Dos conclusiones emanan directamente de la lectura del Plan Nacional de Desarrollo. La primera es que el gobierno va a tratar de sentar las bases para el desarrollo de largo plazo del país, en lugar de intentar resolver cada uno de los detalles burocráticos que tradicionalmente han concentrado sus objetivos, fuerzas y recursos. La segunda conclusión a la que llego es que la implicación de la propuesta gubernamental para la sociedad mexicana -para la economía, para el sistema político y para el desarrollo en su acepción más amplia- es que a partir de ahora cada mexicano será responsable de su propio devenir. Se trata, por ello, de una propuesta ambiciosa y nada convencional. La pregunta es si entre la gran visión y la realidad concreta habrá el tiempo y la capacidad de evitar tropiezos y caídas sin remedio.
El programa de desarrollo presentado por el presidente Zedillo constituye una propuesta sumamente sensata y clara. Básicamente dice que el país tiene dos grandes problemas y que atenderlos es una precondición para poder lograr el tan añorado desarrollo. Por una parte se encuentra el problema del insuficiente ahorro interno y de la baja productividad de la economía. Por el otro lado se encuentra un sistema político en descomposición que no tiene instituciones sólidas que lo encaucen, ni estructuras políticas adecuadas para soportar el tipo de crecimiento económico que el país requiere. Lo que el plan propone es, en consecuencia, que el gobierno se aboque a estos dos grandes temas, dejando que sea la sociedad la que responda a los incentivos implícitos que las acciones gubernamentales generen.
El gobierno tácitamente rechaza que sea su función la de decidir los destinos del país o la de establecer grandes objetivos que al final nadie cree. Lo que hace es un planteamiento no totalmente explícito, pero sí irrefrenable e inevitable a lo largo de todas y cada una de las páginas del texto, que consiste en redefinir la función y objetivos no del país y de la economía, como había sido la costumbre, sino del gobierno. En esto hay un gran radicalismo en la propuesta gubernamental: el gobierno ya no se ve a sí mismo como el conductor de la sociedad ni como el espíritu moral que debe cuidarla y vigilarla en cada paso, sino como el responsable de crear las condiciones que hagan posible el desarrollo del país. Como tal, su objetivo no es el de decidir por todos o el de imponer su voluntad sobre todos, como también era la costumbre priísta, sino abocarse a lo que es su responsabilidad legal y a corregir las deficiencias que impiden el desarrollo económico.
Desde la nueva perspectiva gubernamental, el PND propone, en los primeros tres capítulos, que el gobierno va a dedicarse a crear las condiciones políticas e institucionales para que el país pueda alcanzar el desarrollo. Entre éstas se encuentran la legalidad, la relación entre el gobierno y los estados y municipios y las condiciones de interacción y competencia entre los partidos políticos. Por el lado económico, en el mismo espíritu, el gobierno propone atacar las deficiencias que percibe en la consecución del desarrollo, particularmente el ahorro interno, las leyes laborales y la infraestructura física y humana. Puesto en otras palabras, el gobierno se ve a sí mismo como el responsable de crear la infraestructura política, legal y económica para que el desarrollo sea posible.
Desde este punto de vista, el plan constituye una gran noticia para los mexicanos, pero también representa un enorme reto. La buena noticia es que el gobierno finalmente reconoce que su marco de acción ha sido tan amplio, tan generoso, tan corrupto y tan plagado de abusos e ilegalidad que es necesario disminuir su impacto directo sobre la sociedad y dejar que ésta tenga una oportunidad y responsabilidad de desarrollarse. El gobierno acepta implícitamente su enorme culpa en llevar al país de una crisis a otra, por lo que reconoce que es tiempo de limitarse a asegurar que exista un marco legal y político para que los mexicanos decidan quién quieren que los gobierne y cómo van a resolver sus disputas, por un lado, y a generar un marco económico que produzca una base de ahorros suficientemente amplia para no depender en exceso de la inversión externa y que favorezca un muy rápido crecimiento de la productividad. La gran noticia es, pues, que el gobierno ha decidido que cada mexicano podrá trabajar y progresar tanto como su propia capacidad se lo permita.
La mala noticia es que cada mexicano va a tener que defenderse por sí mismo. Nada hay de malo en permitir y favorecer que cada quien se aboque a su trabajo, pero eso constituye un gran problema, toda vez que los buenos objetivos gubernamentales no modifican la realidad cotidiana de las empresas, de los campesinos, de los trabajadores, de los partidos políticos, de la pobreza y así sucesivamente. Si observamos las enormes dificultades que enfrentaron las empresas industriales en los últimos años en el contexto de la apertura de la economía, es obvio que la capacidad de adaptación de un enorme número de empresas, por buenas o por malas razones, es ínfima. Sólo unos cuantos cientos de empresas lograron verdaderamente descollar en los últimos años, frente a un mar de oportunidades perdidas o mal aprovechadas. Si el Plan funciona, esos impedimentos a la adaptación de las empresas van a desaparecer, pero muchísimos mexicanos están acostumbrados a reaccionar a las iniciativas gubernamentales en lugar de desarrollar oportunidades por sí mismos. En este sentido, el reto es mayúsculo.
El PND representa un cambio conceptual fundamental porque, por primera vez, establece los límites del actuar gubernamental. Esto merece todo el reconocimiento público por cuanto abre la puerta para un cambio de fondo en la relación entre el gobierno y la población, dándole a esta última, por primera vez en nuestra historia contemporánea, la primacía en las decisiones sobre el devenir nacional. El problema es que este cambio no se presenta en un vacio, sino en el contexto de seis meses de decisiones contradictorias, de reformas inacabadas e insuficientes, de negociaciones que no parecen ir a ninguna parte y de acciones en los ámbitos fiscal y comercial que en mucho se contraponen con la letra y espíritu del PND.
Por lo anterior, el mayor riesgo del PND es que el gobierno ignore la realidad cotidiana e intente sobreponer un plan más sobre ésta. Llevar a cabo los principios que establece el plan implicaría desmantelar toda la estructura burocrática que existe, transformar a los gobiernos municipales, someter al propio gobierno y a cada uno de sus funcionarios a la ley, además de hacer lo propio con todos los transgresores de ésta en el conjunto de la sociedad, sin miramiento alguno. Los últimos seis meses han sido ricos en oportunidades perdidas de hacer cumplir la ley, de someter a los políticos que siempre han vivido en la impunidad, de articular un nuevo arreglo político entre los partidos y de establecer un marco claro de política económica. El PND abre la oportunidad de reiniciar el camino. En este sentido, así como en su planteamiento básico, debe ser bienvenido, pero nadie debe albergar ninguna ilusión de que el camino hacia adelante va a ser un lecho de rosas.