consecuencias potenciales en materia electoral, política y de ahorro futuro.
Frente a todo esto, la respuesta gubernamental que se anunció esta semana constituye un paso importante en la solución del problema inminente, pero sólo un muy primer paso. Por meses, el gobierno manejó la premisa de que el problema general se iba a aminorar en la medida en que los resultados del programa económico actual permitieran disminuir drásticamente las tasas de interés. Esta tesis sin duda es correcta, pero no resuelve el problema de la bola de nieve que ya se creó. Con el nuevoprogram se logró, acertadamente, dar respiro a los deudores -sobre todo a los pequeños- y a los bancos, creando una plataforma que podría facilitar la reactivación del crédito bancario y, con ello, de la economía.
Lo que este esquema no hace es responder a los incentivos perversos que el marco legal causa y que impiden el progreso de la economía. Este es el tema de fondo: lo urgente era resolver el problema de endeudamiento, pero lo imperativo es resolver el problema que atosiga al país desde mucho antes de que se creara el drama de la deuda, que es el de cómo se va a reactivar la economía para alcanzar niveles similares de crecimiento a los de los países en desarrollo exitosos.
Viendo para atrás, en 1982 el problema del país era enorme, pero afectaba fundamentalmente a un par de centenares de empresas, en lugar de a millones de personas físicas y cientos de miles de empresas medianas y pequeñas como ocurre hoy en día. Esta diferencia exige mecanismos de solución totalmente distintos a los que se emplearon entonces. Lo que sacó del bache a las empresas grandes en la década pasada fue el hecho de que se facilitó la restructuración de las empresas endeudadas para que pudiesen sobrevivir y, con ello, reactivar la producción y pagar sus deudas. Lo que se hizo esta semana constituye un gran paso adelante porque permite lograr algo semejante para los millones de afectados en la actual crisis. Lo que todavía hay que resolver es cómo va a crecer la economía.