Luis Rubio

Paso a paso, se fue consolidando el proyecto de concentración del poder, ahora entrando en su última fase, con los consecuentes riesgos económicos e inevitable destrucción de civilidad. A muchos les parecerá excesiva esta afirmación, pero la historia demuestra que cuando se concentra el poder en una sola persona -y, peor, cuando esto se hace a través de la descalificación y la alienación- el resultado es un inexorable empobrecimiento del país e, ineludiblemente, de los más pobres, esos que dieron su voto por el presidente que ahora los traiciona.

Comienza el ocaso de un gobierno cuyo proyecto central fue la negación absoluta de la pluralidad que caracteriza al país. El presidente ganó con poco más de la mitad del voto de la población, un resultado excepcional desde que se comenzaron a contar los votos de manera impoluta y profesional luego de la creación del IFE en 1996. Cinco años después, la situación es otra, como lo atestiguan los contrastes entre los potenciales candidatos a sucederlo. Ninguno lo representa de manera cabal y ninguno es capaz de sumar el mismo porcentaje de votación que el hoy presidente logró en 2018. La exclusión de la mitad de la ciudadanía, en adición a buena parte de quienes, sin ser de Morena, le confirieron su voto, presenta ahora su factura en la forma de precandidaturas incompatibles.

El presidente ha creado un mecanismo que aspira a evitar rupturas, a la vez de sumar contingentes disímbolos detrás de un candidato ganador. Objetivo difícil de lograrse a pesar del éxito rotundo que ha tenido en controlar no sólo el debate público, sino sobre todo la narrativa que yace detrás de su liderazgo y la lealtad que le brindan sus bases. El presidente es popular, pero su gobierno es impopular y nadie sabe cómo sumarán o chocarán estos dos factores el día de la elección. La población parece satisfecha de la mejoría en su ingreso real y en el nivel de empleo, pero el país sigue rezagado respecto al momento de su inauguración. En el índice de desarrollo humano de la PNUD, de la ONU, México cayó 12 lugares, equivalentes a diez años de avance previo. Tampoco aquí es obvio cómo impactarán estos dos factores -la mejoría reciente o la pérdida absoluta- en la mente de los electores el día del voto en 2024.

La oportunidad para la oposición, si ésta logra aliarse y montar un frente común, es más que evidente. Primero que nada, la pérdida de apoyo al presidente es real: Morena perdió las elecciones intermedias. La oposición no controla la cámara de diputados porque no fue aliada a la justa electoral, pero eso podría, y debiera, cambiar en 2024. La celeridad con que el partido gobernante ha entrado en el proceso de nominación de su candidato no implica que sea imposible una candidatura alternativa el día de la elección, once meses del día de hoy. Es claramente falsa la noción de que lo único que falta para que se cueza el arroz es que Morena emita su veredicto en la forma de una candidatura.

El ejercicio del poder desgasta y más cuando se tiene tan poco que ofrecer como resultado de la gestión. Los proyectos clave del gobierno siguen inconclusos y es dudoso que logren tener impactos relevantes en la vida de la población. La naturaleza contenciosa del discurso presidencial rinde frutos, pero también aliena y la división resultante se traduce en fracturas que pueden acabar siendo tan trascendentes como los beneficios. Cuando el presidente se impone al exigir “que no le cambien ni una coma” a sus iniciativas manda un mensaje a su base, pero pierde al resto de la ciudadanía. No toda la población es idéntica, sumisa o cabizbaja, y no es nada difícil que, como ilustró el voto en 2021, el presidente haya perdido la mayoría con que ganó hace cinco años.

La embestida contra el marco institucional, los partidos de oposición y las instituciones emblemáticas de la transición emprendida a partir de los noventa, sobre todo contra entidades como la Suprema Corte de Justicia, el INE y el INAI, ha sido irredenta. El objetivo de someter y subordinar ha sido expreso y manifiesto. Pero no ha sido exitoso. La pregunta relevante, a menos de un año del día de la elección presidencial, es si el gobierno actual acabará dejando un país mejor del que encontró. Los datos duros dicen que no; la narrativa que los disputa dice que el país tiene un sistema de salud como el de Dinamarca, que la inseguridad disminuye y la corrupción desapareció. ¿Qué ganará: la realidad o la ilusión? Otro imponderable.

La realidad abruma, y más cuando, a pesar de las percepciones, no hay proyecto susceptible de arrojar mejores resultados. Malcolm X, un activista de los derechos humanos, escribió que “el patriotismo no te puede cegar tanto como para impedirte enfrentar la realidad. Lo malo es malo, no importa quién lo haga o lo diga.” La ciudadanía tendrá en sus manos la oportunidad, y la responsabilidad, de decidir qué gana: la realidad o la percepción pasajera. El problema no es el gobierno, siempre pasajero, sino el impacto sobre la población, siempre permanente. Los meses que quedan pondrán a prueba a este binomio todos los días.

Hoy todo parece claro, pero faltan muchos meses para el final. El primer ministro británico Harold Wilson dijo que, en política, una semana es toda una vida. Once meses son una eternidad.

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Orden y desorden, argumenta Robert Kaplan,* es una disyuntiva que no depende de uno, sino de la experiencia vivida. A Inglaterra le tomó 700 años evolucionar de la Carta Magna al sufragio femenino, con muchas luchas por demás violentas en el camino. Las tradiciones democráticas, como ilustró la llamada primavera árabe hace poco más de una década, no se construyen de la noche a la mañana. Los mexicanos que vivieron la época de las crisis financieras desde los setenta tienen una concepción del mundo muy distinta respecto a quienes nacieron en la era de la alternancia de partidos políticos en la presidencia, algo inconcebible en la historia postrevolucionaria, aunque hoy se mire como un suceso natural. Experiencias contrastantes que explican perspectivas distintas sobre la forma en que el gobierno actual conduce los asuntos nacionales.

En las pasadas cuatro décadas, explica Fernando Escalante,** el país experimentó dos grandes evoluciones, ninguna exitosa. La primera evolución entrañó el paso de un mundo de impunidad legitimada que gozaba de apoyo social porque era efectiva y rendía resultados en términos de crecimiento económico y paz social, o sea, gobernabilidad (pero que se acabó porque agotó sus posibilidades), hacia una transición inconclusa fundamentada en formas democráticas y el mercado como factor de organización económica: “la racionalización administrativa de las elecciones y la despolitización de los mercados.” Ese “régimen de transición” tuvo éxito en muchas cosas, pero vino acompañado de consecuencias no deseadas, como desigualdades diversas que no se resolvieron porque nunca se consolidó un sistema de justicia eficaz y el Estado de derecho. En lugar de terminar con el mundo de complicidades e impunidad para construir un fundamento de seguridad y justicia para todos, ese régimen implementó una visión centralista sobre un país cada vez más grande, diverso y disperso para el que las soluciones desde arriba no podían funcionar: en lugar de fortalecerlas, se debilitó a las autoridades locales y se abrió la puerta al mundo de extorsión que hoy se ha generalizado.

La segunda evolución ocurrió recientemente, pero hacia una nueva era de indefinición. “Decir populismo, autoritarismo, regreso del PRI, es decir muy poco. En los hechos hay una retórica aparatosamente estatista y un parejo debilitamiento del Estado… la aspiración a la trascendencia histórica… [que] contrasta con una desconcertante falta de proyecto.” La descripción que hace Escalante explica la opacidad, la manipulación electoral, los nuevos espacios de intermediación, en suma, la búsqueda de devolverle a la clase política márgenes de maniobra impune. El modelo que ha venido construyendo el gobierno actual confronta a la economía formal (que requiere más Estado) con la informal (que requiere más política), pero responde a circunstancias contrastantes en distintas regiones del país y estratos de la sociedad. La contradicción implícita entre estos dos mundos lleva a una creciente responsabilidad en manos del ejército, en paralelo con una disminución sistemática de las capacidades del Estado. Escalante concluye su argumento de manera ominosa, citando a Sciascia, afirmando que se trata del “orden de la mafia.”

Ahora que nos encontramos ante el proceso de sucesión presidencial, la pregunta es qué sigue. Por más que el presidente acelera el paso para intentar darle formalidad a sus preferencias y decisiones a través de una intempestiva serie de iniciativas de ley, es razonable preguntarnos si es sostenible el momento actual, ese orden mafioso al que se refiere Escalante y que, digo yo, se sustenta más en la habilidad de una persona para mantener la atención de la población que en la funcionalidad de su gobierno. ¿Podrá quien lo suceda mantener el statu quo?

Orden y desorden, dos caras de la misma moneda y dos circunstancias contrastantes, ambas siempre presentes en la realidad cotidiana. Quienes viven en la economía formal no pueden evadir numerosos encuentros con la extorsión, impunidad y violencia que aqueja a cada vez más mexicanos; quienes viven en la informalidad confrontan barreras sistemáticas a su desarrollo no sólo por los mismos factores de violencia e impunidad que padece toda la población, sino por las barreras que el mundo formal les impone de manera creciente. El éxito del SAT en empatar transacciones y cerrar cada vez más espacios de evasión fiscal constituye una barrera infranqueable para la informalidad, paradójicamente la base social del presidente.

Vuelvo al comienzo: las experiencias vividas a lo largo del tiempo determinan la perspectiva que cada uno tiene sobre el momento actual. Para quien vivió en la era de crecimiento y estabilidad del desarrollo estabilizador, la violencia e informalidad de hoy resultan ser amenazas intolerables para el desarrollo; en sentido contrario, para quien creció en la era de la alternancia de partidos políticos y la violencia -dos factores lamentablemente indisociables- la noción de crecimiento económico estable y sistemático resulta ser una quimera inalcanzable.

Gane quien gane, el próximo presidente no podrá obviar estos contrastes: tendrá que encontrar una forma de reconciliarlos, un nuevo pacto social que avance hacia la formalización de la vida nacional.

*The Tragic Mind; ** México ayer y ahora (Nexos, abril 2023).

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Todo iba bien, hasta que comenzaron las locuras. El afán transformador se había limitado a eliminar obstáculos que no gozaban de mayor reconocimiento popular y a ampliar las transferencias en efectivo a las clientelas favoritas. Ambos pasos respondían a una lógica impecable: si no goza de legitimidad se puede eliminar a un costo mínimo y los fondos derivados de ese actuar permiten ampliar y consolidar las fuentes de apoyo. Y, efectivamente, las encuestas muestran que el costo político de eliminar entidades, instituciones y fondos, incluso para cosas tal fundamentales como el sector salud, ha sido mínimo. Quizá eso llevó a considerar que todo es posible y que el único límite es la imaginación.

De hecho, hay muchas cosas que requerían (y requieren) ser modificadas y que eso no había sido posible en buena medida por la capacidad de obstaculizar el actuar gubernamental por parte de diversos grupos de interés: sindicatos, empresarios, políticos. Nadie puede tener la menor duda que hay inmensos rubros de dispendio en el gasto público; que la inercia burocrática inevitablemente conlleva a demandar mayores recursos en lugar de elevar la productividad y mejorar los resultados; y que hay diversos renglones en el presupuesto público que tienen el efecto opuesto al concebido en su origen. La forma en que se conducen los líderes de los partidos de oposición dados los recursos federales que reciben por ley es un buen ejemplo de esto, pero ese es otro asunto.

Sin compromisos previos, el presidente López Obrador tenía todo en sus manos para llevar a cabo esa transformación que prometió pero que luego se redujo a no más que a concentrar el poder y a destruir fuentes de potencial contrapeso a la presidencia. Muchos de los grandes impedimentos al crecimiento económico y al desarrollo del país podían haber sido eliminados, abriendo ingentes oportunidades para el futuro. Eso no ocurrió. Y ahora el panorama se ensombrece por medidas que permiten anticipar escenarios cada vez más complejos y conflictivos para el proceso de sucesión en ciernes.

Las últimas semanas han sido testigo de la disposición a tentar el destino, incluso sin reconocerlo. Los ataques a la Suprema Corte de Justicia y especialmente a la ministra presidente no cesan y ahora se acompañan de decretos que entrañan, al menos en términos políticos, un claro espíritu de desacato. Nunca antes había ocurrido algo así. Acto seguido una expropiación, en este caso del ferrocarril transístmico. Estos dos ejemplos constituyen una enorme escalada respecto al ya de por sí agrio y agresivo tono de las mañaneras cotidianas. Y todavía faltan quince meses.

Pasado el colapso de la Unión Soviética y de los gobiernos comunistas de sus satélites, el jefe del partido de Hungría, Karoly Grosz acuñó una frase lapidaria que comienza a parecer una predicción de lo que viene en México: “el partido no fue destrozado por sus opositores sino, paradójicamente, por su liderazgo.” Justo en el momento del ciclo político en que los presidentes mexicanos tradicionalmente intentaban consolidar lo logrado y prepararse para el tramo final, confiando en poder evitar los altercados y potenciales crisis que acompañaron a muchas de las transiciones presidenciales, el presidente López Obrador eleva el tono y emprende una nueva embestida en cada vez más frentes.

El objetivo es claro: ganar las elecciones presidenciales a cualquier costo. La pregunta obligada es obvia: si las cosas van tan bien, ¿por qué tanto circo? O, en términos llanos, ¿para qué correr el riesgo de desatar fuerzas que luego pudieran resultar incontenibles a estas alturas del partido, abriendo más frentes cada minuto?

Especulando, hay dos posibilidades: una es que no hay tal certeza de triunfo, lo que exigiría doblar apuestas. La otra es que la facilidad con que el presidente ha logrado avanzar su agenda a lo largo de estos cinco años llevó a considerar que cualquier cosa es factible a un costo menor. Los japoneses pensaron algo así en la segunda guerra mundial y acabaron haciéndose harakiri.

El problema no radica meramente en el desquiciamiento de los límites tradicionales de la política mexicana (que, dicho sea de paso, no tienen porqué ser inamovibles), sino en la agresividad de la estrategia justo en el momento en que las vulnerabilidades inexorables de todos los sexenios comienzan a ascender y, con éstas, los riesgos de acabar mal. El instinto suicida anda desatado.

Ortega y Gasset decía que “Este es el peligro más grave que amenaza hoy la civilización: la intervención del Estado; la absorción de todo esfuerzo social espontáneo por parte del Estado, es decir, de la acción histórica espontánea, que a largo plazo sostiene, nutre e impulsa los destinos humanos.” El camino emprendido en los últimos días no sólo nos aleja de la civilización para acercar al país a la tiranía, sino que conduce a situaciones potencialmente críticas, justo lo opuesto a lo que ha motivado al presidente desde el primer día de su mandato.

De no alterar el curso, el país se podría encontrar, en el menor de los casos, ante una crisis constitucional que bien podría exacerbarse de no salir la elección como el presidente desea. Tiempos de pronóstico reservado.

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¿Qué gana: el discurso o la realidad? El discurso dice “vamos bien,” “yo tengo otros datos,” “Por el bien de todos, primero los pobres.” La realidad, sin embargo, dice otra cosa: el país no está progresando, el desempleo se ha elevado, la pobreza se acentúa, la educación se deteriora todavía más, la falta de oportunidades se acrecienta y la violencia asciende de manera incesante. El discurso afecta percepciones, desvía la atención y mitiga el sentido de urgencia, pero no altera la realidad. Tarde o temprano, la realidad se va a imponer. La pregunta es qué tan tarde, porque de eso depende el devenir mediato del país.

Dos factores mantienen al país funcionando: las exportaciones y las remesas. El gobierno ha hecho prácticamente nada para promover el crecimiento de las exportaciones, el principal motor de crecimiento económico: no hay infraestructura nueva; la violencia cunde por todo el territorio y especialmente en las rutas que llevan a la frontera por donde tienen que atravesar las exportaciones; y factores clave, como la electricidad, son motivo de disputas político-ideológico que se traducen en incertidumbre respecto a su disponibilidad futura. En una palabra, se obstaculiza la principal fuente de empleo, crecimiento y oportunidades.

Por lo que toca a las remesas, el gobierno hace todo lo posible por estimular la migración hacia el norte (que ha vuelto a crecer de manera dramática) al negar oportunidades, castigar a las madres que no tienen con quien dejar a sus hijos al cerrarse las estancias infantiles y favorecer la violencia a través de su política de abrazos con los delincuentes. El crecimiento de las remesas en los últimos años, desde mediados del gobierno de Peña Nieto, ha sido extraordinario y explica al menos en parte la estabilidad de vastas zonas rurales, pero también representa un reto social monumental para familias que se fragmentan. Como política social, la migración es, por decir lo menos, una política de dudosa calidad moral, toda vez que entraña la pérdida de mucha de la ciudadanía con mayor potencial de desarrollo y creatividad.

Avanza el sexenio sin que el gobierno repare en las consecuencias de la negligencia implícita en su estrategia de “desarrollo.” El momento del sexenio es relevante porque la capacidad de administrar la multiplicidad de variables que caracterizan a un país de la complejidad de México va disminuyendo con el reloj sexenal. El discurso presidencial puede aparentar que todo marcha bien, pero su propia capacidad para incidir en los procesos sociales y económicos va desapareciendo en paralelo con el ascenso de las naturales e inevitables disputas que surgen en el contexto de la definición de candidaturas para la sucesión presidencial.

Este no es un reto novedoso para el sistema político mexicano, cuya historia es extraordinaria en dos sentidos: primero, en evitar catástrofes. Y, segundo, en contar con una insólita capacidad para reparar el daño causado por políticas y estrategias descarriadas. Desde esta perspectiva, esta no es la primera vez que México se encuentra ante una tesitura tan compleja como la actual; lo que no es evidente es que ese viejo sistema político siga contando con las condiciones y elementos para evitar una catástrofe.

Durante los setenta, la era que parece ser dorada para la actual administración, el país avanzaba de manera incontenible hacia la catástrofe, pero el discurso presidencial -infinitamente menos sofisticado y efectivo que la narrativa actual- mantenía la apariencia de estabilidad a la vez que promovía la polarización de la sociedad. Sin embargo, nada de eso pudo evitar la catástrofe que siguió. Aquella circunstancia era muy distinta a la actual porque los excesos financieros y el endeudamiento con el exterior eran evidentes, todo ello sin las fuentes de divisas que, gracias a las exportaciones, hoy alteran radicalmente la película. Por otro lado, en contraste con el momento actual, la economía venía creciendo a un ritmo inusitado que no sólo animaba el discurso triunfalista, sino que parecía justificarlo en el terreno que cuenta: el de la realidad.

Es importante situarse en aquella circunstancia para comprender el ánimo del momento y poderlo contrastar con las circunstancias actuales. La economía venía creciendo a casi 8%, el empleo era casi total, los salarios reales crecían, las becas se multiplicaban y México, como país, era visto como un ejemplo de oportunidad y potencial. Independientemente del factor que sostenía aquel sueño -los precios del petróleo- es fácil percibir la sensación del momento. Todo iba hacia arriba en el imaginario colectivo hasta que, de pronto, se colapsó, con aterradoras consecuencias sociales y económicas.

Ninguna de las variables económicas de hoy justifican escenarios catastrofistas como aquellos, pero la complejidad del México de hoy nada tiene que ver con aquel país tan primitivo en términos relativos. La economía y sociedad de hoy funcionan gracias a la existencia de instituciones como el TMEC y el INE, ambas bajo ataque, la segunda de manera explícita, la primera de facto. El México de hoy requiere fortaleza institucional, pesos y contrapesos y un gobierno efectivo. La “nueva” Suprema Corte ha mostrado su relevancia, pero podría no ser suficiente.

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 Una virtud que debe reconocérsele al presidente López Obrador es la transparencia: en contraste con sus predecesores recientes, hay una congruencia total entre su discurso y su visión del país y de la función de la política y su relación con la economía. Como las ve las dice. A diferencia de sus predecesores, no tiene ni a menor preocupación por pretender lo que no es, ni la menor intención de gobernar para todos. Tampoco pretende resolver los problemas del país ni mucho menos crear una plataforma para el futuro. Su agenda es nostálgica y su visión congruente con ella. La pregunta es si eso es sostenible.

En los ochenta México dio un viraje en su estrategia de desarrollo. Ese es el gran punto de contención para el presidente: su reyerta se remite a ese momento de nuestra historia bajo el argumento de que se traicionó el proyecto de desarrollo postrevolucionario. Detrás de esa concepción yace una falacia nodal: que el cambio fue voluntario, promovido por tecnócratas desnaturalizados que no conocían nuestra historia y que, en consecuencia, impusieron una visión del mundo contraria a los intereses de la nación.

El viraje que experimentó el país en aquellos años respondió a dos circunstancias inexorables: una fue la virtual quiebra del gobierno mexicano al inicio de los ochenta. La causa inmediata de la quiebra fueron los excesos fiscales de los gobiernos de Echeverría y López Portillo, que precipitaron el colapso económico en 1982, la crisis de deuda, una recesión de casi una década y niveles extraordinarios de inflación. La causa mediata fue que aquellos gobiernos recurrieron a la concentración del poder y funciones en la presidencia con el objetivo de restaurar la capacidad de crecimiento económico, lo que resultó imposible, provocando el colapso. La pretensión de que con evitar excesos fiscales se puede lograr el objetivo fallido de entonces no va a acabar de otra manera.

La otra causa de la quiebra fue que el mundo había cambiado. Lo que aquellos tecnócratas que el presidente desprecia observaron fue que el modelo de desarrollo estabilizador que tan buenos resultados había dado en las décadas previas ya no era sostenible. Si el objetivo era avanzar y acelerar el desarrollo, el país tendría que cambiar su modelo de crecimiento, en congruencia con la creciente disminución de las barreras a los intercambios financieros, comerciales, industriales y de información que la tecnología comenzaba a impulsar. En una palabra: México se sumaba al mundo o se quedaba sumido en la crisis.

El gran reto para lograr aquellos objetivos grandiosos radicaba en la incompatibilidad del viejo sistema político con una economía moderna, integrada al resto del mundo. Es decir, para poder ser exitoso, el país tenía que cambiar no sólo su economía, sino todas sus estructuras internas. Sin embargo, el “secreto” detrás del viraje en el proyecto económico iniciado en los ochenta fue que el objetivo “real” era el de reiniciar el crecimiento acelerado de la economía para evitar modificar al sistema político. Se entendía la incompatibilidad, pero se pretendió que era manejable.

En esa contradicción, en ese pecado de origen, reside la verdadera diferencia entre el gobierno actual y sus predecesores. Los gobiernos de los ochenta en adelante llevaron a cabo múltiples reformas institucionales, todas ellas concebidas para arropar a las reformas económicas y darle contenido efectivo a las regulaciones que se habían venido adoptando tanto por iniciativa interna como por consecuencia de los tratados comerciales que se fueron negociando. Así nacieron las entidades regulatorias en materia de competencia, comunicaciones, energía, etcétera. En paralelo, se reformó la Suprema Corte de Justicia y, atendiendo al creciente conflictividad, se construyeron las instituciones electorales.

El paradigma era uno de acotamiento del poder presidencial y los presidentes hicieron su parte, cumpliendo las formas. En el camino, fueron presentándose las incongruencias que producía el choque entre las demandas de una economía moderna y la realidad tangible a nivel del piso: comenzando por las vastas diferencias regionales de crecimiento, pero también el ascenso del crimen organizado, la violencia e inseguridad de la población, y la disfuncionalidad en la relación federación-estados, los incentivos perversos de las autoridades locales en materia fiscal, de seguridad y de justicia.

Son esas incoherencias y contradicciones la esencia del rompimiento que ha llevado a cabo AMLO. En contraste con sus predecesores, él actúa bajo un paradigma distinto: el no pretende construir un país moderno; al revés, su proyecto consiste exactamente en lo contrario, en cancelar la parte moderna del país para restaurar la congruencia entre lo económico y lo político.

Desde esa perspectiva, él no tiene porqué dar explicaciones sobre el espionaje que lleva a cabo el gobierno, sobre el destino del gasto público o sobre los vínculos entre su gobierno y otras naciones a las que dedica tiempo y recursos. En un sistema cerrado, introvertido (e inevitablemente autoritario) el gobierno no tiene porqué explicar nada.

Las incongruencias son reales y a la vista de todos. La nueva incongruencia radica en pretender que se puede cancelar lo que sí funciona en lugar de resolver lo que lo obstaculiza.

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