La desmesura o pecado de orgullo, que los griegos denominaban hubris, consiste en creerse más que humanos, desconocer y traspasar imprudentemente los límites de nuestra condición olvidando su insuperable finitud. Tal desmesura, dice Aníbal Romero, incluye el desdén hacia los costos que nuestra pérdida del sentido de las proporciones puede acarrear a otros, en términos de angustia, dolor y desencanto. Un gobierno dedicado a caprichos sin la menor preocupación por la relación entre costos y potenciales beneficios es un ejemplo inexorable de desmesura.

La propensión a la desmesura es una constante en la naturaleza humana. En la Ilíada, Homero muestra diversas formas en que Helena, Aquiles y otros personajes pierden sentido de realidad. Eso mismo ocurre cada vez que un gobierno decide en función de mitos, dogmas o preferencias sin reparar en lo obvio: los recursos que emplea no son suyos. Los gobiernos utilizan recursos que recaudan de la población y son, o deberían ser, responsables ante ésta. Éste claramente no ha sido el caso del actual gobierno.

Los gobiernos, potenciados por su enorme tamaño, ejercen sus recursos como mejor consideran, impactando la vida cotidiana por comisión, pero también por omisión. El gobierno actual diseñó tres proyectos emblemáticos cuyo costo debe medirse de dos maneras: en primer término, por la inversión misma y las opciones que existían; igual de importante, es indispensable evaluar sus consecuencias. No hay mejor ejemplo de esto que el famoso aeropuerto Felipe Ángeles: el costo de construirlo, el costo de destruir el NAICM, que llevaba cerca de 40% de avance, y el costo de tener que construir un nuevo aeropuerto en el futuro porque la combinación de los dos actuales (AIFA y AICM) es disfuncional y, en todo caso, insuficiente.

El gobierno se ha distinguido por la opacidad en el manejo de las inversiones públicas, así que todo son estimaciones, pero los cálculos publicados sugieren lo siguiente: el costo de AIFA fue de 5 billones de dólares; el costo de destruir el aeropuerto de Texcoco, incluyendo el repago a los tenedores de bonos, bordea los 16 billones de dólares. En adición a esto, como saben todos los usuarios del viejo aeropuerto, pero que es un secreto para el presidente, tarde o temprano se requerirá un nuevo aeropuerto que reemplace al actual y ese nunca va a ser el de Santa Lucía. Ese nuevo aeropuerto costará al menos otros 16 mil millones de dólares. En suma, el “chistecito” va a costar unos 37 mil millones de dólares.

Algo similar ocurrirá con la refinería y el tren maya. Las estimaciones más recientes sugieren que la refinería costará cerca de 18 mil millones de dólares y que el tren maya alcanzará una cifra de aproximadamente 11 mil millones de dólares al tipo de cambio actual. Como con el aeropuerto, la medida tiene que ser doble: lo que costarán los proyectos y los potenciales beneficios que lleguen a arrojar. Si las tendencias actuales en materia de automóviles eléctricos se materializan, lo mejor que se podría esperar es que un proyecto concebido para funcionar por décadas (la refinería que Pemex adquirió en Texas tiene más de un siglo desde su construcción), es que ésta opere por un máximo diez años: de mediados de los veinte a mediados de los treinta. O sea, otro enorme dispendio. El tren maya constituye una apuesta todavía más temeraria, toda vez que ni siquiera pasa por dos de las tres ciudades importantes de la península.

La desmesura tiene muchas formas de cuantificarse, pero la esencial es aquella que se deriva de dogmas que nunca experimentaron criba alguna de realidad. Yo no se si el aeropuerto de Texcoco se localizaba en el mejor lugar, pero no tengo duda alguna que los dos aeropuertos que hoy existen comparten un mismo espacio aéreo y, por lo tanto, no suman sino restan. Todo por demostrar, como indicaba el título del libro que el presidente colocó junto a su sillón el día en que anunció la cancelación del aeropuerto, “quién manda aquí.” Gracias a la ausencia de contrapesos, los presidentes mexicanos mandan en su sexenio y son propensos a los excesos aquí apuntados, pero ninguno como el actual.

La soberbia y la arbitrariedad se mezclan para producir no sólo excesos, sino devoción por los mismos, la mejor medida de hubris, ese pecado capital tan mexicano que tan costoso le ha salido al país a lo largo de su historia. Por muchos años, el hoy presidente criticó, con toda legitimidad, el excesivo costo del rescate bancario, estimado en alrededor de 12% del PIB. El costo de sus proyectos de inversión se acercará al 6% de la economía. La diferencia es que aquél fue producto de una crisis mal manejada; éste fue intencional y auto infligido.

El presidente Juárez anticipó lo que vendría ciento cincuenta años después de su muerte: «Un sistema democrático y eminentemente liberal, como el que nos rige, tiene por base esencial la observancia de la ley. Ni el capricho de un hombre solo, ni el interés de ciertas clases de la sociedad, forman su esencia. Bajo un principio noble y sagrado él otorga la más perfecta libertad, a la vez que reprime y castiga el libertinaje… Es por tanto evidente, que a nombre de la libertad jamás es lícito cometer el menor abuso».

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Más allá de sanciones y cálculos sobre el resultado final de aquel conflicto, lo directamente relevante para México es qué cambiará en la relación México-Estados Unidos, sea esto con el gobierno de Biden o con quien le siga.

Es fácil subestimar al tío Sam, como le pasó a los japoneses en 1941, a los terroristas de septiembre 11 y a los rusos en Ucrania. Biden no ha sido un líder particularmente exitoso, pero no es la persona, sino la superpotencia que él representa, con quien México debe lidiar.

Visto desde la ciudad de México, sobre todo dada la enorme capacidad que AMLO parece creer tener para influir sobre las decisiones internas de ese país, es fácil imaginar que puede imponerle su agenda a Biden, como hizo con la Cumbre de las Américas. Sin embargo, la experiencia histórica muestra que apostar contra los estadounidenses, como de hecho lo ha estado haciendo el gobierno mexicano, no es una estrategia muy inteligente.

En una entrevista cuando Rusia comenzó su embate contra Ucrania, Natan Sharansky, un prisionero político en la era soviética, explicó a Putin con la siguiente metáfora: “El cabecilla en su celda” cuando estaba en prisión no era la persona más fuerte físicamente, sino quien estaba dispuesto a emplear su navaja. “Todos tenían una navaja, pero no todos estaban dispuestos a usarla; Putin está convencido que él usará su navaja en tanto que occidente no, que occidente solo puede hablar a pesar de ser físicamente mucho más poderoso.” Putin lleva años midiendo a occidente, especialmente a EUA, y su lectura le llevó a concluir que podía invadir Ucrania y salirse con la suya. El veredicto sobre el devenir está por conocerse, pero el hecho de haber invadido cambió la historia y eso tiene enormes implicaciones para México.

El presidente López Obrador actúa bajo un marco de referencia previo a la invasión de Ucrania. Independientemente de esa nación, es imposible no reconocer que el mundo volverá a la lógica de las zonas de influencia donde las potencias -dos o tres, según lo que resulte- comenzarán a hacer sentir sus prioridades y preferencias. Esto que ya han venido haciendo China y Rusia, cada uno a su manera, tarde o temprano se reproducirá en nuestra región.

México es la primera línea de fuego en esa lógica y será sin duda el primero en sentir el peso de la potencia de la región. Desde la perspectiva estadounidense, México lleva años a la deriva, sobre todo en materia de seguridad, pero también por su incapacidad para resolver problemas elementales que impiden el crecimiento de su economía. Por algún tiempo desde finales de los ochenta en que se llegó a una serie de acuerdos seminales sobre los principios que regirían la relación bilateral, Estados Unidos fue un factor activo y dispuesto a apoyar la ansiada transformación interna, el TLC siendo el principal caballo de pelea para lograr el objetivo. Con el tiempo, sin embargo, la falta de resultados y de acción llevó a una desilusión por parte de los norteamericanos, que se limitan cada vez más a cuidar su frontera, abandonando la expectativa de que México lograría un desarrollo integral.

AMLO ha pasado meses provocando al gobierno estadounidense, amenazando y desairando a su presidente y, más recientemente, ofendiendo a su población con la grandiosa idea de destruir la estatua de la libertad, de los pocos símbolos que todavía unen a todos los norteamericanos. No tengo duda que, si la geografía lo permitiese, su preferencia sería distanciar a México de su vecino norteño pero, como no puede, hace todo lo posible por enfriar y disminuir la relación, probablemente confiando con ello lograr el mismo objetivo, independientemente del costo.

Quizá el presidente piense que tiene una desmedida capacidad para imponer sus preferencias sobre los estadounidenses, pero todos los que los conocen saben que, como superpotencia a veces renuente, tarde o temprano pintará su raya e impondrá sus reglas. Tal vez no pueda obligar a México a enfrentar la violencia y extorsión a que están sometidos los mexicanos o a que mejoren los niveles de vida de los mexicanos, pero, como ilustró Trump en su momento, no va a tolerar una ofensa tras otra.

El presidente clama respeto y habla de soberanía, pero se trata de una quimera en la era de la globalización. El respeto, para existir, tiene que ser mutuo y México no se ha caracterizado por esa virtud hacia Biden. Por lo que toca a la soberanía, ésta se afianza logrando la grandeza de México, no con su creciente sumisión ante el crimen organizado y con la interminable construcción de barreras al desarrollo económico. La relación con EUA puede ayudar en ambos frentes, pero no cuando se les usa de puerquito.

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En su afán por imponer su manera de ver al mundo, el gobierno federal nos ha regalado una fotografía fehaciente de lo que no funciona y que por eso no debe ser. Décadas -si no es que siglos- de gobierno centralizado con estructuras verticales de control tuvieron el efecto de estabilizar al país, pero no de lograr su desarrollo. La descentralización que nos ha caracterizado en las últimas décadas no se tradujo en un renacimiento generalizado de creatividad local, quizá en buena medida por el enorme peso de la idea de control central que el presidente intenta recrear. Como escribiera Marx hace casi doscientos años, lo que es tragedia la primera vez, resulta ser una farsa la segunda.

Acostumbrados a poderosos gobiernos centrales, a los mexicanos nos cuesta trabajo entender la trascendencia de la gobernanza local y, sobre todo, los costos de la imposición desde “el centro.” Los grandes éxitos económicos de las últimas décadas han surgido en estados y regiones que se dedicaron a promover el crecimiento y se abocaron a crear condiciones para que eso fuera posible. El auge experimentado por Querétaro, Aguascalientes, Yucatán, Nuevo León y otras entidades no ha sido producto de la casualidad, sino de estructuras efectivas de gobierno local.

En sentido contrario, tanto la incapacidad para erradicar la violencia, la extorsión y otras formas de actividad criminal, como la pobreza que sigue imperando en muchas regiones del país, especialmente en el sur, reflejan gobiernos locales incapaces o, más al punto, dedicados al control y la expoliación.

Los números muestran que el deterioro en materia de seguridad avanzó de manera paralela al debilitamiento de las estructuras de control centralizado desde los noventa y, aunque hubo alguna mejoría al inicio de la segunda década del siglo, ésta no se consolidó. Los controles centralizados de antaño resultaron inviables en un país que se diversificaba y democratizaba, pero nada se hizo, especialmente a nivel local, para construir capacidad de gobierno, comenzando por policías, poder judicial y mecanismos de interacción y comunicación entre la ciudadanía y las autoridades electas.

Con el “divorcio” del PRI y la presidencia en 2000, los gobernadores, organizados en un sindicato, le “robaron la chequera” al gobierno federal, pero no usaron la súbita cauda de recursos para transformar sus estructuras con miras hacia el desarrollo de sus entidades, sino para enriquecerse y/o promover sus propias carreras políticas. En confesión manifiesta de sus prioridades, los gobernadores no encontraron motivación alguna para proteger a la ciudadanía a la luz del brutal crecimiento del crimen organizado.

Desde entonces hemos sido testigos de dos respuestas igualmente erradas y absurdas: por un lado, Felipe Calderón movilizó al ejército para confrontar a los criminales. El valor de su decisión radicó en el reconocimiento de la amenaza que el crimen organizado constituye y su impacto sobre la sociedad y la economía; pero el envío del ejército no constituyó una respuesta idónea porque los militares, no siendo policías, saben pacificar una región, pero no construir capacidad para la seguridad de largo plazo. Fuera de unos meses de paz, retornaron los criminales y nada cambió para la población.

La segunda respuesta es la del presidente López Obrador, que ha ido en sentido opuesto: argumentando que hay que atender las causas últimas de la criminalidad, ha impedido que la guardia nacional actúe, con lo que de hecho ha promovido una nueva ola de criminalidad, la que se expresa en la forma de extorsión, secuestro, derecho de piso y toda clase de negocios ilegales. La mitad del país vive ese terror.

Lo que ninguna de estas estrategias contempla es que el bienestar -desde la seguridad hasta el desarrollo- comienza desde abajo, desde el gobierno municipal. Las ciudades más exitosas del mundo cuentan con policías de manzana o de barrio que conocen a sus habitantes y son garantes, tanto por su presencia física como por la autoridad que representan, de la paz y seguridad de la población. En México se ha intentado imponer la seguridad sin reconocer que el objetivo, y la razón de ser del gobierno, es (o debiera ser) la ciudadanía y su seguridad.

El país es demasiado grande y diverso para pretender controlarlo desde el gobierno federal. El intento que representa el gobierno actual en esa materia va a fracasar como le ocurrió a todos los experimentos anteriores.

Resolver la inseguridad sólo es posible en la medida en que se reconozca, primero, que la razón de ser del gobierno es el bienestar de la población y, segundo, que eso sólo es posible con la concurrencia y participación de la ciudadanía. Es posible que, en sociedades con culturas autocráticas, o bajo dictaduras, se pueda imponer el orden desde arriba, pero ese no es el México de hoy, por lo que todos los experimentos en ese sentido seguirán fallando.

La democracia mexicana adolece de múltiples carencias porque la ciudadanía sigue siendo impedida, en tanto que el crimen organizado prolifera. El conjunto ha arrojado un país cada vez más inestable y con su potencial económico mermado. Hay que comenzar por reconocer a la ciudadanía como el corazón del futuro y construir desde abajo. No hay de otra.

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“Hay décadas en que nada pasa y hay semanas en las que pasan décadas” escribió Lenin. Los grandes virajes en la historia usualmente no se aprecian en el momento en que se dan los puntos de inflexión, porque la vida cotidiana para la mayoría de los habitantes del orbe no cambia de manera radical. Sin embargo, vistos en retrospectiva, esos momentos resultan cruciales. Todo indica que la invasión de Ucrania apunta hacia una de esas instancias, con enormes implicaciones para el futuro del mundo.

Los grandes puntos de quiebre, como el fin de la segunda guerra mundial, el colapso de la URSS, la constitución de la Unión Europea o el distanciamiento de China respecto a occidente sobre todo a partir de la crisis financiera de 2008, son todos puntos de inflexión que alteraron la manera de funcionar del mundo, en algunos casos de manera dramática.

La invasión de Ucrania marca otro momento de transición. Aunque algunos de los componentes del “nuevo” futuro ya comenzaban a cobrar forma, como son las islas artificiales que China había venido construyendo en el mar del sur de China para eventualmente convertirlo en un “lago” interior, la confrontación directa que está teniendo lugar entre el bloque occidental y Rusia inaugura una nueva era. Sobre todo, anuncia el fin de las “vacaciones respecto a la historia” como alguna vez escribió George Will. La noción de que es posible abstraerse de los intereses de las potencias y suponer que todos juegan bajo las mismas reglas parece haber llegado a su fin. La geopolítica está de vuelta.

Aunque tarde algún tiempo en consolidarse, las piedritas en el camino son sugerentes. Luego del fin de la guerra fría cobraron preeminencia las decisiones económicas y todas las naciones se dedicaron a competir por atraer a los inversionistas para generar nuevas fuentes de crecimiento económico y desarrollo para sus países. Fukuyama escribió su famoso artículo sobre “el fin de la historia,” concepción que se convirtió en mantra para empresas y gobiernos: el sistema capitalista había ganado y todo el mundo era “plano” según Thomas Friedman, por lo que no había distinción entre Alemania y Zambia para fines de la localización de una inversión. Mientras tanto, Samuel Huntington, maestro de Fukuyama y un observador más cauto y profundo, argumentaba que las diferencias culturales y políticas no desaparecían por el hecho de haber criterios económicos similares, pero el “mundo Davos,” por llamarle de alguna manera, se convirtió en el dogma dominante.

En retrospectiva, el ascenso al poder de una caterva de gobernantes “duros” a lo largo de la última década anunciaba un cambio en ese modelo, toda vez que, más allá de sus atributos o defectos, su aparición respondía a nuevas realidades sociopolíticas en países tan diversos como Brasil, Estados Unidos, Hungría, Turquía, China y México. Cuando el presidente mexicano habla de que las decisiones económicas se subordinen a las políticas el mensaje es preclaro: al carajo con el modelo Davos. Para los ciudadanos y los empresarios esto implica un gobierno mucho menos preocupado por el desarrollo y más por la subordinación y el control.

Estas circunstancias muestran una tendencia muy clara, la que Huntington había identificado y que, ahora, con Ucrania, promete convertirse en una nueva realidad geopolítica. El gobierno estadounidense siempre ha sido proclive a tomar decisiones que ignoran sus compromisos comerciales: su tamaño y naturaleza le lleva a suponer que todo mundo tiene que alinearse. Una muestra reciente de esto es el subsidio a los automóviles eléctricos, lo que desincentiva su instalación en México (y Canadá), y es prueba de que la racionalidad económica se ha subordinado a factores políticos. Para México esta es apenas una señal de lo que podría venir el día en que nuestro principal motor de crecimiento, la economía americana, comience a actuar bajo criterios de poder, como lo hizo, a pequeña escala, Trump respecto a la migración.

La vuelta de las zonas de influencia no será una repetición de lo que existió en la era de la guerra fría, pero cambiará la forma en que las naciones se relacionan entre sí. La economía de la información y la era de la inteligencia artificial cambian la naturaleza de la actividad económica y política a la vez que hay varias potencias en ciernes, como India, que tienen capacidad para limitar el impacto de las dos o tres nuevas zonas de influencia (EUA, China y Rusia) que previsiblemente se irán conformando. En su acepción histórica, las zonas de influencia implican la preeminencia de potencias con capacidad de ejercer control o algún grado de disciplina sobre las naciones de una determinada región. En la era digital y con factores reales de poder permanentemente en el radar, como la competencia de China y EUA en diversas demarcaciones, un nuevo esquema de esta naturaleza seguramente implicará mayor conflicto de lo que caracterizó a la era de la guerra fría.

Por otra parte, la mayor protección que una nación puede lograr ante esta nueva realidad radica en lo obvio: en la fortaleza de su propio desarrollo, solamente posible en el contexto de un gobierno con claridad de rumbo y una sociedad sin mayores crispaciones. La ausencia de esta condición anticipa un futuro complicado.

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El discurso gubernamental de los pasados tres años ha modificado los vectores de la política mexicana. Muchos elementos que se daban por hechos han quedado expuestos como enclenques o insustanciales, en tanto que han proliferado los intentos por explicar el fenómeno que representa el presidente, así como de lo que quedará después del sexenio, comenzando por la justa electoral de 2024.

Por supuesto, nadie sabe cómo acabará este gobierno ni cuál será el devenir de aquella elección, pero los factores que determinarán ambos resultados están a la vista. Explorarlos o, al menos, ponerlos sobre la mesa, es un ejercicio necesario para elucubrar sobre lo que le espera a la sociedad mexicana.

Una primera discusión se refiere a la profundidad del cambio que ha encabezado el presidente López Obrador o, en otros términos, qué tanto de la realidad política anterior probará haber sido una constante y qué parte se habrá modificado de raíz. Muchos estudiosos cercanos al gobierno han hablado de un supuesto cambio de régimen y no de un mero cambio de matiz y de prioridades.

No se requiere mayor clarividencia para observar que el presidente ha seguido todas las prácticas, criterios y estrategias del viejo PRI: el control del poder como objetivo y el desarrollo de mecanismos para asegurar su permanencia más allá de los procesos electorales formales. Es decir, la constante es el poder y sus instrumentos. Lo que sin duda ha cambiado es la fachada que por treinta años se fue edificando para crear la apariencia de una sociedad crecientemente institucionalizada, con mecanismos de contrapeso para limitar los excesos presidenciales. La fachada se ha venido abajo, pero el objetivo de controlarlo todo está tan vivo como lo fue siempre en el viejo sistema político. Ningún cambio de régimen; éste sólo ha sido desnudado.

Un segundo elemento es el de la base de poder del presidente. La revocación de mandato mostró que la base dura que lo sostiene es de aproximadamente la mitad de la que votó por él en 2018. Buena parte de ella lo sigue de manera acrítica, como si se tratara de la grey que sigue a su predicador. El tiempo dirá qué tan permanente realmente prueba ser, pero lo que no es desdeñable es que existe otra parte de la población que rechaza al presidente, de manera incrementalmente visceral. Jan-Werner Müller, un estudioso de la democracia, dice que no se puede ignorar un contra fenómeno que se manifiesta en los momentos populistas de nuestra era: que así como hay creyentes que siguen al líder, también hay una mayoría silenciada a través de los mecanismos retóricos de la descalificación, la polarización y la deslegitimación.

Müller* afirma que este tipo de liderazgo fuerte pero excluyente tiene por característica la de pretender tener el monopolio de la representación de la ciudadanía cuando, en realidad, se trata de una disputa entre liderazgos y partidos. La debilidad de muchas, quizá la mayoría, de las instituciones que existían ha sido el factor crucial que le confirió al presidente la enorme capacidad de manipular la vida cotidiana y neutralizar tantos espacios de la sociedad, a la vez que intimidó a vastos sectores de la población. Todo lo cual no implica que haya logrado control de la sociedad, sino su aplacamiento, lo que arroja la interrogante obvia de que tan permanente será ese amansamiento.

Un tercer elemento del momento actual es precisamente el del control. A nadie le cabe la menor duda que el presidente ha logrado concentrar y centralizar el poder en el país, pero lo ha hecho al costo del crecimiento de la economía, la alienación de vastos sectores de la sociedad y la acumulación de un número siempre creciente de víctimas y enemigos que inevitablemente esperan el momento para revertir su circunstancia y, quizá, vengarse. La paradoja del control es que no es duradero: sigue un ciclo que comienza y termina con el sexenio y se va debilitando en el proceso. Así, otra interrogante clave es qué tan grave habrá sido el daño infligido a la economía, a la sociedad y a esas víctimas. La respuesta determinará el potencial de conclusión benigna, o en crisis, del gobierno actual.

Finalmente, el cuarto elemento es el de la oposición. La democracia no es un asunto de consenso, sino del manejo del conflicto por cauces institucionales. Parece absurda la pretensión de que es posible retornar a la era del partido único y monopólico como sugeriría la reciente iniciativa de reforma electoral, pero esa ha sido la lógica presidencial aunque, paradójicamente, es el crimen organizado el que ha ido avanzando en la dirección de recrearlo. Por ello, una interrogante más es quién se aliará con quien para la elección de 2024. Quizá hoy no haya pregunta más trascendente que ésta.

Al final del día, el problema del gobierno actual es que no resolvió ni uno solo de los problemas que esbozó en su propuesta de campaña. El país está peor en todos los índices convencionales. Viendo hacia adelante, la pregunta clave no es quién encabezará al próximo gobierno, sino qué estrategia adoptará para confrontar los problemas que enfrenta el país -los que ya existían y los que innecesariamente creó el gobierno actual- todo ello atendiendo los agravios que llevaron al momento actual.

*Democracy Rules, Farrar

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