Luis Rubio

G.K. Chesterton entendió nuestro dilema mejor que nadie: “Cuando un precepto religioso es destrozado, no sólo se desperdigan los vicios. Claro que los vicios se desperdigan, deambulan y causan daños. Pero también las virtudes se desperdigan y las virtudes deambulan de manera más salvaje, causando un daño mucho más terrible.”

El país enfrenta enormes riesgos tanto en su interior como frente al exterior, ambos producto, en buena medida, de lo que Chesterton hubiera denominado “el rompimiento de un precepto religioso,” aunque en este caso de religioso no tenga nada: la incapacidad e incompetencia legendaria de nuestro sistema de gobierno.

Ayotzinapa, el gasolinazo y la pobreza -tres ejemplos inconexos y radicalmente distintos entre sí- ilustran el fracaso de la gestión política del sistema a lo largo de las décadas, si no es que de siglos. En Ayotzinapa se resume la crisis de seguridad, justicia y gobierno que caracteriza al país; el llamado gasolinazo ilustra la propensión ancestral del gobierno a cortar esquinas, en este caso a incurrir en un gasto público politizado y deficitario, con el consecuente crecimiento de la deuda, para no lograr nada relevante (excepto devaluaciones), aunque sí más privilegios para una burocracia ineficiente y ensimismada; la pobreza, ese mal ancestral, no se ha extinguido porque se privilegian cacicazgos, sindicatos corruptos y el control político por encima del desarrollo y el progreso.

Ciertamente, cada uno de estos ejemplos emana de sus propias circunstancias, pero el común denominador que los causa es un sistema político displicente, no sólo incapaz de resolver problemas de una manera definitiva, sino indiferente frente a la necesidad de resolverlos, para no hablar de lograr un desarrollo integral.

Nada ilustra mejor la indisposición a resolver la causa de nuestros problemas que el Tratado de Libre Comercio, hoy bajo asalto por parte del nuevo presidente de Estados Unidos. El TLC ha sido la salvación económica del país a lo largo de los últimos veintitantos años, el único motor de crecimiento con que cuenta la economía. La amenaza que pende sobre el país desde el exterior se agudiza por lo que el presidente Peña Nieto llamó el fin de la “gallina que pone los huevos de oro,” el petróleo.

El desafío que amenaza al TLC y el fin de la era petrolera generan enormes -y absolutamente razonables- miedos tanto en la sociedad como en el gobierno. La razón es muy simple: porque ambos, cada uno a su manera, le permitieron al sistema -por décadas- evitar tomar las decisiones y emprender las acciones que el país requería para desarrollarse.

El petróleo permitió construir obras faraónicas que nadie necesitaba; substituyó el desarrollo de un sistema fiscal moderno porque generaba flujos (aparentemente) interminables de efectivo que, además, se podían desviar hacia cuentas privadas, gastos personales y campañas políticas. El petróleo en manos de Ali Babá permitió décadas de privilegios, enriquecimientos explicables y suficiente impulso económico como para que todo mundo se sintiera satisfecho.

El TLC fue la forma de darle la vuelta a todos los vicios e ineficiencias del sistema político. Aunque evidentemente se trata de un acuerdo en materia comercial y de inversión, su verdadera trascendencia no reside en lo económico per se, sino en la certidumbre jurídica que le confirió a las empresas e inversionistas para que arriesgaran su capital en México.

Visto desde una perspectiva cínica, el TLC fue una forma (otra) de evitar resolver los problemas internos que generaban (y siguen generando) incertidumbre jurídica, física y patrimonial entre los mexicanos. En lugar de resolver esos problemas, el gobierno optó por crear un régimen de excepción en el cual pudieran confiar los inversionistas del exterior. Esa es la razón por la que el TLC es el único motor de crecimiento: como pudimos ver en 2009 cuando se cayeron las exportaciones, sin la demanda de importaciones por parte de la economía norteamericana estamos lucidos. La solución no es más gasto público como este gobierno intentó, siguiendo la gran tradición iniciada en 1970, sino un régimen político y legal confiable.

La incertidumbre de hoy es perfectamente lógica, pero manufacturada en casa: es producto de todo lo que no se ha hecho para construir un país moderno, libre de su burocracia depredadora. Se han preferido acciones excepcionales que, como decía el viejo chiste, nos han hecho depender de soluciones “técnicas” como la Virgen de Guadalupe, en lugar de las “religiosas” como un nuevo régimen político al servicio del ciudadano.

Como tantas otras veces en los últimos cincuenta años, México se encuentra ante el eterno dilema de tratar de sacar al buey de la barranca o tapar la barranca de una vez por todas. Es evidente que es indispensable negociar un acuerdo amplio con EUA del cual se desprendan los cambios técnicos en materia comercial, de seguridad o de lo que sea necesario, pero nada de eso evitará la siguiente crisis si no comenzamos a transformar al sistema político para que éste responda a las demandas ciudadanas, impida los excesos burocráticos y obligue a la construcción de pesos y contrapesos efectivos.

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 Luis Rubio

 Luis Rubio

La palabra “democracia” ha acabado siendo trivializada en el discurso político, pero sobre todo entre la población. Muchos de quienes despreciaban al viejo presidencialismo y se dedicaron a combatirlo ahora desprecian la democracia: antes porque una persona tenía demasiado poder, ahora porque no tiene suficiente. En su acepción más fundamental, la democracia existe para proteger al ciudadano del abuso del gobernante; en la discusión pública mexicana la democracia es un instrumento para elegir gobernantes y luego no entrometerse en sus decisiones.

¿Cuál es el balance apropiado? En el contexto de un pésimo manejo político y en la antesala del año crucial del ciclo político, es necesario debatir por qué no progresa el país a pesar de tantos cambios y reformas en todos los órdenes. Sólo así será posible salir del momento tan peligroso.

Parece evidente que hay dos asuntos que nadie disputaría como problemas medulares: la ineficacia del gobierno y la pésima calidad de los servicios públicos. Aunque vinculados, son dos temas distintos que con frecuencia se mezclan o visualizan en términos de causalidad: no funciona el gobierno (y provee malos servicios) porque está mal organizado. Por supuesto que hay algo de cierto en esta relación, pero es imperativo entender bien las causas porque un error de diagnóstico siempre lleva a una mala solución.

Desde por lo menos 1963, en que se crearon los llamados “diputados de partido,” el país ha atravesado por una multiplicidad de reformas políticas y electorales que, bien a bien, no lograron más que resultados parciales, aunque sí la incorporación de todos los grupos políticos. Ciertamente, algunas reformas transformaron al sistema para bien (como la del 96 que creó un sistema electoral profesional ejemplar), pero el país sigue atorado. Las reformas atacaron -en algunos casos hasta la saciedad y el absurdo- problemas entre políticos, pero ninguna ha procurado escuchar a la ciudadanía y responder a sus preocupaciones y necesidades. La mayoría de las reformas ha acabado siendo asuntos de redistribución del poder entre quienes ya lo ostentan.

Como alguna vez dijera Einstein, no es posible esperar resultados distintos cuando se repite la misma cosa. ¿Qué es lo que hace pensar a los políticos que un nuevo trapito va a resolver el problema político del país?

No discuto la necesidad de reformar: lo que pregunto es reformar para quién. Docenas de reformas políticas y electorales -en adición a las centenas de reformas económicas, fiscales y de derechos sociales- no han logrado que se eleve la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes, que las calles estén bien pavimentadas o que la población goce de seguridad física y legal.

Cuando uno se pregunta por qué no crece la economía con mayor celeridad, la respuesta es obvia para los ciudadanos, tan obvia que los políticos no la quieren ver: porque no hay la más mínima confianza en el funcionamiento del gobierno. El sistema de gobierno está diseñado para extraer rentas de la ciudadanía, alimentar al ogro filantrópico y preservar privilegios de grupos dentro del sistema político y alrededor de éste. Mientras tanto, la ciudadanía vive en un mundo de incertidumbre respecto a su integridad física, seguridad patrimonial y el abuso del gobierno. Hasta pagar impuestos es complicado.

El viejo sistema político, el de Plutarco Elías Calles, se creó para concentrar el poder e institucionalizar el conflicto en la era postrevolucionaria. Los problemas de hoy son en cierto sentido producto del éxito de aquel entramado, toda vez que reflejan el crecimiento de la población, la dispersión geográfica y la diversidad económica, política y social. Aunque mucho ha cambiado gracias a las reformas emprendidas, el viejo sistema sigue ahí, como el dinosaurio de Monterroso, pero con una enorme diferencia: antes funcionaba y satisfacía lo mínimo necesario y hoy ya no.

Una posible explicación de esta paradoja es que el viejo sistema respondió al problema de su momento y luego dejó de hacerlo porque el problema cambió pero el sistema permaneció. Hoy el sistema político no responde a las necesidades de desarrollo del país que, en lo fundamental, nada tienen que ver con lo que lo que preocupa a los políticos. Mientras ellos siguen en la búsqueda de parches a lo que no funciona, el país necesita un gobierno que sí funcione. Desde luego, es imperativo reformar al sistema político para que el gobierno funcione, pero lo crucial es que la reforma que se emprenda se contemple con esa lógica: la de resolverle problemas a la población y hacer más fácil su vida cotidiana.

El problema de esta solución es que entrañaría una revolución en el sistema político del país. Las más avezadas de las propuestas de reforma buscan regresar a lo que antes parecía funcionar, que es, en esencia, lo que este gobierno intentó: re-centralizar el poder. Esa opción desapareció el día en que se liberalizó la economía y es imposible recrearse. Lo que necesitamos es un sistema político para el siglo XXI, no la continuación, así sea institucionalizada, del porfiriato. Y eso implica el fin de los privilegios, transparencia y rendición de cuentas: o sea, responderle a la ciudadanía. Si no se parte de esa premisa, nada cambiará.

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Luis Rubio

En su libro The Big Short, recientemente dramatizado en la película La Gran Apuesta, Michael Lewis describe un problema complejo de manera fácilmente comprensible. El colapso de los mercados financieros en 2008 constituyó el final de años de desarrollo de productos cada vez más complejos y dependientes de variables que, sus creadores suponían, no estaban vinculadas. Cuando se impuso la realidad, resultó que lo que bajo condiciones normales no estaba relacionado, en circunstancias críticas se articulaba, magnificando el riesgo. El problema es que Lewis solo describe, con enorme gracia, los síntomas; jamás llega a sus causas últimas.

La sucesión de eventos que llevó al colapso, y los instrumentos involucrados, es conocida; sin embargo, lo que éste y otros libros tienden a omitir es la razón por la cual se diseñaron esos instrumentos “infernales”. Décadas de observar a varios de los actores más trinchones en el sector financiero internacional me han convencido de dos cosas: su inteligencia y creatividad, por un lado, y su conducta, casi pavloviana, por el otro. Se trata de una combinación que puede ser extraordinariamente benéfica para el desarrollo económico, pero también letal en ciertas circunstancias. En palabras de economistas: los incentivos estaban desalineados.

El fondo del asunto no reside en los hechos mismos, hoy ampliamente conocidos, sino en las circunstancias en que se dieron: ¿Qué llevó a que se desarrollaran productos tan claramente riesgosos? Lo que todos sabemos es que la crisis se produjo porque se realizaron préstamos, sobre todo hipotecas, que luego los bancos que las habían colocado revendieron por todas partes. En condiciones normales, las familias que habían obtenido esos créditos las hubieran pagado a lo largo de las décadas, generando los fondos para que el sistema funcionara debidamente y los tenedores de esos títulos obtuvieran el retorno pactado. El problema fue que muchas de las familias que obtuvieron los créditos, tal como ridiculiza Lewis, abandonaron las casas hipotecadas, cercenando el círculo virtuoso. Lo que Lewis nunca explica es qué es lo que llevó a que se le concedieran hipotecas a personas que claramente no tenían capacidad de pago.

Mervyn King, ex-gobernador del Banco de Inglaterra explica el otro lado del fenómeno: en lugar de describir escenas heroicas y justificatorias como hace Ben Bernanke, el presidente de la Federal Reserve en los momentos críticos, en su biografía, King se aboca a lo trascendente: qué es lo que hizo que el sector financiero se convirtiera en el talón de Aquiles de la economía mundial.

El título del libro de King dice mucho: El Fin de la Alquimia. King analiza el acertijo que yace en el corazón del sistema financiero desde tiempos ancestrales: la falacia que reside en la aceptación de depósitos del público que pueden ser demandados en cualquier momento, frente al otorgamiento de créditos de largo plazo. Esto, por supuesto, no es algo novedoso: es la esencia del sistema financiero: los banqueros han creado complejos instrumentos que no garantizan que haya suficientes fondos en caso de una excesiva demanda de corto plazo.

El problema de fondo, dice King, es la presencia deriesgos a la estabilidad cada vez más cada vez más complejos frente a los operadores del sistema, personas creativas que no tienen el menor incentivo para ser cautos o velar por la estabilidad del sistema. Es decir, King describe el problema que se presenta para el regulador, como fue él de uno de los bancos centrales más importantes del mundo, cuando los incentivos están desalineados.

En el corazón del colapso del 2008 se encuentra un ordenamiento político que los financieros implementaron de manera sumamente creativa, pero a la vez escandalosa y llena de vicios. Los políticos, especialmente un senador y un congresista estadounidenses, por años presionaron a los bancos para que prestaran dinero a familias pobres para que se hicieran de una casa. Hábiles, los financieros diseñaron un tipo de hipoteca que entrañaba pagos mínimos y sin intereses por tres o cuatro años que luego ascendían de manera vertiginosa. Los acreditados vivieron en las casas mientras el pago era conveniente y las abandonaron inmediatamente después: actores perfectamente racionales. Por su parte, los financieros habían satisfecho el requisito político, obtenido sus bonos por colocar muchos créditos muy rentables, dejando que el diluvio viniera unos años después. Para entonces, todas esas hipotecas habrían sido vendidas a inversionistas que habían sido engatusados.

Enorme creatividad y enorme riesgo. Como observa King, el fenómeno es perfectamente explicable y sumamente difícil de erradicar porque chocan las demandas políticas con los incentivos de actores financieros inteligentes y racionales. Estos son conflictos que nunca acaban de resolverse, pero que pueden ser mitigados con una regulación idónea que parta del reconocimiento de la naturaleza humana como es y no como uno quisiera que fuera.

Agustín Carstens acaba de ser nombrado cabeza de la institución regulatoria más importante del mundo en materia bancaria. Su experiencia e inteligencia podría contribuir a evitar la próxima crisis. No es un reconocimiento menor.

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Luis Rubio

Lo hermoso de las bibliotecas, de los libros, es que éstos son como las cerezas. Tiras de uno, y éste arrastra a otros, a los que acaba por llevarte de modo inevitable.

Arturo Pérez Reverte

En 2012 Charles Murray publicó una provocación que probó ser predictiva con la elección de Trump. En Coming Apart, se dedica a analizar un tema que le ha preocupado por años: el de la desigualdad y las políticas públicas que tienden a exacerbarla. En publicaciones previas había oteado en terrenos farragosos y políticamente incorrectos como el de la inteligencia y el IQ. En Coming Apart describe como la población tiende a polarizarse y a agravar el problema: según Murray, los que tienen éxito en la sociedad se han ido concentrando geográficamente y en términos de actividades, al grado de acabar viviendo en una burbuja que los separa del resto de la sociedad: ven programas de televisión distintos, leen literatura diferente, van a otras escuelas y sus intereses son cada vez menos similares a los del resto de la población. El argumento de Murray a lo largo de su carrera es que las políticas públicas diseñadas para atacar la pobreza y reducir las brechas sociales han sido un fracaso porque no atacan el fondo del problema y, en ocasiones, lo exacerba. En 2016 publicó un cuestionario interactivo que permite determinar qué tan cerca del americano modal es una persona, es decir, qué tan similar a la mayoría es un individuo. Aunque el cuestionario es etnocéntrico y no fácilmente aplicable a México, vale la pena responderlo porque es sumamente aleccionador.*

Ronald W. Dworkin es un médico y filósofo que ha incursionado de manera creciente en asuntos de política pública, primero los relacionados con la salud y recientemente con un libro intitulado ¿Cómo puede Karl Marx salvar al capitalismo americano? El argumento de Dworkin no es nuevo, pero es sumamente interesante: Marx fue un enemigo del capitalismo pero, al exhibir sus defectos y limitaciones, forzó a los gobiernos a responder, sobre todo en terrenos como los del abuso de los trabajadores y la necesidad de políticas sociales como un sistema de salud integral. En la actualidad, dice Dworkin, hay nuevos riesgos que, aunque distintos en naturaleza a los que experimentó el capitalismo en el siglo XIX, constituyen un nuevo desafío a su sobrevivencia. Entre éstos, destacan cosas como la alienación social, las descendientes tasas de natalidad, el uso de enervantes y el uso de medicamentos para funcionar en la vida laboral.  Aunque las propuestas concretas que sugiere Dworkin nada tienen que ver con Marx, lo que me pareció relevante de este libro es su noción de que los dogmatismos conservadores y liberales son inútiles para resolver los problemas de la actualidad. Específicamente, propone que el gobierno debe enfocarse, con una precisión de láser, a atender las amenazas a la vida privada sin atentar contra los factores que permiten el buen funcionamiento de los mercados.

Anthony de Jasay es un filósofo y economista húngaro que vive en Francia. Su libro El Estado, comienza con una pregunta extraordinaria: ¿qué haría usted si usted fuese el Estado? Lo usual, dice Jasay, es concebir al Estado como un instrumento, un medio que existe para lograr el bien común. Sin embargo, se pregunta el autor, ¿qué cambiaría si suponemos que el Estado tiene fines propios que no son los de la población? Jasay construye una larga respuesta que sigue la historia del Estado a partir de su función original, con dimensiones por demás modestas, de protector de la vida y la propiedad, hasta convertirse en un “ágil seductor de mayorías democráticas que emplea la distribución de beneficios sociales” y se pregunta “¿Será que el siguiente paso racional es el de desarrollar poderes totalitarios?” El Estado presenta una extrapolación discutible pero no irrelevante o ilógica.

Richard Epstein es un profesor de derecho norteamericano que lleva décadas escribiendo sobre la constitución de su país. Este año publicó su obra magna, La constitución liberal clásica, donde estudia el origen y naturaleza de la constitución estadounidense y analiza la forma en que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Más allá de los debates propiamente norteamericanos que atiendea lo largo del libro, lo que me pareció inmejorable son sus reflexiones sobre cómo ha ido cambiando la naturaleza del gobierno, sus objetivos y los valores que, de hecho, lo animan. Su planteamiento principal es que se han reducido las protecciones a los derechos individuales sin resolver los problemas esenciales de la sociedad contemporánea. Creyente profundo en un gobierno pequeño y acotado, Epstein toca muchos de los temas que animan la obra de Murray pero desde una perspectiva constitucional. Su planteamiento central es que sólo una protección constitucional firme y decidida de los derechos de los individuos frente al Estado, garantizada por la Suprema Corte, puede crear las condiciones para una revitalización económica. Un poco en contraste con Murray, su argumento no es ideológico sino fundamentalmente pragmático: le parece obvio que el statu quo no funciona, mientras que antes si funcionaba. Eso, dice Epstein, debería ser lección suficiente.

* http://www.pbs.org/newshour/rundown/white-educated-and-wealthy-congratulations-you-live-in-a-bubble/

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Luis Rubio

 Luis Rubio

Las democracias occidentales están en crisis. Un país tras otro experimenta cambios radicales en la conformación de sus estructuras electorales: los votantes parecen agotados de las soluciones tradicionales y comienzan a optar por alternativas que antes parecían inconcebibles, a veces cualquier alternativa. En Francia, la extrema derecha avanza sin cesar; en España el viejo duopolio del PSOE y PP se vino abajo y tomó más de un año formar gobierno; en Inglaterra la izquierda radical tomó control de Partido Laborista. Estados Unidos rompió todos los cánones históricos. Más allá de lo específico, es razonable preguntar si en México seguiremos en el “aquí no pasa nada” o si, tarde o temprano, asomarán la cabeza alternativas hasta hoy imposibles o impensables.

El corazón del desencanto que exhibe el electorado en los más diversos países es el mismo: hay un agotamiento, una desesperación y un consecuente rechazo a la política tradicional que promete pero no satisface. Los ciudadanos están cansados de políticos que roban, dan explicaciones cada vez menos creíbles, no resuelven los problemas, se la viven atacando fantasmas y síntomas, sin jamás crear condiciones para que la economía satisfaga las necesidades de la población o que la democracia sirva como mecanismo efectivo de representación.

Es posible, incluso probable, que las soluciones adoptadas por sendos electorados tampoco resuelvan los problemas, pero el mensaje es claro: la paciencia con el mal gobierno tiene límites. Así ocurrió en junio pasado.

En México llevamos décadas de reformas electorales cada vez más viciadas, pequeñas y disfuncionales que no satisfacen ni a los propios partidos que las impulsan. Para qué hablar de la ciudadanía que observa impávida ante el espectáculo de negocios partidistas y despilfarros por doquier. Es posible que el fenómeno de El Bronco en Nuevo León anuncie una nueva era política, pero de lo que no hay duda es que lo que lo hizo popular, sobre todo en ausencia de cualquier programa de gobierno, fue su promesa de meter a la cárcel al anterior gobernador. El rechazo a la “política de siempre” es patente.

Aunque cada país es muy distinto, dos ámbitos dominan el enojo ciudadano: la economía y la corrupción. La economía mexicana lleva décadas partida en dos: una que funciona y crece como bólido, otra que se contrae y empobrece. En lugar de atender las causas de estas diferencias, el debate político gira en torno a volver al pasado (o sea abandonar lo poco que sí funciona) o seguir por el mismo camino (es decir, no cambiar nada, ni para mejorar), aunque éste tampoco satisfaga. Por lo que toca a la corrupción, los escándalos se acumulan pero las respuestas son siempre retóricas: se confeccionan nuevas leyes porque en México no hay problema que no amerite una nueva ley que, por supuesto, nadie piensa convertir en algo útil para resolver el problema.

El peso sufre la mayor devaluación en décadas y siempre es culpa de otros. El problema parece evidente pero la explicación es siempre la misma: el mal entorno internacional. Lo emblemático es que aquí nadie es responsable: cuando las cosas van mal en el exterior, el problema es de la economía estadounidense o la china, la recesión internacional o los precios del petróleo. Cuando las cosas van bien en el exterior el problema es de los gobiernos anteriores o de los partidos de oposición. Las excusas no faltan pero las respuestas y acciones susceptibles de enfrentar el problema son inexistentes.

Lo maravilloso es que, frente a la adversidad, el mexicano siempre responde con un chiste y en esto las cosas han cambiado: se afirma que la diferencia entre la dictadura y la democracia yace en que en la primera los políticos se burlan de los ciudadanos y en la segunda es al revés. Bajo este rasero, la mexicana es una democracia consolidada: no hay asunto o corruptela, por pequeña que sea, que no genere un chiste regenerativo. Si sólo pudiéramos dedicar esa creatividad a la innovación tecnológica, el desarrollo de nuevos productos o la mejora de la productividad, el país sería Suiza.

La creatividad no está ausente entre los políticos. Lleva décadas circulando el famoso chiste, ya mítico, de que, cuando se le atora la carreta al nuevo presidente, tiene tres sobres que le dejó su predecesor. El primero dice “échame la culpa a mí”; el segundo “cambia tu gabinete”; el tercero dice: “escribe tres sobres”. El punto es claro: cualquier cosa menos resolver los problemas.

Como ilustra el electorado de otros países, el problema es de carácter universal: el mundo ha cambiado pero los sistemas políticos y gubernamentales ya no resuelven los problemas. Al mismo tiempo, muchos de los problemas no son tan difíciles de resolver porque sus causas son obvias. Reagan esbozó el dilema de manera clarividente: “por muchos años nos han dicho que no hay respuestas simples a los complejos problemas que están más allá de nuestra capacidad de comprender. La verdad, sin embargo, es que sí hay respuestas simples; el problema es que éstas no son sencillas”.

En efecto, no hay soluciones fáciles, pero las respuestas son obvias. La pregunta es si el sistema político tradicional las hará suyas u otros, fuera del mismo, vendrán a intentarlo.

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