México necesita inversión que active el crecimiento de la economía y el petróleo es un excepcional recurso que debería ponerse al servicio de ese objetivo. Esta afirmación ha sido válida por décadas y, sin embargo, nunca ha llegado a cuajar. Argumentos sobre cómo podría usarse el petróleo hay muchos, muy diversos y la mayoría muy válidos. No obstante lo anterior, a la fecha el petróleo sigue ofreciendo un gran potencial pero no una gran realidad.
Quizá la mayor dificultad que ofrece el tema del petróleo es de orden pasional. Para algunos el petróleo es tema sacrosanto, no sujeto ni a discusión. Para otros el tema es igualmente simbólico, pero en sentido opuesto: o se privatiza o nada. Desde mi perspectiva, el problema no puede plantearse en términos maniqueos, pero sí debe ser enfrentado. En lugar de impedir la explotación eficiente de un recurso tan importante o de pretender una privatización a ultranza, ¿por qué no mejor liberalizar al sector y favorecer el crecimiento de la inversión en toda la industria?
El tema del petróleo se ha politizado en exceso más por razones ideológicas que por razones prácticas. Pero el velo ideológico y la cerrazón política a discutir el tema del petróleo tiene más fondo de lo que podría parecer a primera vista. Más allá del tema petrolero, el país enfrenta un problema muy serio en el manejo de los monopolios en general, y de las empresas paraestatales en particular, porque no existe un Estado de derecho. En ausencia de un verdadero marco de legalidad, los empresarios que encabezan monopolios y los «empresarios» paraestatales con frecuencia hacen lo que les viene en gana, pues no existe restricción alguna a su actividad, ni ley o reglamento que valga frente a la fuerza política real que representan. Si uno observa los efectos políticos del actuar de muchas de estas empresas, resulta evidente que los títulos de concesión, las leyes y otros mecanismos diseñados para regularlas son inservibles porque las empresas los ignoran, el gobierno no está dispuesto a hacerlos cumplir y existen toda clase de complicidades y corruptelas que hacen irrelevante a la ley. Las privatizaciones que se dieron en los últimos años tenían por objetivo lograr ingresos para el erario, por lo que nunca se contemplaron temas clave como el crecimiento futuro o el desarrollo del país. En ese contexto, cumplir la ley no era prioridad para nadie.
Por lo anterior, hay buenas razones para no privatizar a la empresa responsable del monopolio petrolero. Haciendo un cálculo muy ligero, Pemex podría valer, incluyendo las reservas, doscientos o doscientos cincuenta mil millones de dólares, cifra enorme bajo cualquier medida, pero sobre todo si se le compara con el tamaño total de la economía del país. Bajo esta perspectiva, sobre todo por la ausencia de un Estado de derecho, es inconcebible, en términos políticos, que pudiese privatizarse a esa empresa para que una empresa privada, o un conjunto de empresas privadas, representen el setenta por ciento o más del PIB (aunque produce menos del 2% del PIB).
Nos encontramos, pues, con que la noción de privatizar Pemex tal y como está es absurda en términos tanto económicos como políticos. Ese hecho, sin embargo, no niega dos cosas: uno, que la inversión en el sector es urgente y que ésta sería muy útil para fomentar el crecimiento de la economía en general, del empleo y de la productividad. Y dos, que la privatización de todo Pemex no es la única opción para promover inversión; se podrían encontrar diversas maneras de abrir la inversión sin crear situaciones políticas insostenibles e inaceptables. Una privatización de corte tradicional puede ser inadecuada, pero hay otras maneras de atraer inversión productiva que reactive a la economía.
Pemex y otras empresas paraestatales han invertido muy poco en los últimos años porque el gobierno ha restringido mucho el dinero disponible, pero también porque claramente el gobierno desconfía de esas empresas por la ineficiencia y corrupción que las caracteriza. Por ello, en lugar de privatizar esas empresas, o incluso partes de ellas, lo lógico sería liberalizar el mercado petrolero y eléctrico para fomentar nuevas inversiones en esos sectores y actividades. Es decir, permitir que la inversión privada entre en esos sectores sin necesariamente privatizar a las empresas.
En lugar de vender derechos monopólicos que no crean riqueza nueva para la sociedad ni oportunidades de inversión o empleo, como ocurrió en el pasado reciente, lo ideal sería liberalizar la inversión en sectores que, precisamente por ser estratégicos, requieren toda la inversión posible. De esta forma, se abrirían campos petroleros a la exploración y explotación por parte de empresas privadas, se fomentaría la inversión en el sector petroquímico y se buscaría procurar un muy rápido desarrollo de los recursos más importantes con que cuenta el país. En el caso petrolero, Pemex seguiría siendo una empresa dominante por su tamaño, pero dejaría de ser monopólica. Con ello se asegurarían los objetivos políticos de la empresa, sin continuar mermando el desarrollo del país.
Esta idea ciertamente no le va a gustar a los burócratas que prefieren decidir por todos los mexicanos la manera de lograr el desarrollo, en lugar de que cada uno tenga su oportunidad de hacer un México mejor, ni a aquéllos que prefieren vender derechos monopólicos -como en el caso de la telefonía- para hacer ricos a unos cuantos a costa de todos los demás. Lo importante, sin embargo, no es que les guste o disguste a los burócratas, sino que el país requiere de oportunidades de desarrollo, de posibilidades de inversión en industrias que creen riqueza, generen empleos y procuren divisas. Si no se abre la inversión, estos objetivos no se van a lograr. Más importante, si no se abren los sectores llamados estratégicos a la inversión, éstos dejarán de serlo porque no contribuyen al desarrollo nacional.