El presidente López Obrador nunca la iba a tener fácil. Su discurso, sus obsesiones y sus resentimientos entrañaban una fuente permanente de conflictividad y, por lo tanto, de polarización y trifulca. Ganar una elección en esos términos implicaba ir siempre a contracorriente. ¿Cómo, en esas circunstancias, emprender su añorada transformación?

La ventaja con la que comenzó era que no venía de los grupos políticos o partidos tradicionales. Su desventaja era que sus enemigos declarados le eran indispensables para poder lograr sus objetivos. Un gran activismo político y mucha negociación y convencimiento quizá -solo quizá- le habrían permitido crear la plataforma transformadora que el país requería. La chamba habría consistido en eso que hacen los políticos exitosos: empujar a unos, convencer a otros, contener a los demás. A México le urgía (urge) un político así porque ningún estadista nace siendo monedita de oro para todos sus conciudadanos; más bien, estos se forjan en el ejercicio de un liderazgo que suma, convence y logra.

El presidente prefirió obviar estas sutilezas para concentrarse en el poder: veni, vidi, vici, en la frase atribuida a Julio César, llegué, vi y conquisté. Pese a su nombre, el proyecto de la 4T nunca fue de transformación, sino de poder y popularidad. Lo que el presidente quería, al menos a partir de su fallida elección de 2006, era que se le respetara su triunfo; no había nada más detrás de ello. Por eso son tan trascendentes las mañaneras: eso es lo que el presidente entiende por gobernar, un extremo de la vieja noción de que gobernar es comunicar.

El presidente comunica, da línea y predica todas las mañanas y con eso cumple y satisface su cometido. Nimiedades como la economía, el empleo y la seguridad son asuntos menores que no ameritan más que retórica. Para evitar tener que lidiar con sindicatos quisquillosos o empresarios demandantes tiene al ejército: los militares no protestan, simplemente se cuadran y hacen. Extender su mandato cobra entonces una lógica impecable: permite darle continuidad a su proyecto sin tener que ensuciarse las manos o convencer a quienes tienen otros puntos de vista o intereses contrastantes, circunstancias normales y naturales en cualquier sociedad.

Evidentemente, todo esto genera conflicto, pero para eso está la descalificación permanente. Nada puede alterar el proyecto de poder, incluso si se acumula evidencia de ineficacia o corrupción. O, como dice el viejo dicho tan mexicano: aquí no pasa nada, hasta que pasa. Y ese es el problema: la realidad siempre exige rendición de cuentas. Esta puede no tener lugar a la manera de las democracias consolidadas en la forma de comparecencias, investigaciones o contrapesos efectivos, pero siempre llega, usualmente en formas poco amables, sobre todo para las administraciones salientes: devaluaciones, crisis, desprestigio. No siempre juntas: con una de las tres basta, como ilustran tantos de nuestros expresidentes.

Y con esa rendición de facto viene la siguiente etapa: volver a inventar la rueda. Porque una vez que se rompe la credibilidad y la confianza, el camino se torna fangoso. En una sociedad dividida y polarizada, las crisis se vuelven puntos de convergencia porque todos acaban perdiendo: unos terminan desilusionados y se sienten traicionados por quien supuestamente los representaba y protegía, los otros porque la experiencia vivida -y la incertidumbre- les hace ser reacios a creer, participar, ahorrar o invertir. El ámbito político está polarizado, pero no hay que perder de vista que, por más polarización que haya, persiste una amplia franja de independientes que cambia de preferencias electorales en segundos. En este sentido, todos acaban siendo perdedores, un contexto que, paradójicamente, también constituye una oportunidad para sumar y comenzar de nuevo. La oportunidad de potenciales estadistas.

Como dijo Krushchev, “los políticos son todos iguales: prometen construir un puente aún donde no hay un río.” Luego de un sexenio de atonía, destrucción y concentración del poder, el país se va a encontrar ante la necesidad imperiosa de reencontrar su camino, no el camino anterior, sino uno de concordia y reconciliación, conducente a un desarrollo integral y equitativo. La pregunta tendrá que ser similar, pero no idéntica, a la que debió enfrentar el hoy presidente: ¿cómo, en el contexto crítico actual, construir un proyecto de desarrollo al que toda la población se pudiera sumar?

Más allá de filias y fobias respecto al presidente y su 4T, nadie puede ignorar algunos hechos indisputables: primero, el sexenio ha estado saturado de acciones y decisiones que han afectado a la población, a inversionistas y a factores clave de gobernanza que entrañan consecuencias; segundo, hay una enorme porción de la población que recibe transferencias a nombre del presidente, como si fuera su dinero, abriendo severas interrogantes para el futuro; tercero, el ejército está involucrado en un interminable número de actividades que no le son naturales ni apropiadas en una sociedad abierta y democrática; y, cuarto, la manera de hacer política del gobierno que está en su última fase ha sembrado odios por doquier. La gran pregunta es cómo comenzar de nuevo, porque eso es lo que habrá que hacer, una vez más.

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El gran éxito del presidente López Obrador no radica en una excepcional estrategia o habilidad, sino en haber descubierto un electorado informe y disímbolo que no se sentía representado. Su maestría para comunicarse con esa parte de la población le ha dado un enorme impulso, mucho de ello producto de la inexistencia de alternativas perceptibles en el medio político nacional. Es decir, su éxito se ha potenciado doblemente por la incapacidad de los partidos políticos para entender las nuevas realidades que caracterizan a la ciudadanía y adaptarse a ellas. Ahí radica el éxito de AMLO, pero también las oportunidades para las oposiciones.

El planteamiento es muy simple: el país ha experimentado enormes cambios en las últimas décadas; el electorado se transformó; el entorno -interno y externo- es otro; la ciudadanía es una nueva realidad, antes prácticamente inexistente; y la transmisión de información, ideas y dogmas instantánea. Todos y cada uno de estos elementos han construido una nueva realidad política que no empata con los paradigmas tradicionales que yacen en el corazón de las entidades e instituciones políticas nacionales. En una palabra: el país cambió, pero los políticos, especialmente los partidos políticos, permanecen en un pasado remoto que nada tiene que ver con el México de hoy.

Este desajuste explica la incoherencia entre las posturas de los partidos -todos, incluido Morena- y el electorado nacional. Baste observar los liderazgos anquilosados, torpes, corruptos y chiquitos que caracterizan a esas entelequias llamadas partidos. La fluidez del electorado no está en la mente o estrategia de los partidos y de ahí su incapacidad para motivar o atraer a los votantes.

En este contexto llegó un político astuto que identificó un electorado que no responde a marcas partidistas tradicionales, que está resentido por la corrupción imperante y que está (o estuvo, al menos en 2018) integrado por una franja extraordinariamente diversa de personas en términos de su origen o posición económica y social. La conexión de AMLO con su electorado ocurre al margen de su partido. López Obrador, como Trump (en otro contexto), descubrió un nuevo electorado y lo explota todas las mañanas, aparentemente desafiando hasta las leyes de la gravedad.

Los partidos políticos gozan de una situación privilegiada porque la ley los encumbra y protege. La ley le otorga certidumbre de permanencia, fondos y estabilidad a los tres partidos más grandes y le genera oportunidades de asociación a los chicos para beneficiarse de esas mismas mieles. Es decir, toda la estructura político-legal que da vida a los partidos está diseñada para preservar el statu quo de hace décadas y todos los incentivos que de ahí surgen fomentan el desajuste que nos caracteriza.

Si alguien tiene duda de lo anterior, no tiene más que ver la forma en que opera la reelección de legisladores o presidentes municipales: en lugar de que ésta funcione para acercar a diputados, senadores y presidentes municipales y obligarlos a que respondan a las demandas de la ciudadanía, o sea, que la representen, la reelección fortalece y afianza el poder de los liderazgos partidistas porque de ellos depende que alguien pueda perseguir la reelección. La conclusión inexorable es que los autores de las leyes electorales -esas que nos han dado certidumbre, estabilidad y menos violencia política- también hicieron posible que emergiera un fenómeno político como el de López Obrador. En lugar de que ese entramado legal favoreciera una evolución natural del sistema político, su efecto fue el de paralizarlo, anclarlo a un pasado distante, agudizando el enojo ciudadano y el resentimiento. Paradójico acaba siendo que AMLO quiera alterar el esquema que le fortalece, pero ese es otro asunto.

El problema de los partidos políticos son sus pecados, muchos de ellos históricos, especialmente los del PRI, pues son, como la corrupción, componente inherente a su historia y naturaleza. El paso del PAN por el poder no fue más encomiable, pues además de poco efectivo como partido gobernante, acabó perdido en las mismas prácticas corruptas que le precedieron. Morena pronto enfrentará los mismos dilemas porque, más allá del presidente, no es distinto a los otros. Pero lo malo no es la existencia de esos pecados, sino la incapacidad de comprender las causas del enojo ciudadano o del éxito de AMLO.

Las fortalezas que la ley le confiere a los liderazgos partidistas acaban siendo enormes debilidades, como ilustra el comportamiento reciente del PRI. La pregunta es cuándo se liberarán los partidos y sus líderes de esos fardos, los históricos y los recientes. Esa liberación tiene que ser producto no sólo de una elemental congruencia con el México de hoy o por una falsa moralina, sino de un cálculo político frío: porque estar asociado con la corrupción, el narco, el sindicalismo depredador o una concepción hace mucho rebasada del mundo arroja rendimientos decrecientes.

En la medida en que se acerca la madre de todas las batallas en 2024, la pregunta ya no es sobre AMLO, que pasará a la historia de una manera o de otra. La pregunta es si la oposición será capaz de reformarse para poder aliarse, porque sin eso seguirá cavando el hoyo de su propia extinción. Y con ella, la del país.

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El motor de la apertura política -y de la incipiente democracia mexicana- fue la sucesión de reformas electorales que, desde 1964, pero sobre todo en 1996, experimentó la sociedad mexicana. Cada una de esas reformas respondió a sus circunstancias, pero la de 1996 fue crucial porque fue producto de una negociación abierta entre las diversas fuerzas y partidos políticos, allanando el camino para una competencia transparente, equitativa y debidamente arropada, en un sentido institucional, para acceder al poder. Muy a la mexicana, dimos un gran paso adelante y luego ya no le seguimos.

En estas décadas el país experimentó dos procesos contradictorios. Por un lado, la economía se modernizó y transformó, creando una plataforma extraordinaria de crecimiento en algunas regiones y sectores, pero también una serie de enormes rezagos y obstáculos para el resto. Por otro lado, junto a elecciones competitivas, la política experimentó una creciente degradación por la violencia e inseguridad imperantes, la impunidad con que actores públicos y privados actúan sin el menor rubor y la corrupción que todo lo corroe. Se sentaron las bases para la competencia política y la funcionalidad económica pero no se construyeron las estructuras institucionales que le dieran permanencia y viabilidad a esos dos grandes logros.

La democracia florece cuando la sociedad se asume como ciudadanía, capaz de hacer valer sus derechos, lo que sólo es posible mediante instituciones sólidas, vitales y funcionales. Aunque se desarrollaron diversas instituciones, dos indicadores muestran que el resultado no es encomiable. Por un lado, la violencia e inseguridad demuestran que no se creó un sistema de seguridad y justicia idóneo para las circunstancias. Por el otro, nada ilustra mejor el déficit que la facilidad con que el gobierno actual ha destruido todo ese andamiaje con el que se pretendía que México accediera a la modernidad y la civilización.

La democracia es más que las elecciones: tiene que ver con los derechos ciudadanos, la justicia, la libertad de expresión, los pesos y contrapesos para el ejercicio del poder y los límites al potencial abuso por parte de los gobernantes. De hecho, en palabras del gran filósofo del siglo XX, Karl Popper, la democracia consiste en la certeza de que los gobernantes no abusarán de los ciudadanos. Y Popper hablaba de países con gobiernos funcionales, de lo cual el mexicano claramente no es un buen ejemplo.

En México la democracia se atoró en el primer escalón. En 1997, la primera elección federal posterior a la reforma de 1996, la oposición ganó la mayoría del congreso, a lo que siguió el triunfo de Fox en 2000. Dos sucesos excepcionales en un país que se había caracterizado por la estabilidad política pero no por la participación ciudadana. Sin embargo, nada, excepto el acceso al poder, cambió en la política mexicana. De hecho, la política se fue deteriorando en paralelo con el ascenso del crimen organizado, la ausencia de justicia y la corrupción cada vez más visible. Ahora con AMLO atacando al INE ya ni siquiera es evidente que la competencia por el acceso al poder esté garantizada.

AMLO fue una respuesta de la sociedad a una realidad insostenible, pero su estrategia de volver a centralizar el poder es una solución pobre y, en última instancia, fútil, a un problema fundamental: cómo se va a gobernar el país. Este es el gran desafío hacia el futuro, pero no es la materia que concentra la discusión pública. Lo único evidente es que el control por una sola persona no es sólo inviable, sino extraordinariamente peligroso y pernicioso.

Cambiaron las formas y el discurso, pero no la realidad. Se pretendía que había contrapesos, pero los presidentes -cada uno con lo grande o chico de su visión y capacidad- siguieron ejerciendo el poder a su antojo. Se llevaron a cabo ambiciosas reformas durante el sexenio pasado, pero sin legitimarlas a través de la discusión pública, tal y como AMLO ha venido haciendo en sus temas prioritarios. El punto es que el país no está siendo gobernado y el clima de incertidumbre es incremental y cada vez más riesgoso, poniendo en entredicho la viabilidad de la economía y la funcionalidad de la política. A meses de que comience el proceso formal de sucesión presidencial, es cada vez menos claro que las elecciones de 2024 vayan a ser limpias y reconocidas.

Los procesos electorales son apenas el primer escalón en la construcción de una democracia funcional y exitosa tanto en lo económico como en lo político. México se quedó atorado en ese primer paso, que ahora ha quedado en un limbo por las contradictorias reformas electorales que se pretenden imponer como aplanadora, como en el pasado distante y el cercano. La gran interrogante, viendo hacia el futuro, es cómo se va a salir del hoyo en que este gobierno habrá dejado al país.

El país se encuentra muy dividido, el gobierno modifica prácticas que habían sido clave para la estabilidad política e incurre en riesgos cada vez más elevados en el ámbito político, especialmente el de la sucesión. Para quienes apoyan ciegamente al presidente, estos no son temas relevantes, pero para quienes nos preocupa la construcción de un país exitoso, menos violento y con más equidad, no hay asunto más trascendente.

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Quizá la mayor paradoja de la política mexicana hoy radica en que el principal promotor de la oposición es el presidente, en tanto que ésta se empeña en desaprovechar cada oportunidad que se le presenta. Ensimismada y perdida en sus propios laberintos, los partidos y sus patéticos liderazgos parecen carecer de la capacidad para situarse en el momento -y en la oportunidad- en que tanto el gobierno como la ciudadanía los ha colocado.

Los líderes de la oposición parecen ratificar el dicho del gran actor John Quinton: “cuando los políticos ven luz al final del túnel, corren a comprar más túnel.” Los de oposición están todavía más obnubilados porque creen que no tienen nada más que perder, aún cuando el presidente se dedica afanosamente a ponerles una charola de plata enfrente cada mañana. Mucho más trascendente es la presión de la ciudadanía, factor antes inexistente en la política mexicana, hoy una potencial oportunidad.

Hace dos meses, la ciudadanía salió a manifestarse. Más allá de los números de cada una de las marchas, el hecho político es innegable, tanto así que el presidente dedicó semanas enteras, antes y después, al asunto de la ciudadanía marchando en defensa del INE. No hay nada como una ciudadanía envalentonada que encuentra una causa concreta y tangible que defender; mucho más cuando las percepciones de los marchantes chocan tan frontalmente con la retórica política cotidiana.

Pero el hecho de la marcha ciudadana no entraña, por sí mismo, trascendencia política. Las marchas son manifestaciones ciudadanas que envalentonan a los participantes y presionan a las autoridades, pero no se traducen, de manera automática, en votos, y menos en un sistema electoral tan inflexible que hace difícil (de hecho, desincentiva) el nacimiento o muerte de partidos políticos. En una palabra, para que una marcha trascienda es indispensable que los partidos existentes activen y movilicen las expresiones, miedos, protestas y aspiraciones de la ciudadanía y de la sociedad civil en general para convertirlos en acción política y, en su momento, en votos.

La marcha cohesionó a un segmento de la ciudadanía, le abrió un reducto a la sociedad civil y le ocasionó un boquete (especialmente en la ciudad de México) al partido gobernante y a la apariencia de control absoluto que pretende el presidente, pero no constituye un factor susceptible de convertirse en agente político a la luz de los comicios de 2024. Incluso en el objetivo específico de la marcha, el INE, la ciudadanía apenas logró impedir que Morena hiciera de las suyas en ese y otros asuntos legislativos.

Para eso se requiere a los partidos políticos y ahí yace la gran incógnita de la política electoral en este momento: qué es y dónde está la oposición. La oposición hoy, con la posible excepción de Movimiento Ciudadano, no es más que un recuerdo. Desde luego, en todas las formaciones políticas hay individuos excepcionales con habilidades sobradas, pero los partidos mismos son virtuales entelequias dominadas por liderazgos lúgubres sin más ambición que la personal, ya de por sí pequeña, cuando no ruin.

El sistema electoral tan inflexible permite que se perpetúen tanto los partidos como los liderazgos, lo que incorpora un enorme grado de incertidumbre sobre la capacidad de esos partidos y liderazgos para convertirse en el vehículo susceptible de canalizar el sentir ciudadano. Para tener posibilidad de ganar una elección en 2024, la oposición tendrá que encontrar no sólo al candidato idóneo para tal propósito, sino articular un programa que atraiga a la ciudadanía, le robe al presidente el control de la narrativa y cree condiciones para que todos los partidos de oposición se coaliguen entre sí para convertirse en la fuerza transformadora que el país requiere y la ciudadanía demanda.

El reto es evidentemente enorme, pero existen tres elementos que previsiblemente asistirán en el proceso. El primero es el propio presidente, cuya obcecación continuará alienando a la ciudadanía y, por lo tanto, fortaleciendo las oportunidades de la oposición, como lo hizo con la marcha. El segundo es que estamos entrando en el periodo de sucesión, el lapso más complejo de la política de cualquier nación, donde se exacerban las vulnerabilidades, contradicciones e insuficiencias del gobierno y del sistema político en general. En este rubro, todos estos factores se van a agudizar y multiplicar precisamente por la naturaleza del presidente, de su partido y de la conflictividad que ambos le han impuesto al país. Finalmente, el tercer elemento serán las propias estructuras de la sociedad civil, que hoy son la verdadera fuente de organización, planteamientos, críticas y estudios que, de facto, han ido evidenciando el abuso del poder.

Lo que falta son los partidos de oposición, hoy perdidos en el espacio y sin mayor influencia pero con todos los elementos para convertirse en la fuerza arrolladora que el momento requiere. En su lecho de muerte, Voltaire decía que “éste no es el momento de hacer nuevos enemigos.” Los partidos que hoy caminan como zombis sin rumbo tienen en sus manos la posibilidad, y la responsabilidad, de hacer lo contrario.

En una palabra, la oportunidad está ahí. La pregunta es si la oposición, hoy patética, la podrá hacer suya.

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La discusión que el país debería estar teniendo es qué sigue después de este gobierno. Algunos proponen que con regresar a lo que había antes todo se resuelve; otros pretenden hacer tabula rasa -borrar todo- para comenzar de nuevo. Donde sea que uno se encuentre entre estos extremos, en 2024 el país se encontrará en condiciones por demás precarias.

La primera certeza es que no hay hacia dónde regresar. La ciudadanía votó mayoritariamente por reprobar lo que existía luego de darle una oportunidad adicional al PAN (2006) y una más al PRI (2012). AMLO ganó en 2018 porque la gente estaba harta de promesas sin resultados satisfactorios para todos. Nadie puede dudar que en las pasadas décadas se lograron cosas por demás favorables que parecían imposibles sólo unos años atrás, pero igual de absurdo sería dejar de reconocer que los resultados no fueron siempre benignos y que en el camino se habían acumulado demasiados resentimientos. Negar estas circunstancias elementales sería otro disparate más.

Una segunda certeza es que el futuro no le pertenece a nadie en lo particular, comenzando por el presidente y sus acólitos. El futuro no lo puede desarrollar un pequeño grupo, por poderoso que sea, cualquiera que fuere su ideología o posición social. El futuro es por definición una construcción social y, por lo tanto, le pertenece a la ciudadanía en su conjunto. Son sus acciones individuales que, al sumarse, producen la sociedad que se va construyendo. Se hace camino al andar.

Finalmente, una tercera certeza es que la estabilidad, funcionalidad, crecimiento y desarrollo de una sociedad y su economía requieren anclas firmes que creen circunstancias que satisfagan al menos dos criterios: uno es que protejan los derechos de la ciudadanía y sus intereses. Es decir, que creen mecanismos institucionales de acceso y participación en la toma de decisiones y establezcan procedimientos para solucionar disputas a través de métodos conocidos y accesibles a todos, no como los actuales que niegan la justicia a la mayoría. En una palabra, toda la sociedad debe sentirse parte del entramado social, y no, como AMLO demostró, una sociedad dividida, buena parte de esta alienada de los avances y éxitos que sí se han dado en parte de la sociedad y la economía. El otro criterio es que los mecanismos de redistribución de la riqueza deben ser transparentes, técnicamente desarrollados y sujetos a auditoría, de tal suerte que el erario no se utilice para promociones personales ni se distraigan recursos públicos para el enriquecimiento de quienes se encuentran (temporalmente) en el poder.

El problema de México no es “técnico,” o sea, no radica en contar con la mejor legislación para esto o la estrategia más adecuada para lo otro. Todos esos factores son obviamente necesarios, pero también asequibles. Los problemas de México no surgen de la carencia de leyes o abogados y legisladores capacitados para redactarlas y mejorarlas; lo mismo se puede decir de profesionales competentes para administrar la hacienda pública, la justicia o las estrategias de política pública que serían susceptibles de reparar los problemas o construir nuevas realidades.  A lo largo del último siglo los mexicanos hemos atestiguado la presencia de funcionarios excepcionalmente dotados y visionarios en paralelo con otros torpes, incompetentes y destructivos. El problema no es de capacidades, sino de ausencia de límites. Por ello, el desafío radica en que la ciudadanía obligue a los políticos a que actúen dentro de marcos institucionales acotados. Y ese es un reto político, de poder.

Regresar o cambiar no es la disyuntiva que enfrenta la ciudadanía mexicana. Su verdadero dilema yace en romper con las amarras que le impone una estructura política que le confiere excesivo poder a una persona, tanto así que con su mera labia puede desmantelar instituciones, cancelar proyectos de enorme calado (y costo) o iniciar procesos igual económicos que penales contra quien le plazca. Cuatro años de estas fechorías han hecho evidente que la construcción institucional de las pasadas décadas fue una mera fachada no porque (necesariamente) así lo pensaran sus autores, sino porque nunca comprendieron, y por lo tanto no calcularon, la realidad del poder que concentra la presidencia. O, en términos benignos, porque supusieron que nadie vendría a destruirlo todo como razón de ser.

El tema no es nuevo: se remonta a las reformas constitucionales emprendidas en 1933, cuyo objetivo fue fortalecer a la presidencia eliminando tanto a la Suprema Corte y al legislativo como contrapesos efectivos. En el camino, el “sistema” que tantos años de estabilidad le confirió al país tuvo por consecuencia convertirse en un impedimento al desarrollo natural de la ciudadanía, con todo lo que eso implica: un sistema educativo dedicado al control en lugar de al desarrollo; una economía con excesivos entes dominantes, comenzando por los estatales; y un sistema judicial subordinado al poder ejecutivo. En suma, una presidencia demasiado poderosa con gran capacidad de acción positiva, pero igual propensión a la destrucción.

El reto que viene será mucho mayor al que cualquier mexicano vivo haya conocido. Más vale irnos preparando.

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