Luis Rubio

“La política», escribió el gran comediante Groucho Marx, «es el arte de buscar problemas, encontrarlos en todas partes, diagnosticarlos erradamente y aplicar los remedios equivocados.” El problema de México no radica en las elecciones, el voto, las alianzas, el mando único, la segunda vuelta, el “frente opositor,” la corrupción o la reelección de legisladores, sino en la capacidad de la clase política -la ampliada, incluyendo a todos los partidos que, desde 1996, son parte del mundo de privilegios- para preservar el statu quo. Es decir, el verdadero problema es que no hay ni la menor disposición a cambiar la realidad existente por parte de quienes tienen el poder para no cambiar nada. Quien observó las recientes elecciones del estado de México o Coahuila no puede más que concluir que el problema no radica en el procedimiento electoral sino en la esencia del sistema político.

Quizá no haya mejor manera de describir el fenómeno que caracteriza al debate (o conjunto de monólogos) de los meses recientes que el que describe el viejo dicho panista de que “no hay que hacerse ilusiones para que no haya desilusionados.” Por alguna extraña razón, ha emergido la noción de que los problemas políticos del país se reducen a contiendas desequilibradas que conllevan a cálculos de voto útil y a la ausencia de mayorías legislativas que le permitan al gobernante en turno imponer sus preferencias. Es decir, el problema, en esta caracterización, es que la ciudadanía es estúpida y que, en lugar de expresar sus preferencias, debe ser conducida por personas que entienden mejor cómo se resolverían los problemas del país.

Décadas de observar la dinámica política nacional me han enseñado al menos tres cosas: primero, que no hay soluciones mágicas y que los problemas no se resuelven con la adopción de respuestas superficiales que no atienden al asunto de fondo. La segunda vuelta es eso: una solución mágica, un fetiche, porque parece responder a la problemática del momento, pero no ataca la esencia; supone que todos los actores en juego son honestos y se apegan a las reglas del juego. Las elecciones recientes demuestran que esta es una falacia y que se requiere un cambio político de vuelos mucho más grandes para que cambien las relaciones de poder que son, a final de cuentas, el fenómeno que preserva el statu quo.

Un segundo aprendizaje es que México vive dos mundos: el del debate, la discusión y las soluciones fáciles, por un lado, y el del poder por el otro. Uno discute, propone, analiza y aboga -con honestidad- por soluciones a los problemas del día. El otro preserva el statu quo. Quizá no haya mejor ejemplo de esto que la legislación en torno a la reelección de legisladores: el concepto elemental que yace detrás de la reelección consiste en acercar al legislador con la ciudadanía a la que (supuestamente) representa. Sin embargo, a la hora de aprobar la ley respectiva se incorporó un “pequeño” requisito para que un legislador se reelija: que obtenga la aprobación del liderazgo del partido. Con esa restricción, los defensores del statu quo y de la inmovilidad cercenaron el vínculo que hacía relevante y útil la reelección; el resultado será que tendremos legisladores de por vida sin jamás haber gozado del apoyo ciudadano. Lo probable es que algo similar ocurra con la segunda vuelta.

El tercer aprendizaje es que todo mundo juega un juego perverso. Los opinadores, analistas y críticos proponen soluciones, pero luego se aferran a mitos, soluciones mágicas y fetiches que no resuelven el problema de fondo. Por su parte, los dueños del poder aceptan las recomendaciones y luego generan soluciones que no atienden al problema real. Unos se aferran a su definición del problema, otros aniquilan la viabilidad de la solución. Lo fantástico es que se generan mitos que sirven para evitar el asunto de fondo. Los beneficiarios se van a celebrar, como ocurrió después de las elecciones recientes, en tanto que los críticos se abocan al siguiente fetiche.

En el fondo, el problema no es la forma en que se conducen las contiendas electorales, aunque ahí se aprecien -en tecnicolor- los síntomas del caos político-electoral en que ha caído el país, sino en el monopolio del poder que ha tenido la capacidad para paralizar todo, hacer irrelevantes los procesos electorales y corromper al poder legislativo. Desde esta perspectiva, podemos seguir cambiando todas las leyes que queramos, promover modificaciones a la ley en materia electoral o demandar “gabinetes de coalición,” pero ninguna de estas va a alterar la esencia del statu quo. Y ese es el asunto crítico: el problema no es de leyes o de formas, sino del divorcio entre los que gobiernan y quienes los padecen. Y eso se traduce en ausencia de gobierno.

En años recientes hemos observado el renacimiento de la visión del gobierno controlador que no se preocupa del sentir ciudadano, ese que cree que puede manipular el voto e imponerse sobre las preferencias ciudadanas. En esto no es distinto el gobierno actual de su principal retador: ambos viven en el México de los 60-70.

México va a cambiar el día en que la sociedad, y sus opinadores, se sumen para modificar la esencia y no sólo los síntomas. Todo el resto es ilusión.

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Luis Rubio

La mayoría de los argumentos a favor de la segunda vuelta electoral se sustentan en una falacia de la política real en nuestro país, a la vez que ignoran una de las razones por las cuales la segunda vuelta podría ser una solución significativa: todo depende del problema que se quiera resolver. La falacia reside en la noción de que una mayoría legislativa garantiza la gobernabilidad; la oportunidad radica en la eliminación de los incentivos que hoy propician campañas grotescas como la más reciente que caracterizó al estado de México.

El argumento más frecuentemente esgrimido para la segunda vuelta es la obtención de mayorías legislativas que permitan gobernar. Sin embargo, el presidente Peña demostró que la existencia de una mayoría legislativa no es una condición necesaria: todas sus reformas fueron aprobadas por una amplia coalición de partidos, casi siempre con el voto íntegro de las principales fuerzas políticas. Eso no se logró gracias a un agudo y convincente debate sustantivo, sino a un costoso pero exitoso maiceo. O sea, en nuestra realidad, las mayorías legislativas son simples de construirse por los profesionales del poder.

En los recientes comicios se pudo apreciar una enorme distorsión de nuestra maltrecha democracia: tenemos un Rolls Royce de sistema electoral, incluyendo a un consejo y a una Fepade pero que no se manchan las manos ni con el pétalo de una denuncia en una realidad de terracería llena de baches y mafias en el piso en que se conducen las campañas. Ese terreno es fértil para la proliferación de costosísimas estrategias de miedo, mentira, manipulación e intimidación que procuran generar un voto útil para preservar el statu quo. El choque entre la realidad en la tierra y la vida fácil en las alturas del INE es flagrante, nulificando al supuesto árbitro y engendrando incentivos a la protesta.

Desde esta perspectiva, para los puristas del sistema electoral y los promotores de la segunda vuelta, el problema medular del país reside en “una democracia sin demócratas,” es decir, una disfuncionalidad que ha llevado a que los partidos abusen de manera sistemática, aprueben leyes que saben que van a violar, ignoren los límites de gasto en las campañas y, en una palabra, vean al gobierno como un botín y no como una responsabilidad. O sea, el problema es de cultura.

Hace años, Guillermo Trejo evidenció la falacia de este argumento: “El funcionamiento de las democracias es un problema de instituciones efectivas. La cooperación y la eficiencia gubernamental no son producto de virtudes individuales, sino de sistemas de pesos y contrapesos que incentiven el buen funcionamiento de las instituciones estatales. El problema no es encontrar al Roosevelt, al Churchill, al Mandela, al Adolfo Suárez mexicano. Madison lo sabía: ‘Si los ángeles gobernaran a los hombres, ningún tipo de control gubernamental, ni interno ni externo, sería necesario.’ Pero como ninguna sociedad está gobernada por ángeles, sino por hombres y mujeres con intereses y pasiones, los Federalistas idearon una fórmula eficaz: arreglos institucionales para contraponer las ambiciones humanas. La fórmula es sencilla: Más que esperar el advenimiento de grandes estadistas, se trata de incentivar a los gobernantes, incluso al peor de los rufianes, a garantizar el estado de derecho y a rendir cuentas, en aras de su propio interés. No es, pues, problema de voluntades, como solemos decir, sino de incentivos. No es Freud, es Madison”.

Entonces, a menos que se emprenda otra reforma electoral más que no conduzca a resolver los problemas de nuestra realidad, la pregunta clave es qué se requiere para construir incentivos que propicien comportamientos distintos. El asunto de fondo no es que nuestros políticos ignoren el problema, sino en que no ven porqué cambiar un sistema que les ha sido tan benigno.  En consecuencia, el asunto es de poder: la sociedad versus los privilegiados del sistema político.

En México llevamos cuarenta años desde la primera reforma electoral y todavía no logramos construir un sistema político susceptible de lo esencial: gobernar dentro de un entorno de rendición de cuentas. En Francia, la Cuarta República hizo su aparición luego de la guerra, en 1946, pero resultó disfuncional. En contraste con nuestros políticos, los franceses se dedicaron a corregir los errores de aquel sistema y, en 1958, inauguraron la Quinta República, que desde entonces los rige. Si vamos a copiar uno de sus mecanismos, quizá debiéramos entender el contexto en el cual éste se construyó y el conjunto del andamiaje que incluye.

La única razón por la cual creo que una segunda vuelta tiene sentido es que eliminaría el beneficio y, por lo tanto, el incentivo, a manipular, comprar votos, fabricar encuestas e intentar promover o castigar a candidatos en aras de generar voto útil para el partido en el poder. Cuando hay dos vueltas, las campañas son más limpias, los partidos buscan sacar el máximo voto posible y no hay beneficio para las campañas negativas. La segunda vuelta puede resolver este problema, pero no todos los problemas. Todo depende de los incentivos.

La pregunta clave acaba siendo qué puede hacer la ciudadanía para cambiar los incentivos de los políticos.

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Luis Rubio

 Luis Rubio

De la «dictadura perfecta» México pasó a la «democracia imperfecta.» En las últimas décadas, el viejo sistema se colapsó pero no desapareció: si bien hoy hay elecciones regulares que son impecables en su manejo y administración (independientemente de que un candidato y su partido las dispute), México está lejos de ser una democracia funcional, eficaz y al servicio de la ciudadanía. Las consecuencias de esa nueva realidad son palpables.

El viejo sistema fue perdiendo capacidad de control esencialmente como resultado de su propio éxito en pacificar al país luego de la Revolución y sentar las bases para el crecimiento; elevadas tasas de crecimiento a lo largo de varias décadas (40-60) generaron una enorme diferenciación en la sociedad mexicana, un extraordinario crecimiento urbano y el desarrollo de profesiones, universidades y todo tipo de factores que, en el tiempo, resultaron incompatibles con el viejo sistema de control. Poco a poco, la sociedad mexicana fue abriéndose espacios frente al control centralizado del poder, debilitando sus estructuras tradicionales que, además, probaron ser excesivamente rígidas para ajustarse y adaptarse.

No hay que perder de vista que el sistema se creó para pacificar al país y establecer un proceso institucionalizado de toma de decisiones luego de la gesta revolucionaria. El mecanismo de atracción -la zanahoria- de los liderazgos que se incorporaron a la nueva organización fue la promesa de acceso al poder y/o a la riqueza a través del sistema; el costo de incorporarse consistía en perder libertad de operación fuera del sistema, dado que la pertenencia al nuevo partido (PNR) entrañaba la aceptación de las reglas «no escritas» del sistema, cuya esencia era el sometimiento al poder presidencial. El sistema fue tan efectivo en cumplir su cometido que México creó una casta de políticos ricos y poderosos como resultado de su pertenencia al exclusivo club. La llamada «familia revolucionaria» cuidada de los suyos y los compensaba con generosidad.

El paso de Carlos Salinas por la presidencia fue ilustrativo de los incentivos encontrados: un presidente modernizador, el único estadista que los mexicanos vivos hemos conocido (en términos de construir un proyecto de desarrollo de largo aliento, afectando importantes intereses en el camino), se dedicó a transformar los cimientos de la economía del país con el objeto de elevar su tasa de crecimiento. Innumerables reformas siguieron en materia de comercio exterior, inversión extranjera y regulación económica, además de la privatización de empresas hasta entonces propiedad del gobierno, como la telefonía, la televisión y el sistema bancario. Las reformas en materia económica fueron ambiciosas y profundas pero, al mismo tiempo, se vieron limitadas por el objetivo ulterior que, no por implícito, dejaba de ser evidente: se procuraba elevar la tasa de crecimiento de la economía para evitar un cambio político, es decir, la pérdida de control del sistema y los beneficios que éste le prodigaba a sus integrantes. Los costos de esa dualidad acabaron siendo evidentes en la crisis de 1995 y no se han erradicado.

La era de Salinas coincidió con la de Gorbachov en la Unión Soviética: ambos encabezaron momentos reformistas en sus países. Gorbachov lideró un proceso de apertura política (glasnost) al que concibió como necesario para hacer posible la transformación económica (perestroika). El resultado fue que Gorbachov perdió el poder y el sistema soviético se colapsó. En ese contexto, Salinas, agudo observador de lo que ocurría en aquellas latitudes, se concentró en las reformas económicas, así estuvieran éstas limitadas por el condicionamiento político. La consecuencia fue doble: por una parte, las reformas sembraron la base de una nueva economía, competitiva y productiva, pero limitada en su alcance, dejando a una enorme porción de la población distante de los procesos modernizadores y con muy bajos niveles de productividad. Por otro lado, en una de esas ironías de la historia, tanto México como Rusia, cada uno a su manera y en su tradición histórica, eventualmente reconstruyeron parte de sus viejos sistemas políticos.

El hecho relevante fue que la economía mexicana experimentó una profunda transformación pero no generalizada; a la vez, la vieja clase política, mucha de ella opuesta a las reformas de estas décadas, ha seguido un proceso gradual, pero sistemático, de reconcentración del poder, guiado más por la nostalgia del viejo sistema que por la existencia de un modelo político o económico alternativo. Entonces, ¿se podrá cambiar?

Hay innumerables ejemplos de efervescencia social a lo largo y ancho del país. En algunos casos, grupos de mujeres se han levantado para cerrarle las puertas al narco; en otros, comunidades enteras se han abocado a buscar a sus parientes desaparecidos en la violencia de los últimos años. Hay muchos más ejemplos de movilización ciudadana de lo que uno se imagina a primera vista. Sin embargo, no es obvio que de ahí pudiera surgir una capacidad clara y sistemática de cambio, pero esa es quizá la única oportunidad que tiene México para romper, de manera institucional y sin violencia, con los impedimentos que hoy mantienen al país en la desazón.

*extracto del libro Un mundo de oportunidades http://bit.ly/2syezl3

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Luis Rubio

Todo mundo supone que el presidente tendrá la posibilidad de imponer al candidato de su preferencia, como si nada hubiera cambiado en las últimas décadas, pero especialmente desde la derrota del PRI en 2000. El viejo sistema se fue deteriorando -y produjo repetidas crisis- no por la capacidad o incapacidad de personas en lo individual, sino porque el sistema concebido luego de la Revolución ya era incompatible con un mundo cambiante y un país moderno, grande y demandante. Ahora, luego de patéticos resultados electorales -con calzador y, en el mejor de los casos, de panzazo y con conflicto subsecuente-, la mera pretensión de poder imponer a un candidato desde el zenit presidencial parece absurda. Como dijo Marx, la historia se repite, la primera vez como tragedia, luego como una farsa. Ante este escenario, quizá no haya pregunta más importante para el próximo año -y, quizá, para la próxima década- que la forma en que actuarán los priistas.

La historia del PRI es la historia del dedazo, la concentración del poder -del poder unipersonal-, de la paz impuesta desde el centro y del control político vertical. Ese es el modelo que ha intentado recrear el presidente Peña en estos años, pero su inviabilidad ha sido el resultado de la nueva realidad política -y social, económica y tecnológica- que caracteriza al país y al siglo XXI. El PRI de hoy ya no es el de antes y los sistemas de control de antaño sólo producen confusión y, luego, caos.

El nuevo panorama, justo a un año de los próximos comicios para la presidencia, no es alentador para un gobierno tan impopular y, sobre todo, para un momento tan sensible y delicado, tanto en lo interno como en lo externo. No es sólo el enojo popular, la inseguridad que ignoran y desdeñan los políticos o el pobre desempeño económico para un enorme número de mexicanos, sino también la evidencia de corrupción y la flagrante impunidad. No es obvio que estas circunstancias sean distintas al pasado, pero sí lo son las percepciones y el amplio acceso a la información. Como dice David Konzevik, «los pobres de hoy son ricos en información y millonarios en expectativas.» Cualquiera que sea la causa, el PRI que hoy se perfila a la próxima justa presidencial no vive sus mejores días.

El problema del PRI ciertamente no es novedoso, pero el gobierno actual lo ha agudizado; ha enajenado a los propios priistas: su administración incluye esencialmente a políticos del edomex y excluye a prácticamente todos los demás, circunstancia que ha enardecido al partido en todos los rincones del país. En segundo lugar, desapareció la quizá más impactante de las características que hacían distintivo al PRI: su disciplina casi leninista en la búsqueda del poder. En las elecciones de 2015, por ejemplo, el gobierno jugó contra el PRI en una jugarreta de palacio pero con desastrosas consecuencias para el PRI. Tercero, tan distante de la realidad se ha vuelto que se ha perdido en estratagemas de fragmentación del electorado que lo han convertido en el principal promotor de Morena.

Por donde uno lo vea, el gobierno se ha convertido en un dolor de cabeza para los propios priistas. Es en estas condiciones que se avecina la asamblea del PRI de agosto próximo. Dado el desempeño del gobierno y del partido, todo anuncia que habrá una enorme rebelión entre los priistas, rebelión contra el gobierno o, más concretamente, sobre cómo se nominará al próximo candidato presidencial y con qué mecanismo o criterio. Es decir, una rebelión contra el dedazo.

Una rebelión no tiene por qué implicar gritos o golpes, pero sí puede entrañar una transformación radical del sistema político mexicano y ahí yace su trascendencia y complejidad. Trascendencia porque el sistema de gobierno que tenemos, el que construyó Plutarco Elías Calles empleando como modelo -diría Roger Hansen- al porfiriato, sigue siendo el mismo en su esencia a pesar de la enorme transformación que ha experimentado el país (y el mundo) en el último siglo, o sea, un anacronismo. Por otro lado, la complejidad de una rebelión como la que anticipo radica en que algunos de los “alzados” buscarían preservar los privilegios pero sin la disfuncionalidad del dedazo (o sea, la tía y la bicicleta), en tanto que algunos otros, quizá los menos, promoverían una reforma radical del sistema.

Vienen, en consecuencia, meses complejos en los que se podrían sentar las bases para la reconfiguración del viejo sistema político o para su colapso final. Cualquier cosa es posible, sobre todo porque lo fácil es iniciar una rebelión; mucho más difícil es controlar su resultado: una vez que ésta inicia, nadie sabe cómo termina. En un escenario así, los priistas tendrían en sus manos la oportunidad de crear condiciones para la construcción de un nuevo sistema político (y darle sepultura al disfuncional sistema de hoy), o para generar caos al pretender preservar los privilegios sin darle viabilidad económica o política. La diferencia radicaría en quién o, más bien, qué gana: la construcción del nuevo entramado institucional que le urge al país o el intento de preservar, bajo nuevas reglas, el mundo de corrupción, privilegios e impunidad que han sido el sello de la casa desde su inicio.

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Luis Rubio

El país lleva décadas confrontando el pasado con el futuro sin querer romper con el primero para abrazar decididamente al segundo. La evidencia es abrumadora y particularmente visible en la interminable colección de acciones gubernamentales orientadas a pretender cambiar sin querer que haya cambio alguno.

En los dos ámbitos en que mayor ha sido el activismo político-gubernamental de las últimas décadas -lo electoral y lo económico-comercial- el país se ha caracterizado por enormes reformas con relativamente pobres resultados. Dudo que haya muchos países en el mundo que hayan experimentado tantas reformas electorales en tan pocos años y, a pesar de que éstas han arrojado un sistema extraordinariamente ejemplar y profesional, imitado alrededor del mundo, seguimos viviendo una incontenible disputa electoral y, sobre todo, de credibilidad, cada que hay elecciones. En la economía, el país se ha desvivido por concertar acuerdos comerciales a lo largo y ancho del mundo y ha llevado a cabo ambiciosas reformas que nunca acaban de aterrizarse o implementarse a cabalidad.

No sería exagerado afirmar que, gracias al TLC norteamericano y a las oportunidades de empleo que la economía estadounidense aportó por décadas, la clase política mexicana no ha tenido que cambiar sus costumbres o disminuir sus privilegios. Si bien el desempeño económico promedio ha sido, por decir lo menos, mediocre, éste ha sido suficiente para mantener el bote a flote. En el ámbito político, las reformas electorales tampoco han cambiado la naturaleza de la interacción partidista, aunque la han hecho mucho más compleja: siguen fluyendo ríos de dinero, los gobiernos salientes y el gobierno federal siguen dedicados a manipular los resultados y los puestos de elección popular siguen siendo fuentes de enriquecimiento, no de buen gobierno. Todas esas reformas han fracasado en producir un sistema eficaz de gobierno, como ilustra la crisis de seguridad.

Otra manera de decir esto es que el país sigue viviendo en el pasado aunque le haga caravanas al futuro. Deidre McCkloskey expresó esta idea de una manera por demás explicativa: “la izquierda y la derecha se unen en oposición al futuro: la primera porque no es un futuro planificado y la segunda porque éste no es idéntico al pasado.” El futuro que todo mundo promete acaba siendo una quimera porque nadie tiene ni la menor intención de construirlo.

Hoy, día de elecciones, es necesario reflexionar sobre las promesas de candidatos en campaña frente a los rezagos, carencias, problemas y atrasos que persisten y que son producto de un pasado que los creó pero que es incapaz de resolver ¿Cómo conciliar estas dos realidades, estas dos caras de una misma moneda?

Históricamente, el país ha sido un botín -para robar o para construir otro puesto, pero botín al fin- para los partidos y políticos, lo que obliga a preguntar si el ejercicio continuo e imparable de posponer soluciones es sostenible. Es decir, si bien la economía ha crecido a un ritmo de más o menos 2% en las últimas décadas, esa cifra, como todo promedio, esconde más de lo que revela. Algunas entidades y regiones crecen a tasas casi asiáticas en tanto que otras se contraen. El potencial de conflicto social en estas últimas es infinito y, en muchos sentidos, constante. A pesar de ello, gobiernos van y vienen pero los rezagos -y sus consecuencias- persisten.

Los mundos del pasado y del futuro no se comunican, pero uno depende del otro y es ahí donde choca la actividad gubernamental. Los problemas del pasado -inseguridad, mala educación, pésima infraestructura, ausencia de autoridad- impiden que se construya el futuro, ese que requiere condiciones idóneas para que los individuos puedan desarrollar sus capacidades al máximo. Parecería obvio que es necesario lidiar con el pasado para que sea posible construir el futuro, pero esa obviedad no lo es en el terreno de la acción gubernamental porque implica afectar intereses: la inseguridad o la mala educación se pueden resolver, pero la solución implica meter al redil a grupos políticos, sindicatos y, en general, intereses dedicados a depredar del statu quo. Así, el pasado -que sigue siendo presente- impide la construcción del futuro.

Un nuevo gobierno tendría que pensar en cómo transitar de un lugar al otro. No es posible proponerse atraer inversión -el estado de México, por ejemplo, la ha venido expulsando- a menos que se atiendan los problemas de seguridad. La inseguridad, un rezago y resabio del viejo sistema político, sólo puede enfrentarse con un sistema de gobierno distinto, fundamentado en concepciones del siglo XXI, no las que el viejo priismo heredó del porfiriato. Sin seguridad, el futuro es inconcebible. Lo mismo sucede con la educación: la educación concebida para el control y el beneficio sindical es incompatible con la economía del conocimiento y es la principal causa de los malos empleos y bajos salarios. No es casualidad que sus baluartes sindicales sean los principales soportes de la convocatoria más reaccionaria y retardataria en la elección del Edomex de hoy.

Con Trump, el agua le llegó al tope al viejo sistema. La pregunta es quién ofrece una mejor alternativa.

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Luis Rubio

Lo único implacable de la vida es el tiempo que ya pasó y así, en materia política, el país se acerca al inicio de la sucesión presidencial. Se afinan las posturas, afloran múltiples candidaturas y, poco a poco, se va perfilando la última etapa del ciclo sexenal. Como escribiera Miguel de Cervantes, “no es posible que el mal ni el bien sean durables… así que no debes congojarte por las desgracias…” El panorama se aclara, evidenciando las carencias, sobre todo la obvia: por qué, después de tantas décadas de reformas y buenos deseos, el país sigue atorado, siendo incapaz de dar ese gran salto adelante que caracteriza a tantas sociedades exitosas en el mundo.

En su discurso de aceptación del premio Nobel, Albert Camus anticipó lo que le ha pasado a nuestro país en estas décadas: “Indudablemente cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe que no lo logrará… Heredera de una historia corrompida, en la que se mezclan las revoluciones fracasadas… y las ideologías extenuadas; en la que poderes mediocres, que pueden hoy destruirlo todo, no sabe convencer…”

Todos los gobiernos llegan a su inauguración con la certeza de que ellos sí sabrán cambiar al mundo, que todos sus predecesores eran torpes e ineptos. Quizá nadie como Trump en este sentido, pero el fenómeno es universal: por promesas ningún candidato para; todos creen que dejarán una huella imborrable, los cimientos del futuro. Así comenzó el gobierno del presidente Peña, quien, con toda fanfarria, lanzó una serie de iniciativas y estrategias, tanto de reforma como de forma de gobernar, que acabaron arrojando un saldo mixto: avances legislativos (casi) sin precedente, pero una realidad cotidiana en creciente deterioro. Parte de esto fue producto de las contradicciones inherentes al propio gobierno, pero mucho de ello no distinto a lo que le ha ocurrido al país en el último medio siglo.

La contradicción de fondo no es privativa del gobierno actual: es la misma piedra con la que se han tropezado todos los gobiernos desde los ochenta. En días pasados tuvimos una ventana de oportunidad que permitió observar uno de los muchos ejemplos que ilustran la incapacidad de romper con el viejo sistema político. El caso de los ladrones de combustibles, los llamados “huachicoleros,” es sugerente del problema de fondo; más allá del enorme costo tanto económico como de legitimidad para el sistema de gobierno que representa la impunidad en este y todos los demás asuntos nacionales, la realidad es que no existe incentivo alguno para limitar, impedir o castigar a quienes incurren en este delito por una razón muy simple: hay huachicoleros que son detenidos hasta dos y tres veces en un mismo día y, luego de pagar una multa simbólica, salen en libertad para seguir con sus fechorías. Lo hacen porque no es un delito grave, es decir, que no implica cárcel; por lo tanto, aún con las policías que tenemos, el incentivo para aprehender a estos delincuentes es negativo porque no hay consecuencias. La pregunta relevante no es por qué se roban el combustible (eso es obvio), sino por qué no se trata de un delito grave que sirviera, al menos en principio, como un factor disuasivo. La respuesta evidente es que hay poderosos intereses políticos, sindicales y criminales que se benefician del statu quo y tienen el poder suficiente, o la capacidad de amenaza necesaria, para preservarlo.

Lo mismo es cierto en todos los ámbitos de la vida nacional: no hay reforma -económica, política, laboral o de derechos civiles o humanos- que no afecte a poderes enquistados que, por décadas, han depredado del sistema y expoliado al erario de manera directa o indirecta. Esos intereses han logrado que las reformas, desde las modestas hasta las más ambiciosas, nunca lleguen a arrojar todos sus beneficios, pues eso implicaría alterar el statu quo del cual se benefician. Así, las reformas no avanzan ni traen beneficios plausibles, creando un círculo vicioso: la reacción -y los reaccionarios- en este mundo las desacreditan, prometiendo retornar al mundo idílico del pasado. Y ahí se cruza la realidad cotidiana con el asunto electoral en ciernes.

La reciente elección francesa estableció un nuevo parangón. En contraste con la estadounidense del año pasado, en que Trump abrazaba posturas cada día más extremas y Hillary no hacía sino prometer lo mismo pero un poquito menos (ej. el TPP), los candidatos franceses no perdieron el tiempo: Le Pen proponía un retorno al pasado en tanto que Macron planteaba una ambiciosa agenda propositiva, benéfica y arrojada, lo vivido contra el futuro, la nostalgia frente a la esperanza. Me pregunto si habrá algún candidato en México capaz de plantear un futuro distinto, una oportunidad esperanzadora para una sociedad sumida en la desazón. Romper el círculo vicioso.

El pasado ya lo conocemos y ese es justamente el de los intereses que yacen detrás del poder del viejo sistema político y que, como ilustran los huachicoleros, no fueron perturbados ni por los gobiernos del PAN. México necesita un nuevo régimen político: ojalá los aspirantes que con tanto ahínco se pelean por las candidaturas, tengan también la visión, y el temple, para romper con el viejo régimen que todo lo carcome.

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Luis Rubio

Los reformadores mexicanos me recuerdan a aquella famosa predicción del basquetbolista de los NY Knicks, Micheal “Sugar” Ray Richardson, de que su equipo era “un barco que se estaba hundiendo.” Cuando un periodista le preguntó ¿qué tanto se podría hundir?, la respuesta fue “el cielo es el límite.” Las contradicciones son inherentes a nuestro sistema de gobierno, diseñado para que todo cambie y que, al mismo tiempo, todo siga igual.

Desde los ochenta, el país se embarcó en un proceso de reforma con un objetivo público muy claro, pero con una agenda privada al lado. Lo público era elevar la productividad con la meta de, por ese medio, incrementar las inversiones y, con ello, la generación de riqueza y empleos bien remunerados. El proyecto era técnicamente impecable porque revelaba una comprensión cabal de la naturaleza del problema, al menos en términos económicos.

El país se había estancado porque tenía una economía endogámica donde proliferaban los monopolios públicos y privados, en la que los negocios de los políticos condicionaban el desarrollo de la economía y donde los sindicatos determinaban qué avanzaba y qué se estancaba. El llamado «sistema» trabajaba para un solo objetivo: preservar y aumentar los privilegios de la clase política, descendiente de la «Familia Revolucionaria» que, por haber ganado aquella batalla épica, se sentía dueña del país, de sus recursos y de su futuro.

Aunque es evidente que mucho ha cambiado, lo que permanece de aquel mundo es esclarecedor. Ejemplos no faltan: hay mucha demanda de empleo y mucha oferta pero, gracias a los sindicatos magisteriales (en todas sus variantes), que siguen privilegiando el control sobre la educación, muchos demandantes de empleo no cuentan con las habilidades requeridas. Otro ejemplo: gracias al negocio de políticos y sindicatos tenían el monopolio de las pipas de Pemex, el país cuenta con muchos menos gasoductos y oleoductos de los que requiere una economía que aspira a crecer con celeridad. Un último ejemplo: no se si algún mexicano se ha percatado que tenemos un pequeño problema de seguridad, justicia, corrupción e impunidad, pero parece evidente que eso no le es obvio a quienes son responsables de la conducción de los asuntos nacionales a todos los niveles de gobierno; quienes han detentado el poder y sus candidatos ven este asunto como una mera molestia.

Es en este contexto que habría que evaluar reformas como la de energía, educación y el propio TLC, para no hablar de asuntos como la corrupción y la reforma de justicia: la condición sine qua non para que crezca la inversión es la certidumbre jurídica y patrimonial, misma que es imposible en la medida en que persista -en la práctica legal y burocrática- el viejo sistema político y los criterios que lo animaban. El reto que esto impone en materia de energía es enorme. Justicia, seguridad y crecimiento económico van todos de la mano.

México es reconocido alrededor del mundo por las reformas que, desde hace tres décadas, comenzó a emprender. Sin embargo, comparado con otros países también reformadores, nuestro progreso ha sido menor por la agenda privada que ha acompañado a las reformas: todo se vale mientras no amenace los intereses y privilegios de los beneficiarios del sistema político de antaño. Tan arraigado es el criterio que hasta las dos administraciones panistas lo preservaron. La forma en que se ha conducido el gobierno federal en la contienda electoral del Estado de México es sugerente: todo se vale para que no se amenace el statu quo.

«El fin podría justificar los medios, escribió Trotsky, siempre y cuando haya algo que justifique el fin.» El problema es que el fin implícito de las reformas es que nada cambie y, por lo tanto las reformas acaban siendo enclenques e insuficientes, al menos en su implementación. Por supuesto que todas las reformas, en México y en el resto del mundo, de facto incorporan las realidades del poder y, en ese sentido, no se puede comparar procesos de reforma como los de Corea, Chile o China con el mexicano, pues ahí hubo gobiernos duros que impusieron su ley.

Pero nuestro caso es peculiar también en otro sentido: hemos llevado a cabo una transición política que no cambió la realidad política. Tenemos una nueva realidad electoral y de libertades pero no un nuevo régimen político. Desde esta perspectiva, el objetivo implícito de las reformas -preservar los privilegios- ha sido absolutamente exitoso.

La pregunta es a qué costo: el país lleva décadas creciendo a un magro 2% en promedio; la población reclama mejores niveles de vida pero, gracias a los privilegios, no ha tenido acceso a la educación que permitiría lograrlos; la inversión crece, pero muy por debajo del potencial; la inseguridad destruye negocios, familias, expectativas y, por encima de todo, la confianza que es clave para el progreso. Todo esto ¿a cambio de qué?

La disyuntiva es clara: damos el paso hacia adelante o seguimos en la pretensión del cambio pero la realidad de la corrupción y la impunidad. Peor: lo poco o mucho que han avanzado las reformas está en entredicho por la amenaza externa e interna y sin una población dispuesta a defender lo que no siente suyo.

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Luis Rubio

En la película El Presidente Americano, el protagonista confronta una brutal caída en su popularidad y a un fuerte contendiente que satura los medios de comunicación. Confundido, el presidente dice que la gente tiene derecho a escuchar a quien quiera. Lewis Rotchild, su asistente, le responde: ¡la gente “no tiene opción! ¡[El contendiente] es la única persona que está hablando! La gente quiere liderazgo, señor presidente, y en la ausencia de liderazgo genuino, escucharán a cualquiera que tome el micrófono. Quieren un líder. Están tan sedientos de liderazgo que estarán dispuestos a arrastrarse por el desierto hacia un espejismo y, cuando descubran que no hay agua, beberán la arena.” El presidente finalmente responde “la gente no bebe la arena porque está sedienta sino porque no sabe la diferencia.”

Todos los presidentes, en todo el mundo, llegan a salvar a sus respectivos países y, tarde o temprano, se atoran con la realidad, misma que los obliga a replantear sus objetivos. Algunos responden con astucia, como Bill Clinton; otros actúan de manera brutal como en Tiananmen en 1989. Algunos salen bien librados, otros se colapsan.

El gobierno del presidente Peña llegó al ápice de su proyecto a finales de 2013 y ahí comenzó su caída. A pesar de lo asertivo de su actuación inicial, en realidad no tenía un plan de vuelo más allá de la aprobación legislativa de su paquete de reformas. Una vez pasado ese umbral, el gobierno se desentendió de la implementación de las reformas, dejando que el responsable de cada una de las áreas decidiera su devenir. Su verdadero plan no eran la reformas, sino la recreación de un gobierno imperial, al estilo de los 50 y 60 del siglo pasado. Es decir, el proyecto era el gobierno y nada más.

El problema fue doble: por un lado, resultó imposible recrear lo que ya no existía y que había desaparecido porque ya no funcionaba. Por el otro, al presentarse como el único responsable de todo lo que ocurría en el país, acabó cargando con todos los problemas que surgían: desde Ayotzinapa hasta los gobernadores corruptos. Su desdén lo llevó al cadalso y no ha sabido responder. Peor: ante su incapacidad de comprender la naturaleza del problema, en lugar de construir una salida, sigue cavando el hoyo en que se encuentra.

La forma de conducirse del gobierno me recuerda una anécdota que me contó un querido amigo: “Hace muchísimos años, en mi época de estudiante universitario, asistí a una obra de teatro experimental que, creo, se llamaba  “Caos en el Escenario.” Era una parodia de un director de orquesta que no podía definir qué obra interpretar, por lo que los primeros intérpretes [por ejemplo el primer violín] trataban de convencerlo de qué obra tocar, obviamente aquella en que su instrumento lucía más y, para probarlo, había pequeñas selecciones de las obras recomendadas que se oían en backplay. Como el director no podía decidirse, se iban acelerando las presiones de los primeros intérpretes y de la música que recomendaban hasta que la obra concluía en un absoluto caos escénico y auditivo.” Así parece nuestro gobierno, con discursos disonantes, acciones inconexas y, sobre todo, total ausencia de claridad de rumbo.

Lo que los mexicanos requieren es certeza del futuro, algo para lo cual muchas de las reformas pueden ser sumamente relevantes. Sin embargo, el discurso presidencial es totalmente ajeno a esa demanda ciudadana y, como sugiere el pasaje de la película, el único que está intentando proveer esa certeza es el contendiente, haciéndolo, además, con enorme habilidad.

La pregunta crucial es qué puede hacer el presidente para evitar una crisis incontenible al final del sexenio, justo cuando comienzan los meses de declive franco del poder presidencial. Ante todo, el presidente no tiene nada que perder porque su popularidad es tan baja que ésta sólo puede ascender. A la fecha, sólo ha hecho una cosa esencial que permitirá evitar una crisis todavía más grande de la que ahora parece inevitable: al corregir los agregados fiscales, su gobierno ha reducido dramáticamente el riesgo de una nueva crisis económica.

En el ámbito político, le sería mucho mejor dejar de intentar manipular los procesos electorales en curso, pues todo acabará revirtiéndose en su contra. De la misma manera, debería dedicarse a todos los mexicanos y no sólo a sus correligionarios partidistas o cuates en lo individual: cada gobernador al que protege se convierte en un fardo más con el que carga; sería mejor que cada quien cargue con sus penas (y delitos).

Finalmente, el país confronta un reto fenomenal en la relación con Estados Unidos, misma que cambia continuamente y se ha vuelto altamente impredecible. La población ha estado absolutamente dispuesta a sumarse al presidente en este proceso, pero él se ha mostrado partidista y ha desaprovechado la mayor fuente de fortaleza que existe frente a EUA: precisamente los innumerables contactos diarios que existen entre mexicanos y norteamericanos por razones de negocios, relaciones familiares, exportaciones, importaciones y toda índole de intercambios que el gobierno no controla y por eso son tanto más legítimos. Si el presidente quiere salir del hoyo en que está tiene que comenzar a sumar y sumar más y más.

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07 May. 2017