Las emociones son un componente inherente a la naturaleza humana y, por lo tanto, de los procesos electorales. Cuando se dice que un candidato “conecta” con su auditorio es que logró establecer una empatía con éste, o sea, cautivó a su público, convenciéndolo a que se incline por su perspectiva de las cosas. Los estudios psicológicos de las encuestas sugieren que esta elección se resolverá en el eje miedo vs enojo: el enojo contra el statu quo frente al miedo de perder lo que ya se ha logrado o lo que una persona ha alcanzado en su vida.

El enojo contra el statu quo surge de la evidencia de corrupción, un sistema de gobierno ensimismado y una total desconexión entre la ciudadanía y sus gobernantes. Claramente, el sistema político mexicano, nacido en las primeras décadas del siglo pasado, no fue creado para funcionar en la era de las redes sociales, que permiten la expresión de agravios, sólo para enfrentarse con un gobierno cerrado y, en gran medida impermeable.  El problema es el sistema, del cual todos los partidos y candidatos participan (hoy y siempre), así que la noción de que una persona pueda resolver todos los problemas con una varita mágica es tan absurda como la de suponer que nuestros problemas son simples -en lugar de estructurales- y pueden ser resueltos por la voluntad de un individuo.

El miedo se deriva de los enormes cambios que ha experimentado el país en las últimas décadas y que han creado una plataforma de oportunidades que eran inconcebibles hace algunos años. El tener una casa propia, acceso a una enorme diversidad de productos de consumo de cada vez mejor calidad y un entramado institucional que, con todos sus avatares e imperfecciones, permite elegir (en lugar de imponer) a quienes nos gobiernan, son todos alcances nada despreciables que bien podrían perderse con un proyecto político-económico destructivo. El riesgo de perder lo alcanzado no es menor y explica la reticencia de un amplio porcentaje del electorado a dejarse llevar por el canto de las sirenas.

Hace varias décadas, Betrand Russell -filósofo y matemático inglés, ganador del Nobel de literatura, que se distinguió por su oposición a las armas nucleares y la guerra de Vietnam- escribió sobre la paradoja de las elecciones en su país: una persona está harta del partido conservador y entonces elige al laborista, sólo para encontrarse con que las cosas que a ella le importan no cambian, razón por la cual vuelve a votar conservador y así sucesivamente. Lo que Russell describía entonces no es muy distinto a lo que hoy vivimos en México: lo que está mal es el sistema de gobierno que no cuadra con la realidad de hoy y que no tiene las características necesarias para poder funcionar en el siglo XXI. La pregunta clave para la elección que tenemos frente a nosotros es cuál es la mejor manera, o la más probable, de producir una transformación política que haga posible el renacimiento social y económico que el electorado claramente desea.

En uno de sus libros recientes, Fukuyama describe con perfección la naturaleza de nuestro problema. Sin referirse a México, dice que hay tres componentes clave para el funcionamiento exitoso de un país: un gobierno fuerte y funcional; Estado de derecho; y rendición de cuentas. Ningún país puede funcionar si el gobierno es débil y disfuncional: toda nación requiere, para ser exitosa un sistema de gobierno susceptible de satisfacer funciones básicas, pero cruciales, como la seguridad, la justicia, un sistema legal y un marco regulatorio para el funcionamiento de la economía. Aunque los tres son indispensables, prosigue Fukuyama, el orden de aparición es fundamental: aquellos países que se democratizaron antes de haber construido una capacidad para gobernarse de manera eficaz, acaban fracasando porque la democracia, incluso imperfecta, exacerba los problemas y penurias, erosionando todavía más la capacidad de gobernar, ejercer su autoridad y administrar las demandas encontradas que surgen de la población.

Difícilmente podría uno encontrar un mejor diagnóstico de la problemática que enfrentamos como país porque revela el desafío que tenemos frente a nosotros y que difiere de manera radical con los planteamientos que escuchamos en la contienda actual. La ciudadanía tiene razón en estar enojada con un sistema que no sólo no favorece el desarrollo del país, sino que lo impide con sus estructuras de privilegios y desprecio por las cosas que la afectan en su vida cotidiana. De igual manera, el miedo a perder lo que se ha logrado debería asustar al más pintado porque no es algo menor: basta ver a otras naciones a nuestro derredor para reconocer que, primero, ha habido importantes avances y, segundo, podríamos estar infinitamente peor.

Los problemas que enfrentamos no sólo deben ser resueltos, sino que es perfectamente factible lograrlo. La clave radica en reconocer que tenemos que seguir adelante con un proyecto que construya la siguiente etapa del desarrollo del país, que no puede más que iniciar con una profunda reforma de las estructuras de poder, algo que ciertamente es imposible regresando a un estadio anterior que se colapsó porque no funcionaba y que creó el caos que hoy justificadamente genera tanto enojo.

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Con la alianza de Morena y el Partido Encuentro Social el proceso electoral adquirió una nueva faceta. Sea por convicción o por decisión estratégica, la suma de un partido ostensiblemente de izquierda con uno claramente conservador desató una gran controversia: ¿se trata de un matrimonio de conveniencia o una asociación de dos entidades ideológicamente afines? Cualquiera que sea el caso, de lo que no hay duda es que la religión será parte de esta elección.

En los últimos años, un proceso electoral tras otro -de Brexit a Trump, e incluyendo varias gubernaturas aquí- ha evidenciado un desfase entre la política y el desarrollo. Algunos atribuyen este fenómeno a un elemento emotivo, otros a la falta de resultados por parte de los políticos tradicionales, pero el hecho relevante es que estamos viviendo tiempos distintos: los vectores que antes servían para comprender la forma de actuar de los votantes han dejado de ser válidos, como ilustran las fallidas encuestas en casi todas las instancias recientes alrededor del mundo. Los votantes han dejado de ser predecibles o, al menos, los instrumentos que permitían vaticinar un determinado resultado ya no son igualmente útiles.

Desde luego, todos los políticos procuran explotar las emociones del electorado, pues esa es la forma en que entusiasman al votante y generan seguidores en la persona o proyecto que promueve un determinado candidato. La religión, al menos en un sentido político, no es más que otra emoción y, desde esta perspectiva, no tiene nada de extraño que se convierta en un factor novedoso en el espectro nacional. Sin embargo, no es lo mismo un seguidor, por fiel que sea, que un creyente: lo primero supone una decisión consciente, lo segundo una convicción producto de una creencia; ambos son respetables, pero entrañan consecuencias políticas muy distintas.

Un documental sobre César Chávez, el líder de los agricultores mexicanos en EUA, me hizo reflexionar sobre el componente religioso. Chávez inició su movimiento contra la corriente no sólo porque se trataba de trabajadores extranjeros, sino porque no había un solo sindicato rural reconocido en ese país. No era algo sencillo movilizar a los trabajadores que de por sí se sentían vulnerables ante el riesgo de ser deportados y contra la oposición de los empleadores. Sin embargo, Chávez no sólo logró el reconocimiento, sino que esto ocurrió de una manera peculiar: un viernes santo le ofrecieron la posibilidad de una entrevista en Washington y la confirmación del reconocimiento se dio en un domingo de resurrección. Para los sindicalizados, estos dos factores resultaron ser señales providenciales.

Chávez no era un líder religioso en sentido alguno, como tampoco lo es Andrés Manuel López Obrador. Cualquiera que sean o hayan sido las convicciones religiosas de cada uno de ellos, se trata de políticos natos que buscan un objetivo y emplean todos los medios disponibles para lograrlo. Visto de esta manera, toda la concepción de Morena y la asociación con el PES responden a un intento por infundir un fervor religioso que rebase cualquier otra argumentación en la decisión sobre por quien votar. Es decir, se buscan creyentes, no ciudadanos.

En un sentido estrictamente pragmático, no hay nada intrínsecamente malo en el empleo de símbolos religiosos para la consecución de un objetivo político; a final de cuentas, pocas facetas de la competencia política ignoran tan flagrantemente cualquier consideración ética respecto a los medios y los fines: hemos llegado al punto en que todo se vale con tal de lograr el objetivo, uno gana y todos los demás pierden. Unos lo hacen con la religión, otros con dádivas, o denuncias penales, y unos más con la compra de votos.

Lo crucial de las elecciones -en cualquier momento, en cualquier país- es elegir para que gobierne: no se trata de un concurso de belleza sino de una decisión política que entraña consecuencias para los propios votantes. Cuando la mecánica electoral se aboca a remover las capacidades ciudadanas en aras de generar creyentes -y, por lo tanto, personas que se movilizan por factores distintos a los de una decisión racional- el gobierno resultante acaba teniendo atribuciones que son contrarias a la esencia de la democracia porque carece de pesos y contrapesos, convirtiéndose en una potencial fuente de impunidad y, por lo tanto, de un gobierno autoritario con capacidad de imponer sus proyectos sin que medien contrapesos. O sea, como en el pasado pero más extremo.

Cada candidato emplea los símbolos -religiosos o ideológicos (como el nacionalismo)- como estrategia para avanzar su causa; el viejo sistema político logró una hegemonía ideológica por décadas. Lo novedoso, y preocupante, de Andrés Manuel López Obrador es la búsqueda de creyentes que lo sigan al cadalso si eso es lo que el líder demanda. Esto es lo que explica su renuencia a explicar su proyecto o a responder a interrogantes absolutamente legítimas y lógicas.

La pregunta clave acaba siendo si la ciudadanía tiene la capacidad y disposición para defender sus derechos y logros con el candidato de su preferencia sin abrirle la puerta a una plena impunidad, implícita y connatural al ser creyente que acepta sin más.

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En su extraordinario libro sobre Quetzalcóatl y la virgen de Guadalupe, Jaques Lafaye afirma que todos los mexicanos son guadalupanos, hasta los ateos. Casi pudo haber agregado que todos los mexicanos son priistas, hasta los panistas.

El PRI es el origen de prácticamente toda la historia política del México moderno. Nació en 1929 para incorporar a toda la sociedad políticamente activa de la época para canalizar sus demandas y controlarla, y así se convirtió en un mecanismo de transmisión de información y participación política. Al momento de su creación, luego de la gesta revolucionaria, se sumaron los liderazgos toda clase de organizaciones, partidos políticos, sindicatos y milicias y, algunos años después, las organizaciones mismas. La institucionalización de la política mexicana ocurrió dentro del PRI.

Prácticamente toda la actividad política en el país a partir de ese momento tuvo lugar en el seno del PRI o en referencia al mismo. Muchas organizaciones y partidos nacieron en los años sucesivos, en coordinación o en oposición al PRI. El PAN nació para oponerse al entonces PRM; la hoy llamada izquierda histórica, comenzando por el Partido Comunista Mexicano (fundado en 1919) y otras de filiación trotskista, nació en forma paralela. Luego vendrían los grupos que se desprendieron del “partido oficial” (PARM y PPS), aquellos creados desde el poder (PT) y aquellos, como el PRD y Morena, muchos de cuyos integrantes son priistas de origen. El punto es que, en la historia política del México postrevolucionario, el PRI (y sus predecesores) ha sido no sólo el corazón, sino el punto de referencia de la política nacional. Aunque mucho ha cambiado con la alternancia en la presidencia, la esencia sigue ahí.

Desde su creación en 1939, el PAN ha sido oposición: su historia y filosofía fue anti-priista. Nacido en la época de la segunda preguerra, tuvo afiliaciones poco encomiables, mismas que arrastró a lo largo de sus primeras décadas; sin embargo, poco a poco adquirió las formas de la democracia cristiana europeos, convirtiéndose en el partido prototípico de oposición de centro derecha. Partido de profesionistas, contrastaba con la base social del PRI y se distinguió siempre por su búsqueda de pureza ideológica, valores éticos y su rechazo a las formas de operación del PRI. Con el tiempo se tornó en el partido confiable y leal en el sentido de Duverger (al no buscar el derrocamiento del régimen, sino su derrota por la vía electoral), al grado de ser clave como socio legislativo en la primera ola de reformas económicas y electorales en los ochenta y noventa.

Todos esos atributos lo fueron convirtiendo en el partido emblemático de oposición, lo que le granjeó el triunfo a la presidencia en el año 2000. Ese logro no fue pequeño dada la historia de monopolio del poder que caracterizaba a México, pero fue devastador para el propio PAN. En lugar de substituir al régimen priista, lo preservó y en vez de avanzar decididamente su agenda contraria a la corrupción, el nepotismo y el control autoritario, se mimetizó con el viejo sistema. Al no cambiar las instituciones y los mecanismos que las caracterizan, los panistas demostraron ser igual de corruptos que sus predecesores -al punto de innovar en esta materia con los famosos “moches”- y sólo por excepción destacó en su forma de gobernar. Luego de dos periodos mediocres en la presidencia, acabó haciendo gala de la admonición de sus predecesores: ganó el poder, pero perdió su razón de ser.

El PAN no se ha repuesto de sus años en la presidencia; mucho peor, sus liderazgos no reconocen, y quizá ni comprenden, la contradicción que les caracteriza: un partido dedicado a la ética y a la lucha contra la corrupción y el abuso no puede seguir presentándose como el paladín de la pulcritud. Tampoco puede aspirar a la presidencia con el mismo discurso con el que falló ante la ciudadanía en dos ocasiones. Propugna la reforma del país, pero no se reforma a sí mismo.

Nada ilustra mejor la crisis del PAN que la forma en que se han tornado hacia el PRI sus dos expresidentes. Vicente Fox no fue profundo ni particularmente panista: se distinguió por su pragmatismo pero sobre todo por llegar a la presidencia (un logro enorme) para luego quedarse ahí sentado sin más. Como Julio Cesar, veni, vini (pero no) vici: llegó, vio, pero no conquistó. En vez, se acomodó y navegó de muertito por seis largos años de oportunidades perdidas, quizá la más grande de todas: la transición política. Sin embargo, no tardó en dejar Los Pinos para convertirse en el primer priista de la nación: apoya a sus candidatos, vive de sus gobernadores y disfruta sus beneficios, aunque no lo caracterice la sofisticación de aquellos.

Felipe Calderón viene del PAN duro y se caracteriza por su profundo anti-priismo. Sin embargo, ni tarde ni perezoso, tan pronto vio venir el final, negoció con el PRI y, en el mejor estilo de ese partido, actúa de manera funcional a sus intereses. Cauto y desconfiado por naturaleza, vive en conflicto constante con su partido, impulsa la candidatura de su esposa y, seguramente, como sus acólitos en el senado, negocia por detrás. Paradojas que da la vida: del rancio PAN al pragmatismo priista. Ver para creer.

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¿En qué momento se jodió México? Así comienza Conversación en la Catedral, la novela de Vargas Llosa, preguntándose por el momento en que empezó el declive de su país, el Perú. Ahora parece que el gobierno está empeñado en que los mexicanos sepamos que ese proceso comenzó al inicio de 2018, promovido conscientemente desde su seno. La pregunta es ¿en aras de qué, a qué costo?

En un país normal, el gobierno representa, y debe su función, al conjunto de la ciudadanía, no sólo a los de su preferencia o que votaron por él. Su obligación es desempeñar sus actividades dentro del marco de la ley, sin abusar sus facultades ni emplear las instituciones del Estado para fines particulares. Sin embargo, a lo largo de más de cinco años, el gobierno del presidente Peña ha evadido sus responsabilidades en múltiples ocasiones, ha recurrido a recursos sesgados y viciados para eludir la ley y justificado actos de patente corrupción con razonamientos y mecánicas concebidos para que sus funcionarios no paguen por los errores o potenciales delitos en que hayan incurrido. El desprestigio e impopularidad de que goza no es producto de la casualidad.

A pesar de ello, actúa como si estuviera en pleno control, como si las instituciones del Estado funcionaran de manera imparcial y profesional y como si su prestigio estuviese en su zenit. Vaya, un gobierno que ya ni siquiera pretende tener el monopolio de la fuerza -lo que define al Estado- se ha arrogado la misión de perseguir a un candidato a la presidencia como si fuese un asunto de seguridad nacional, como si se tratase de una plaga pública y no de un contendiente que, con todos sus atributos y defectos, tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a competir por la presidencia siempre que lo haga por la vía legal.

Cuando se abandona hasta la pretensión de civilidad, lo único que queda es el caos o, como escribiera Diderot, “del fanatismo a la barbarie sólo media un paso.” Y el gobierno parece decidido a dar ese paso, sin reparar en las consecuencias de su actuar, es decir, de manera absolutamente irresponsable. Así es como comienza el principio del fin. Lo extraño, aunque no tanto, es que sea el propio gobierno -el supuesto garante de la paz- quien se empeña en empujar los límites de la civilidad en un país que ya de por sí vive no sólo una polarización extrema, sino una ausencia total de legitimidad en las instituciones gubernamentales.

En La República de Platón, Sócrates y Glaucón discuten el apuro de la gente encadenada en una cueva en la que los prisioneros intentan comprender las sombras que transitan en la pared frente a ellos. Recurro a la Alegoría de la Cueva para intentar comprender la lógica gubernamental en su actuar frente a un contendiente presidencial al que, poco a poco, están convirtiendo en mártir.

Parece claro que la estrategia radica en crear una sensación de miedo a cualquier cambio como vía para preservar lo existente. Como estrategia electoral, la promoción de una determinada emoción constituye un mecanismo perfectamente legítimo y todos los partidos y candidatos en el mundo lo hacen de manera consciente y sistemática. El asunto aquí es que no es un partido o candidato quien está promoviendo esa emoción, sino el gobierno haciendo uso faccioso de las instituciones para avanzar su propio proyecto político, como si estuviésemos en los cincuenta del siglo pasado. Imposible no recordar la famosa admonición de Talleyrand: “no aprendieron nada ni olvidaron nada.”

No aprendieron de los riesgos de la polarización, no aprendieron de las consecuencias del intento de desafuero en 2005 y no aprendieron de lo que ha ocurrido en naciones como Venezuela, Zimbabue y tantas otras que, por actos y decisiones gubernamentales, condujeron al caos. Una vez dado ese paso, se torna cada vez más difícil recuperar la paz y la tranquilidad de la población, haciendo imposible gobernar.

La sociedad mexicana está enojada y esa es precisamente la emoción que no conviene al gobierno atizar, pues conduce a decisiones electorales radicales. En esto, contrasta con naciones como China, donde el miedo al caos ha llevado a su gobierno, a lo largo de varias décadas, a acelerar el paso en sus reformas para satisfacer a la población y evitar situaciones caóticas. En México, el propio gobierno se ha atrincherado, dinamita la estabilidad de la que es responsable y se defiende como si el enemigo fuese la sociedad.

La democracia es menos sobre elecciones que sobre cómo resolver las disputas que se presentan en la sociedad y tomar las decisiones que se requieran para construir el futuro. El uso faccioso y sesgado de las instituciones conduce a la destrucción de las pocas instituciones con que cuenta el país y, peor, cuando quien avienta la primera piedra (y la segunda y la tercera) es un gobierno extraordinariamente desprestigiado por asuntos de corrupción que son infinitamente más graves de los que se acusa al susodicho candidato.

Por supuesto que debe combatirse cualquier acto de corrupción o presunta ilegalidad, pero lo que el gobierno del presidente Peña está haciendo recuerda otra frase famosa de Talleyrand, el estadista francés del siglo XVIII: “Ha sido peor que un crimen, ha sido una estupidez.”

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Ahora que estamos embarcados, ya de lleno, en el proceso de sucesión presidencial, es importante reflexionar sobre las oportunidades y riesgos que enfrentamos como país. El contexto externo no es particularmente generoso: las negociaciones del TLC no han avanzado de manera tersa y las elecciones primarias para el congreso estadounidense que se avecinan seguramente reabrirán mucho del discurso anti-mexicano que ha caracterizado a la administración Trump desde su campaña. En el ámbito interno, no cesa la rijosidad, todo lo cual eleva el nivel de conflictividad para el momento en que los votantes decidirán quien habrá de gobernarnos.

En adición a lo anterior, enfrentamos riesgos reales que, por encima de las estrategias que lleguen a emplear los propios candidatos y sus partidos en materia de redes sociales y manipulación del electorado (todo ello legítimo y cada vez más normal en los procesos electorales), otros intereses -internos o externos- se aboquen a influir el proceso por razones ajenas a las que atañen directamente al electorado. Hoy en día es claro que hubo intervenciones externas en las elecciones británicas que decidieron el llamado Brexit, en las estadounidenses en que triunfó Trump y en las del referéndum catalán. No hay razón para suponer que nuestro caso será distinto: no hay que olvidar que México, como Berlín, Viena y otros lugares estratégicos en la era de la guerra fría, fueron protagonistas de las intrigas entre las potencias.

La pregunta es cómo interactúan los intereses externos con los internos. O sea, quién se beneficia o perjudica como resultado de estos rejuegos e intrigas. Una perspectiva obvia es si el interés de Estados Unidos es el mismo que el de Trump y, en cualquier caso, cómo juega en la contienda que viene. Me queda absolutamente claro que el interés nacional estadounidense privilegia la estabilidad y la prosperidad de México y que ese interés va más allá de candidatos específicos. No me es igual de evidente que el interés de Trump sea el mismo: en su afán por avanzar una agenda que muchos norteamericanos rechazan, puede acabar propiciando, conscientemente o no, resultados que no coincidan con el interés general de su país. Desde esta perspectiva, yo estimo que Trump, mucho más que el TLC, será parte integral de la contienda.

Vuelvo a las oportunidades y los riesgos: para muchos, esta contienda es especialmente sensible porque lo que está de por medio es de enorme envergadura. Parte de lo que explica esta apreciación radica en la naturaleza de las reformas que se emprendieron en el sexenio que está por concluir (sobre todo en materia energética y educativa) que tocan dos de los tres preceptos nodales de la Constitución de 1917. Otro componente de la explicación reside en el enorme desprestigio que acompaña al presidente saliente por la corrupción y su falta de liderazgo, lo que abona a los números que caracterizan a López Obrador en las encuestas.

Pero la sensibilidad mayor no reside en los factores específicos que caracterizaron al gobierno saliente, sea en las reformas que promovió o en la forma en que condujo los asuntos de Estado, sino en el enorme poder que concentra la presidencia.  Un poder concentrado utilizado para llevar a cabo cambios positivos -esos que propician un mayor crecimiento económico en el largo plazo, mejores niveles de vida y un mayor bienestar general- debe ser bienvenido; pero el mismo poder empleado para destruir y dividir acaba siendo pernicioso bajo cualquier rasero. Nuestro principal problema -que se observa desde que se inventó la «monarquía sexenal no hereditaria» en las palabras inmortales de Cosío Villegas- es que nunca se sabe qué hará el siguiente gobierno. Y eso genera incertidumbre y hasta miedo.

En un artículo reciente, Janan Ganesh comparaba al Reino Unido con otras naciones desarrolladas. Su argumento central es que Inglaterra se caracteriza por un sistema que concentra el poder en el parlamento, lo que permite llevar a cabo enormes reformas, pero que, al mismo tiempo, éstas pueden ser malas, todo dependiendo de la calidad del primer ministro en un momento dado. Esa caracterización, extraña para un país desarrollado, contrasta con la de Estados Unidos (donde Trump ha tenido enormes dificultades para avanzar su agenda por la solidez de sus pesos y contrapesos) pero también con Francia, donde el enorme poder de la presidencia se ve limitado por los poderosos alcaldes y los poderes extra parlamentarios como los sindicatos y la burocracia. Ganesh concluye su comentario diciendo que el patético estado de la infraestructura norteamericana, la resistencia al cambio de los franceses y la falta de reformas en Italia reflejan gobiernos centrales enclenques que están limitados por instituciones fuertes que protegen a la ciudadanía por encima de todo.

En México carecemos de instituciones fuertes que nos protejan y no tenemos estadistas de talla mundial capaces de sumar a la población en aras de un desarrollo integral y equitativo. Si los candidatos que pretenden la presidencia quieren lograr un año estable en 2019 más vale que comiencen a responder desde ahora al reclamo de certidumbre y claridad de rumbo que la población demanda y requiere.

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Nadie está a salvo

Luis Rubio

“Yo soy Dios” me dijo el flamante procurador. “Esta institución confiere un enorme poder de perseguir o perdonar.” Esas son las palabras que recuerdo de una visita a la procuraduría hace un tiempo y no me parecieron sorprendentes: el poder del gobierno mexicano no tiene parangón en el mundo civilizado: cuando un funcionario acumula tanto poder -facultades tan vastas como para unilateralmente decidir quien vive y quien muere, quien queda libre y quien va a la cárcel- la civilización simplemente no existe; todos somos perdedores. En la era del viejo sistema, muchos creíamos que el país contaba con instituciones fuertes cuando, en realidad, se trataba de una estructura autoritaria que mantenía la disciplina a través de mecanismos de control y lealtad que, en retrospectiva, demuestran el enorme primitivismo que nos caracteriza.

El poder que evidenciaba el entonces nuevo procurador, no es algo excepcional. Desde el funcionario más encumbrado hasta el más modesto, todo el país funciona así: todos los operadores del sistema -secretarios, procuradores, inspectores, auditores- cuentan con vastas facultades para perdonar o perseguir, cada uno en su espacio y circunstancia. Un ciudadano que lleva a cabo una pequeña obra en su casa -un cuarto adicional, una remodelación- enfrenta ese exceso de facultades en el inspector municipal: facultades tan enormes que pueden hacer la diferencia entre “resolver” el asunto en unos minutos o pasarse el resto de su existencia en los vericuetos burocráticos que hacen de Kafka el famoso autor costumbrista.

Todos los mexicanos vivimos en esa entretela del potencial abuso. Cualquiera que haya leído los periódicos de los últimos meses sabe que nadie está a salvo: “¿Hay investigaciones abierta contra Marcelo Ebrard en la procuraduría capitalina?”, le preguntaron a Miguel Ángel Mancera: “Nosotros en la CDMX no tenemos una indagatoria abierta”, respondió. El fraseo resulta revelador: no la tenemos, al menos ahora, pero siempre puede iniciarse; más importante: yo decido. No importa que tan poderoso haya sido el funcionario, hoy está sujeto al capricho que produce el enorme poder burocrático de que gozan los funcionarios en turno. Hace unas semanas la víctima fue Manlio Fabio Beltrones: nadie está a salvo del poderoso del momento.

Todo depende de los vientos que soplan, no del apego o violación de la ley. Ejemplos son infinitos y proliferan en todos los ámbitos; en algunos casos, quizá la mayoría, esas facultades arbitrarias de que goza la autoridad en turno existen para propiciar el enriquecimiento del funcionario; en otras, las más visibles, son instrumento de quienes están en el poder para disciplinar, controlar o subordinar a sus enemigos.

El primer caso es el de los inspectores municipales, que pueden permitir o cerrar una obra, un antro, una calle o un restaurante. ¿Cuánto tiempo estuvieron abiertas arterias principales de la Condesa en la ciudad de México hace unos meses como medio para propiciar “donativos” a la campaña futura del delegado? ¿En qué se distingue esa táctica de los que cobran “derecho de piso”? Sólo en el uso posterior del dinero. En el mismo rubro entran los inspectores de la CFE que vienen a contar el número de focos, pero cuyo propósito no es otro que el de utilizar su credencial para cobrar una mordida, algo no distinto a lo que hacen los policías de tránsito de manera cotidiana. Todos tienen facultades tan vastas para “perseguir o perdonar” no son sino medios de extorsión.

Si los ejemplos anteriores explican parte del odio que guarda la ciudadanía respecto a la autoridad, los que siguen ilustran el uso personal y político de las instituciones del Estado: el empresario que es auditado por apoyar al candidato equivocado o a la causa políticamente incorrecta; el candidato al que súbitamente le encuentran cargos de “lavado de dinero,” interviniendo y congelando sus cuentas y las de su familia, sólo para declarar que “no hay denuncia alguna” tan pronto concluye el periodo electoral, o sea, una vez que el daño ha sido absoluto. El uso de las instituciones del Estado -en este caso la Comisión Nacional Bancaria, la Procuraduría, el Banco de México- para fines particulares del poderoso del momento.

Si hay una medida de la civilización o el primitivismo, seguro la persecución judicial se encuentra al principio de la lista porque se trata de la libertad, el derecho más esencial del ser humano. Ese poder, que se manifiesta de distintas maneras en cada nivel y tipo de autoridad, revela todo lo que nos falta avanzar y cuan lejos se encuentra la realidad de la retórica política cotidiana. La realidad evidencia un país primitivo; la retórica pretende una concreción inexistente, y todos los funcionarios y gobernantes, sin distingo de partido, funcionan de esa manera cuando se encuentran en el poder: el poder para fines personales y partidistas, no para el desarrollo del país.

El día en que desaparezcan esas facultades excesivas -arbitrarias- podremos comenzar a vivir el mundo de la civilización; mientras tanto, los que aspiran a remover a los que están salivan por ser los poderosos, sin percatarse que, tarde o temprano, estarán del otro lado. Nadie está a salvo.

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La propuesta de Enrique de la Madrid hace imperativo discutir el asunto: reconozcamos la realidad y hagamos más seguros nuestros destinos turísticos removiendo una de las causas de la inseguridad, la provocada por el mercado ilícito y sumamente violento de las drogas, especialmente la mariguana. La sola mención de una propuesta tan seria, pero controvertida en nuestro entorno político, ha llevado a conectar dos cosas que no tienen conexión, al menos no la que pretenden los críticos de la estrategia de seguridad iniciada hace una década.

Hay dos temas relevantes: por un lado, el de la liberalización del mercado de las drogas y sus efectos; por el otro, el de los potenciales vínculos entre seguridad y drogas. Se trata de dos asuntos distintos que, aunque obviamente vinculados, siguen dinámicas diferentes: los factores que norman el funcionamiento del mercado de las drogas, igual si es legal o ilegal, no son los que determinan el comportamiento de las mafias del narcotráfico y sus pares en el crimen organizado.

El punto de partida es obvio porque sólo hasta ahora una autoridad se ha atrevido a decirlo: el consumo de las drogas en México existe y es fácil de acceder. O sea, aunque las drogas estén prohibidas, existe un mercado en el que es fácil comprar algunas drogas, especialmente la mariguana.

Los países que han caminado la senda de la legalización ofrecen valiosas lecciones: al liberalizar, el consumo aumenta porque se transparenta el mercado previamente existente, pero soterrado. Esas experiencias muestran que los riesgos asociados con el consumo disminuyen porque el producto se estandariza (eliminando substancias tóxicas de que frecuentemente viene asociado el mercado negro) y que, al ser un mercado abierto, desaparece la violencia y el riesgo inherente al proceso de adquisición del producto. En otras palabras, las ventajas y virtudes de la liberalización en cuanto al consumo son obvias.

El problema de las referencias internacionales es que no son muy relevantes a la realidad mexicana en un aspecto crucial: todas las experiencias significativas, comenzando por Holanda, Uruguay y más recientemente Colorado y California, suponen la existencia de un gobierno capaz de regular el mercado ahora liberalizado. En todos esos casos, el gobierno ha asumido la función de supervisor que se asegura de la calidad del producto, de los límites al consumo y de los requisitos que debe satisfacer el consumidor, especialmente la edad.

Cuando uno parte de la existencia de un gobierno funcional, capaz de supervisar un mercado y mantener la seguridad de los ciudadanos, la discusión sobre las drogas adquiere una naturaleza esencialmente moral: debe el gobierno cuidar de la salud de los ciudadanos o es potestad de los propios ciudadanos decidir sobre su propia vida. Esa es una discusión esencialmente filosófica que con rapidez adquiere un cariz ideológico que generalmente se torna imposible de romper.

En México somos peculiares porque tenemos una doble moral respecto a las drogas o una gran confusión respecto a la relación entre éstas y la seguridad. La discusión respecto a la liberalización generalmente supone que en el instante mismo en que se eliminara la prohibición se restablecería el orden público. Y ahí yace la falacia del binomio drogas-seguridad.

Mi posición es que las drogas, al menos la mariguana, deben ser legalizadas, pero no bajo la expectativa de que con eso se resolvería el problema de la seguridad. Sin duda, la eliminación de las rentas (utilidades excesivas) de que gozan las mafias de las drogas reduciría su poder y, por lo tanto, ayudaría a equilibrar la balanza entre policías y criminales. Sin embargo, más allá del espacio inmediato (ciertamente es posible mejorar la seguridad en una colonia o ciudad), el mercado relevante para estos fines no es el local, sino el estadounidense, y el más importante no es el de la mariguana (de la que cada vez exportamos menos), sino el de las drogas más rentables para los carteles, como son la cocaína, heroína y metanfetaminas.

Es crucial reconocer que nuestro problema no es de drogas, corrupción o violencia per se, sino de ausencia de gobierno y esa ausencia se debe a dos factores: uno, que nuestro sistema político centralizado se creó hace un siglo y nada se ha hecho para ajustarlo a la era de la descentralización política; en una palabra, los gobernadores no han construido capacidad policiaca, judicial y administrativa para mejorar la vida de sus ciudadanos. La otra causa de nuestra problemática se debe al enorme poder que derivan las mafias de sus (enormes) negocios billonarios en otro país. Así, la liberalización de las drogas en México no cambiaría la dinámica de los carteles ni afectaría las industrias de secuestro, extorsión y robo.

Por lo tanto, la inseguridad se deriva de la ausencia de gobierno y del enorme poderío (corruptor y de violencia) de las mafias y eso no se afectaría más que marginalmente por la legalización de la mariguana en México. Debemos discutir estos dos temas -drogas y seguridad- como dos asuntos independientes y ser honestos respecto a la urgencia de atender cada uno de ellos en su justa dimensión. Liberalizar es necesario, pero no es la panacea.

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