La negociación

Tres verdades son indisputables: el presidente López Obrador es irrepetible; las finanzas públicas son más vulnerables de lo aparente; y la elección del próximo presidente va a tener que ser el inicio de una gran negociación para construir un nuevo futuro. Gane quien gane, hombre o mujer, de cualquier partido, el país se va a encontrar en una situación mucho más delicada y precaria de lo que hoy podría parecer. La mezcla de factores estructurales y circunstancias coyunturales van a producir la imperiosa necesidad de sumar voluntades entre grupos, partidos y ciudadanos que hoy se encuentran en distintos lados de las barreras -las reales y las artificialmente impulsadas por el gobierno actual- que hoy dividen a la población.

También hay otras cosas que son evidentes y que no ameritan mayor discusión: Morena ha lanzado un proceso abierto para la nominación de su candidato(a); la oposición comienza a mostrar músculo; y la ley electoral resulta ser más flexible, y a la vez compleja, de lo que muchos suponían. Cada uno de estos elementos sigue su propia racionalidad y arrojará resultados que afectarán a los otros dos. Lo que hace unas cuantas semanas parecía ser un proceso unidireccional en Morena ha dejado de ser obvio y la posibilidad de una contienda reñida es cada vez más real.

A pesar de que los incentivos que animan a los partidos de la oposición no les llevan a competir para ganar (sino a procurar fuentes de ingreso, como el PT y el PVEM), la realidad los está obligando a construir una estrategia competitiva.

Por lo que toca a la legislación electoral, hay dos perspectivas contrastantes: por un lado, se encuentran las autoridades electorales (el INE y el Tribunal) y, por el otro, los ingresos que reciben los partidos políticos en función de su desempeño en la elección anterior. La aplicación de la ley ha resultado ser más flexible de lo que parecía: el contraste entre la severidad del consejo anterior y la volubilidad del actual es patente. Es posible que la ley permita esa maleabilidad, pero no deja de ser irónico que sea la vertiente ideológica que representa Morena, la principal demandante de restricciones en materia electoral desde los noventa, la que exhiba esa flagrante disposición a violar al menos el espíritu de la ley, ahora con el aval formal del INE.

Por otro lado, el presidente tiene razón en que hay cosas en esa misma legislación que deberían cambiarse, aunque no necesariamente los que él demanda y que son incompatibles con un régimen democrático. La falta de dinamismo de los partidos de oposición sugiere que, cuando las condiciones sean menos contenciosas, debieran ponerse a discusión los privilegios que la reforma de 1996 le confirió a los tres principales partidos, que los han convertido en negocios de facto en lugar de instituciones dedicadas a la agregación de intereses ciudadanos para la búsqueda del poder.

Puesto en blanco y negro, el próximo gobierno, venga de donde venga, va a encontrarse con las arcas vacías, con un presupuesto totalmente distorsionado (dedicado a las clientelas a costa de la salud, la educación y la inversión pública) y ante un escenario de polarización que no le va a dar mayor respiro. Sus circunstancias serán más fáciles o más difíciles dependiendo del panorama que arroje la elección misma: qué tan cercano fue el triunfo y cómo quedó la composición del poder legislativo. Ahí se condensarán los problemas estructurales, las circunstancias coyunturales y los ánimos de los responsables. La oportunidad para construir un nuevo futuro será enorme.

Regreso al inicio: el presidente es irrepetible. Aún ganando su más cercana preferencia, nadie en el panorama nacional goza de su historia, presencia o habilidad. Su personalidad ha logrado no sólo dominar la vida política, sino evitar que la realidad cotidiana, esa que afecta a la ciudadanía, cobre relevancia entre la población, algo inédito. Su sucesor o sucesora no gozará de esas circunstancias, por lo que tendrá que procurar un método que le permita gobernar y al país encontrar nuevos cimientos para un futuro mejor.

Las finanzas públicas se ven bien, pero su fragilidad es enorme, sobre todo por la desaparición de todos los fondos de contingencia, lo que arroja un panorama mucho más incierto de lo aparente.

Nadie puede predecir qué depara el futuro o el momento en que se conjunten los factores que faciliten o dificulten la función de gobernar. Será en ese momento que se presente una gran oportunidad, pero sólo si quien gane tiene visión de trascendencia y desarrollo y el resto del mundo político y de la ciudadanía prueban estar a la altura de las circunstancias.

Mucho de lo que se tendrá que negociar podría aterrizarse en unos cuantos puntos porcentuales de esto o de aquello (por ejemplo, impuestos), pero el momento también permitiría sentar las bases de un nuevo arreglo político que transforme al gobierno dedicado al control en uno dedicado al desarrollo y al bienestar, y al sistema político en un entorno de competencia respetuosa entre una sociedad que cuenta con los medios para estar bien y verazmente informada.

Algunos recordarán que los pactos de la Moncloa que dieron vida a la democracia española fueron sobre salarios y precios pero lograron mucho más. Sí es posible.

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