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FORBES – Octubre 2014

LA GRAN DIFERENCIA ENTRE LA CRISIS DE 1994 en México y la que ha vivido España en los últimos años radica en que el país europeo no cuenta con el instrumento que hizo posible que México saliera con relativa rapidez de su predicamento fiscal y financiero. En el caso mexicano, la devaluación de la moneda permitió cambiar, en un santiamén, la situación macroeconómica. España, país integrante del bloque del euro, no cuenta con esa libertad. Su variable de ajuste ha tenido que ser otra, con consecuencias devastadoras. Esta diferencia es absolutamente pertinente para la discusión respecto al salario mínimo.

Cuando un país entra en problemas financieros, como sucedió en México en 1994, la economía tiene que ajustarse a la nueva realidad. En nuestra historia de crisis, las devaluaciones típicamente ocurrieron porque el exceso de gasto gubernamental llevó a un crecimiento tal de las importaciones que se produjo una crisis cambiaría. Una vez que eso ocurrió, el gobierno tuvo que actuar controlando su gasto e intentando restaurar el equilibrio fiscal. El principal efecto de una devaluación es disminuir el valor real de los salarios, pues estos están denominados en pesos. España, que no puede llevar a cabo una devaluación, ha tenido que disminuir los salarios nominales, es decir, muchos españoles ahora perciben un número menor de euros por el mismo trabajo: el salario acabó siendo la variable de ajuste.

En México, el salario mínimo ha sido la variable de ajuste que ha permitido mitigar los costos adicionales asociados con la producción en el país, como la violencia y los robos, las mordidas que exigen los burócratas para que funcione una empresa, la mala calidad de la infraestructura, los costos asociados con reentrenar al personal que no obtiene una capacitación mínima necesaria en el sistema escolar formal y, en general, con los malos servicios públicos que padecemos.

“EL SALARIO MÍNIMO SE HA CONVERTIDO EN LA VARIABLE DE AJUSTE DE TODOS LOS MALES QUE PADECE LA ECONOMÍA Y EL PAÍS. TODA LA ENERGÍA QUE SE PONE EN FORZAR UN AUMENTO DEL SALARIO DEBERÍA CANALIZARSE HACIA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FONDO”

Dado que un empresario no tiene manera de resolver el problema de la educación o el de la inseguridad, por citar dos evidentes, su única alternativa es pagar menos por los precios que sí controla, como el del salario. El punto es que el salario en México es bajo porque si fuera más alto toda la economía se colapsaría. Es la variable de ajuste. Esto puede ser injusto y desagradable, pero no lo hace menos real.

El gobierno puede decretar un aumento en los salarios pero no puede evitar las potenciales consecuencias de su acción. En términos cuantitativos, el gobierno puede fijar el precio de un producto o servicio (como es el salario mínimo) pero no puede fijar, de manera simultánea, la cantidad demandada. Y viceversa: puede fijar la demanda pero no el precio. Se trata de variables independientes sobre las cuales el gobierno no tiene control simultáneo.

En el caso del salario mínimo, la lógica política de incrementarlo es impecable. También lo es, al menos en alguna medida, la argumentación de que ese salario administrado ha estado tan bajo por tanto tiempo que es posible que su elevación a un nivel moderado no tuviera un impacto dramático. El problema es que la medida de ese impacto está fuera del ámbito de control del gobierno. Es posible que un aumento de 15% no tenga consecuencias pero sí uno de 20%. Nadie lo sabe de antemano y, dado que el objetivo de los proponentes es un aumento de varias veces el salario actual, la probabilidad de que se desate un marasmo de consecuencias no controlables (pero ciertamente anticipables) es enorme.

El problema del planteamiento de elevar los salarios mínimos por decreto es que se trata de una medida artificial. Es obvio que el país necesita elevar los ingresos de los mexicanos y hacerlo de manera sistemática y decidida. Dado que el salario mínimo se ha convertido en la variable de ajuste de todos los males que padece la economía y el país, toda la energía que se está poniendo en forzar un aumento del salario por decreto debería canalizarse hacia la solución de los problemas de fondo. Ciertamente, hay algunos temas que, incluso en el más optimista de los escenarios, tomarían décadas de resolverse; pero hay otros que, con una acción decidida y concertada del gobierno, podrían traducirse en aumentos rápidos en los niveles de productividad. Por ejemplo, una simplificación radical del sistema fiscal cambiaría la realidad de las empresas de la noche a la mañana y eso no requiere un pleito con el sindicato de maestros o construir un nuevo sistema de seguridad y policía. El asunto es uno de prioridades

LUIS RUBIO ES PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO, A.C.

  Luis Rubio

No me cabe la menor duda de que, cuando el gobierno actual se aprestaba a tomar posesión, su principal consideración residía en cómo reconstruir la capacidad de acción del Estado. Para todos es evidente que la capacidad de gobernar se ha venido deteriorando a lo largo de las últimas décadas y que ningún país puede prosperar con un gobierno enclenque, incompetente y paralizado, además de abrumado por factores fuera de su control. La propuesta de un “gobierno eficaz” resumía no sólo una filosofía política, sino un imperativo categórico. Ahora más que nunca.

La clave no radica en la necesidad de construir un gobierno eficaz sino en las causas de su ineficacia. Se puede suponer que el gobierno funcionaba bien antes y que, por diversas circunstancias, dejó de hacerlo. Con un diagnóstico así, lo procedente era recrear lo antes existente. Sin embargo, otra forma de contemplar el problema sería preguntar ¿qué tal si el gobierno de antaño no era tan exitoso ni tan competente, aunque algunas cosas funcionaran bien?

De lo que no hay duda es que el viejo sistema político –con sus aciertos y carencias- funcionó en el contexto de un país muy distinto al actual: mucho más pequeño en población, con un sistema político autoritario y una economía fundamentalmente desligada a la del resto del mundo.

En los ochenta y noventa, el país se embarcó en un proceso de reforma orientado a recuperar la capacidad de crecimiento de la economía. Con un gobierno todavía fuerte y fundamentalmente capaz de administrar los procesos políticos, las reformas de aquellos tiempos modificaron estructuras fundamentales (privatizaciones, desregulación, liberalización de las importaciones). Mucho cambió con eso, pero no se logró el objetivo de elevar la tasa de crecimiento de una manera sostenida. Por otro lado, las fuerzas que desató el proceso cambiaron la realidad política del país, creando el entuerto del gobierno débil de hoy que tan brutalmente fue expuesto en Iguala.

En esa misma época, la otrora Unión Soviética intentaba un objetivo similar, con un proceso dual de reforma: política y económica. Dentro del gobierno mexicano se discutió mucho el caso ruso y el gobierno de entonces decidió que una apertura política antes de la consolidación económica como Gorbachev estaba intentando llevaría a una catástrofe. En retrospectiva es claro que la lectura mexicana sobre la URSS fue acertada, pero eso no implicó que el diagnóstico sobre lo que aquejaba a México fuera correcto.

Sin proponérselo, el nuevo libro de Francis Fukuyama* describe este dilema de una manera nítida. Para Fukuyama hay tres componentes clave para el funcionamiento ordenado de una sociedad: un Estado fuerte, el Estado de derecho y la rendición de cuentas. Afirma que, aunque los tres son indispensables, ninguno funciona si el Estado es débil y disfuncional. Es decir, para que un país sea exitoso, requiere de un sistema de gobierno capaz de cumplir con funciones básicas como la seguridad, el sistema legal y la regulación económica. La secuencia, dice Fukuyama, es clave: los países que se democratizan antes de haber construido la capacidad de gobernarse con eficacia siempre fallan porque la democracia exacerba los problemas, las carencias y los desafíos al orden existente, carcomiendo la capacidad del gobierno de ejercer su autoridad al verse sometido a demasiadas demandas encontradas.

El diagnóstico es claro y devastador. El sistema político mexicano funcionó en un entorno y en un contexto que ya no existe y que la realidad hizo obsoleto. Parte de su obsolescencia se aceleró con las reformas de los ochenta y noventa, pero es claro que el deterioro comenzó desde los sesenta, cuando comenzaron a evidenciarse problemas políticos y en la balanza de pagos. De hecho, las reformas de los ochenta y noventa no fueron sino un intento por atacar los problemas entonces evidenciados. Los problemas de crecimiento económico y de seguridad se remiten a aquella época y la capacidad política de lidiar con ellos mostró sus límites en el 68, en la estrategia económica de los setenta, en la virtual quiebra del gobierno en 1982 y en el caos de seguridad más reciente. Detrás del pobre desempeño económico yace un paupérrimo desempeño político.

Un gobierno débil crea un entorno en el que es imposible el crecimiento de la economía en parte por su propia disfuncionalidad, pero también porque es incapaz de resolver los problemas que aquejan al país. El dilema reside en cómo resolver la debilidad del Estado. Una forma es centralizando e intentando controlar todas las instancias y resquicios de la vida política y social. El gobierno está intentando esta vertiente, pero rápidamente enfrenta sus límites: una estrategia así exacerba tensiones que luego tienen que ser disipadas con excepciones. Así ha ocurrido con la reforma educativa y con la seguridad en Michoacán. Iguala hace obvia la inviabilidad de la estrategia.

La alternativa sería construir un sistema de gobierno moderno, apropiado a las realidades internas y externas del mundo de hoy. El cambio medular residiría en una visión distinta, donde el objetivo es la funcionalidad del gobierno y no el control y donde la participación política es un medio y no un objetivo. El gobierno se profesionaliza, dándole certidumbre a la población. Es decir, implicaría el reconocimiento de que el sistema de gobierno es obsoleto y requiere una transformación cabal. Sólo así sería posible contemplar su viabilidad y el éxito del país en el largo plazo.

*Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy

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 Luis Rubio

El gran desafío que enfrentaron las naciones autoritarias en las últimas décadas fue que cambiaron los referentes económicos y políticos en el mundo, por lo que tuvieron que transformarse para lograr el desarrollo o, al menos, una mejoría sustantiva en la calidad de vida de sus ciudadanos. Su dilema fue cómo abrir sin perder la cohesión social y política, y cómo mantener esa cohesión bajo referentes económicos que exigen innovación, inversión privada, crecimientos sistemáticos de la productividad y respeto a las capacidades de los individuos. Muy pocos países lo han resuelto bien.

Mikhail Gorbachov comenzó por procurar el apoyo de su población recurriendo a la apertura política con el mecanismo que denominó “glasnost”. Su expectativa era que la discusión (y catarsis) pública y abierta sobre el pasado permitiría encarar la transformación estructural que su economía requería para sobrevivir y prosperar. La llamada “perestroika” consistió en la adopción de mecanismos de mercado en sustitución de la planeación central. Al final, el plan falló, la apertura no fue ordenada, múltiples intereses se apoderaron de los activos existentes y el imperio soviético acabó colapsado.

Carlos Salinas intentó el camino opuesto: apertura económica para evitar el colapso político. El planteamiento era menos ambicioso que el del ruso, pero su concepción igualmente atrevida. Se buscaba la transformación económica como medio para resolver los problemas de crecimiento e ingreso pero sin amenazar el statu quo político. En contraste con Gorbachov, el PRI subsistió, pero muchos de los instrumentos empleados para la añorada transformación entrañaban las semillas de sus propias limitaciones. Las privatizaciones fueron sesgadas y no condujeron, en la mayoría de los casos, a mercados competidos al servicio del consumidor, y la apertura misma fue mediatizada para evitar afectar intereses de los preferidos del “sistema”. El pobre desempeño de la economía en las pasadas décadas no es producto de la casualidad: responde a un plan de liberalización insuficiente, sesgado e inconcluso.

China ha optado por ignorar el dilema y su gobierno se ha dedicado a organizar la apertura, mantener un férreo control político y nutrir su legitimidad con crecimiento económico. La apuesta de su élite es que por su tamaño y cultura milenaria distinta a la occidental podrá preservar el poder en el largo plazo. La literatura al respecto es tan diversa en escenarios posibles que sólo el tiempo dirá. Pero de una cosa no hay duda: sus circunstancias no son repetibles en naciones occidentales y por eso sólo un puñado de casos excepcionales –Corea del norte, Vietnam, Cuba- lo ha intentado. El volado está en el aire.

España, Chile y Corea, cada una en sus circunstancias, son naciones que optaron por romper con el pasado y encarar el futuro. En lugar de proteger intereses aquí y allá o pretender que lo existente podía soportar la transformación que sus poblaciones demandaban a sus gobernantes, se dedicaron a cambiar con visión de futuro. Cada uno de estos países enfrentó sus propias crisis, retos y condiciones pero, al final, los tres salieron avante. Con todas sus dificultades, ninguno pretende que el pasado fue mejor.

El gobierno actual retorna al viejo dilema, pero ahora su enfoque es igualmente contradictorio. Intenta, por un lado, corregir los errores percibidos en el funcionamiento de los mercados y, por otro, procura re-centralizar el poder. En lugar de dar el salto al futuro resolviendo los problemas que dejó a su paso el intento anterior, el proyecto es recrear el viejo sistema, si bien bajo nuevos parámetros. La contradicción es múltiple y obvia: competir por la inversión en los mercados internacionales pero controlado al sector privado; decretar entidades autónomas pero pretender utilizarlas como instrumento de control; abrir sectores otrora protegidos pero preservando grandes cotos de caza para los intereses reinantes. En una palabra: ser moderno hacia afuera pero seguir siendo provinciano adentro.

Eso no funcionó la vez pasada ni funcionará ahora. El país vive inserto en un mercado global pero el conjunto de la nación no lo ha hecho suyo porque persisten innumerables mecanismos que impiden que los mercados funcionen, todo lo cual se traduce en una economía dual que arroja productividades dramáticamente distintas. Algunos de los obstáculos fueron producto de decisiones específicas (ej. las privatizaciones), pero la mayoría tiene que ver con la indisposición a permitir que los mercados funcionen, a lo que ahora se suma la necedad de recrear el viejo presidencialismo. Lo que el país requiere es un gobierno fuerte que preserve la paz y seguridad, construya un Estado de derecho efectivo y haga posible, a través de esos instrumentos, el funcionamiento general del país. Las medias tintas no van a ser exitosas ahora como no lo fueron antes o en otros países. Se asume el futuro o nos quedamos atrás.

La pregunta es cómo y dónde acabará México. Pidiéndole prestada a Tolstoy su famoso axioma de que todas las familias felices son similares en tanto que cada familia infeliz lo es a su propia manera, la disyuntiva es enfrentar el futuro para construir una nación moderna y aceptar los costos y requerimientos de ser parte de las grandes ligas del mundo (la familia feliz) o seguir buscando excusas para mantener (y renovar) al viejo sistema centralizado que impide el crecimiento de la economía, la prosperidad de la población y el desarrollo de la ciudadanía.

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América Economía – Luis Rubio

El libro de Thomas Piketty, Capital, ha causado sensación por la simple razón de que toca un tema preocupante: la desigualdad. Su argumento central es que el capital crece mucho más rápido que el producto del trabajo, es decir: el dinero se reproduce con celeridad y quienes lo tienen lo multiplican sin cesar. Lo que Picketty no distingue es la creación del capital de la acumulación del mismo. Ahí yace una lección clave para nosotros.

En términos conceptuales, el argumento de Piketty es impecable porque muestra cómo, a lo largo de la historia, el dinero tiende a reproducirse. Su análisis abarca un periodo tan largo, de trescientos años, que le permite distinguir entre las excepciones y las tendencias de largo plazo. Sin embargo, su argumento se refiere, en el fondo, a los rentistas: personas que heredan capitales acumulados por otros y que son ricos o ricas por virtud de herencia y no de trabajo.

La pregunta para nosotros es cómo crear un entorno propicio para la creación de riqueza producto de la innovación. Claramente, ese no ha sido el tenor de la estrategia histórica de desarrollo en México y ahí se originan, desde mi perspectiva, buena parte de los rezagos sociales que nos caracterizan.

En el corazón del debate que ha desatado la publicación de este libro yace una interrogante crucial: el capital, entendido éste como la acumulación de ahorros pasados, ¿se multiplica inexorablemente? o ¿se recrea en cada generación?  O sea, se trata de un debate entre si la riqueza se crea o si ésta es producto de herencia. Picketty no hace esta distinción y enfoca, partiendo del principio de que los ricos son todos producto de herencia, razón por la cual propone un impuesto para atenuar la desigualdad resultante. La forma en que uno entienda y defina estos asuntos –sobre todo herencia o creación- determina si es necesaria algún tipo de acción correctiva.

Para Picketty “el retorno del capital con frecuencia combina elementos de creatividad empresarial, suerte y robo descarado”. En una conferencia afirmó que la heredera de la fortuna de L’Oréal, “que nunca ha trabajado un día en su vida” vio crecer su fortuna tan rápido como la de Bill Gates.

En este punto es donde Deidre McCkloskey, historiadora económica y autora de tres volúmenes sobre el origen de la riqueza en el mundo occidental, aporta una perspectiva invaluable. Para McCloskey el gran salto en el ingreso en Europa en los últimos siglos provino no tanto del ahorro sino de la legitimidad –la palabra que emplea (y título de uno de sus libros) es la “dignidad”- de la burguesía: en la medida en que los burgueses (hoy empresarios) y su función social adquirió reconocimiento público, comenzaron a proliferar los valores de la acumulación capitalista y la innovación. Su argumento central es que la creación de riqueza es producto de la innovación y que ésta depende de que los valores predominantes en una sociedad favorezcan y premien a los innovadores.

Llevado a nuestra era, lo que McCloskey dice es que innovadores como Steve Jobs y Bill Gates no hicieron sus fortunas gracias a la inversión de capital o al interés compuesto que produce su acumulación sino a su propiedad intelectual. O sea, inventaron algo nuevo que antes no existía. En este sentido, McCloskey representa una visión alternativa a Piketty. Lo interesante es que, en realidad, no dicen cosas muy distintas; donde contrastan es en que Picketty es absolutamente dogmático respecto a la riqueza (toda es igual, toda es mala), en tanto que McCloskey diferencia tajantemente entre la que es producto de la innovación de la que resulta de herencia. Para ella la distinción entre dinero heredado y dinero creado es obvia.

Para McCloskey la creación empresarial de riqueza es lo único relevante y es lo que ella considera el reto medular de los gobiernos que se proponen impulsar el desarrollo de sus países. Aunque reconoce que siempre coexisten fortunas heredadas con fortunas creadas, producto de la innovación, su observación histórica es que lo que eleva la riqueza general de una sociedad no son los impuestos y la labor redistributiva del gobierno sino el contexto en el que actúan los empresarios.

Un entorno que legitima la creación de riqueza y “dignifica” la labor de los empresarios tiende a sedimentar la plataforma dentro de la cual una sociedad puede prosperar. En sentido contrario, la ausencia de reconocimiento social de la actividad empresarial conlleva poca innovación y, por lo tanto, poco crecimiento económico.

Llevados estos argumentos contrastantes a México, encontramos dos circunstancias ilustrativas: por un lado, proliferan los ejemplos de riqueza acumulada, condición que ha llevado a que muchos justifiquen la receta de Picketty de gravar el capital. La otra circunstancia, mucho más trascendente, es que el entorno socio-político no sólo no legitima la creación de riqueza sino que la penaliza. De alguna manera, ambas circunstancias se retroalimentan creando tanto desigualdad como poco crecimiento económico.

Para Piketty la solución sería obvia: gravar el capital y redistribuirlo en la forma de gasto público.McCloskey afirma lo contrario: imponerle impuestos gravosos a los potenciales Steve Jobs o Bill Gates no haría sino impedir la constitución de empresas exitosas como Apple y Microsoft. En consecuencia, para ella es preferible dejar que los herederos que no trabajan sigan acumulando a impedir que se cree nueva riqueza.

La pregunta para nosotros es cómo crear un entorno propicio para la creación de riqueza producto de la innovación. Claramente, ese no ha sido el tenor de la estrategia histórica de desarrollo en México y ahí se originan, desde mi perspectiva, buena parte de los rezagos sociales que nos caracterizan. Capaz que también ahí se requiere mucha innovación y un gran liderazgo.

http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/riqueza-producto-de-la-innovacion-en-mexico

Luis Rubio

El libro de Thomas Piketty, Capital, ha causado sensación por la simple razón de que toca un tema preocupante: la desigualdad. Su argumento central es que el capital crece mucho más rápido que el producto del trabajo, es decir: el dinero se reproduce con celeridad y quienes lo tienen lo multiplican sin cesar. Lo que Picketty no distingue es la creación del capital de la acumulación del mismo. Ahí yace una lección clave para nosotros.

En términos conceptuales, el argumento de Piketty es impecable porque muestra cómo, a lo largo de la historia, el dinero tiende a reproducirse. Su análisis abarca un periodo tan largo, de trescientos años, que le permite distinguir entre las excepciones y las tendencias de largo plazo. Sin embargo, su argumento se refiere, en el fondo, a los rentistas: personas que heredan capitales acumulados por otros y que son ricos o ricas por virtud de herencia y no de trabajo.

En el corazón del debate que ha desatado la publicación de este libro yace una interrogante crucial: el capital, entendido éste como la acumulación de ahorros pasados, ¿se multiplica inexorablemente? o ¿se recrea en cada generación?  O sea, se trata de un debate entre si la riqueza se crea o si ésta es producto de herencia. Picketty no hace esta distinción y enfoca, partiendo del principio de que los ricos son todos producto de herencia, razón por la cual propone un impuesto para atenuar la desigualdad resultante. La forma en que uno entienda y defina estos asuntos –sobre todo herencia o creación- determina si es necesaria algún tipo de acción correctiva.

Para Picketty “el retorno del capital con frecuencia combina elementos de creatividad empresarial, suerte y robo descarado”. En una conferencia afirmó que la heredera de la fortuna de L’Oréal, “que nunca ha trabajado un día en su vida” vio crecer su fortuna tan rápido como la de Bill Gates.

En este punto es donde Deidre McCkloskey, historiadora económica y autora de tres volúmenes sobre el origen de la riqueza en el mundo occidental, aporta una perspectiva invaluable. Para McCloskey el gran salto en el ingreso en Europa en los últimos siglos provino no tanto del ahorro sino de la legitimidad –la palabra que emplea (y título de uno de sus libros) es la “dignidad”- de la burguesía: en la medida en que los burgueses (hoy empresarios) y su función social adquirió reconocimiento público, comenzaron a proliferar los valores de la acumulación capitalista y la innovación. Su argumento central es que la creación de riqueza es producto de la innovación y que ésta depende de que los valores predominantes en una sociedad favorezcan y premien a los innovadores.

Llevado a nuestra era, lo que McCloskey dice es que innovadores como Steve Jobs y Bill Gates no hicieron sus fortunas gracias a la inversión de capital o al interés compuesto que produce su acumulación sino a su propiedad intelectual. O sea, inventaron algo nuevo que antes no existía. En este sentido, McCloskey representa una visión alternativa a Piketty. Lo interesante es que, en realidad, no dicen cosas muy distintas; donde contrastan es en que Picketty es absolutamente dogmático respecto a la riqueza (toda es igual, toda es mala), en tanto que McCloskey diferencia tajantemente entre la que es producto de la innovación de la que resulta de herencia. Para ella la distinción entre dinero heredado y dinero creado es obvia.

Para McCloskey la creación empresarial de riqueza es lo único relevante y es lo que ella considera el reto medular de los gobiernos que se proponen impulsar el desarrollo de sus países. Aunque reconoce que siempre coexisten fortunas heredadas con fortunas creadas, producto de la innovación, su observación histórica es que lo que eleva la riqueza general de una sociedad no son los impuestos y la labor redistributiva del gobierno sino el contexto en el que actúan los empresarios.

Un entorno que legitima la creación de riqueza y “dignifica” la labor de los empresarios tiende a sedimentar la plataforma dentro de la cual una sociedad puede prosperar. En sentido contrario, la ausencia de reconocimiento social de la actividad empresarial conlleva poca innovación y, por lo tanto, poco crecimiento económico.

Llevados estos argumentos contrastantes a México, encontramos dos circunstancias ilustrativas: por un lado, proliferan los ejemplos de riqueza acumulada, condición que ha llevado a que muchos justifiquen la receta de Picketty de gravar el capital. La otra circunstancia, mucho más trascendente, es que el entorno socio-político no sólo no legitima la creación de riqueza sino que la penaliza. De alguna manera, ambas circunstancias se retroalimentan creando tanto desigualdad como poco crecimiento económico.

Para Piketty la solución sería obvia: gravar el capital y redistribuirlo en la forma de gasto público. McCloskey afirma lo contrario: imponerle impuestos gravosos a los potenciales Steve Jobs o Bill Gates no haría sino impedir la constitución de empresas exitosas como Apple y Microsoft. En consecuencia, para ella es preferible dejar que los herederos que no trabajan sigan acumulando a impedir que se cree nueva riqueza.

La pregunta para nosotros es cómo crear un entorno propicio para la creación de riqueza producto de la innovación. Claramente, ese no ha sido el tenor de la estrategia histórica de desarrollo en el país y ahí se originan, desde mi perspectiva, buena parte de los rezagos sociales que nos caracterizan. Capaz que también ahí se requiere mucha innovación y un gran liderazgo.

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 América Economía – Luis Rubio

El mundo parece convulsionarse con decapitaciones de periodistas, guerras civiles, toma de territorios soberanos y referéndums susceptibles de alterar realidades nacionales largamente vigentes. Los cambios geopolíticos en Crimea y Ucrania, la reconfiguración territorial que ISIS está produciendo en Siria e Irak (países ya de por sí inmersos en cruentas guerras civiles no muy distintas, en concepto, a las de Sudán y Libia), han cambiado el panorama internacional. Venezuela amenaza con otra convulsión, ahora que las cuentas producto de años de una atroz conducción económica finalmente tocan la puerta. Cataluña y, recientemente, Escocia votan sobre quedarse en sus respectivos países o irse por su cuenta. El gobierno estadounidense, corazón del sistema internacional en las últimas décadas, va a la deriva, sin estrategia ni capacidad aparente por comprender la naturaleza de los fenómenos que el mundo enfrenta.

Los conflictos se multiplican por donde uno voltee y, sin embargo, los mercados financieros parecen incapaces de inmutarse.

La normalidad que aparentan los mercados financieros es intrigante. Mientras que grandes estadistas de nuestra era manifiestan enorme preocupación y alertan sobre los riesgos que enfrenta el planeta ante el colapso de los viejos arreglos políticos (derivados de la paz de Westphalia de 1648), mismos que reconocían las fronteras nacionales y el derecho a la autodeterminación de las naciones, los mercados financieros han mostrado ascensos casi incontenibles en los últimos meses. La prensa especializada del sector afirma que los mercados han logrado una madurez tal que les permite ignorar dichos eventos.Es decir, que lo que pasa en el mundo no afectará la viabilidad de las empresas o la capacidad de los países de cumplir con sus calendarios de pagos. ¿Tiene sentido semejante explicación?

Un viejo estadista planteó que el mundo enfrenta un desafío similar al que existió al inicio del siglo XIX y que exige, al mejor estilo kissingeriano, un nuevo arreglo internacional. Los viejos esquemas ya no funcionan, la noción de un “nuevo orden internacional” de que se habló al final de la guerra fría ha pasado a mejor vida y el enorme desorden que existe en el mundo amenaza con colapsar toda semblanza de estabilidad.

En una conferencia en la que recientemente participé se discutió el momento actual tanto en su dimensión económica como política. Un economista británico altamente reconocido ofreció una interesante explicación sobre la situación económica: primero, los chinos siguen ahorrando la mitad de su PIB, factor que era irrelevante cuando su economía representaba el 1% de la mundial, pero entraña severas consecuencias recesivas ahora que equivale al 12% del PIB mundial.

Su aseveración específica fue que ”uno puede ahorrar hasta el infinito, pero nadie puede endeudarse hasta ese nivel”. Segundo, la economía estadounidense se ha ajustado rápido, ”quizá demasiado rápido”, creando una nueva situación geopolítica: el colapso de su gasto en defensa ha resuelto el problema de su déficit fiscal, pero ha dado pie a los movimientos de Putin. Tercero, luego de años de espera, la economía de la información ha comenzado a arrojar tasas espectaculares de crecimiento en la productividad, aportando fuentes hasta ahora insospechadas de crecimiento económico: “ya no son solo computadoras ayudando en las oficinas, sino nuevas fuentes de inversión, ideas y desarrollos”.

Un viejo estadista planteó que el mundo enfrenta un desafío similar al que existió al inicio del siglo XIX y que exige, al mejor estilo kissingeriano, un nuevo arreglo internacional. Los viejos esquemas ya no funcionan, la noción de un “nuevo orden internacional” de que se habló al final de la guerra fría ha pasado a mejor vida y el enorme desorden que existe en el mundo amenaza con colapsar toda semblanza de estabilidad. Al final de su alocución, ofreció su lectura de lo que ocurre en los mercados financieros: éstos están ignorando los eventos políticos no porque sean irrelevantes sino porque los analistas financieros no saben cómo determinar el costo de ese riesgo. En consecuencia, “sobre-reaccionan porque tienen miedo a lo desconocido”. O sea, no hay tal cosa como que no se verían afectados si las cosas empeoran.

La estabilidad de los mercados financieros es un asunto de primera importancia para nosotros en dos planos: primero porque cualquier movimiento abrupto es susceptible de elevar el costo de la deuda mexicana, lo que podría afectar la estabilidad cambiaria, incrementando nuestros costos y disminuyendo el capital disponible para inversión. Segundo porque el país tiene planes grandiosos que requieren ser financiados, sobre todo en el ámbito energético, que podrían ser retrasados en caso de que los mercados financieros entraran en una etapa de turbulencia. Es decir, lo que pase en esos mercados nos afecta de manera directa e inexorable.

La pregunta es si hay algo que nosotros debiéramos hacer para mitigar el riesgo de que esto ocurra. Hay dos cosas evidentes que México podría y debería hacer para disminuir el creciente riesgo, y ninguna es desconocida o excepcional: lo primero sería consolidar las cuentas fiscales, “blindar” al sector externo, disminuir el déficit gubernamental virtualmente a cero y mejorar las condiciones para que se eleve la productividad y se atraiga la inversión extranjera en forma masiva. Lo primero va contra lo que este gobierno está haciendo, en tanto que lo segundo deja mucho que desear, aún con las reformas en energía y telecomunicaciones: hay déficit grave en materia institucional, de derechos de propiedad y Estado de derecho que trascienden a esas reformas.

Por otro lado, nada se perdería con procurar el crecimiento de la inversión nacional, para lo cual sería necesario ganar la confianza del sector privado y, en general, la de la población. Ninguna novedad, pero sí algo novedoso en la actualidad.

http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/convulsiones-y-mercados

FORBES  – SEPTIEMBRE 24, 2014

 No hay manera de predecir qué ocurrirá el siguiente año, pero no es imposible que los dos factores clave resulten ser: los candidatos en cada distrito (o sea, una dinámica más local y menos nacional) y la situación económica, particularmente la percepción y expectativas sobre cómo están las cosas.

¿Quién ganará la elección intermedia de 2015? ¿Logrará el PRI una mayoría absoluta (casi) retornando con ello al viejo sistema político? Es imposible predecir el resultado, pero ciertamente es posible especular sobre los elementos que podrían arrojar diversos escenarios.

La dinámica de las elecciones intermedias ha seguido una lógica cambiante. Para Salinas, la elección de 1991 fue un éxito radical: lo que no obtuvo en 1988 lo logró en la intermedia. Su triunfo fue arrollador pues ganó los 300 distritos de mayoría, como en los viejos tiempos. La lectura de los analistas fue que el resultado constituyó una aprobación del liderazgo del presidente. Esto se consideró la norma cuando la intermedia de Zedillo, en 1997, llevó a que el PRI perdiera la mayoría por primera vez en la historia: la crisis de 1995 había minado al presidente. Parecía una regla inamovible.

La situación cambió durante los gobiernos panistas: tanto Fox como Calderón perdieron la intermedia pero no es evidente que haya sido por la misma razón. En la lógica anterior, la derrota del PAN en 2003 y 2009 reflejaría un desencanto con esos gobiernos. Sin embargo, a partir de la derrota del PRI en 2000 ocurrió un cambio importante: el debilitamiento de la presidencia y el concomitante fortalecimiento de los gobernadores, que introdujo otro elemento en la dinámica electoral. A partir de 2000 se dieron grandes transferencias presupuestarias y los gobernadores adquirieron gran autonomía y capaci­dad de manipulación política y electoral. El presidente Peña fue quizá el más exitoso de los gobernadores de esa era.

En contraste con la era priista previa, los presupuestos comenzaron a negociarse en el Congreso y eso le confirió un enorme incentivo a los gobernadores para construir bancadas grandes y fuertes que garantizaran beneficios a sus estados. Esto ha vuelto a cambiar.

El presidente Peña ha recentralizado el poder y reforzado a la institución presidencial, lo que prácticamente ha eliminado la función presupuestal del Congreso. En consecuencia, los gobernadores han perdido poder relativo y presupuestos discrecionales, disminuyendo su capacidad e incentivo para actuar por su cuenta. En este contexto, ¿seguirá funcionando la lógica reciente? ¿Retornaremos a la era priísta? ¿Una nueva dinámica?

Sin duda, con el regreso del centralismo presidencial, la dinámica electoral va a responder en mayor medida a la percepción de liderazgo del presidente y, sobre todo, a su desempeño económico. Esto sugeriría que la dinámica de la elección intermedia retornará a lo que existía en la era priista. O sea que 2015 será un referéndum sobre el presidente Peña, donde el desem­peño económico se tornará clave.

Pero hay otro factor que es imperativo incorporar al análisis: la maduración de la sociedad. La primera elección presidencial en que hubo encuestas públicas profesionales fue en la de Zedillo. Tanto en su elección como en la de Fox se dio un fenómeno peculiar: mien­tras que el ganador obtuvo cierto porcentaje del voto, en encuestas sucesivas —seis meses después o más— un número mucho mayor de personas afirmaba haber votado por el candidato ganador.

La interpretación que los encuestólogos le dieron a ese fenómeno fue que se trataba de una sociedad políticamente inmadura y que eso implicaba que la gente tendía a asociarse con el ganador: el peso del presidencialismo. Con nuevas generaciones, ese fenómeno ya no se da: la popularidad tanto de Calderón como de Peña se ha mantenido “tercamente” muy cerca del número que obtuvieron en la elección misma. Ante la pregunta de por quién votaron, la discrepancia entre el voto real y lo que la gente dice es irrisoria; es decir, la sociedad ha madurado.

Otro ingrediente relevante es la situación de los partidos de oposición. Tanto el PAN como el PRD experimentan fuertes divisiones internas. A esto se adiciona el que ambos partidos participaron en el Pacto por México: si las cosas salen bien, se beneficia el PRI; si salen mal, pierden los tres. A menos que se dé una situación desastrosa en los próximos meses, esto quizá no impacte el resultado de 2015 (pero quizá sí de 2018). Por otro lado, es anticipable que muchas contiendas presumiblemente girarán en torno a candidatos locales y no a partidos nacionales.

Por supuesto, no hay manera de predecir qué ocurrirá el siguiente año, pero no es imposible que los dos factores clave resulten ser: los candidatos en cada distrito (o sea, una dinámica más local y menos nacional) y la situación económica, particularmente la percepción y expectativas sobre cómo están las cosas. De seguir la situación económica actual, el PRI tendrá mucho menos que ofre­cer a pesar de los éxitos políticos recientes del presidente.

LUIS RUBIO ES PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO, A.C.

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