Luis Rubio

Ningún mexicano puede estar feliz ante las interminables diatribas de Trump con que el presunto candidato ha cautivado a parte del electorado estadounidense. Pero esa no es razón para que México se precipite en su respuesta o reaccione sin evaluar las potenciales consecuencias.

El componente mexicano del discurso de Trump no es producto de la casualidad. Más bien, es resultado de una extraña combinación de abandono por nuestra parte y mala suerte. Ambos factores se han conjuntado para convertir a México en la causa de los males de los estadounidenses. Es por esta razón que es imperativo entender la dinámica en que nos encontramos antes de responder.

Cuando se inició la negociación del TLC en 1990, el gobierno montó una multifacética estrategia de relaciones públicas en Estados Unidos. Por un lado, organizó un plan de acción orientado al poder legislativo de ese país a fin de generar apoyos para el momento en que se presentara el tratado para su aprobación; por otro lado, se articuló un conjunto de medidas diseñadas para atraer la atención de los americanos hacia las cosas mexicanas. Para este fin se presentó la extraordinaria exhibición “México: Esplendores de Treinta Siglos” en Nueva York y muchos museos en el resto de ese país; se organizaron seminarios, conferencias y ciclos de películas y se patrocinaron eventos en todos los rincones de la geografía estadounidense. En la mejor tradición de los países exitosos en Washington, México logró una extraordinaria presencia y reconocimiento, cautivando a los estadounidenses.

El problema es que, a la mexicana, tan pronto se ratificó el TLC, se abandonó la estrategia y se creó un enorme vacío. Ese vacío fue rápidamente llenado por todos los grupos que se habían opuesto al TLC y que, desde entonces, han procurado minarlo, si no es que anularlo. Los tres sectores más prominentes en este ámbito son los sindicatos, los ecologistas y los grupos anti-inmigrantes. Algunos de estos sectores (que, con excepción de los sindicatos, usualmente no son grupos uniformes o con coherencia interna) tienen razones concretas para oponerse, otros derivan su enojo de factores ideológicos y otros son meramente ignorantes; para bien o para mal, al menos dos de las fuentes de mayor estridencia respecto a México -la migración y las drogas- son factores económicos simples: hay demanda, por lo tanto hay oferta. Una cosa no puede explicarse sin la otra.

El abandono de una estrategia de presencia positiva de México en EUA ha sido enormemente costoso, pero también es cierto que en estos veinte años el mundo cambió y tuvimos la mala suerte de que muchos de esos cambios se le atribuyeran a México, más allá de que de que ambas cosas fuesen independientes. En estos veinte años, la globalización transformó la manera de producir en el mundo; la tecnología (sobre todo la robótica) redujo drásticamente la necesidad de mano de obra en la producción industrial; y la revolución digital hizo irrelevante a un enorme segmento de la mano de obra tradicional porque no cuenta con las habilidades necesarias para ser exitosa en ese nuevo mundo.

Nuestra desventura fue que el TLC entró en operación justo cuando todo esto ocurría: cuando la presencia mexicana crecía en todos los ámbitos (sobre todo en la forma de exportaciones y migrantes), todo ello sin que hubiera un parapeto de protección en la forma de una buena campaña de relaciones públicas que protegiera al país y le generara un buen nombre. Es obvio que México no es culpable de todas las calamidades que le atribuye Trump y su séquito, pero es indispensable reconocer que nosotros -nuestra ausencia- contribuyó a crear un caldo de cultivo propicio para que eso ocurriera.

También pasaron otras cosas. Un ejemplo dice más que mil palabras: cuando yo estudiaba en Boston en los setenta, el consulado mexicano se dedicaba esencialmente a la comunidad estadounidense. Es decir, era una mini embajada dedicada a promover los asuntos mexicanos en esa ciudad. Lo mismo ocurría en los otros cuarenta y tantos consulados de entonces. Hoy en día, los consulados parecen delegaciones municipales dedicadas a resolver trámites para migrantes mexicanos. En estos cuarenta años, el crecimiento migratorio cambió todo en la presencia de México en ese país y los consulados así lo reflejan. El efecto es que abandonamos una vital presencia en las comunidades estadounidenses.

Trump está cosechando los avatares económicos de las últimas dos décadas, particularmente la pérdida de empleos manufactureros (producto del cambio tecnológico, no de México) y el crecimiento de la migración (producto de la demanda de empleos sobre todo en agricultura y servicios). Es posible que, de haber mantenido una activa presencia pública, algo del impacto negativo sobre México pudiera haber sido neutralizado, pero a estas alturas no hay nada que hacer al respecto para fines de la elección de este año.

Dicho eso, existe un enorme riesgo: el burdo intento por afectar el resultado de la elección por medio de la ciudadanización tardía puede salir bien si pierde Trump o muy mal si gana. Trump no es irracional: su estrategia es absolutamente lógica, claramente derivada de una cuidadosa lectura de las encuestas y de lo que aqueja a los estadounidenses. Me parece temerario intentar sesgar el resultado de manera tan crasa y vulgar. Lo que está de por medio no es un negocito; de por medio va la viabilidad del país, cuya economía depende, solo en 100%, de las exportaciones a ese país y de las remesas que de ahí vienen.

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Luis Rubio

La vida cotidiana de los mexicanos intersecta con un sinnúmero de proveedores de bienes y servicios y de entidades gubernamentales, muy pocos de los cuales ven al ciudadano y consumidor, respectivamente, como su razón de ser. Persiste y perdura una visión patrimonialista donde el ciudadano es súbdito y el consumidor cautivo, ambos propiedad de quienes deberían ser proveedores de servicios competitivos. En lugar de anticipar futura competencia y concebir al consumidor como informado y responsable, apuestan por la continuidad. Se parecen a Orwell cuando, hablando del lenguaje, afirmó que: «El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras parezcan verdades y que el asesinato parezca respetable…».

El país lleva décadas sumido en la mediocridad, que se refleja en la tasa de crecimiento de la economía. Por más intentos que haga la autoridad, la evidencia es contundente: la economía mexicana funciona en la medida en que opera el motor que representan las exportaciones y las remesas; es decir, vivimos de la economía estadounidense. Los motores internos no funcionan por la misma razón que no han funcionado desde 1970: porque el problema no se ha atendido. El problema de fondo es político, pues la concentración del poder propicia el abuso que se comete contra el ciudadano y consumidor, lo que inexorablemente genera la desconfianza que inhibe la inversión y el ahorro. A nadie debería sorprender el resultado.

Algunos ejemplos alusivos:

• El gobierno de la ciudad de México está de plácemes por haber desaparecido al Distrito Federal porque ahora podrá servir, ya sin empacho, a sus grupos de interés. El proceso constituyente es solo de insiders; el reglamento de tránsito está diseñado para imponer una disciplina por medio de la arbitrariedad: su lógica parece ser más la de recaudar que la de crear un espacio de convivencia civilizada. En lugar de procurar el favor ciudadano para su candidatura, el jefe del gobierno experimenta el colapso de su popularidad. Perfectamente predecible.
• El Estado de derecho es inconcebible sin orden y disciplina, pero la pregunta es por dónde comenzar. Miguel Ángel Mancera comenzó por la imposición de multas al por mayor, muchas de ellas de carácter discrecional, con todo el abuso a lo que eso se presta; Arne aus den Ruthen, en la delegación Miguel Hidalgo, optó por la vía de la confrontación. El orden es necesario; la pregunta es si la arbitrariedad es un modelo de civilización. Someter a guaruras es una forma de combatir la arbitrariedad y la impunidad, pero sin acabar de romperla porque hacer aspavientos no garantiza resultados. La arbitrariedad no acaba con la impunidad y, en cambio, si puede propiciarla.
• La constitución en ciernes del Distrito Federal es un caso ilustrativo. Por más que se ha involucrado a una amplia lista de notables, la mayor parte de la ciudadanía no está enterada ni representada. ¿Se trata de un proceso privado, solo para quienes hoy gobiernan? Hace unos meses, la SEC, equivalente estadounidense de la Comisión Nacional de Valores, propuso una modificación de la ley que la gobierna. Lo primero que hizo fue publicar la propuesta a fin de que todos los interesados se informaran, comentaran y propusieran cambios o precisiones, proceso que llevará más de un año: el objetivo es una mejor regulación, no una burda candidatura. El punto es hay una discusión pública que permite que todos los interesados tengan oportunidad de analizar y evaluar sus implicaciones tanto para proponer correcciones como para adoptar los mecanismos y cambios pertinentes para que, cuando acabe siendo implementada, tenga plena vigencia y credibilidad. El proceso en el DF es absolutamente arbitrario; el proceso de la SEC es absolutamente predecible y, por lo tanto, cero arbitrario.
• Las empresas no se quedan atrás. Banamex cancela cuentas de más de treinta años porque no se han utilizado en los últimos doce meses, como si fuera el santo gobierno. Lo peor es que es el interesado quien tiene que probarle al banco el error y no al revés. Cuando se va la luz, la respuesta de la CFE es “pero no le estamos cobrando mientras se fue la luz”, como si una economía moderna pudiera funcionar no sólo con ese grado de arbitrariedad, sino sobre todo con esa incapacidad de comprender la importancia del fluido eléctrico para la producción. Aeroméxico pone y cambia asientos según le viene en gana. ¿Para quién trabaja? La empresa con mayor número de quejas en la Profeco es Telmex. ¿Dónde quedó el consumidor?

Lo paradójico del México con una economía abierta es que, aunque ha aumentado dramáticamente la disponibilidad de bienes y servicios, el trato al consumidor sigue siendo autoritario y arbitrario. Me pregunto qué ocurrirá el día en que realmente existan opciones…

La arbitrariedad es la norma y una de las causas obvias de la desconfianza, que se ha traducido en tasas ínfimas de crecimiento económico y también de elevadísimos niveles de desprecio a la autoridad. La arbitrariedad se nutre de la impunidad y ésta genera cinismo. No hay peor círculo vicioso.

La mediocridad que abruma al país es producto de la indisposición a dar el gran paso adelante para construir un país ordenado y civilizado. Por supuesto que es necesario disciplinar, pero se tiene que lograr con la legitimidad del actuar tanto gubernamental como empresarial. Sin eso no haremos sino seguir cavando el hoyo del lenguaje justificatorio y los malos resultados. No hay forma de disfrazar obviedades como éstas.

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 Luis Rubio

Sorprende que haya sorprendidos. En las últimas cinco décadas el país perdió todo sentido de dirección: cambió su estrategia de desarrollo económico, mantuvo el sistema de privilegios (cada vez más corrupto y visible) y, por encima de todo, minó su propia credibilidad al incorporar un sistema de creencias que lo socavaba desde dentro. Las preferencias electorales que comandan potenciales candidatos como AMLO, El Bronco y otros outsiders son consecuencia de lo que, con toda conciencia, se ha hecho –y decidido no hacer- en los últimos cincuenta años.

La hegemonía ideológica en una sociedad, la esencia del trabajo de Antonio Gramsci, se desarrolla, nutre y preserva a través de las instituciones que la sustentan. El viejo sistema político mexicano era excepcionalmente diestro para eso: alineó –y sometió- a todos los actores sociales e instrumentos gubernamentales para darle viabilidad al “nacionalismo revolucionario”, sobre el cual sustentó su hegemonía a lo largo de las décadas. Sin embargo, cuando el sistema entró en problemas en los sesenta, primero en lo económico y luego en lo político, perdió la brújula y, aunque se han hecho cosas extraordinariamente positivas, nunca la reencontró. Nunca emergió una nueva hegemonía.

Las sociedades estables tienen dos características complementarias. Primero, gozan de hegemonía ideológica porque coinciden las visiones que emanan del sistema educativo, los medios, prelados religiosos y el discurso político, empresarial y de la diversidad de entes sociales e intelectuales. Cuando desaparece esa coherencia y congruencia se pierde la credibilidad del sistema y desaparece el sustento del régimen socio político.

La otra característica se deriva de los resultados de la gestión gubernamental, que fortalece, o reduce, la credibilidad. Es obvio que es más fácil sostener la hegemonía de una sociedad próspera en la que todos sus integrantes se benefician y tienen un horizonte de progreso, que en una en la cual se vive de crisis en crisis. Corea goza de una gran solidez ideológica mientras que Venezuela se encuentra al borde de un estrepitoso colapso.

¿Qué hemos hecho en México? En los sesenta desapareció el sustento económico del régimen revolucionario. Desde ese momento hemos dado tumbos. En los setenta se destruyeron las fuentes de estabilidad económica y se incorporaron leyes y regulaciones que atentaban contra el desarrollo; en los ochenta y noventa se adoptó una nueva estrategia económica (de la cual hemos vivido los últimos veinte años) pero nunca se implementó de manera integral y cabal, lo que minó su propia viabilidad y, por lo tanto, credibilidad. En todo este proceso se ha favorecido a unos a costa del resto, provocando un profundo resentimiento social. Al mismo tiempo, se ha preservado la esencia del viejo régimen, haciendo del sistema de privilegios una enorme lacra social, con un creciente costo: según algunas estimaciones, la corrupción asciende hasta al 9% del PIB, en tanto que el impacto en términos de credibilidad y reputación (baste recordar momentos insignes como el de la #ladyProfeco o el de #LordMeLaPelas) es infinito. Las fuentes de desazón y enojo de la sociedad son obvias.

Lo paradójico en todas estas décadas es cómo han chocado los objetivos retóricos con las acciones concretas. El caso de la educación es paradigmático: si bien ésta se concibió como instrumento legitimador del gobierno revolucionario, hasta los sesenta mantuvo un equilibrio ideológico que era compatible con el desarrollo de una economía fundamentada en el empresariado. A partir de los setenta, el tenor cambió al punto que los niños de las siguientes generaciones sólo saben todo lo malo que es el capitalismo, esto a pesar de que las todas las reformas económicas posteriores fueron concebidas para apuntalarse en la inversión privada. Flagrante contradicción.

Todo esto generó una creciente tolerancia por la mediocridad, a la vez que la corrección política acabó por convertirse en mantra y límite absoluto a la libertad de expresión. Si a eso se le suma una sucesión de gobiernos fallidos, el rechazo al establishment político es absolutamente lógico. En una palabra, lo que vivimos es la consecuencia de acciones, decisiones y preferencias a lo largo de muchos años.

En este contexto, ¿quién apoya a López Obrador, El Bronco y otros potenciales “disidentes”? Todos aquellos que han crecido en una era de crisis, retórica abiertamente falaz y mentirosa y una creciente corrupción, dispendio e impunidad. ¿Por qué habrían de creer que las cosas van a mejorar si no mejoran ni se hacen las cosas que se prometen y que serían necesarias para que pudiera funcionar? No tengo duda que el obrero que trabaja en una planta que exporta exitosamente y experimenta crecientes niveles de productividad ve un futuro de oportunidad con optimismo, pero tengo certeza que hay millones más atorados en una economía vieja que no tiene posibilidad alguna y que saben que no hay futuro. El resentimiento tiene fuentes reales.

En la lógica de la mediocridad de los últimos cincuenta años, concesiones como la ausencia de un sistema educativo capaz de igualar oportunidades para todos probablemente parecían de poca monta, pero minaron la viabilidad del país y la confianza en el gobierno. Como escribió Mario Puzo en El Padrino, “si cedemos en detalles de poca monta, pronto nos obligarán a ceder en cuestiones de importancia”. Sucesivos gobiernos fueron cediendo en todo. Ahora la pregunta es cómo reencauzar el país para salir adelante.

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Luis Rubio

 Dos han sido las reacciones al anuncio de recortes presupuestales: unos se quejan del impacto que tendrán sobre programas concretos, la inversión pública o la demanda agregada. Otros critican que fue demasiado poco, demasiado tarde. Nadie defiende al gasto gubernamental por sus virtudes o por las oportunidades que podría generar sino por los costos que entraña. El gasto, en cualquier país, refleja una combinación de prioridades políticas y correlaciones de fuerzas. Esa correlación de fuerzas arroja una enorme debilidad fiscal, que refleja la fragilidad institucional del sistema político.

 Luis Rubio

Lo más extraño del gobierno actual es su total desprecio por su propia legitimidad. Es probable que su cálculo radique en la eventual redención que produzcan las reformas que ha emprendido, pero eso implicaría que sus acciones en los años pasados rendirían resultados por sí mismos y no como producto de la función cotidiana de gobernar. Sea como fuere, se trata de una apuesta extraña, sobre todo a la luz de la oferta que el hoy presidente prometió en la contienda por la presidencia: eficacia.

Los gobiernos de antaño sabían que su legitimidad era frágil y dependía, casi totalmente, del desempeño económico. Por siete décadas, los gobiernos priistas hicieron hasta lo indecible por lograr altas tasas de crecimiento; sabían que la alternativa era el oprobio popular. A pesar de la fortaleza intrínseca de la presidencia en aquella época, todos esos presidentes sabían que su credibilidad dependía del éxito de su gestión. Tan exagerado fue aquel mantra que llevó a momentos de locura como los de Echeverría y López Portillo en que desbocaron, y de hecho quebraron, al gobierno en aras de lograr tasas elevadas de crecimiento.

El gobierno de Enrique Peña Nieto no solo contrasta con aquellos gobiernos priistas de antaño, sino incluso con otros de esta era que, como el de China, se desviven por lograr la credibilidad de sus poblaciones a pesar de no poder lograr tasas tan elevadas de crecimiento como antes. El gobierno chino lleva décadas logrando tasas elevadísimas de crecimiento, pero ahora se enfrenta a lo que allá se percibe como casi una recesión: tasas de crecimiento de “solo” 6%. Lo interesante es que, más allá de los asuntos específicos, las semejanzas son pasmosas porque, a final de cuentas, los dos sistemas coinciden en una cosa: la fragilidad de la sociedad y su incapacidad para obligar al gobierno a responderle.

La economía mexicana está creciendo al 2%, lo mismo que ha alcanzado, en promedio, a lo largo de los últimos cuatro lustros. El gobierno prometió romper con ese mediocre nivel de crecimiento pero no ha logrado mejorarlo a pesar de haber elevado los impuestos, incrementado el gasto público, aumentado el déficit y la deuda. Todo ha cambiado excepto lo único que le importa a la ciudadanía: el crecimiento.

El problema del crecimiento no es exclusivo de México. En estos momentos la mayoría de las naciones al sur del continente experimentan severas recesiones y la mayoría no logra siquiera el 2% que hoy vivimos. Más allá de las diferencias nacionales y regionales, lo evidente es que el crecimiento ya no se logra meramente con mayor gasto gubernamental o porque así lo desean los funcionarios. En un mundo globalizado con ubicuidad en las comunicaciones, lo único que cuenta es la capacidad de cada nación de atraer inversión, sea esta de sus propios connacionales o del exterior. Para fines de la inversión, la fuente da lo mismo porque el mundo es el escenario de juego y todos son parte del mismo espacio.

Lo que el gobierno no ha entendido es que la legitimidad en esta era no se logra por la efímera tasa de crecimiento sino por la calidad del gobierno. Es este factor el que determina no sólo la confianza que nutre a la ciudadanía sino lo que, a final de cuentas,  atrae a los inversionistas. En la medida en que la inversión determina la tasa de crecimiento, uno pensaría que el foco central del actuar gubernamental residiría en atender las preocupaciones y necesidades de los potenciales inversionistas y empresarios pero, en México, los únicos inversionistas que parecen ser relevantes son los extranjeros, aunque su inversión siga siendo menor, en términos absolutos, a la nacional. La ciudadanía no existe en su visión.

El factor diferenciador entre las naciones es uno y muy simple: la calidad del gobierno. Por calidad del gobierno entiendo desde la capacidad de recaudar impuestos y redistribuirlos inteligentemente, hasta la certidumbre que generan sus actos, comenzando por la existencia de reglas del juego predecibles y conocidas por todos de antemano. Es decir, el reto del gobierno no reside tanto en ir a tocar mil puertas sino en crear condiciones generales para que todos los potenciales inversionistas, incluyendo al empresariado existente, puedan confiar en el gobierno. Es mucho más importante que la población comprenda los retos que el país enfrenta a que el gobierno despilfarre sus recursos en opacidades interminables. El punto es que la confianza, clave para atraer inversión y generar crecimiento, depende de la calidad de la gobernanza y no de las promesas o preferencias de los funcionarios en lo individual.

La causa de nuestro estancamiento es evidente. El gobierno que apostó el crecimiento en un mayor gasto ahora tiene que echarse para atrás pero lo hace sin convicción o claridad de ruta. Esto es insuficiente en una era en la que los inversionistas tienen al mundo como su espacio para desarrollarse y crecer. Si México no ofrece condiciones idóneas, siempre habrá oportunidades en alguna otra latitud.

En el corazón del asunto radica una sola cosa: el gobierno tiene que entender que su propuesta inicial era correcta. Lo que los mexicanos quieren es un gobierno eficaz, es decir, un gobierno que funciona porque resuelve problemas y crea condiciones para que el crecimiento sea posible. El problema es que el gobierno identificó eficacia con control pero el control no es una estrategia sino un vicio. Lo que México necesita es un gobierno que funcione. Nada más, pero nada menos.

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Luis Rubio

A la memoria de Adolfo Sánchez Rebolledo

Charles Dickens, el gran autor británico que relató la enorme dislocación y empobrecimiento que representó la revolución industrial, comienza Historia de dos ciudades con su extraordinaria perspicacia: “Fue el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura; la época de las creencias y también de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo teníamos, pero no teníamos nada; caminábamos en derechura al cielo, y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual, que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, sólo es aceptable la comparación en grado  superlativo”. La historia se repite.

El gran tema del mundo en los últimos lustros es, nuevamente, el gran desajuste: la realidad avanza mucho más rápido que la capacidad de los gobiernos y las instituciones de adecuarse. La tecnología provoca grandes cambios en la economía y las familias, dislocando empresas, fuentes de trabajo y modos de producir, consumir y vivir. Así como la revolución industrial destruyó millones de empleos agrícolas, la revolución digital está alterando el statu quo en todos los frentes. Quien visitó alguna fábrica hace tres o cuatro décadas y lo vuelve a hacer en estos días notará una obviedad: la producción crece exponencialmente pero no así los empleos. Hace medio siglo se requerían dos trabajadores por telar; hoy un solo empleado, manejando una computadora, es responsable de hasta diez mil telares. El impacto social es evidente.

Pero la dislocación digital es infinitamente más compleja que la experimentada hace dos siglos porque, aunque desplazó muchos empleos agrícolas con la incorporación de maquinaria en el campo, el tipo de actividad no cambió radicalmente: en ambos casos, en el campo y en la industria, los empleos requerían habilidades manuales para trabajar las líneas de producción. En contraste, el trabajador promedio de una línea de producción industrial no tiene las características que requiere la era digital, donde se requieren habilidades intelectuales producto, en buena medida, del proceso educativo.

Dos cosas resaltan de observar la evolución de la industria automotriz en el país, quizá la más avanzada del sector industrial. Por un lado, la habilidad que han tenido los trabajadores para remontar las deficiencias del sistema educativo con que llegaron: cursos de entrenamiento y la enorme capacidad de adaptación que es típica del trabajador mexicano han permitido elevar la productividad y competir exitosamente con el exterior. Por otro lado, los procesos industriales que se localizan en el país siguen siendo, bajo comparaciones internacionales, relativamente simples. Es decir, el sistema educativo constituye un enorme impedimento a la incorporación de los sistemas productivos más avanzados del mundo, esos que vienen acompañados de los mejores empleos, los que más pagan.

La disfuncionalidad del sistema educativo es sólo un síntoma del problema más amplio que padece el mundo: no hay país, por desarrollado que sea, que no esté experimentando el mismo tipo de desajuste. La manifestación política de este fenómeno es evidente en el fortalecimiento de la extrema derecha francesa, el ascenso del populismo estadounidense en la figura de Trump e, incluso, en el atractivo electoral que, en su momento, representaron figuras como Chávez en Venezuela y los Kirchner en Argentina. Quienes se sienten atosigados por el ritmo de cambio, muchos de quienes han perdido empleos o viven con sueldos miserables, son carne de cañón propicia para estos movimientos. El mismo fenómeno ocurrió al inicio de la revolución industrial y no cejó sino décadas después, cuando la sociedad y sus instituciones lograron adecuarse a las nuevas realidades y sumarse a la nueva era económica. No hay razón para pensar que esta vez será diferente, pero eso implica décadas de dislocación, con las consecuencias que eso entraña.

Hoy en día existen mecanismos de ajuste (seguridad social, afores, pensiones, programas como Prospera) que permiten atenuar los costos más evidentes de estos desajustes, pero el fenómeno político no es distinto. Es decir, quizá los estragos humanos sean menos extremos, pero los impactos políticos sin duda lo serán. Las personas que pierden sus empleos, que no encuentran empleo o que tienen empleos improductivos, inevitablemente se suman a las filas de los frustrados que animan las soluciones populistas. Si a esto agregamos lo que inexorablemente tendrá que venir, la reestructuración de monstruos como Pemex, la dislocación política será enorme porque ahí no sólo se perderán empleos, sino que los perderán grupos sociales y sindicatos que por décadas han sido intocables y desarrollaron toda una cultura militante y agresiva. Las reverberaciones de la quiebra de Luz y Fuerza en la figura del SME habrá sido juego de niños comparado con lo que podría venir de Pemex.

México está particularmente  mal pertrechado para enfrentar el desajuste que viene. Tenemos instituciones débiles, un sistema de gobierno que ya de por sí era incapaz de lidiar con los retos de la era industrial y un gobierno ausente. Al mismo tiempo, ésta podría ser una gran oportunidad para transformar el sistema de gobierno y saltar dos etapas de un trancazo. El símbolo chino para crisis incorpora tanto peligro como oportunidad. La pregunta es cuál será nuestra preferencia.

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Luis Rubio

En su libro sobre la desigualdad, Thomas Piketty obligó al mundo a enfrentar un asunto políticamente explosivo. Aunque sus críticos han derrumbado buena parte del argumento en términos técnicos, nada le quita la trascendencia política que la desigualdad ha adquirido. Más allá de su utilidad para fines populistas y electorales, la desigualdad es inherente a la naturaleza humana; la pregunta relevante desde mi perspectiva es si ésta ha llegado a un extremo tal que amenaza la estabilidad y si sí, qué habría que hacer al respecto.

Según Piketty, la proporción de la riqueza en manos de una pequeña élite mundial va a seguir creciendo porque la tasa de retorno del capital es mayor a la tasa de crecimiento económico. Su conclusión es que el “capitalismo genera… desigualdades… insostenibles que minan de manera radical los valores meritocráticos sobre los cuales se sustentan las sociedades democráticas”. Su solución es cobrarle impuestos a los ricos.

Ian Morris, un historiador, ha estudiado la desigualdad a lo largo de los últimos quince mil años (comparado con 250 de Piketty). Su conclusión es que cada era desarrolla un equilibrio en términos de igualdad-desigualdad que empata las circunstancias y necesidades del momento. “Los diversos sistemas económicos funcionan mejor con niveles distintos de desigualdad, creando presiones selectivas que premian a quienes se acercan al punto óptimo y penalizan a quienes se alejan. Las transiciones entre un sistema y otro pueden ser traumáticas y es posible que ahora nos encontremos en el umbral de una transición”.

La fuente principal de desigualdad a nivel internacional en las últimas décadas parece surgir de la combinación de dos factores: por un lado, el acelerado crecimiento de la población en los setenta y ochenta (periodo en que la población del mundo se duplicó); y, por el otro, la creciente globalización de la economía. Ambos factores han acelerado la desigualdad, sobre todo porque, al incrementarse la reserva de talento en el mundo en el contexto de la globalización, cada persona –desde el trabajador más modesto hasta el empresario más encumbrado- de súbito entró en un espacio de competencia que nunca antes había existido. Dada la producción estandarizada, da igual si un producto es manufacturado en Malasia o en Guanajuato. Por su parte, la tecnología facilita la transferencia de servicios, poniendo a competir a empresas en los lugares más recónditos del planeta. En este contexto, un niño nacido en Hermosillo está compitiendo de frente con otro de su misma edad nacido en Shanghai o en Sao Paulo. La pregunta es si tienen similar capacidad (o “capital humano”) para competir.

En esta era, la capacidad de competir exitosamente se reduce a dos factores básicos: costos y capital humano. Los costos se determinan por factores tangibles como infraestructura y acceso a mercados, así como monetarios, como los tipos de cambio. El capital humano tiene que ver, esencialmente, con la educación con que cuenta cada persona y su capacidad de funcionar en espacios de alta competencia, usualmente determinados por la propia tecnología.

En su libro Desigual pero justo, Marc de Vos plantea otra dimensión. Según él, la acumulación de riqueza vieja no determina, como afirma Piketty, la desigualdad futura, sino que eso tiene mucho más que ver con las capacidades de cada individuo. De Vos plantea que estamos transitando hacia un sistema económico que fusiona el capital humano con el capital financiero donde crecientemente el elemento humano se torna dominante. La prescripción de de Vos es no perderse en intentos fútiles por gravar al capital sino más bien en ampliar las oportunidades para quienes se están quedando rezagados. Este, me parece, es el enfoque correcto y el gran reto del desarrollo económico de México.

La desigualdad en el país surge de dos factores clave: por un lado, la enorme polarización que existe en el sistema educativo que tiende a preservar (y, por lo tanto, ampliar) la desigualdad. En la medida en que un niño de clase media urbana tiene mejores oportunidades de aprender que el hijo de un campesino en la sierra de Oaxaca, la brecha de desigualdad se va ampliando. En este sentido, es obvio que el propósito medular del sistema educativo -igualar las oportunidades para todos los niños independientemente de sus circunstancias u origen- ha sido un estruendoso fracaso. Por muchas décadas, este asunto no parecía importante porque no se había dado la fatal combinación de avance tecnológico y globalización que ha exacerbado las diferencias. Hoy el desafío es monumental.

La otra fuente de desigualdad se deriva de la ausencia de competencia en la economía mexicana, lo que entraña la permanencia de fuentes de riqueza del tipo que Piketty observa como motores de una brecha creciente. Un monopolio (o el control de un mercado) implica que un empresario, sindicato o político no tiene que competir, asegurando lo que los economistas denominan como “renta”, utilidades excesivas que no se derivan del mercado. En esto, es igual si se trata de una empresa que controla un determinado servicio o producto, el líder sindical que tiene garantizado un porcentaje de los contratos de la empresa o el político que sabe dónde se va a construir un aeropuerto y se dedica a comprar tierra de manera anticipada para luego venderla con una enorme ganancia.

La desigualdad en México no surgió del cielo. Fue creada por personas de carne y hueso y, por lo tanto, puede ser desmantelada.

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Luis Rubio

La necesidad e importancia de un gobierno eficaz es obvia y no debería ser motivo de mayor discusión. Sin embargo, luego de leer el fascinante libro de Micklethwait y Wooldridge*, me parece evidente que éste no se logrará en tanto no se resuelvan asuntos fundamentales de lo que es y la forma en que se conduce el Estado mexicano. Mientras que algunos países experimentan lo que los autores llaman la “cuarta revolución” del Estado, en México ni siquiera hemos logrado concluir la segunda, esa que tuvo lugar al final del siglo XVIII y principios del XIX. De ese tamaño es nuestro atraso.

La primera revolución tuvo que ver con la conformación del Estado en el siglo XVI y que tuvo por consecuencia una semblanza de orden y paz. Esa fue la era de la centralización del poder, el sometimiento de los señoríos feudales en Europa y la consolidación del emperador en China. La función del gobierno en esa etapa era la de ejercer el poder y su legitimidad se medía por la efectividad de su gestión, sobre todo en términos de seguridad (razón por la cual, según los teóricos de la época, como Hobbes, ésta estuvo dispuesta a someterse a un gobierno fuerte). Los monarcas establecieron el monopolio del poder dentro de su territorio, subordinaron a las fuentes de autoridad y poder que los resistían (incluyendo a la Iglesia) y le confirieron enorme poder a los grandes administradores: la era del cardenal Richelieu, que construyó un eficaz sistema de administración y recaudación de impuestos. Según los autores, Europa logró un sistema de gobierno mucho más fuerte que el hindú de la época (plagado por su perenne debilidad) pero a la vez mucho más descentralizado que el chino, permitiendo la proliferación de nuevas ideas, métodos y, en general, ilimitada creatividad.

La segunda revolución consolidó al Estado liberal justo en la época de la Revolución Francesa y la independencia estadounidense. Los nuevos gobernantes comenzaron una era de reformas que tuvieron el efecto de desmantelar los sistemas clientelares, incorporaron sistemas meritocráticos  de ascenso burocrático y construyeron mecanismos de rendición de cuentas. El resultado fue la conformación de un servicio civil de carrera, el ataque sistemático al compadrazgo en la relación entre gobierno y sociedad, la liberalización económica y las constituciones diseñadas para proteger los derechos ciudadanos. La tercera revolución fue la del Estado de bienestar y la cuarta entraña a búsqueda de una eficacia que equipare el extraordinario éxito del sistema de gobierno de Singapur pero dentro de un contexto democrático y liberal.

En México nunca se concluyó la segunda revolución en la nomenclatura de estos autores: se produjo un gobierno a la vez débil como el de India, pero también sumamente rígido y centralizado como el de China (siglo XIX y XX), ambos extremadamente ineficaces. Aunque con excepciones, nunca se consolidó una burocracia moderna. Por su parte, en el ámbito económico, la liberalización fue parcial e incompleta: persisten excepciones, cotos de caza, empresas paraestatales (y privadas) que no compiten, espacios protegidos y subsidios distorsionantes. Más importante, no sólo no se desmantelaron las estructuras de privilegio y clientelismo, sino que ahora comienzan a recrearse y reforzarse. Los autores escriben que los “victorianos (de la reina Victoria, 1819-1901) consideraban que el gobierno debe resolver problemas en lugar de simplemente recaudar impuestos”. La experiencia de reformas recientes como la de telecomunicaciones, para no hablar de la fiscal, nos coloca antes de la era victoriana…

Una de las razones por las cuales hay tanta insatisfacción con el gobierno es precisamente su falta de eficacia, que en buena medida se deriva de la racionalidad de nuestro sistema de gobierno fundamentada en el ánimo de controlarlo todo y preservar privilegios, así como la glotonería que lo caracteriza. Los autores incorporan una discusión que me parece explica mucho de lo que acontece en la realidad actual del país: en México el sector privado ha tenido que transformarse para no ser arrasado por la competencia y para crecer y desarrollarse. La globalización le ha obligado a elevar sus índices de productividad, mejorar la calidad de sus bienes y servicios y a competir por el favor del consumidor. No así el gobierno que, con excepción de lo fiscal frente al colapso del petróleo, no enfrenta retos fundamentales.

Según los autores, muchos gobiernos alrededor del mundo implícitamente asumen que el sector público se mantendrá inmune e intacto frente a los avances tecnológicos y las fuerzas de la globalización que han subvertido de manera tan profunda al sector privado. Es decir, no es casualidad que en México tengamos un sector privado del primer mundo y un sistema de gobierno del quinto.

La pregunta es si, en este contexto, es posible construir un gobierno eficaz como el que el presidente propuso en su campaña. La evidencia sugiere que lo que permite –y, de hecho, obliga- al gobierno a transformarse es la existencia de fuerzas e ideas que provocan el cambio, justamente lo opuesto a lo que el gobierno ha ido avanzando: centralización, control y subordinación. A México claramente le urge un gobierno eficaz porque esa es condición sine qua non para el desarrollo. Sin embargo, como prueba este libro, la eficacia se deriva del profesionalismo, eliminación de privilegios y prebendas. ¿Saltaremos a la cuarta revolución o seguiremos atorados entre la primera y la segunda?

*The Fourth Revolution: The Global Race to Reinvent de State, Penguin Pess, 2014

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@lrubiof

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