La oportunidad de transformar al sistema político del país está a la vista, pero probablemente no por mucho tiempo. Así se resume el dilema en que nos encontramos todos los mexicanos en el momento actual. Existe una agenda de negociaciones que, si de algo peca, es de que virtualmente no dejó fuera ningún tema de relevancia, para que los partidos políticos definan la naturaleza de las instituciones que servirán para gobernar al país. Dada la precariedad de la estabilidad política en el momento actual, no me parece obvio que el tiempo esté en favor de un proceso tranquilo y pacífico de cambio político. Es por ello que son por demás graves y muy preocupantes las decisiones del PAN y del PRD de retirarse de las negociaciones de la llamada reforma política. Quizá no se den cuenta del riesgo que nos están haciendo correr a todos los mexicanos y de lo que, implícitamente, están dispuestos a sacrificar por objetivos tácticos de poca monta.
Una ojeada al contenido de la agenda de reforma política es por demás reveladora. Su importancia reside no sólo en el hecho mismo de que no hay tema que haya quedado fuera, sino en la disposición del gobierno de negociar todo lo que sea necesario para transformar el país. Este hecho contrasta dramáticamente con la evolución histórica de nuestros procesos políticos. Es más, no parecería exagerado afirmar que existe una ventana de oportunidad que bien podría quedar totalmente cerrada y agotada en un periodo mucho más corto de lo que algunos suponen. Veamos.
La agenda de reforma política cubre todos los temas. El capítulo de reforma electoral abarca: los derechos políticos, los órganos y autoridades electorales, la organización del proceso electoral, la competencia electoral, el régimen de partidos y la legalidad y representación. El capítulo referente a los poderes públicos cubre: las funciones constitucionales del Estado, la división y relación entre los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El capítulo sobre federalismo incluye: la relación entre el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, el Distrito Federal, el federalismo fiscal y la renovación municipal. El capítulo sobre comunicación social abarca: la legislación sobre comunicación, la libertad de expresión, el régimen jurídico de las organizaciones gremiales, el régimen jurídico y promoción de las organizaciones civiles y la participación ciudadana. Si uno estudia con detenimiento los incisos que comprende cada uno de estos temas, rápidamente resulta evidente que no hay tema tabú y que todo es negociable. Puesto de otra manera, por primera vez en nuestra historia moderna, el gobierno ha optado por no defender ni proteger la estructura de controles y privilegios que hicieron posible al sistema político tradicional, del cual el PRI era la pieza medular.
Parece claro que la negociación que esta agenda supone pudiera ser un hito histórico. Lo que ahí se incluye es todo lo que los partidos -y la sociedad en general- han venido reclamando por años y que, de consumarse, podría llevar a una transformación fundamental de la vida política. Sería difícil imaginar algo más relevante y trascendente para el país y para los propios partidos y, sin embargo, los dos principales partidos en la oposición, el PAN y el PRD, han optado por abandonar las negociaciones que nunca llegaron a iniciarse. Cabe la duda de si los beneficios teóricos que se podrían derivar de este retiro son razonables en comparación con sus posibles consecuencias.
El enojo de los partidos que abandonaron las negociaciones, que se deriva de los conflictos electorales de Tabasco y de Yucatán, puede ameritar toda clase de reacciones y de acciones por parte de los partidos. Ciertamente, los agravios y atropellos de que pudiesen haber sido víctimas los candidatos perredista y panista, respectivamente, pueden ser enormes. Sin pretender emitir un juicio sobre esos conflictos, resulta muy preocupante que su respuesta haya sido el abandono de tan importantes negociaciones, sobre todo a la luz de la realidad política del país en la actualidad y de algunos signos ominosos que se empiezan a perfilar en el entorno.
Hay particularmente dos procesos políticos graves. En primer lugar, el gobierno ha venido abandonando espacios en los que tradicionalmente operaba, controlaba y ejercía el poder. En términos generales, la administración actual se ha abocado a la administración económica, dejando a un lado el manejo de grupos políticos, el liderazgo de procesos sociales y virtualmente toda pretensión de liderazgo político. Esto puede ser considerado como bueno o malo. El hecho, sin embargo, es que se han venido creando vacíos de poder que inevitablemente están siendo llenados o van a ser llenados por grupos o personas que no necesariamente serían favorables a una apertura política o a la renovación institucional del país. Llevando el argumento al extremo, sería concebible que estos movimientos causaran en el gobierno una incapacidad creciente para gobernar.
El segundo proceso tiene que ver con el PRI. Los priístas experimentan una creciente rebelión dentro de su partido y una separación cada vez más pronunciada respecto al liderazgo actual del partido y, sobre todo, un principio de divorcio en su relación con el gobierno. El resentimiento de los priístas contra el ejecutivo es patente, culpándolo de no avanzar ni proteger sus intereses y, además, de estar dispuesto a sacrificar al partido cada vez que hay un voto en el congreso. No sería imposible que, en esta etapa en la que cada día entramos en nuevos y desconocidos terrenos en la vida política del país, los priístas acaben por convertirse en un partido de oposición al gobierno. Más aún, sería posible que este movimiento fuese lidereado por los elementos más retardatarios del sistema en materia política.
A la luz de estos procesos, la reforma política integral, cuya agenda acordaron los propios partidos, podría ser de los pocos mecanismos capaces de impedir que el desmoronamiento político fuese total y que, en consecuencia, el país entrase en un proceso de descomposición sin que nadie pudiese impedirlo. Sin pretender disminuir los posibles méritos de los conflictos de Tabasco y Yucatán, me parece francamente dudoso que sean suficientemente importantes como para poner en entredicho a la reforma política en su conjunto. Nadie sabe de qué tamaño es la «ventana de oportunidad» que existe en este momento, porque las fuerzas que polarizan al PRI bien pueden desquiciar a todo el sistema político. Los partidos de la oposición están, de hecho, fortaleciendo a los duros del sistema y debilitando la única opción de lograr un proceso de cambio pacífico en el país, máxime cuando una negociación exitosa bien podría traducirse en un arreglo satisfactorio de los conflictos de Tabasco y Yucatán. ¿No sería, pues, posible separar una cosa de la otra?