El proceso de descomposición que ha venido experimentando el sistema político mexicano en la última década, y que llegó a extremos de violencia en 1994, se ha convertido en un factor medular de disfuncionalidad para la recuperación económica. La existencia de fuertes retos para el PRI en materia electoral no ha contribuido a avanzar la democratización del país más allá del hecho -importante en sí mismo- de que se han dado diversos casos de alternancia de partidos en el poder a nivel estatal. Si uno ve la actitud de linchamiento, en lugar del reporte de noticias y análisis de las mismas, de muchos medios de comunicación y la ausencia de acuerdos básicos de comportamiento político entre todos los partidos y fuerzas políticas, las perspectivas de construcción de un nuevo sistema político que satisfaga los requisitos de una democracia más allá de lo electoral son relativamente pobres. Desde luego que, en esta materia, México no está sólo. Hay otros países que tienen sistemas políticos corruptos, inestables y en serios problemas y que, sin embargo, no impiden su desarrollo económico.
Evidentemente, lo deseable para un país que experimenta transiciones complejas tanto en lo económico como en lo político sería que ambos procesos fuesen compatibles, que ambos evidenciaran una evolución gradual que no rompiera con la estabilidad y que en ambos casos se avanzara hacia la satisfacción de las necesidades de empleo, elevación de ingresos, participación y representación política, etcétera. La última década, sin embargo, ha mostrado cuán difícil es lograr una evolución de esta naturaleza. Existen toda clase de vicios, intereses opuestos a un cambio, competencia por el poder y una gran incapacidad de adaptación, tanto en lo económico como en lo político.
Cualquiera que sea la causa de los conflictos políticos que se han venido presentando, el hecho es que hoy son visibles diversas fuentes de enfrentamiento y de violencia que no contribuyen a la estabilidad económica o política. En primer lugar, y por encima de todo, están los conflictos entre diversos miembros del PRI; luego hay conflcitos entre políticos cercanos al priísmo con el gobierno o con otros partidos. Por su parte, el PRD experimenta una lucha intestina y una incapacidad o ausencia total de interés por sumarse a un proceso de cambio institucional. De una u otra forma, sea por incapacidad, por intereses afectados, por estrategia, por descomposición o por personalidades, el hecho es que el sistema político enfrenta toda clase de conflictos que, a la fecha, no encuentran canales de resolución institucional. Para los políticos no ha habido incentivos suficientemente convincentes para resolver sus diferendos dentro de estructuras institucionales.
Desde una perspectiva ciudadana, este tipo de conflictos entraña problemas de participación y de representación. Sin embargo, en la actualidad, los conflictos también entrañan la imposibilidad de reactivar el desarrollo económico. La interrogante es si es posible lograr, por lo menos, uno de los dos. Si bien la mayoría de los países desarrollados o que avanzan hacia un concepto cualitativo de desarrollo también se caracterizan por la existencia de sistemas políticos funcionales -a veces más democráticos que otras-, existen por lo menos dos ejemplos de países que cuentan con sistemas políticos conflictivos, corruptos y en problemas que, sin embargo, no impiden el desarrollo normal de la actividad económica.
Tanto Italia como Japón han logrado aislar con gran éxito a sus sistemas políticos respecto de sus economías. Lo han hecho en gran medida porque han creado instituciones más o menos autónomas (más en Japón que en Italia) encargadas de administrar la economía, incluyendo entre éstas a partes del gobierno y al banco central, a lo cual se suma un consenso más o menos sólido sobre la política económica. El secreto de esos países ha residido precisamente en que han logrado aislar al sistema político de la economía, favoreciendo un rápido crecimiento económico y una sustancial mejoría en la calidad de vida y en la riqueza de sus poblaciones.
La posibilidad de lograr un sistema político y una sociedad plenamente democráticos siempre existe. Nuestra realidad inmediata, sin embargo, no parece ofrecer un camino muy promisorio en esta dirección. Quizá sería más importante construir un proceso de institucionalización política a fin de permitir que se aislen los conflictos políticos para permitir que el desarrollo económico tenga lugar, favoreciendo todos los cambios, correcciones y ajustes que la recuperación económica requiere y que en la actualidad no se están dando. Es decir, quizá fuese mejor conscientemente intentar duplicar la situación de un país como Italia que, por razones totalmente suyas, ofrece un ejemplo muy interesante para nosotros. Una vez que se logren ambos propósitos -la institucionalización política y el crecimiento económico- quizá será viable un esquema democrático íntegro e integral.